URUGUAY
MONTEVIDEO (Uypress)-
04.11.2017
El colectivo de ex presos políticos, Crysol, se manifestó sobre la visita del Alto Comisionado de la ONU y su repercusión en nuestro país.
"El escasamente difundido comunicado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Zeid Ra´ad Al Hussein, luego de su visita a nuestro país fue muy claro y acertado, aunque no sea del gusto del paladar gubernamental. Los grandes medios de comunicación no lo tuvieron en cuenta, lo ignoraron, al igual que los demás cultores de la impunidad. Como es lógico, disgustó a algunos parlamentarios y funcionarios que luego de años en el ejercicio de dichas tareas han perdido la sensibilidad primigenia. Obviamente no emitieron su opinión de manera ostensible.
Los gobernantes son elegidos para cumplir a cabalidad sus funciones. Para eso se les paga. Si su aspiración es ser aplaudidos luego de cada acto o función, deberían dedicarse al teatro, a actividades similares y esmerarse al máximo para satisfacer al público. Los cuestionamientos del Alto Comisionado deberían tomarse como lo que realmente son: oportunidades para mejorar, para enfocar los esfuerzos, para ir a más como país.
Tres grandes desafíos
Sin dejar de reconocer lo mucho que se ha avanzado, opinión que compartimos, el Alto Comisionado señaló tres aspectos preocupantes que merecen un enfoque especial por parte del Estado uruguayo: la situación de las cárceles, con énfasis en los menores infractores, la violencia de género hacia las mujeres y la impunidad, la maldita impunidad, hacia las graves violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, sin olvidar las políticas de reparación a las víctimas.
El Poder Judicial: una vergüenza
La impunidad en nuestro país tiene nombre y apellido. Se llama Poder Judicial, uno de los pilares básicos y esenciales de nuestra institucionalidad democrática y republicana. La misma se asienta en tres pilares independientes: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Judicial.
De acuerdo a las normas constitucionales vigentes, el Poder Judicial tiene el monopolio exclusivo de investigar las acciones delictivas y de enjuiciar a los responsables de ellas para castigarlos. Es el único órgano del Estado que, con el auxilio de la Policía, puede detener ciudadanos, indagarlos, interrogarlos, tomarles declaraciones, someterlos a careos y, con todas las garantías del debido proceso, privarlos de su libertad, de acuerdo a la gravedad del delito y de acuerdo a lo que establece el Código Penal.
Pocos jueces, luego de la sanción encubierta a la Dra. Mariana Mota, por parte de la SCJ en febrero de 2013, han manifestado un auténtico y democrático entusiasmo por llevar adelante y tramitar las causas que se han presentado. La "muralla", a la cual se refirió en su momento el Presidente del cuerpo Dr. Jorge Ruibal Pino, sigue siendo un obstáculo insalvable.
Las amenazas proferidas por el Comando Barneix siguen operando subrepticiamente desde las sombras e impactando negativamente en la voluntad de enjuiciar. Como resultado de un conjunto de factores, el terrorismo de Estado fue un proyecto de país global y con intereses económicos, de este clima insólito, el único militar que en instancias judiciales aceptó y reconoció haber torturado, el fallecido Capitán ® Arsenio Lucero, fue simplemente procesado por "privación de libertad".
Asesinos seriales como Gavazzo, Ramas y Gilberto Vázquez siguen disfrutando, ilegítimamente, de cómodas y resplandecientes prisiones domiciliarias, con todas las comodidades y beneficios de "la familia militar".
Un proyecto de país avanzado y democrático
Los ex presos políticos, sobrevivientes de los campos de concentración, agrupados en Crysol, hemos asumido el compromiso de bregar porque Nunca Más haya terrorismo de Estado. No nos jubilamos. Seguimos siendo luchadores sociales y políticos, seguimos creyendo en la movilización, en la militancia, en la participación, incluso en la presencia callejera. La impunidad alienta la repetición.
En esa perspectiva, con ese horizonte, el enjuiciamiento de los autores y responsables de las graves violaciones es un elemento decisivo y fundamental, incluso para llegar a la verdad con los ocurrido con los detenidos desaparecidos. El Poder Judicial tiene que cumplir con su cometido institucional. La lucha por la institucionalidad formal, por las libertades formales, por afirmar y profundizar la institucionalidad democrática, es el único camino para avanzar hacia otros horizontes superadores del capitalismo, convocando a la más amplia participación popular y ciudadana.
Alto Comisionado: poco énfasis en temas urgentes
El tenue comunicado del Alto Comisionado molestó a algunos jerarcas que prefieren los comentarios facilongos de sus cortesanos. Olvidan que el rol de quienes velan por la observancia de las normas de DDHH es ese: elevar el listón, el estándar de calidad para evaluar el estado de situación e impulsar el progreso.
Para nuestra institución, el mensaje del Alto Comisionado es claro y contundente. Uruguay debe hacer mucho más en lo referido a los DDHH en general y en lo que tiene que ver con el pasado reciente. Entendemos la diplomacia y la manera elegante de plantear las diferencias. Pero el comunicado es muy flojo. Como colectivo no andamos con gregre para decir Gregorio.
Así como nos molestó enormemente que el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, haya cortado abruptamente el uso de la palabra a nuestra expositora, la compañera Chela Fontora en la reunión pública con el Alto Comisionado, nos parece débil, muy flojo, el comunicado final que difundió luego de su visita.
El comunicado se dirige a un país en el cual sólo un pequeño puñado de criminales ha podido ser enjuiciado, donde centenares de causas están paralizadas y el máximo órgano de ese poder, presidido por el Dr. Jorge Chediak, sigue negando la aplicación de las normas de internacionales, el ius cogens. Si fuera por ellos, por los criterios que aplica la mayoría de los integrantes de la SCJ, los criminales de Nuremberg estarían todos en libertad o con prisión domiciliaria.
El Poder Ejecutivo está en falta
Falta verdad, falta justicia y falta avanzar en materia de reparación a las víctimas del terrorismo de Estado. El Alto Comisionado fue muy tenue. Demasiado diplomático. Demasiado. El ochenta por ciento de los ex presos políticos son hombres. Tienen en promedio 71-72 años de edad.
Hace ya cinco años que la Institución Nacional de DDHH recomendó al Poder Ejecutivo modificar las leyes reparatorias para incluir a todas las víctimas, sin exclusiones, sin discriminaciones y sin obligarlas a renunciar a otros legítimos derechos como las jubilaciones y pensiones. Al Alto Comisionado le faltó mencionar el Decreto 106/2007 que desnaturaliza la ley 18 033 y castiga, esencialmente, a las viudas.
El Alto Comisionado se olvidó del derecho a la libre opción en salud, en el marco del Sistema Nacional integrado de Salud (SNIS) que el Decreto 297/2010 niega hasta hoy. Demasiados olvidos, para víctimas de edad avanzada.
El proyecto de ley de Crysol, una verdadera alternativa propositiva, sigue durmiendo el sueño de los justos en los escritorios gubernamentales. Los derechos de miles de víctimas del terrorismo de Estado sin implementarse".
Opinando N° 13 - Año 6 - Viernes 3 de noviembre de 2017
Los gobernantes son elegidos para cumplir a cabalidad sus funciones. Para eso se les paga. Si su aspiración es ser aplaudidos luego de cada acto o función, deberían dedicarse al teatro, a actividades similares y esmerarse al máximo para satisfacer al público. Los cuestionamientos del Alto Comisionado deberían tomarse como lo que realmente son: oportunidades para mejorar, para enfocar los esfuerzos, para ir a más como país.
Tres grandes desafíos
Sin dejar de reconocer lo mucho que se ha avanzado, opinión que compartimos, el Alto Comisionado señaló tres aspectos preocupantes que merecen un enfoque especial por parte del Estado uruguayo: la situación de las cárceles, con énfasis en los menores infractores, la violencia de género hacia las mujeres y la impunidad, la maldita impunidad, hacia las graves violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, sin olvidar las políticas de reparación a las víctimas.
El Poder Judicial: una vergüenza
La impunidad en nuestro país tiene nombre y apellido. Se llama Poder Judicial, uno de los pilares básicos y esenciales de nuestra institucionalidad democrática y republicana. La misma se asienta en tres pilares independientes: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Judicial.
De acuerdo a las normas constitucionales vigentes, el Poder Judicial tiene el monopolio exclusivo de investigar las acciones delictivas y de enjuiciar a los responsables de ellas para castigarlos. Es el único órgano del Estado que, con el auxilio de la Policía, puede detener ciudadanos, indagarlos, interrogarlos, tomarles declaraciones, someterlos a careos y, con todas las garantías del debido proceso, privarlos de su libertad, de acuerdo a la gravedad del delito y de acuerdo a lo que establece el Código Penal.
Pocos jueces, luego de la sanción encubierta a la Dra. Mariana Mota, por parte de la SCJ en febrero de 2013, han manifestado un auténtico y democrático entusiasmo por llevar adelante y tramitar las causas que se han presentado. La "muralla", a la cual se refirió en su momento el Presidente del cuerpo Dr. Jorge Ruibal Pino, sigue siendo un obstáculo insalvable.
Las amenazas proferidas por el Comando Barneix siguen operando subrepticiamente desde las sombras e impactando negativamente en la voluntad de enjuiciar. Como resultado de un conjunto de factores, el terrorismo de Estado fue un proyecto de país global y con intereses económicos, de este clima insólito, el único militar que en instancias judiciales aceptó y reconoció haber torturado, el fallecido Capitán ® Arsenio Lucero, fue simplemente procesado por "privación de libertad".
Asesinos seriales como Gavazzo, Ramas y Gilberto Vázquez siguen disfrutando, ilegítimamente, de cómodas y resplandecientes prisiones domiciliarias, con todas las comodidades y beneficios de "la familia militar".
Un proyecto de país avanzado y democrático
Los ex presos políticos, sobrevivientes de los campos de concentración, agrupados en Crysol, hemos asumido el compromiso de bregar porque Nunca Más haya terrorismo de Estado. No nos jubilamos. Seguimos siendo luchadores sociales y políticos, seguimos creyendo en la movilización, en la militancia, en la participación, incluso en la presencia callejera. La impunidad alienta la repetición.
En esa perspectiva, con ese horizonte, el enjuiciamiento de los autores y responsables de las graves violaciones es un elemento decisivo y fundamental, incluso para llegar a la verdad con los ocurrido con los detenidos desaparecidos. El Poder Judicial tiene que cumplir con su cometido institucional. La lucha por la institucionalidad formal, por las libertades formales, por afirmar y profundizar la institucionalidad democrática, es el único camino para avanzar hacia otros horizontes superadores del capitalismo, convocando a la más amplia participación popular y ciudadana.
Alto Comisionado: poco énfasis en temas urgentes
El tenue comunicado del Alto Comisionado molestó a algunos jerarcas que prefieren los comentarios facilongos de sus cortesanos. Olvidan que el rol de quienes velan por la observancia de las normas de DDHH es ese: elevar el listón, el estándar de calidad para evaluar el estado de situación e impulsar el progreso.
Para nuestra institución, el mensaje del Alto Comisionado es claro y contundente. Uruguay debe hacer mucho más en lo referido a los DDHH en general y en lo que tiene que ver con el pasado reciente. Entendemos la diplomacia y la manera elegante de plantear las diferencias. Pero el comunicado es muy flojo. Como colectivo no andamos con gregre para decir Gregorio.
Así como nos molestó enormemente que el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, haya cortado abruptamente el uso de la palabra a nuestra expositora, la compañera Chela Fontora en la reunión pública con el Alto Comisionado, nos parece débil, muy flojo, el comunicado final que difundió luego de su visita.
El comunicado se dirige a un país en el cual sólo un pequeño puñado de criminales ha podido ser enjuiciado, donde centenares de causas están paralizadas y el máximo órgano de ese poder, presidido por el Dr. Jorge Chediak, sigue negando la aplicación de las normas de internacionales, el ius cogens. Si fuera por ellos, por los criterios que aplica la mayoría de los integrantes de la SCJ, los criminales de Nuremberg estarían todos en libertad o con prisión domiciliaria.
El Poder Ejecutivo está en falta
Falta verdad, falta justicia y falta avanzar en materia de reparación a las víctimas del terrorismo de Estado. El Alto Comisionado fue muy tenue. Demasiado diplomático. Demasiado. El ochenta por ciento de los ex presos políticos son hombres. Tienen en promedio 71-72 años de edad.
Hace ya cinco años que la Institución Nacional de DDHH recomendó al Poder Ejecutivo modificar las leyes reparatorias para incluir a todas las víctimas, sin exclusiones, sin discriminaciones y sin obligarlas a renunciar a otros legítimos derechos como las jubilaciones y pensiones. Al Alto Comisionado le faltó mencionar el Decreto 106/2007 que desnaturaliza la ley 18 033 y castiga, esencialmente, a las viudas.
El Alto Comisionado se olvidó del derecho a la libre opción en salud, en el marco del Sistema Nacional integrado de Salud (SNIS) que el Decreto 297/2010 niega hasta hoy. Demasiados olvidos, para víctimas de edad avanzada.
El proyecto de ley de Crysol, una verdadera alternativa propositiva, sigue durmiendo el sueño de los justos en los escritorios gubernamentales. Los derechos de miles de víctimas del terrorismo de Estado sin implementarse".
Opinando N° 13 - Año 6 - Viernes 3 de noviembre de 2017
