12 dic 2014

Brasil: ¿Sombras de un golpe a la paraguaya?

FREDERICO FÜLGRAF / 

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FREDERICO FÜLGRAF – Hace un mes, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, fue reelecta.Eso, los chilenos lo leyeron en los diarios, lo escucharon en las radios y lo vieron en la TV.
Es lo que los periodistas llamamos “noticiario factual”.
¿Que más pudieron leer, escuchar o ver los chilenos sobre Brasil en las últimas semanas?
Los corresponsales de prensa extranjera, en cualquier país, tenemos siempre un ojo en nuestras propias fuentes y otro en los medios locales, sobre los mismos temas que investigamos, pero también sobre lo que dicen de nuestros países de origen.
Sin embargo, como habitante cisandino, me he preguntado si la altura de los picos cordilleranos impide que Chile pueda ver lo que sucede atrás de sus quebradas, porque encontrar una noticia sobre Brasil en los medios nativos es como buscar una aguja en un pajar.
A menos que Jorge Valdivia haya marcado un gol o la prensa boulevard haya descubierto una nueva “brasileña caliente” en Instagram.
El tiempo pasa y más me asalta la percepción de que la Cordillera es la Muralla de Chile – ¿o la muralla será un estado de espíritu de los editores de noticias?
La verdad es que las noticias no son buenas.
Aécio Neves, el hombre y sus sombras
Para comenzar, hasta la fecha, el ex candidato de la oposición derechista, Aécio Neves, no admite su derrota, que fue por una diferencia de 3,5 millones de votos.
¿Pero no había felicitado a la presidenta victoriosa, deseándole un nuevo gobierno exitoso? Si por un lado eso es cierto, ¿quien, por otro lado, nos garantiza que en aquel primer momento el playboy se encontraba sobrio – o al revés?
¿Le suena a difamación? A ver.
Decir, primero, que Neves es un “playboy”, es afirmar lo obvio. Poco más joven que la presidenta, mientras ella vivía en la clandestinidad y combatía a la dictadura con armas en la mano – por lo que después pagó con varios años de cárcel y tortura – Aecinho, nieto del eminente senador y presidente prematuramente fallecido, Tancredo Neves, se entretenía en la farándula de Rio de Janeiro, que le educó los sentidos para notable consumo de tragos y de “la blanquilla”, que parece pero no es azúcar refinado.
Y también a “gastar” mujeres, sobretodo bellas. Cuando Aecinho se tomaba copas demás, algunas veces sobraban unos vapuleos, sobas y golpizas a sus acompañantes humilladas.
Es que el ex candidato al puesto de mandatario del mayor país del Continente sufre de un síndrome que se describe como “minusvalía de lo femenino” – popularmente conocida como surto machista – y cuando lo ataca, distribuye golpes. Así nomás.
Si eso le suena a “pecados juveniles”, entonces le recomiendo la lectura sobre el “Caso Helicoca”.
“Helicoca” es un documental brasileño sobre el helicóptero de la familia Perrella, apresado después de aterrizar en un fundo en el interior de la provincia de Espírito Santo, el 24 de noviembre 2013. El problema: la nave transportaba 445 kilos de pasta-base de cocaína.
Apenas insignificantes cuatro días después, la vinculación de los Perrella con el crimen fue descartada. Según el comisario responsable de la Policía Federal, Leonardo Damasceno, “no existían indicios de participación de los parlamentarios”.
¿Parlamentarios? Sí, el empresario Zezé Perrella, del sector de alimentos, pero gracias sobretodo a su destacada actuación como dirigente del club de fútbol Cruzeiro, de Belo Horizonte (sí, sí, el mismo en que jugaba Claudio Maldonado), fue uno de los diputados más votados en 1998 por el partido derechista DEM.
En 2002, Zezé fue invitado por su amigo Aécio Neves como candidato al Senado por el liberal-derechista PSDB, pero fue derrotado. Sin embargo, en 2006, Zezé fue electo diputado provincial por el PSDB, partido en el que actuó hasta 2009. En 2011 fue denunciado por ocultar en su declaración de bienes una hacienda con valor estimado de mil 410 millones de pesos. Su hijo, Gustavo, también diputado, es el propietario del helicóptero y, como su papá, uno de los protegidos de Aécio Neves.
Esta “protección” fue la clave para que la Policía Federal en Minas Gerais “encajonara” el caso “Helicoca” en menos de 4 días, mientras casos similares demoran meses o años para ser investigados y los reos denunciados.
Aécio Neves se presentó como el “candidato de la ética y la moralidad”, sin embargo por lo menos 14 casos de corrupción y malversación de fondos públicos lo apuntan como uno de los personajes más siniestros del espectro político brasileño. El caso más grave se refiere a la desviación y no aplicación del equivalente a 3mil 450 millones de dólares en recursos federales para la Salud mientras se desempeñaba como gobernador de Minas Gerais. La investigación del Ministerio Público tramita hace años sin presentar la acusación.
¡3 mil 450 millones de dólares! Un monto capaz de empalidecer el tristemente afamado, pero insignificante “mensalón” – supuesto, jamás probado esquema de propinas para diputados no alineados con el ex gobierno Lula – que llevó a la cárcel políticos de la primera plana del PT.
La magistratura y el hedor de azufre
Como la espada de Dámocles, una semana decisiva desafía a Brasil: en los próximos días, el ministro Gilmar Mendes – miembro simultáneo de la Corte Suprema y del Tribunal Superior Electoral – presentará su informe sobre las cuentas de campaña de la presidenta Dilma Rousseff.
Según se especula, no habrá sorpresa: el ministro Mendes votará por la impugnación de las cuentas, a pesar de que el Ministerio Público Electoral haya finalizado su examen, recomendando su aprobación.
Observaciones de los tribunales a las cuentas de campañas políticas suelen ocurrir hasta en la insospechada Alemania de Angela Merkel. Forman parte de la rutina del Estado Democrático. Reparadas las aristas, normalmente las cuentas son aprobadas en seguida, sin fanfarria.
En Brasil, 7 ministros deciden sobre la aprobación. Especulase que serán 3 votos a favor y 3 en contra, con un voto de Minerva por el desempate. Pero no es lo que quiere el ministro Mendes: su objetivo es transformar el trámite en “tribunal político” para impedir la investidura de la presidenta reelecta, el próximo día 1 de enero.
La táctica de Mendes – magistrado íntimamente vinculado a Aécio Neves e involucrado en el famoso “Caso Cachoeira”, empresario corrupto que le prestó su avión privado para un vuelo de Berlín a Brasília – es tocar la tuba en el Judiciario para reforzar a los bombos de la ultra-derecha en las calles, que hace semanas impulsan un golpe militar y el impeachment de Dilma Rousseff.
El objetivo es claro: darle continuidad a la criminalización del PT, selectivamente elegido como el chivo expiatorio del “petrolón”, esquema de millonario soborno de políticos y funcionarios de la petrolera estatal Petrobras por poderosas empresas contratistas.
A pesar de que las investigaciones han apuntado que los contratistas donaron nada menos que 20 millones de dólares a la campaña del candidato Aécio Neves (Dilma recibió aproximadamente 35 millones) y que el soborno de políticos es transversal, cubriendo todo el espectro partidario – no sólo durante el gobierno Dilma, sino desde 1990, en la era Fernando Henrique Cardoso! – el ministro Mendes se complace con verter gasolina a la hoguera para que el PT y su presidenta ardan en el infierno.
Es lo que, con mucha elegancia, se llama la “judicialización” de la política – un eufemismo de gabinete para encubrir el nombre de los bueyes: descarado golpismo.
El “Partido de la Prensa Golpista”
Los medios de comunicación, controlados por 7 familias y apodados por la izquierda de PIG – “Partido de la (im)Prensa Golpista” – contribuyen a su manera para aumentar la temperatura en las calles.
El “PIG” regurgita sus cansativos mantras, replicando cada nota positiva sobre el gobierno con siete reproches y condenas. El gobierno no tiene espacio en los medios, pero la presidenta intimidada ya piensa en postergar su proyecto de Regulación de los Medios, prometido durante su campaña.
La más reciente hazaña mediática fue la encuesta del domingo 7, de Datafolha, servicio del diario Folha de S. Paulo. Según la encuesta, “el 68% de la población cree que la presidenta es responsable” por el escándalo de la Petrobras.
Pero miremos de cerca los números: 43% sí están convencidos de la participación de Rousseff, pero 25% dicen creer que la presidenta tiene “muy poco que ver”. ¿Qué hizo Datafolha? Simple: sumó 43 patatas con 25 naranjos y alcanzó 68%. Por otro lado, 45% de los entrevistados afirmaron que la presidenta “no tiene nada que ver” con el escándalo, y 42% dicen aprobar su gobierno; un alza de confianza de 7% desde las manifestaciones de junio 2013.
Haciendo cuentas: si 45% creen en la honestidad de la presidenta y 42% apoyan a su gobierno, según la “lógica” de Datafolha estos números deberían sumar 87% en su favor.
Pero el título de la encuesta fue otro, diametralmente opuesto: “Datafolha mostra que 68% responsabilizam Dilma por corrupção”.
Esto se leía en los kioscos brasileños el mismo fin de semana en que unos 5 mil derechistas furiosos exhibían la encuesta como “prueba” para su consigna “¡Fuera Dilma!”.
Hace dos meses, la prensa militante anti-gobiernista reverbera hasta el hartazgo que “Dilma y Lula sabían todo” [del escándalo], pero hasta la fecha ninguna prueba, ni siquiera un indicio fue presentado. Lo que explica el intento de encontrar “un cabello en el huevo” del informe de la campaña presidencial.
La población, el anónimo hombre de las calles, piensa diferente, como lo ha mostrado la misma encuesta: el 46% de los 80% que opinaron (20% no tenían opinión formada), creen que el gobierno Rousseff es el que más investigó, y 40% afirman que el castigo de la corrupción fue más intensa.
La denuncia de la corrupción en la administración Rousseff se hizo más transparente, gracias a la investigación más severa de un Ministerio Público empoderado por la presidenta.
Así es que en trama paralela a la investigación sobre la petrolera, el día 4 de diciembre, la Policía Federal imputó a 33 ex altos directores de empresas estatales y toda la dirigencia del partido PSDB, de Aécio Neves y Fernando Henrique Cardoso, por gravísima corrupción en la licitación de obras del Metro de São Paulo y compra de trenes, operativo que involucró 30 mil millones de dólares y compromete a las empresas europeas Alstom y Siemens, que admitieron coimas millonarias para la dirigencia del PSDB que hace más de 20 años gobierna São Paulo.
Pero ¿qué ocurre? El noticiero sobre la corrupción de la oposición suele ser escondido en las páginas internas de los diarios para destacar primeras planas con ataques al PT.
Es más: en un comunicado interno, el presidente del Ministerio Público y Procurador de la República, Rodrigo Janot, escribe el sábado, 6 de diciembre, “Por motivo de las funciones que ejerzo como Procurador-General da República, vengo sufriendo [ataques injustos] por parte da prensa, posiblemente secundada o instrumentalizada, de forma irresponsable, por intereses inconfesables”, agregando: ”Jamás aceptaré cualquier acuerdo que implique exclusión de conductas criminales o impunidad de cualquier delincuente”.
Para buen entendedor: con la prensa a su servicio, sectores implicados de la oposición están presionando el Procurador de República para que retroceda en sus investigaciones.
Como decía Joseph Pulitzer: “Con el tiempo, una prensa cínica, mercenaria, demagógica y corrupta formará un público tan vil como ella misma.”
En hora buena: no es necesario ser simpatizante de Dilma Rousseff y del PT para entender que Judiciario, Medios y sectores ultra-derechistas se unieron en una campaña sin precedentes para socavar al Estado Democrático de Derecho. Sea cual fuera su desenlace, serán impactante su repercusión en todo el Continente sudamericano.
Frederico Füllgraf: Foreign Correspondent Santiago de Chile Jornal GGN – São Paulo – Brasil
Mailto: f.fuellgraf@gmail

REBELION

Uruguay: Transparencia y participación social en peligro

Conferencia de prensa de Uruguay Libre 

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN SOBRE ARATIRÍ

La declaración del carácter confidencial de la información de Aratirí por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) no cumplió con los requisitos legales y de ser aceptada traería graves consecuencias sobre las evaluaciones ambientales y sociales de los proyectos de inversión.
Los fallos de la Justicia ordenando la entrega de la información solicitada trascienden el caso del proyecto de Aratirí y reafirman los principios de neutralidad y transparencia de los procedimientos de la administración pública y de participación de la sociedad en las decisiones que le atañen.
1. Declaración de confidencialidad realizada por la DINAMIGE y el MIEM

La Dirección Nacional de Minería y Geología (DINAMIGE) adoptó el criterio de la empresa Aratirí y declaró confidencial toda la información del proyecto minero.

Aratirí alegó ante DINAMIGE que los aspectos técnicos debían ser“confidenciales y reservados por formar parte del ‘know how’ de la empresa” y que los mismos no deberían ser accesibles por sus competidores, “ni por el público en general”. Para justificarlo, agregó que su proyecto era “de una entidad y características totalmente distinto a los existentes hasta ahora” (sic). Basándose en la evidente exageración de esta frase, Aratirí atribuye a todos los datos técnicos del proyecto el mismo valor que las informaciones del patrimonio personal o el secreto comercial
El artículo 10 de la Ley 18.381 define como confidenciales las informaciones sobre “el patrimonio de la persona” y aquella que“comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos a una persona física o jurídica, que pudiera ser útil para un competidor”. Nadie cuestiona que estos aspectos sean preservados, pero no abarcan necesariamente todos los datos técnicos del proyecto. Además, la calificación no debe ser realizada por la empresa sino por la Administración y los casos deben ser “de interpretación estricta”, no genérica.
El Director de la DINAMIGE, Pier Rossi, adoptó una resolución, el 15 de mayo de 2013, en la cual sostuvo que “toda la documentación aportada contiene información del patrimonio, hechos o actos de carácter económico, contables jurídicos y administrativos (…) que pudieran resultar útiles para un competidor” e, invocando el mencionado artículo 10, declaró como confidencial “la totalidad de la información contenida en este Asunto relativa a los informes técnicos presentados por MINERA ARATIRÍ S.A.” O sea que aceptó sin más el criterio propuesto por la empresa.
En el mismo expediente de la DINAMIGE encontramos elementos que cuestionan la validez actual de tal resolución. En una nota del 8 de mayo de 2014, la Asesoría Jurídica del MIEM, señalaba que según lo establecido por la Ley de Minería de Gran Porte (N°19.126), “la declaración de confidencialidad solicitada (por Aratirí) no compete a DINAMIGE sino al Ministerio de Industria, Energía y Minería”. La nota referida planteaba “que la Superioridad convalide la resolución” y, además, que se agregara “el informe en el que arriba a dicha conclusión”.
¿Qué es lo que se declara confidencial?
La División Minería respondió el 10 de junio diciendo, simplemente, que “ha entendido pertinente el planteo realizado por la empresa” y enumeró los elementos incluidos en la información técnica referida por la resolución, a saber: “descripción e interpretación geológica de los yacimientos, metodologías de diseño de mallas de perforación, obtención y preparación de muestras, métodos analíticos, controles de calidad de la base de datos, separación de dominios estadísticos, geoestadísticos y estructurales, estadísticas, detalle de las metodologías de determinación de recursos y reservas, dimensiones y etapas de desarrollo de las minas, selección de las leyes de corte, criterios y metodología de selección de maquinaria y equipos industriales, operativa de cada mina, procesos de beneficiación, cronogramas de ejecución, volúmenes de producción de mineral y concentrado, instalaciones auxiliares, dimensionamiento de pilas de estéril, represas de relaves y de agua fresca, dimensionamiento de plataformas de mineral de alta y baja ley, sistema de transporte dentro y fuera del complejo, mineroducto, terminal de recepción de concentrado, informes de auditoría, bases de datos en formato digital y certificados de análisis, mapas de aerogeofísica, hidrología e hidrogeología, plan de cierre y todos los elementos que no estén descritos en este listado pero que conforman un proyecto minero desarrollado a partir del momento del descubrimiento geológico y la consecuente cuantificación de reservas” (sic).
La simple transcripción de esta lista, con la aclaración final para eliminar cualquier duda, revela el carácter arbitrario de la confidencialidad solicitada por Aratirí y concedida por la DINAMIGE. De aceptarse este criterio, será reclamado por otras empresas y toda la información sobre cualquier proyecto minero pasaría de aquí en adelante a ser secreta.
Es más, la DINAMIGE pretende considerar confidenciales “los informes realizados por la Unidad de Evaluación, Control y Gestión de Proyectos Mineros de esta Dirección Nacional, elaborados en respuesta o con posterioridad al análisis de información técnica suministrada por la empresa y haciendo referencia a la misma”(sic). Esto sería la consagración del contubernio empresa-estado
Esta decisión de la DINAMIGE, defendida por el ministerio en el juicio realizado, constituye una violación de las leyes de transparencia de la función pública, de acceso a la información y de participación social – incluyendo la Ley de Minería de Gran Porte
2. Incumplimiento de los requisitos para declarar confidencial la información
En el fallo de 1ra. instancia, el juez Martínez de las Heras advirtió el incumplimiento de lo previsto por el decreto 232/2010 para la clasificación de la información como confidencial.
De la resolución 122/2013 de DINAMIGE emerge que la declaración de confidencialidad se realizó en mérito a "solicitudes efectuadas por MINERA ARATIRI S.A…” y no consta en estas actuaciones que se hubiere cumplido con lo dispuesto por el art. 31 del decreto 232/2010 que establece:
“Cuando los particulares entreguen a los sujetos obligados información confidencial, deberán señalar los documentos o secciones en los que se contenga tal información. También deberán presentar un “resumen no confidencial” breve y conciso. En caso que, la naturaleza de la información impida elaborarlo, se explicitará tal imposibilidad ante la autoridad competente”.
“No surge de autos que se hubiere presentado un “resumen no confidencial” cuya presentación es obligatoria en caso de tratarse de información confidencial, y tampoco emerge de autos que se hiciera la salvedad relativa a la imposibilidad de su presentación”, dice el juez.
En la respuesta a la apelación, el Dr. Martín Prats expresó que la posibilidad de desglosar la información que refiera a secretos industriales o comerciales que pueda ser útil para un competidor debe leerse como una excepción a la cual se le debe aplicar el principio de divisibilidad en forma restrictiva. Y agregó: "No se puede tampoco bajo este argumento, incluir como información de este tipo a todo el contenido del Expediente sino solo aquello que no refiera a temas ambientales".
La ley de Minería de Gran Porte (19.126), en su Artículo 26 inciso final, establece claramente: "En ningún caso podrá ser considerada de carácter confidencial o reservada la información relacionada a los aspectos ambientales del proyecto.”
¿Cuál es la información ambiental?
No existe una definición precisa de qué es "información ambiental" y qué no lo es. Para nosotros, todos los elementos enumerados por la DINAMIGE y el MIEM, tanto en su contestación de la demanda y alegato como en la apelación, son información ambiental y por tanto sólo aquella que refiera al patrimonio personal de la empresa o a un secreto industrial o comercial claramente y expresamente definido como tal debe ser reservada.
"Suponemos, expresó Prats, que en el expediente solicitado debe constar un informe sobre cuál información suministrada por la Empresa refiere a un secreto industrial y comercial y consideraciones sobre si es o no secreto. De ser de otra forma, el MIEM no estaría actuando al servicio de la sociedad a la cual se debe sino que estaría aceptando en forma acrítica la imposición de los intereses de la empresa".
"Es la Administración quien debe definir cuál información refiere a este tipo de secreto y cuál no. Si no lo hizo en este caso, toda la información contenida en el referido expediente refiere a temas ambientales y por tanto se debe permitir el acceso a ella pues es información pública", reafirmó
3. Posibles consecuencias si se validaran tales decisiones
"Si se aceptara el criterio aducido en la Apelación por el MIEM, se crearía un grave precedente por el cual todo tipo de proyecto minero pasaría a ser secreto pues de lo que surge en autos DINAMIGE no adoptó otro criterio que, simplemente, el aceptar la solicitud de confidencialidad planteada por la empresa", señaló en el juicio el Dr. Prats.
Y agregó: "Si se aceptara este criterio, más allá de nuestro interés personal en este juicio, dejaría indefensos a miles potenciales afectados por el proyecto, quienes no podrán contar con la información suficiente para reclamar y luchar por sus legítimos intereses".
Además, Uruguay tiene firmados Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) con 29 países que en su articulado incluyen -es una fórmula común a todos los TBI- que se concederán a los inversores y las inversiones de la Otra Parte las mismas condiciones otorgadas a cualquier empresa extranjera o nacional. Es decir, que una vez hecha esta concesión para Aratirí, cualquier otro proyecto de inversión bajo ese marco adquiere derecho a reclamar el mismo tratamiento.
Por último, el Dr. Prats expresó que el tipo de información solicitada es una información que refiere a asuntos vinculados directamente con los derechos humanos, derechos ambientales y el deber de transparencia que el Estado está obligado a cumplir no solamente por las disposiciones de la Ley 18.381, sino también por Convenciones Internacionales de Derechos Humanos citadas en la demanda, así como otras disposiciones constitucionales y legales del país
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La sentencia del Tribunal de Apelaciones ratificó el fallo del juez Martínez de las Heras que ordenó al MIEM brindar la información requerida en un plazo de 15 días desde la fecha. El juez estableció como limitación de la información a entregar aquella “exclusivamente relacionada con aspectos vinculados al “secreto industrial o comercial” de la empresa respectiva, información que debe ser objeto de reserva por parte de la Administración”. Esta restricción surge de la ley 16.466 sobre Protección del Medio Ambiente y es análoga a la antes referida de la Ley 18.381
Por lo expuesto, esperamos que el MIEM cumpla sin más trámite con la sentencia.
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URUGUAY LIBRE DE MEGAMINERÍA
Montevideo, 8 de diciembre de 2014.
Contactos:
Dr. Martín Prats  094 591353 (CAinfo)
Víctor L. Bacchetta 098 935317 (Uruguay Libre
postaporteñ@ 1299 - 2014-12-08 

La pelota no se mancha


Confiesan pago de sobornos para Mundial de Catar 2022



La elección de Catar como sede de la Copa del Mundo 2022 sigue arrojando indicios de corrupción en el máximo ente rector del balompié internacional | Foto: Archivo
Publicado 9 diciembre 2014

La prensa deportiva europea reclama una investigación en la adjudicación de la sede Catar; luego que se filtraran numerosos documentos que vinculan a directivos con la compra de votos.

La ex jefa de comunicaciones del comité de la candidatura del Mundial de Catar 2022, Phaedra Almajid, aseguró el lunes que en enero de 2010 presenció cómo funcionarios de Catar ofrecían dinero a federativos del fútbol africano.

Dicha información fue publicada por la revista France Football, cuyo artículo detalla que uno de esos encuentros se llevó a cabo en un hotel de Luanda, capital de Angola; donde se realizaba un Congreso de la Confederación Africana de Fútbol.

Almajid divulgó más información sobre el desarrollo el encuentro: "Los cataríes estaban contentos de la presencia de un alto dirigente del fútbol africano, al que deseaban beneficiar con una donación de un millón de dólares para su federación", confesó la exfuncionaria de la FIFA.

"Este señor respondió: 'Ah un millón de dólares, ¿Por qué no un millón y medio?'. Y el catarí respondió que esperaba poder contar con su apoyo. El interesado le aseguró que así sería. Eso es todo" precisó la testigo.

¿Por qué estas declaraciones luego de 4 años?

Almajid ofreció esta información luego que su nombre apareció en el informe que Michael García (exfiscal general de Nueva York) entregó en noviembre pasado a la Comisión de Ética de la FIFA.

Hans-Joachim Eckert, presidente de la Cámara de Enjuiciamiento de la Comisión de Ética de la FIFA, reconoció el nombre de Phaedra Almajid dentro de los datos suministrados por el exfiscal neoyorquino.

La exjefa de comunicaciones mencionó que "Eckert y la FIFA no han sido leales conmigo. (Eckert) me ha tirado a los leones y me ha identificado en su informe".

Los psicólogos que idearon las torturas de la CIA

Dos psicólogos contratados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para desarrollar técnicas de interrogatorio "reforzadas" carecían de la experiencia requerida, según un nuevo informe.

BBC Mundo


Los psicólogos no tenían experiencia en la lucha contra el terrorismo, pero recibieron más de US$80 millones por sus servicios.

La CIA también permitió que fueran estos dos hombres los que evaluaran la efectividad de su propio programa de interrogatorios.

Las revelaciones aparecen en el nuevo informe del Senado sobre los "brutales" interrogatorios a sospechosos de al-Qaeda en los años posteriores a los ataques del 11 de septiembre.

Los sospechosos fueron interrogados con métodos como el waterboarding(ahogamiento simulado), bofetadas, humillaciones, exposición al frío extremo y privación del sueño.

Estos procedimientos fueron desarrollados, gestionados y evaluados por dos contratistas psicólogos que habían trabajado en la escuela del programa Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Pero el informe dice que "ninguno de los dos psicólogos tenía experiencia dirigiendo interrogatorios, ni tampoco conocimiento específico sobre al-Qaeda, experiencia en la lucha contra el terrorismo, o conocimientos culturales o lingüísticos relevantes".

A pesar de ello, ambos hombres participaron personalmente en los interrogatorios de algunos de los detenidos "más importantes" de la CIA.

También fueron los encargados de determinar si el estado psicológico de un detenido permitía seguir utilizando las técnicas reforzadas de interrogatorio, dice el informe.

Los dos hombres también sirvieron de enlace entre la CIA y los servicios de inteligencia extranjeros, y la agencia les permitió evaluar la efectividad de su propio trabajo, un trabajo que los demócratas del comité de inteligencia del Senado consideraron brutal e ineficaz.
El papel del FBI

Aunque en el informe aparecen con los pseudónimos de Dr. Grayson Swigert y Dr. Hammon Dunbar, los medios estadounidenses los han identificado como los militares retirados Jim Mitchell y Bruce Jessen.

Mitchell se unió a la Fuerza Aérea en 1974 y se especializó en desactivar bombas antes de doctorarse en psicología centrándose en temas de dieta, ejercicio e hipertensión, según The New York Times.

Jessen, mientras tanto, se doctoró en "formación familiar" y se convirtió luego en psicólogo de la Escuela de Supervivencia de la Fuerza Aérea, donde se encargaba de evaluar a los profesores que se hacían pasar por interrogadores del enemigo.Los dos psicólogos sirvieron de enlace entre la CIA y los servicios de inteligencia extranjeros.

Ambos hombres, que se dijo eran tenientes coroneles, se convirtieron en expertos del departamento de Defensa en resistencia a interrogatorios del enemigo, aunque otros psicólogos manifestaron su escepticismo e incluso su preocupación sobre los métodos que utilizaban, añade The New York Times.

Tras los ataques del 11 de septiembre, el informe del Senado dice que Mitchell propuso utilizar un concepto llamado "indefensión aprendida" en los interrogatorios a sospechosos de pertenecer a al Qaeda, para asegurarse de que se obtenían los objetivos esperados.

En aquel momento, los interrogadores experimentados mantenían que esta estrategia desmoralizaría a los prisioneros hasta tal punto que acabarían diciendo lo que el interrogador quería.

En 2002, ambos hombres recibieron el encargo de evaluar un manual interceptado a al Qaeda con el que se entrenaba a terroristas en resistencia a interrogatorios.

Como respuesta, los hombres propusieron introducir técnicas brutales, incluida la privación del sueño y el ahogamiento simulado, en los procedimientos estadounidenses.

Cuando Estados Unidos capturó a Abu Zubaydah, un objetivo muy importante, dos agentes del FBI (Agencia Federal de Investigaciones) utilizaron métodos convencionales para interrogarle en instalaciones de la CIA en Tailandia.

Luego la CIA, bajo el consejo de Mitchell, desnudó al sospechoso y le hizo soportar música a todo volumen para evitar que pudiera dormir.

Se informa que en las semanas siguientes, Mitchell tomó control de los interrogatorios e interrogó directamente al sospechoso.Los demócratas del Senado calificaron las técnicas de interrogatorio a prisioneros de "brutales".

Jessen se unió posteriormente, y el prisionero fue sometido al waterboarding, o ahogamiento simulado, 83 veces antes de que se determinase que no tenía más información que ofrecer.

Según el informe del Senado, un cable que se dijo fue elaborado por ambos hombres indicó que el interrogatorio de Zubaydah había sido un éxito.

Éste "debe ser utilizado como modelo para futuros interrogatorios de prisioneros muy valiosos" -escribieron- no porque produjera información útil, sino porque confirmó que el sospechoso no poseía la información de inteligencia que la CIA creía que éste retenía.
Mientras, los agentes del FBI que participaron en los interrogatorios manifestaron sus objeciones a la estrategia. Un agente especial informó a la sede de la CIA que ambos psicólogos habían adquirido una "enorme influencia".

El FBI también sostuvo que toda la información útil del sospechoso había sido obtenida en los interrogatorios llevados a cabo por ellos.
Nueva empresa

Los métodos de los psicólogos se utilizaron al menos dos decenas de veces más, incluido el interrogatorio de 2003 a Khalid Sheikh Mohammed.

Según el informe del Senado, los dos hombres evaluaron al sospechoso, que fue sometido a ahogamientos simulados más de 100 veces, y su única recomendación fue que deberían interrogarle cada mes, cobrando cuatro veces más que los otros interrogadores.

Esto causó preocupación en el gobierno por un posible conflicto de intereses, según el informe.

Esto "se vio de la forma más evidente en un contexto en el que los mismos individuos aplicaban una técnica (de interrogatorios reforzados) que solo ellos habían aprobado utilizar y juzgado tanto su efectividad como la resistencia de los detenidos, e implícitamente propusieron un uso continuado de la técnica, con un sueldo que alcanzó, según informaciones, los US$1.800 al día".Leon Panneta desmanteló las cárceles secretas y prometió que los contratistas no volverían a dirigir los interrogatorios.

En 2005, los psicólogos crearon Mitchell Jessen y Asociados, con oficinas en el estado de Washington y Virginia.

Para 2007, la empresa ya contaban con casi 60 empleados y estaba ganando millones por contratos de la CIA después de que la agencia subcontrataba casi todas sus operaciones de interrogatorios.

Pero en 2009 Leon Panneta, entonces director de la CIA en la administración de Barack Obama, desmanteló las cárceles secretas, prometió que los contratistas no volverían a dirigir los interrogatorios y terminó con esa relación.

Para entonces, Jessen y Mitchell ya habían recibido casi la mitad del pago de su contrato con la CIA, de US$180 millones.

Esto ocurrió después de que la CIA ya había aceptado pagar un contrato de indemnización de US$5 millones que cubría, entre otras cosas, procesamientos criminales.

En 2007, Mitchell Jessen y Asociados contrató a un despacho de abogados y facturó más de US$1 millón a la CIA en gastos legales hasta 2012.

Según el actual contrato de la empresa con la CIA, la agencia está obligada a pagar gastos legales hasta 2021.

11 dic 2014

OTRO MAS Y VAN ....


Revelan plan encubierto de USAID contra Cuba




La agrupación Los Aldeanos recibió capacitación política mientras se presentaban en Serbia, pero desconocían las conexiones de Washington con el programa.
| Foto: Archivo

11 diciembre 2014 ...

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) pagó a raperos para desatar un movimiento contra el gobierno cubano, revela una investigación de la agencia informativa AP.

Una investigación realizada por la agencia estadounidense The Associated Press (AP) revela que a través del movimiento musical hip-hop la agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) infiltró un proyecto para desestabilizar a Cuba.

De acuerdo a la publicación, la USAID contrató a un grupo de cantantes de rap para intentar crear un grupo contra el gobierno cubano. Este plan se ejecutó por más de dos años y usaba a los músicos para construir una red de jóvenes en busca de "un cambio social" dentro de la isla.

¿Por qué con hip-hop?

El programa de hip-hop de USAID se inspiró en los conciertos de protesta de estudiantes serbios que ayudaron a derrocar al presidente Slobodan Milosevic en 2000. Serbios involucrados en ese esfuerzo guiaron el programa cubano de hip-hop.

Los planes contemplaban reclutar a decenas de músicos cubanos para avivar un falso movimiento "artístico" que desafiara al gobierno de La Habana.

El sitio digital Huffington Post publica este jueves una cronología de las acciones encubiertas de la USAID en Cuba, que detalla las actividades del "promotor musical" serbio Rajko Bozic, quien llegó a Cuba con instrucciones de incorporar a su plan a raperos cubanos, entre ellos el dúo Los Aldeanos, y poner en marcha un movimiento juvenil opositor.

Asimismo señalan como la empresa Creative Associates International, con sede en Washington, planeó en Costa Rica cómo aprovechar el Concierto por la Paz que el cantautor colombiano Juanes organizaba en La Habana, para impulsar a Los Aldeanos y su discurso contestatario.

“Coincidentemente, el 3 de diciembre de 2009, el subcontratista de USAID, el ciudadano estadounidense Alan Gross, es detenido en el aeropuerto de La Habana por introducir ilegalmente a Cuba teléfonos satelitales y equipos de computación sin tener los permisos necesarios”, indica la investigación.

“Creative Associates usó una compañía de fachada en Panamá para ocultar los envíos de dinero”

La operación secreta de penetración del movimiento de hip-hop transcurrió simultáneamente con otros dos programas patrocinados por la USAID: el lanzamiento de un sistema secreto de "twitter cubano", conocido como Zunzuneo, y un programa que envió a jóvenes latinoamericanos para provocar la desestabilización de la juventud cubana a través del descontento y la crítica a las gestión gubernamental.
AP demuestra con contratos, correos electrónicos, conversaciones en chats, presupuestos, informes, fotografías y pasaportes cómo Creative Associates International y la USAID, pagaron millones de dólares para socavar al gobierno de Cuba.

CIA, un “retrato de depravación difícil de digerir”

NY Times

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PL – El informe sobre torturas de la CIA en ultramar, presentado ante el Senado estadounidense, constituye un “retrato de depravación difícil de comprender y aun más difícil de digerir”, afirmó hoy un editorial de The New York Times.
La enfática reacción del diario se produce aun cuando sus editorialistas reconocen en la misma página que ya “el mundo conoce hace tiempo que el gobierno de Estados Unidos detuvo ilegalmente y torturó prisioneros tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, y que -además- mintió sobre sobre ello al Congreso”.
Y eso que lo presentado este martes por la demócrata Dianne Feinstein -presidenta del Comité de Inteligencia del Senado (CIS)- fue apenas un resumen de 480 páginas de una investigación secreta que acumula seis mil 300 cuartillas y unas 35 mil notas al pie.

De cualquier manera, se ofrecen detalles sobre ahogamientos simulados (waterboarding), ataques sexuales y otras acciones dirigidas a obtener información, las cuales -según el texto- resultaron inefectivas y muy mal implementadas.
Lo expuesto allí es “difícil de digerir”, aunque The New York Times (NYT) apunta que el sumario de Feinstein fue saneado antes por la propia CIA (Agencia Central de Inteligencia).
El rotativo hace notar que dicho informe plantea una vez más, con fuerza renovada, la pregunta de por qué nadie ha rendido cuentas por esos crímenes: ni los altos oficiales que imparten las órdenes, ni quienes ejecutan las torturas, ni aquellos que los encubren, destruyendo los vídeos de los abusos y tratando de bloquear las pesquisas del CIS.
Lo que ocurrió y ahora sale la luz pública -el comportamiento de carceleros e interrogadores secretos- parece haber sido peor que “los horrores que el mundo vio en la prisión de Abu Ghraib, en Iraq”, dice el editorial.
De hecho, el reporte asegura -y NYT se hace eco de ello- que las torturas practicadas por los interrogadores de la célebre agencia de espionaje y por contratistas privados fue “brutal y mucho peor” que lo que la CIA ha admitido en público, al Congreso, al Departamento de Justicia e incluso a la Casa Blanca.
Según el “fuertemente censurado” sumario, “en muchos casos las más agresivas técnicas fueron usadas inmediatamente, en combinación y sin parar”.
“La privación del sueño implicaba mantener a los detenidos despiertos por más de 180 horas, usualmente de pie o en posiciones de estrés, a veces con sus manos esposadas encima de sus cabezas”, reza el rosario de horrores hecho público por el comité senatorial.
Sostiene el informe que algunos detenidos fueron sujetos a lo que NYT describe como “procedimientos pseudomédicos de pesadilla”, por ejemplo: “alimentación rectal”.
El periódico neoyorquino señala que tales revelaciones “sirven como recordatorio de cuán horrible decisión tomó el presidente (Barack) Obama al inicio de su administración al cerrar los libros sobre este capítulo de nuestra historia, aun cuando él repudió el uso de la tortura”
Los oficiales que destruyeron los vídeos sobre los ahogamientos simulados quedaron impunes y todos los intentos por llevar estos actos a una corte fueron bloqueados alegando secreto nacional, rememora NYT, que parece no esperar demasiado de la justicia estadounidense.
“Es difícil de creer que algo se hará ahora”, opina el diario.
Ocurre que los republicanos -que pronto dominarán el Senado y tendrán mayoría en el Comité de Inteligencia- atacaron el informe como si “reportar la tortura y no la tortura en sí misma fuera malo para el país”.

ONU exige llevar ante los tribunales a los torturadores de la CIA

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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) exige llevar ante los tribunales a los responsables de las prácticas de tortura de la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (CIA, por sus siglas en inglés), hechas públicas este martes en un informe del Senado estadounidense.
“… Es hora de pasar a la acción. Los responsables de esta conspiración criminal deben ser llevados ante la Justicia con cargos proporcionales a la gravedad de sus crímenes”, urge el relator especial de Naciones Unidas contra el Terrorismo y para los Derechos Humanos, Ben Emmerson.
También ha insistido en la “obligación legal” de Estados Unidos de hacer rendir cuentas a los autores de estos crímenes, ya que este país ha suscrito la Convención contra la Tortura y contra las Desapariciones Forzosas.
El funcionario de la ONU explica que el informe divulgado por la Comisión de Inteligencia del Senado demuestra que, como sospechaba la comunidad internacional, la Administración del expresidente norteamericano George W. Bush autorizó violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
Por lo tanto, añade Emmerson, el fiscal general de EE.UU. tiene la obligación de presentar cargos penales contra todas las autoridades implicadas en las torturas de la CIA.
No obstante, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se reitera este martes en su decisión de no reanudar las investigaciones sobre el programa de interrogatorios de la CIA, archivadas por “falta de suficientes pruebas admisibles para sustanciar acusaciones”.
El informe del Senado norteamericano, hecho público hoy, verifica que los métodos de interrogatorio aplicados por la CIA, un eufemismo para referirse a la tortura, fueron “brutales y mucho peores” de lo admitido hasta ahora.

Colombia: General Alcate con la guerrilla: las imagenes de las FARC


El comandante guerrillero Pastor Alape junto con el general Alzate el domingo pasado 30 de noviembre en un corregimiento del departamento del Chocó. El general fue entregado sano y salvo a la Cruz Roja Internacional.




Foto: Delegación de Paz de las FARC-EP.

BOLETIN DE PRENSA No 7 – El general Rubén Darío Alzate, el suboficial José Rodríguez y la abogada Gloria Urrego, han sido liberados por el Bloque Iván Ríos de las FARC en el caserío de Vegaez, a orillas del río Arquía, al norte de Quibdó.

Rodeados de la población humilde de la zona, el general y sus acompañantes fueron entregados, personalmente, por el comandante Pastor Alape a una misión humanitaria integrada por representantes de Cuba y Noruega-países garantes del proceso de paz-, y del CICR. El líder insurgente viajó desde La Habana hasta las selvas del Chocó, mandatado por Timoleón Jiménez, comandante de las FARC, para garantizar una liberación pronta y sin sobresaltos de los prisioneros, misión lograda con las más altas calificaciones.

Igualmente, informamos a los colombianos que en la concreción del Acuerdo Humanitario Especial, que el 25 de noviembre pasado condujo a la liberación exitosa de los soldados profesionales, Paulo César Rivera y Jonathan Andrés Díaz, en las sabanas de Arauca, participó directa y activamente, el comandante Carlos Antonio Losada.

Mil gracias a los gobiernos de Cuba y de Noruega y al Comité Internacional de la Cruz Roja, por su abnegación humanitaria y porque su participación en las liberaciones, de alguna manera salva un proceso de paz que avanzaba en medio de la esperanza.

Ahora tendremos que rediseñar las reglas del juego, porque un proceso de paz que ha llegado al nivel donde se encuentra, y que se apresta a discutir los temas más decisivos de la paz, no puede estar sometido a ningún tipo de actitudes precipitadas e irreflexivas que aplacen el advenimiento de nuestra reconciliación.

Invitamos al Presidente Santos a que, con el corazón en la mano y la mente plena de sentido común, piense que no podemos darle más largas al absurdo de unos diálogos de paz en medio de la guerra. Es hora del cese bilateral del fuego, del armisticio, para que ningún suceso bélico en los campos de combate sirva para justificar la interrupción de una tarea tan hermosa y tan histórica, como es la de acordar la paz para una nación que anhela ese destino. Zafémonos de la incoherencia de hablar de reconciliación y de reconocimiento de las víctimas, sin apagar el fuego de los fusiles y sin detener las políticas económicas neoliberales generadoras de miseria, que atizan la guerra y la victimización de un pueblo al que le ha llegado la hora de la justicia.

DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP


El general Rubén Darío Alzate en compañía de la abogada Gloria Urrego, la delegación de las FARC y representantes de los países garantes Cuba y Noruega.




La abogada Gloria Urrego caminando en el sector de Quibdó, en compañía del secretariado de las FARC y el general Alzate. Foto: Delegación de Paz de las FARC-EP.




El general Alzate saludando a un integrante de la Cruz Roja Internacional. Foto: Delegación de Paz de las FARC-EP.

La venas siguen abiertas

Descubren vuelos secretos de tráfico de oro desde Bolivia hacia Miami

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ojo-publico.com – Eran los primeros días del verano pasado cuando la noticia se propagó desde la zona de carga del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima. Los aduaneros habían revisado los manifiestos de las aerolíneas que aterrizaban en la capital y observaron un material poco frecuente en los cargamentos de los vuelos procedentes de Bolivia. Pese a todo, los casos se mantuvieron en secreto hasta que los efectivos descubrieron el contenido de la mercadería en calidad de transbordo: kilos de oro en barras. Tras la sorpresa inicial, la información fue remitida confidencialmente a la sede de Aduanas en el Callao y su oficina de inteligencia empezó a analizar las cifras de exportaciones de metal entre Lima y La Paz en los últimos años.
Fue entonces que las alarmas se encendieron.
La etapa final de una investigación periodística –iniciada el 2012 para descubrir la cadena de extracción, comercialización y exportación de oro ilegal peruano a Estados Unidos, Europa y Asia- descubre hoy el ‘puente aéreo’ creado por exportadoras de Bolivia para transportar toneladas de metal de origen sospechoso al nuevo destino comercial del metal sudamericano: las refinerías de Miami. El oro, ingresado como contrabando y acopiado por las compañías de La Paz, fue extraído de los centros de la minería ilegal de Madre de Dios, Puno y otras regiones del sur en los últimos meses.
OjoPúblico estableció que un grupo de aerolíneas provenientes de Bolivia ingresó un cargamento de 35 toneladas de oro, en barras de presunto origen ilícito, por el aeropuerto Jorge Chávez. Los informes aduaneros del caso confirman que estos envíos –valorizados en cientos de millones de dólares en el mercado internacional– arribaron como transbordo oficial dentro de las decenas de vuelos comerciales que partieron desde el terminal aéreo de El Alto (La Paz).
La historia secreta de estos vuelos empezó en febrero del 2014 cuando los agentes que operan en el Jorge Chávez, acostumbrados a detectar el ingreso clandestino de cocaína o de millones de dólares en efectivo, centraron su atención en la trayectoria de las aerolíneas bolivianas que aterrizaban en Lima. Al efectuar las revisiones de rutina, los efectivos descubrieron decenas de barras de oro en sacos de yute y cajas de cartón y plástico consignados en los documentos de bodega de los vuelos que llegaban desde el principal aeropuerto de Bolivia.
Entre el 2011 y el 2013 apenas habían registrado una tonelada de metal procedente de ese país, de paso por Lima. Sin embargo, entre febrero y octubre de este año, contabilizaron la cifra récord de 35 toneladas de oro ingresadas de esta forma al Perú, un volumen equivalente a la producción de Bolivia en los últimos cuatro años. Solo en julio los vuelos alcanzaron el pico con 5,2 toneladas en barras. Pese a las sospechas que despertaba la carga, los agentes no pudieron intervenirla porque las mercancías en régimen de transbordo no están sujetas a reconocimiento físico.
COMPAÑÍAS FANTASMAS
¿Pero quiénes estaban detrás de estos envíos? OjoPúblico ha identificado al grupo de 21 compañías bolivianas dueñas de las 35 toneladas de oro enviadas a Lima. Las exportadoras con sede en La Paz que encabezan esta lista de perfil de riesgo son: Royal Gold (envió 6,8 toneladas en calidad de transbordo), Sthepany Ribera Herrera (5,9 toneladas), Auribol (3.8 toneladas), Yellow Tree (2,6 toneladas), Ronal Saavedra Orosco (1.8 toneladas), Orbol (1.5), Doral Manufactur Import Expor (1,3 toneladas) y BRG Export Import (1 tonelada), entre otras. Los nombres propios de esta lista corresponden a la forma en que dichas empresas han sido registradas.
Estos millonarios cargamentos, luego de su escala en Lima,  fueron despachados a las refinerías estadounidenses Atomic Gold Inc, Republic Metals Corporation, World Precious Metals, NTR Metals y Kaloti Metals & Logistics. Las operaciones de algunas de estas compañías están en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Sunat y además figuran en los expedientes de la Procuraduría de Lavado de Dinero por sus negocios con los comercializadores de metal ilegal de Madre de Dios y Puno.
Las autoridades de La Paz –según información entregada a Aduanas de Lima- iniciaron investigaciones contra casi todas las exportadoras bolivianas por defraudación tributaria y por no pagar las regalías correspondientes por la extracción de oro. Las pesquisas también surgieron porque varias de estas firmas habían declarado datos falsos al servicio de comercialización minera de dicho país.
Algunas de ellas, por ejemplo, habían sido inscritas en los registros tributarios como empresas de venta y reparación de autos. Además, son consideradas compañías fantasmas por declarar direcciones inexactas y porque de la noche a la mañana pasaron a exportar toneladas de metal pese a haber sido creadas por personas naturales sin vínculo conocido con el negocio aurífero.
En la lista de compañías que han realizado estos transbordos en Lima también figura una de las principales joyerías industriales de Bolivia y de Sudamérica, Exportadores Bolivianos (Exbol), que en los últimos tres años multiplicó sus envíos a Estados Unidos. Este es un caso especial ya que Exbol despachó solo este año más de 6 toneladas de oro. Sin embargo, ellos no enviaron barras de metal, como ocurre con el resto de empresas sospechosas, sino joyas de oro. Aduanas de Sunat ya solicitó información a su par boliviana para establecer la procedencia exacta del metal en poder de estas exportadoras.
La historia inédita del ‘puente aéreo’ del oro fue reportado en los últimos meses al departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, a la Agencia Antidrogas de dicho país (DEA) y a la Aduana Nacional de Bolivia. El llamado Homeland Security norteamericano ya había mostrado gran interés en las visitas a Lima de los directores de las mayores refinerías de Miami: Awni Kaloti, director de Kaloti Metals & Logistics, y Samer Barrage, vicepresidente de ventas para Latinoamérica y el Caribe de NTR Metals. Ambos llegaron a inicios de este año para recuperar el oro intervenido por Aduanas a un grupo de exportadoras limeñas que no lograron justificar la procedencia legal del metal, pero a las que les habían pagado por adelantado.
La DEA –que sigue la pista de la cocaína que recogen avionetas bolivianas en la selva peruana- se ha mostrado interesada en identificar a los acopiadores de La Paz que vienen pagando millonarias sumas de dinero en efectivo por el oro extraído en la Amazonía, el altiplano y la costa. OjoPúblico, con el objetivo de confirmar esta ruta, analizó los reportes migratorios de los nacionales detenidos en los últimos dos años mientras transportaban dinero clandestino por los aeropuertos de Lima, Juliaca y Puerto Maldonado y halló que casi todos -dueños de concesiones mineras o acopiadores de metal- se desplazan frecuentemente a Bolivia ya sea por la frontera terrestre o por vía aérea.
CONEXIÓN EN LA PAZ
El origen de esta versión aurífera del ‘puente aéreo’ de la cocaína entre Perú y Bolivia se remonta a febrero pasado, poco después de que agentes aduaneros ejecutaran una operación sin precedentes en la empresa Talma del Callao para incautar una tonelada de oro. Esta valiosa carga iba a ser enviada a Estados Unidos y Europa por un grupo de compañías de fachada vinculadas a acopiadores de la minería ilegal. Las autoridades estiman que luego de este decomiso y de los juicios por lavado de dinero que se originaron en Lima, los comercializadores nacionales de metal sospechoso empezaron a desviar sus cargamentos a Bolivia.
Aquella confiscación aduanera remeció el mercado internacional del metal en Sudamérica. Inteligencia policial estableció meses después que el oro extraído del sur del Perú empezó a salir como contrabando por la frontera de Puno (Desaguadero y Tilali, cerca del lago Titicaca, y la localidad minera de La Rinconada y Suches) y Madre de Dios (en la ruta que lleva a la ciudad de Cobija, en la Amazonía boliviana). En un primer tramo era transportado por vía terrestre hasta la capital de ese país, y luego exportado por vía aérea hasta Miami. Al mismo tiempo se detectó un intenso tráfico de dinero en efectivo en La Paz a cargo de comercializadores de oro llegados de Cusco, Juliaca y Puerto Maldonado.
El desvío del metal a Bolivia coincidió con el fin de la época de bonanza de las compañías fantasmas creadas en Lima hasta el 2013 para enviar oro a refinerías de Suiza, Estados Unidos, Italia, India y Emiratos Árabes Unidos. OjoPúblicoconfirmó que actualmente hay 22 exportadoras investigadas por lavado de activos de la minería ilegal que repentinamente han desaparecido del mapa. En la mayoría de casos se ha detectado que los propietarios de estas compañías solo eran testaferros de ejecutivos extranjeros, abogados de compañías registradas en paraísos fiscales o representantes de refinerías estadounidenses en proceso de identificación.
La misma suerte han corrido Universal Metal Trading, que tenía como directivo a un ex alto funcionario del Ministerio de Energía y Minas del Perú; E&M Company, gerenciada por el contador de la otrora mayor productora de oro de Huepetuhe, Gregoria Casas; AS Perú, Oro Fino, Los Poderosos y Royal Gold, investigadas por sus millonarias operaciones en Madre de Dios; Minerales Rivero y Minerals Gold MPP, allegadas al polémico empresario Peter Ferrari y asesoradas en su momento por la mafia de Rodolfo Orellana; y el grupo Darsahn, Axbridge Gold y Oxford Gold, relacionadas a un paraíso fiscal del Reino Unido en el Caribe, entre otras.
Todas ellas controlaron el mercado peruano de exportación de oro sospechoso en el último lustro. Hoy el dominio parece estar en manos de las compañías de La Paz gracias al ‘puente aéreo’ con la refinerías de Estados Unidos. Las 35 toneladas de oro enviadas este año a través de Lima representan nada menos que 37 mil veces la cantidad que siguió esta misma ruta en el 2013. También equivalen a cinco veces la exportación de este metal de Bolivia al año y la tercera parte de la producción total de Brasil. “Hemos inundado de oro La Paz”, dice un alto funcionario de la Sunat. “Casi literalmente”.
eju.tv

Serpaj presentó el informe “Derechos Humanos en el Uruguay”

EL ESTADO (PUNITIVO) DE LA CUESTIÓN


10.12.2014

MONTEVIDEO (Uypress) — El Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) presentó este miércoles 10 su informe “Derechos Humanos en el Uruguay” que abarca el período 2013-2014. Sus integrantes destacaron avances y retrocesos en estos diez años de gobierno progresista y enfatizaron la necesidad de “consolidar la agenda de derechos”.

Como cada año -con excepción de 2013-, Serpaj presentó su informe sobre la situación de los derechos humanos en Uruguay, en coincidencia con el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Este volumen (N°25) cuenta con fotografías del colectivo RebelArte y está compuesto por dos grandes capítulos: Derechos civiles y políticos y Derechos económicos, sociales y culturales, sumado a un Anexo Legislativo. El primero está dividido, a su vez, por los ítems: Memoria y lucha contra la impunidad; Institucionalidad del Estado; Seguridad y sistema carcelario.
La presentación estuvo a cargo de Mauro Tomasini y Madelón Aguerre, de Serpaj; la periodista Carolina Porley y la militante feminista Lilián Abracinskas.
Ésta última remarcó que en los últimos diez años "se ha reconocido 'algo' en materia de derechos sexuales y reproductivos" y puntualizó como hechos emblemáticos la Ley de Salud Sexual y reproductiva -"más conocida como aquella que vetó Tabaré Vázquez", ironizó-, la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y el reconocimiento de derechos para las personas con diversidad sexual, en especial de las trans, de quienes recalcó: "Por fin les reconocen que tienen más necesidades en salud que simplemente el control de que no contagien infecciones de transmisión sexual".
A pesar de estos avances, Abrascinskas subrayó que todavía hay "debes", en la medida en que "se siga aprobando legislación que tutela a las mujeres sobre sus decisiones reproductivas" y por ello consideró que "la democracia sigue estando en deuda con los derechos de las mujeres". Por último, instó "a no bajar los brazos" pues faltan "atender las causas que generan la desigualdad social"; así como incorporar la figura defeminicidio a la legislación, además de abordar resoluciones no violentas de conflictos entre varones y mujeres, que producen decenas de muertes de quienes conforman el 52% de la población uruguaya.

Profundización del estado punitivo

Por su parte, Mauro Tomasini presentó el capítulo del informe que aborda la seguridad ciudadana y el sistema carcelario, con un fuerte énfasis en destacar que, si bien en las últimas elecciones nacionales se votó contra la reforma constitucional que pretendía bajar la edad de imputabilidad, esa propuesta es una "variación del castigo" que, sin embargo, se da en otras acciones estatales como "las torturas en el Sirpa, o las 23 horas de encierro [en hogares del INAU], la ley de procedimientos policiales, la internación compulsiva".
"Al decir 'No a la Baja' la sociedad uruguaya dijo 'hastá acá; así no se puede seguir'", consideró Tomasini quien resaltó la postura del Serpaj y otras organizaciones sociales que han salido a manifestar su intolerancia ante hechos de "tortura en democracia" y exhortó a los distintos organismos y a la ciudadanía a "denunciar el dolor y la violencia". "Si no denunciamos las torturas del presente, no podemos analizar el pasado reciente del país", expresó y advirtió sobre la construcción de un "consenso coercitivo" a nivel social que habilita que malos tratos hayan sido posibles en el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente.
En este sentido, el integrante de Serpaj cuestionó que la cárcel siga siendo una "respuesta imaginaria" para "tapar los problemas sociales" y funcione como "respuesta al delito" por parte del Estado, teniendo en cuenta que en los últimos 40 años la población privada de libertad creció un 700% y que, "de sostenerse la política criminal actual", esta población seguirá creciendo a razón de 1.7 personas por día.
Este y otros datos figuran en el capítulo "La tergiversación de la seguridad y la profundización del estado punitivo" del informe, donde Gianni Di Palma y Ana Juanche destacan que en las últimas décadas se registró "un sensible aumento de la utilización del sistema penal" en Uruguay.
Allí señalan que "los diversos sectores políticos desarrollan una retórica dominada por los conceptos de inseguridad, violencia y criminalidad, que los medios recogen y amplifican, retroalimentando así la sensación social del miedo al delito. Esta ecuación deriva en respuestas que convierten problemas de orden social, en sobreactuación policial y prácticas judiciales de uso exacerbado de la privación de libertad. Se trata pues, del más puro pragmatismo penal orientado a medidas 'efectivas' y 'tranquilizadoras' que operan en el plano simbólico más que en el núcleo duro del fenómeno, constituido por un conjunto de conflictos sociales no dirimidos y de naturaleza compleja".

"Inmoral" y "obsceno"

Estos dos adjetivos usó Madelón Aguerre para adjetivar los avances (o la falta de éstos) en las causas que investigan violaciones a los derechos humanos en el país. Consideró que desde el actual gobierno hay un "deseo explícito de no querer abordar estas causas" y señaló que, tanto el presidente José Mujica como el ministro Eleuterio Fernández Huidobro "han tomado esto como una resolución personal, bajo una lógica marcial, lo que resulta inmoral y obsceno".
Indicó que, de la mano del trabajo del Observatorio Luz Ibarburu, puede comprobarse una "impunidad fáctica" y destacó que "si no revisamos el pasado, no vamos a poder construir ningún futuro sólido".
"Uruguay se merece una historia oficial acorde a lo que pasó" y "haber nombrado a Huidobro como ministro de Defensa fue avalar el silencio", sentenció Aguerre. "La impunidad no es sólo lo que hicimos, sino lo que no queremos hacer sobre lo que ocurrió", concluyó.

Todos a las aulas

Para cerrar, Carolina Porley señaló que en referencia a las políticas educativas que se vienen deberían establecerse prioridades y políticas que incluyan la participación de todos los actores sociales, a través de medidas como un Plan Nacional de Educación "a largo plazo".
Además, advirtió sobre los diagnósticos cercenados que se efectúan sobre las problemáticas en la ANEP; así como la necesidad de que se valore el encuentro de distintos sectores sociales en la educación pública, en lugar de reforzar la selectividad, propia de la educación privada.