Griesa avala reclamo de los "me too" por u$s 5.200 millones

El juez de Nueva York, Thomas Griesa, falló a favor del pedido de los bonistas que no entraron al canje, conocidos como "me too", y les permitió ser incluidos en el litigio que enfrenta Argentina con los fondos buitre.

La decisión de Griesa dio vía libre a las "36 acciones" adicionales que se presentaron en la audiencia pública celebrada el pasado viernes en su juzgado, al considerar que "han satisfecho" lo requerido para obtener la aceptación a su pedido de ser sumadas a la causa bajo el mandato de la cláusula "pari passu".

La suma de los reclamos ascendería a 5.200 millones de dólares, según detalló en dicha audiencia el abogado defensor de Argentina, Carmine Boccuzzi.

El letrado del fondo buitre NML, Robert Cohen, quien actuó allí en representación de todos los demandantes, dijo que estas acciones condensan a más de 500 inversores con título en default.

Este nuevo fallo traza una cifra definitiva al reclamo judicial de los buitres contra la Argentina. En Gobierno esperaban una decisión de este tipo, que va en sintonía con las anteriores tomadas por el magistrado. 

En tanto, a través de un comunicado, el Ministerio de Economía consideró que con este nuevo fallo, "Griesa avala la nueva extorsión buitre bajo el disfraz de los "me too"" y confirmó que apelará la decisión.

"El juez Griesa dictó otra lamentable sentencia en favor de los acreedores holdout, que se sumaron al reclamo original de los fondos buitre, pidiendo el dictado de una nueva sentencia pari passu a su favor", afirmó la cartera que dirige Kicillof.

Desde el ministerio, explicaron que "estos demandantes, denominados "me too", buscan obtener la misma orden pari passu que obtuvieron NML y otros fondos buitre en la corte del Juez Griesa con anterioridad. Sin embargo, la mayoría de estos "me too" no son nuevos litigantes. Tal como lo anticipó la República Argentina, estos demandantes son los mismos fondos buitre que ya obtuvieron una orden similar en el pasado, pero que ahora se disfrazan en nuevas causas como "me too", con el objetivo de generar más presión y la pretensión de multiplicar la estratosférica ganancia que les ofrece el Juez Griesa".

Además, consideraron que "con esta sentencia queda demostrado una vez más que Griesa comprende poco del caso en cuestión; que las medidas pari passu, como tantas veces lo advirtió la Argentina, no sólo no son la solución al conflicto, sino que incluso la agravan, ya que le otorgan mayor poder extorsivo para que los fondos buitre intentan emplear contra la República. Lejos de ayudar, esta nueva aberración jurídica, hace imposible, que en la práctica, se llegue una verdadera solución al conflicto".

El pasado 29 de mayo, Griesa había evitado tomar una decisión sobre el pedido formulado por los "me too" para ser considerados dentro de la causa que Argentina enfrenta con los fondos buitre, y llamó a todas las partes en conflicto a sentarse a negociar con el mediador designado, Daniel Pollack, para alcanzar un acuerdo.

Días atrás, en una entrevista con Ámbito Financiero, el ministro Axel Kicillof aseguraba que lo "reconfortaba saber que se va cumpliendo paso a paso lo que había planteado la Argentina en 2014, con referentes locales e internacionales que trataban de generar un clima de presión en que la Argentina no tenía otra posibilidad que pagar". 

El titular de la cartera económica explicó: "La primera premisa: la Argentina no está en esa situación porque no negocia o no paga. Al contrario, la Argentina negoció con el 93% de los bonistas. La condición para ser buitre es que quede muy poquito sin resolver. Segunda premisa: decían que con u$s 1.600 millones se arreglaba este problema. Pasaron por alto que era exactamente lo que decía la Argentina: los "me too". No eran 1.600 millones el problema, era de 23.000 millones los que iban a venir a reclamar los demás si se le pagaba a Singer. Tercer punto: tema Pollack. Griesa decía, es tan fácil arreglar esto que vayan y negocien. Forzó una situación en la que tuve que sentarme con Pollack y los representantes de los buitres donde quedó claro que los que no querían negociar eran ellos. Piden una enormidad en base a sentencias, no a cuestiones económicas y financieras. Pregunté: ¿Por qué estoy negociando sólo con estas personas y no con todos los que tienen bonos de aquel default del Gobierno de la Alianza? No se puede pagarle a uno porque tendremos millones de buitres. A las pruebas me remito: están en el juzgado de Griesa los "me too", que vienen a reclamar lo mismo que Singer. En la cola está de nuevo Singer". 

A su vez, afirmó que la estrategia oficial de negociar con todos los holdouts juntos al mismo tiempo "es un punto que le da fortaleza a la posición argentina. Si uno tiene 100 personas reclamando lo mismo, no se puede negociar con el más malo de todos, porque ese acuerdo, si llega a salir, es proyectar el peor de los escenarios a todos los demás".

"Hay muy pocos que están reclamando algo tan absurdo como lo que reclama Singer con el concurso de Griesa. El que prohíbe esto es el propio Griesa, es el principal obstáculo para resolver ese puchito del 7% No hace más que hacer eco de la estrategia de Singer", agregó

ZELMAR MICHELINI (H) HABLO DE LA DESAPARICION DE SU PADRE, EN UN TRIBUNAL ITALIANO

Testigo del Cóndor en Roma

En el juicio contra militares y civiles latinoamericanos, Michelini habló de su padre y de cómo fue secuestrado y asesinado, estando él mismo en la habitación del hotel Liberty de Buenos Aires cuando los militares llegaron y se lo llevaron.

 Por Elena Llorente

Desde Roma

“Es importante para mí haber venido a Roma para este juicio. También mi padre vino a la capital italiana en 1974 para declarar ante el Tribunal Russell, que se ocupó de la situación en América latina. En esa ocasión él expuso el caso de Uruguay que había sufrido el golpe de Estado pocos meses antes. El discurso fue muy elogiado y tuvo mucho impacto. Fue la primera gran denuncia por el caso uruguayo que hasta ese momento había sido opacado por lo que ocurría en Chile”, contó el periodista uruguayo Zelmar Michelini a Página/12, luego de haber sido interrogado ayer como testigo en el juicio contra militares y civiles latinoamericanos implicados en el plan de eliminación de opositores políticos conocido como Cóndor.

Michelini es hijo del reconocido periodista y político del mismo nombre, fundador del Frente Amplio de Uruguay y que fuera asesinado en Buenos Aires en 1974. Ayer Michelini hijo fue interrogado durante dos horas y media por los jueces y fiscales de Roma. En la sala del tribunal de la cárcel de Rebbibia, donde se está llevando a cabo el proceso aunque el caso de su padre no está incluido en este juicio, Michelini habló largamente de su padre y de cómo fue secuestrado y asesinado, estando él mismo en la habitación del hotel Liberty de Buenos Aires cuando los militares llegaron y se lo llevaron. En realidad Michelini aparece como testigo por el caso de Daniel Banfi, otro uruguayo sobre cuya desaparición su padre investigó. “Los fiscales me pidieron que hablara de mi llegada a Buenos Aires en 1974 y de la situación de mi padre. Me preguntaron detalladamente sobre la responsabilidad de las autoridades uruguayas, sobre el Consena, el Consejo de Seguridad Nacional y sobre la responsabilidad de Juan Carlos Blanco, ministro de Relaciones Exteriores durante los militares”, explicó. También habló de Jorge Néstor Troccoli, exponente de la marina uruguaya que actualmente vive en Italia con ciudadanía italiana.

Entre todos los acusados en la causa Banfi, Blanco es uno de los pocos que quedan con vida. Está preso en Uruguay, condenado a 20 años por el caso de la maestra Elena Quintero. Fue condenado también a 31 años por el golpe de Estado y está a la espera de la condena definitiva por el caso Michelini. Son 16 los militares y civiles procesados en este proceso Cóndor.

“Yo tenía 18 años y viví con mi padre en el hotel Liberty, en una pieza chiquita con dos camas. Tres de mis hermanas y sus esposos ya vivían en Buenos Aires, pero en sus casas –dijo además–. La primera cosa que mi padre me dijo cuando llegué a Buenos Aires fue la de tener cuidado porque había policía por todos lados. A veces hasta se instalaban policías dentro del hotel. En otras ocasiones salíamos y veíamos que nos seguían. Yo estaba con él el día que llegaron los militares al hotel y se lo llevaron. Con uno de mis hermanos fuimos a hacer una denuncia en Uruguay, pero los militares no quisieron aceptarla aduciendo que ellos no tenían nada que ver.”

Junto a Zelmar Michelini, que es un reconocido periodista de la Agencia France Presse y vive en París, fueron interrogados en estos días otros testigos uruguayos, entre ellos Aurora Meloni, viuda del desaparecido Daniel Banfi que, en septiembre de 1974, junto a otros cuatro compatriotas, fue secuestrado en Buenos Aires y apareció asesinado en Montevideo. “El clima se había complicado en Buenos Aires después de la muerte de Perón el 1º de julio de 1974. Cuando secuestraron a Banfi, Aurora Meloni le pide ayuda a mi padre. Y mi padre le dice y me confirma que Campos Hermida, un policía uruguayo que estaba operando en Buenos Aires, está detrás del asesinato de Banfi. Yo a Banfi no lo conocía, pero mi padre conocía a parte de su familia. Por esta razón soy testigo en este juicio”, añadió.

–¿Por qué el caso de su padre no fue incluido en este proceso Cóndor?

–Mi padre no tenía nacionalidad italiana ni era de origen italiano porque mis antepasados eran originarios de Trento, que si bien ahora es italiana, cuando nació mi tatarabuelo pertenecía al imperio austríaco.

–¿Cuáles son sus expectativas sobre este proceso?

–Este juicio me parece muy importante porque la instrucción fue muy larga (desde 1999), pero permitió un gran acopio de materiales. Lo importante es: cuanto más se juzguen y se condenen los delitos de lesa humanidad, tanto mejor.

–¿Cree que habrá justicia?

–Hace unos cuantos años que estamos pidiendo justicia. Pero yo soy optimista. La parte punitiva de los juicios que hacemos, puede quedar un poco en la nada porque dentro de algunos años al 80 u 85 por ciento de los justiciables se lo habrá llevado el tiempo. Pero más allá de lo punitivo están los principios, la reivindicación histórica y que quede, por ejemplo en la jurisprudencia uruguaya, que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, ya que en Uruguay se argumenta que la desaparición forzada no es un delito de lesa humanidad porque Uruguay reconoció los delitos de lesa humanidad recién en 1995. Por ejemplo, cuando los nazis fueron juzgados en Nuremberg, lo fueron en base a una figura jurídica que no existía cuando ellos cometieron los crímenes. Pero los crímenes eran tan monstruosos que se aceptó juzgarlos de esa manera.

En este juicio por el Plan Cóndor –que costó la vida a miles de personas– son juzgados desde el 12 de febrero militares y civiles de Chile, Perú, Bolivia, 16 de ellos de Uruguay, acusados de la desaparición de 23 ciudadanos de origen italiano en Argentina, Paraguay y Brasil.

La globalización como delito

 ARGENTINA

La comisión bicameral del Congreso que investiga la fuga de divisas, a partir de las revelaciones del caso HSBC, busca encontrar las claves sistémicas del mecanismo de evasión, para poder legislar en favor de una regulación más eficiente.

 Por Raúl Dellatorre

En paralelo a ese trabajo parlamentario a nivel local, saltó a escala mundial el escándalo de los sobornos en la Federación Internacional de Fútbol (FIFA). Hay un vínculo estrecho entre ambos hechos, aunque a simple vista no aparezca, porque en la prensa argentina tuvo gran trascendencia el listado de nombres de dirigentes acusados, investigados y hasta de los sospechados. Pero poco o nada se ha dicho de los bancos involucrados, que posibilitaron las millonarias transferencias de divisas que constituyen el cuerpo del delito. En el texto de la acusación presentada por la fiscalía de Estados Unidos, a cargo de Loretta Lynch, aparecen mencionados más de una docena de bancos que intervinieron facilitando las maniobras de soborno. Entre ellos, los primeros rankeados en el sistema bancario estadounidense: JP Morgan Chase, Citigroup, Bank of America, Barclays y, una vez más, HSBC.

El dato no fue pasado por alto por la AFIP, que solicitó a la Justicia norteamericana información sobre los movimientos de dinero en ese banco de los empresarios argentinos involucrados (Alejandro Burzaco, Hugo y Mariano Jinkis). Pero el nexo entre el megaescándalo FIFA y lo que se investiga en Argentina a nivel parlamentario tiene otro aspecto mucho más relevante. Y es que abre el interrogante sobre si estas conductas delictivas por parte de los bancos son desvíos de su actividad normal o, en cambio, han pasado a ser parte constitutiva de su actividad normal y, particularmente, una de las más rentables.

Estados Unidos, con una tradición bancaria mucho más afiatada que Argentina, cuenta con una legislación que los más críticos califican de absolutamente permisiva con los bancos, y los más moderados tildarían de laxa. De hecho, la ruidosa acusación y pedido de captura para 12 dirigentes y empresarios del fútbol que agitó el Departamento de Justicia de Estados Unidos no le imputa delito alguno a los bancos que transfirieron más de 150 millones de dólares en coimas, sin siquiera informar a los organismos reguladores sobre “operaciones sospechosas”. Kelly T. Curie, fiscal del Distrito Este de Nueva York, actuante en el caso, manifestó ante la consulta: “Parte de nuestra investigación se dirige a la conducta de las instituciones financieras, y a analizar si acaso éstas conocían el hecho de que estaban ayudando a lavar el pago de estos sobornos”, según publicaron medios estadounidenses. Demasiada candidez como para creerle.

Otros medios se preguntaban sobre si la fiscal Loretta Lynch, que conmovió al mundo económico y deportivo cuando hizo pública la acusación y pedidos de captura, mantendría la misma firmeza frente a banqueros que aparecieran involucrados. Quien respondió a la pregunta fue el economista y periodista estadounidense James Henry, coordinador regional además de la Red por la Justicia Fiscal (Tax Justice Network, TJN), quien recordó que Lynch estuvo involucrada en el acuerdo alcanzado entre las autoridades de Estados Unidos y el HSBC en 2012, cuando el banco reconoció su culpa y canceló con una millonaria multa el pecado de haber lavado durante años, a través de su filial en México, las fortunas de los carteles de la droga de ese país. En opinión de Henry, aquello fue “una cachetada” a las aspiraciones de justicia, ante lo cual descree que la actual fiscal estrella vaya a tener una actitud que no sea “acomodaticia” frente a los bancos.

Una investigación citada por el propio Henry, que fuera realizada para TJN, reseña los delitos corporativos cometidos por los 22 principales bancos del mundo entre 1998 y 2015 que merecieran alguna sanción. Computa en ese estudio 255 hechos sancionados por 14 tipos distintos de delito. Algunos, resonantes, como los recientes acuerdos de manipulación de la Libor (tasa interbancaria de Londres, tomada como referencia para ajustes de contratos), o de cotización de monedas en los mercados de cambios. Otros, vinculados a lavado de dinero, sobornos, fraudes hipotecarios, etc. Por esos 255 hechos, los 22 grandes bancos recibieron 650 multas, un promedio de casi 30 por cada institución en 17 años. Y debieron pagar un monto global de 246 mil millones de dólares (una media de más de 11 mil millones de dólares por entidad). Las cifras parecen fabulosas y, sin embargo, los bancos no cambiaron su conducta.

La legislación norteamericana permite que quien comete un delito económico, si reconoce su culpa, puede acceder a acordar el monto de una multa a pagar y extingue la causa penal. Es decir, nadie va preso. pero tampoco pierde otros derechos. Los mayores bancos del país, ya mencionados, han admitido su culpa en múltiples delitos económicos, inclusive la cartelización en el mercado de cambios o financieros con millonarios perjuicios para el resto de la economía. Por la manipulación de la Libor aceptaron pagar 5890 millones de dólares. De ese total, al JP Morgan le correspondieron 900 millones. ¿Qué impacto tuvo sobre su situación económica? Puede medirse considerando que esa penalidad representó poco más del 3 por ciento de sus ingresos netos en el último año. En ese mismo período, el valor de mercado de su acción se incrementó en 20 por ciento. El CEO de la compañía no sólo no debió enfrentar ninguna causa penal, sino que seguramente vio incrementados sus honorarios por el bonus ligado a los resultados y a la valorización bursátil.

En opinión de James Henry, las conductas delictivas de estos bancos pueden practicarse durante un período de 5 o 6 años antes de salir a la luz y concluir en el reconocimiento de una multa. Para entonces, la ganancia acumulada será más que suficiente para cubrir el pago de la penalidad. “Es un tipo de delito muy rentable, no hay razón para que dejen de hacerlo”, respondió el experto en una reciente entrevista.

Justamente, JP Morgan es otro de los bancos que tiene una causa pendiente en la Justicia argentina por fuga de divisas y presunta evasión, en la que facilitó la salida de activos a más de 480 clientes. El caso se conoció porque quien tenía a su cargo la operación, se autoinculpó ante los tribunales locales en 2008. Hernán Arbizu, por entonces vicepresidente de la filial local, todavía está esperando ser citado a una declaración ampliatoria. En cambio, al comisión bicameral ya lo pudo escuchar y seguramente obtuvo información esclarecedora sobre los mecanismos de fuga de divisas a través de la banca privada.

Alguna vez, alguien mencionó que los bancos son instituciones demasiado grandes e importantes como para condenarlos, quitarles la licencia o enviar a prisión a sus principales directivos. La historia argentina no registra muchas multas millonarias a los bancos, pero la nueva legislación que se busca generar a partir del trabajo de la comisión bicameral pretende más de lo que lograron las multas en Estados Unidos: cambiar el comportamiento de los bancos. Argentina sufrió las consecuencias de la fuga durante los últimos siete años, al menos, promovida, facilitada y organizada por los propios bancos. Esa fuga provocó una escasez de divisas que obligó a retacear dólares para importación, afectando el nivel de actividad interno; atravesar un prolongado período de inestabilidad financiera que aumentó el costo de los créditos internos y se tradujo en aumentos “preventivos” de precios. Y hasta pesó como una amenaza sobre el propio sistema político. Daños demasiado grandes e importantes como para no condenarlos, para así evitar su repetición.

Comisión de la Verdad

El primer paso en la justicia con las víctimas del conflicto armado colombiano

5 junio, 2015   Colombia

Un acuerdo de verdad

Un año después de que el Gobierno y las Farc se pusieran de acuerdo en los principios que regirían la discusión del quinto punto de la agenda, referente a la satisfacción de los derechos de las víctimas, se vio humo blanco en la mesa de diálogos de paz de Cuba. Las partes concretaron la creación de “la comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición”, estrategia que constituye el primer gran acuerdo en esta materia, clave para el fin de la guerra.

El documento, de nueve páginas, se dio a conocer en uno de los salones de protocolo del Palacio de Convenciones de La Habana. La lectura la hicieron los delegados de los países garantes: Rodolfo Benítez (Cuba) y Dag Nylander (Noruega). El texto pone en claro la naturaleza, el mandato, los objetivos y los mecanismos de conformación, entre otros asuntos, de dicha comisión. El primer aspecto que debe ser resaltado es que ésta sólo empezará a ejercer una vez se firme el acuerdo final para el fin del conflicto.

“El Gobierno Nacional y las Farc hemos alcanzado un acuerdo para que se ponga en marcha, una vez firmado el Acuerdo Final, la comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, que será un mecanismo independiente e imparcial de carácter extrajudicial. La comisión hará parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que se ha de acordar en la mesa para satisfacer los derechos de las víctimas, terminar el conflicto y alcanzar la paz”, detalla el texto.

De igual forma, las partes advierten que este acuerdo por la comisión de la verdad no puede darse completamente por cerrado, pues está sujeto al resto de mecanismos que la mesa de diálogos acuerde para el fin del conflicto armado, y además, porque aún quedan algunos asuntos por precisar sobre su funcionamiento. Sin embargo, para las partes es claro que tendrá tres objetivos fundamentales.

El primero es contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido con motivo de la existencia del conflicto armado, ofreciendo una explicación amplia sobre su complejidad; el segundo es el reconocimiento, tanto de las víctimas como de las responsabilidades colectivas e individuales, de quienes tuvieron participación directa e indirecta en la confrontación; y el tercero, promover la convivencia en los territorios.

“El éxito de la comisión dependerá del compromiso de todos los sectores de la sociedad con el proceso de construcción de la verdad y del reconocimiento de responsabilidades por parte de quienes de manera directa e indirecta participaron en el conflicto. Por eso, tanto el Gobierno como las Farc se comprometen a contribuir de manera decidida al esclarecimiento de la verdad sobre todo lo ocurrido en el conflicto, incluyendo las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH”, dice el acuerdo.

De igual manera, las partes pactaron trece criterios orientadores del trabajo de la comisión, entre los que se destacan la centralidad en las víctimas, la imparcialidad, el carácter transitorio, la participación activa de la sociedad, el enfoque territorial, diferencial y de género, las garantías para los comisionados, el potencial reconciliador de la comisión, la metodología de equilibrio y contraste de información y la naturaleza extrajudicial de dicha medida.

El mandato trazado por los negociadores está discriminado en diez subpuntos que buscan que de este ejercicio se desprenda un reconocimiento cabal de lo sucedido, de los responsables y de los afectados. Por ejemplo, pretende el esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos y al DIH cometidas por los distintos actores del conflicto, poniendo especial énfasis en aquellas que han tenido un carácter masivo o sistemático.

El marco temporal que ocupará la comisión se ajustará a la duración del conflicto y podrá buscar sus orígenes y marcos en los trabajos elaborados por la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, que entregó sus textos en diciembre pasado. Entre sus funciones estará investigar lo ocurrido en la larga confrontación, crear audiencias públicas con víctimas y distintos sectores sociales, concebir actos públicos de reconocimiento de la responsabilidad y ofrecimiento de perdón, elaborar un informe final que contenga conclusiones y recomendaciones y buscar mecanismos de difusión.

Las Farc y el Gobierno acordaron que la comisión estará integrada por once miembros, seleccionados por un comité tras postulación de la ciudadanía. Dicho comité estará integrado por nueve personas, seis escogidas por las partes y tres que representarán autoridades u organizaciones acordadas por la mesa de conversaciones. El comité tendrá tres meses, a partir del cierre de las postulaciones, para elegir los integrantes, que para ello necesitarán el apoyo de las dos terceras partes.

Finalmente, se pactó que la comisión tendrá una duración de tres años, con el compromiso del Estado y las Farc de aportar a la construcción de la verdad y al reconocimiento de sus responsabilidades. Igualmente, el acuerdo incluyó la preocupación por multiplicar esfuerzos en la búsqueda de personas desaparecidas y concluyó con la insistente frase de que el centro de la mesa de diálogos es la satisfacción de los derechos de las víctimas.

El Espectador

Farc celebran Comisión de la Verdad pero rechazan normas penales unilaterales

Los negociadores de la guerrilla de las Farc celebraron este jueves la creación de la Comisión de la Verdad como mecanismo de “justicia y reparación”, pero reiteraron su rechazo a normas penales “diseñadas para un solo destinatario” y presentadas “unilateralmente” por el Gobierno.

El Gobierno de Colombia y la guerrilla anunciaron en el cierre del ciclo 37 de los diálogos de paz en La Habana su decisión de poner en marcha una Comisión de la Verdad, una vez firmado un acuerdo definitivo de paz, que será un mecanismo “independiente e imparcial de carácter extrajudicial”.

“Nos congratulamos de haber alcanzado un acuerdo de creación de una comisión de esclarecimiento de la verdad, que es parte de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que está por cerrarse”, señaló la guerrilla en un comunicado leído por el jefe negociador Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”.

Para el buen funcionamiento de esa comisión, la guerrilla reiteró su reclamo para que se abran los archivos para “conocer la verdad pura y limpia, las causas y la identidad con nombres y apellidos, de los máximos responsables” del conflicto armado.

“Necesitamos como el aire para respirar, la paz, y para construir nuestra reconciliación sobre la roca de la no repetición y del nunca más”, subrayó.

El grupo insurgente señaló que, llegado el momento de enjuiciar los delitos cometidos durante más de cinco décadas de conflicto armado, “jamás se podrá equiparar el derecho a la rebelión con el terrorismo de Estado”.

También insistieron en que la guerrilla rechaza “normas penales diseñadas para un solo destinatario -derecho penal del enemigo- presentadas unilateralmente por el Gobierno ante el Congreso y la Corte Constitucional sin tener en cuenta en absoluto la opinión de sus interlocutores de paz en la Mesa” de negociación.

Defendieron que la guerrilla, cuando se alzó en armas “motivada por el altruismo y la solidaridad humana”, ejerció un derecho “natural y universal: el de la rebelión contra un régimen injusto”.

“Porque la transición debe ser hacia la justicia social y la democracia, proponemos mecanismos de verdad, justicia y reparación derivados de un acuerdo político entre las partes y que tenga en cuenta la historia del conflicto y sus responsabilidades”, añadieron sobre la misión de esa comisión.

El Espectador

La Comisión de la Verdad no es para justificar los crímenes: Humberto de la Calle

Desde La Habana, Cuba, el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, indicó que la Comisión de la Verdad servirá para abrir espacios en las regiones con el fin de que las víctimas sean reconocidas a través del esclarecimiento de las violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

El acuerdo fue divulgado al cierre del ciclo 37 de los diálogos de paz este jueves.

Sin embargo, aclaró que la Comisión “no es para justificar los crímenes” ni para abonar un camino hacia la impunidad, puesto que la verdad que allí se esclarezca “no mata a la justicia”.

Además, su puesta en marcha será realidad una vez firmado el acuerdo final y con las Farc sin armas. 

“El esclarecimiento de la verdad es una pieza fundamental de un sistema más amplio que incluirá también medidas judiciales. Cosa distinta es que como ha insistido el Presidente de la República, cualquier tratamiento penal especial deberá estar condicionado a la contribución al esclarecimiento de la verdad”, advirtió De la Calle.

Además, explicó que el organismo surge como respuesta a solicitudes hechas por víctimas, y manifestadas en las visitas de las cinco delegaciones que participaron en la mesa de conversaciones, por lo que promoverá la convivencia en los territorios y sectores sociales.

“El componente territorial de la Comisión es fundamental. La idea es que la Comisión pueda crear espacios a nivel regional, a nivel local, con el fin de que se oigan todas las voces, sin importar que tan disímiles sean”, detalló el Gobierno.

En materia de participación, dijo que priorizarán a quienes han sufrido el conflicto de manera directa, aunque también podrán participar quienes cometieron crímenes durante el conflicto para reconocer su responsabilidad, pedir perdón y ofrecer explicaciones sobre los actos realizados.

“Esta Comisión que hoy creamos no es una Comisión del Gobierno ni una de las Farc. No es una Comisión pactada para que cada parte se apropie de un pedazo de la verdad. No es para canjear impunidades. Es una Comisión para los colombianos. Es independiente. Es transparente”, concluyó De la Calle. 

Como lo enuncia el acuerdo conjunto, el mecanismo de selección de los miembros de la Comisión “será imparcial, con el fin de asegurarles a los colombianos que esta tarea quedará en manos de personas con las más altas condiciones y que la misma sólo funcionará por un tiempo limitado de tres años”.

“También queremos, y esto es de fondo, superar la idea de que la mejor manera de vivir es ser víctima. Una sociedad victimizada permanentemente, es una sociedad enferma”, reiteró De la Calle.

El País

Ver documento completo  http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/conozca-como-funcionara-la-comision-de-la-verdad-anunciada-en-la-habana/20150604/nota/2792263.aspx

La Universidad de la República trabajará junto al Grupo de Trabajo de Verdad y Justicia

Grupo de Trabajo de Verdad y Justicia

DESAPARECIDOS

03.06.2015

MONTEVIDEO (Uypress) - La Presidencia de la República y UdelaR renovaron el convenio por el cual el grupo de investigadores recoge y analiza los datos necesarios para el esclarecimiento del destino final de los ciudadanos uruguayos detenidos desaparecidos.

La Universidad pondrá a disposición especialistas en la materia a los efectos de contribuir con este plan de trabajo, en el marco de la creación del Grupo de Trabajo de Verdad y Justicia.
Este equipo colaborará con las políticas oficiales orientadas a impulsar todas aquellas investigaciones que permitan conocer las circunstancias de violación a los derechos humanos en el pasado reciente, según comunicado de la Universidad de la República.
La Universidad de la República comenzó a trabajar en convenio con la Presidencia en el año 2005. Ese año el Grupo de Antropología inició las excavaciones en la chacra de Pando y el Batallón de Infantería N°13, dónde se encontraron los restos de Ubagesner Chaves Sosa y Fernando Miranda (noviembre y diciembre de 2005 respectivamente).
En octubre de 2011 las excavaciones en el Batallón N° 14 tuvieron como resultado el hallazgo de los restos del maestro Julio Castro y cinco meses después, los de Ricardo Alfonso Blanco. Los informes del equipo de antropología son de acceso público ,
Por su parte el equipo de Historiadores inició en 2005 un trabajo de investigación sobre detenidos desaparecidos que se plasmó en la publicación "Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos" bajo la edición de José Pedro Barrán, Gerardo Caetano y Álvaro Rico.
Esta edición del año 2007 está compuesta por 5 volúmenes. El primer tomo está dedicado a Operativos Represivos y Cronologías Documentadas, el segundo a asesinados políticos, el tercero a detenidos desaparecidos, el cuarto a Secuestro y Desaparición de Niños/as y Adolescentes y el último a N.N. aparecidos en las costas Uruguayas.
Recientemente, este equipo editó una actualización de esta investigación, también pública.

UE, solo un primer paso para afrontar el drama de los naufragios

E. Bonino/ Foto: IPS

IPS

ROMA (IPS/Emma Bonino*) - Aunque ha sido promocionada como una estrategia para “salvar vidas”, la nueva política de la Unión Europea en relación a las multitudes que desde el norte de África atraviesan el Mediterráneo para buscar refugio o supervivencia económica en Europa, no prevé una misión explícita de búsqueda y salvamento de los inmigrantes en peligro de naufragio, que en cambio tenía la precedente operación italiana Mare Nostrum, concluida el 31 de octubre de 2014.

La protección a los inmigrantes puede ser mejorada, ya que mientras la política adaptada por la Comisión Europea consiste en distribuir entre 20.000 y 40.000 personas en el curso de este año entre los países europeos, la demanda efectiva es muchas veces superior.
Este sistema de cuotas, aunque tardío, es sin duda un notable avance. Sin embargo, esperemos a ver si esta decisión sobrevivirá a los recortes del Consejo de Ministros del Interior de la UE, en el que están representados los gobiernos y donde las decisiones requieren una mayoría calificada.
Ya se ha manifestado la oposición de grandes países como Gran Bretaña, que al igual que Dinamarca e Irlanda tienen la llamada cláusula de renuncia (opt-out), de Francia, que tiene un peso muy importante, y de España. Es probable que otros países sigan el mismo camino, en particular Hungría y Polonia.
El mayor temor es que pueda quedar en pie el elemento más cuestionable de toda la estrategia, la llamada “lucha contra los traficantes”, es decir los que transportan ilegalmente a los inmigrantes, y que se limite a atacar a las barcazas.
Estoy convencida de que, reducir la intervención a una ofensiva contra las barcazas sin afrontar toda la cadena del tráfico de seres humanos, puede ser contraproducente.
Tengo muchas perplejidades debido al cuadro que presenta Libia, de donde parte la mayoría de los inmigrantes. Hoy en día en Libia hay dos gobiernos, dos parlamentos y el Estado ha desaparecido.
El tráfico de seres humanos se lo disputan muchas milicias a sangre y fuego. Es un negocio sumamente lucrativo y las represalias de los traficantes para conservarlo serán de extrema violencia.
Por la tanto, no existe una única solución milagrosa y será indispensable actuar en los distintos frentes.  Pero es urgente intervenir porque la situación en el Mediterráneo ha empeorado y es sumamente grave.
La nueva política de la UE fue encomendada, con un criterio erróneo, a Frontex, que es la agencia de control de las fronteras exteriores de la UE, que improvisó la misión Tritón.
Tritón ha sido un completo fracaso, como lo demuestra el aumento de víctimas.
Actualmente, una misión amplia en el Mediterráneo debería ocuparse sobre todo de búsqueda activa y de salvamento de vidas, como lo hacía Mare Nostrum.
No se trata solo de una cuestión de financiamiento, aunque conviene recordar que Mare Nostrum costaba casi10 millones de dólares por mes, mientras Tritón cuesta 3,2  millones de dólares por mes.
Lo que más cuenta es el mandato y no hay hoy un mandato claro para intervenir en la búsqueda y el socorro de náufragos, aunque la decisión final del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa dice explícitamente que Frontex debe respetar la ley del mar y los tratados internacionales, lo que implica el rescate e, indirectamente, la búsqueda.
De hecho, la guardia costera italiana continúa la misión Mare Nostrum, porque no puede permanecer indiferente ante la pérdida de vidas humanas.
Durante las últimas semanas se han salvado decenas de miles de personas gracias a la guardia costera, las asociaciones de pescadores y las organizaciones no gubernamentales.
El punto central es calmar una histeria difusa, que sirve a la política de muchos, pero no considera los hechos reales.
Ante todo, es necesario distinguir entre emigrantes económicos y refugiados de guerra. Hoy en día millones de personas están huyendo de guerras, dictaduras, torturas y amenazas de muerte, no solo en el Mediterráneo. Es un problema estructural de dimensión mundial.
La respuesta debe ser política y establecer como prioridad la salvación de vidas humanas.
Veamos ahora los hechos. Túnez, con 11 millones de habitantes, ha acogido un millón de prófugos libios, Jordania, con cuatro millones de habitantes, ha acogido más de 700.000 prófugos sirios y Líbano, con cuatro millones de habitantes, ha acogido un millón de prófugos sirios.
Es vergonzoso que Europa no sea capaz de dar este tipo de amparo a quienes huyen del horror. Lamentablemente, estos ejemplos son ignorados,al parecer por conveniencia política.
* Emma Bonino, dirigente del Partido Radical, exministra de Relaciones Exteriores de Italia y excomisaria de la Comisión Europea.
Editado por Pablo Piacentini

Sin el conocimiento de la "agencia”

Documento desclasificado señala a Posada Carriles como probable autor de acto terrorista contra avión cubano 

4 junio 2015 |

Posada Carriles. Foto: Reuters.

Descargue el documento del Departamento de Estado en PDF (4,4 Mb)

Un documento del año 1976, desclasificado este miércoles por el Departamento de Estado norteamericano, considera a Luis Posada Carriles como el autor más probable del acto terroristacontra un avión de Cubana de Aviación, en el cual murieron 73 personas ese año.

El informe muestra además las preocupaciones de esa instancia sobre los vínculos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) con grupos extremistas de emigrados cubanos en el sur del estado de Florida.

El memorando enviado al entonces secretario de Estado, Henry Kissinger, por dos altos funcionarios de esa agencia, analiza las acusaciones del líder cubano, Fidel Castro, sobre el eventual involucramiento de Washington en el derribo de la aeronave que salió de Barbados el 6 de octubre de 1976.

Según el memorando, la CIA tuvo vínculos con tres de las personas “supuestamente” implicadas en el derribo del avión de Cubana, “pero cualquier participación que esas personas pudieran haber tenido con el derribo ocurrió sin el conocimiento de la agencia”.

El texto aborda en detalle los vínculos de la CIA con individuos señalados con el sabotaje, y cita directamente a Hernán Ricardo Lozano, Freddy Lugo, Luis Posada Carriles, Orlando Bosch, Frank Castro, Orlando García, Ricardo Morales Navarrete y Félix Martínez Suárez.

Especifica que la entidad solo había establecido contacto en el pasado con Posada Carriles, Bosch y Martínez Suárez, en distintas circunstancias y roles.

Suárez no estuvo involucrado en el hecho, según los autores del reporte.

El documento está firmado por Harold H. Saunders, director del Buró de Inteligencia e Investigaciones del Departamento de Estado y el subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, Harry W. Shlaudeman.

El documento, que ya formaba parte de la colección del Archivo Nacional de Seguridad, pero en una versión censurada, fue desclasificado por la Oficina del Historiador del Departamento de Estado dentro de un volumen de documentos referidos a América Central y México, entre 1973 y 1976.

Cuba ha denunciado en múltiples escenarios internacionales que la voladura del avión fue ejecutada por agentes de la CIA, los venezolanos Hernán Ricardo y Freddy Lugo, quienes pusieron los explosivos dentro del avión por orden de los terroristas de origen cubano Luis Posada Carriles y Orlando Bosch.

Informes señalan que Posada fue entrenado por el Ejército estadounidense en las instalaciones de Fort Benning, Georgia, en los años 60 para efectuar acciones militares en Cuba mediante la llamada Operación Mangosta.

Posada Carriles, que reside en Miami desde hace varios años, es autor confeso de la voladura del avión de Barbados y también es señalado organizador de una serie de atentados con bombas contra hoteles de La Habana en 1997.

(Tomado de Prensa Latina)

HSBC tuvo que pagar € 38 millones por lavado en Suiza

La Fiscalía General de Ginebra anunció que ha cerrado la investigación penal contra la filial suiza del banco HSBC por lavado de dinero, tras llegar a un acuerdo por el que la entidad pagará 40 millones de francos (38 millones de euros) a las arcas de este cantón.

La Justicia determinó que el banco cometió diversas irregularidades.

El procurador general de Ginebra, Olivier Jornot, dijo que las investigaciones que se iniciaron el pasado febrero, con la incautación de documentos en los locales del banco, demostraron que hubo un"déficit organizacional en la lucha contra el blanqueo de dinero".

La Justicia suiza identificó cuatro expedientes por los que decidió presentar cargos penales y pudo determinar claramente que en dos de ellos se violó la ley.

"Hemos llegado a un acuerdo con el banco para que pague 40 millones de francos a Ginebra por los perjuicios causados. La cifra ha sido calculada en base a los beneficios indebidos por las operaciones juzgadas más litigiosas", explicó Jornot en una conferencia de prensa.

El magistrado quiso poner en contexto la suma acordada y para ello comentó que "es el importe más elevado confiscado en el curso de la historia" del Ministerio Público del cantón de Ginebra.

De manera más amplia, Jornot dijo que este caso "demuestra la debilidad de la ley en Suiza para la entrada de fondos de origen criminal" en su sistema financiero.

"Es muy fácil pedir que investiguemos, pero el problema es la ley que no castiga a los intermediarios que aceptan fondos de origen dudoso", continuó.

Contra la filial suiza del HSBC tienen procesos penales en curso las autoridades de Argentina y de Francia por evasión fiscal y lavado de dinero procedente de actividades criminales.

Por su parte, el procurador primero de Ginebra, Yves Bertossa, explicó que desde la incautación de los documentos se realizó una gran tarea de análisis que permitió establecer, por ejemplo, que se había violado el deber de los colaboradores del banco de identificar adecuadamente la procedencia de los fondos.

Se omitió igualmente la obligación de aclarar situaciones de riesgo y el banco mostró igualmente "incapacidad para detectar transacciones sospechosas", denunció Bertossa.

En su comparecencia, el fiscal explicó que se optó por cerrar un acuerdo con el banco en vista de las dificultades previsibles "de encontrar las pruebas del blanqueo del dinero" y la "incertidumbre de la respuesta" de las autoridades de otros países frente eventuales demandas de cooperación judicial.

"Por todo esto decidimos aceptar la solución negociada", enfatizó a su turno Jornot, quien aseguró que la cifra que deberá pagar HSBC es satisfactoria para el poder judicial.

La apertura de la investigación en Suiza en febrero siguió a la revelación por parte de un consorcio de periodistas de investigación sobre la manera en que la filial helvética del HSBC era utilizada por evasores de impuestos y criminales para mantener sus fondos a buen resguardo.

El escándalo que involucra desde 2008 al banco sino-británico, el grupo de su sector más importante de Europa, se originó en la entrega de una lista de clientes a las autoridades francesas por parte de un exempleado, Herve Falciani.

El caso ha tenido repercusiones en todo el mundo pues personas de los más diversos países y actividades, incluidos políticos y deportistas, figuran en esa lista.

Falciani vive en Francia y la Justicia suiza le reclama para juzgarle por esa sustracción de documentos.

LA JUSTICIA ESTADOUNIDENSE INVESTIGA MAS DE 1000 CONTRATOS

El Mundial de Brasil ahora en la mira

Además de poner el ojo en las elecciones de Rusia 2018 y Qatar 2022 y de investigar los sobornos denunciados por el ex FIFA Chuck Blazer en torno de Francia 1998 y Sudáfrica 2010, ahora se examina la legalidad de la última Copa del Mundo.

Los contratos firmados en el marco de la organización del Mundial de Brasil 2014 serán investigados por la Justicia estadounidense según afirma el Estado de San Pablo. La investigación se basa en el estrecho vínculo entre el ex presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) Ricardo Teixeira y el secretario general de la FIFA, Jérôme Valcke, el dirigente más cercano a Joseph Blatter. La relación comercial entre ambos será “examinada” con “peine fino”. El objetivo es saber si existió algún tipo de intercambio de “favores” u otras irregularidades en los más de 1000 contratos que fueron firmados en torno de la organización del Mundial en Brasil. FIFA gastó en Brasil 2014 unos 2200 millones de dólares y los investigadores norteamericanos quieren saber si Teixeira y Valcke se beneficiaron o se valieron del pago y cobro de sobornos para concretar todos o algunos de esos acuerdos.

En tanto, las autoridades suizas consideran improbable la excarcelación de los siete directivos del fútbol internacional detenidos en Zurich hace una semana, en la víspera del Congreso de la FIFA. Mientras la sede de la Federación Venezolana de Fútbol fue allanada –Rafael Esquivel, su presidente, es uno de los detenidos–, Blatter aseguró que ya está “trabajando en reformas”.

“Creemos que existe peligro de fuga”, afirmó Folco Galli, portavoz del Ministerio de Justicia suizo, quien señaló que una medida de ese tipo podría entorpecer las acciones judiciales. Según el portavoz, la Justicia de Estados Unidos tiene tiempo hasta el 3 de julio para presentar un pedido formal de extradición. Hasta entonces, los imputados pueden exigir ante un tribunal su eximición de prisión. Galli explicó que la decisión depende de los jueces, pero aseguró que la prisión preventiva hasta que se resuelva la extradición está “en regla” con las leyes suizas. Todo el proceso de extradición, con sus posibles apelaciones, puede demorar hasta seis meses.

Los siete detenidos duermen todavía en prisión, donde están sometidos al régimen penitenciario habitual de este cantón, que se gasta 14 euros al día en alimentarlos y les permite una hora de paseo al día. Se encuentran repartidos por diferentes prisiones del cantón de Zurich cuyos nombres no se han difundido. Según los medios suizos, están en Dielsdorf, Limmattal, Meilen, Pfäffikon, Winterthur y Zurich. No pueden utilizar su computadora y tampoco tienen acceso a Internet o a su teléfono móvil. Los abogados pueden verlos durante las horas de visita. Las celdas tienen 12 metros cuadrados y están equipadas con radio, un inodoro, un lavatorio, una mesa y una silla. Pueden alquilar una televisión. En cambio, en Asunción, el paraguayo Nicolás Leoz goza desde ayer de permisos especiales para abandonar la prisión domiciliaria que le dictó por la Justicia de su país.

El presidente venezolano Nicolás Maduro dijo en su programa televisivo que era necesario convocar “un proceso constituyente” en la FVF e hizo un llamado a los futbolistas para que “tomen el poder” y busquen “democratizar todas las instancias”. Incluso propuso a Diego Maradona para suceder a Blatter en la FIFA.

Blatter anunció que ya está trabajando con el objetivo de “poner en marcha reformas significativas de la administración y la estructura de la FIFA”. Añadió en un comunicado: “Quiero un programa completo de reformas y soy muy consciente de que únicamente el Congreso de la FIFA puede votar esas reformas. En cuanto al Comité Ejecutivo, su papel es el de compartir la responsabilidad de llevar bien ese proceso”.

VIENTOS DE GUERRA

MIENTRAS COMBATEN CON ARMAS PESADAS EN TERRITORIO REBELDE, MOSCU Y KIEV SE CULPAN MUTUAMENTE

Rusia y Ucrania, más cerca de la guerra total

El presidente ucraniano acusó a Rusia de mantener 9000 soldados dentro del territorio ucraniano y de impulsar la ofensiva rebelde en el este del país. Pero el canciller ruso dijo que la culpa es de la intransigencia del gobierno ucraniano.

Los tanques vuelven a rodar por la volátil zona de Donbás, en el este de Ucrania. Decenas de personas murieron en las últimas horas cerca de la ciudad de Marinka, al oeste de Donetsk. Los enfrentamientos, de cuyo inicio se acusan ambas partes, son los más sangrientos desde el arranque de la tregua acordada hace cuatro meses en Minsk, Bielorrusia. “Estuvimos en el sótano todo el día de ayer”, dijo Svetlana Mokraya, de 49 años, vecina de Marinka, que pudo refugiarse en la localidad vecina de Gueoguivka con la ayuda de una ambulancia. Los rebeldes trataron de “encontrar puntos débiles pero repelimos el ataque. Regresaron a Donetsk”, dijo Serguei, un soldado ucraniano de 30 años.

Mientras Kiev responsabilizó a los rebeldes de interrumpir el alto el fuego, Moscú responsabilizó al gobierno ucraniano. “Los terroristas dañaron brutalmente el acuerdo de Minsk”, afirmó el ministro ucraniano de Exteriores, Pavel Klimkin, según el cual los soldados ucranianos “no cedieron ni un centímetro de terreno”. La réplica de Serguei Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, no se hizo esperar: “Los acuerdos de Minsk se encuentran bajo una amenaza constante de ruptura por la actuación de las autoridades de Kiev, que intentan obviar su obligación para establecer un diálogo directo con Donbás”. Por su parte el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, confirmó la gravedad de la situación. “Lo que hemos observado estas últimas 24 horas en Ucrania es un recordatorio que muestra que la tregua es muy frágil”, declaró .

El presidente ucraniano, Petro Poroshenko, justificó ayer la mayor ofensiva militar desde hace meses como acto de defensa frente a los separatistas prorrusos. “Existe la amenaza colosal de que se reanuden las acciones militares a gran escala por parte de los grupos terroristas rusos”, dijo. “El ejército ucraniano debe estar preparado para una nueva ofensiva por parte del enemigo. Catorce batallones tácticos rusos, integrados por más de 9000 efectivos, permanecen en territorio de Ucrania”, denunció. Los rebeldes amenazaron una y otra vez con ampliar su zona de influencia en Donbás, pero ese intento fue derrotado, anunció el gobierno de Kiev, orgulloso. Con el telón de fondo de esta escalada de violencia, Poroshenko anunció ayer un nuevo aumento del presupuesto militar del país. “El peligro de fuertes combates en Donbás persiste”, afirmó el presidente en su discurso sobre el Estado de la Nación. Ahora hay 50.000 soldados desplegados en la zona y Poroshenko quiere aumentar el número de efectivos de las fuerzas armadas hasta 250.000 antes de finales de año. Poroshenko preparó a la población de su país para tiempos difíciles y advirtió que persiste la amenaza de un ataque por parte de Rusia en cualquier momento.

Con miras a los enfrentamientos armados en el este, el Parlamento de Ucrania aprobó ayer una ley que autoriza el despliegue de tropas internacionales en el país. Sin embargo, tal misión requiere de un mandato de la Unión Europea (UE) o Naciones Unidas. El gobierno de Poroshenko ha solicitado varias veces a la UE y al Consejo de Seguridad de la ONU el envío de soldados para que sean desplegados, por ejemplo, a lo largo de la frontera con Rusia en la región separatista. Sin embargo, la comunidad internacional está dividida sobre las perspectivas de éxito de tal misión.

La UE y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) se mostraron ayer preocupadas por el recrudecimiento de los combates. Se trata de la violación más grave de la tregua registrada hasta el momento, aseguró la responsable de Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, que advirtió sobre una nueva espiral de violencia. La diplomática italiana responsabilizó de forma indirecta a los separatistas prorrusos de estos últimos combates, por haber trasladado grandes cantidades de armamento pesado hacia el frente. Los observadores de la OSCE constataron ayer que los separatistas prorrusos desplegaron artillería pesada hacia la denominada “línea de contacto”, en contra de lo acordado en el último alto el fuego, en el que las partes se comprometieron a retirar el armamento pesado al menos a 50 kilómetros de la línea del frente. La noche del martes se detectó el movimiento de una decena de tanques y otros vehículos armados desde la ciudad de Donetsk, antes de que se desataran fuertes combates en torno de la ciudad de Marinka, informó la OSCE.

A su vez, el asesor asistente de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Ben Rhodes, dijo que la prioridad de Washington para la cumbre del G-7 de principios de la semana que viene es el mantenimiento de las sanciones contra Rusia, país al que Estados Unidos acusa de apoyar a las fuerzas rebeldes. “Creo que lo más urgente es centrarse en el mantenimiento de la unidad sobre las sanciones, que tienen repercusiones significativas sobre la economía rusa”, dijo Rhodes. “El mensaje tiene que ser que la presión no cesará a menos que veamos” una solución diplomática, afirmó.

Por su parte, Poroshenko defendió el uso de artillería pesada y explicó que el ejército repelió “de forma adecuada” el ataque de los rebeldes en Marinka. Durante su discurso ante la Nación, Poroshenko responsabilizó a Rusia de la escalada de violencia. “La zona de Donbás habría olvidado la guerra como si de un mal sueño se tratase si Moscú quisiera la paz tanto como Kiev”, advirtió el presidente ucraniano. Según Poroshenko, en la zona luchan en la actualidad 14 grupos de combate rusos con más de 9000 soldados apoyando a los rebeldes.

Moscú lo niega y acusa a Kiev de poner en peligro el plan de paz. El Ministerio de Exteriores de Rusia y el Kremlin culparon a Kiev del repunte de la violencia. El gobierno ucraniano quiere presentar a Rusia como agresor ante la cumbre del G-7 y la que la UE celebrará a finales de mes, apuntan desde Moscú. Según el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, es el ejército ucraniano el que desestabiliza conscientemente y provoca tensiones. Rusia teme que ante estos nuevos enfrentamientos, Occidente prolongue o endurezca las sanciones impuestas a Moscú por el conflicto ucraniano.

El gobierno de Kiev afirma que en los combates por Marinka murieron 80 separatistas y fueron heridos un centenar. Pero el líder separatista Eduard Bassurin, dice que en los combates murieron 16 rebeldes y resultaron heridos otros 90. “La situación en la República Popular de Donetsk se agravó mucho”, afirmó. Según Bassurin, los rebeldes quieren mantener el alto el fuego y no hay planes para volver a desplegar armamento pesado en el frente.

En tanto, los analistas ucranianos creen que todavía está por verse si se trata sólo de un test militar o de un verdadero regreso de fuertes combates. En Kiev está muy extendida la opinión de que la zona controlada hasta ahora por los separatistas es demasiado pequeña como para poder sobrevivir como territorio independiente.

El politólogo Kost Bondarenko cree que el actual episodio de violencia es más bien una prueba de fuerza de las partes en conflicto, que quieren fortalecer sus posiciones en las negociaciones del proceso de paz. Este experto está convencido de que nadie iniciará un gran ataque. “Ninguna de las partes quiere ser culpable del fracaso de la tregua”, apunta.

Pero muchos analistas creen que el proceso de paz está desde hace tiempo en un callejón sin salida del que sólo puede salirse con nuevos combates.

“Existe el temor fundado en que vuelva a caerse en una escalada militar”, dijo Steinmeier, el canciller ucraniano, quien defiende la validez del documento firmado hace cuatro meses en Minsk, a pesar del evidente fracaso del alto el fuego. “Hoy por hoy no tenemos otro instrumento”, señaló.

Las inversiones de la mamá del fiscal

FUERON DETECTADAS UNA NUEVA EMPRESA Y OTRAS PROPIEDADES A NOMBRE DE SARA GARFUNKEL, MADRE DE NISMAN

En la investigación por supuesto lavado de dinero se halló que Garfunkel es parte de la firma Monroe Plaza, figura como dueña de tres terrenos en Punta del Este y participa de un fideicomiso para la construcción de departamentos en Palermo.

La causa que involucra a Sara Garfunkel se inició a partir de revelaciones de Sandra Arroyo Salgado.

 Por Irina Hauser

Una nueva empresa integrada por Sara Garfunkel, la madre de Alberto Nisman, fue detectada en la investigación que llevan adelante el fiscal Juan Pedro Zoni y el juez Rodolfo Canicoba Corral por presunto lavado de dinero. La firma, Monroe Plaza SRL, que fue reportada por la AFIP, estaría vinculada a la construcción, en la misma línea de otras inversiones del rubro inmobiliario, también a nombre Garfunkel, que Nisman monitoreaba desde una de sus computadoras. Entre los 20 mil archivos detectados se halló información patrimonial que condujo a medidas concretadas en las últimas semanas. A raíz de un allanamiento realizado la semana pasada en oficinas comerciales de San Isidro, los investigadores pudieron confirmar que la madre de Nisman es quien figura como dueña de tres terrenos en el complejo Pueblomío de Punta del Este, donde pagó expensas por 4200 dólares en un trimestre. Otro procedimiento corroboró su participación en un fideicomiso para la construcción de dos departamentos con cochera en un complejo en Palermo.

La causa judicial se inició a raíz de que la ex esposa del fiscal, Sandra Arroyo Salgado, reveló en la investigación sobre su muerte que él tenía una cuenta en el Banco Merrill Lynch, en Nueva York, de la que aparecían como cotitulares la hermana de Nisman, Sandra Nisman, el técnico Diego Lagomarsino y Garfunkel. Esta última compartía con su hijo cajas de seguridad. Buena parte de la información sobre la cuenta y los inmuebles estaba en la computadora que Nisman usaba en la UFI-AMIA, y habría algo también en la notebook personal hallada en su departamento. Algunos datos surgen de movimientos realizados por la web, documentos y resúmenes recibidos; otros, de la planificación que le hacían a Nisman sus secretarias, especialmente de los viajes.

Una de las principales sospechas es que las inversiones se habrían hecho con fondos de origen dudoso vinculados a Nisman. Algo que sorprendió a quienes conocen el expediente es que el ex titular de la UFI-AMIA tenía registros de sus gastos con una tarjeta American Express por montos siderales, que en un solo mes llegaron a 131 mil pesos y, en promedio oscilaban entre 40 y 70 mil pesos por mes.

Canicoba Corral envió exhortos a Estados Unidos por la cuenta. Allí también se rastrean inversiones. A Uruguay le pidió información sobre cuentas, ya que hay registros informáticos de operaciones a través de dos bancos, el Banco Francés y el Itaú. No está claro si son cuentas de él o utilizadas para mover dinero. El allanamiento que se hizo en las oficinas que comercializan los terrenos de Pueblomío en Buenos Aires no aportó documentación, pero uno de los encargados confirmó la titularidad de Garfunkel. El juez deberá ampliar medidas en Uruguay. Ese complejo publicita 180 chacras, 86 hectáreas y nueve lagunas de 30 hectáreas más. La empresa que administra el fideicomiso de la calle Dorrego al 1700 sí aportó documentos. La madre de Nisman aparece pagando cuotas de hasta 67 mil pesos.

La actividad que a ella se le conoce es la participación en una farmacia. Nisman, según les confirmó la Procuración a los investigadores, ganaba cerca de 90 mil pesos por mes. De acuerdo con su declaración jurada de bienes, no tenía prácticamente nada, sólo una propiedad en el country Highlands a medias con Arroyo Salgado. Pero sus gastos mensuales podrían rondar los 300 mil pesos. El auto Audi Q5 que usaba, por ejemplo, era prestado por la empresa Palermo Pack, que ahora que está incautado lo reclama. Nisman lo manejaba sin cédula azul ni ninguna documentación que lo habilitara.

El fiscal Zoni está analizando al detalle todo el contenido de la computadora de donde surgieron los datos sobre los bienes y también los múltiples viajes del fiscal. En los últimos cinco años estuvo 411 días en el exterior. Hizo 59 viajes mientras estuvo en la UFI-AMIA. La mayoría no eran reportados como viajes de trabajo ni pedía licencia. La agenda y todo el material están en pleno estudio y la fiscalía prepara nuevas medidas para los próximos días.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-274270-2015-06-05.html