12 oct 2015

A dos semanas de las elecciones presidenciales en Argentina, un análisis sobre el legado de los tres mandatos kirchneristas

Por Mario Wainfeld

Doce años largos de gobierno, un legado amplio. Remembranzas de otros años terminados en “5”: 2005, 1945, 1955. Lo que construyó y pensaba Kirchner. Las presidencias de Cristina, cambios de etapa. El kirchnerismo y el primer peronismo, analogías a la distancia.


Quedan dos semanas para las elecciones generales y menos de dos meses para la transmisión de mando. Los poderes fácticos nunca bajan la guardia así que nada está escrito de antemano. Acá a la vuelta, en Brasil, tramaron una operación mediática desestabilizadora en la víspera misma de la reelección de la presidenta Dilma Rousseff. Tal vez acá tengan una baza oculta y similar. Puede pasar, no se sabe. Por ahora, todo indica que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le entregará la banda a su sucesor en tiempo y forma, con un contorno estable y razonable.


La tradición nacional transforma esa supuesta rutina en algo valioso y no tan frecuente. El presidente Raúl Alfonsín anticipó meses la transición para que asumiera Carlos Menem, que había ganado las elecciones. Fernando de la Rúa, el otro mandatario radical ulterior a 1983, terminó mucho peor: con dos años de anterioridad y con bruta crisis institucional. Eduardo Duhalde desempeñó un interinato que debió abreviar por motivos conocidos y sangrientos. Llegó tras Adolfo Rodríguez Saá quien duró una semana.


Este cronista es refractario a las comparaciones con etapas históricas anteriores a la recuperación democrática. Interpreta que las diferencias de época les restan precisión y hasta pertinencia. Para quien disienta con ese parecer valga rememorar que Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón fueron depuestos por sendos golpes de estado cuando cumplían su segundo mandato constitucional, consagrado en elecciones libérrimas. Arturo Frondizi y Arturo Illia, consagrados con proscripción del peronismo, sufrieron suerte similar.


La transición del segundo período de Cristina apunta a ser prolija, conforme al calendario pautado hace años. El término de comparación más cercano es del ex presidente Carlos Menem en 1999. Hay sensibles diferencias en la coyuntura de la partida y también en el modo en que tramitaron la sucesión.


Menem quiso desvirtuar la legalidad. Ya vencido, se enfrentó frontal y hasta brutalmente con Duhalde, su ex compañero de fórmula y candidato peronista.


Más allá de especulaciones interpretativas o meras sanatas, Fernández de Kirchner no instó una reforma constitucional ni alguna movida plebiscitaria para prolongar su estadía en la Rosada. Ahora acompaña jugando fuerte la candidatura del gobernador Daniel Scioli. Es diáfano que éste no es un sucesor ungido por la líder del Frente para la Victoria (FpV) ni un representante cabal de su visión de la Argentina.

Es prematuro vaticinar escenarios cuando no se sabe ni siquiera el resultado del comicio pero el comportamiento de la presidenta hasta ahora ha sido sistémico y sin los tics más rupturistas de los líderes carismáticos más obcecados o encerrados en su círculo.

Legados: Cristina hace campaña y se va despidiendo… son dos caras de una misma moneda. Convoca al voto popular invocando lo realizado en más de doce años de gestión.

Más pendientes de la forma que del mensaje, por ideología y por conveniencia, sus adversarios despotrican contra las cadenas nacionales y desoyen las enumeraciones que son impactantes.

La deuda externa seguirá gravitando pero se ordenó en buena medida y se disminuyó su ratio con relación al Producto Bruto Interno (PBI) que creció exponencialmente.

Se crearon millones de puestos de trabajo, aumentó la afiliación sindical. La tasa de desempleo bajó drásticamente y se mantiene muy lejos de los dos dígitos.

Quedan problemas severos para intentar resolver. La desigualdad es el primero, en opinión de quien esto firma. Cuesta mensurarla… es más sencillo recordar que un tercio de la clase trabajadora es informal, sin acceso fáctico a los derechos que sí ejercen compañeros de clase que trabajan en relación de dependencia.

El saldo institucional del kirchnerismo es menoscabado, ninguneado o sencillamente negado por la Vulgata dominante lo que no le resta entidad. En una escala de valores subjetiva subrayamos primero una parte de los progresos en materia laboral y social. Jubilaciones cuasi universales, con aumentos semestrales estipulados por ley. La Asignación Universal por Hijo (AUH), innovación de la etapa que se actualiza de igual modo. Las convenciones colectivas libres y en alza. El Consejo del Salario mínimo vital y móvil. La paritaria nacional docente. Los programas Progresar y ProCrear. Los nuevos regímenes para empleadas de casas particulares y trabajadores rurales. 
No es poco, ni se enumeran todos.

En otro carril, se legisló el matrimonio igualitario y normas ampliatorias de derechos de minorías y de género.

Se promulgaron Códigos de fondo, que superan por mucho a los vetustos volúmenes mal emparchados que databan de décadas o siglos atrás. Son perfectibles, abiertos a que leyes nuevas avancen o rectifiquen sobre el terreno trazado.

Tecnópolis y el Centro Cultural Kirchner son territorios amplios, de calidad, generosos y gratuitos que mejoran la oferta de bienes culturales o de esparcimiento. Una está en el Conurbano, el otro en la Capital. Miles y acaso millones de argentinos que recorren toda la escala social los fatigan día a día. Claro que en el futuro se los podrá gerenciar novedosamente o hasta cambiar su nombre, si le place a los que vendrán. Pueden “destituir” a Kirchner o llamar “Negrópolis” a Tecnópolis como lo hacen en quinchos VIP. Aun así, la comunidad amplió su patrimonio: atesora una base material bella y sólida para movidas novedosas o creativas.

“Ella” gobernó desde 2007. Dos años antes amojonó el primer hito de su trayectoria electoral ascendente.

2005: El 2005 fue un año muy propicio para Kirchner y su proyecto político. Crecía todo lo que él pulsaba a diario: el PBI, las reservas, su propia imagen, la popularidad de sus acciones de gobierno. El primer canje de deuda había sido un éxito, advendría el desendeudamiento respecto del Fondo Monetario Internacional. La Cumbre de Mar de Plata abría un horizonte luminoso en la región sepultando al ALCA y revelando la vigencia de liderazgos políticos diversos aunque convergentes en buena medida. El Consejo del Salario se convocó por primera vez, la CTA tenía sus sillas en la mesa. Kirchner lo cerró aumentando lo pactado entre las representaciones patronales y gremiales. El pequeño milagro que era un signo de época, arduo para repetir más adelante.

Kirchner fechaba la salida del purgatorio: 10 de diciembre de 2007. Calculaba que para consolidar el “modelo” serían necesarios al menos diez años continuos de gobierno. Confiaba en lograrlos. El hombre no macaneaba cuando hablaba de política. Creerle era factible pero resultaba peliagudo compartir su optimismo o voluntarismo o utopismo. Ni qué decir cuando empezaba a insinuar que no iría por la reelección. Desafiaba al manual pero lo tenía en la cabeza y sabía ser obcecado.

Siempre precisaba y (re)quería más. Entre otras variables le era imperioso acrecentar su poder y construir un sustituto de la segunda vuelta electoral ganadora que le había birlado la mala fe de Menem. Pulsear con los poderes fácticos y foráneos era su praxis cotidiana. Hacerlo por el poder político, una necesidad. Esa disputa exigía confrontar dentro del peronismo, más allá de debates académicos sobre su historia, composición o pertinencia. Cristina Kirchner, se sabe, fue la primera candidata en la provincia de Buenos Aires, en pos del plebiscito que faltaba.
Antes de que se conociera el escrutinio ya estaba decidido que sería la candidata en 2007. La capacidad de la candidata en campaña y la formidable cosecha de votos reforzaron la hoja de ruta.

Más Estado y menos laborismo: El imaginario del primer kirchnerismo no otorgó centralidad a las políticas sociales a las que consideró consecuencias del crecimiento económico. “El trabajo” y el pleno empleo eran las claves para superar la pobreza, el desmantelamiento del aparato productivo y la perdida de la autoestima colectiva. Esa concepción, llamémosla laborista asumiendo que simplificamos, se reveló insuficiente para la nueva estructura socio económica de la Argentina.

La valoración del rol del estado y de la especificidad de las políticas sociales es concomitante con el primer gobierno de Cristina Kirchner.
La recuperación-reestatización del sistema jubilatorio es pieza clave de ese enriquecimiento conceptual. La AUH valió como asunción de que “tener trabajo” no equivalía a cubrir todas las necesidades de una fragmentada y desigual clase trabajadora.

La estructura de la protección social amplia, con cobertura de toda la población (o, ay, casi toda) enriqueció el legado.

El rol del estado mutó, acorde con las exigencias de la economía globalizada y en crisis permanente a partir de 2008.

El conflicto con “el campo” seguramente apuró los tiempos. El gobierno incurrió en varios errores y fue derrotado en el Congreso. Kirchner dijo entonces que esas contingencias adversas “parieron el gobierno de Cristina”. En el momento, sonaba a disparate o a consuelo. Con el tiempo se comprobó que era un diagnóstico bastante certero. ¿Lo sabía o lo deseaba y trataba de ayudar a construirlo? No hay modo de chequearlo. Y, ya que estamos, en política o en la vida querer algo es un primer paso (necesario aunque no suficiente) para tratar de construirlo.

La recuperación de empresas estatales estratégicas (regaladas o malvendidas antaño a la codicia privada o estatal de otros países) es otro avance del que hubo atisbos previos al 2007 pero que se consolidó desde entonces.

Prioridades, objetivos e instrumentos: El tercer mandato fue el más difícil, en parte por condicionantes internacionales, en parte porque perdieron eficacia instrumentos que habían sido muy funcionales en los años precedentes. La restricción externa creció como problema y condicionante del porvenir. La industria local perdió empuje como creadora de empleo y reveló falencias estructurales.

De cualquier manera el kirchnerismo sostuvo con obstinación y alta eficacia varios objetivos centrales: el empleo, el consumo interno como motor de la economía, un esquema amplísimo de protección social, el achicamiento de la deuda externa. 

Ninguno llegó al summum pero todos son incomparables con la herencia que, aunque algunos necios lo nieguen, obró como condicionante severo.

Tales objetivos suponen asignación de recursos, no hay política económica que no ponga plata o no discierna prioridades. Las predilectas del oficialismo son consistentes con la tradición nacional popular, en su versión del siglo XXI.

Cuando están por cumplirse setenta años del 17 de octubre, vale la pena rememorar lo que se pensó sobre el primer peronismo. No se presupone que la historia se repita monótonamente pero hay constantes dignas de observación. En su momento se creyó que el justicialismo era un epifenómeno de la forzosa sustitución de importaciones o un cover local del fascismo. Se supuso que fuera del estado se marchitaría. Para ayudar a la profecía, los revolucionarios libertadores de 1955 reprimieron y asesinaron peronistas de variada condición. No funcionó conforme lo previsto.

Ahora se lee que el kirchnerismo es una derivación del alza del precio de las commodities, que caerá con su merma. Quizá todo sea más complejo o interesante.

Por ahí hay fuerzas o liderazgos que sintonizan con los intereses populares aunque no den siempre en la tecla. La dimensión emocional del peronismo, tan esquiva u odiosa para sus adversarios, acaso sea consecuencia de la afinidad profunda entre mandatarios y ciudadanos antes que síntoma de la irracionalidad de los más humildes.

No es sencillo medir la magnitud de los cambios sociales, de la redistribución de riquezas, bienes inmateriales y hasta prestigio. Acaso un baremo sea las reacciones que suscita entre los nuevos titulares de derechos, los que mejoraron posición relativa cotejado con los que la pasaban mejor con el Ancien Régime. 
El rencor, a menudo la furia que se prodiga contra esos dos estadios del peronismo (que tuvo otros, peores) podría ser un termómetro que comprueba la magnitud de los avances.

Con otra vara podrá suponerse que se obraron cambios reformistas, matizados, zigzagueantes que son los más habituales dentro del sistema democrático.

Scioli no es a Cristina lo que Dilma a Lula. Es menos, por decirlo rápido. Tampoco es lo que Duhalde fue a Menem. Es más y distinto cualitativamente. Si venciera, se le traslada un legado que es un capital enorme y un mandato popular inequívoco.

Especular sobre el futuro es tentador aunque muy trabajoso cuando quedan tantas incógnitas por develar empezando por el veredicto ciudadano. Si se repitiera el trazado del mapa de preferencias en las elecciones provinciales y en las Primarias Abiertas se corroboraría que hay un lazo firme entre los sectores populares y el FpV. Un diseño de pertenencias que sugiere que las clases sociales perviven y tienen identidad. En cómo eligen, en cómo se pronuncian y aún en cómo se vinculan afectivamente con ciertos gobernantes.

Morderse la cola

En campaña, se habla sobre la campaña. Es imposible seguir todos los debates o reportajes en radio, diarios o la tele pero una panorámica trabajosa permite notar que muchos candidatos priorizan hablar sobre las encuestas. Los del Frente para la Victoria explican que ganarán en primera o, como poco, en segunda vuelta. Los de PRO que no sucederá así y que Mauricio Macri vencerá en el ballottage. Los aliados de Sergio Massa “informan” que ya alcanzaron o superan al PRO.

En una sociedad abierta cada quien es dueño de elegir su temario. Sorprende que numerosos aspirantes al voto popular se caractericen como consultores en vez de arrimar propuestas o ideas fuerza o discursos sobre el país que desean.

El “debate sobre el debate” es una vuelta de tuerca que se desinfla. Este cronista entiende que todo tipo de difusión es válido y algo suma. Dicho esto, no comparte que un debate entre candidatos sea un estadio superior de la civilización. La experiencia comparada no es tan unánime como se narró en los medios en estos días.

El debate del domingo pasado no ayudó a los apologistas extremos. Fue híper reglado como sucede, por ejemplo, en España. El formato acartonó a los competidores. Fue difícil rescatar una idea novedosa, algo no enunciado en la maratón de intervenciones periodísticas que tienen todos a diario. Los periodistas cumplieron la función de maestros de ceremonias. No quisieron o no pudieron preguntar ni menos repreguntar.

La cobertura posterior se centró en la faz competitiva: quién ganó y quién perdió. El Gran Jurado dominante dio por gran derrotado al gobernador Scioli quien para ellos lo estaba de antemano, por no concurrir.

De nuevo: todos tienen derecho a argumentar y es más que lícito que cada uno lo haga como le parece o conviene. Lo que quedó pendiente es calcular el aporte real de lo sucedido tras un par de horas bastante aburridas.

Las consideraciones sobre el rating no atañen a este cronista: una polémica puede ser interesante y hasta profunda sin congregar taaanta audiencia. Pero la obsesión de los comunicadores VIP por saber cuánto “midió” sincera cuál es su escala de valores, mediática y política.

– Macri inaugura una estatua de Juan Domingo Perón. Uno supone que sus partidarios no le creen pero adscriben a una táctica de real politik que supone que los peronistas son zonzos y se dejan engrupir fácilmente.

– Se anuncia que Massa apoyará a Macri si éste llega al ballottage. Sería un bombazo si no fuera el propio Mauricio quien lo dice.

– El gobernador Juan Manuel Urtubey formula anuncios exorbitantes sobre un potencial acuerdo con los fondos buitre. Se ignora su legitimidad para hacerlo. Se entiende que construye su propia imagen, vaya a saberse para qué. Su palabra lo autoexcluye de intervenir en cualquier tratativa futura. Ni aun el más abdicante de los negociadores (la Argentina tuvo demasiados) se rinde al adversario antes de sentarse a conversar.

Teorizar sobre la comunicación es complejo, muchas son sus variables y las posturas posibles. Nadie niega, a esta altura de la civilización, que los receptores tengan protagonismo y que su ecuación incida en el resultado.

La audiencia, “la gente”, “la ciudadanía”, “el pueblo” o la designación colectiva que usted elija lucen poco conmovid@s o interesad@s en la frondosa oferta que se le propina. Hay quien cree que es apatía o desinterés. También podría suceder que haya definido sus preferencias en las Primarias Abiertas y ahora espere para hacerlo de nuevo. En el ínterin puede preferir volcarse al laburo, la vida privada, el ocio.

Se podrá interpretar mejor qué está pasando cuando se conozcan el nivel de participación y los resultados. De cualquier modo, ante el aluvión poco creativo y nada novedoso, la reacción predominante parece sensata sin autorizar conclusiones prematuras y más lanzadas.


Página 12

Organizaciones entregan carta al canciller en rechazo al TTP y exigen conocer su contenido

CHILE
La organización Chile Mejor sin TPP entregó este jueves una carta dirigida al Canciller Heraldo Muñoz donde exigen conocer el contenido del Acuerdo Transpacífico alcanzado este lunes entre 12 países, incluido Chile y que se enmarca en un mega tratado comercial.






La misiva fue entregada al ministro junto a su declaración fundante con cientos de adhesiones institucionales y personales, representativas de un sector importante de la ciudadanía organizada chilena, donde expresarán sus planteamientos y demandas sobre el Acuerdo.

Entre otros aspectos, las organizaciones exigen que el país conozca el texto del acuerdo y que se den garantías de que Chile realizará el proceso de consulta a los pueblos indígenas, como le obligan los tratados que ha suscrito.

Acompañaron a esta entrega, representantes de las organizaciones y ciudadana/os adherentes que se han sumado al rechazo de este tipo de negociaciones a espalda de la ciudadanía. Se espera que la Cancillería emita una declaración y responda a las exigencias de los diferentes actores sociales.


Santiago, 8 de octubre de 2015
SeñorHeraldo Muñoz MinistroRelaciones Exteriores
Presente
Señor Ministro:Cientos de organizaciones y personas,representativas de un arco significativo y plural de la ciudadanía organizada del país, ha constituido la plataforma
Chile Mejor sin TPP,cuyo propósito es revertir el secretismo con que su repartición ha negociado este tratado e informar a la ciudadanía sobre sus alcances que,a nuestro entender, son negativos para el futuro nacional. Junto con esta carta, entregamos a usted nuestra declaración fundacional y la primera lista de adhesiones, las cuales expresan la voluntad de un debate abierto a la opinión pública, proceso que debió realizarse mucho antes de la firma del tratado por parte de nuestro país, como corresponde a una nación democrática.
Sin otro particular le saludan atentamente, en representación de
Chile Mejor sin TPP.
Comité Ejecutivo
Plataforma Ciudadana 
Chile Mejor sin TPP

El Desconcierto

11 oct 2015

Qué implica este atentado y quién puede estar detrás

TURQUIA
La resurrección del Estado profundo
Demirtas apunta a la nebulosa integrada por exmiembros del espionaje y la ultraderecha
Al menos 86 muertos en el peor atentado de la historia de Turquía


JUAN CARLOS SANZ 10 OCT 2015 -

Turquía ha retrocedido este sábado 40 años en su historia. La imagen de modernidad que ofrecían grupos de jóvenes bailando un aire kurdo en un acto a favor de le paz en la plaza de la estación del tren de alta velocidad de Ankara saltó por las aires con la explosión de dos bombas de oscuros orígenes. Los turcos vuelven a tener el corazón en un puño a tres semanas de unas elecciones decisivas para el futuro del país. Está en juego el manteniendo de un sistema de equilibrio de poderes frente a la imposición de un modelo hegemónico en favor del presidente Recep Tayyip Erdogan.

El voto del miedo planea de nuevo sobre una ciudadanía que parecía haber olvidado los años de plomo de la década de los setenta, cuando los enfrentamientos entre grupos violentos de ultraizquierda y los Lobos Grises de la ultradercha sembraban el terror a diario. De unos ciudadanos que veían ya lejana la era de los golpes de Estado y de la sangrienta insurgencia kurda en los años ochenta y noventa.

A pesar del atentado que causó cuatro muertos y conmocionó Diyarbakir, la capital del Kurdistán turco, en vísperas de las elecciones del 7 de junio, los votantes desafiaron al miedo y negaron la mayoría absoluta al partido islamista y conservador de Erdogan. El milagro lo logró un joven líder nacionalista kurdo Selahattin Demirtas al superar el restrictivo listón del 10% que permite el acceso al Parlamento gracias a los sufragios de muchos turcos liberales y progresistas que veían en su partido el único freno posible a la ambición de poder del presidente de Turquía.

Desde entonces no ha dejado de correr la sangre. Un nuevo atentado en Suruç, junto a la frontera siria, se cobró 33 vidas en julio, y la ruptura del alto el fuego entre la guerrilla kurda del PKK y el Ejército turco ha causado centenares de muertos en los tres últimos meses en ataques y atentados. El partido prokurdo HDP difícilmente va poder ser asociado a una alternativa democrática en los comicios del 1 de noviembre por muchos electores. Como en cada ocasión que se dispara el sentimiento nacionalista turco, las enseñas nacionales han vuelto a apoderarse del paisaje cotidiano.

El atentado de ayer en Ankara, con un balance de víctimas sin precedentes incluso en los años más negros del terrorismo en Turquía, amenaza con recortar las opciones políticas a Demirtas y puede contribuir a consolidar el “sultanto” de Erdogan hasta el centenario de la República de Turquía, en 2023.

Cuando el PKK se disponía a declarar un alto el fuego electoral, las explosiones de la capital turca dinamitan también la perspectiva de un final de campaña sin violencia.
El habitualmente moderado Demirtas fue contundente al atribuir los atentado a una “mafia del Estado”. El llamado “Estado profundo”, una nebulosa integrada por antiguos miembros de los servicios de seguridad y de espionaje y por sectores ultranacionalistas y de extrema derecha, estaría actuando, según el líder del HDP, como un “asesino en serie”.

“El fallo de Griesa es escandaloso”

REPORTAJE AL ECONOMISTA FRANCES JEAN PAUL FITOUSSI, SOBRE LA CRISIS MUNDIAL Y LA DISPUTA CON LOS FONDOS BUITRE

Especialista en temas internacionales y un estudioso de los procesos latinoamericanos de las últimas décadas, Fitoussi elogió la postura argentina ante los fondos buitre y rechazó las recetas de consolidación fiscal y devaluación.



 Por Federico Kucher

”La Argentina hizo muy bien en no acatar el fallo del juez Griesa. La decisión de la justicia norteamericana fue escandalosa”, dijo en diálogo con Página/12 el economista francés Jean Paul Fitoussi. El profesor de la Universidad de Sciences Po de París, de visita en Buenos Aires por invitación de la Universidad de Tres de Febrero (Untref), aseguró que el mundo desarrollado atraviesa por un estancamiento crónico debido a la incapacidad para incrementar la productividad de su economía, al tiempo que indicó que los países emergentes, más allá de las tensiones que se observan en la actualidad, tienen importante margen para continuar expandiendo sus mercados internos al ritmo en que lo hicieron en los últimos años. Afirmó además que las políticas de austeridad que proponen entidades como el Fondo Monetario Internacional, resultan nocivas para el empleo y el crecimiento a nivel mundial.
–¿Cuál es el panorama de la economía global?
–El mundo está en una situación de estancamiento. Uno de los elementos que está impactando desde hace algunos años es el decrecimiento del comercio internacional. Se pasó de una tasa de aumento del 12 por ciento a una inferior al 4 por ciento. Esto significa que los países están en crisis. La mayor parte de los países están en crisis. Y también significa que hay una renacionalización de las actividades productivas. Por ejemplo, en China la sustitución de importaciones le permite a la industria crecer por las necesidades del propio mercado interno. Se observa que Europa está mal, lo mismo que Japón y otras economías asiáticas. Estados Unidos anda mejor pero preocupa que el empleo no esté creciendo lo suficiente. Hay una particularidad en el crecimiento de Estados Unidos, que se asocia con que la economía avanza al tiempo que cae la tasa de participación de la población en el mercado de trabajo. El único elemento que parece favorable en el escenario mundial es el menor precio de los combustibles, aunque es un elemento frágil porque no se sabe hasta cuándo puede durar.
–¿Las tensiones en países desarrollados son las mismas que en los emergentes?
–Es conveniente diferenciar entre mundo avanzado y las economías en vías de desarrollo. Las dificultades en el crecimiento que se observa en los países emergentes se explican porque en los últimos diez años hubo un crecimiento formidable y ahora es lógico ver cierta desaceleración. Esto quiere decir que la crisis en los países del tercer mundo no debería prolongarse mucho. Tienen capacidad para recuperarse. El nivel de vida de países como la Argentina es la mitad del nivel de vida de Estados Unidos. Por tanto, hay una posibilidad para que estas economías se sigan expandiendo para converger hacia los niveles de los países ricos. Es el mismo principio que permitió a Europa, tras la segunda guerra mundial, converger al nivel de vida de Estados Unidos.
–¿Y qué pasa en el mundo avanzado?
–El crecimiento de los países desarrollados, a diferencia de los emergentes, fue mediocre en los últimos diez años. La crisis de estas economías se debe a la lentificación general de la productividad. Es un elemento estructural, que genera preocupación por su efecto en el mercado de trabajo. La recesión significa que no se crea empleo. Y que se destruye empleo. La recesión en Europa hace aumentar el desempleo. El problema es que en los países ricos no se sabe cuáles son las actividades que podrían permitir crear nuevos puestos de trabajo. En los países emergentes, estas actividades que permitirán recuperar el nivel de vida son la construcción, el equipamiento doméstico, la industria automotriz y también las nuevas tecnologías de información y comunicación. Pero en el mundo desarrollado estas ramas ya se encuentran en la frontera del saber y no tienen margen para seguir absorbiendo ocupación. Para avanzar en materia de puestos de trabajo se necesitaría un incremento de la productividad, pero es algo que no parece que vaya a suceder. Para los países ricos surge entonces una nueva tesis, que es la del estancamiento secular por incapacidad para incrementar la productividad.
–¿Las propuestas de ajuste del FMI son la salida al estancamiento global?
–El Fondo Monetario Internacional preconiza un presupuesto público más equilibrado con aumentos de impuestos y una reducción de gastos. Hace cincuenta años que el Fondo propone programas de esta índole. La consolidación fiscal y el incremento de la competitividad a través de la devaluación de las monedas son sus caballitos de batalla. ¿Esta es la solución para un mundo que anda mal? Mi respuesta es que no. Porque estos tipos de política pueden funcionar si un país se encuentra en una situación de dificultad económica mientras que el resto del mundo funciona bien. Pero si varios países andan mal y se implementan estas medidas, el primer resultado va a ser un descenso de la actividad. Por caso, un incremento de la competitividad cambiaria en Brasil quiere decir que los productos brasileños pasan a ser más competitivos que los argentinos. O sea que Argentina tendrá más dificultad para vender su producción. ¿Para qué sirve esto? Bueno, la idea que hay detrás de las recomendaciones del FMI es que los países exporten al país vecino el desempleo generado por las políticas de austeridad fiscal. Como se sabe, en un contexto de recesión generalizada, el incremento de los impuestos y la caída del gasto público crean más desocupación. En Europa la situación de crisis y estancamiento que no se logra superar muestra el efecto de las políticas conservadoras. En la Zona Euro se aplicaron medidas idénticas a las que plantea el Fondo, es decir la consolidación fiscal y la búsqueda de incrementar la competitividad cambiaria.
–¿El sobreendeudamiento de algunos países europeos agrava las tensiones?
–En temas de deuda, el ejemplo de Grecia es concreto. Los griegos no se endeudaron en una moneda nacional, sino que se endeudaron en euros y el euro es una moneda sobre la que los gobiernos europeos no tienen ningún tipo de control. Para los griegos, entonces, es como si fuera una divisa extranjera. Esto hace muy difícil la situación. El episodio de crisis en 2002 en la Argentina fue bastante similar, puesto que el país se había endeudado en dólares y no en pesos. Previo a ese momento, recuerdo que les advertí a los funcionarios argentinos que la situación era explosiva, no me hicieron caso pero a los pocos meses se dio el colapso de la convertibilidad. De todas formas, la salida argentina fue más sencilla respecto de lo que puede observarse en Grecia, porque el país cuenta con su propia moneda, su propio Banco Central y, por tanto, los argentinos tienen la capacidad para financiar gasto público con creación de moneda. Los países de la Zona Euro no tienen esta alternativa. La Argentina, por supuesto, tiene otro problema como es la disputa judicial contra los fondos buitres. Es algo que no llego a entender. No hay razones para explicar el fallo del juez Griesa, porque en la medida que los acreedores se muestran dispuestos a especular, tienen que afrontar el riesgo de su conducta especulativa. Si pierden dinero, es una pena. Pero no pueden decir perdí y entonces me lo tienen que devolver. La posición del Gobierno argentino de no acatar el fallo fue más que positiva. El país hizo muy bien. Es un fallo escandaloso.

Demasiado grande para enjuiciar

Muy grandes

 Por Alfredo Zaiat

En la tarea de promocionar el libro de memorias de su gestión durante la crisis que estalló en 2008, el ex titular de la Reserva Federal (banca central estadounidense) Ben Bernanke reveló lo que se sabe pero no se dice habitualmente: la existencia de impunidad de la gran banca internacional para cometer fraudes y estafas. El lunes pasado empezó a distribuirse The courage to act. A memoir of a crisis and its aftermath donde Bernanke realiza el balance de su tarea al frente del banco central más poderoso del mundo durante la peor crisis económica desde la depresión del treinta del siglo pasado. Confiesa que cree que banqueros de Wall Street deberían haber terminado en la cárcel pero, a la vez en línea con el pensamiento y la acción del poder político de Estados Unidos, afirma que ni los financistas ni las entidades pueden ser encarcelados. Apunta que la estrategia del Departamento de Justicia debería haberse concentrado en la responsabilidad de los individuos y no sólo en las corporaciones porque “es obvio que todo lo que se hizo ilegalmente no fue por una entidad abstracta”.
La gran banca internacional fue multada por organismos de control con miles de millones de dólares por diferentes delitos cometidos antes y en el transcurso de la actual crisis financiera, que aún sigue presente extendiéndose a la economía real con estancamiento de la actividad y caída del comercio mundial (como se analizó el domingo pasado aquí, la OMC disminuyó su previsión de crecimiento del intercambio de bienes y servicios del 3,3 a 2,8 por ciento para este año). En una entrevista con el diario USA Today para difundir su libro de más de 600 páginas, Bernanke afirmó que los bancos no pueden ir a la cárcel pero que algún ejecutivo debería haber ido. Es la postura conocida de culpar a empleados infieles o irresponsable por la debacle financiera. Pero la crisis en el corazón de las finanzas globales no ha estallado por maniobras diseñadas por ejecutivos codiciosos, sino que el origen debe bucearse en su rasgo sistémico. O sea, la raíz de la crisis se encuentra en el propio funcionamiento de la actual fase del capitalismo global dominado por las finanzas.
El cuadro que acompaña esta columna exhibe los casos más emblemáticos de sanciones a bancos internacionales. El más resonante por el monto involucrado tuvo como protagonistas a los bancos Wells Fargo, JPMorgan, Citigroup, Bank of America y Ally Financial, entidades que aceptaron de forma colectiva pagar la histórica suma de 25 mil millones de dólares para evitar juicios por haber realizado embargos inmobiliarios abusivos. El fraude con los créditos hipotecarios denominados subprime lidera ese ranking de multas, con la gran banca de Estados Unidos desembolsando unos 130 mil millones de dólares para extinguir investigaciones oficiales. La estafa con esos préstamos no ha sido la única causa de sanciones. Fueron multados también por blanqueo de capitales, manipulación de la tasa interbancaria de Londres, del mercado de divisas y productos derivados, y violación de sanciones económicas.
Existen diferentes estudios sobre el monto global que hasta ahora han abonado en el rubro sanciones los grandes bancos internacionales. La firma CCP Research Foundation, con sede en Londres, calculó que las diez mayores entidades del mundo han pagado en los últimos seis años multas por 262.000 millones de dólares (más de la mitad del PIB argentino). Otra estimación fue realizada por Boston Consulting Group en el documento “Global Risk 2014-2015: Building the Transparent Bank”, calculando 178.000 millones de dólares entre 2009 y septiembre de 2014. El banco de inversión Morgan Stanley realizó por su parte una investigación sobre las futuras cuentas a pagar de las entidades. Evaluó que bancos europeos y estadounidenses deberán desembolsar 70.000 millones de dólares más hasta fines de 2016 por indemnizaciones y multas por manipulación de mercados de divisas e hipotecas. Así el monto total ascendería a 248.000 millones de dólares.
Miles de millones más o menos, esas sumas fueron entregadas por los bancos para evitar juicios o para disminuir sanciones de los respectivos organismos de control. Sus ganancias en los balances se resienten un poco pero han seguido acumulando utilidades crecientes. O sea, contabilizan ganancias por fraudes y manipulación de mercados, pagan una multa que es por un monto menor a la utilidad obtenida, y continúan con el negocio. Las autoridades de control estadounidenses y europeas golpean un poco a los bancos en el rubro ganancias pero sin dañarlos. En realidad las multas impuestas a bancos no permiten poner fin a sus comportamientos fraudulentos.
La posición políticamente correcta de Bernanke postulando que algún financista debiera haber ido a la cárcel es la misma que libera a los bancos de su responsabilidad. La postura oficial de brindar impunidad a banqueros y a bancos fue expresada por el entonces procurador general de Estados Unidos, Eric Holder, en una presentación realizada en junio de 2013 ante la Comité Judicial del Senado. Holder resumió la doctrina oficial con el precepto “Too big to prosecute o to jail”: demasiado grande para enjuiciar o para encarcelar a los banqueros. Es la reformulación del postulado Too big to fail, justificación de responsables de las bancas centrales, como lo fue Ben Bernanke, para rescatar a los grandes bancos durante la crisis para evitar supuestos males mayores en la economía. Holder dijo en forma textual: “Estas instituciones son tan grandes que es difícil llevarlas ante la Justicia y, si se hace, nos daremos cuenta de que, efectivamente, inculparlas por sus actividades criminales podría tener repercusiones negativas para la economía nacional, incluso mundial”.
El argumento dominante entonces es que los grandes bancos cometen una gran cantidad de actividades delictivas, pero no se los enjuicia porque alteraría la “estabilidad financiera”. Esto significa que los bancos no son sujetos alcanzados por la ley como el resto de las empresas o de las personas, sino que son entidades que están fuera del alcance general de la justicia. Los bancos tienen por lo tanto impunidad para delinquir. Los banqueros no van presos ni los bancos pierden su licencia para operar. Pagan la multa después de alcanzar un acuerdo en la justicia o con los entes de control financiero y pueden continuar con sus fraudes a pequeños ahorristas, manipulación del mercado de commodities, del oro o de la tasa Libo, la utilización de información privilegiada, o la oferta a sus clientes ricos de una plataforma para la evasión, fuga y lavado de capitales.
azaiat@pagina12.com.ar

Cuentas Pendientes

 DOS PRESENTACIONES DE VERBITSKY EN NUEVA YORK

Los problemas y sus causas

El columnista de Página/12 y presidente del CELS presentó en Nueva York la edición en inglés de su libro Cuentas Pendientes y participó en un debate sobre las ciudades y la justicia social desde un enfoque de derechos humanos, con destacados urbanistas internacionales. La dictadura militar, sus cómplices civiles, los efectos del neoliberalismo y la necesidad de amplias coaliciones para revertir esas consecuencias nefastas.
 Por Horacio Verbitsky

Debate en la New School sobre el Derecho a la Ciudad.
En 1977 un decreto del gobierno militar reguló los barrios cerrados en la Provincia de Buenos Aires pero ni siquiera mencionó la vivienda popular. Los desarrolladores inmobiliarios compran tierra barata y esperan, sin pagar ningún impuesto, hasta que la inversión pública decuplica su precio, momento en que construyen allí un barrio privado y se apropian de todos los beneficios. Este fenómeno se agravó en los ’90 por la introducción de la soja transgénica, que expandió la frontera agropecuaria e invadió la periferia de las ciudades. Las restricciones en el acceso a un hábitat adecuado o decente han llegado a constituir el más serio problema social. Los sectores de mayores ingresos fueron empujando a los pobres hacia lugares cada vez más alejados y costosos, con grandes déficits sanitarios y constantes inundaciones. El resultado es una terrible fractura social: los ricos encerrados en sus barrios y los pobres recluidos en asentamientos ilegales sobre las peores tierras, ocupadas por la fuerza. La violación de los derechos de esta población incluye informalidad laboral, pobres oportunidades educativas, dificultades de acceso a la justicia, diversas formas de abuso, coerción y violencia, especialmente en el caso de los migrantes pobres. Esta gente suele ser presa de una policía corrupta que controla el tráfico de drogas.
La reapertura en 2001 de los juicios por crímenes de lesa humanidad y las políticas de memoria, verdad y justicia han merecido encomio nacional e internacional. Hasta ahora en esos procesos ha habido 522 condenados y 57 absueltos en juicio, y 250 sobreseídos o con falta de mérito en la instrucción de los procesos. Esta proporción indica que no se trata de tribunales populares que ejercen la venganza sino de procesos regulares, con garantía del debido proceso y el derecho de defensa. Además en los últimos años, como parte de una tendencia regional, ha habido una reconfiguración del rol del Estado, promotor de una agenda progresiva no sólo en términos de derechos humanos sino también en el campo económico-social. La expansión de derechos se manifestó en las nuevas leyes de migraciones, salud mental, tierras indígenas, matrimonio igualitario, educación sexual, identidad de género, medios audiovisuales, entre otras. La asignación universal por hijo es cobrada por 3,6 millones de chicos de hasta 18 años y la cobertura previsional alcanza al 97 por ciento de la población en edad jubilatoria. Todo esto implicó una mayor presión impositiva, que a su vez provocó respuestas hostiles de sectores poderosos y presiones desestabilizadoras.
Los principales desafíos actuales residen en los desarrollos inmobiliarios y la especulación con las tierras urbanas y rurales, la expansión de la frontera agropecuaria, los agronegocios, las industrias extractivas y el daño ambiental, que exacerban las desigualdades sociales y afectan en especial a los sectores urbanos de bajos ingresos, los pequeños agricultores y las comunidades indígenas.
El aumento del costo de la tierra debido a la reactivación de las obras públicas y el incremento de los precios de las viviendas urbanas empeoran las oportunidades de acceso al hábitat para una gran parte de la población.
En la última década numerosas organizaciones sociales se movilizaron para fortalecer la capacidad estatal de regular los mercados, implementar mecanismos para una distribución más justa de las cargas y beneficios del proceso de urbanización, de modo de reducir los actuales niveles de desigualdad y articular esfuerzos entre organizaciones y entidades públicas responsables de las políticas de hábitat. El CELS participa en estas actividades mediante una compleja estrategia, que ha evolucionado desde la exigibilidad legal de los derechos hacia la investigación, la acción colectiva con otras organizaciones, el litigio estratégico, la difusión y capacitación.
No se trata sólo de promover la construcción de más unidades de vivienda porque a menos que se cambien las reglas del juego, esto producirá un mayor déficit urbano. El enfoque del problema debe ser político, ya que la ciudad es la mayor construcción colectiva y democrática en la que se produce y se expresa la política. Las profundas desigualdades en el acceso a un hábitat decente son la evidencia empírica de un proceso que reduce ese complejo producto cultural y colectivo que es la ciudad a una mera mercancía. Los mecanismos de mercado no pueden garantizar el uso equitativo y sustentable de la propiedad y la reproducción de la ciudad.
Un importante conjunto de organizaciones sociales constituyeron en 2004 el Foro de Organizaciones de Tierra, Infraestructura y Vivienda de Buenos Aires. Este Foro, del que forma parte el CELS, redactó en forma participativa 17 proyectos de ley. Esto incluyó años de encuentros y talleres con centenares de organizaciones de barrios e instituciones intermedias. El interés de numerosos legisladores provinciales permitió en 2012 la sanción de la ley de justo acceso al hábitat, superando una firme oposición de sectores muy poderosos. La ley reconoce el derecho de todos los bonaerenses a un lugar apropiado para vivir, en condiciones que favorezcan su plena integración, e incorporó principios básicos para el fortalecimiento de la capacidad de intervención estatal en la dinámica urbana y el mercado de propiedades, que tradicionalmente excluyeron de una ciudad más justa a vastos sectores de ingresos bajos y medios. Después de su sanción pasó un año hasta que fue publicada en el Boletín Oficial, sin lo cual no podía entrar en vigencia, y otros ocho meses hasta la instalación del Consejo Provincial de Hábitat creado por la ley. Esto sólo fue posible gracias a una histórica manifestación y la celebración de una asamblea popular dentro de la Legislatura. El poder del mercado inmobiliario explica las resistencias del propio Ejecutivo bonaerense a su aplicación efectiva. La experiencia del CELS, en este y en otros campos, es que la sanción de una ley sólo constituye un primer paso y que para lograr su real aplicación es imprescindible mucho trabajo de organización de sus beneficiarios.
Como parte de esa movilización se creó el espacio multisectorial HABITAR AREGENTINA, integrado por organizaciones, instituciones académicas, movimientos sociales y legisladores. Además de apoyar la sanción de la ley bonaerense esta original iniciativa redactó otros cinco anteproyectos legislativos: de planeamiento territorial, de vivienda y producción social de hábitat, de regularización de la propiedad de la tierra, de desalojo y de regulación de alquileres. También presentó una serie de propuestas políticas, agrupadas en un documento titulado Consenso Nacional por un Hábitat Decente. Sus dos vectores estructurales son la incorporación de un verdadero enfoque de derechos a las políticas de hábitat y la comprensión de la situación del hábitat rural y urbano como problemas específicos pero interrelacionados. Esto se expresa a su vez en diversas metas, como la necesidad de políticas públicas para regular y redistribuir la riqueza en el mercado de propiedades, la regulación de los alquileres, la producción social del hábitat, la seguridad en la posesión y la regularización de las tierras urbanas y rurales, la democratización de los procedimientos en casos de desalojos y relocalizaciones y el acceso a los servicios básicos y el equipamiento social.
Este año se realizó un evento masivo en el cine Gaumont de la Capital, que se llenó de gente venida de todo el país, donde debatieron los asesores técnicos de los precandidatos presidenciales; dos en Córdoba con la presencia de los candidatos a la intendencia de la ciudad y a la gobernación provincial y otros en Tucumán, Ushuaia, Río Grande y Resistencia. La evaluación del debate y de la batalla política contra la desigualdad, en la Argentina y parte de Latinoamérica, muestra la necesidad de producir sustanciales cambios legislativos pero también su insuficiencia para proteger los derechos de los habitantes. Los planes de vivienda sólo producen transformaciones sustentables si se vinculan con políticas sociales que manejen con los mismos criterios la redistribución y la administración de tierras. Esto no puede lograrse sin una batalla política que sólo es posible librar mediante la construcción de un espacio compartido de acciones públicas, que incluya a diferentes actores sociales y políticos. El rol en esta acción colectiva de los organismos defensores de los derechos humanos puede ser decisivo para modificar la relación de fuerzas.

Los cómplices económicos

Los juicios por crímenes de lesa humanidad llegaron a convertirse en parte del contrato social de los argentinos y, en consecuencia, sin retroceso posible, como lo definió el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. Hasta hoy se han pronunciado 522 condenas y 57 absoluciones y otros 250 imputados fueron sobreseídos o no se encontró mérito para llevarlos a juicio. Esta es una prueba contundente de que no se trata de vengativos tribunales populares sino de procesos regulares con todas las garantías de defensa. En 2012, el ex dictador Jorge Videla se confesó con un par de periodistas. Les dijo que entre 7 y 8000 detenidos desaparecidos habían sido asesinados, que los empresarios les pedían que mataran a diez mil más, que la jerarquía católica fue amistosa y que los capellanes actuaron como colaboradores voluntarios de la represión. Por eso, cada vez más tiende a abandonarse la expresión “dictadura militar”, por términos más abarcadores que reflejen la realidad de un bloque integrado también por políticos, empresarios y eclesiásticos. Hay empresarios procesados por la desaparición de sus trabajadores, víctimas que demandan a los bancos que financiaron a la dictadura, acciones en los tribunales laborales por hechos ocurridos en los lugares de trabajo, la investigación estatal sobre el caso Papel Prensa y la creación de unidades investigativas de los crímenes de lesa humanidad en dos instituciones tan improbables como la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central.
El tribunal militar internacional de Nuremberg dijo que los empresarios que cooperaron con el régimen nazi no podían ser considerados inocentes “si sabían lo que estaban haciendo”. Pero luego de la inmediata posguerra el derecho internacional quitó la vista de los actores no estatales, porque el paradigma prevaleciente era que sólo el Estado puede violar los derechos humanos. Además, y el comienzo de la Guerra Fría dio lugar a nuevas alianzas que relegaron al olvido a las responsabilidades pasadas. Algo parecido ocurrió en la Argentina en 1984. El gobierno de Raúl Alfonsín era débil y la influencia del neoliberalismo en todo el mundo aconsejaba que la justicia transicional se limitara a la protección de los derechos políticos y civiles. Pero al concluir la Guerra fría, la comunidad internacional se inclinó a aplicar las normas de derechos humanos a las empresas y en 2011 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó el Informe Ruggie, que fija los principios a seguirse en materia de empresas y derechos humanos.
El Terrorismo de Estado descansó en un plan político y económico que tuvo ganadores y perdedores. La represión de los trabajadores produjo una profunda redistribución del ingreso en su contra, así como la reformulación, concentración y achicamiento del sector industrial. La militarización de las grandes fábricas y la represión sistemática para disciplinar a los trabajadores y sus representantes implicó la participación activa de las empresas, que se beneficiaron en gran medida por la restricción de los derechos laborales. Los abogados del pequeño Colegio de la City de Buenos Aires y del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES) redactaron en la década de 1970 la enmienda al Código Procesal Civil y Comercial que decretó la dictadura entre sus primeros actos para permitir que los árbitros extranjeros prevalecieran sobre la jurisdicción nacional. En la década de 1990 las mismas personas intervinieron en las políticas de desregulación y privatización, y hasta el presente representan a empresas extrajeras que litigan contra el Estado Nacional ante el sistema internacional de arbitraje, en perjuicio de los derechos económicos, sociales y culturales de los argentinos. En 2014, el fiscal Federico Delgado, uno de los autores del libro, promovió una investigación sobre la responsabilidad del FMI como cómplice del terrorismo de Estado, y el Congreso incluyó una cláusula única en el mundo en el Nuevo Código Civil y Comercial: la imprescriptibilidad de las acciones civiles por crímenes de lesa humanidad. El mes pasado, la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión nacional investigadora de la complicidad económica, que ahora debe tratar el Senado. La oposición de varias organizaciones patronales muestra la continuidad política desde entonces hasta el presente. En su carta abierta a la Junta Militar, Rodolfo Walsh caracterizó la restauración oligárquica con una frase del presidente de la Sociedad Rural: “Llena de asombro que ciertos grupos pequeños pero activos sigan insistiendo en que los alimentos deben ser baratos”. A casi cuarenta años del golpe, este simple objetivo sigue siendo un programa de acción.

"CAMBIEMOS" O COMO AUTOFINANCIARSE CON AMIGOS

BUENOS AIRES
LA AUDITORIA DE LOS SEMAFOROS DE LA CIUDAD:UN NEGOCIO PARA LOS AMIGOS


El secretario de Transporte, Guillermo Dietrich, contrató en forma directa a McKinsey Argentina SRL. Esa empresa tiene como socio a uno de los miembros del Consejo de Administración del G25, un grupo político PRO que conducen el propio funcionario y Esteban Bullrich.


Guillermo Dietrich, Mauricio Macri y la costumbre PRO de contratar sin llamar a licitación.

La simple caracterización de “consultora líder” y la pertenencia a una organización vinculada al PRO que persigue “el involucramiento de ‘talentos’ del mundo empresario” en asuntos públicos son para el gobierno de Mauricio Macri condiciones suficientes para burlar la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires y obsequiar un negocio millonario sin licitación a una empresa privada. El nuevo ejemplo que confirma la regla es la contratación directa de McKinsey Argentina SRL por parte de la Subsecretaría de Transporte, con la misión de evaluar y proponer modernizar los “sistemas de señalización luminosa”, léase los semáforos. El socio de la firma que explicaría la confianza para entregar 1,7 millones de pesos por mes durante un semestre es Francisco Ortega, licenciado en administración de empresas egresado de la UCA que integra junto con el ministro de Educación Esteban Bullrich y el propio subsecretario de Transporte, Guillermo Dietrich, el Consejo de Administración de G25, la ONG que busca “detectar talentos del ámbito privado” y “fomentar en ellos la vocación por lo público”.

“Guillo” Dietrich, también egresado de la UCA pero como licenciado en Economía, no terminó de decidir qué inciso del artículo 18 de la Ley de Compras (referido a contrataciones directas) debe aplicar para justificar la adjudicación a McKinsey. El 10 de agosto, en la resolución por la que llamó a la contratación, invocó el “Inc. 4”, que refiere a “obras, bienes o servicios (...) cuya ejecución sólo puede ser confiada a empresas, personas o artistas especializados, o de reconocida capacidad y experiencia, independientemente de la personería que revistan”. El funcionario adujo que la Dirección General de Tránsito y Transporte pidió que se contrate a la empresa de Ortega “por tratarse de una consultora líder en temas de infraestructura y movilidad urbana que regularmente trabaja con gobiernos, reguladores y operadores de tránsito”, pero no explicó por qué se descartó a otras consultoras y/o universidades con la misma capacidad para llevar adelante esa tarea.

El 26 de agosto, al adjudicar el negocio, Dietrich dejó de lado esa explicación y se inclinó por el “inciso 5” del mismo artículo, que permite evitar la licitación pública “cuando se trate de bienes o servicios prestados, fabricados o distribuidos exclusivamente por determinada persona o entidad, siempre que no hubiese sustitutos convenientes”. La resolución, publicada en el Boletín Oficial de la ciudad el 28 de agosto, señala que en el expediente “se recibió una única propuesta correspondiente a la empresa McKinsey Argentina SRL”, que recibirá 9,9 millones de pesos por un “servicio de consultoría para la evaluación del estado actual, propuesta de modernización y elaboración de anteproyecto técnico para el llamado a Licitación de las Obras y Actualización Tecnológica de los Sistemas de Señalización Luminosa”.

No menos llamativo que la duda de Dietrich es un comentario en el primer pliego de la contratación, que la subsecretaría olvidó borrar cuando lo cargó en la web y que derivó en un segundo llamado. “Esto me parece que no va en esto (sic) pero desconozco las características de la consultora”, apuntó alguien que revisaba el texto, consciente del armado a medida.

Los 9,9 millones de pesos que McKinsey Argentina SRL recibirá para un trabajo de 22 semanas prorrogables por otras once implican 1,7 millones de pesos por mes. Si la empresa utiliza los seis consultores que el pliego fija como piso mínimo, cada uno embolsará 283 pesos cada treinta días. Nada mal para fomentar la “vocación por lo público”.
Cuatro operaciones por $ 1,3 millones, bajo la lupa
Otro caso emblematico
Leandro Renou

Licuación de fondos privados de "amigos" fueron parte de la triangulación entre CEPPA y Pensar. Las donaciones provenían de empresas del grupo Techint, Ledesma, Miavasa, Petersen y la YPF manejada por Repsol.



El Requerimiento de Instrucción de la fiscal Paloma Ochoa al juez de la causa detalla cuatro proyectos presuntamente irregulares que aún suscitan duda y que se llevaron a cabo entre los años 2010 y 2013: son cuatro proyectos para mecenazgo cultural por valor superior, en conjunto, al millón de pesos. Según el documento al que accedió Tiempo, estos fondos que captó Goretti para el supuesto financiamiento de mecenazgo, "luego no se destinaron hacia la finalidad que motivara su asignación (la promoción de actividades culturales, conforme a los proyectos previamente aprobados por el Consejo de Promoción Cultural de la CABA), sino que se desviaron hacia la Fundación Pensar Argentina, mediante el perfeccionamiento de donaciones que tenían en miras financiar actividades político-partidarias del partido PRO".

El primer proyecto observado es el 219/RPC: el 21 de mayo del 2009, Goretti, en su rol de presidente de la Fundación CEPPA, le solicitó al Consejo de Promoción Cultural porteño la inclusión del proyecto de promoción cultural al proyecto "Difusión del arte precolombino argentino". El 17 de noviembre del mismo año, el Consejo -integrado por De Almeida, imputado junto a Goretti y Lombardi por lavado- lo declaró de interés, y el 26 de ese mes Lombardi autorizó el desembolso de $ 372 mil. De acuerdo a la Ley de Mecenazgo, el gobierno porteño en este caso recibe de benefactores dinero para esos proyectos, fondos que pasan a ser públicos cuando los capta la comuna. De hecho, en el detalle de este proyecto se especifica que los que aportaron al financiamiento fueron las firmas Santa María SAIF, con $ 15.650; Finma SAIF, $ 55.741; Siderar $ 180.609; y Ledesma SAAI, con $ 120 mil. Lo llamativo es que las tres primeras compañías son del grupo Techint, que también aparece financiando en los otros tres proyectos en investigación. Otro dato importante es que este dinero se depositó en la cuenta Nº 052000255417, "de la Fundación CEPPA, de la cual Matteo Goretti era el único firmante".

El segundo proyecto, el 702/RPC ("Puesta en valor del Archivo Guemes), inició su camino el 29 de abril de 2010 con el pedido de Goretti. El 2 de noviembre de ese año fue declarado de interés cultural por el Consejo. Y horas después Cultura le habilitó fondos por $ 300.748. Aquí la YPF de la española Repsol y los Eskenazi aportó $ 240.600 y Ledesma $ 60 mil. En este caso, el depósito se hizo a la cuenta 052000271370, también de CEPPA y Goretti.

El tercero de los proyectos fue el 1179/RPC. El 29 de abril del 2011 Goretti pidió mecenazgo por la "Conservación y Digitalización de cuatro archivos históricos". El 6 de septiembre, el Consejo lo declaró de interés y luego, el 28 de febrero del 2013, Lombardi aprobó el desembolso de $ 237 mil. Esos dineros públicos habían sido aportados por Ledesma ($ 120 mil); Petersen Thiele y Cruz $ 38 mil; y Miavasa SA, $ 49.526. Esta última compañía es una constructora con sendos negocios en el ámbito porteño: a pesar de que en 2007 quedó al borde de la quiebra, se alzó en los últimos años con las licitaciones para la terminal de combis de Constitución, las mejoras en el paseo del Parque Lezama, y el Metrobus Sur. Todo el dinero de esta operación se depositó en otra cuenta de CEPPA y Goretti, la Nº 052000306221.

El cuatro proyecto 1753/RPC correspondiente a "Producción del libro Buenos Aires Memoria Antigua…", lo presentó Goretti ante el Consejo el 7 de marzo de 2013, y fue declarado de interés el 30 de octubre. El 30 de diciembre Lombardi autorizó un desembolso de $ 422.027. Todos estos dineros –aportes en el marco de la Ley de Mecenazgo- se depositaron en las cuentas de Goretti, y desde allí fueron girados a la Fundación Pensar. Ledesma también aportó aquí al mecenazgo, con la friolera de $ 422.027, y el monto se depositó en la cuenta Nº 052000322689. «
El que debía controlar era socio de los imputados

Un informe de investigaciones preliminares en el marco de la causa muestra un dato que deja en evidencia el vínculo de Mateo Goretti, presidente del CEPPA, con Facundo De Almeida, el vicepresidente del organismo de aplicación de la Ley de Mecenazgo. En síntesis, el que debía que controlar el normal funcionamiento de los planes y el consecuente destino del dinero, era casi un socio de Goretti, imputado junto a Lombardi por lavado de activos.

De Almeida también está apuntado en el pedido de la fiscal Ochoa. La Unidad de Información Financiera (UIF), detalló que De Almeida también ostentaba el cargo de Director del Museo de Arte Precolombino e Indígena de Montevideo, Uruguay, institución fundada y dirigida por el propio Goretti. En síntesis, era a la vez autoridad de aplicación y compartía directorio con quien debía controlar. "En consecuencia, las participaciones de De Almeida en las reuniones del órgano referido se encontrarían específicamente prohibidas por el art. 1 del Código de Ética-Normas de ética prohibiciones e incompatibilidades del Régimen de Promoción Cultural", concluye el escrito.


Conferencia Mundial sobre Cambio Climático en Bolivia

Evo Morales dice que capitalismo es como el cáncer para la Madre Tierra y llama a redimir el Planeta




El presidente boliviano, Evo Morales, afirmó el sábado en Tiquipaya, sede de la II Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Defensa de la Vida, que el capitalismo es como el cáncer para la Madre Tierra y llamó a extirpar ese mal para salvar al planeta y a la humanidad.

En su discurso de inauguración, el Jefe de Estado dijo que es imperativo trabajar en políticas y programas para curar las heridas de la Pachamana (Madre Tierra), amenazada de muerte, y tomando en cuenta que ese cáncer es todavía benigno.

En esa línea pidió una alianza de los pueblos del sur con los pueblos del norte para construir un “gran movimiento mundial”, para reconstruir la relación vida-Madre Tierra.

“Para esos hay que desarrollar muchas políticas y programas, porque para el sistema capitalista, el planeta, el medioambiente, es objeto, objeto de saqueo”, mientras para los pueblos la Pachamama, es vida, alertó.

“Ese movimiento mundial debe acabar con el modelo fallido del capitalismo, por culpa del capitalismo hay saqueo de los recursos naturales, hay guerras, hay industria de armamento”, remarcó al pedir que se deben encontrar mecanismos para cambiar ese “modelo fallido”, que no ha resuelto nada en el mundo, tomando en cuenta que la crisis se agudiza cada vez más.

En esa línea, el Presidente indígena afirmó que los países del sur no van a ser “guardabosques de los países del norte”, no serán guardabosques del “sistema capitalista”.

Criticó la posición de los países capitalistas que se niegan a cumplir los acuerdos de los foros mundiales de reducir la emisión de gases de efecto invernadero argumentando falta de recursos, cuando el presupuesto para las guerras, entre ellos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) sobrepasa los 900 mil millones de dólares, que se usan “para intervenir países so pretexto de terrorismo”, para adueñarse de sus recursos naturales.

ABI

La salud de los océanos es clave en la erradicación del hambre


Los productos del mar aportan una considerable cantidad de proteína animal a la alimentación de las personas en todo el mundo y 12 por ciento del sustento de la población mundial depende en forma directa de la pesca y la acuicultura.

Por Marianela Jarroud VALPARAÍSO, Chile, 
7 oct 2015 (IPS)





El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, interviene en la segunda conferencia internacional sobre Nuestro Océano, celebrada en el puerto de Valparaíso, en Chile, en presencia de la presidenta del país anfitrión, Michelle Bachelet, y de su canciller, Heraldo Muñoz. Crédito: Cancillería de Chile

Sin embargo, el impacto del cambio climático, la contaminación marina por desechos plásticos, la pesca ilegal y la acidificación acechan al océano y su biodiversidad, confirmó la segunda conferencia internacional Nuestro Océano, que se realizó el lunes 5 y martes 6 en el puerto chileno de Valparaíso, 120 kilómetros al noroeste de Santiago.

En la reunión, los más de 500 participantes, de 56 países, comprometieron unas 80 iniciativas sobre conservación y protección marina que superan los 2.100 millones de dólares y abarcan más de 1.900 millones de kilómetros de océanos, destacó el ministro chileno de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz.

El canciller local y su par estadounidense, el secretario de Estado John Kerry, fueron los anfitriones del encuentro, que tuvo su primera versión en 2014 en Washington.

En una de las principales conclusiones de la conferencia, el director general de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), José Graziano da Silva, advirtió que la salud y productividad del océano serán claves para alcanzar la Agenda 2030 y la erradicación del hambre.

“Los recursos marinos y acuáticos son finitos”, advirtió Graziano en la conferencia.


“El océano no tiene una capacidad infinita para soportar las amenazas que afrontan en la actualidad: la explotación excesiva de los recursos, el cambio climático, la contaminación, la pérdida de hábitat”, añadió.


Graziano enfatizó que “la salud del océano es clave en la erradicación del hambre (…) y una condición esencial para el desarrollo mundial”.


Según la FAO el pescado es un alimento muy nutritivo y un valioso complemento de una dieta en la que falten otras vitaminas y minerales fundamentales.


Se calcula que cerca del siete por ciento de la proteína animal que comemos proviene de la pesca y la acuicultura. Esa cifra supera 20 por ciento en algunos países, en particular los pequeños estados insulares.


El pescado no solo constituye un alimento vital, sino que además da trabajo e ingresos a millones de personas de todo el mundo.


“La pesca es parte de la historia más ancestral, más remota del continente americano. Tanto en el cuerpo continental como en las costas y los canales fue sustento para un centenar de pueblos, o más aún, que vieron en la vida nómade en el mar, su condición de vida”, recordó a IPS el antropólogo social Juan Carlos Skewes.


Y lo sigue siendo: Se estima que el sustento de 12 por ciento de la población mundial depende en forma directa de la pesca y la acuicultura, esto significa alrededor de 1.000 millones de personas involucradas.


“El mar es tan importante para nosotros que no solamente nos alimenta, sino que nos da la vida”, sintetizó Petero Edmunds, alcalde de Rapa Nui, conocida mundialmente como Isla de Pascua, ubicada en medio del Pacífico, 3.700 kilómetros al oeste del territorio continental chileno.





Los océanos cubren más de 70 por ciento de la superficie del planeta y 97 por ciento del agua terrestre es salada, pero solo uno por ciento de ellos está protegido. Crédito: Marianela Jarroud/IPS


“Para los polinésicos, el mar es nuestra fuente de vida, es tan importante que en nuestra mitología tenemos asignado a Tangaloa, Dios del Mar, y en la costumbre ancestral Rapa Nui cuando un bebé nace, lo primero que debe hacer el padre es hundirlo en el mar, para devolverlo a su estado natural”, añadió en entrevista con IPS.


En América Latina y el Caribe existen más de dos millones de pescadores artesanales o de pequeña escala que generan ingresos por unos 3.000 millones de dólares anuales, según cifras de la intergubernamental Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero (Odelpesca).


La región acoge en sus costas sudamericanas a tres de los grandes ecosistemas marinos del mundo.


El más importante es la Corriente de Humboldt, que atraviesa las costas pacíficas de Chile, Perú y Ecuador y que contribuye casi con 20 por ciento del total de pesca de captura mundial.


Otros ecosistemas importantes en la región son la Plataforma Patagónica que componen Argentina y Uruguay, y la Plataforma Sur del Brasil, ambas en el océano Atlántico.


Pese a su importancia, la amenaza hacia el océano está latente.


Se estima que anualmente se vierten cerca de ocho millones de toneladas de plástico al océano en forma de botellas, embalajes, bolsas y otros desechos, provocando la muerte de especies marinas y aves.


Junto a esto, casi un tercio de la población mundial de peces se encuentra sobreexplotada.

El punto 14 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados en una cumbre mundial realizada en Nueva York entre el 25 y el 27 de septiembre, apunta a “conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible”.


Sin embargo, la interdependencia de las metas de la Agenda 2030 y la importancia vital del océano que, por ejemplo, absorbe más de un 30 por ciento de las emisiones de dióxido de carbono, hacen que las metas sean imposibles de alcanzar, sin un océano sano y, en consecuencia, resiliente.


“Hoy sabemos que existe una interrelación mucho más estrecha entre océanos y cambio climático”, afirmó a IPS el comisario de la Unión Europea para Medioambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella.


Añadió que la protección oceánica debe ser tema central de la 21 Conferencia de las Partes (COP21) sobre Cambio Climático que se realizará entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre en París.


El canciller Muñoz, en tanto, anticipó que los gobiernos participantes en la conferencia de Chile, que estarán presentes en la COP21, “nos hemos comprometido para que en los documentos y compromisos que salgan de la Cumbre también esté presente la protección del océano”.


Muñoz consideró muy importantes los anuncios realizados por varios países en la conferencia de Valparaíso.


Destacó el de Chile, que dio a conocer la decisión de proteger más de un millón de kilómetros cuadrados de zonas marinas, que constituirán uno de los espacios de protección más grandes del mundo.


Como parte de esta iniciativa, el país anunció la creación de 720.000 kilómetros cuadrados de áreas protegidas en Rapa Nui, una demanda de sus poco más de 5.000 habitantes, quienes buscan proteger la biodiversidad de las aguas que rodean la isla y que albergan 142 especies endémicas, 27 de ellas amenazadas o en peligro de extinción.


La medida también permitirá que se perpetúe la práctica ancestral de pesca de subsistencia en una zona que se extiende hasta una distancia de 50 millas náuticas del litoral.


“La pesca artesanal todavía se desarrolla de forma ancestral en Rapa Nui. Se recolectan piedras que sirven de pesas para bajar el anzuelo y así pescar el atún o los peces grandes”, contó Edmunds.


Destacó que la creación del parque, anunciada por la presidenta Michelle Bachelet en la inauguración de la conferencia, permitirá terminar con la pesca ilegal en las aguas de la isla.


“Desde hace muchas décadas que venimos viendo a barcos “fantasma” que aparecen en la madrugada como luces en el horizonte y se llevan nuestros peces”, denunció el edil.


“Con la ayuda de las oenegés se ha demostrado que al día hay un promedio de 20 embarcaciones ilegales en nuestras aguas, que se están llevando nuestros recursos que no queremos que se agoten”, añadió.


Bachelet anunció también la creación del parque Marino Nazca-Desventuradas, que comprende una superficie de 297.518 kilómetros cuadrados y que constituirá el parque marino más grande del continente americano.


Editado por Estrella Gutiérrez

10 oct 2015

Ayotzinapa: Procuraduría afirma que el caso no está cerrado y anuncia nuevas investigaciones

La titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, sostuvo en el Senado que el caso Iguala no está cerrado; anunció que se han abierto ‘‘otras líneas de investigación’’ en las que se ha identificado a más autores materiales de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y reveló asimismo que se llevará a cabo un tercer peritaje en el basurero municipal de Cocula.



Se trata, detalló, de un grupo colegiado en el que participarán siete expertos de cinco países y José Luis Torero, el perito al que acudió el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –quien sostuvo que en el basurero de Cocula no pudieron incinerarse los cuerpos de los 43 normalistas–, con la finalidad de contar ‘‘con elementos científicos y técnicos para que podamos saber’’ lo que ocurrió el 26 y 27 de septiembre del año pasado en ese lugar.

Durante su comparecencia ante el pleno del Senado, la procuradora reveló asimismo que, en respuesta a la petición formulada por ‘‘muchas voces’’, remitió a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR el expediente del caso Ayotzinapa, donde se integrará un grupo de trabajo para atender la averiguación en una segunda etapa. El expediente, precisó, se hará público y se podrá consultar en la página de Internet de la dependencia.

Informó además que, por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, ayer mismo, antes de acudir al Senado, firmó el acuerdo para crear la fiscalía especializada de búsqueda de personas desaparecidas, que se publicará mañana en el Diario Oficial de la Federación.

La titular de la PGR dio así respuesta a senadores de PAN, PRD y PT, quienes cuestionaron la negativa del gobierno federal a aceptar las recomendaciones y observaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y le demandaron no cerrar el caso Iguala.

Ayotzinapa fue el tema que mayor espacio ocupó en las cinco horas que duró el encuentro entre la senadora con licencia (hoy procuradora general de la República) y sus antiguos compañeros. Arely Gómez aseguró que asumió con ‘‘gran responsabilidad’’ las peticiones que le ha formulado el GIEI y ha sido sensible a las diferencias entre el informe de los expertos y la investigación que llevó a cabo su antecesor, Jesús Murillo Karam.

Congruente con ello, dijo –al responder a la senadora independiente Martha Tagle–, es que se llevará a cabo un tercer peritaje en torno al basurero municipal de Cocula, ya que tanto los estudios realizados por la PGR, como los encargados a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y al Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) difieren del análisis realizado por el experto José Torero, quien sostuvo que los cuerpos de los normalistas no pudieron calcinarse en ese sitio la madrugada del 27 de septiembre.

Para los siguientes trabajos se convocó ya a siete expertos: René Colsaca, de Canadá; Ursula Woodward, de Alemania; John Dinan, de Estados Unidos; Antonio Del Amo Rodríguez, de España, y los mexicanos Enelio Torres García, Mario Saldaña y Ricardo Damián Torres, que ya confirmaron su presencia, precisó la titular de la PGR, quien insistió en que ha adoptado las recomendaciones del GIEI y seguirá trabajando con ese grupo.

Los senadores Layda Sansores, del PT, y el perredista Benjamín Robles hicieron notar a la funcionaria que el titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, siempre estuvo en contra de ese tercer peritaje y hasta la contradijo cuando ella aceptó llevarlo a cabo. ‘‘¡Despídalo! No sé para qué vino hoy’’, le pidió la legisladora petista.

La procuradora refirió también que, junto con los expertos, la PGR llevará a cabo una inspección del ‘‘quinto autobús’’ relacionado con los hechos de Iguala, para verificar si quedan indicios de que se hubiera transportado droga en el mismo.

Hizo notar que la existencia de ese quinto camión sí consta en la investigación que llevó a cabo la PGR, pero no se le dio tanta relevancia porque los ocho normalistas que viajaban ahí pudieron escapar. La unidad, sostuvo Gómez, está asegurada. Adelantó que no se ha podido comprobar la hipótesis de que el vehículo fuera utilizado para el trasiego de heroína a Chicago, ya que en la investigación que tienen en Estados Unidos no figura la matrícula de ese transporte.

Igualmente, la procuradora expuso que se exhumará el cadáver de Julio César Mondragón –el estudiante normalista asesinado en Iguala, a quien desollaron y sacaron los ojos– para practicarle una tercera autopsia el próximo 4 de noviembre, en la que estarán presentes los forenses argentinos, con el objetivo de determinar ‘‘si fue torturado’’.

Durante la comparecencia, los senadores se confrontaron por la probable participación del Ejército en el caso Ayotzinapa. Las bancadas de PRI, PVEM y PAN salieron en defensa de las fuerzas armadas, luego de que el PT, en voz de Layda Sansores, criticó al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, por oponerse a que los miembros del GIEI se entrevisten con los integrantes del 27 batallón de infantería, con sede en Iguala, ‘‘pese a que son claves en la desaparición de los normalistas’’.

Sansores San Román resaltó que al general Cienfuegos ‘‘lo cubre un manto divino, pero es inmoral no contribuir al esclarecimiento de la verdad’’. Preguntó a la procuradora Gómez si la PGR ha investigado en torno al terreno que la Sedena donó al entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, ubicado frente a la sede del 27 batallón. Iba a ser ahí un centro comercial, dijo.

De inmediato, el senador del PAN Javier Lozano, la priísta Ivonne Álvarez y Carlos Alberto Puente, del PVEM, le exigieron respetar al Ejército. ‘‘Ser oposición y hablar con la verdad no significa ser unos majaderos y menos frente a instituciones de tanto respeto’’, advirtió Lozano Alarcón, quien formuló un ‘‘público reconocimiento a la lealtad de las fuerzas armadas’’.

Los priístas enviaron desde tribuna un mensaje al general Cienfuegos: ‘‘Le queremos decir que vamos a aprobar las leyes que necesita el Ejército para facilitar su trabajo’’, recalcó la senadora Alvarez.

Por su parte, la procuradora se refirió una sola vez a ese tema. A pregunta expresa comentó que todo el mes de agosto pasado recabaron declaraciones de otros ocho soldados del 27 batallón que estaban en activo durante ‘‘la barbarie’’ de Iguala y se han ampliado también declaraciones.

Agregó que está ‘‘en la mejor disposición’’ y también el secretario de la Defensa, para que, a través del Ministerio Público, los expertos puedan hacer sus preguntas a los militares del 27 batallón de infantería.

Dijo finalmente que los esfuerzos de la PGR continuarán ‘‘hasta que el último responsable de esos crímenes sea consignado y rinda cuentas ante la justicia’’.


La Jornada
Padres de normalistas insisten en una unidad de investigación especializada

Este jueves, durante el Foro Estatal del Movimiento Popular de Guerrero (MPG), realizado por el primer aniversario del plantón instalado en el zócalo de Chilpancingo, padres y madres de familia de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos exigieron nuevamente la creación de una unidad de investigación especializada y el reinicio de la búsqueda de sus hijos.

Walter Añorve, uno de los dirigentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), consideró que la desaparición de los 43 estudiantes normalistas y la movilización del magisterio guerrerense ‘‘destaparon la cloaca en la que se encuentran los gobiernos estatal y federal’’.

En el foro, realizado en el zócalo de esta capital, Añorve sostuvo que a escala internacional, el gobierno mexicano ‘‘está catalogado como intolerante’’, luego de los señalamientos que le hicieron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Adriana Catarino, también dirigente de la Ceteg, señaló que las 14 organizaciones sociales estatales y cuatro nacionales que participan en el foro exigirán al gobierno del estado que cumpla con la ley de amnistía para lograr la libertad de los ‘‘presos políticos’’.

Afirmó que ‘‘pareciera que la consigna del Estado es mantener a los presos políticos en la cárcel’’, y adelantó que en el foro del MPG se discutirán tres puntos: ‘‘el derecho a la vida, la libertad de los presos políticos y las reformas estructurales’’.

El campesino Bernabé Campos, padre de José Ángel Campos, uno de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, dijo que ‘‘el presidente (Enrique) Peña Nieto pensó que estábamos muy debilitados, pensó que íbamos a caer, que éramos unos árboles con las raíces de lado, pero se equivocó; somos raíces que están plantadas hacia abajo, nos tambalea el aire, pero no caemos y no vamos a caer’’.

En nombre de las organizaciones que integran el MPG, Bertoldo Martínez Cruz demandó castigo para el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, a quien llamó ‘‘no sólo responsable de la desaparición de los 43 estudiantes, sino de haber llevado al poder al alcalde de Iguala’’, José Luis Abarca.


La Jornada

Para Edison Lanza el desalojo del Codicen es un caso “preocupante”


URUGUAY- OEA

El relator especial para la libertad de expresión de la CIDH dijo que no vio garantizada la libertad de protesta durante el operativo que determinó el procesamiento sin prisión de varios manifestantes.

MONTEVIDEO (Uypress)

09.10.2015



"La protesta es el ejercicio legítimo de la libertad de expresión, de manifestar la disidencia, de reclamar por parte de grupos sociales; es una herramienta fundamental en América Latina para expresar el descontento o el disgusto", dijo el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, Edison Lanza, a De Diez a Doce de Radio Uruguay.

El ex periodista se refirió a los sucesos registrados durante el desalojo del Consejo Directivo Central (Codicen) que dejó hasta ahora nueve manifestantes procesados sin prisión -este miércoles se sumó un dirigente de la FEUU- y reconoció que pensaba que "esa perspectiva" de derechos en Uruguay "estaba plenamente garantizada". "En este caso no la vi", sentenció.

Lanza explicó que este hecho genera preocupación porque "los estudiantes estaban llevando a cabo una manifestación pacífica" y porque el "uso de la fuerza tiene que estar mediado por una resolución judicial".

Aún con una orden de la justicia, continuó Lanza, la intervención tiene que estar "mediada" también con un uso "gradual de la fuerza" y por "un llamado a la intervención pacífica para salvaguardar la vida y la integridad física y psicológica de las personas que están haciendo uso del derecho".

El Relator especial anunció que incluirá el tema en el próximo informe de la Relatoría como un caso preocupante.

Mientras tanto, la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) continúa la investigación en torno a lo ocurrido durante el desalojo del Codicen. Según dijo este lunes el integrante del Consejo Directivo de la institución, Juan Raúl Ferreira, recibieron vídeos de lo que aconteció en el tercer piso, donde se encontraban los estudiantes que ocupaban el edificio.

Contrario a la versión del Ministerio del Interior, Ferreira dijo que se recibieron denuncias de menores de edad golpeados por la policia pero aclaró que deben analizar los casos para asegurarse la veracidad.

También se refirió al informe que presentó el presidente de la INDDHH, Juan Faroppa, donde afirmó que "objetivamente no hubo un uso sistemático, masivo e intencional de la fuerza". "Es un insumo más", dijo Ferreira quien aclaró que ese informe no representa a la institución porque ésta aún no ha desarrollado los protocolos ni tiene los recursos para realizar tareas de observación.

"Faroppa no tuvo la posibilidad de acceder al lugar donde ocurrían los hechos. Él estaba en la vereda", agregó Ferreira. "El informe sale para afuera varios días antes del Consejo Directivo. No fue de las cosas más prolijas", puntualizó.

eb
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias