ENTRAN Y SALEN

Pusieron una plataforma para rescatar refugiados
Lleva el nombre de Aylan, el chico sirio que conmovió al mundo.

08 de Octubre de 2015 |





La primera plataforma de rescate para refugiados ya tiene nombre: la bautizaron como Aylan 1,el niño sirio muerto en una playa Turca.
Está amarrada en una de las rutas de huida que utilizan los refugiados en medio del mar Mediterráneo. 
La plataforma tiene una luz de posición, un panel solar, alimentos, radio y amarres. 

El diseño pertenece al grupo Zentrum für Politische Schönheit.

Europa prepara la expulsión de 400.000 migrantes

Por Juan Carlos González Caldito -

Según un documento secreto desvelado por el diario británico The Times, la Unión europea prepara la expulsión de 400.000 migrantes. Se trata de personas que han entrado en la UE el primer semestre de este año y que, tras solicitar el asilo, no lo han obtenido.

Europa espera que los países como Nigeria o Eritrea recojan a sus refugiados económicos. Para presionarlos, Europa no dudará, según The Times, en cortar las ayudas, los tratados comerciales y los visados.
El proyecto de texto consultado por The Times será sometido a los ministros de Interior de los estados miembros. Dicho documento indica, no solamente que los estados miembros deben expulsar a más migrantes, sino que también propone retener a los migrantes para impedirles pasar a la clandestinidad. Así, parece ser que dicho texto recalca que hay que tomar todas las medidas necesarias para evitar el regreso de los migrantes ilegales, incluida la detención.

The Times sigue explicando que se delegará a la unidad especial Frontex(agencia encargada de controlar las fronteras de Europa) la responsabilidad de llevar a cabo las expulsiones. Los estados miembros que se nieguen a devolver los migrantes ilegales serán perseguidos y condenados a una multa por la Comisión europea. 

De esta manera, la UE espera que el aumento de las cifras de expulsión disuada a los nuevos migrantes que quieran entrar en Europa.
De ser cierto este documento desvelado por The Times, se pondría de manifiesto cómo Europa diferencia entre refugiados de guerra y refugiados económicos, donde los refugiados económicos pierden todos los derechos de asilo, demostrando que el interés europeo vuelve a ser el económico al no otorgar asilo a refugiados económicos y castigar económicamente a los países de origen y a sus migrantes, así como imponiendo multas como castigo a los estados miembros que no acepten dichas políticas. Si por el contrario este documento resultara ser falso, entonces podríamos ver, con cierta evidencia, el interés por parte de diario británico The Times de forzar a Europa a tomar medidas para con los refugiados para así aliviar el problema migratorio británico, como se puede apreciar a diario en Calais, última frontera europea para alcanzar Gran Bretaña.

En cualquier caso se hace evidente los más deshonroso y vergonzoso para el mundo occidental: la migración, si no es por necesidad económica, se vuelve un problema sin deseo de solucionar. Mientras en Europa nos discutimos por si acoger o no y cómo hacerlo a 200.000 refugiados, e incluso parece ser que pensamos en repatriar a 400.000 personas que no sean refugiados de guerra, otros países como Líbano ya han acogido a más de 800.000 personas.

Eduardo Cunha procesado en Suiza

El principal impulsor del impeachment pierde apoyos tras ser procesado por lavado de dinero

El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, principal impulsor a título personal del juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, perdió parte de sus aliados tras ser procesado en Suiza por lavado de dinero, en un delito vinculado al escándalo en la petrolera estatal Petrobras.08 de Octubre de 2015





El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, principal impulsor a título personal del juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, perdió parte de sus aliados tras ser procesado en Suiza por lavado de dinero, en un delito vinculado al escándalo en la petrolera estatal Petrobras.

Después de que la semana pasada los medios de prensa recogieran información procedente de Suiza que confirmaba que Cunha había recibido sobornos, crecieron las especulaciones sobre una dimisión del poderoso opositor.

"No existe ni la menor posibilidad de que yo renuncie", dijo Cunha, un religioso ferviente adscripto a una iglesia evangélica pentecostal y militante del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), pero evitó toda referencia a las cuentas. El lunes, el presidente de Diputados había dicho que mantiene en pie su decisión de iniciar las diligencias previstas para abrir el proceso hacia un juicio político de Rousseff. Y ayer demostró que aún le resta poder, al impedir una sesión impulsada por el gobierno para votar medidas relativas al programa económico.

Pero a pesar de su posición firme, una característica de este religioso de enérgico temperamento, al parecer Cunha perdió parte del respaldo de los sectores de derecha con los que estaba aliado en sus planes desestabilizadores, "golpistas", como los calificó Rousseff ayer. 

Una de los grupos que de golpe revisó su alianza con Cunha es del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), la fuerza opositora con más congresistas. 

Según O Estado de São Paulo, "el PSDB ya le informó a Cunha que pedirá su renuncia si se comprueba que es titular de cuentas en Suiza". El matutino agregó que la situación de Cunha se complicó en las últimas horas. Su caída sacaría de la escena política al más enconado enemigo de Rousseff.

Moscú y Washington se plantean refundar las relaciones internacionales

Ante la súbita crisis de fiebre anti-rusa de la prensa atlantista, Thierry Meyssan interpreta la acción militar de Moscú en Siria como el primer paso de una revisión total de las relaciones internacionales. Para este analista francés, lo que hoy está en juego en Siria no es saber si Rusia salvará la República Árabe Siria de los ataques yihadistas si no comprobar si las fuerzas armadas rusas podrán reemplazar parcialmente las tropas estadounidenses en la región para garantizar allí la seguridad. Basándose en un documento interno del Consejo de Seguridad, Thierry Meyssan afirma que Vladimir Putin y Barack Obama están actuando de manera coordinada ante los halcones liberales y los neoconservadores estadounidenses.

por Thierry Meyssan

RED VOLTAIRE | DAMASCO (SIRIA) | 5 DE OCTUBRE DE 2015

Durante sus conversaciones en Nueva York, Barack Obama y Vladimir Putin decidieron iniciar un proceso de paz para el norte de África y el Medio Oriente. ¿Cumplirán esa promesa?

En la ONU, Rusia se apresura lentamente. Sus dirigentes están convencidos de que la CIA estimuló los grupos terroristas islamistas desde los años 1950, grupos que hoy amenazan no sólo la estabilidad regional sino incluso los intereses de los propios Estados Unidos. Como ya explicó Vladimir Putin el año pasado, ante el Club de Valdai, es por lo tanto conveniente que todos trabajen juntos en aras de resolver el actual conflicto.

Pero los dirigentes rusos también están convencidos de que Washington sólo escucha a sus socios si estos son fuertes. Por eso el Parlamento ruso debatió y aprobó una intervención militar contra los grupos terroristas que operan en Siria. 

Se trata de la segunda intervención exterior de la Federación Rusa desde 1991 –la primera fue la guerra de Osetia del Sur, en 2008. En cuanto se aprobó la operación, los bombarderos rusos despegaron desde Latakia y destruyeron varias instalaciones de al-Qaeda y del grupo Ahrar Al-Sham.

La selección de los blancos tenía como objetivos simultáneos 

obligar las demás potencias a aclarar sus propias políticas con respecto a esos grupos terroristas;
enviar un mensaje a Turquía, cuyos oficiales dirigen actualmente el grupo conocido como Ahrar Al-Sham
y demostrar que el objetivo es liquidar absolutamente todos los grupos terroristas, sin excepciones.

Esta intervención es muestra de la voluntad rusa de asumir un papel en el Medio Oriente, no en contra de Estados Unidos sino junto a esa potencia. Lejos de desafiar al presidente Obama, Rusia intenta –por el contrario– prestarle la asistencia militar de la que el inquilino de la Casa Blanca ha estado careciendo debido a los enfrentamientos internos que hoy se registran en el Pentágono.

¿Quién apoya a los grupos terroristas?

Se ha hecho corriente el reconocer que los yihadistas que operan en Siria reciben armamento y financiamiento de potencias extranjeras. Pero ningún Estado reconoce públicamente su propia implicación en ese respaldo. Las reacciones ante la operación rusa de policía antiterrorista en Siria han puesto de relieve las contradicciones de muchos de los implicados.

Por ejemplo, el ministro francés de Relaciones Exteriores, Laurent Fabius, declaró que
«una coalición [alrededor de Rusia] cuyas bases mismas impedirían toda unión de los sirios contra los terroristas, alimentaria en realidad la propaganda de Daesh [el Emirato Islámico] y reforzaría su poder de atracción».

Con esa declaración, Fabius admite que el objetivo de Francia y de sus aliados en Siria –Turquía y Arabia Saudita– no era luchar contra el Emirato Islámico sino contra la visión rusa de las relaciones internacionales.

El presidente de la Comisión del Senado estadounidense a cargo de las fuerzas armados, John McCain, afirmó por su parte que Ahrar Al-Sham incluía elementos que habían recibido entrenamiento y armamento de Estados Unidos. Por consiguiente, para McCain, el ataque ruso contra esos terroristas es una agresión contra Estados Unidos. Siguiendo esa misma lógica, McCain aconseja la entrega de misiles tierra-aire a esos yihadistas para que puedan derribar los aviones rusos.

Un mensaje para Turquía

Sabiendo que el grupo Ahrar Al-Sham, antiguamente apadrinado por Kuwait, está hoy ampliamente financiado por Turquía y dirigido por oficiales de ese país, es evidente que los bombardeos rusos contra ese grupo constituyen una advertencia para el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Erdogan primeramente tomó el lugar del príncipe saudita Bandar ben Sultan como coordinador del terrorismo islámico internacional y posteriormente convirtió Turquía en refugio de la Hermandad Musulmana, en lo cual sustituyó a Qatar. En diciembre de 2014, Turquía firmaba un estratégico acuerdo de compra de gas a Rusia, acuerdo que finalmente abandonó por presiones de Estados Unidos. Simultáneamente, Turquía y Ucrania crearon una «Brigada Islámica Internacional» para luchar contra la «ocupación rusa en Crimea». Así que las relaciones entre Ankara y Moscú se tensaron súbitamente [1].

Durante una estancia del presidente Erdogan en Moscú, el 23 de septiembre, en ocasión de la inauguración de la mezquita más grande de Europa, el presidente ruso logró convencerlo de que debía suavizar su discurso contra la República Árabe Siria, pero no logró hacerlo renunciar a su política de agresión.

De regreso en su país, el presidente Erdogan se limitó a declarar que la salida del presidente sirio Assad ya no era una condición previa para la solución de la crisis siria. Al estimar que eso no era suficiente, Rusia reconoció la lucha del PKK –partido de los kurdos de Turquía–, dando a entender que Moscú podría respaldar al partido kurdo contra el gobierno turco.

No habrá tregua para ningún grupo terrorista

Con su decisión de atacar a al-Qaeda y Ahrar Al-Sham, Rusia desplazó el debate de la aparente unanimidad contra el Emirato Islámico hacia la cacofonía que caracteriza la actitud hacia al-Qaeda. Aunque todo el mundo reconoce hoy en día que la organización fundada por Osama ben Laden fue en sus orígenes una creación de Estados Unidos, todos creen también –o simulan creer– que al-Qaeda acabó volviéndose en contra de su creador y que incluso le infligió terribles daños el 11 de septiembre de 2001.

La realidad es muy diferente ya que al-Qaeda actuó como aliado de la OTAN en el derrocamiento de la Yamahirya y posterior asesinato del líder libio Muammar el-Kadhafi. Para el entonces comandante del AfriCom, el general estadounidense Carter Ham, esa verdad resultó tan chocante que prefirió abandonar sus funciones al frente de la guerra contra Libia, funciones que pasaron a manos de la alianza atlántica.

En Siria, los gobiernos de Francia y Turquía hicieron llegar municiones a al-Qaeda a través del llamado Ejército Sirio Libre. Así lo demuestra un documento de este último grupo armado [clasificado por Occidente como «oposición moderada»] entregado el 14 de julio de 2014 al Consejo de Seguridad de la ONU [2].

Y en este momento, el general estadounidense David Petraeus, ex director de la CIA, y su socio John McCain están llamando a respaldar a al-Qaeda en contra de la República Árabe Siria.

El propio grupo Ahrar Al-Sham fue creado en marzo de 2011, justo antes del inicio de los incidentes en Siria, por varios miembros de la Hermandad Musulmana que habían sido anteriormente cuadros de al-Qaeda. La existencia misma de Ahrar Al-Sham demuestra que, contrariamente a las recientes palabras del presidente francés Francois Hollande ante la Asamblea General de la ONU, el terrorismo en Siria ya existía antes del inicio de la guerra y no es, por consiguiente una consecuencia sino la causa del conflicto, como señala el presidente Assad.

En definitiva, cualesquiera que sean las mentiras de la OTAN y las contradicciones que esas mentiras engendran, los rusos no harán distinciones entre los diferente grupos en función de los padrinos o financistas secretos de unos y otros sino que bombardearán absolutamente todos los blancos vinculados a grupos terroristas que aparecen en las listas de la ONU: al-Qaeda, el Frente al-Nusra y el Emirato Islámico.

¿Quiénes se oponen a la intervención rusa?

Desde el inicio del despliegue ruso –y todavía no se ha debatido sobre un posible despliegue de fuerzas terrestres de los países miembros de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC)–, se ha desatado una campaña mundial de desinformación que acusa a Rusia 

de dirigir el Ejército Árabe Sirio;
de bombardear poblaciones civiles «hostiles al régimen»
y de estar preparando una gran ofensiva junto a los Guardianes de la Revolución iraníes.

La propaganda de guerra, que era la base y principal característica de la guerra de 4ª generación coordinada por la OTAN desde febrero de 2011 hasta marzo de 2012, había disminuido paulatinamente. Durante todo un año, habíamos estado oyendo diariamente historias imaginarias sobre los supuestos crímenes del «régimen», pero ahora la propaganda de guerra se limitaba a algunos pequeños grupos –como el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos (OSDH)– pantalla londinense de la Hermandad Musulmana convertida en la fuente preferida de los medios de prensa atlantistas que, como cediendo a un imperioso impulso pavloviano, repiten sin la menor reflexión las más descaradas mentiras.

En primer lugar, para hacer creer que los militares sirios obedecían órdenes de oficiales rusos, se utilizó un video del Ejército Árabe Sirio donde podían oírse voces que hablaban en ruso. Pero la voz corresponde a una comunicación radial entre los propios yihadistas. El periodista Yuri Artamonov reveló ese “error” de interpretación después de estudiar detenidamente la banda sonora del video en cuestión [3].

Luego vino una verdadera oleada de imágenes y videos sobre las víctimas civiles de los bombardeos rusos. Imágenes y videos divulgados durante el debate de los parlamentarios rusos llamados a autorizar la intervención, o sea antes del inicio de los bombardeos.

Y, para terminar, también se presenta la presencia de combatientes iraníes en Siria como la preparación de una gran contraofensiva del «régimen» y sus aliados contra los «rebeldes». La realidad es que, después de la caída de Palmira, Estados Unidos aceptó el envío de fuerzas iraníes a Siria, aunque el número de hombres enviados no pasa de 5 000, cifra insuficiente para el inicio de una contraofensiva en un territorio tan vasto. En cuanto a los rebeldes armados, como ya hemos señalado anteriormente, todos están vinculados a al-Qaeda o al Emirato Islámico.

Queda por explicar quién está organizando esta campaña de propaganda y con qué objetivos. La respuesta a esas interrogantes, que no parece evidente si pensamos únicamente en el contexto sirio, aparece con claridad cuando situamos este teatro de operaciones en el contexto de una refundación de las relaciones internacionales.

La proposición rusa al Consejo de Seguridad de la ONU

Rusia propuso que el Consejo de Seguridad dedicara todo el mes de octubre a estudiar la manera contra el terrorismo, pero no sólo en Siria sino en todo el conjunto del norte de África y en todo el Medio Oriente [4].

Es évidente que Moscú y Washington se han concertado para aplicar ahora el acuerdo que habían concluido anteriormente –en 2012–, el mismo acuerdo que la señora Clinton, los generales Petraeus y Allen, el “diplomático” Feltman, el presidente francés Hollande y su ministro de Relaciones Exteriores Fabius tanto se esforzaron por sabotear. En ese acuerdo Washington y Moscú se reparten las responsabilidades en el mundo árabe. Pero Rusia no tiene intenciones de tratar de caminar sobre arenas movedizas y está llamando, en primer lugar, a tratar de sanear el terreno.

Hay que recordar aquí el elemento fundamental de ese acuerdo: Estados Unidos podrá retirar parte de sus tropas estacionadas en el Medio Oriente cuando Rusia garantice la seguridad de Israel [5].

Como condición para aceptar esa nueva repartición del mundo, Rusia plantea el paso de un sistema imperialista, como el de Yalta, a un nuevo sistema basado en el derecho internacional en general y, en particular, en la Carta de la ONU. De entrada, Rusia condena

-«la injerencia en los asuntos internos de los Estados soberanos, el uso de la fuerza sin autorización del Consejo de Seguridad y la entrega de armas a actores no estatales extremistas».

Que nadie se equivoque. Esta solución requiere que se apliquen las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, incluyendo las que tienen que ver con Israel, así como la aplicación de la Iniciativa Árabe de Paz y del Plan de Acción Global Común sobre el programa nuclear iraní, la creación de mecanismos de control sobre el respeto de todos esos textos por parte de los Estados y, para terminar, una lucha global contra la ideología de la Hermandad Musulmana.


Elementos fundamentales:
A pesar de las graves divergencias que existen entre ellos (despliegue del escudo antimisiles, derrocamiento del régimen en Ucrania, intento de juzgar a Vladimir Putin en un tribunal internacional), el Kremlin estima que puede ayudar a que la administración Obama compruebe la ineficacia de la política estadounidense y a que regrese al derecho internacional.
Sólo bajo esa condición Rusia estaría dispuesta a compartir con Estados Unidos la responsabilidad de garantizar la seguridad en el norte de África y en el Medio Oriente, lo cual incluiría la seguridad de Israel.
Los bombardeos rusos en Siria no están dirigidos contra los aliados de Estados Unidos. En realidad constituyen una ayuda militar para el presidente Obama, quien –desde hace un año– no logra hacerse obedecerse por la coalición que supuestamente debía operar contra el Emirato Islámico.
Rusia espera llevar a Estados Unidos a una conferencia regional de paz que concretaría la aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU –incluyendo la retirada de Israel hacia las fronteras de 1967–, así como la aplicación de la Iniciativa Árabe de Paz y del Plan de Acción Global Común sobre el programa nuclear iraní.
Para derrotar el terrorismo islámico habría que combatir el factor que provocó su surgimiento: la ideología materialista de la Hermandad Musulmana.

Thierry Meyssan

[1] «Hacia el fin del sistema Erdogan», «Ucrania y Turquía han creado una brigada islámica internacional contra Rusia», por Thierry Meyssan, Red Voltaire, 15 de junio y 15 de agosto de 2015.

[2] «Resolución 2165 y debates (ayuda humanitaria en Siria)»,Red Voltaire, 14 de julio de 2014.

[3] “Are there Russian troops in Syria?”, Yuri Artamonov, 5 de septiembre de 2015.

[4] Lectura muy importante: «Proposición rusa de un debate sobre el terrorismo en el Consejo de Seguridad de la ONU», Red Voltaire, 1º de octubre de 2015.

[5] «¿Obama y Putin van a repartirse el Medio Oriente?», por Thierry Meyssan, Оdnako (Rusia), Red Voltaire, 24 de febrero de 2013.

"Traficantes de narcóticos especialmente designados"

Estados Unidos acusa a una influyente familia hondureña de narcotráfico

Los Rosenthal, de los capitales más fuertes de Honduras, están en el ojo de una tormenta criminal por lavado de dinero y sobornos

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JOSÉ MELÉNDEZ San José (Costa Rica) 8 OCT 2015  

Yani Rosenthal en Honduras. / FERNANDO ANTONIO (AP)

El influyente clan empresarial de los Rosenthal, una de las familias hondureñas con mayor poder político, económico, deportivo y mediático y ligada al opositor Partido Liberal (PL), quedó atrapado en una tormenta criminal. El gobierno de Estados Unidos declaró como “traficantes de narcóticos especialmente designados” a tres de sus miembros e identificó a un conglomerado de sus compañías como parte de una vasta red de lavado de dinero y sobornos en bancos estadounidenses.

Los Rosenthal son dueños del periódico Tiempo, del canal 11, de una compañía de televisión por cable, del Banco Continental, de industrias de maquila, de un emporio azucarero y hasta de una granja de cocodrilos. Gran parte de sus negocios se desarrollan en la norteña ciudad de San Pedro Sula, la segunda más importante de Honduras.

En un caso cuya onda expansiva apenas empieza a impactar en los estratos políticos hondureños, Estados Unidos detuvo el 6 de octubre por la noche en Miami al hondureño Yankel Antonio Rosenthal Coello, de 46 años y presidente del Club Deportivo Marathón, uno de los principales del la principal liga de fútbol de Honduras.

Junto al empresario y dirigente deportivo fueron señaladas otras piezas claves: Jaime Rolando Rosenthal Oliva, de 79, patriarca de la familia y tío del presidente del Marathón; su hijo Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo, de 50; y su asociado Andrés Acosta García, de 40. Los tres están libres en Honduras.

En un comunicado suscrito por Rosenthal Oliva y Rosenthal Hidalgo, el Grupo Continental alegó que se les había acusado "falsamente" de lavado de activos y que rechazaban vehementemente las acusaciones hechas en su contra. "Demostraremos en el juicio correspondiente que somos inocentes de todo lo que se nos acusa”, apuntan los empresarios.

Los cuatro fueron identificados como banqueros hondureños por Preet Bharara, fiscal en el Distrito Sur de Nueva York, y Mark Hamlet, agente especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

La embajada de Estados Unidos en Honduras entregó a EL PAÍS una declaración de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en la que Bharara y Hamlet anunciaron que los cuatro hondureños “fueron acusados en conexión con una conspiración realizada durante varios años para lavar ganancias provenientes de crímenes de narcotráfico y de sobornos en el exterior mediante cuentas en Estados Unidos”.

“Cada uno ha sido acusado de un cargo de lavado de dinero, el cual establece una pena máxima de 20 años en prisión”, precisaron, al informar que “los acusados conspiraron con otras personas desde 2004 hasta septiembre de 2015” para el blanqueo de capitales. “Rosenthal Coello y los demás acusados utilizaron el sistema bancario y sus negocios para lavar las ganancias de narcóticos traficados hacia los Estados Unidos”, dijo Bharara. De manera paralela, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a los tres Rosenthal y a siete de sus compañías como Traficantes de Narcóticos Especialmente Designados.

En el comunicado, los Rosenthal rechazaron la inclusión en las listas del Tesoro y alegaron que “es un acto de saña en contra nuestra que repudiamos”.

Tesoro explicó que por efecto de esta designación, “todos los activos de estos individuos y de las entidades que están bajo la jurisdicción de Estados Unidos o que están en control de personas estadounidenses están congelados. Las designaciones “envían un claro mensaje de que nadie está por encima de la ley”, dijo la embajada estadounidense en una declaración que envió a este diario.

Las firmas identificadas como parte del negocio de los Rosenthal son Inversiones Continental (Panamá), S.A. de C.V., conocida como Grupo Continental y que, según el Tesoro, “es la compañía madre de un conglomerado de empresas en Honduras involucradas en actividades bancarias, servicios financieros, bienes raíces, agricultura, turismo, y medios de comunicación”.

También es señalada la Empacadora Continental, conocida ahora como Alimentos Continental y filial agrícola de Grupo Continental, así como Inversiones Continental, conocido como Grupo Financiero Continental, y el Banco Continental, de Honduras.

Tras aducir que es un caso aislado que tampoco afecta al resto del sistema bancario hondureño, la estatal Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) de Honduras anunció este miércoles que intervendrá el Banco Continental, para la “estricta revisión, verificación, control y vigilancia” de sus actividades y operaciones. La CNBS informó que el banco seguirá operando con normalidad pero que, por las decisiones del Tesoro, adoptó las “medidas administrativas pertinentes” para “revisar y garantizar la idoneidad y solvencia moral de los miembros de la junta directiva”, funcionarios del banco y accionistas.

Por su parte, Adam J. Szubin, subsecretario Interino de Terrorismo e Inteligencia Financiera de Estados Unidos afirmó que el Gobierno de su país “está completamente comprometido para proteger el sistema financiero estadounidense de criminales como los Rosenthal”. Szubin ofreció a Honduras la cooperación para blindar su sistema financiero “de abusos por parte de narcotraficantes y de otros actores ilícitos”.

La Presidencia de Honduras emitió un pequeño boletín sobre el arresto de Rosenthal Coello y anunció las medidas de la CNBS.

El hondureño Fabio Lobo —hijo del expresidente de Honduras, Porfirio Lobo, del gobernante Partido Nacional (PN) y quien gobernó de 2010 a 2014— fue detenido por narcoactividad por la DEA en mayo pasado en Haití y trasladado a Nueva York. Desde hace más de 20 años, por su ubicación geográfica y por su porosidad institucional, judicial, militar, policial, política, partidista y empresarial, Honduras ha sido pieza clave del contrabando de drogas del sur al norte de América y de actividades criminales paralelas.

El Congreso de EE UU exige penas de cárcel por el engaño de Volkswagen

CASO VOLKSWAGEN

El responsable del fabricante alemán en América garantiza que la compañía asumirá la plena responsabilidad por el fraude

SANDRO POZZI Nueva York 8 OCT 2015



El responsable de Volkswagen para América testifica ante el Congreso. / CHIP SOMODEVILLA (AFP) | REUTERS 

El Congreso de Estados Unidos ha exigido responsabilidades penales a Volkswagen y sus directivos por haber falseado de manera intencionada las emisiones de sus coches diésel. Michael Horn, máximo responsable del fabricante alemán para el mercado americano, no tuvo más remedio que confesar ante los legisladores que conocía el problema desde hace año y medio. Además, anunció que la compañía retira la solicitud para el certificado de los modelos 2016.

Los legisladores en el comité de Energía y Comercio en la Cámara de Representantes no tuvieron compasión con Horn. El congresista por Nueva Jersey Frank Pallone fue rotundo al decir que el castigo a la empresa alemana debe ser severo y espera que se exijan responsabilidades penales contra los individuos, sin limitarse a sancionar al grupo. "Alguien deberá ir a la cárcel", disparó. Es la única manera, dijo el demócrata, de "acabar con esta cultura de negligencia" en la industria.

Uno tras otro, los legisladores pusieron en evidencia que este engaño fue "claramente intencionado". Los clientes de Volkswagen, señaló el republicano Tim Murphy, presidente del comité, compraron estos modelos anunciados bajo el emblema de "diésel limpio" porque pensaban que cumplían los límites de emisiones sin que eso afectara a su rendimiento ni a su eficiencia. "Todo esto está en el aire", lamentó la republicana Marsha Blackburn mientras el demócrata Peter Welch ponía el fraude a la altura del de Bernard Madoff y Enron.

"Mi primer coche fue un Beetle. Confié en este vehículo para que me transportara", relató Murphy al inicio de la sesión, "hasta el pasado septiembre". La demócrata Diane DeGette contó también que heredó de su abuela uno del año 1960. Ambos denunciaron que este caso representa una clara "violación de la confianza pública". Por eso exigieron que se revele el nombre de los responsables. Horn afirmó que se les identificará cuando concluya la investigación interna, aún en curso.

Fred Upton dejó claro que esta investigación en el Congreso es "solo el comienzo" y que se la toma muy personal porque considera que "Volkswagen ha traicionado a toda la Nación". Por eso apoya que se emprenda acciones criminales contra los responsables. "Es el momento de limpiar esto o de abandonar la carretera". El Departamento de Justicia tiene un expediente abierto para depurar responsabilidades. David McKinley también pidió "tolerancia cero" ante este tipo de mentiras.
Llamada a revisión

Lo más urgente, en todo caso, pasa por saber qué va a hacer ahora Volkswagen. Horn explicó que los ingenieros de la compañía están trabajando en una solución, que pasaría por instalar un sistema alternativo en los futuros modelos diésel. Por este motivo, la compañía procede a retirar la solicitud para que la agencia estadounidense de protección medioambiental (EPA, en sus siglas en inglés) le dé el certificado para vender los modelos de gasóleo 2016.

Eso significa que no habrá ventas de coches nuevos con ese motor durante meses. En paralelo se está trabajando en una solución técnica para los coches de distintas generaciones diésel que ya circulan, que sea aprobada por la EPA. La intención de Volkswagen es hacer una llamada a revisión en enero para los modelos más recientes. En el caso de los motores de segunda generación no será antes de mediados de 2016. Los de primera, el mayor número, tendrán que esperar un año.

"Quiero ser claro, asumimos la plena responsabilidad", dijo Horn en su testimonio, que hizo de forma voluntaria. "Estamos determinados en hacer las cosas de la manera correcta", añadió, "eso incluye aceptar las consecuencias de nuestros actos, aportar un remedio y empezar a restaurar la confianza de nuestros clientes, concesionarios, empleados, reguladores y el público en general".

La EPA destapó el engaño el 18 de septiembre. Sin embargo, Michael Horn admitió que internamente sabían de este problema desde mayo de 2014, cuando se dio a conocer el resultado de un estudio elaborado por la Universidad de Virginia Occidental en el que revelaba las emisiones de los coches en laboratorio eran significativamente inferiores a las que se registraban en condiciones normales de tráfico.
Secuencia del escándalo

“Cuando el estudio fue publicado, me dijeron que había un posible incumplimiento de las emisiones que podía remediarse”, admitió en su intervención, “también fui informado de que el incumplimiento de las reglas acarrea sanciones”. Pero no supo hasta el 3 de septiembre de la existencia del dispositivo. A partir de ahí explicó que a final de 2014 se empezó a trabajar en una solución técnica. El máximo ejecutivo de Volkswagen para América también subrayó que la decisión de instalar el dispositivo no fue corporativa, "sino de dos ingenieros".

Volkswagen calcula que se vendieron 11 millones de vehículos en todo el mundo con el sistema, de los que casi medio millón en EE UU. Esta primera audiencia en el Congreso se estructuró en dos paneles. Tras la intervención de Michael Horn fue el turno de Christopher Grundler, responsable de calidad del aire en la EPA, y Phillip Brooks, encargado de la supervisión de la Clean Air Act.

La agencia empezó a investigar a Volkswagen el mismo mayo de 2014 junto a las autoridades en California. Aunque no fue hasta julio pasado cuando descubrieron el verdadero motivo de la discrepancia en la medición de las emisiones. En ese momento se pusieron en contacto con Volkswagen y al mes se amenazó a la compañía con no dar la certificación a los modelos de 2016 si no había una admisión pública del engaño.

"Es una violación muy seria", dijo Grundler. La EPA no estableció aún la sanción a Volkswagen. La agencia que se encarga de la protección del medio ambiente, explicaron los dos funcionarios, está examinando en paralelo otros vehículos diésel para determinar si el sistema de control de las emisiones es el adecuado y cumple con los requerimientos de la legislación.

El comité de finanzas del Senado solicita, entre tanto, está buscando la manera ahora de recuperar los créditos fiscales a la eficiencia de los que se beneficiaron los clientes de Volkswagen. Se trataría de unos 50 millones de dólares, unos 1.300 dólares por vehículo vendido. Los legisladores buscan la manera de que sean restituidos al erario sin que eso afecte a los dueños de los vehículos afectados por el fraude.

Los senadores Orrin Hatch, republicano, y Ron Wyden, demócrata, consideran que el fabricante europeo engañó a las autoridades federales al falsear la certificación de sus vehículos. Así se lo han comunicado por carta a la plana mayor de Volkswagen en Alemania y en EE UU. La legislación establece que la compañía será sujeta a una sanción en el caso de que se produzca un problema con la certificación.

IMPUNIDAD

URUGUAY - DICTADURA

Ejército hizo desaparecer en 2006 los archivos clave de la OCOA

La ministra Berruti los lacró, pero los sacaron de su lugar

Por Gabriel Pereyra
Octubre 6, 2015



Archivo El Observador

Es "muy poco probable" que la información requisada por la Justicia al recientemente fallecido coronel del Ejército Elmar Castiglioni tenga datos relevantes que contribuyan a averiguar el destino de los desaparecidos durante la dictadura militar (1973-1985), dijeron a El Observador varios exoficiales que trabajaron en tareas de Inteligencia. 

Por su parte, la ex ministra de Defensa, Azucena Berruti, dijo a La Diaria tener la esperanza de que las 60 cajas encontradas en la casa del militar sean los archivos que en 2006 faltaron de un inventario que se hizo en la sede de Inteligencia. Pero, según el relato de militares allegados a la Inteligencia, aquellos documentos que Berruti no encontró en realidad fueron hechos desaparecer por la fuerza de tierra.

Recolector de información

Las fuentes dijeron que Castiglioni, que pasó por varias reparticiones de Inteligencia dentro de las Fuerzas Armadas, se caracterizaba por reunir para sí información, presuntamente para usarla con algún fin personal, aunque no hay evidencia de que ello haya ocurrido.
"De cada repartición que pasaba, copiaba y se llevaba cosas, era tremendo", dijo uno excamaradas de Castiglioni.

Las fuentes estimaron que el grueso de la información que la jueza Beatriz Larrieu incautó de la casa de Castiglioni pertenecía a la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (Dinacie), ex Dirección General de Información de Defensa (DGID), ex Servicio de Información de Defensa (SID), donde el militar revistó en el año 2006.

Esa repartición, dependiente del Ministerio de Defensa, estuvo históricamente bajo la égida de un general o coronel del Ejército. La ley de Caducidad estableció en 1986 que la jefatura fuera rotativa con la Armada y la Aviación. Antes de que el mando empezara a rotar, el Ejército reunió toda la información que consideraba importante estratégicamente y se la llevó a su servicio de Inteligencia propio (que funciona en la sede de la escuela de Inteligencia en la calle Eduardo Víctor Hedo, exDante).

En la DGID, luego Dinacie, quedó información de escasa relevancia, como por ejemplo registro de vicios o comportamientos de algunos dirigentes políticos.

Lo que sí quedó en esa repartición, y hoy está provocando cierta preocupación, son los nombres de los informantes, algunos de los cuales son personas allegadas a la izquierda, cuya tarea, en ciertos casos, no terminó con el fin de la dictadura sino que continúa hasta el presente.

Tanto la Dinacie como el Servicio de Inteligencia del Ejército manejan fondos con los que se les paga mensualmente a estos informantes. ¿El monto?: depende del lugar en el que estén y de la calidad de la información que aporten.

El titular de cada repartición recibe todos los meses ese dinero y hace recibos para pagarles a los confidentes.

Pero un militar retirado dijo que si esa información estaba en poder de Castiglioni, los informantes pagos no deberían estar nerviosos ya que, incluso en el recibo, se ponía el apodo ya que el nombre real solo lo conocía el "manipulador", nombre que se le da al militar que logra cooptar al colaborador.

Lo que la ministra dejó

La labor de los servicios de inteligencia militares, sobre todo el de la Dinacie, que debe coordinar el trabajo de todos los servicios de Inteligencia que funcionan en el país, nunca estuvo del todo claro desde un punto de vista legal, ya que las Fuerzas Armadas no pueden accionar en el orden interno.
Al margen de eso, las relaciones entre los servicios militares y los de la Policía fueron muy malas y, tras la dictadura, nunca compartieron información importante.

Pero las fuentes aportaron un dato que parece ser aún más relevante que la suerte que puedan correr los informantes de los militares: ¿qué ocurrió con los archivos que pueden dar indicios sobre los desaparecidos?

Durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010) la entonces ministra de Defensa, Azucena Berruti, telefoneó un día de 2006 al entonces jefe del Ejército, Carlos Díaz, y le informó que al día siguiente iría a la sede de la Inteligencia del Ejército a lacrar toda la información que allí hubiese. Díaz ni se dignó en avisarle a sus subalternos y al día siguiente mayúscula fue la sorpresa en la sede militar cuando apareció la ministra con sus colaboradores. "Revisaron hasta los armarios de los coroneles", dijo un militar.

Todo fue lacrado pero, según supo El Observador, cuando el grupo liderado por la ministra se retiró del lugar no se llevó un detalle preciso de la cantidad y calidad de la información registrada.
Cuando volvieron a buscarla, una parte de esa información lacrada había desaparecido. ¿Cuál?: casi toda la que pertenecía a la denominada OCOA (Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas).

"Se comprobó que no estaba completo el material, teníamos que seguir buscando a ver qué había pasado", dijo Berruti a la Diaria.

Si bien el Servicio de Inteligencia tuvo durante la dictadura un papel importante en la detención e interrogatorio de detenidos, la OCOA, que tenía delegados en todas las reparticiones del país, estaba a la vanguardia de las operaciones no solo contra el MLN sino contra otros grupos como el Partido Comunista. Castiglioni integró la OCOA. "El Ejército era muy minucioso a la hora de elaborar informes y ahí sí, en los archivos de la OCOA uno puede saber quién detuvo a quién en qué momento, y dónde y por quién fue interrogado", dijo un informante, quien reiteró: "Esa información no estaba cuando la fueron a buscar porque el Ejército la hizo desaparecer de la sede de Inteligencia y no creo que vuelva a aparecer ahora".

GOLPE SUAVE FASE II

LA JUSTICIA ELECTORAL DE BRASIL HABILITO UNA INVESTIGACION SOBRE SU CAMPAÑA DE REELECCION

Dilma denuncia “variantes golpistas”

La presidenta brasileña criticó a aquellos que buscan anticipar su salida del gobierno y pidió imparcialidad a los jueces.

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se defendió ante aquellos que cuestionan su gobierno, luego de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) reabriera un proceso por supuestas irregularidades en la campaña electoral. La acción del TSE se basa en presuntas anormalidades de las finanzas en la campaña por la reelección de 2014, cuando Rousseff y su vice, Michel Temer, obtuvieron un segundo mandato.

La jefa de Estado criticó a aquellos que buscan anticipar su salida del gobierno y pidió imparcialidad a los jueces tras el anuncio de que el TSE comenzara a investigarla por supuesto financiamiento ilegal de la campaña que derivó en su reelección. “La democracia brasileña es fuerte y suficiente para prevenir que variantes golpistas tengan espacio en el escenario político brasileño”, dijo. “En un momento de acentuadas diferencias, son fundamentales los ejemplos de serenidad, apaciguamiento, respeto por la diversidad y búsqueda de un ambiente más ameno y amigable en el país”, señaló.

Esta es la primera vez que el TSE abrió un proceso de ese tipo contra un jefe de Estado de la República y su vice. La acción fue presentada por el opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y se suma a otros tres procesos, también impulsados por los socialdemócratas, que se encuentran en manos de la Justicia Electoral. Las cuatro acciones pueden derivar en multas a la campaña o hasta incluso quitar a la presidenta y su vice del poder. Si el tribunal condenara a Dilma y a Temer, su victoria quedaría impugnada. En ese caso, debería asumir el presidente de la Cámara baja, el tercer cargo en la línea sucesoria, quien tendría que convocar a nuevos comicios. Se trata de Eduardo Cunha, que fue denunciado por corrupción en el caso Petrobras y a quien varios parlamentarios le pidieron la renuncia.

La decisión de reabrir la acción de la impugnación de los mandatos fue resuelta por cinco votos contra dos. El proceso se encontraba paralizado desde agosto debido a que uno de los magistrados que integran el tribunal había pedido prórroga para analizar las denuncias. La principal sospecha es que el PT recibió dinero desviado de Petrobras, en el marco de la red de corrupción que sacude a la petrolera. Los recursos ilícitos, según la sospecha, habrían sido utilizados para financiar la campaña política de la presidenta. La rendición de cuentas de Rousseff relativas a la campaña de 2014 fue aprobada a fines del año pasado por unanimidad, pero con salvedades, por el tribunal electoral. Debido a esas salvedades, el relator de la rendición de cuentas de Rousseff, Gilmar Mendes, ordenó que las autoridades pertinentes continuaran investigando las sospechas de irregularidades.

Según el coordinador jurídico de campaña del PT, Flávio Caetano, las acciones que analiza la Justicia Electoral se basan en asuntos que fueron resueltos durante la campaña electoral o durante la rendición de cuentas. “El tribunal demoró diez meses para decidir que la acción debe ser recibida, lo que demuestra la fragilidad de la acusación”.

Por otra parte, la mandataria es investigada por el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), que no es un ente del Poder Judicial sino un organismo consultivo del Poder Legislativo. El TCU aconsejó anoche al Congreso que rechace los balances del gobierno correspondientes a 2014 porque en ellos se cometieron faltas a la Ley de Responsabilidad Fiscal y se violó de forma sistemática las reglas de transparencia y gestión fiscal. Los miembros del tribunal acompañaron por unanimidad la recomendación del juez instructor del caso, Augusto Nardo, quien encontró indicios de irregularidades en 15 puntos de las cuentas públicas.

Contratos al estilo Niembro

Buenos aires gasta

Gobierno porteño utilizó 700 veces el decreto 556/10, que permite sortear las licitaciones por razones de "urgencia". 

El Ente de Turismo del gobierno de Macri pagó, a través de contrataciones directas, más de 3 millones de pesos a la agencia Grupo Ocho, por supuestos traslados “de urgencia” de invitados y periodistas en el marco de diversas actividades programadas.

 Por Werner Pertot

El Ente de Turismo, que depende del gobierno de Mauricio Macri, contrató doce veces la misma agencia de viajes a través de contrataciones directas y usando el decreto 556/10, es decir, con la misma metodología utilizada con la empresa fundada por Fernando Niembro. Según una investigación del legislador kirchnerista Fernando Muñoz, la empresa Grupo Ocho SRL cobró más de tres millones de pesos sin licitación pública por traslados de invitados y periodistas (todos “de urgencia”) para eventos como el Lollapalooza, el Buenos Aires Rock y la “campaña verano 2015” del gobierno porteño. “Este sistema es repetido y habitual: contratar empresas recién creadas, sin historia comercial y luego convertirlas rápidamente en proveedoras directas del Estado, sin competir con otras y sin tener que pasar por los controles habituales de las licitaciones”, indicó Muñoz.

El legislador porteño ya rastreó que en el último año el gobierno porteño utilizó 700 veces el decreto 556/10, que permite sortear las licitaciones por razones de urgencia. Una de ellas –publicada por Página/12 en marzo– fue la contratación de un grupo de empresas para hacer la logística del recital de Violetta. Esas firmas tenían personas en común en sus directorios y tres de ellas compartían la misma dirección.

En el caso del Ente de Turismo, que actualmente conduce Fernando de Andreis –ex jefe de campaña de Horacio Rodríguez Larreta–, Muñoz encontró doce contrataciones a la misma agencia de viajes: Grupo Ocho SRL, que tiene como gerente a Gustavo Joaquín Albamonte. La empresa fue creada el 29 de julio de 2013, poco antes de empezar a recibir contrataciones. Algunas de esas contrataciones fueron:

- Como parte del evento Es tu día Buenos Aires, realizado junto con la Universidad Maimónides, el Ente le pagó a la agencia Grupo Ocho 150.365 pesos por “servicios aéreos, traslados y alojamientos para seis invitados de Colombia, Perú y Brasil”.

- En diciembre de 2014, le pagó a la misma agencia de viajes otros 169.862 pesos por el viaje aéreo, alojamiento y traslado de periodistas a las ciudades a las que pertenecían los ganadores del concurso “Experiencia Buenos Aires”, que proponía cursos de verano para jóvenes.

- En marzo de 2015, el Grupo Ocho recibió otros 299.887 pesos por el traslado para periodistas como parte de la Campaña Verano 2015.

- Otros 53 mil pesos en pasajes y alojamiento para los ganadores de los concursos Lollapalooza y Dueto en el Teatro Colón.

- Más pasajes y hospedaje para quienes ganaron el concurso Buenos Aires Rock, por 357.950 pesos para la misma agencia de viajes.

- Otro pago de pasajes para ganadores de seis sorteos por 235.032 pesos.

- Un servicio de pasajes aéreos, hospedaje, almuerzo y cena como parte del programa Buenos Aires Celebra por Regiones por 291.400.

- El traslado y alojamiento de personas “en el marco de diversos programas” por 503.138 pesos.

En total, suman 3.032.136 pesos a la misma agencia de viajes.

En el Ente de Turismo respondieron a este diario que no se gastaron esos 3 millones sino 1,9 –pese a lo que consta en la documentación relevada por Muñoz– y que la agencia es una de las cuatro con las que trabajan cuando no puede cumplir otra empresa contratada por licitación. “Cuando no tiene pasajes tenemos que salir a contratar de urgencia. Las agencias vienen de antes de que llegara De Andreis”, indicó un funcionario de Turismo. Antes, el Ente funcionaba dentro de la órbita del ministro de Cultura, Hernán Lombardi.

Lo cierto es que en todos los casos son contrataciones directas y en ocho usaron el decreto 556/10, que firmó Macri. “El decreto que habilita a los funcionarios macristas a contratar proveedores en forma arbitraria y directa confirma un menemismo de multinacional, un estilo que en los 90 era mucho más escandaloso por expuesto y desprolijo”, indicó Muñoz, quien presentó un pedido de informes sobre los viajes pagos a periodistas. El legislador consideró que “siempre dispuesto a minimizar los actos de corrupción más evidentes, el macrismo es menemismo con tecnología y marketing de grupo empresario”.

SERVICIOS Y MAS SERVICIOS

ARGENTINA : EL FISCAL CARLOS STORNELLI DECLARO EN LA CAUSA POR LA MUERTE DE NISMAN

Los llamados del domingo

La fiscal Fein lo interrogó por sus comunicaciones en el día de la muerte de Nisman. Stornelli informó que habló con el teléfono de Fernando Pocino, por entonces director general de Reunión de Información de la SI. Dijo que no conoce a Stiuso.

 Por Irina Hauser

El fiscal federal Carlos Stornelli declaró por segunda vez como testigo en la investigación sobre la muerte de Alberto Nisman. A la fiscal Viviana Fein le interesaba preguntarle sobre sus comunicaciones, el mismo día que apareció sin vida el ex titular de la UFI-AMIA, con un Nextel que a su vez se contactaba con integrantes de la ex SIDE. Por las respuestas, quedó claro que el teléfono en cuestión es el que usa históricamente un agente del organismo de inteligencia, Fernando Pocino, por entonces director general de Reunión de Información. Stornelli dijo que son amigos desde 1980, confirmó que hablaron el 18 de enero y relató que en uno de los contactos fue él mismo quien lo llamó para preguntarle si sabía algo sobre el hallazgo de Nisman en medio de un charco de sangre en el baño. Los días previos, dijo, habían hablado sobre la denuncia de encubrimiento contra la Presidenta. A Antonio Stiuso señaló que no lo conoce ni quiso conocerlo.

Fein recibió hace algunas semanas un informe de la División Fraudes Bancarios de la Policía Federal, a la que le había encomendado el análisis de los llamados telefónicos y contactos de Nextel del día en que Nisman apareció muerto y semanas precedentes. El fiscal fue hallado tendido en el baño cuando su madre, Sara Garfunkel, entró en el departamento con el custodio Armando Niz, ya después de las diez de la noche. Ese domingo, 18 de enero, según el reporte sobre los llamados, hubo un gran flujo de comunicaciones que no era habitual entre agentes de inteligencia que tenían relación con Nisman y en esa madeja aparecía el celular con el que hablaba Stornelli, a nombre de Silvia Tomalini, pero que resultó, según confirmó en su declaración, el de Pocino.

La fiscal decidió hurgar en ese entramado de comunicaciones que le llamó la atención porque se producen cuando Nisman ya estaba sin vida o poco antes. Surge, por ejemplo, que el ex jefe de Operaciones, Stiuso, y el director general de Análisis, Alberto Mazzino, habían estado en contacto con Nisman hasta fines de diciembre y entre ellos también, aunque dice el reporte policial que no hablaban los domingos. Ese domingo 18, Mazzino habla con Stiuso y luego con el celular a nombre de Tomalini. Nisman quiso hablar con Stiuso el viernes 16 y el sábado 17 de enero, pero no le contestaba las llamadas. A esa altura ya había presentado la denuncia contra el Gobierno y el lunes 19 lo esperaban en el Congreso para una exposición.

La fiscal le mostró a Stornelli algunos números de Nextel que no reconoció y que incluso, para testear si eran de alguien conocido, marcó en medio de la declaración. Pudo identificar, en cambio, el que usa Pocino, con quien dijo que habla casi todos los días por la amistad que mantienen. Relató que habían hablado aquella semana previa a la muerte, que estuvo marcada por la presentación de la denuncia penal de Nisman contra Cristina Kirchner y Héctor Timerman, entre otros. Stornelli, que tenía cierta relación con Nisman también, recordó que lo llamó el viernes 16 de enero, que lo notó preocupado y que le ofreció su caja fuerte para guardar material vinculado con la denuncia. El fiscal fallecido le dijo, según contó, que si bien era conocido su estrecho lazo con Stiuso a través del caso AMIA, el ex agente no tenía relación con la denuncia contra el Gobierno y que creía que seguramente le hubiera desaconsejado presentarla. Stornelli se atajó con el argumento de que no sabía “si era verdad o mentira” lo que le decía Nisman. “El hablaba de lo pesada que era la prueba que tenía” y “era consciente de la gravedad del tema”, comentó.

Stornelli estaba en Pinamar en enero. Fein le preguntó por al menos tres llamados con el Nextel que usaba Pocino el domingo 18 al mediodía y a la noche, pasadas las 21. Ya en la madrugada del 19 repasó que lo llamó otro amigo, que estaba en la misma ciudad, el diputado Cristian Ritondo (PRO) y le dijo: “Carlitos, salió en un portal que al ruso lo encontraron en un charco de sangre”, sin precisarle si estaba vivo o muerto. “Yo le contesté que seguramente era mentira y se trataba de una operación de prensa”, declaró Stornelli. De todos modos llamó a Pocino para ver si sabía algo y la respuesta fue que no. Se comunicó con otro fiscal, Carlos Rívolo, quien cree recordar que le confirmó la muerte. Cuando Fein le preguntó sobre el resto de los contactos con Pocino ese domingo, dijo que no se acordaba pero que es posible que hayan hablado. “En esa semana el tema era la denuncia de Nisman”, dijo.

La relación entre Pocino y Stiuso fue uno de los últimos puntos donde quiso profundizar la fiscalía. Stornelli dijo que alguna vez el primero le dijo que “podría haber alguna diferencia de opiniones”. Aclaró que él mismo no conoce a Stiuso, “jamás lo quise ver, ni conocer, ni tener nada que ve con él”. Informó que él fue el primer fiscal que tuvo la causa sobre encubrimiento del ataque terrorista (hoy en juicio) y que promovió la acción penal, lo que derivó en “dolores de cabeza” y deslizó sus dudas sobre el papel de Stiuso.

Del entrecruzamiento analizado por Fraudes Bancarios la fiscalía reparó también en que el celular a nombre de Tomalini –al parecer, ex esposa de Pocino– se contactaba con el Ministerio de Seguridad bonaerense, el jefe de la policía provincial, Hugo Matzkin, el Ministerio de Justicia y el Estado Mayor Conjunto, además de Mazzino. Esos contactos –según deslizan en el Gobierno– podrían tener relación, algunos, con el robo de un misil antitanque en el Escuadrón de Caballería Blindado 1 de Arana y otros con rumores de enfrentamiento entre grupos de barras de River y Boca, que jugaban ese fin de semana. Aunque es evidente que por sí misma la denuncia de Nisman había provocado una enorme conmoción y había dudas sobre qué podría decir en el Congreso (lo que no se concretó) que generaban inquietud en todos los niveles. Aun así, ya ese fin de semana del 17 de enero se hacía cada vez más evidente la debilidad de su presentación, que incluso desmentía públicamente el ex secretario de Interpol al hablar de la vigencia de las alertas rojas sobre los iraníes sospechosos y el compromiso de las autoridades argentinas.

INTERPOL BRASIL CONFIRMO QUE ANTONIO STIUSO VIAJO EN FEBRERO A ESTADOS UNIDOS

CASO NISMAN

Un espía al uso nostro de Porto Alegre a Miami

El ex jefe Operaciones de la SIDE, de estrechas conexiones con los servicios norteamericanos, voló el 19 de febrero de Brasil a Miami y, desde entonces, Washington se negó a revelar su paradero. Para el viaje, Stiuso usó un pasaporte italiano.

 Por Raúl Kollmann

El alerta azul librado por Interpol a pedido de los fiscales que investigan el ataque a la AMIA.

Interpol de Brasil confirmó que el ex jefe de espías Antonio Horacio Stiuso viajó el 19 de febrero de Porto Alegre a Miami. El dato, que fue adelantado hace meses por Página/12, lo oficializó ayer Interpol Brasil y ahora es Interpol Washington quien debería contestar sobre el paradero de Stiuso. La Unidad AMIA no pidió su detención ni la Argentina está reclamando que se lo extradite: la alerta azul solicitada por los fiscales que investigan el atentado consiste en determinar el paradero porque se lo busca para que declare como testigo. En la Cancillería se están revisando los tratados de colaboración judicial existentes entre Argentina y Estados Unidos porque en ellos están contemplados justamente los casos en los que la justicia de un país busca a un ciudadano que está en el otro. Por ahora, en Washington insisten en que deben librarse exhortos, lo cual obviamente demora el trámite. Para el gobierno argentino, Stiuso no es un protagonista cualquiera, sino que formaba un equipo con el fallecido Alberto Nisman y tuvo relación con el regreso del fiscal desde Europa y con la denuncia contra la Presidenta y el canciller. Además, en las últimas 24 horas de su vida, Nisman lo buscó en forma denodada.

“El causante partió de Porto Alegre con destino a la Ciudad de Miami, Estados Unidos de Norteamérica, con fecha 19/02/2015, habiéndose identificado en aquel momento con pasaporte italiano Nº AA3441362”. Esta es la información textual que Interpol Brasilia le envió a su par de Argentina y que se conoció ayer a través de un comunicado del Ministerio de Seguridad de la Nación. En su momento, este diario reveló que el ex jefe de Operaciones salió del país el 18 de febrero por Paysandú, acompañado por un funcionario de la Aduana, Daniel Sierra, y que lo hizo en un Jeep Cherokee a nombre de la empresa House to House. Uno de los directivos de esa compañía estuvo imputado en un caso de narcotráfico. También Página/12 adelantó que Stiuso pasa la mayor parte del tiempo en el resort Portofino, en Pensacola, La Florida, aunque últimamente se lo ha visto también en Miami. Todo indica que los servicios de inteligencia norteamericanos y el lobby de la derecha republicana protegen al ex espía. Es que Stiuso siempre tuvo –aun durante el actual gobierno– un estrecho vínculo con ellos.

Por ahora, ninguno de los cuatro jueces que instruyen causas contra Stiuso lo llamaron a una declaración indagatoria. Se lo investiga por contrabando (el magistrado a cargo es Rafael Caputo); ocultar información en el caso AMIA (Julián Ercolini), escuchas ilegales en una causa trucha (Luis Rodríguez) y enriquecimiento ilícito (Sebastián Casanello). En las cuatro causas, los fiscales jugaron un papel de relevancia y se está avanzando en la instrucción. En forma paralela, los fiscales de la Unidad AMIA lo quieren escuchar como testigo a raíz de que no aparece un estudio de entrecruzamiento de llamadas de la época del atentado. Stiuso le envió notas a Nisman diciendo que estaba casi listo, pero esa prueba elemental –las llamadas entre sospechosos– no aparece ni en la ex SIDE ni en el expediente AMIA. Por su parte, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), ex SIDE, lo reclama porque tenía la obligación legal –como todos los ex jefes de inteligencia– de presentarse periódicamente y no lo hizo. La AFI también le pidió al juez Norberto Oyarbide que libre una alerta azul de Interpol, pero el magistrado básicamente argumentó que no había motivos para que intervenga la justicia federal, entre otras cosas porque rige el pedido de los fiscales de AMIA. A ésta alerta azul de los fiscales es la que respondió ayer Interpol Brasilia.

Según dicen en la Cancillería, las cosas no cambian por el hecho de que Stiuso haya ingresado a Estados Unidos con ciudadanía italiana. La Argentina, como miembro de Interpol, pide que se lo ubique –no que se lo detenga– porque hay un requerimiento de fiscales de la justicia argentina, los de AMIA. Stiuso, como italiano, no necesitó visa para ingresar en el país del norte, pero eso no lo eximirá de presentarse ante la justicia argentina cuando se lo requiera. Por lo tanto, corresponde que se informe de su paradero, tal como se pidió a través de Interpol.

Lo cierto es que, por ahora, Wa-shington está tratando de hacer tiempo y parece que congelará todo hasta después del 10 de diciembre. El comunicado del Ministerio de Seguridad argentino lo puso en blanco sobre negro ayer: “asimismo, se requirió a Interpol de Wa-shington un informe similar al de Brasil, obteniendo como respuesta que el requerimiento deberá ser canalizado por intermedio de un pedido formal de asistencia legal de conformidad con el tratado sobre la materia que vincula a los dos países”. Como se ve, la diferencia es notoria. Brasil contestó de inmediato. No necesitó ningún requerimiento de un juez, porque no se trata ni de una orden de detención ni de un pedido de extradición. Con el alerta azul de Interpol alcanzó.

Estados Unidos, en cambio, esquiva el requerimiento de Interpol –al que podría contestar por notificación del FBI– y reclama un trámite como si se tratara una extradición. El gesto cobra todavía más relevancia si se tienen en cuenta cuatro movidas de importancia:

- La Cancillería citó al embajador Noah Mamet hace un mes para pedirle que Estados Unidos informe en qué carácter reside Stiuso en ese país. Mamet sólo respondió que consultaría a Washington.

n A raíz de la falta de respuestas, la Presidenta y el canciller Héctor Timerman le pidieron a la embajadora argentina en Washington, Cecilia Nahón, que se hiciera presente en el Departamento de Estado y pidiera la misma información. Tampoco hubo respuesta.

- La Presidenta hizo referencia al tema en su discurso en las Naciones Unidas y le reclamó a la administración de Barack Obama que explicara esa especie de refugio que se le está brindando a Stiuso.

- Finalmente, hubo una nueva citación a Mamet para expresarle el malestar por la falta de colaboración.

Estos sucesos tienen que ver con el papel que tuvo Stiuso, junto a Nisman, en hechos vitales de los últimos tiempos y que, para la Casa Rosada, exhiben el alineamiento que ambos tenían con las derechas republicana e israelí e incluso con los fondos buitre.

Lo trascendente fue el regreso sorpresivo de Nisman a Buenos Aires, interrumpiendo sus vacaciones en Europa que Stiuso, coequiper del fiscal, vivió de cerca. La inmediata presentación, en medio de la feria judicial, de una denuncia contra la Presidenta y el canciller que según los jueces que intervinieron no constituía delito y no se había acompañado con pruebas o indicios que la sustentara. Stiuso estaba al tanto de la denuncia. En el dramático fin de semana del 17 y 18 de enero, Nisman buscó a Stiuso y éste no contestó el celular, lo que también exhibe su papel en lo que ocurrió. El fiscal dejó entrever que Stiuso le iba a aportar pruebas que, según parece, nunca le dio. Nisman murió aquel domingo a la mañana y su cuerpo apareció por la noche en el departamento de Le Parc. Desde entonces y hasta ahora siguen apareciendo las evidencias de la relación política y económica del fiscal y el espía entre sí y con sectores de Estados Unidos e Israel, además de la oferta de dinero de los fondos buitre para hacer una campaña contra el Memorandum y los flujos de fondos sin explicación hacia las cuentas de Nisman. El pedido de paradero no se relaciona con un protagonista menor de hechos menores, sino que la Casa Rosada, la Cancillería y también los fiscales lo consideran un protagonista de máxima importancia que, a primera vista, decidió refugiarse en Estados Unidos.

raulkollmann@hotmail.com

OBEDIENCIA DEBIDA

Secretario de Defensa, por Ayotzinapa: “No permitiré que interroguen a mis soldados”


Hemos ido a declarar casi 50 soldados a la PGR, algunos hasta 4 veces, sin tener “un solo señalamiento” en el caso Ayotzinapa. Por ello, “no puedo permitir que interroguen a mis soldados que no cometieron hasta ahorita ningún delito”, sostuvo el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

En entrevista para Noticieros Televisa, se preguntó “¿qué quieren saber?”. “¿Que qué sabían los soldados? está todo declarado, yo no puedo permitir que a los soldados los traten como criminales o los quieran interrogar para posteriormente hacer sentir que tienen algo qué ver y no apoyarlos, esa es mi posición y de ahí creo que no puedo ni debo salirme, porque perdería mucho de lo que soy”, agregó.

El titular de la Sedena dijo que el caso de los estudiantes desaparecidos en Iguala “lo lamentamos mucho, y lo sentimos como todos”, “pero querer involucrar al Ejército en esto, porque a alguien se le ocurrió, creo que es algo muy grave”.

Cienfuegos aseguró que tiene “totalmente claro qué es lo que sucedió con nuestra gente”, en referencia a lo que hizo el 27 batallón de Iguala, el día en que policías municipales y criminales atacaron, desaparecieron a los normalistas, y asesinaron a 6 personas.

El funcionario sostuvo que los militares estuvieron atendiendo, el 26 de septiembre 2014, un accidente de una pipa que se volteó, y “regresaron (al cuartel) alrededor de las 10:30 de la noche”.

Expuso que en lo que va de su administración ha documentado 100 eventos en los que normalistas tomaron autobuses o camiones con mercancía. Ante ello, mencionó: “supimos que salieron y qué estaban haciendo y en ninguna intervenimos, ¿por qué aquí deberíamos haber intervenido? que es parte de lo que se señala, primero no teníamos gente, segundo no teníamos por qué haber intervenido, ¿dónde estaba la policía estatal?, la municipal estaba atendiendo el problema”.

Cienfuegos indicó que el comandante del batallón se comunicó con el entonces director de Seguridad Pública municipal de Iguala, Felipe Flores: “Le preguntó que qué había, y él dijo no hay nada, no hay ningún enfrentamiento con los estudiantes, no tenemos ningún detenido, no ha habido disparos, tenemos controlados los accesos, eso le dijo el director de la policía que anda huyendo, al comandante del batallón”.

Además, “se le habló al de la policía estatal y él dice que no van a participar si no le giran instrucción de participar”.

Y agregó que por parte del Ejército “no hay ninguna omisión ni tampoco acción en contra de nadie”.

Respecto a ingresar a las instalaciones militares, comentó que ni la PGR ni la CNDH ni la CIDH encontraron algún “indicio mínimo de nuestra participación en algo ilegal”.

“¿Cuál es la razón o el pretexto de querer ingresar a los cuarteles?”, preguntó.

Por último, sentenció que los militares no podrán ser interrogados por los expertos de la CIDH.

“No tienen por qué declarar los soldados, primero porque no hay señalamiento claro de un involucramiento, nosotros solamente respondemos a las autoridades ministeriales mexicanas, el convenio que hace el gobierno con la CIDH, en particular con el grupo de expertos en ningún momento dice que pueden interrogar, no es posible, las leyes no lo permiten. No me queda claro ni puedo permitir que interroguen a mis soldados que no cometieron hasta ahorita ningún delito.

“No tengo nada qué esconder, no he cometido nada, así que va por delante mi prestigio también”, finalizó.

Aristegui Noticias
Diputados de comisión Ayotzinapa se reunirán con Batallón de Iguala

Por primera ocasión militares del 27 Batallón de Infantería destacados en Iguala, Guerrero, se reunirán con legisladores de la comisión especial de Ayotzinapa para detallarles su participación en los hechos del 26 de septiembre de 2014.

Por lo pronto, los diputados federales se reunieron este lunes en privado con el general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien como en noviembre pasado, durante el encuentro con los legisladores de la anterior comisión especial, justificó su falta de protección a los estudiantes debido a que el secretario de Seguridad Pública local les dijo que no pasaba nada y no requerían su participación.

María Guadalupe Murguía Gutiérrez, diputada del PAN y presidenta de la nueva comisión, dijo en entrevista que el general Cienfuegos les relató que había poco personal esa noche, debido a que estaban auxiliando en la limpieza de un derrame de sustancias tóxicas sucedido poco antes del ataque contra los normalistas.

Además, cuando elementos del C4 les informaron sobre los acontecimientos, la base del batallón se comunicó con el titular de la SSP de Iguala, quien les respondió “que no se requería su intervención”.

En cuanto a la próxima entrevista con los elementos del batallón de Iguala, el titular de Sedena aceptó el encuentro solicitado por la diputada de Morena, Aracely Damián, pidiéndoles a los legisladores que se coordinaran con el general José Luis Chiñas, quien es el enlace del Poder Legislativo, para acordar la fecha de la reunión.

Los miembros de la comisión manifestaron su interés por entrevistarse también con el matrimonio Abarca (José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda Villa), así como con los sobrevivientes del quinto camión (de la línea Estrella Roja), pues presuntamente iba cargado de droga y fue el motivo por el cual se atacó con inusual violencia a los estudiantes.

La presidenta de la comisión informó también que el miércoles 14 se reunirán con el exgobernador Ángel Aguirre y su exfiscal Iñaki Blanco.

No obstante, la presidenta de la comisión coincidió con el titular de Sedena en que las autoridades mexicanas no deben someterse a cuestionamientos de expertos de organismos internacionales.

A la panista le convenció el argumento ofrecido por el general Cienfuegos, quien dijo que ellos se someten a los tribunales mexicanos y están a disposición de cualquier llamado, “pero que en ninguna nación las fuerzas armadas de un país atienden cuestionamientos de grupos de expertos vinculados con instituciones que no son de su país”.

El pasado viernes, los integrantes de la comisión se reunieron también con la procuradora general de la República, Aracely Gómez. En ambos encuentros (PGR y Sedena) no se permitió a los legisladores entrar con aparatos electrónicos.

Este hecho contrasta con la apertura que se tuvo con la pasada comisión, a quienes se les dejó hacer anotaciones en sus aparatos; incluso Proceso detalló la cronología que durante el encuentro de noviembre pasado ofreció el titular de Sedena.

La prohibición en esta ocasión ha generado malestar entre los diputados, quienes incluso han solicitado que los encuentros con autoridades se hagan públicos.

Proceso