La solucion neoliberal
La propuesta de nueva ley de hidrocarburos, cuya discusión en lo general concluyó anoche en comisiones del Senado, va más allá de lo establecido en la reforma constitucional energética, ya que otorga contratos que permitirán a empresas extranjeras quedarse con la mayor parte de la renta petrolera y despojar de terrenos y propiedades a ejidatarios y comuneros, mientras que sus obligaciones laborales e impositivas son mínimas, advirtieron legisladores del PRD.
Durante la discusión del dictamen la senadora perredista Dolores Padierna advirtió que la legislación posibilita que las trasnacionales petroleras ‘‘ganen por todos lados’’, mientras Petróleos Mexicanos (Pemex) se extingue. A su vez, su compañero de bancada Alejandro Encinas advirtió que ‘‘se incendiará el campo’’ por la disposición que permite expropiar todas las tierras y propiedades que las trasnacionales requieran para explotar el petróleo y la electricidad.
Como en las sesiones recientes, perredistas y petistas intervinieron una y otra vez durante seis horas para exponer sus argumentos en contra de esa ley. Los senadores del PRI Ascención Orihuela, Miguel Ángel Chico y Ernesto Gándara participaron sólo para defender la iniciativa presidencial, pero sin entrar a debatir los cuestionamientos de los legisladores de izquierda.
Los panistas Francisco García Cabeza de Vaca y Salvador Vega Casillas expusieron que propondrán cambios a fin de que se pague una indemnización justa a los propietarios afectados, además de una parte proporcional de las utilidades, aunque rechazaron ‘‘argumentos tremendistas’’.
Padierna Luna detalló que, contra lo establecido en el artículo 27 constitucional, esa ley de hidrocarburos no define ni regula los contratos que se otorgarán para explorar y explotar el petróleo y deja a discreción del Ejecutivo decidir las características que tendrán.
No se definen los límites que de la riqueza pueden llevarse las petroleras extranjeras y se introduce la figura de ‘‘utilidad operativa’’, que permite a las empresas la ‘‘recuperación de costos’’ y posibilita que ganen por la vía de inflar éstos y minimizar las utilidades, agregó la legisladora perredista.
Asimismo, mientras se mantiene el mismo régimen fiscal ‘‘depredador’’ que le quita a Pemex vía impuestos 70 por ciento de sus ingresos, en la ley de hidrocarburos se le obliga a pagar además un dividendo anual de 30 por ciento sobre sus utilidades.
En el caso de las petroleras extranjeras, la carga es mucho menor. De hecho, sólo deberán pagar un impuesto sobre la renta común, no un gravamen con base en la renta petrolera.
Otra prerrogativa a las empresas del exterior está en el artículo 133, el cual les da el derecho de aprovechar comercialmente el mapa que Pemex integró luego de llevar a cabo un reconocimiento y exploración en ciento por ciento del territorio, tanto terrestre como marítimo.
El senador Rabindranath Salazar (PRD) recalcó que las trasnacionales sólo estarán obligadas a incorporar 35 por ciento de insumos y productos hechos en México (contenido nacional), aunque Petróleos Mexicanos tiene actualmente 36 por ciento y en Brasil es de 70 por ciento.
El senador Alejandro Encinas (PRD) denunció que con esa ley no se requerirá llevar a cabo un proceso de licitación para la exploración y extracción de gas natural y se podrá adjudicar directamente a los titulares de concesiones mineras. ‘‘Es decir, todo para las trasnacionales y la oligarquía mexicana, a la cual se sumará el grupo económico del estado de México. Todo a costa del bienestar y de los recursos de la nación’’, apuntó.
Al respecto, su compañero de bancada Luis Sánchez expuso que la exploración y explotación de hidrocarburos que se realiza en 12 estados y 300 municipios representa más de 400 mil kilómetros cuadrados del territorio nacional. Se generará inestabilidad en comunidades y pueblos que verán expropiadas sus tierras por ‘‘utilidad pública’’ en favor de empresas privadas.
Manuel Bartlett Díaz, del Partido del Trabajo, advirtió que las trasnacionales quedan exentas de pagar utilidades a su personal y los trabajadores de Pemex y Comisión Federal de Electricidad (CFE) perderán sus derechos laborales.
Al respecto, el también senador perredista Fernando Mayans detalló que en Tabasco, donde 14 de sus 17 municipios son petroleros, los grandes puestos en las compañías del ramo son para extranjeros y ‘‘los que limpian los excusados’’, para mexicanos.
La discusión en lo particular se dará hoy por la tarde. Ayer, el presidente del Senado, Raúl Cervantes, envió otro oficio al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en el que insiste en la petición –impulsada por el PRD– para que los medios electrónicos transmitan cápsulas informativas de 10 minutos y en horario de las nueve de la noche, sobre la discusión y votación de las leyes secundarias en materia energética.
Los argumentos a favor y contra la Ley de Hidrocarburos
Después de discutir si el método aprobado por la mayoría que conforman el Partido Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI) permitirá que fluya el debate sobre la legislación secundaria en materia energética, en Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos, Primera, en el Senado, se inició la discusión en lo general del dictamen que contiene la iniciativa para crear la Ley de Hidrocarburos y reformar las leyes de Inversión Extranjera, Minera y de Asociaciones Público Privadas.
Este miércoles 11 de junio fue el segundo día de trabajo en comisiones unidas del calendario que fijaron —del 10 al 23 de junio— para tratar las 21 leyes secundarias que conforman el paquete energético que envío el Ejecutivo el 30 de abril pasado.
Si bien legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) insistieron en que PRI y PAN violan la ley con el acuerdo que impone límites de tiempo y de participación en posicionamientos y reservas; emitieron su opinión sobre este primer dictamen.
Estos son los principales argumentos, a favor y en contra, que se escucharon este segundo día de trabajo en comisiones unidas.
Manuel Bartlett. PT
Durante el posicionamiento de su grupo parlamentario, el senador dijo que con la Ley de Hidrocarburos se comenzará a transformar lo público en privado para responder a “las exigencias de las trasnacionales”.
“Su planteamiento es ese: necesitamos establecer la competencia. Y para eso vamos a destruir todo el sistema que se ha creado en más de 100 años: electricidad y petróleo, para convertir a las empresas públicas en nada y darles toda la preponderancia a los intereses transnacionales”.
Barlett afirmó que a diferencia de lo que se expone en el dictamen, con esta ley “no se garantiza la seguridad energética del país, se pone en manos de las empresas extranjeras”.
Ninfa Salinas. PVEM
La senadora del Partido Verde Ecologista de México defendió el dictamen para crear la Ley de Hidrocarburos al mencionar que “mantiene total concordancia con (las normas) que dicta la Constitución Política”.
“En este dictamen refrendamos el principio de que todos los hidrocarbuos que se encuentran en el subsuelo son propiedad de la nación y explotación es para beneficio solamente de los mexicanos. (…) En esta Ley se asegura la conducción central del Estado en materia de hidrocarburos y se garantiza la seguridad y la soberanía energética”.
Dolores Padierna. PRD
A nombre del grupo parlamentario, la senadora dijo que tanto este primer dictamen como los otros tres que están pendientes por discutir tienen el objetivo de “reducir el papel de las grandes industrias energéticas a tareas secundarias” para exportar hidrocarburos a Estados Unidos y fortalecer el papel dominante de este país.
“Las iniciativas que discutimos están diseñadas aunque se pretenda ocultarlo mediante artimañas legislativas para despojar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad de sus mercados potenciales, de su capacidad y de su infraestructura productiva. No sólo se fragmentan sus cadenas productivas, sino que se le somete a regímenes fiscales confiscatorios que las dejan sin posibilidades de ser competitivas”.
Según Padierna, el paquete que está a discusión prevé que el sector energético se convierta “en el reino del contratismo” que sólo beneficia a los privados extranjeros.
José Orihuela. PRI
El priista basó sus intervenciones en el argumento en que, tanto este dictamen sobre la Ley de Hidrocarburos como los tres restantes, están hechos para incrementar y garantizar la seguridad energética del país, generar mayores tasas de crecimiento económico y empleos.
“Con esta iniciativa México habrá de incrementar la seguridad energética, habremos de aumentar la producción de petróleo y de gas natural; alcanzar mayores tasas de restitución de reservas de petróleo y gas y detonar el dinamismo de la industria de la transformación de los hidrocarburos”.
Conflicto de intereses y participación intermitente
Durante su exposición en contra del dictamen, la senadora del PT, Layda Sansores, dijo que los beneficios de la ley son sólo para trasnacionales extranjeras pero cuestionó a la senadora del PVEM, Ninfa Salinas, sobre si tiene conflicto de intereses en la discusión por negocios en los que podrían estar involucrados sus familiares y le pidió abstenerse de participar en la discusión.
“Lo primero que debería de hacer de manera inmediata es aclararnos si efectivamente alguno de sus familiares, hasta el cuatro grado, tiene intereses personales o de negocios en la industria energética, como es el caso de inversiones del parque eólico en Jalisco (…) Y lo mismo se repite en Chiapas, en donde el Grupo Salinas tiene una gran productora de energía eléctrica que le venge al gobierno del estado”.
Salinas rechazó responder al cuestionamiento y Sansores se limitó a decir que evadía el debate e implicaba “un delito” que la senadora del Verde participara y votara en la discusión.
Aunque los senadores Jorge Lavalle y Raúl Gracia se encargaron de representar al PAN en la discusión, minutos antes de que ésta iniciara en lo general, el coordinador de bancada de ese partido, Jorge Luis Preciado, reconoció que encabeza mesas de trabajo en materia energética con el gobierno federal y con el PRI y anunció que la presencia de los panistas en este debate legislativo en Comisiones Unidas sería intermitente”.
“No ocultamos que estamos tratando de llegar a un acuerdo para concluir los dictámenes que sean necesarios para sacar esta reforma adelante. Por esta razón, nosotros vamos a estar viniendo de manera intermitente para que no se rompa el quórum”.
El senador, también panista, Salvador Vega Casillas, dijo que su participación sería esporádica porque no estaba dispuesto a participar “en el teatro” que monta el PRD, que insistió en acusar la ilegalidad del procedimiento para desahogar el debate energético.
