14 nov 2014

Gobiernos populares latinoamericanos en el ojo de la tormenta

Por Isabel Rauber

lat-unida


Los recientes procesos electorales que finalizaron en Bolivia y Brasil sintetizan las diferentes dimensiones, los alcances estratégicos y los ejes políticos de las transformaciones sociales en curso en Latinoamérica; ponen al descubierto sus logros y carencias, sus horizontes y –en virtud de ello‑, sus desafíos.
Está claro que ganar elecciones no es equivalente a “tomar el poder” mediante las urnas. Pero según interpreten esta afirmación, los gobiernos populares progresistas configuran distintas estrategias políticas y definen sus agendas políticas locales y regionales. Hay gobernantes que optan por lograr una administración prolija para mostrar su eficiencia a los poderosos o para conservar su posición, esperando ser aprobados por ellos. Otros, empeñados en realizar cambios sociales raizales, buscan caminos para hacer de sus administraciones herramientas políticas capaces de impulsar procesos socioculturales de cambios revolucionarios.
Esta posibilidad fue clara a partir del triunfo de Hugo Chávez en 1998, cuando replanteó a su gobierno como una herramienta política para construir con el pueblo el sujeto político colectivo capaz de buscar nuevos caminos revolucionarios y construirlos. Desde entonces, y con el impulso que ha significado para los pueblos del continente el triunfo de los movimientos sociales encabezados por Evo Morales en Bolivia, se afianza cada vez más la hipótesis política de que la disputa electoral puede abrir caminos democráticos para la realización de transformaciones revolucionarias.
Para quienes actualmente ganan elecciones desde posiciones populares, de izquierda o progresistas, la disyuntiva es clara: Convierten a sus gobiernos en herramientas políticas para impulsar procesos populares revolucionarios de cambios raizales, o se limitan a hacer un “buen gobierno” conservador, reciclador del sistema.
El camino revolucionario está marcado por la participación protagónica de los pueblos
La respuesta a esa disyuntiva política y los consiguientes posicionamientos políticos que de ella se derivan, devienen el parte aguas político del quehacer de los gobiernos populares latinoamericanos: mantenerse en los cauces fijados por el poder y cambiar “algo” cuidando que “nada” cambie, o colocarse en la senda de las revoluciones democrático‑culturales e impulsarlas. Esta opción revolucionaria está marcada por un factor político clave:la participación protagónica de los pueblos en el proceso de cambios, es decir, para crear, definir y realizar las transformaciones en la concepción y el quehacer del Estado, la democracia, el desarrollo, el buen vivir, la descolonización, la interculturalidad, la despatriarcalización…
Ciertamente, a pesar de las diferentes opciones políticas estratégicas, los gobiernos populares convergen hoy al compartir una postura posneoliberal o antineoliberal, centrada en la recuperación del papel socioeconómico del Estado en pos de obtener recursos para fomentar la inclusión social, recuperar índices positivos en la salud y la educación masiva, erradicar la pobreza extrema, apostar a la integración comercial regional y continental. Estas convergencias no indican, sin embargo, que los diversos gobiernos estén abocados a la realización de cambios estructurales orientados a la superación raizal del capitalismo.
Hacer de los procesos democrático-populares procesos revolucionarios es una posibilidad directamente articulada con el empeño conjugado entre movimientos sociopolíticos, partidos de izquierda y gobierno popular para fortalecer los procesos de construcción del sujeto político colectivo, impulsando su participación en la toma de las decisiones políticas que marcan los rumbos del quehacer estatal y político-social en cada momento, aportando a la construcción de la conducción colectiva del proceso revolucionario en cada país.
Va de suyo que cualquier opción de cambio político-social transcurre hoy dentro del sistema del capital. Sin embargo, unas se abocan a crear las bases sociales, culturales, políticas y económicas para transitar hacia su superación, mientras que otras buscan reacomodarse a lo existente para disputar ‑en el mismo terreno del mercado‑, un lugar de poder desde donde constituirse en el “contrapeso” del Sur a la tendencia neoliberal global asfixiante. La creación del bloque BRICS es un claro ejemplo de ello. Este bloque desafía la hegemonía unipolar del poder del capital imperialista-guerrerista y su voracidad de rapiña, saqueo y destrucción global y –en la coyuntura global actual‑, resulta un freno a la locura de muerte que favorece la vida, al igual que el MERCOSUR, la UNASUR, la CELAC… De conjunto, estos procesos y bloques tienen en el presente un importante valor como salvaguardas de la vida de los pueblos. No constituyen el horizonte de las luchas populares, sino su piso, una base de apoyo inicial.
El ALBA, en cambio, se perfila como una apuesta estratégica de los pueblos orientada a la creación y construcción de un mundo nuevo basado en el buen vivir y convivir.
En los procesos de participación política los sujetos van tomando conciencia de la necesidad de continuar sembrando las bases culturales, sociales y económicas en las que madure y se abra paso su propuesta revolucionaria encaminada a la superación definitiva de la civilización creada y controlada por el capital. Para ello se preparan y organizan, buscando permanentemente impulsar los procesos de cambio más allá de los límites que fijen los gobiernos de turno.
Transformar el Estado
En su primera etapa, los gobiernos populares latinoamericanos retomaron los postulados básicos de Keynes para la elaboración de su propuesta socio-económica. Esta mirada compartida resultó, en cierta medida, la base de un formato institucional para la constitución de los bloques regionales de integración. De ahí que en la mayoría de estos procesos, la apuesta productiva predominante esté marcada por lo que podría definirse como un neodesarrollismo de “izquierda”.
Esto en sí mismo no es positivo ni negativo. No cabe pretender que todo esté previamente definido y clarificado, menos aun cuando a los gobernantes actuales les ha tocado hacerse cargo de sus países en situaciones de crisis y fracturas sociales profundas, causadas por el saqueo y la corruptela neoliberal. Pero es importante tenerlo presente como referencia porque, ¿hacia dónde se encaminan estos gobiernos luego del empeño de los primeros años buscando poner “en orden” una propuesta integral de gobierno?
Recuperar el papel social del Estado es central, pero ello es apenas un primer paso en el inmenso océano de las transformaciones sociales. La mayor y más dura prueba de ello ha sido el socialismo del siglo XX. Mayor estatización que aquella es difícil de imaginar, sin embargo, no logró resolver temas medulares como: participación y empoderamiento popular, desalienación, liberación, plenitud humana… Tal vez fue precisamente por centrar los ejes del cambio social en el quehacer del Estado y sus funcionarios, por concebir al Estado como un actor social y no como una herramienta política institucional, que el proyecto socialista derrapó de sus objetivos estratégicos iniciales y un grupo de burócratas terminó suplantando el protagonismo popular, anulando al sujeto revolucionario.
El Estado es apenas una herramienta, medular, pero herramienta. Puede emplearse con la esperanza de recuperar un “capitalismo de bienestar”, sin poner en cuestión el contenido y el papel de clase del Estado, ni las bases jurídicas que configuran su institucionalidad. O puede convertirse –articulado con la participación popular‑, en un instrumento político para impulsar cambios revolucionarios, apostando a transformar las bases, el carácter, los contenidos y el papel social de dicha institución.
Luego de dos o tres períodos de gobierno, el riesgo de caer en la tentación de conservar lo que se ha logrado es grande, más aun teniendo en cuenta los enormes desafíos que implica atreverse a “ir por más”, profundizar los cambios, cuestionar los resortes claves del poder local-global del capital. Conservar es fundamental, pero no se logrará deteniendo el proceso de cambios. Detenerse es retroceder y empezar el raudo camino hacia el declive….
Conservar lo logrado requiere profundizarlo, radicalizarlo, ampliar el protagonismo de los pueblos en la toma de decisiones, transformar la institucionalidad del capital reemplazándola por otra que responda a los intereses populares… No hay otra posibilidad en Latinoamérica, territorio azotado secularmente por la dependencia, la colonización, la corrupción y el sometimiento de las élites locales a los designios del poder imperialista.
Recuperar el Estado para el quehacer social es un paso inicial, pero solo podrá tomar un rumbo revolucionario si se abre a la participación de los movimientos populares en la toma de decisiones, en la realización y la fiscalización de las políticas públicas y de todo el proceso de gestión de lo público, abriéndolo a la pluralidad que imponga su diversidad.
Históricamente contrapuestos Estado y sociedad y, particularmente, Estado y movimientos sociales populares, hay grandes cambios que realizar para abrir el Estado, las políticas públicas y la gestión de lo público a la participación de los movimientos populares, indígenas, sindicales, campesinos… para que puedan asumirse colectivamente como protagonistas con derecho ‑y obligación‑ de participar en la toma de decisiones. Y ello no se producirá de golpe; requiere tanto de procesos jurídicos que lo habiliten, como de procesos político-educativos de los funcionarios públicos y de los movimientos sociales y la ciudadanía popular en general. En este proceso los sujetos van reconceptualizando las políticas públicas y la gestión de lo público en función de sus realidades, identidades y modos de vida, sus cosmovisiones, sabidurías y conocimientos, y –articulado a ello‑, van definiendo el quehacer y alcance de “lo estatal”.
Apoyar estos procesos está entre las tareas político-revolucionarias de quienes se posicionan como conducción política: no sustituir al pueblo organizado, sino convocarlo, escucharlo, construir de conjunto, estimular y contribuir a organizar su protagonismo. Sumar y no restar. Dirigir no es mandar, sino orientar, coordinar y guiar el proceso, en primer lugar, aportando con el ejemplo concreto de nuevas prácticas en los lugares de trabajo y territorios del hábitat cotidianos.
Obviamente, como lo ejemplifican las experiencias concretas de los procesos políticos latinoamericanos actuales, esto configura un escenario sociopolítico y cultural contradictorio, sinuoso y complejo que se torna frecuentemente incomprensible para los propios protagonistas y, tal vez por ello, “peligroso” para quienes imaginan que los procesos de transformación social ocurren o deberían ocurrir según establece el “manual de procedimientos”, por decreto o mágicamente, o protagonizados por ángeles que supuestamente atravesarían los cismas históricos como quien se desplaza suavemente por un lecho de “pureza inmaculada”.
¿Se cometen errores? Seguramente, aunque se minimicen, siempre habrá errores, pero no serán responsabilidad de un grupo de funcionarios, sino por decisión colectiva de las mayorías participantes, precisamente una de las garantías fundamentales para minimizarlos. En tal caso, la reflexión colectiva y el saldo, no conducirán a una derrota frustrante, será sobre todo aprendizaje y crecimiento colectivos para nuevos emprendimientos revolucionarios.
La transición revolucionaria implica la descolonización y viceversa…
La transformación del Estado y su apertura a la participación de los pueblos, el reconocimiento de la diversidad de sus identidades sociales, culturales, de sus cosmovisiones, saberes, sabidurías y modos de vida diversos… es parte de un inter-articulado proceso revolucionario democrático intercultural que configura procesos de descolonización, en los que se proyectan y profundizan los horizontes estratégicos de los gobiernos populares revolucionarios. Esto se relaciona directamente con la definición de los perfiles sociopolíticos de lo que hoy podría entenderse como procesos de transición hacia una nueva civilización, superadora del capitalismo. Y tiene como elemento constitutivo central a la participación popular; en ella radica la posibilidad revolucionaria de los gobiernos populares de la región.
En tiempos de disputa de poder como ocurre hoy en Bolivia, Ecuador, Venezuela… florecen las luchas de pueblos y comunidades indígenas, de campesinos/as y diversos sectores sociales por participar plenamente de la democracia, ampliándola, es decir, luchando por extender la igualdad y la libertad a sus relaciones sociales, económicas, culturales y políticas. Esto es parte de las luchas políticas y culturales de los pueblos encaminadas a la transformación raizal de la democracia, rompiendo el paradigma neoliberal que considera a la democracia (y el Estado) como un terreno carente de conflictos, un ámbito neutral de competencia de intereses.
Poniendo fin a las relaciones de poder instauradas por la democracia excluyente y elitista del capital, los pueblos construyen desde abajo otra democracia, un nuevo poder (popular), un nuevo Estado para el Buen Vivir y Convivir, otra hegemonía: la de los pueblos.
La construcción de hegemonía popular requiere de un tipo de organización y conducción políticas que articule protagonismo y conciencia colectivos como sustrato del poder popular, basado en la solidaridad y el encuentro, en el reconocimiento y la aceptación de las diferencias sin pretender su eliminación, entendiéndolas como riquezas y no como “defecto”. Esta lógica no puede basarse en la antagonización ‑y exclusión‑ de lo diferente, sino en la complementariedad, en la búsqueda de espacios donde la diversidad sea cada vez más naturalmente incorporada ‑aunque con conflictos y debates‑, propiciando el trabajo interarticulado, intercultural, de lo diverso.
Se trata de revitalizar una concepción de la política que, anclada en los sujetos del cambio, ponga la batalla por la hegemonía en el corazón de la disputa colectiva por el poder popular a crear y construir. Esto supone recuperar la política y lo político como eje central del quehacer de los gobiernos revolucionarios anudado con lo social, lo cultural y económico e implica dar un vuelco a la representación política tradicional enquistada en los partidos, incluyendo a los de la izquierda.
No se trata entonces solo de convocar para escuchar, sino también de generar ámbitos donde los diversos actores puedan crear, proponer, decidir y ser parte del proceso de realización, reapropiándose de sus experiencias en un proceso que contribuirá al empoderamiento colectivo. Es aquí donde la eficacia, la participación y la democracia, se entroncan con la descolonización y la interculturalidad enuna interrelación compleja, sin indicios de simplificación y perfilan los actuales procesos de transición hacia el nuevo mundo que tienen lugar en tierras indo-afro-latinoamericanas. En ellos destaca el protagonismo de sectores históricamente discriminados y marginados, hoy (auto)reivindicados como ciudadanos de pleno derecho.
–Se ponen en cuestión saberes y poderes
Interculturalidad y descolonización llaman a dejar atrás el eurocentrismo negador de los pueblos indígenas, afrodescendientes, mestizos, a dejar atrás todo tipo de discriminación, a pensarse todos y todascomo sujetos-ciudadanos con plenos derechos y capacidades. Llaman también a abrir espacios políticos a las mujeres con sus pensamientos despatriarcalizadores, y a promover la participación plena de todos/as los marginados/as o excluidos/as acorde con sus capacidades, sus identidades culturales, sexuales, etc. En resumen, se trata de abrir el ámbito de “lo político” al terreno intercultural parareconfigurarlo desde este lugar, reclamando una mirada colectiva que dé cuenta de los disímiles intereses de los diversos actores y sectores que conforman el llamado “campo popular”.
Esto supone hacerse cargo también de las diferencias y pugnas de poder que tienen y tendrán lugar entre los diversos sectores del campo popular, en proceso de ruptura y superación de la hegemonía de la colonización. Teniendo en cuenta que la conquista y colonización de América ‑genocidio mediante‑, implantó el capitalismo en estas tierras, los actuales procesos de descolonización comprenden todo el período histórico, desde tiempos de la llegada del capitalismo a nuestras tierras de la mano de la conquista y colonización hasta la liberación del yugo del capital en lo económico-social y cultural, en el modo de vida, de percepción, de conocimiento, de interrelacionamiento humano y con la naturaleza.
Por ello, interculturalidad y descolonización constituyen pilares claves promotores de la nueva civilización, anclados en la equidad, la solidaridad y la búsqueda de armonía en la convivencia humana y con la naturaleza y, todo ello, sustentado en un nuevo modo de producción y reproducción social, cuyo ciclo garantice la reproducción de la vida humana y de la naturaleza.
Aprender de las prácticas emancipatorias de los pueblos
La construcción de un nuevo mundo implica crear colectivamente una nueva racionalidad del metabolismo social. En tanto se trata de transitar procesos inéditos, la participación de los actores sociales resulta una de las claves sociopolíticas y culturales fundamentales de los actuales procesos revolucionarios.
En este empeño, la creación cotidiana de los pueblos es clave. Por ello, entre las labores revolucionarias de intelectuales “orgánicos” comprometidos, está la recuperación crítica de las experiencias concretas de los movimientos indígenas, de trabajadores, de mujeres, de pobladores, de los sin tierra, etc., para reflexionar –en conjunto‑, acerca de las enseñanzas de lo que colectivamente van creando y construyendo.
La investigación-acción participativa, articulada con procesos de educación popular, desempeñan en ello un papel fundamental, particularmente, en lo que hace a la recuperación y sistematización de las experiencias locales de los pueblos, donde germina lo nuevo, aunque fragmentado, o balbuciente.
–Una nueva mentalidad, un cambio cultural, epistemológico y político, se impone
Esto habla de la importancia actual que reviste para las ciencias sociales romper con la tradicional mirada “cientista” acerca de los estudios sociales, sus dinámicas y problemáticas. Se trata, en síntesis, de asumir el camino de la ruptura epistemológica con el viejo “saber hacer” y “saber pensar”, para reconstruir una nueva epistemología, desde los pueblos, con los pueblos, construyendo integral e interculturalmente nuevos saberes (colectivos) con los sujetos.
Hacerse cargo de la batalla ideológica cultural
–Que no te “cuenten” los adversarios cómo creas y construyes lo nuevo
Si los procesos de revolución sociopolítica, democrática y cultural no son recuperados por los pueblos ‑sus creadores y protagonistas‑, el recuento y la síntesis la hará el adversario político, con la intencional cuota de tergiversación ideológica de la realidad a la que está acostumbrado para mantener su hegemonía y dominación. A través de libros de textos, de los medios de comunicación masiva y de las redes sociales, nos re-contarán nuestra historia como si fuera ajena, llena de errores y desvaríos, pues harán el recuento a partir de sus parámetros culturales y sus intereses económicos y políticos. Este es, de última, el derrotero “subfluvial” del debate civilizatorio en curso. Llama a asumir con centralidad el proceso de descolonización o –caso contrario-, someterse a la continuidad de la colonización de las mentes y la espiritualidad, para someter a los cuerpos.
La educación política, la batalla cultural en los medios de comunicación masiva, en las escuelas, en las comunidades, en las organizaciones sociales y políticas, son parte de la permanente toma de conciencia del proceso de creación colectiva del nuevo mundo. Y resultan entre las claves de la construcción del poder popular desde abajo.
Construir la fuerza sociopolítica de liberación
El desafío civilizatorio supone un debate y una pulseada permanentes con el poder. Y ello no es una “tarea” de vanguardias, no es una cuestión de partidos políticos… Se trata del quehacer permanente del sujeto político colectivo del cambio: partidos políticos de izquierda, movimientos sociales populares, pueblos todos, reunidos, articulados intercultural y horizontalmente en una fuerza sociopolítica de liberación capaz de traccionar los procesos de cambio hacia mayores transformaciones, confluyendo en un gran proceso de cambios raizales donde irán superando desde la raíz –y desde su interior‑, el sistema del capital, su modo de producción y reproducción sobre el que se erige todo el sistema de relaciones sociales, culturales, económicas y políticas y jurídicas y las instituciones que lo representan, sostienen y perpetúan.
Este desafío resulta central en procesos como el que tiene lugar en Brasil, donde el impulso revolucionario supone un viraje hacia el protagonismo político social popular. Está presente también, aunque con otras intensidades, en procesos como los de Bolivia y Venezuela cuyos gobernantes están empeñados en profundizar el camino revolucionario iniciado, ampliando la participación popular, los procesos de descolonización, los diálogos interculturales y las búsquedas de un nuevo modo de producción de que abra las puertas de la humanidad a un nuevo tipo de desarrollo basado en el buen vivir y convivir entre nosotros y con la naturaleza.
En Brasil, el gobierno de Dilma se vio prácticamente arrinconado por un posible retorno a la era de la plena hegemonía neoliberal, y ello no ha sido solo por los embates mediáticos (externos) de sus adversarios, sino el resultado de concepciones políticas propias, que llevaron al PT a gobernar a través de acuerdos parlamentarios en bloques, a no escuchar a los movimientos sociales y sus históricos reclamos, como, por ejemplo, la reforma agraria, a desoír el reclamo de los jóvenes y sus movimientos en las grandes ciudades, cuyas protestas se pretendió estigmatizar y reducir tras el calificativo de “clases medias” disconformes y opuestas a un pueblo supuestamente contento y conforme con la Bolsa Familia…
Hace tiempo ya, el PT pudo haber abanderado la construcción de un foro de encuentro y articulación entre partidos de izquierda y movimientos sociales ‑en Brasil y en el continente‑, abriendo cauces a una nueva política.
Silenciado el Foro Social Mundial por los apetitos hegemonistas internos, y con un Foro de Sao Paulo tercamente encriptado en su arcaico sectarismo político, la fuerza política de los de abajo se expresa donde se abren cauces para ello. Así, movimientos sociales históricos de Nuestra América con la presencia de Evo Morales, no dudaron en estar presentes en Roma, en la convocatoria del Papa Francisco a los movimientos sociales, para discutir ejes centrales de acciones globales encaminadas a la defensa de la vida.
–Hoy como ayer, ser de izquierda no es sinónimo de ser revolucionario
Se puede ser “la izquierda” del sistema capitalista y gobernar para reflotarlo. Pero como lo ejemplifican Bolivia y Venezuela, se puede optar por otro carril, y en vez de intentar hacer “buena letra” con los poderosos de siempre, impulsar articulada y mancomunadamente con los movimiento sociales y los pueblos todos, procesos revolucionarios de cambios sociales, abonando el camino de las revoluciones democráticas culturales que se profundizan con la participación cada vez más protagónica de los pueblos que ‑en tales procesos‑, tendrán la oportunidad para autoconstituirse en sujeto político del proceso revolucionario, creando y construyendo día a día avances de la civilización superadora del capitalismo, constituyéndose en fuerza político-social capaz de traccionar y conducir los procesos de cambio en revolución permanente.
Apostar a ello está entre las potencialidades políticas revolucionarias que laten en los procesos abiertos con los gobiernos populares latinoamericanos desde los movimientos indígenas, los movimientos de trabajadores de la ciudad y el campo, desde los movimientos de mujeres, de los pobres y excluidos por el poder del capital. Ampliar espacios para profundizar su participación es impostergable; el tiempo de hacer “como qué…” se ha agotado.
http://www.nodal.am/

Para entender lo sucedido con los estudiantes desparecidos

 Justicia por Ayotzinapa

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1. ANGEL AGUIRRE, EL SEÑOR MATANZAS 
Ha estado presente en casi todas las grandes tragedias humanas de Guerrero de los últimos años. Fue él quien asumió la gubernatura cuando su amigo Rubén Figueroa Alcocer renunció después de ordenar la matanza de campesinos en Aguas Blancas. Él era (es) jefe del Ejecutivo estatal cuando Acapulco se convirtió en la ciudad más violenta del mundo. Era mandatario cuando la tormenta tropical “Manuel” barrió con pueblos enteros.
2. GUERRERO EN LLAMAS: CÓMO INICIÓ TODO 
La historia no es nueva, sino que se repitió con Ángel Aguirre Rivero, descendiente directo de los Figueroa, la casta política que se alió al Ejército en la masacre de comunistas a la vez que el Estado, representado en la Dirección Federal de Seguridad y la Brigada Blanca, construía los cimientos del crimen organizado mexicano. Con base en expedientes judiciales aún clasificados, SinEmbargo presenta la evolución de la política criminal de Guerrero, donde hoy está posado el ojo del huracán de eso que bien podría llamarse el “Narcoestado mexicano”.
3. PAÍS DE FOSAS, CIFRAS A MEDIAS Y MENTIRAS 
A la imposibilidad de saber cuántos cadáveres o restos humanos yacen bajo la tierra removida subrepticiamente en parajes, montes o predios de Guerrero, bien se puede sumar la inconsistencia en los datos sobre aquéllas tumbas que sí han podido localizarse, pues las cifras que la Procuraduría General de la República (PGR) ha proporcionado al respecto han cambiado significativamente en varios casos. Lo que persiste es una falta de coordinación para hacer una eficiente identificación de los cuerpos encontrados, acusan organizaciones que trabajan en la búsqueda de personas desaparecidas.
4. GUERRERO DESPUÉS DE AGUIRRE: LA DEVASTACIÓN 
En medio del incendio que ha devastado Guerrero desde el inicio de los gobiernos perredistas, el entonces Gobernador Ángel Aguirre Rivero hizo a un lado recursos federales disponibles para atenuar la pobreza, combatir al crimen organizado, prevenir la corrupción del personal dedicado a tareas de seguridad pública e implementar estrategias contra el secuestro. La crisis política y social originada por la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa y el asesinato de seis más los pasados 26 y 27 de septiembre quedan al descubierto la utilidad que habría tenido la aplicación del dinero ministrado por la federación.
5. AYOTZINAPA: “YO PARTICIPÉ MATANDO A DOS” 
Hablan los presuntos asesinos de algunos normalistas de Ayotzinapa, en declaraciones ministeriales hechas ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Adscrito a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas, Miguel Ángel Cuevas Aparicio, durante la primera semana de octubre de 2014, con sede en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero…
6. “YO SÉ QUE MI HIJO ESTÁ VIVO Y SERÁ MAESTRO” 
Apenas pasó los 17 años, el muchacho dejó atrás el viento del sur que sopla sobre la diminuta nación huave y tomó camino hacia Ayotzinapa justo como hiciera, dos décadas atrás, su padre Manuel Martínez. Padre e hijo compartirían las mismas razones para alejarse de San Mateo del Mar, Oaxaca. Pasarían las noches en los mismos dormitorios atestados de muchachos de ojos negros y ansiosos. Descubrirían a Marx y Engels con el mismo pensamiento azorado y bajo la misma mirada satisfecha de los mismos maestros…
7. A LOS 43 LOS ECHARON A LOS PERROS 
Documentos oficiales en poder de SinEmbargo dicen ahora que elementos del Ejército, de la Policía Federal y de la Estatal estaban allí cuando los normalistas fueron atacados. Y antes de que los secuestraran, les negaron ayuda. Mejor los revisaron para ver si no traían armas, que tenderles la mano. Mejor les tomaron fotos, les quitaron las playeras, les negaron la atención médica. Los sacaron de un hospital, los lanzaron a una carretera oscura. Básicamente, los echaron a los perros.
Notas completas en Sin Embargo

12 nov 2014

YA ERA HORA

Por crisis política en Haití, analizan el retiro total de las tropas uruguayas

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Ante la situación política y social incambiada en Haití, el Gobierno uruguayo se mantiene alerta y analiza de forma permanente el posible retiro total e inmediato del contingente militar que permanece aún en ese país como parte de la misión de paz de la ONU, señaló el canciller interino, Luis Porto. Recordó que sigue en marcha el plan de evacuación gradual de tropas como se acordó con el resto de los países sudamericanos.
Porto aseguró que este tema se evalúa todo el tiempo y, en caso de mantenerse la situación de incumplimiento con los tiempos del proceso democrático, se procederá al retiro de las tropas que forman parte de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah).
Las misiones de paz se evalúan de forma permanente en función de la situación de cada país en la que se encuentran y de los demás contingentes que acompañan al uruguayo en el marco de la ONU, explicó el canciller interino a la Secretaría de Comunicación.
Agregó que la posición de Uruguay siempre ha sido mirar con cautela la evolución de la situación en Haití en particular.
Actualmente “tenemos dudas respecto de la evolución política que se está dando allí” y, en función de ello, Porto recordó que hay una ley vigente que le da la potestad al Presidente de la República de retirar las tropas en momento que crea conveniente si se entiende que no se cumple con el proceso democrático al cual estaba comprometido Haití.
Aseguró que se sigue aplicando el plan de retiro gradual de tropas, pero simultáneamente se evalúa la situación política y social haitiana, en base a la cual se podrá aplicar el retiro total e inmediato si así lo decide el Presidente José Mujica.
Decisión meditada
En 2013, el Presidente Mujica comenzó a analizar la idea de retirar las tropas militares uruguayas que participan de la Minustah, inclusive compartió su pensamiento y analizó la situación con sus pares Dilma Rousseff, de Brasil, y Nicolás Maduro, de Venezuela, siguiendo la estrategia aprobada en 2011 por la Unión de Naciones Suramericanas.
Brasil y Uruguay son los países que más efectivos militares aportan a la Minustah, de la que también participan Argentina y otros países de la región de distintas maneras.
A fines de de ese mismo año remitió al Parlamento un proyecto, que fue aprobado, para prorrogar hasta diciembre de este año la presencia del contingente uruguayo, pero con la reducción a partir de abril de 33 % de los efectivos de la Armada y del Ejército estacionado en ese país del Caribe que comparte la isla La Española con República Dominicana.
Esa misma norma estableció también la potestad del Poder Ejecutivo de decidir el retiro retirar de los militares en el momento que crea oportuno, ya sea de forma total o parcial.

Planificadores de apropiaciones

 ALEGATOS EN EL JUICIO POR LA MATERNIDAD CLANDESTINA DE CAMPO DE MAYO

Los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo pidieron penas de entre 10 y 40 años. “En el Hospital Militar de Campo de Mayo se perfeccionó la práctica sistemática y generalizada de la apropiación de niños como en ningún otro centro clandestino de detención”, señalaron.


 Por Ailín Bullentini

La querella de Abuelas de Plaza de Mayo solicitó penas de entre 10 y 40 años para los cinco imputados en el juicio por la apropiación de bebés nacidos en el Hospital Militar de Campo de Mayo y la privación ilegal de la libertad de sus mamás. Basados en una descripción exhaustiva de la maternidad clandestina que funcionó en el sector de Epidemiología de ese hospital, y un tejido detallado entre testimonios ofrecidos específicamente en este debate y aquellos incorporados al juicio pero escuchados a lo largo de los casi 40 años que separan la actualidad de los tiempos en los que tuvieron lugar estos delitos, los abogados Alan Iud y Pablo Lachener pidieron al Tribunal Oral Federal Nº 6 que condene a Santiago Riveros y Reynaldo Bignone a 40 y 35 años de cárcel, respectivamente; que pene con 30 años de encierro a los médicos militares retirados Eugenio Martín y Norberto Bianco; y con 12 a la obstétrica Luisa Arroche. Mañana alegará la fiscalía.
La introducción que eligió Abuelas de Plaza de Mayo para la conclusión del debate que ingresó ayer en su etapa definitoria incluyó una advertencia: este juicio “llega tarde” y luego de una “deficiente instrucción”, expresó Iud. “Una vez más la desidia y morosidad del sistema judicial nos han privado de realizar un debate oral y público mucho más completo”, remarcó el abogado en referencia a los once casos similares a los nueve que ingresaron en el debate que esperan la elevación a juicio. “Muchas familias seguirán esperando justicia, aun después de este juicio. Y la demora es más grave aún si reparamos en la cantidad de imputados que quedaron fuera”; algunos por salud, otros por muerte.
Durante más de seis horas, Iud y Lachener expusieron sobre la maternidad clandestina en la que “gran cantidad de desaparecidas” dieron a luz durante la última dictadura, detallaron su estructura organizativa y funcionamiento. Es en la mitad de 1977 cuando la querella considera que un sector del área de Epidemiología del Hospital Militar de Campo de Mayo fue convertida en maternidad clandestina. Pero también relacionaron el Hospital Militar en el que funcionó con algunos otros centros clandestinos de detención de Campo de Mayo, como El Campito, en los que también se realizaron partos de detenidas. Por último, encajonaron los roles de los imputados para finalmente concluir en los pedidos de pena.
“En el Hospital Militar de Campo de Mayo se perfeccionó la práctica sistemática y generalizada de la apropiación de niños como en ningún otro centro clandestino de detención”, determinó Abuelas en su alegato debido a que, consideraron sus abogados, lo que sucedió allí “constituye la evidencia más acabada de la organicidad con la cual se llevó adelante la apropiación de hijos de desaparecidos por razones políticas. El Ejército Argentino destinó un espacio específico de ese hospital para mantener cautivas a mujeres próximas a dar a luz, concretar el alumbramiento y quitarles sus bebés”.
Acorde con los testimonios de empleados y ex empleados del hospital que se oyeron durante los dos meses de juicio, más los incorporados por lectura y la prueba documental, la querella pudo detallar las “reglas” que regían para ese sector de Epidemiología, dos habitaciones aisladas y con custodia, y las pacientes que allí eran destinadas. Las detenidas permanecían vendadas y, en algunos casos, atadas a las camas, no se les permitía hablar con nadie y su estancia en el hospital así como sus partos no eran registrados. Parían, estaban algunas horas con sus hijos o hijas, pero luego se los o las quitaban. “Hay evidencias de que se les administraba a las puérperas una inyección para cortar la lactancia”, advierte el alegato. “Transcurrido uno o dos días después del parto, las mujeres eran retiradas del hospital en la mayoría de los casos sin sus bebés”, puntualiza.
Para Riveros, la querella pidió 40 años de cárcel. Era comandante del Comando de Institutos Militares, institución a cargo de la Zona de Defensa IV y del control táctico-operacional del hospital. Se lo considera responsable de la sustracción, retención y ocultamiento de los hijos de Marta Alvares y Susana Stritzler, de los que no se sabe nada aún, y de Catalina De Sanctis Ovando, hija de Miryam Ovando, y Valeria Gutiérrez Acuña, hija de Liliana Acuña. En calidad de comandante segundo de Institutos Militares, para Bignone solicitaron 35 años de prisión, por la sustracción, retención y ocultamiento de los bebés de Stritzler, Mónica Masri y Valeria Beláustegui, de los que tampoco hay noticias.
La querella consideró que, en su rol de jefe del Servicio de Clínica del hospital, Martín “tenía pleno conocimiento” de lo que pasaba con las embarazadas detenidas y “aportó los recursos necesarios para que estos hechos se consumaran formando parte de la cadena de mandos y retransmisión de órdenes”. En cuanto a Blanco, jefe de Traumatología del hospital, “surge con claridad de la prueba reunida que intervino de propia mano en los crímenes que aquí se juzgan”: trasladaba a las mujeres hacia y desde el hospital a los infiernos en los que estaban encerradas. Daba órdenes al personal para que las atendieran: “Era el jefe de la maternidad clandestina” junto con Caserotto, fallecido. Para ambos, la querella pidió 30 años de cárcel; les atribuyen algunos casos de sustracción de chicos, pero también el encierro de las mujeres. Para Arroche, imputada en la sustracción de la identidad de Francisco Madariaga Quintela, el hijo de Silvia Quintela, nacido en el Hospital Militar, por haber falsificado el libro de partos de esa institución, la querella pidió 12 años.

La nueva generación de carteles

Guerreros Unidos pertenece a una tipología de bandas ultraviolentas en México, más dedicada a la extorsión que a la droga, que sustituye a los grupos tradicionales


 México11 NOV 2014 - 

Guardias comunitarios marchan por los desaparecidos de Guerrero. / J.L.C. (EFE)
Compactas, ultraviolentas y con fuerte implantación territorial. La brutal guerra abierta que México libra desde hace ocho años contra los carteles de la droga ha generado una nueva tipología de organizaciones criminales. La época de los grandes capos, al estilo de El Chapo Guzmán, con redes que operaban en todo el país, capaces de arbitrar en las disputas territoriales y con conexiones privilegiadas en capitales internacionales, ha llegado a su fin y ha dado paso a una era de pequeñas bandas zonales, de estructura ligera y capaz de multiplicarse en ambientes extremadamente hostiles.


En este universo fragmentado, sometido a presión constante por los clanes rivales y la intervención militar, estos organismos virales han dejado de lado, como principal fuente de ingreso, el negocio de la droga y, según los especialistas, se han lanzado al beneficio obtenido por la extorsión, el robo y el secuestro, tres delitos que les han deparado el dominio territorial, pero que requieren del uso constante de la violencia para su mantenimiento.
Este es el caso de los Guerreros Unidos, acusado del asesinato de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala. "Las nuevas bandas son más locales y depredadoras; en el caso de Guerrero el fenómeno ha alcanzado el paroxismo por la histórica debilidad institucional del territorio; nada les ha frenado y se han apoderado de poblaciones como Iguala. Guerreros Unidos es el ejemplo más claro. Son poco sofisticados, operan a nivel local y la venta de drogas internacional la hacen con intermediarios. Son hijos de la fragmentación", señala el analista de seguridad Alejandro Hope.
La organización nació de las cenizas del imperio de Arturo Beltrán Leyva, el llamado Jefe de Jefes, un antiguo aliado de El Chapo Guzmán, al que la Marina dio muerte a tiros el 16 de diciembre de 2009. Su caída dejó sin cetro un vasto territorio que abarcaba amplias franjas del Pacífico y del centro de México. El resultado fue una virulenta desmembración que dio origen a múltiples células criminales (solo en Guerrero, según fuentes de inteligencia, operan en la actualidad 10 grupos) que empezaron a disputarse el botín. Una de ellas destacó rápidamente.

Los ajustes de cuentas con otros clanes son cada vez más brutales
Su embrión había sido una cohorte de sicarios de enorme ferocidad que Beltrán Leyva ordenó crear en 2005 para controlar Guerrero, el Estado más violento y pobre de México, y hacer frente a otros carteles. El encargo de abrir esta sucursal recayó en dos hermanos hábiles en el traslado de la droga que llegaba a Acapulco desde Colombia y Venezuela. Se llamaban Alberto y Mario Pineda Villa, y eran precisamente los hermanos de la esposa del alcalde de Iguala. Formaron un grupo denominado Los Pelones, que con el tiempo formarían la espina dorsal de Guerreros Unidos. En 2009, los Pineda Villa acabaron asesinados, supuestamente por haber intentado traicionar al Jefe de Jefes. Y cuando este, meses después, murió a manos de la Marina, el control de esta sucursal del crimen fue tomado por Cleotilde Toribio Rentería, alias El Tilde, y más tarde por un temible matón, Mario Casarrubias Salgado, alias Sapo Guapo. Bajo su mando, la banda experimentó un crecimiento acelerado. Sin escrúpulos a la hora de mutilar, torturar o asesinar, el cartel logró infiltrarse en la vida policial y política de Guerrero, donde ha extendido el pago de cuotas hasta límites nunca vistos. Su expansión ha venido acompañada de una lucha sin cuartel contra los clanes rivales, especialmente Los Rojos, a cuyo malherido líder, Crisóforo Rogelio Maldonado Jiménez, eliminó con silenciador un sicario disfrazado de médico el 14 de diciembre de 2012 en una unidad de vigilancia intensiva de Ciudad de México. Esta liquidación dio inicio a una brutal guerra que dejó, sólo en el Estado de México, más de 70 cadáveres sobre el asfalto. Este baño de sangre puso sobre aviso a las autoridades, temerosas de que la violencia llegase a la capital.
El 29 de abril pasado, Casarrubias, de 33 años, fue capturado. Como es habitual, fue sustituido con celeridad. El puesto lo ocupó su hermano Sidronio, el capo que tomando a los normalistas por integrantes de Los Rojos dio luz verde a su exterminio en "defensa del territorio". Sidronio cayó en manos de la policía hace dos semanas. A estas horas, otro sicario debe ocupar su puesto, preparando el próximo ajuste de cuentas.

11 nov 2014

Torturas “con respeto”



CAPITÁN ASENCIO LUCERO





La jueza penal de 16º Turno Julia Staricco y la fiscal Silvia Nipoli, fueron las encargadas de tomar declaración al capitán retirado Asencio Lucero -74 años- quien durante la dictadura ocupó el cargo de S2 y fue uno de los encargados de la inteligencia en el Regimiento de Caballería Nº 9 de Montevideo. El doctor Federico Alvarez Petraglia, abogado patrocinante, dijo a El Popular “esto nunca lo habíamos escuchado por boca de un militar”.

Asencio Lucero había sido citado a declarar ante la Justicia “por la denuncia de torturas y agresiones sexuales que había sido presentada en 2011 por 28 compañeras”, que acusan de esas torturas a unos cien militares, policías, médicos y enfermeros de la dictadura.

Se presentó acompañado por su abogada Rossana Gavazzo, hija del encarcelado José Nino Gavazzo. Ante una pregunta de la jueza, Lucero respondió: “Sí se usaba la picana. Se aplicaba, era un cosquilleo, se aplicaba en las piernas, pero no en los genitales porque (se) tenía mucho respeto por el cuerpo de las personas”.

Preguntado sobre quién daba la orden para interrogar con picana, plantón o submarino dijo: “Era un sistema, nadie daba la orden, yo tenía que conseguir información. Los interrogatorios se hacían en equipos de tres personas, normalmente las mismas. Cuando el prisionero se desplomaba luego de varias horas de plantón se lo atendía y se le daba la oportunidad de hablar. El submarino era una amenaza, era una cosa tan excepcional y tan temida que a un preso usted lo amenazaba con hacer el submarino y lo hacía hablar”.

Lucero se definió ante la jueza Staricco como “un hombre muy paciente”. “A mí las 24 horas no me molestaban para nada, pero no la dejaba dormir, eso era un sistema, era presión psicológica; no dormir, cortar las visitas, todas esas cosas”, culmina el informe del periodista Walter Cruz en El Popular.

http://www.carasycaretas.com.uy/torturas-con-respeto/

La 'Casa Blanca' de Peña Nieto:


¿De donde salió esta mansión de 7 millones de dólares?


© REUTERS

El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, se halla en el centro de una gran polémica, después de que se conociera que su residencia personal es propiedad de una empresa vinculada a millonarios contratos con el Estado.

Una investigación periodística llevada a cabo por el portal Aristegui Noticias ha revelado que la casa del presidente Peña Nieto está ubicada en Las Lomas, una exclusiva zona de la capital mexicana. La mansión, valorada en unos 7 millones de dólares, fue edificada por la Constructora Teya, una empresa que trabajó estrechamente con el PRI cuando Peña Nieto fue gobernador del Estado de México.


De acuerdo con la investigación, la empresa constructora es propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño del Grupo Higa, que también alquiló aeronaves al PRI durante la campaña presidencial de 2012 a través de su filial Eolo Plus. Según el portal, tras meses de investigación se pudo confirmar que la residencia se encuentra ubicada en Sierra Gorda número 150 y que no está registrada a nombre de Enrique Peña Nieto, ni tampoco al de su esposa Angélica Rivera o a los de sus hijos.

El grupo empresarial Higa, a través de su subsidiaria Constructora Teya, es integrante de un consorcio, formado por China Railway Construction y otras dos empresas mexicanas, que ganó la licitación para construir y operar el tren rápido México-Querétaro por un monto de 3.700 millones de dólares. La decisión de adjudicar el jugoso contrato fue revocada sorprendentemente esta semana por el propio Peña Nieto, a fin de "darle más transparencia" al proceso de licitación, que será lanzado desde cero.

La mansión del presidente tiene estacionamiento subterráneo, 7 habitaciones, piscina y hasta ascensor. La casa es predominantemente de color blanco, incluido el suelo de mármol de la planta baja.

Este nuevo escándalo no ayuda a apaciguar la indignación popular contra Peña Nieto, quién ha sido blanco de críticas por el macabro caso de los 43 estudiantes de Iguala que fueron asesinados, y por el que muchos mexicanos exigen la renuncia del mandatario.


Texto completo en: http://actualidad.rt.com/sociedad/view/146483-casa-blanca-pena-nieto-mansion-millones-dolares

La tumba del ALCA

Por Mario Rapoport

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El rechazo del ALCA, el 4 y 5 de noviembre de 2005, fue una fecha decisiva para la historia de nuestro continente. En estos días se cumplió un nuevo aniversario de la IV Cumbre de las Américas, realizada en Mar del Plata, donde los países del Mercosur más Venezuela, que entonces no lo integraba, decidieron no aceptar el intento estadounidense de establecer un Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), proyecto de integración regional que constituía un viejo sueño de los gobiernos de Washington y que los favorecía claramente.
En ese momento, el presidente Kirchner lo calificó como un “día histórico”. Sin ocultar su satisfacción, agregó: “Las naciones del Mercosur más Venezuela han emprendido una acción que han tenido que reconocer los países más importantes. Esto es, que las condiciones para el ALCA no están dadas mientras existan subsidios y asimetrías. La integración tiene que discutirse de igual a igual teniendo en cuenta las asimetrías de cada país”.
El economista Jorge Avila, en cambio, en el Cronista Comercial de octubre de 2001, expresando las ideas predominantes en parte del establishment local sostenía: “Estoy a favor de un ingreso rápido e incondicional de la Argentina en el ALCA por dos motivos: primero, el ALCA es irreversible; una vez adentro se hace muy costoso salir, de lo cual podemos inferir que este acuerdo comercial sería un factor de certidumbre (un argumento desmentido pronto por la crisis mundial). Segundo, el ALCA es sinónimo de libre importación, por lo cual constituye la llave de un boom exportador. Entre 1913 y 1930, las exportaciones superaban el 35 por ciento del PBI porque había pocas restricciones a la importación. A partir de 1930, las exportaciones cayeron a menos del 10 por ciento del PBI debido al proteccionismo más aldeano: aranceles prohibitivos, cuotas, requisitos de contenido nacional, controles de cambio y una parafernalia de otras medidas” (otro argumento que invertía la realidad del proteccionismo de entonces).
En verdad, hoy nos damos cuenta de que esta opinión tenía un razonamiento profundamente falso: con el rechazo del ALCA tuvimos más certidumbre, el comercio exterior argentino se acrecentó y las importaciones vinieron igualmente. Y quizá podemos percibir mejor cómo se favorecieron el desarrollo económico y las relaciones mutuas de las naciones emergentes de América del Sur, y de qué manera se perjudicó Estados Unidos, anticipando la profunda crisis que se iba a de-satar allí apenas tres años más tarde. Habría que calcular la medida en que los sinsabores económicos y financieros que Washington padeció desde entonces se debieron a esa actitud y en cuánto se beneficiaron los que la tomaron. En aquel momento, como dijo públicamente el presidente chileno Lagos, su colega norteamericano, George W. Bush, no se apercibió de las posibles consecuencias del rechazo. Según le confesó, le costó entender lo que pasó en la cumbre, acostumbrado a otro tipo de respuestas.
¿Cuál era el objetivo del ALCA como opción histórica de Estados Unidos? En aquel momento, antes de la fecha fijada para su concreción, 2005, en el que muchos rechazaban la propuesta de Washington, escribí personalmente un artículo en el que decía que para recuperar nuestra propia identidad nacional teníamos que imitar lo que las grandes potencias hacen y no lo que nos dejan hacer. Señalaba allí, en primer lugar, que Estados Unidos tuvo siempre una conducta proteccionista en toda su historia, tanto para sus productos industriales, hasta la década de 1930, como para los agrícolas hasta el presente. Creció económicamente gracias a esas políticas, en contra del librecambismo que predominaba en el mundo a fines del siglo XIX. Mientras que la Argentina adhería a la división internacional del trabajo existente bajo la hegemonía británica, como proveedora de materias primas e importadora de manufacturas y bienes de capital a través de una amplia apertura comercial, Estados Unidos era un país proteccionista. Lo mismo que Alemania. Eso hizo que este último y nuestros vecinos del Norte terminaran siendo potencias industriales y la Argentina, no.
En segundo lugar, Estados Unidos podía darse el lujo de tener el déficit fiscal que quisiera porque emitía dólares, que constituyen el patrón monetario mundial. En aquel momento, hacia 2005, su déficit fiscal alcanzaba la para entonces sorprendente suma de 400 mil millones de dólares, cerca del 4 por ciento de su Producto Bruto Interno, cifra luego ampliamente superada, mientras la Argentina había logrado obtener un superávit fiscal primario de más del 3 por ciento para pagar su deuda externa. Por otra parte, el país del Norte produce, entre otras cosas, el mismo tipo de bienes que la Argentina, artículos agropecuarios de clima templado, de los cuales se autoabastece, aunque a mayores costos. Además, a lo largo de toda su historia había agregado una serie de medidas de todo tipo para evitar que en su mercado interno pudieran entrar nuestros productos. Hay una larga lista desde 1867, cuando sancionaron la ley de lanas, que protegía la producción lanera norteamericana perjudicando las exportaciones argentinas. Y en 2005 el problema principal era el de los subsidios agrícolas. La última ley agraria norteamericana conocida, de mayo de 2002, establecía un aumento, los cinco años siguientes, de casi 100 mil millones de dólares en subsidios.
El proyecto piloteado por Washington planteaba la creación de una zona de libre comercio en el continente americano. Se trataba de lograr un desarme arancelario, complementado por una liberalización de los servicios y un acuerdo de protección a las inversiones extranjeras intrazona, mientras se limitaba la capacidad de los Estados para orientar las compras públicas a empresas que operaban en el territorio nacional. En las negociaciones, además, pudo verse una asimetría muy marcada en lo referente a la eliminación de las barreras proteccionistas, por cuanto el “socio mayor” no se comprometía a negociar la eliminación de la protección no arancelaria (la de mayor importancia) en productos altamente sensibles para la economía argentina.
El historiador brasileño Moniz Bandeira señalaba en aquel momento: “El objetivo de EE.UU. con la formación del ALCA es consolidar las medidas ultraliberales (…) fomentar sus exportaciones en un 30 por ciento y asegurar el crecimiento de su PBI a una tasa de 4 al 5 por ciento anual, para compensar el déficit comercial con otras regiones a costa de los países latinoamericanos, induciéndolos gradualmente a adoptar el dólar como la única moneda en el hemisferio, cuya emisión y circulación estarán sobre su exclusivo control”. A ello se le agregaba la competencia de los productos industriales norteamericanos y, sobre todo, de los servicios, patentes, educación, salud y otros, que arrasarían con el trabajo local y que, para algunos economistas liberales, como Jagdish Bhagwati, eran el verdadero objetivo. Allí reaparecía la funcionalidad del Mercosur, en el contexto de nuevas políticas nacionales potenciadas por el vínculo especial trazado entre los países que lo integraban.
De modo que esta es la historia, y es lo que permitió unirnos a Brasil, que tenía los mismos problemas, para justificar la imposibilidad común de incluirnos en el ALCA, por lo cual los dos países, acompañados por el resto del Mercosur y por Venezuela, que jugó un rol esencial en la oposición a la política de Washington, estuvieron férreamente unidos en la Cumbre de Mar del Plata, acompañando a las multitudes que lo rechazaban en las calles fuera del evento.
Hoy en día, el Mercosur está en una encrucijada, cuyas raíces se encuentran no sólo en la región sino en la crisis mundial. Asistimos a un relativo estancamiento del volumen del comercio entre sus miembros y se profundizan los desequilibrios regionales. Brasil controla cada vez mayores segmentos de la industria argentina y se transformó en uno de los principales inversores en el país. Este hecho, más las dificultades en el sector automotor, genera tensiones en el cual se encuadra el conflicto suscitado por los intentos de la Argentina de promover su reindustrialización, lo que compite con el aparato industrial brasileño, construido sobre la base de una histórica y sostenida estrategia económica por parte del país vecino.
Es evidente, sin embargo, que pese a los problemas existentes, gran parte de un eje geoeconómico e industrial en Sudamérica pasará necesariamente por acoplar los sectores relevantes de la Argentina y Brasil, sin que esto implique connotación excluyente alguna en referencia a otros países. De la misma manera en que la construcción europea inicial fue básicamente una alianza de intereses franco-alemana, un salto cualitativo en simbiosis y pactos estratégicos tiene que hacerse a nivel de gobiernos y empresas, entre dos o tres países, por razones de manejabilidad y eficacia organizacional, al menos inicialmente.
Por otra parte, expandiendo el horizonte de lo posible, la capacidad futura de penetración en los mercados internacionales seguirá descansando en gran parte en la formación de un vasto mercado interno continental, en un proceso que incluye sucesiva o simultáneamente un respeto por las estrategias nacionales, y una amplia diversificación hacia otras regiones. El rechazo del ALCA supuso dejar de dar la espalda a nuestros vecinos y extender nuestras fronteras naturales, económicas y humanas hacia aquellos con los que podemos entendernos mejor sin transformarnos de vuelta como en el pasado en una dependencia de la metrópolis de turno. Las recientes victorias electorales de fuerzas pro Mercosur en Brasil, Uruguay y Bolivia alientan a una continuación de ese proceso.

Francia no tiene 'plan B' si decide no entregar los Mistral a Rusia

Si Francia no realiza finalmente la entrega de portahelicópteros clase Mistral a Rusia, recibirá el aplauso de Polonia y EE.UU., pero comprometerá seriamente la venta de las naves, opina la agencia France Press.

Publicado: 9 nov 2014 

Una fuente cercana a la empresa de construcción naval DCNS, Si Francia rescinde el contrato, no tiene 'plan B', según una fuente cercana a la empresa de construcción naval DCNS. En otras palabras, Francia tendrá difícil encontrar un nuevo cliente para la venta de los Mistral previstos para, ya que están equipados de acuerdo con las exigencias de Moscú y técnicamente no encajarían en otro Ejército, informa la agencia

"Rusia, por supuesto, presentará una denuncia y exigirá el pago de la multa, y tendrá todas las posibilidades de ganar este pleito", comenta el analista militar independiente Alexander Goltz. A su juicio, Francia se verá como un país que se vio obligado a ceder a la presión EE.UU. 

De acuerdo con otro experto de la Fundación para la Investigación Estratégica (FRS, por sus siglas en francés), Bruno Tertre, el margen de maniobra de Francia respecto a los Mistral es muy limitado. Según él, si la situación sigue estancada durante unos meses más, París tendrá que rescindir el contrato. 

Los congresistas estadounidenses propusieron a la OTAN comprar las naves para que no fueran suministradas a Rusia. No obstante, la OTAN no podría adquirir a Francia los portahelicópteros previstos para Rusia, ya que carece de los recursos suficientes. Los presupuestos militar y civil de la OTAN para 2014 ascienden juntos a 1.600 millones de dólares, mientras la multa por no suministrar los Mistral podría alcanzar los 3.000 millones de dólares.   

   
 




Texto completo en: http://actualidad.rt.com/actualidad/view/146428-francia-plan-portahelicopteros-mistral-rusia

Ausencia de liderazgo político

Diario La Tercera, Chile

bachelet


LA DRASTICA caída en el apoyo a la gestión del gobierno y en la aprobación de la Presidenta, unida a la evolución negativa de las cifras económicas y de delincuencia, han confirmado las debilidades de la actual administración y los errores cometidos en la orientación de las reformas impulsadas en sus primeros ocho meses de gobierno. A ello se une la tensión que exhibe la coalición oficialista, especialmente por los reclamos desde la Democracia Cristiana a “reforzar la conducción política del gobierno”, lo que suma un cuadro que requerirá prontas definiciones de parte de la Presidenta de la República y del grupo que la acompaña en sus decisiones.
No hay síntoma más claro de los problemas de gestión de un gobierno que cuando se atribuye la desaprobación de la ciudadanía a la falta de mayor “comunicación de sus avances”, como ha ocurrido esta semana de parte de diversos personeros de gobierno. Incluso se ha llegado al exceso de acusar la existencia de campañas “financiadas” contra las reformas que se están impulsando.
El gobierno no debe equivocar el diagnóstico buscando enemigos imaginarios que no tiene -la debilidad de la oposición es evidente y también la reflejan las encuestas- sino revisar en profundidad la orientación radical de las reformas que ha estado impulsando y evitar las que pretendía iniciar, así como corregir los problemas ostensibles que arrojan la gestión sectorial en áreas muy sensibles para la ciudadanía, como es el caso de la delincuencia.
La recargada agenda de reformas estructurales, varias de las cuales sin un diseño mínimo ni acuerdo previo, ha terminado por exacerbar incluso las evidentes diferencias y motivaciones de los partidos que componen la Nueva Mayoría, las mismas que sus dirigentes pretendieron evadir bajo el manto protector de un programa de gobierno que apenas se encargó de esbozar algunos principios rectores. Nada puede debilitar tanto el apoyo electoral de un gobierno, como la constatación por parte de sus votantes que las propuestas sensatas que apoyaron en la última elección, se hayan transformado en justificación de reformas extremas y que ya le están causando problemas en su vida diaria, como ocurre con la reforma tributaria y el deterioro de la economía.
Al reclamo de mayor liderazgo por parte de la Presidenta de la República de parte de la Nueva Mayoría, se ha unido el de otros sectores relevantes del país, como el empresariado, que también reclama mayor coherencia entre las propuestas de alianza público-privada con las decisiones que toman diversos organismos públicos.
La Primera Mandataria enfrenta ahora una clara disyuntiva entre seguir impulsando esta agenda y refugiarse en su equipo más cercano, o efectuar una revisión más profunda del contenido de las reformas y reorientarlas en la búsqueda de acuerdos que recojan las objeciones que despiertan en amplios sectores del país. Esta revisión deberá involucrar no sólo los proyectos sino también sus equipos de trabajo, que hasta ahora parecen sorprendidos e inmóviles ante la caída en el apoyo ciudadano.
Las señales, en este sentido, deben ser contundentes. Si bien ha sido notorio el discurso conciliador de las autoridades hacia el empresariado en los últimos días y el propósito de promover una agenda reactivadora, se requiere un golpe de timón claro y decidido para despejar las incertidumbres y revertir el escenario negativo que se constata hoy en el país.

Brasil 2014: Política de alianzas e ideología

Por Amílcar Salas Oroño

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Tan sólo 48 horas después de que Dilma Rousseff fuera reelecta para un nuevo período, la Cámara de Diputados decidió no convalidar el Decreto 8243 de este año que establecía la Política Nacional de Participación Social, una serie de mecanismos participativos – muchos de los cuales ya se implementan- que requerían de ciertas reglamentaciones. Componiendo la votación contraria al Decreto, sectores opositores y, al mismo tiempo, sectores aliados al gobierno, especialmente una parte del PMDB. El dato viene a sintetizar un problema mediato que deberá encarar Dilma en su próximo gobierno: el juego de intercambios y dinámicas del sistema político y la relación con los aliados. Esto mismo a lo que apuntó la Presidenta en su primer mensaje una vez confirmada su reelección: la Reforma Política.
Mayorías gubernamentales y dispersión política
 Desde el punto de vista de sus resultados, el Partido dos Trabalhadores ha sido un exitoso constructor de mayorías desde que accedió al gobierno en el 2003. La progresiva ampliación de su coalición presidencial – pasó de 5 a 9 partidos durante los mandatos de Lula a Dilma – ha permitido dos objetivos básicos: vehiculizar una “agenda de cambios” y, según las circunstancias, lograr frenar los “climas destituyentes” que oportunamente se instalaron. Sin embargo, esta última elección presidencial puso de manifiesto ciertas circunstancias que colocan al PT frente a la necesidad de realizar algunos reajustes respecto de su “política de alianzas”, si es que no quiere continuar reforzando una tendencia que viene proyectándose desde hace tiempo: la descaracterización ideológica de la coalición gubernamental, algo advertido e indicado desde las calles en las movilizaciones de junio del 2013 y que se expresa, también, en la fragmentación y dispersión política del próximo Congreso Nacional.
En ese sentido, se torna necesaria para el PT una substantiva modificación en lo que respecta a la “política de alianzas”. Sobre todo porque la actuación (en todos estos años) de ciertos partidos aliados y los discursos públicos de algunos de sus líderes han desdibujando los contornos programáticos de lo que el propio PT le viene a proponer a la sociedad. Más allá de los acompañamientos institucionales, buena parte de los aliados, subidos a los efectos beneficiosos de mantenerse al interior del lulismo(como expresión genérica de articulación política, transferible también a Dilma), desde un punto de vista discursivo no han articulado una visión política común con la agenda gubernamental y, más de las veces, han simplemente adaptado sus perfiles específicos y locales a los formatos de la ideología dominante, sin forzar una mínima crítica con las representaciones sociales establecidas. Esta separación y desacople ideológico es lo que explica la expansión cada vez mayor de candidaturas vinculadas con intereses puntuales – seguridad, agronegocio, etc.- dentro de la propia coalición gubernamental, a contramano de reforzar un punto de vista más general, político.
De allí también un número importante de distorsiones respecto de la correspondencia entre las elecciones estaduales y los resultados para Presidente. De un lado, aliados del PT que lograron votaciones contundentes para sus cargos a gobernadores o diputados mientras que, por otro lado, en esos mismos distritos Dilma Rousseff quedó muy por debajo de Aecio Neves. Es el caso, por ejemplo, de lo ocurrido en Santa Catarina, donde el PSD (aliado del PT) obtuvo con comodidad la gobernación mientras que allí Aecio Neves sacó su porcentaje más alto (64,59%) respecto de Dilma (35,41%), incluso más que en San Pablo. Un fenómeno de desmarcarse que tuvo, quizás, a varios líderes del PMDB como principales protagonistas
Marchas y contramarchas para Dilma Rousseff
 No había transcurrido una semana de la victoria de Dilma Rosseff para su segundo mandato que en la Av. Paulista se convocaron el sábado 1 de noviembre sectores que, sin ningún tipo de mediaciones, volvieron a expresar su vehemencia antidemocrática. Como prolongación de los exabruptos que se verbalizaron durante la última campaña, se trató de un reducido grupo – aunque hubo otros “actos” de la misma convocatoria en Brasilia, Manaus y Curitiba- pidiendo desde el impeachment a Dilma a un nuevo recuento de los votos – negado por el Tribunal Supremo Electoral, por falta de argumentos- o la intervención directa de los militares, bajo la exaltación permanente de quienes condujeron el acto en relación a lo que representa la Policía Militar (esa misma Policía Militar que unos días después fue indicada por la muerte alevosa y planificada de 9 personas en los barrios periféricos de Belén, en Pará). Estos actos y expresiones no son algo inaudito ni en la historia brasileña ni en la latinoamericana, pero aparecen bajo los nuevos ropajes de los tiempos: derechas no convencionales y reaccionarias que en determinados momentos quiebran los límites de sus silencios y salen a publicitarse. Ocurrió en los últimos años en Venezuela, en Bolivia – al momento de los conflictos por las autonomías regionales- y en Argentina, según el discurso de ciertos núcleos duros de los “cacerolazos” a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Dos factores impulsan a la aparición de estas posiciones antidemocráticas. De un lado, los medios de comunicación hegemónicos, decididos a continuar en la misma secuencia de informaciones tendenciosas y “espectacularizadas” de crítica al gobierno. Del otro, una “ideología de mercado” (que Aecio Neves logró expresar y extender) y que se ha convertido en una plataforma cognitiva para amplios sectores de la ciudadanía y que minimiza – y, por momentos, desprecia- la injerencia que puede llegar a tener el Estado en la reconstrucción de la dialéctica social, sobre la base de reforzar la autoafirmación que supone el privatismo para las relaciones sociales. Una “ideología de mercado” que se ha extendido durante estos años como un efecto indirecto – y podría decirse, indeseado- de los cambios progresivos en la estructura social y el crecimiento económico. Que se localiza principalmente en las grandes ciudades brasileñas; a la manera de un soporte, junto con otros aspectos, de la victoria del PSDB en la mayoría de las capitales en el segundo turno: Porto Alegre, Brasilia, Florianópolis, Curitiba, Sao Paulo y Belo Horizonte (siendo que el PT venció en el Estado de Minas Gerais). No es casualidad que sea en la Av. Paulista donde se volvieran a expresar estos sectores antidemocráticos: corresponde a un distrito electoral en el que Aecio Neves obtuvo el 86,68% de los votos, frente al 13,33% de Dilma Rousseff.
Para las próximas semanas son esperables nuevas marchas y contramarchas (a la acción del 1 de noviembre le correspondió su respuesta, unos días después en el mismo lugar, organizada por el MST, la CUT, la Central de Movimientos Populares y O Levante Popular da Juventude, entre otros) porque todavía no ha cesado la intensidad de la politización de los últimos meses. Los problemas de las alianzas y de los imaginarios colectivos están allí, en señales de alarma. La Reforma Política puede ser un vector que las resignifique. Habrá que ver los ritmos en los que se desarrolle.
* Politólogo. Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (UBA)