El Fiscal Zubía dice UNA verdad
Una Verdad - “Uno observa que los contenidos racionales son pocos y las actitudes meramente violentas están a la luz de todos nosotros (.) parecería que estamos en la Alemania de 1938”, añadió en declaraciones a Subrayado.
Efectivamente. Es cierto, una gran verdad dicha por el Fiscal, una al fin!. Es precisamente lo que el movimiento popular viene sosteniendo, es la situación sobre la cual las organizaciones defensoras de los DD.HH. están alertando, y es - por desgracia - la triste realidad que viven millares de uruguayos no bien se les ocurre hacer uso de sus inalienables derechos garantizados en la Constitución y por si faltaran basamentos, en la Declaración de los Derechos Humanos de las Nacionaes Unidas. Muy cierto lo que dice el Fiscal:"parecería que estamos en la Alemania de 1938”. Así es y hacia allí se está yendo si no hay orientales valientes que ya hoy mismo le hacen frente al avance del fascismo amparado, hoy en Uruguay como ayer en Alemania en 1938 en el aparato del estado, los cuerpos policiales y militares, los políticos corruptos o mudos, los instigadores a sueldo en la prensa y demas medios, y, naturalmente, tal cual sucedió en 1938 en Alemania y en adelante, el concurso febril de Fiscales, Jueces y Suprema Corte que competían en cual dictaba mayor cantidad y más duras penas contra los trabajadores sindicalizados que hacían huelgas, los manifestantes demócratas, la gente de izquierda y de ahi en más los religiosos disidentes, los liberales críticos, los periodistas no vendidos al mejor postor y todos los ciudadanos decentes.
Para ver estos ejemplos el Fiscal no hubiera necesitado trasladarse al tiempo de la Alemania de 1938, le hubiera alcanzado con Uruguay desde 1967 en adelante, dado que las características fueron las mismas y los resultados para
el pueblo sufriente fueron similares, salvando las dimensiones. En Uruguay de 1967 en adelante así como en Alemania de 1938 en adelante, las cosas se fueron desarrollando tal cual lo vienen haciendo en Uruguay en la actualidad. Los trabajadores reclaman un salario digno y son estigmatizados, acusados de cuasi terrorismo y de tomarse de rehenes sea a todos los montevideanos, sea a los alumnos escolares o aún a los enfermos mentales, el esquema es el mismo. Así tambien lo hicieron en 1938 como bien lo expresa el Fiscal. Como también sacaron blindados a la calle, escopetas y dispararon munición letal contra quienes protestaban, o les infiltraban las marchas hoy con encapuchados ayer con camisas pardas, o les cerraban las radios como La Kandela, asaltaban comunidades como La Solidaria, levantaban en la calle a jovenes sin ningún fundamento ni orden judicial alguna, los maltrataban, y amenazaban con torturas y violaciones.
Todo eso se vió en Alemania en 1938. Viéndose también paralelos similares en el tratamiento a los Jueces que no sentenciaban como el poder del estado lo exigía en función de sus interreses, se los purgaba y demonizaba y sí por acaso a algunos demócratas y liberales alemanes de aquél entonces se les ocurría homenajear a esos valientes jueces, por ejemplo aplaudiéndolos, estos automáticamente eran catalogados como terroristas, vándalos, ocupantes, promotores de asonadas y de andar asustando a los apacibles miembros de alguna Corte de Justicia. Eso sucedió. En 1938. Y sucede hoy, aquí, en el 2013. Detenciones ilegales, cuasi secuestro de jóvenes, grupos de choques y comandos especiales contra las manifestaciones sean éstas por gabinetes higiénicos en un Liceo o de vecinos contra el depredador puerto maderero en La Paloma. Mucha razón lleva el Fiscal Zubía al decir que se viene viviendo este proceso. Proceso que no es nuevo en Uruguay. Los Zubías militares protagonizaron uno similar al de Alemania de 1938, salvando las obvias dimensiones, lo cual no es ningún consuelo para las víctimas.
En Alemania en 1938 las fuerzas represivas anunciaban con afiches las ejecuciones. En el Uruguay de la dictadura todavía el Estado no ha respondido sobre la suerte qué han corrido centenares de ciudadanos que fueron detenidos por las fuerzas represivas del Estado, No se sabe nada, ni que sucedió con ellos, ni donde están, si vivos o muertos, no se sabe quienes los detuvieron ni como se llamaban los mandos, no se conoce quién o quienes dieron las órdenes, y más tarde decidieron sobre su suerte, se desconoce - en caso de haber sido asesinados - que pasó con sus restos, adonde están enterrados o si fueron quemados como en Chile o arrojados al mar como en Argentina, o dinamitados sus cuerpos como tambien sucedió en Argentina, en suma: no se sabe nada.Esa es una diferencia con la Alemania de 1938. Los nazis uruguayos del periodo del terrorismo de estado han profundizado las técnicas macabras de la tortura. Ya no se trata solamente de torturar a un prisionero y después fusilarlo luego de parodias de juicios sumarios con Fiscales y Jueces vestidos con negras batas y sedientos de sangre que les aseguraba ascensos, ahora se trata de ejercer una tortura masiva sobre toda la sociedad, comenzando por la familia y círculos cercanos de la víctima y prolongar esa tortura por decenios, sosteniéndola como la bandera del terror por secula seculorum.
Es la razón por la cual la interpretación internacionalmente aceptada y refrendada en la Convención Internacional de las Naciones Unidos sobre la Desaparición Forzada de personas, Convención ratificada por Uruguay, que interpreta que el delito de la desaparición de personas se renueva cada día en tanto esta persona no ha aparecido ni se han aportado pruebas fehacientes sobre lo que ha sucedido con ella. De lo que surje - en consecuencia- que el delito de la desaparición de los cientos de uruguayos deviene - hoy mismo - en un nuevo delito con punto de partida en el hoy y, por consiguiente, no prescribió ni prescribe y por más que hubiesen Supremas Cortes amparadoras de los criminales de lesa humanidad nunca podrán decretar el que han prescripto en tanto se renuevan diariamente como se ha explicado. Como en el Uruguay de hoy esto no es así, y además de violarse convenciones internacionales refrendadas por Uruguay se violenta la praxis internacional en la materia amparando de esa manera al terrorismo de estado y protegiendo a los criminales de lesa humanidad otorgándoles inmunidad e impunidad.
Resulta pues una contradicción el constatar que el fascismo el Uruguay está a la ofensiva y se viene manifestando con mayor agresividad, estimulado desde los órganos del estado y desde la supuestamente impoluta Suprema Corte la qué estimula el fascismo en tanto cobijadora de los criminales de lesa humanidad mundialmente condenados, y en lugar de apuntar sus baterías para juzgar los crímenes de ese fascismo , el de hoy qué es el mismo qué el de ayer, ni siquiera reciclado, en lugar de eso, el Fiscal Zubía apunta contra militantes populares los más de ellos víctimas sobrevivientes de los métodos de ese fascismo, tal cual bien lo describió Jorge Zabalza cuando relató que el padre del Fiscal Zubía, el General Zubía lo torturó personalmente y lo encerró junto con otros ocho rehenes en pozos y aljibes en condiciones inhumanas similares a la de los campos de exterminio, sin las cámaras porque habían manifestado la intención de enloquecer a los prisioneros. Es paradojal que quién toma al nazismo como referencia, como lo hace el Fiscal Zubía, sea quién "selecciona" a siete rehenes de entre una multitud cuya acción de "corte terrorista" fue aplaudir en un acto público.
Paradójica es, también, la interpretación que da el Fiscal para motivar esa elección basada no en hechos concretos porque no los hubo, sino en el pasado,trayectoria y opiniones políticas o sociales de los siete, con el agravante de usar esto como motivación de peligrosidad y de "atentado" así como usarla a cuenta de eventuales futuros hechos, aún no sucedidos, pero que según el Fiscal Zubía están en la cabeza de los siete, dados sus "antecedentes". Aún así se atreve a afirmar que su selección de víctimas no es politica. Dadas las dimensiones que va tomando esta tremenda violación de los derechos humanos que ya ha rebotado en el exterior y está poniendo en marcha muchas alarmas, ahora el Fiscal pretende "mejorarlo" agregándole - a último momento - nuevas víctimas de este atropello de corte fascista sea 1938, 1973 o 2013 y ya está prometiendo un nuevo cargamento de culpables del tremendo delito de haber aplaudido.
De todas maneras quedan sin fundamentarse las razones de no haber levantado acusación contra los dos periodistas que fueron indagados y contra el dirigente del Sindicato de los Judiciales, en lo que ha sido una clara eleccion política midiendo friamente las consecuencias y repercusiones. En esto se han equivocado. Han subestimado - a Dios gracias - las reservas morales y democráticas del pueblo uruguayo olvidándose que casi el 50% votó la rosada para enjuiciar a los criminales de lesa humanidad que la Suprema Corte absolvió sin siquiera juzgarlos, así, al barrer, a todos, en un borrón y cuenta nueva masivo. Han subestimado la sensibilidad internacional ante este tipo de crímenes y ante los atropellos de Supremas Cortes que le abren las puertas al fascismo y al golpismo, como ha sido en Honduras y en Paraguay.
Han subestimado la comprensión de la gente acerca de que la Jueza Mota representaba en el ámbito judicial la dignidad de todo un pueblo, Han subestimado - al echarla por pedido de Mujica - y por lo tanto no han sabido como reaccionar ante la enorme solidaridad desplegada. El Fiscal considera que aplaudir es "sabotear" una ceremonia del estado, pero cuando elije a siete de entre cientos, se "olvida" de todos los otros que aplaudían y de apludidores como Eduardo Galeno y Daniel Viglietti que estaban hasta con carteles alusivos a la Suprema Corte fotos que han salido en todos los medios. Se los olvida, y al resto también. Elije el Fiscal a siete referentes sociales que son críticos al gobierno, y después intenta decir que no son rehenes.
Como todos los rehenes, son siempre un mensaje al resto, "si ustedes protestan les va a pasar como a estos". Práctica de Alemania 1938 por cierto. En suma, el Fiscal Zubía no es capaz ni siquiera de fundamentar sus actos que han sido cometidos en el ambiente de la impunidad, la suya también, y por eso nunca creyó que precisamente estos ataques a los derechos democráticos son los que generan, han generado en el pasado y generarán en adelante, reacciones populares, solidaridad, resistencia, repudio a los vendidos, repudio a los cómplices de los criminales de lesa humanidad. Autores de los crímenes, a no olvidarlo,que siguen renovándose día a día por más que el responsable de la expulsión de la Jueza Mota, Mujica, diga que esto se termina cuando nos muramos todos. El Fiscal Zubía es un ejemplo claro de que Mujica solo dice estupideces. Ahí está este Fiscal prosiguiendo con la labor familiar de perseguir al pueblo, y ahi están y estarán también los hijos, nietos y bisnietos de los desaparecidos para marcar a fuego a los asesinos y a sus cómplices y encubridores.
Colectivo del Blog Noticias Uruguayas
23 sept 2013
22 sept 2013
EL PESO DE UN APELLIDO
EL PESO DE UN APELLIDO
por Hugo bruschi
Que esta semana que se fue, ha sido rica en acontecimientos, nadie se atrevería a dudarlo. Entre juicios, declaraciones, portadas de los diarios, comentarios en las redes sociales, etc. hemos tenido material abundante para entretenernos. Por un instante pudimos los uruguayos, reencontrarnos con el pasado, presente y futuro, pero fundamentalmente con la hipocresía reinante en las esferas estatales.
Un grupo de ministros de la SJC nos revela que estuvo secuestrado y privado claro está de su Libertad. Bueno, menos mal que fue un secuestro corto y pudieron volver a la vida por un momento amenazada. Tuvieron de todos modos más suerte que otros uruguayos, que sí fueron secuestrados en serio y todavía nada sabemos de ellos. Y curiosamente estos mismos ministros que hoy denuncian, son los mismos que le niegan a los familiares saber donde están sus hijos, hermanos, padres secuestrados. Y además sancionan con un traslado, a una jueza que pretendía arrojar luz para el esclarecimiento de estas desapariciones.
Cómo podríamos llamarle a estos comportamientos?
Qué elementos de juicio, que peso podrán tener las declaraciones de estos personajes, cuando la Jueza Merialdo deba tomar una decision? Sólo ella y su conciencia lo saben, pero si de algo estamos seguros es que no le será fácil. Y tendrá que elegir entre su carrera - para no correr la suerte de Mota - y la justicia. Entre la ética y quienes se sienten por encima del derecho y lo ejercen a su gusto y necesidades. Pasaron muchos años para que la justicia norteamericana reconociera, que había cometido un crimen en nombre de esa justicia. Nos referimos a Sacco y Vanzetti. Ud. todavía está a tiempo Dra. Merialdo y no se olvide - por si le sirve de apoyo - que la justicia uruguaya está en estado de observación permanente, por los organismos internacionales con los que el estado uruguayo ha suscrito compromisos. No le agregue una mancha más a su ya deteriorada imagen. Y si tiene tiempo, le recomendaría la lectura de algunas cartas enviadas por una madre desesperada, al padre del fiscal que hoy acusa, entre otros. Eran tiempos del desprecio por la vida humana, por el dolor de la gente sin importar que muchos de ellos, eran niños que querían besar a su padre o madre. Seguramente podrá entender entonces, el porqué de tanta indignación ante la impunidad, que esa misma justicia que Ud. representa, hoy trata de sancionar para que nadie se atreva a cuestionarla. Si le hubieran desaparecido a su padre o madre, hubiera estado Ud. en la sede de la SCJ para manifestar su protesta ante el traslado de alguien que le inspiraba confianza?
La hipocresía también se hizo presente una vez más, cuando el propio presidente del Uruguay, recomendó alejar la política de los juzgados. Nadie diría que unos meses antes, esta misma persona pedía a gritos sanciones para la Jueza Mota. Para esa persona que dificultaba el cumplimiento de algunos pactos.
También en esta ronda de declaraciones, no faltaron las del Fiscal Zubía. Dice que le faltaron el respeto a su familia, algunos de cuyos miembros están fallecidos. Yo no sé exactamente de que los acusaron o de que modo le faltaron el respeto. Pero yo quiero antes de terminar, arrimarle una reflexión que tal vez le pueda servir, a la hora de las acusaciones. No cometa el error de su padre que nos dejó una imagen de verdugo. Aprenda de las lecciones de la vida y de la historia y en tal sentido especialmente le recomiendo a Ud., leer las cartas que aquella madre dispuesta a morir si fuera menester, le enviaba entre otros distinatarios, a su padre que por entonces decidía sobre la vida de las personas. Hoy aquella madre Sr. Fiscal Zubía tampoco está entre nosotros y descansa en Paz. Pero esa Paz Sr. Fiscal, tiene una sonrisa a flor de labios porque al fin los derrotó, totalmente desarmada, sólo con su amor de madre y con lo que le enseñó a sus hijos. Qué valores les habrá inculcado Sr. Fiscal, que hoy uno de ellos - al que no pudieron destruir - está considerado uno de los mejores científicos del Mundo. Sí Sr. Fiscal, del Mundo. En cambio Ud. tendrá que llevar a cuestas de por vida, el peso de su apellido. Esas son las diferencias, entre aquella madre y su familia.
La ley de los canallas
La ley de los canallas
Por Serge Halimi, director de Le Monde diplomatique.
Resulta inevitable no pensar en una de las célebres escenas de la película de Michael Curtiz Casablanca (1942). Rodeado de algunos de sus hombres, el capitán Renault, jefe de la policía local, llega para cerrar el café de Rick (Humphrey Bogart) exclamando: “¡Qué escándalo! ¡He descubierto que aquí se juega!”. Al instante, un crupier le entrega al agente un fajo de billetes con un: “Sus ganancias, señor”. El capitán agradece con disimulo, se guarda el dinero y ordena: “¡Todo el mundo fuera inmediatamente!”.
En el escándalo financiero relativo al establecimiento fraudulento de una tasa interbancaria británica –la London Interbank Offered Rate (Libor)–, también se quiere identificar al policía corrupto, cosa que no resulta fácil dado el gran número de candidatos al papel. Cada día, una veintena de grandes entidades financieras (Barclays, Deutsche Bank, HSBC, Bank of America, etc.) fijan el valor del Libor. Y éste sirve de referencia a unas transacciones que alcanzan una cuantía total de 800 billones de dólares (no, no es un error de impresión), en particular en el mercado de productos derivados (1). Las cifras en cuestión son tan faraónicas que conducen a la prensa no financiera a centrar su atención en la peccata minuta, más conforme a la escala humana: padres que se gastan las prestaciones familiares sin garantizar la presencia de sus hijos en la escuela, empleados griegos que completan su humilde día a día trabajando y cobrando en negro. A ellos les está reservada la ira de los gobernantes y del Banco Central Europeo.
Si bien la manipulación del Libor pudiera parecer complicada, es tan clarificadora como la escena de Casablanca. Preocupados por adornar su estado de salud y así poder obtener fondos a mejor precio, los grandes bancos, cuya palabra era dogma de fe, subestimaron durante años la tasa a la que pedían prestado. Una vez esta tasa estaba declarada, determinaba seguidamente la del Libor, y por tanto la de sus futuros préstamos... Cayendo “físicamente enfermo” por el “descubrimiento” del fraude cometido por su banco, el jefe de Barclays dimitió el 3 de julio. El gobernador del Banco de Inglaterra pretendía también hacer creer que se había enterado de la estafa en cuestión tan sólo unas semanas atrás (2).
¿“Verdaderamente escandalizado al descubrir” el pastel? Debe ser que Barclays y el Banco de Inglaterra no leen la prensa financiera, ya que, el 16 de abril de 2008, el Wall Street Journal había publicado un artículo titulado “Banqueros ponen en duda una tasa clave”. El primer párrafo rezaba: “Uno de los barómetros más importantes de la salud financiera mundial podría estar mandando señales erróneas”...
Así pues, nuestro mundo está infestado de datos arbitrarios o adulterados (Libor, “regla de oro”, nivel de la deuda o déficits públicos que cabe no superar...) en nombre de los cuales se martiriza a pueblos enteros, como en España. Quienes infligen tales castigos con la mayor crueldad permanecen aureolados de respeto, bien presidan un banco central o una agencia de calificación. No obstante, cuatro años después del desencadenamiento de una de las mayores crisis de la historia, la cuestión de su utilidad social está zanjada.
(1) Léase Ibahim Warde, “La dérive des nouveaux produits financiers”, Le Monde diplomatique, París, julio de 1994.
(2) Cf. “Missteps on Libor Doomed Top Executives at Barclays”, The Wall Street Journal, Nueva York, 15 de julio de 2012.
Por Serge Halimi, director de Le Monde diplomatique.
Resulta inevitable no pensar en una de las célebres escenas de la película de Michael Curtiz Casablanca (1942). Rodeado de algunos de sus hombres, el capitán Renault, jefe de la policía local, llega para cerrar el café de Rick (Humphrey Bogart) exclamando: “¡Qué escándalo! ¡He descubierto que aquí se juega!”. Al instante, un crupier le entrega al agente un fajo de billetes con un: “Sus ganancias, señor”. El capitán agradece con disimulo, se guarda el dinero y ordena: “¡Todo el mundo fuera inmediatamente!”.
En el escándalo financiero relativo al establecimiento fraudulento de una tasa interbancaria británica –la London Interbank Offered Rate (Libor)–, también se quiere identificar al policía corrupto, cosa que no resulta fácil dado el gran número de candidatos al papel. Cada día, una veintena de grandes entidades financieras (Barclays, Deutsche Bank, HSBC, Bank of America, etc.) fijan el valor del Libor. Y éste sirve de referencia a unas transacciones que alcanzan una cuantía total de 800 billones de dólares (no, no es un error de impresión), en particular en el mercado de productos derivados (1). Las cifras en cuestión son tan faraónicas que conducen a la prensa no financiera a centrar su atención en la peccata minuta, más conforme a la escala humana: padres que se gastan las prestaciones familiares sin garantizar la presencia de sus hijos en la escuela, empleados griegos que completan su humilde día a día trabajando y cobrando en negro. A ellos les está reservada la ira de los gobernantes y del Banco Central Europeo.
Si bien la manipulación del Libor pudiera parecer complicada, es tan clarificadora como la escena de Casablanca. Preocupados por adornar su estado de salud y así poder obtener fondos a mejor precio, los grandes bancos, cuya palabra era dogma de fe, subestimaron durante años la tasa a la que pedían prestado. Una vez esta tasa estaba declarada, determinaba seguidamente la del Libor, y por tanto la de sus futuros préstamos... Cayendo “físicamente enfermo” por el “descubrimiento” del fraude cometido por su banco, el jefe de Barclays dimitió el 3 de julio. El gobernador del Banco de Inglaterra pretendía también hacer creer que se había enterado de la estafa en cuestión tan sólo unas semanas atrás (2).
¿“Verdaderamente escandalizado al descubrir” el pastel? Debe ser que Barclays y el Banco de Inglaterra no leen la prensa financiera, ya que, el 16 de abril de 2008, el Wall Street Journal había publicado un artículo titulado “Banqueros ponen en duda una tasa clave”. El primer párrafo rezaba: “Uno de los barómetros más importantes de la salud financiera mundial podría estar mandando señales erróneas”...
Así pues, nuestro mundo está infestado de datos arbitrarios o adulterados (Libor, “regla de oro”, nivel de la deuda o déficits públicos que cabe no superar...) en nombre de los cuales se martiriza a pueblos enteros, como en España. Quienes infligen tales castigos con la mayor crueldad permanecen aureolados de respeto, bien presidan un banco central o una agencia de calificación. No obstante, cuatro años después del desencadenamiento de una de las mayores crisis de la historia, la cuestión de su utilidad social está zanjada.
(1) Léase Ibahim Warde, “La dérive des nouveaux produits financiers”, Le Monde diplomatique, París, julio de 1994.
(2) Cf. “Missteps on Libor Doomed Top Executives at Barclays”, The Wall Street Journal, Nueva York, 15 de julio de 2012.
21 sept 2013
Islas Malvinas:El Frente Amplio uruguayo ratificó el respaldo al reclamo de soberanía argentino
Islas Malvinas
El Frente Amplio uruguayo ratificó el respaldo al reclamo de soberanía argentino
A través de un comunicado, la senadora oficialista Constanza Moreira denunció que el diario El País, de Montevideo, pretendió "instalar una noticia mediante la extirpación de algunas frases (...) del Programa del Frente Amplio a aprobarse en noviembre de este año (...) referidas a la presencia de Uruguay en la Antártida".
"El documento aludido -agrega la senadora-, apenas citado, pero omitido, no es una creación personal (de Moreira) sino de varios miembros de la comisión de Defensa del Frente Amplio. El extenso texto contiene diferentes análisis, diagnósticos y propuestas como insumos de elaboración y debate en el seno del Frente Amplio para su Congreso y el próximo gobierno.
Bajo el título "La cuestión política-militar más allá de las fronteras clásicas, la presencia de Uruguay en la Antártida", el documento invocado por El País señala que "se fortalecerá la presencia de Uruguay en la Antártida en su calidad de miembro pleno del Tratado Antártico", del cual Uruguay es miembro desde 1959 junto con otros 27 países.
Acerca de las Islas Malvinas, el texto que será puesto a consideración del Congreso del FA agrega que "se integrará una Comisión Asesora con historiadores, geógrafos, juristas, diplomáticos, políticos y militares que discuta en profundidad el tema y adopte una posición bien fundada. Entre otras consideraciones, teniendo presente que la presencia uruguaya en la Antártida está sustentada en el mismo Tratado España-Uruguay (1841, ratificado en 1846) que concede a Uruguay la soberanía sobre las Islas Malvinas y las tierras dependientes del apostadero Naval del Río de la Plata”.
"La cuestión de la Antártida y de las islas del Atlántico Sur (en especial, de las Malvinas) -prosigue el documento original de la comisión de Defensa del FA- tiene que relacionarse a la constitución de la Zopacas (Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur), conformada por 24 naciones, aprobada en la ONU y en la que participan Brasil y Sud África (dos de los BRICS) y Argentina (del G-20)."
"Debe considerarse que la cuarta parte de la producción mundial de gas y petróleo está en las plataformas continentales. Desde Brasil se ha alentado a construir un aparato disuasorio para desalentar las agresiones extra-regionales. Uruguay debe compartir la preocupación." Hasta allí el documento original, aclara Moreira, quien concluye que "quiero dejar en claro mi total acuerdo con la actitud del Uruguay de apoyar consecuente, coherente y sistemáticamente el reclamo histórico de Argentina sobre las Islas Malvinas".
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El Frente Amplio uruguayo ratificó el respaldo al reclamo de soberanía argentino
A través de un comunicado, la senadora oficialista Constanza Moreira denunció que el diario El País, de Montevideo, pretendió "instalar una noticia mediante la extirpación de algunas frases (...) del Programa del Frente Amplio a aprobarse en noviembre de este año (...) referidas a la presencia de Uruguay en la Antártida".
"El documento aludido -agrega la senadora-, apenas citado, pero omitido, no es una creación personal (de Moreira) sino de varios miembros de la comisión de Defensa del Frente Amplio. El extenso texto contiene diferentes análisis, diagnósticos y propuestas como insumos de elaboración y debate en el seno del Frente Amplio para su Congreso y el próximo gobierno.
Bajo el título "La cuestión política-militar más allá de las fronteras clásicas, la presencia de Uruguay en la Antártida", el documento invocado por El País señala que "se fortalecerá la presencia de Uruguay en la Antártida en su calidad de miembro pleno del Tratado Antártico", del cual Uruguay es miembro desde 1959 junto con otros 27 países.
Acerca de las Islas Malvinas, el texto que será puesto a consideración del Congreso del FA agrega que "se integrará una Comisión Asesora con historiadores, geógrafos, juristas, diplomáticos, políticos y militares que discuta en profundidad el tema y adopte una posición bien fundada. Entre otras consideraciones, teniendo presente que la presencia uruguaya en la Antártida está sustentada en el mismo Tratado España-Uruguay (1841, ratificado en 1846) que concede a Uruguay la soberanía sobre las Islas Malvinas y las tierras dependientes del apostadero Naval del Río de la Plata”.
"La cuestión de la Antártida y de las islas del Atlántico Sur (en especial, de las Malvinas) -prosigue el documento original de la comisión de Defensa del FA- tiene que relacionarse a la constitución de la Zopacas (Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur), conformada por 24 naciones, aprobada en la ONU y en la que participan Brasil y Sud África (dos de los BRICS) y Argentina (del G-20)."
"Debe considerarse que la cuarta parte de la producción mundial de gas y petróleo está en las plataformas continentales. Desde Brasil se ha alentado a construir un aparato disuasorio para desalentar las agresiones extra-regionales. Uruguay debe compartir la preocupación." Hasta allí el documento original, aclara Moreira, quien concluye que "quiero dejar en claro mi total acuerdo con la actitud del Uruguay de apoyar consecuente, coherente y sistemáticamente el reclamo histórico de Argentina sobre las Islas Malvinas".
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20 sept 2013
DOCUMENTO:Entre Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay se sembraron 50 millones de hectáreas con soja transgénica en 2012
Entre Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay se sembraron 50 millones de hectáreas con soja transgénica en 2012
17 septiembre, 2013 Análisis / Documentos
En 2012 Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay sembraron 50 millones de hectáreas con soja transgénica, es decir 500 mil km2 de un único monocultivo.
Una superficie 200 mil Km2 más grande que Italia o 150 mil Km2mayor que la extensión de Alemania.
Un “desierto verde” del tamaño aproximado del estado español.
En la primera década del nuevo milenio, la emigración rural a los suburbios de las ciudades continentales se alimentó sobre todo con las expropiaciones, expulsiones o usurpaciones de tierras en las zonas rurales por parte de dos sectores que han crecido con consecuencias atroces en esos años. Nos referimos a la agroindustria de monocultivos favorecida por la especulación en commodities en el mercado de futuros y a las mineras a cielo abierto. Ambos sectores controlados por corporaciones imperialistas
En el extremo sur del continente cinco países acaparan la producción de soja transgénica bajo la injerencia directa de las transnacionales que producen semillas emponzoñadas y agroquímicos tóxicos, funcionales a los monocultivos.
En la cosecha 2010 la soja abarcó 66% de la tierra cultivada en Paraguay, el 59% en Argentina, el 35% en Brasil, el 30% en Uruguay y el 24% en Bolivia. Y los plantíos siguieron creciendo hasta la actual cosecha de 2013 con 50 millones de hectáreas ocupadas por un único monocultivo que destruye bosques, desplaza plantíos esenciales para la alimentación de sus poblaciones, expulsa agricultores familiares, indígenas y trabajadores rurales, a la vez que envenena el agua la tierra y el aire, con semillas biodegradadas y pesticidas.
Los gobiernos del Cono Sur se jactan del crecimiento de la producción de granos de estos países.
Pero el avance de los monocultivos con semillas transgénicas empeoró la realidad agrícola de la región. La ampliación de los costos productivos con la siembra directa provoca una alteración del tamaño mínimo factible para este tipo de plantíos de soja, maíz o algodón. Con eso, los menores establecimientos se tornan inviables lo que acelera la exclusión de los agricultores familiares. Y al reducir el número de productores reduce también el abanico de productos ofertados. Es una política de deterioro rural que excluye los humanos, exige una inmensa inversión en maquinaria agrícola (tractores, fumigadoras, cosechadoras computarizadas y drones (usados para control del crecimiento de los plantíos, medir necesidades de fertilizantes o fumigar) abastecidos por la gran industria imperialista) e insumos, amplía en forma sistemática el volumen de agro-tóxicos utilizados, amenaza la calidad de la vida de los que permanecen y de los pobladores de ciudades aledañas, consume más combustibles, etc.
Para los gobiernos “progresistas” el crecimiento del agronegocio tiene como consecuencia un relativo -en relación a las ganancias- aumento de los ingresos estatales lo que favorece el “asistencialismo” y por tanto una cierta calma social. Además de proveerlos de divisas, que permiten equilibrar las cuentas externas, infla el PBI, indicador económico perverso que engaña sobre un supuesto “progreso” de los países. Con esta estrategia se está procesando una acelerada extranjerización de la economía y en términos sociales, una verdadera contra-revolución agraria.
Una situación emblemática de esa dependencia externa se evidencia en el mercado de semillas. En la primera mitad del siglo XX las semillas estaban indiscutiblemente en manos de los agricultores y en el sector público.
En las décadas posteriores, las monopolizan los gigantes genéticos: el poder corporativo. Y así marcan la frontera final en la mercantilización de la vida. El mercado de semillas patentadas representa el 82% del mercado de semillas comerciales en todo el mundo
“Las diez principales compañías dominan, el 67% del mercado mundial de semillas patentadas”(1). Las principales empresas de semillas son Takii (Japón), DLF-Trifolium (Dinamarca), Sakata (Japón), Bayer Crop Science (Alemania), KWS AG (Alemania), Land O’ Lakes (Estados Unidos), Groupe Limagrain (Francia), Syngenta (Suiza), DuPont (Estados Unidos) y Monsanto (Estados Unidos)
“En menos de tres décadas un puñado de corporaciones multinacionales ha creado un rápido y feroz cerco corporativo en torno al primer eslabón de la cadena alimentaria”, explica el Grupo ETC(2) y detalla que las patentes biotecnológicas de Monsanto intervenían de alguna forma en el 87% del área total mundial dedicada a semillas manipuladas genéticamente en 2007
Es importante saber que hay una relación directa entre plantación de soja transgénica y eliminación de bosques. ”Mientras el área cultivada con soja incrementa rápidamente, las zonas de bosque se reducen” en todos los países.
En Bolivia los bosques disminuyeron 8%, en Brasil 9%, en Argentina 14% y en Paraguay 15%(3). Y estos son datos hasta 2009, con certeza en 2013 la situación ha empeorado. Como alertan los investigadores: ”La clave de la búsqueda de un camino de bajo contenido de carbono en Latino América y el Caribe se perfila a través de la implementación de políticas y programas para la conservación de sus grandes bosques y el mantenimiento de su matriz energética relativamente limpia”(4). Ambos aspectos se han degradado.
En 2012 Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay sembraron 50 millones de hectáreas, es decir 500 mil Km2 con soja. Una superficie 200 mil Km2 más grande que Italia o 150 mil Km2 mayor que la extensión de Alemania o 50 mil Km2 más extensa que Suecia. Del tamaño aproximado del estado español Una superficie que se extiende por los cinco países del Cono Sur y donde las semillas modificadas genéticamente gozan de un “amplio apoyo político” de los gobiernos respectivos y de un “sistema regulatorio en funcionamiento” que ha sido diseñado por las corporaciones del agro-negocio. Condiciones indispensables -según los ejecutivos de Monsanto- para la expansión de esta “agricultura” nefasta.
Las superficies plantadas con transgénicos, regidas por una tecnología perversa y una normativa que coloca al lucro por encima de la Naturaleza, constituyen un enclave independiente que utiliza la infraestructura (zonas francas, silos, carreteras, puertos, etc.) y las reservas de agua de las naciones de Sudamérica sin pagar por ellas, emponzoñado el aire y la tierra.
Esos 500 mil Km2 de soja no responden a ningún plan ni proyecto de desarrollo nacional de ninguno de los cinco países. No cumplen ninguna función acerca de la soberanía alimentaria de ellos ya que producen alimento para ganado europeo o materia prima para aceites consumido por asiáticos.
.La prueba es innegable ”los principales países productores de soja en el Cono Sur han reducido su suministro local de alimentos desde 1996”, afirma el Centro para la Bioseguridad de Noruega, ya citado. Tampoco tienen como objetivo la conservación de la biodiversidad de nuestros territorios, menos aún la preocupación por proteger o mejorar el medio ambiente.
Brasil: territorio de ensayos
En Brasil el grupo “ruralista”, que representa al agro-negocio en el Congreso es la mayor bancada en el legislativo. El impulso a los monocultivos agrícolas de commodities brindado por los gobiernos del PT ha favorecido su crecimiento. Hasta 2003 el lobby contaba con 89 parlamentarios; en el segundo ejercicio del presidente Lula ya había alcanzado los 120 legisladores y en el ejercicio actual de Dilma Rousseff tiene 160 representantes. Es decir, durante los tres gobiernos petistas casi duplicó su fuerza.
Para tener una idea de la inclinación ideológica de este bloque parlamentario veamos dos grageas:
-su líder en el senado Katia Abreu, ha defendido con desvergüenza en el Congreso, a los hacendados acusados de explotar el trabajo esclavo en sus propiedades y la bancada ha presentado al cuerpo legislativo un proyecto de ley (PEC 57A/1999) para desvirtuar el concepto actual de esclavitud contemporánea e impedir el confisco de las propiedades de los esclavistas;
-dirigentes de los ruralistas viajaron a Asunción a dar apoyo al “golpe parlamentario” contra el presidente Fernando Lugo de Paraguay en 2012.
Hoy la bancada ruralista, después de su exitosa campaña en alianza con Aldo Rebelo -presidente del Partido Comunista do Brasil (PC do B)- para aprobar el nuevo Código Forestal -un retroceso del punto de vista ambientalista- pasó a presionar contra las demarcaciones de territorios indígenas que de alguna forma dificultan las invasiones ilegales “ruralistas” en las tierras de los pueblos originarios
Con la propuesta de enmienda constitucional, PEC 215 se entregaría la aprobación final del proceso de demarcación al Legislativo donde los “ruralistas” tienen la bancada más numerosa(5).
Brasil es el segundo mayor productor de Organismos Genéticamente Modificados (OGMs), casi empatado y a punto de pasar a EEUU. Tomando el conjunto de las plantaciones de semillas transgénicas, éstas ocupan en Brasil 37,1 millones de hectáreas o 371 mil Km2, un territorio 20 mil Km2mayor que el de Alemania.
En Brasil la extensión de los plantíos transgénicos representa más del 50% del territorio destinado a actividades agrícolas en el país(6). Y la mayor variedad de semillas transgénicas pertenece a la soja
Para la zafra 2012-13 casi 90% de los cultivos de soja son de OGMs. Para los plantíos de maíz este porcentaje es del 75% con semillas transgénicas. Como demostración contraria al mito de que los OGMs reducirían la utilización de los pesticidas, Brasil se ha tornado desde 2009 en el mayor consumidor mundial de agro-tóxicos(7). Una grave amenaza para la salud de su población.
A principios de mayo de 2013 un avión agrícola fumigó con insecticida una escuela localizada en un asentamiento rural del municipio de Rio Verde, en Goiás. 38 personas que realizaban la merienda al aire libre fueron intoxicadas, 36 eran niños. En total había en ese momento en la escuela 122 niños, decenas de ellos comenzaron a presentar picazón, nauseas y dolor de cabeza y fueron llevados al hospital. Hasta ahora siguen en control sanitario.
Esta no es la primera vez que accidentes de este tipo acontecen en regiones de intensa producción agrícola con sistema de monocultivo. Son recurrentes los relatos de pulverizaciones “no intencionales” de huertas, plantíos, frutales, residencias y mismo villas y ciudades. La pulverización aérea de agrotóxicos -que puede ser trasladada por los vientos a zonas lejanas a los plantíos- no está prohibida en Brasil.
Cuando los ejecutivos de Monsanto se refieren a Sudamérica como una región con “sistema regulatorio” de OGMs, en realidad se refieren a un sistema permisivo que admite la peores aberraciones en la siembra de monocultivos y que no ampara la salud de sus pobladores.
“Sistema regulatorio” de los OGMs.
Respecto a la existencia en Brasil de un “sistema regulatorio” de los OGMs, tema que tanto preocupa a Monsanto y sus compinches corporativos, recordemos que en Brasil en marzo de 2005 fue creada la Ley de Bioseguridad que permite el uso de organismos transgénicos sin que sean realizados estudios de impacto al medio ambiente o a la salud. La ley también creó la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (Comissão Técnica Nacional de Biossegurança) más conocida como CTNBio, responsable por toda la regulación del sector de biotecnología brasileño.
La CTNBio es la que analiza y autoriza la liberación comercial de organismos genéticamente modificados. Las aprobaciones de nuevas semillas transgénicas lleva implícito y presiona por la aprobación de los pesticidas conexos a dichas semillas, que corresponde al ámbito de la gerencia de toxicología de la Agencia de Vigilancia Sanitaria (ANVISA).
La CTNBio está en el ámbito del Ministerio de Ciencia y Tecnología y está compuesta por 27 integrantes, todos con doctorado universitario. De esos 27 miembros 12 representan al campo académico y son indicados por la Academia Brasileña de Ciencias: todos técnicos del área de la biotecnología, 9 representan los ministerios y los 6 restantes son representantes de la sociedad civil. Apenas 14 votos -mayoría simple- son necesarios para la liberación comercial de cualquier producto transgénico, sin ninguna clase de experimentación sobre las consecuencias de esta biotecnología. Los 12 bio-tecnólogosvotan las liberaciones con el brazo enyesado, a los que se suman los representantes del ministerio de Agricultura, y de Ciencia y Tecnología completando la mayoría fija.
El organismo es una farsa “democrática” y las resoluciones se toman por sistemático “abuso de mayoría”. Esta composición que fue diseñada ex profeso aísla no solo a los representantes de la sociedad civil, como también a los ministerios de Medio Ambiente, Salud, y Desarrollo Agrario(8). Al tiempo que se creaba el CTNBio la ley creó un Consejo Nacional de Bioseguridad que debía actuar como instancia superior gubernamental. Nunca funcionó, facilitando las aprobaciones al agronegocio transgénico.
De cómo se despliega la escalada de guerra química
Los OGMs tuvieron en su inicio una modificación genética bautizada como Roundup Ready (RR), -lanzada por Monsanto en 1996- que tornaba a las semillas capaces de sobrevivir al pesticida glifosato. El plantío directo se realizaba sin desmatar y se fumigaba con glifosato la totalidad del plantío para matar todo lo que no fuera la planta transgénica. En Brasil, el transgénico RR está presente en 90% de la soja y en por lo menos el 75% del maíz. Hasta ahora esta tecnología era dominante, pero el problema es que el glifosato, que facilitó el control de las mal llamadas “hierbas dañinas”(9) en el campo, se viene tornando cada vez menos eficaz después de años de uso indiscriminado.
La tales “hierbas dañinas” van adquiriendo resistencia a los herbicidas y lo mismo pasa con los insectos que se hacen inmunes a insecticidas cada vez más peligrosos.
Debido a estas prácticas inadecuadas en los monocultivos, creció, por ejemplo, la incidencia de la lagarta Helicoverpa armígera, que tiene una estructura compleja y una alta capacidad de adaptación. En la agricultura familiar se pueden desenvolver los predadores naturales que combaten esa lagarta. No así en los extensos monocultivos que cada vez exigen fumigaciones con venenos más letales y semillas que los resistan.
Frente a este escenario compañías como Dow, Bayer CropScience, Syngenta y la propia Monsanto invierten montañas de dólares en busca de semillas y pesticidas capaces de suceder al Round Ready
La CTNBio tiene en la actualidad, tres pedidos de autorización de la multinacional Dow: dos son de soja y uno es de maíz. La primera soja será resistente al herbicida 2,4-D y al herbicida glufosinato de amonio.
La segunda, a los herbicidas 2,4-D, glifosato e glufosinato de amonio. Por fin, el maíz será tolerante al herbicida 2,4-D y a determinados inhibidores del acetilo coenzima.
El 2,4-D era ingrediente del tristemente célebre Agente Naranja. En la gran prensa económica, ya se dan por aprobadas dichas autorizaciones, que se liberarían en octubre o noviembre de este año.
Es decir antes que en EEUU, que es considerado el más permisivo de los países en términos de aceptar los absurdos de la biotecnología transgénica.
El New York Times anunció en mayo pasado que el Departamento de Agricultura (USDA) decidió someter a estudios más rigurosos a las semillas resistentes al2,4-D y explicó que: la decisión provino del entendimiento que esa tecnología “puede afectar significativamente la calidad del ambiente humano”(10). En 2012 organizaciones como el Centro para la Seguridad Alimentaria de USA recogieron más de 400 mil peticiones contrarias a la aprobación de la soja y el maíz resistente al 2,4-D. Mientras en Australia, la autoridad gubernamental que controla los pesticidas -Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority – APVMA- prohibió la utilización de los herbicidas 2,4-D del tipo HVE (altamente volátiles) por los riesgos que representan para el medio ambiente. Y está en estudio la exclusión de todo tipo de 2, 4-D en la agricultura
Monsanto se había adelantado a la competencia con la Tecnología Intacta RR2 PRO lanzada en 2011. Intacta RR2 PROfue aprobada primero en Brasil en 2011, luego en Argentina en agosto 2012, en setiembre de 2012 fue aceptada oficialmente por el gobierno uruguayo y Paraguay fue el último de la región en darle el visto bueno a principios de 2013. El herbicida principal sigue siendo el glifosato con algunas modificaciones más intensivas de aplicación y lo que cambia es el supuesto poder del insecticida dirigido a las tres lagartas principales que atacan la soja. El costo por hectárea de la nueva tecnología se multiplica por más de 5: pasa de R$ 22 (10 US$ aprox.) para la actual RR, a R$ 115 (más de 50 US$ aprox.) para el Intacta RR2 PRO.
Al 2,4-D de Dow, Monsanto ya replicó con una transgénica futura bautizada de “Roundup Ready 2 Xtend” que estaría a disposición para 2015, que torna las plantaciones resistentes a los herbicidas glifosato y dicamba (un derivado del ácido benzoico descripto como insecticida, fungicida y herbicida). Es a esto lo que llamamos una verdadera escalada de guerra química contra el medio ambiente.
Y es en Brasil en la actualidad, que las multinacionales que protagonizan y conducen la escaladaexperimentan las nuevas tecnologías con absoluta anuencia del gobierno. Así como la población brasileña fue ya un campo de experimentación de las corporaciones farmacéuticas -no olvidar el desastre ocasionado en el país por la talidomida-, ahora una extensión de su territorio, mayor que la superficie de Alemania, es el escenario de pruebas imperialista de las armas químicas contra la Naturaleza.
Agrotóxicos y la desaparición de los enjambres de abejas
Brasil cayó de la 5ta. para la 10ª colocación mundial en exportación de miel en los últimos dos años. El motivo fue el abandono de las colmenas en la región productora más importante del país, el nordeste. En 2012 algunos estados registraron una reducción del 90% de la producción y el abandono de colmenas llegó al 60%. Cerca de 46 mil pequeños apicultores en nueve estados nordestinos vivían de la actividad y juntos respondían por el 40% de la producción de miel del país.
Márcio Freitas, coordinador general de la valoración de sustancias tóxicas del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y los Recurso Naturales Renovables (Ibama) indica que los “defensivos” agrícolas están entre las tres principales causas de la desaparición de abejas en Brasil. Esta afirmación no hace más que confirmar los varios estudios hechos en Europa y EEUU frente al mismo hecho. Los agroquímicos matan los insectos inmediatamente después de su aplicación o afectan si sistema sensor, haciendo que no consigan retornar a la colmena, debilitándola y terminando por hacerla desaparecer.
Por eso en 2012 Ibama editó una disposición que restringe el uso de estas sustancias durante el período de floración. La desaparición de las abejas no afecta únicamente la producción de miel, ellas desempeñan un papel imprescindible en la agropecuaria.
Cerca de 80% de todo lo que es consumido en el mundo es polinizado por las abejas. Su ausencia se refleja en impacto directo sobre la agricultura y en la pecuaria, porque las pasturas requieren también de polinización(11).
China y los transgénicos
Responsable por dos tercios de las importaciones de soja en grano realizadas en el planeta, China responderá por el crecimiento total de los volúmenes importados en el mundo a lo largo de 2013-14. Esta situación favorable a los granos bio-modificados tiende a cambiar. Según declaraciones atribuidas por la agencia de noticias Dow Jones Newswirew al vice-secretario general de la Asociación de Soja de Helongjiang, Wang Xiaoyu, el consumo regular de aceite de soja producido a partir de granos genéticamente modificados tornaría a las personas más vulnerables y predispuestas al desarrollo de tumores y a la esterilidad. Xiaoyu basó sus conclusiones en la observación de elevados niveles de incidencia de cáncer en las provincias de Fujian y Guangdong, donde el consumo de aceite de soja transgénica es más alto. La situación es vidriosa ya que el gobierno chino todavía difiere la decisión de autorizar en su país los plantíos de soja transgénica en gran escala
Es por eso que hay una gestión diplomática intensa hacia China de parte de los países sudamericanos que cobijan el enclave sojero de las corporaciones. Es parte del comportamiento de subordinación al agronegocio de estos gobiernos. A mediados de junio pasado el ministro de Agricultura de Brasil, Antonio Andrade viajó por segunda vez desde mayo a China, pidiendo al país asiático que se abra a la nueva variedad de sojaIntacta RR2 PRO, de Monsanto. El canciller Antonio Patriota -sustituido esta semana por el prepotente incidente de Itamaraty con Bolivia-, haciendo honor a su apellido, también participó personalmente de las negociaciones como lobbysta de la multinacional(12).
“Tanto el proyecto productivo como la matriz energética que impulsa el gobierno, han desatado enfrentamientos con pueblos indígenas, pobladores costeros y pescadores, pequeños productores rurales y organizaciones sociales que luchan por la tierra.
Es durante el gobierno de Dilma Rousseff que las grandes obras hidroeléctricas y los diques que retienen agua para la agroindustria o la minería, así como la agresión a la naturaleza y a los pobladores -tanto rurales como urbanos- que proviene de los monocultivos y las mineras han generado variados e intensos conflictos. Esta situación no es localizada sino que se extiende a todo el país. En el Mapa de Conflictos envolviendo Injusticia Ambiental y Salud en Brasilson relatados 343 conflictos ambientales que tienen impacto en la salud colectiva del país. Las principales víctimas de estos conflictos son los indígenas en 33,67 % de los casos, en 31,99% son los agricultores familiares y en el 21,55% los quilombolas”(13).
Temprana introducción de los transgénicos en Argentina
La historia de la introducción de las semillas transgénicas en Argentina se inicia precozmente entre febrero y noviembre de 1994, meses en que Monsanto hizo los primeros contactos en el país y comenzó a infiltrar el Instituto Nacional de Tecnología Agrícola (INTA) que por décadas llevaba adelante la investigación para el desarrollo de variedades vegetales “mejoradas”. Monsanto “compró” los equipos de investigación del INTA y tuvo acceso a sus archivos secretos, apoderándose del capital genético estratégico del país.
Esto le permitió a Monsanto crear la soja Roundup Ready sobre la base de variedades de soja desarrolladas en Argentina para los suelos nacionales. La corporación creó la empresa Nidera para negociación de semillas transgénicas, a la que otorgó una licencia para la venta de dichas semillas
Al mismo tiempo comenzó la publicidad de sus OGMs a través del suplemento de Clarín Rural. Hay que recordar que estos acontecimientos se desarrollaron bajo las presidencias de Carlos Menem (1989-1999), un nefasto neoliberal del “modelo” Consenso de Washington que llevó el país a la quiebra.
Su ministro de agricultura Felipe Solá, hombre de Monsanto, el 3 de abril de 1996 firmó la autorización para la comercialización de las semillas transgénicas “tolerantes al herbicida glifosato” sin ningún debate parlamentario, investigaciones previas o ley que regulara los cultivos transgénicos.
En Argentina la soja abarcó 197 mil Km2 en la última cosecha (2012-2013). Una extensión similar a la de Irlanda y Grecia sumadas.
A pesar de la afirmación de la presidenta Cristina Fernández en El Calafate: ”¡No vamos a tirar ni un solo árbol, los árboles son sagrados! ¡Los árboles no se tocan! Por lo menos acá en El Calafate. ¡Sobre mi cadáver, únicamente!”(14) la desforestación en Argentina está en relación directa con la expansión del agro-negocio y en especial con la propagación progresiva de la soja transgénica.
Más de 1 millón de hectáreas forestadas se destruyeron desde que se sancionó la Ley de Bosques en 2007. Hasta fines de 2012 se deforestaron 1.145.044 hectáreas -o 11.450 km2-, lo cual promedia 229 mil hectáreas por año, 627 h. por día y 26 h. por hora. Los principales índices de destrucción forestal fueron en las provincias de Santiago del Estero, Chaco, Salta y Córdoba(15). Solo en 2012, 153 mil hectáreas de bosque chaqueño fueron arrasadas en el noroeste de la provincia de Córdoba.
Actualmente Argentina cuenta con cerca de 30 millones de hectáreas de bosque nativo, lo que equivale sólo al 30% de la superficie forestal original. El país se encuentra en una verdadera emergencia forestal. Acentuada en los últimos 15 años por esta expansión descontrolada de los plantíos transgénicos.
La lógica del modelo agropecuario impuesto desde el gobierno por medio del Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) tiene un profundo y negativo impacto en el sistema productivo de Argentina al consolidar un modelo de país agroexportador basado en la agroindustria, pools de siembra(16), monocultivos de grandes extensiones, despoblamiento y éxodo rural hacia enormes ciudades no sustentables.
El PEA es contradictorio con la Ley de Bosques porque propone una expansión de la frontera agropecuaria de casi 10 millones de hectáreas, aumentando la superficie agropecuaria de 32 millones de hectáreas a 41 millones. Un crecimiento de 60% más de extensión para la agricultura y un 45% más para la ganadería
Esta expansión ha demostrado graves consecuencias sobre las comunidades campesinas y habitantes originarios de los bosques nativos, con la complicidad de la burocracia provincial y los integrantes del poder judicial. Como en Brasil, los grupos de matones armados del agronegocio han sometido a la violencia, desalojo, despojo, destrucción de viviendas y ganado, a quienes resisten el desmonte y el avance de la frontera de monocultivos.
La Ley de Bosques no sólo defiende los árboles, también en varios de sus artículos ampara a los habitantes históricos de las florestas. A nivel legislativo, en contraposición a Brasil, se ha avanzado mucho en ese aspecto, pero sin embargo en los últimos 5-6 años hay contabilizadas siete muertes relacionadas directamente con la deforestación en las provincias de Santiago del Estero, Formosa y Tucumán. En Formosa, quizá es donde los conflictos por la tierra han tomado mayor relevancia por la decidida resistencia del Pueblo Qom y Wichi a los empresarios sojeros y al gobierno provincial de Gildo Insfrán (gobernador desde diciembre de 1995, durante 5 ejercicios seguidos).
Madres de Ituzaingó
En Argentina la expansión de la frontera agrícola con transgénicos ha puesto en evidencia los problemas de salud que acarrean las fumigaciones con pesticidas. Este es el origen del difundido movimiento de las Madres de Ituzaingó (un barrio de la ciudad de Córdoba). ”En enero de 2002, en el Barrio Ituzaingó de la ciudad de Córdoba, cuatro mujeres se encontraron en la verdulería y, casi sin saberlo, dieron comienzo a una lucha que ya lleva más de diez años. El 21 de agosto de 2012 esa lucha resultó en la primera condena en la Argentina a un productor agropecuario y a un aplicador aéreo por contaminar con agroquímicos y multiplicar los casos de cáncer en el barrio”…”Aquella mañana de enero una de ellas contó que a su hijo le habían diagnosticado leucemia, y entonces lo que parecía casualidad pasó a ser sospecha, porque en la zona había muchos casos similares”(17).
Preguntando, llegaron a Raúl Montenegro, biólogo y presidente de la Fundación para la defensa del Ambiente (FUNAM), que tras caminar por la zona detectó las fuentes contaminantes: el tanque de agua público del barrio y las pulverizaciones de agroquímicos. Como el ministerio de salud de la provincia de Córdoba no se interesó por sus denuncias fueron a los “medios” y presionaron hasta que dicho ministerio tuvo que resolver analizar el agua del tanque. Como era evidente, se comprobó la presencia de agroquímicos y metales pesados en el agua. De ahí exigieron un relevamiento de las enfermedades en el barrio y se comprobó que en casi todas las casas había una persona afectada por el envenenamiento del agua. Mientras, las fumigaciones aéreas continuaban y cuando se empezó a plantar soja las nefastas pulverizaciones llegaron hasta la calle que bordeaba el barrio.
En ese momento se presentaron a la justicia e iniciaron un juicio. De los tres acusados se condenó a un productor -inhabilitado para aplicaciones de agroquímicos por 8 años y prisión no efectiva por 3 años y al aviador fumigador, impedido por 10 años. Si bien el juicio era un gran triunfo porque reconocía la relación directa de la aplicación de agroquímicos con las dolencias, se imputaba la responsabilidad a los últimos eslabones de la cadena
Para el biólogo Raúl Montenegro(18): ”Este es un éxito espectacular de lucha grupal, pero no es un ejemplo de lucha comunitaria”…”en este barrio siguen existiendo fuentes de contaminación, riesgos ambientales que no están siendo tratados” y agrega:
“Yo creo que la condena es importante, pero siempre hay que tener mucha cautela. En este juicio se condenó a ‘perejiles´. Eran dos productores y un agroaplicador. Uno quedó absuelto y dos quedaron condenados. Sin desmerecer su responsabilidad, no estuvieron sentados los verdaderos responsables… actores reales que son el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) que autoriza los plaguicidas, la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia) que autoriza los transgénicos, la Comisión Nacional de Semillas (Conase), corporaciones de sojeros como la Sociedad Rural, los funcionarios de Gobierno, los grupos corporativos de aplicadores”. Y por supuesto las corporaciones imperialistas de transgénicos y agroquímicos
Resistencia en Malvinas Argentinas (Córdoba)
La resistencia a los transgénicos no sólo parte de los pueblos originarios y de pobladores afectados por las fumigaciones de agroquímicos.En la actualidad existe un duro conflicto contra Monsanto por el anuncio de la radicación de una planta de la corporación en Malvinas Argentinas (Córdoba) para procesamiento de semillas de maíz. En momentos que la resistencia de la población de EEUU a Monsanto se radicaliza, la empresa intenta descentralizar sus instalaciones. Según directores de la transnacional la etapa de construcción civil de la planta se finalizaría a fines del 2013 y la faz operativa comenzaría en marzo de 2014. La construcción de la planta se inició sin la aprobación de la licencia ambiental mostrando la complicidad de las autoridades provinciales. En el lanzamiento de la obra hubo un “escrache” protagonizado por los movimientos sociales de vecinos contrarios a la instalación de la empresa en Malvinas Argentinas. Monsanto en su discurso actual propone “luchar contra la sojización” y sembrar maíz (por supuesto transgénico) que permite la rotación del suelo. Después de liderar las campañas por la siembra directa y el monocultivo de soja, “reconoce” ahora la erosión de los suelos por la soja y que es necesaria la rotación de cultivos. En la defensiva por las múltiples denuncias en su contra, ahora anuncia un plan para reducir el uso de agroquímicos y medidas para controlar las fumigaciones. Ya sabemos cuál es la “prudencia” y las “buenas intenciones” de los inventores del Agente Naranja.
A parte de estas resistencias puntuales -la más importante es la de los indígenas del Pueblo Qom y Wichi- no conozco que se haya desarrollado un gran movimiento nacional contra los transgénicos. Por el contrario los enfrentamientos a la minería a cielo abierto son innumerables, con luchas exitosas como la de Famatina (Rioja) derrotando dos multinacionales que intentaron destruir la economía de la región. En la actualidad la confrontación más importante se desarrolla en Rio Negro, Chubut y en la provincia de Santa Cruz, para impedir el fracking que pretende implantar una sociedad de YPF con Chevron. Sí, leyó bien, la misma Chevron de otros múltiples desastres.
Paraguay
El último censo agropecuario en Paraguay, de 2008, da cuenta de que 85,5% de las tierras están en manos del 2,06% de la población. La Comisión de la Verdad y Justicia (CVJ), que funcionó entre 2003 y 2008 para investigar los casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-89) también se explayó sobre las irregularidades en relación a la concesión de tierras bajo la dictadura. La CVJ fijó en 6,75 millones las hectáreas adjudicadas ilegalmente durante el régimen (o 67.500 km2, una superficie mayor que Suiza e Israel sumados) y un millón adicional en los siguientes 15 años. Eso supone que 64% de las tierras adjudicadas entre 1954 y 2008 lo fueron irregularmente. En total, las llamadas tierras “mal habidas” suman 33% de la superficie agrícola paraguaya y 19% del territorio nacional, dictaminó la CVJ(19).
“En los últimos 50 años Paraguay perdió el 90% de sus bosques, que equivale a la extinción de casi la totalidad de los recursos forestales a causa de la deforestación”…”De las ocho millones de hectáreas que corresponden al Bosque Atlántico de Alto Paraná, en la Región Oriental, solo quedan cerca de 1.100.000 h., las cuales se aprecian como pequeñas manchas captadas por satélite”.(20) La deforestación se realizó por parte de empresas para comercializar la madera, y para extender la frontera de la producción agropecuaria. Pero en la última década se aceleró por la expansión de los plantíos de transgénicos. En especial la soja que ha pasado a ser el mayor rubro de exportación del país en los últimos años.
Según información de la Cámara Paraguaya de exportadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO) la cosecha de soja de la zafra 2012-2013 alcanzó una cifra record de 9,3 millones de toneladas. Esta cantidad duplica la campaña de la zafra 2011-2012 que alcanzó solo 4,3 millones de toneladas. El área de cultivo aumentó a 3,15 millones de hectáreas o 31 mil 500 km2. Una superficie mayor que la extensión de Bélgica. La baja producción de la zafra anterior se debió a una prolongada sequía que afectó los plantíos y que redujo el rendimiento promedio por hectárea a la mitad.
Los brasiguayos(21) dueños de Vetro S.A., del grupo Favero(22) en el Departamento San Pedro, Paraguay, invadieron la tierra de la comunidad guaraní Yrybucuá para plantar soja, le arrasaron los bosques arrancando las palmeras, los frutales y las arboledas que les daban sombra, dejándolos sin frutas y sin leña. Les envenenaron el río Sadio con glifosato privándolos de los peces que los alimentaban y del agua potable para ellos y sus animales. Historias como ésta son innumerables en los departamentos fronterizos con Brasil. Estos empresarios “brasiguayos” apoyados por la bancada ruralista del Congreso brasileño apuntalaron el golpe del senado paraguayo contra Fernando Lugo. En Paraguay la cuarta parte de las tierras está en manos foráneas. Si bien los “brasiguayos”son la punta de lanza de la ofensiva, los uruguayos no se quedan atrás. Han invadido el chaco paraguayo para la cría de ganado: 2 millones de hectáreas pertenecen a inversores uruguayos. Eso implica el desmonte del 50% de dicha extensión, que es lo que permiten la “leyes ambientales” del país. Es decir desmatar 1 millón de hectáreas, 10.000 km2 de un territorio de donde la etnia guaraní retira su sustento.
Según las organizaciones sociales y ambientalistas, el cultivo extendido de OGMs en Paraguay ha tenido como resultado: la desintegración de muchas organizaciones campesinas; la migración y el desarraigo de las poblaciones campesinas e indígenas y su paso a engrosar los cinturones de pobreza de los centros urbanos; el cierre de las escuelas en los periodos de fumigación de cultivos extensivos cercanos; varios casos de intoxicación y muerte por plaguicidas denunciados por Vía Campesina Paraguay; la canalización de ingresos por la exportación hacia un reducido círculo relacionado con la agroindustria y la élite política-gubernamental; la destrucción masiva de bosques y la pérdida de biodiversidad; la fragmentación de hábitats importantes para especies animales y de plantas y la contaminación con agroquímicos de suelos y agua. Una dominante de acontecimientos que se repiten en todo el enclave sojero Sudamericano.
El golpe que colocó a Federico Franco en la presidencia (22.06.2012) dio inicio a un gobierno de los terratenientes, leal a EEUU. De inmediato a la destitución de Fernando Lugo, Franco se reunió con representantes de agro-exportadores y ganaderos brasileños en el Palacio de Gobierno. Al término de la reunión, Marilene Sguarizi, una abogada representante del grupo empresarial, afirmó a los medios de comunicación que ”el nuevo presidente nos prometió que apoyará al sector agroindustrial, protegerá la propiedad privada e impedirá las invasiones de tierras en el país” (algo que fue el detonante de la crisis)(23). En realidad, más allá de las intenciones del presidente Lugo, en su ejercicio se desató un fuerte movimiento de ocupaciones de tierras por campesinos y de enfrentamientos de resistencia a los aparatos estatales de represión y sus operaciones de desalojo de pobladores rurales y comunidades agrarias.
El golpe estaba dirigido a detener una rebelión agraria en ciernes y defender los intereses de los grandes usurpadores capitalistas de tierras.
Respecto a la defensa de las inversiones imperialistas, Franco emitió mensajes muy claros: se dirigió de inmediato a los representantes de las dos corporaciones principales instaladas en el país. En reunión con la petrolera Crescent Global Oil-Pirity Hidrocarburos, trasnacional estadounidense de prospección, exploración y explotación de petróleo, le aseguró todo su apoyo en la tarea asumida de búsqueda de hidrocarburos.
Respecto a Monsanto la señal fue muy concreta: el ministro de Agricultura Enzo Cardozo anunció que el presidente lo instruyó para acelerar la autorización del uso de la semilla de algodón transgénica marca Bollgard BT, producida por la corporación. Cardozo dijo que trasmitiría al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Vegetal y de Semillas (Senave) la decisión de inscribir dicha semilla en el Registro Nacional de Semillas, sin ninguna clase de tramitación. El anterior presidente del Senave, Miguel Lovera, se negaba a otorgar la autorización por falta del dictamen técnico del Ministerio de Salud y de la Secretaría de Medio Ambiente, algo estipulado por ley.
Desde su inicio el gobierno producto del golpe senatorial, resultó explícitamente pro-imperialista, lo que acrecienta la convicción de una intervención directa de EEUU en el suceso. Y resultó una transición para el actual gobierno “colorado” de Horacio Cartes un conocido contrabandista investigado por la DEA por lavado de dinero del narcotráfico. Ya sabemos que eso está lejos de ser un inconveniente para una alianza estrecha del gobierno paraguayo con EEUU.
Frente a un recomienzo de movilizaciones en el campo, Cartes ha lanzado un despliegue militar en el norte del país. En San Pedro se oficializó el resurgimiento de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas (COC).Marchas, cierre de rutas y ocupaciones es la respuesta de las organizaciones obreras y campesinas. Uno de los objetivos centrales es frenar el avance de lo que denominan “agricultura genocida empresarial”. Un dirigente campesino adelantó que uno de los propósitos es “ingresar en los establecimientos sojeros”(24).
Bolivia en la trampa de los transgénicos
Una vez finalizada la cosecha de verano 2013 del cultivo de soja, los datos indican que la producción de Bolivia volvió a superar la alcanzada el año pasado y de esta manera la convierten en una producción histórica, porque las 890.000 hectáreas cultivadas en el departamento de Santa Cruz o 8.900 km2. Significa un importante crecimiento de la frontera agrícola en soja. Según datos de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), se obtuvieron 1,900.000 toneladas de soja, superando a la campaña de verano 2011-2012, donde se cosecharon 1,800.000 toneladas
Anapo estima que la siembra de invierno puede llegar a las 300.000 hectáreas de soja, o 3.000 km2 donde la mayor cantidad se cultiva en la zona norte de Santa Cruz. Sumadas las dos campañas, verano e invierno la producción estimada es de 2,5 millones de toneladas de soja, de las cuales solamente el 20% es para el consumo interno el restante 80% para exportación. Entre las dos campañas se siembran 11.900 km2, una superficie 1000 km2 mayor que Jamaica.
Contradicciones
La situación más contradictoria respecto a los transgénicos en el Cono Sur la protagoniza este país del altiplano, ya que el crecimiento de las cosechas de soja transgénica se opone a toda la legislación nacional que prohíbe la producción, importación, distribución y comercialización de semillas bio-modificadas.
El Artículo 255 de la Constitución Política del Estado prohíbe toda forma de producción, importación, y comercialización de OGMs. Desde el 2005 está en vigencia la Resolución Administrativa (vrnma Nº 135/05) que preserva al maíz de cualquier posibilidad de contaminación transgénica. Desde 2009 el Decreto Supremo 181 (artículo 80) prohíbe la adquisición de alimentos genéticamente modificados en las compras estatales y la alimentación complementaria escolar. Y desde la aprobación de la Ley de Derechos de la Madre Tierra queda establecido ”el derecho a la preservación de la diferenciación y la variedad de los seres que componen la Madre Tierra, sin ser alterados genéticamente ni modificados en su estructura de manera artificial…”.
Esta serie de disposiciones jurídicas-constitucionales que deberían proteger a Bolivia de la producción de OGMs es el resultado de la resistencia y la lucha de los movimientos sociales en el país. Sin embargo, además de las extensas plantaciones de soja -100% transgénica- en Santa Cruz -reducto de la oposición política al gobierno de Evo Morales- el 100% del algodón plantado es transgénico. Allí, como en Chuquisaca y Tarija, la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas ha recogido también muestras de maíz transgénico en las plantaciones. Estas evidencias no llevaron a un seguimiento y a acciones del gobierno para erradicar lo que las leyes prohíben.
Al no protegerse la diversidad genética del país, se pone en riesgo la soberanía alimentaria de Bolivia. La expansión de estos cultivos está consolidando el poderío de una nueva élite agro-empresarial, dependiente de las corporaciones imperialistas de semillas y agroquímicos, que ocupa las mejores tierras cultivables del país y se beneficia con el subsidio a los combustibles. Incluso hay disposiciones gubernamentales permisivas con los transgénicos: pese a saber que el 100% de la soja producida en el país es transgénica, se la incluye en el paquete alimentario del subsidio prenatal y de lactancia. De la misma forma no existen reglamentaciones estrictas sobre el rotulado de los alimentos basados en transgénicos.
El 75% del aceite consumido por los bolivianos tiene origen en la soja transgénica. Lo que significa una clara amenaza para la salud pública nacional(25).
Es indudable que el gobierno de Evo Morales tiene una posición permisiva para los transgénicos en el país, por encima de las disposiciones legales. Es una característica que se repite en todos los gobiernos “progresistas” de Sudamérica: Para ellos tienen primacía los resultados inmediatos en el comercio exterior y la entrada de divisas, por encima de una estrategia agrícola productiva que garantice alimentos sanos, trabajo rural abundante y soberanía alimentaria.
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=ES&cod=77624
17 septiembre, 2013 Análisis / Documentos
En 2012 Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay sembraron 50 millones de hectáreas con soja transgénica, es decir 500 mil km2 de un único monocultivo.
Una superficie 200 mil Km2 más grande que Italia o 150 mil Km2mayor que la extensión de Alemania.
Un “desierto verde” del tamaño aproximado del estado español.
En la primera década del nuevo milenio, la emigración rural a los suburbios de las ciudades continentales se alimentó sobre todo con las expropiaciones, expulsiones o usurpaciones de tierras en las zonas rurales por parte de dos sectores que han crecido con consecuencias atroces en esos años. Nos referimos a la agroindustria de monocultivos favorecida por la especulación en commodities en el mercado de futuros y a las mineras a cielo abierto. Ambos sectores controlados por corporaciones imperialistas
En el extremo sur del continente cinco países acaparan la producción de soja transgénica bajo la injerencia directa de las transnacionales que producen semillas emponzoñadas y agroquímicos tóxicos, funcionales a los monocultivos.
En la cosecha 2010 la soja abarcó 66% de la tierra cultivada en Paraguay, el 59% en Argentina, el 35% en Brasil, el 30% en Uruguay y el 24% en Bolivia. Y los plantíos siguieron creciendo hasta la actual cosecha de 2013 con 50 millones de hectáreas ocupadas por un único monocultivo que destruye bosques, desplaza plantíos esenciales para la alimentación de sus poblaciones, expulsa agricultores familiares, indígenas y trabajadores rurales, a la vez que envenena el agua la tierra y el aire, con semillas biodegradadas y pesticidas.
Los gobiernos del Cono Sur se jactan del crecimiento de la producción de granos de estos países.
Pero el avance de los monocultivos con semillas transgénicas empeoró la realidad agrícola de la región. La ampliación de los costos productivos con la siembra directa provoca una alteración del tamaño mínimo factible para este tipo de plantíos de soja, maíz o algodón. Con eso, los menores establecimientos se tornan inviables lo que acelera la exclusión de los agricultores familiares. Y al reducir el número de productores reduce también el abanico de productos ofertados. Es una política de deterioro rural que excluye los humanos, exige una inmensa inversión en maquinaria agrícola (tractores, fumigadoras, cosechadoras computarizadas y drones (usados para control del crecimiento de los plantíos, medir necesidades de fertilizantes o fumigar) abastecidos por la gran industria imperialista) e insumos, amplía en forma sistemática el volumen de agro-tóxicos utilizados, amenaza la calidad de la vida de los que permanecen y de los pobladores de ciudades aledañas, consume más combustibles, etc.
Para los gobiernos “progresistas” el crecimiento del agronegocio tiene como consecuencia un relativo -en relación a las ganancias- aumento de los ingresos estatales lo que favorece el “asistencialismo” y por tanto una cierta calma social. Además de proveerlos de divisas, que permiten equilibrar las cuentas externas, infla el PBI, indicador económico perverso que engaña sobre un supuesto “progreso” de los países. Con esta estrategia se está procesando una acelerada extranjerización de la economía y en términos sociales, una verdadera contra-revolución agraria.
Una situación emblemática de esa dependencia externa se evidencia en el mercado de semillas. En la primera mitad del siglo XX las semillas estaban indiscutiblemente en manos de los agricultores y en el sector público.
En las décadas posteriores, las monopolizan los gigantes genéticos: el poder corporativo. Y así marcan la frontera final en la mercantilización de la vida. El mercado de semillas patentadas representa el 82% del mercado de semillas comerciales en todo el mundo
“Las diez principales compañías dominan, el 67% del mercado mundial de semillas patentadas”(1). Las principales empresas de semillas son Takii (Japón), DLF-Trifolium (Dinamarca), Sakata (Japón), Bayer Crop Science (Alemania), KWS AG (Alemania), Land O’ Lakes (Estados Unidos), Groupe Limagrain (Francia), Syngenta (Suiza), DuPont (Estados Unidos) y Monsanto (Estados Unidos)
“En menos de tres décadas un puñado de corporaciones multinacionales ha creado un rápido y feroz cerco corporativo en torno al primer eslabón de la cadena alimentaria”, explica el Grupo ETC(2) y detalla que las patentes biotecnológicas de Monsanto intervenían de alguna forma en el 87% del área total mundial dedicada a semillas manipuladas genéticamente en 2007
Es importante saber que hay una relación directa entre plantación de soja transgénica y eliminación de bosques. ”Mientras el área cultivada con soja incrementa rápidamente, las zonas de bosque se reducen” en todos los países.
En Bolivia los bosques disminuyeron 8%, en Brasil 9%, en Argentina 14% y en Paraguay 15%(3). Y estos son datos hasta 2009, con certeza en 2013 la situación ha empeorado. Como alertan los investigadores: ”La clave de la búsqueda de un camino de bajo contenido de carbono en Latino América y el Caribe se perfila a través de la implementación de políticas y programas para la conservación de sus grandes bosques y el mantenimiento de su matriz energética relativamente limpia”(4). Ambos aspectos se han degradado.
En 2012 Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay sembraron 50 millones de hectáreas, es decir 500 mil Km2 con soja. Una superficie 200 mil Km2 más grande que Italia o 150 mil Km2 mayor que la extensión de Alemania o 50 mil Km2 más extensa que Suecia. Del tamaño aproximado del estado español Una superficie que se extiende por los cinco países del Cono Sur y donde las semillas modificadas genéticamente gozan de un “amplio apoyo político” de los gobiernos respectivos y de un “sistema regulatorio en funcionamiento” que ha sido diseñado por las corporaciones del agro-negocio. Condiciones indispensables -según los ejecutivos de Monsanto- para la expansión de esta “agricultura” nefasta.
Las superficies plantadas con transgénicos, regidas por una tecnología perversa y una normativa que coloca al lucro por encima de la Naturaleza, constituyen un enclave independiente que utiliza la infraestructura (zonas francas, silos, carreteras, puertos, etc.) y las reservas de agua de las naciones de Sudamérica sin pagar por ellas, emponzoñado el aire y la tierra.
Esos 500 mil Km2 de soja no responden a ningún plan ni proyecto de desarrollo nacional de ninguno de los cinco países. No cumplen ninguna función acerca de la soberanía alimentaria de ellos ya que producen alimento para ganado europeo o materia prima para aceites consumido por asiáticos.
.La prueba es innegable ”los principales países productores de soja en el Cono Sur han reducido su suministro local de alimentos desde 1996”, afirma el Centro para la Bioseguridad de Noruega, ya citado. Tampoco tienen como objetivo la conservación de la biodiversidad de nuestros territorios, menos aún la preocupación por proteger o mejorar el medio ambiente.
Brasil: territorio de ensayos
En Brasil el grupo “ruralista”, que representa al agro-negocio en el Congreso es la mayor bancada en el legislativo. El impulso a los monocultivos agrícolas de commodities brindado por los gobiernos del PT ha favorecido su crecimiento. Hasta 2003 el lobby contaba con 89 parlamentarios; en el segundo ejercicio del presidente Lula ya había alcanzado los 120 legisladores y en el ejercicio actual de Dilma Rousseff tiene 160 representantes. Es decir, durante los tres gobiernos petistas casi duplicó su fuerza.
Para tener una idea de la inclinación ideológica de este bloque parlamentario veamos dos grageas:
-su líder en el senado Katia Abreu, ha defendido con desvergüenza en el Congreso, a los hacendados acusados de explotar el trabajo esclavo en sus propiedades y la bancada ha presentado al cuerpo legislativo un proyecto de ley (PEC 57A/1999) para desvirtuar el concepto actual de esclavitud contemporánea e impedir el confisco de las propiedades de los esclavistas;
-dirigentes de los ruralistas viajaron a Asunción a dar apoyo al “golpe parlamentario” contra el presidente Fernando Lugo de Paraguay en 2012.
Hoy la bancada ruralista, después de su exitosa campaña en alianza con Aldo Rebelo -presidente del Partido Comunista do Brasil (PC do B)- para aprobar el nuevo Código Forestal -un retroceso del punto de vista ambientalista- pasó a presionar contra las demarcaciones de territorios indígenas que de alguna forma dificultan las invasiones ilegales “ruralistas” en las tierras de los pueblos originarios
Con la propuesta de enmienda constitucional, PEC 215 se entregaría la aprobación final del proceso de demarcación al Legislativo donde los “ruralistas” tienen la bancada más numerosa(5).
Brasil es el segundo mayor productor de Organismos Genéticamente Modificados (OGMs), casi empatado y a punto de pasar a EEUU. Tomando el conjunto de las plantaciones de semillas transgénicas, éstas ocupan en Brasil 37,1 millones de hectáreas o 371 mil Km2, un territorio 20 mil Km2mayor que el de Alemania.
En Brasil la extensión de los plantíos transgénicos representa más del 50% del territorio destinado a actividades agrícolas en el país(6). Y la mayor variedad de semillas transgénicas pertenece a la soja
Para la zafra 2012-13 casi 90% de los cultivos de soja son de OGMs. Para los plantíos de maíz este porcentaje es del 75% con semillas transgénicas. Como demostración contraria al mito de que los OGMs reducirían la utilización de los pesticidas, Brasil se ha tornado desde 2009 en el mayor consumidor mundial de agro-tóxicos(7). Una grave amenaza para la salud de su población.
A principios de mayo de 2013 un avión agrícola fumigó con insecticida una escuela localizada en un asentamiento rural del municipio de Rio Verde, en Goiás. 38 personas que realizaban la merienda al aire libre fueron intoxicadas, 36 eran niños. En total había en ese momento en la escuela 122 niños, decenas de ellos comenzaron a presentar picazón, nauseas y dolor de cabeza y fueron llevados al hospital. Hasta ahora siguen en control sanitario.
Esta no es la primera vez que accidentes de este tipo acontecen en regiones de intensa producción agrícola con sistema de monocultivo. Son recurrentes los relatos de pulverizaciones “no intencionales” de huertas, plantíos, frutales, residencias y mismo villas y ciudades. La pulverización aérea de agrotóxicos -que puede ser trasladada por los vientos a zonas lejanas a los plantíos- no está prohibida en Brasil.
Cuando los ejecutivos de Monsanto se refieren a Sudamérica como una región con “sistema regulatorio” de OGMs, en realidad se refieren a un sistema permisivo que admite la peores aberraciones en la siembra de monocultivos y que no ampara la salud de sus pobladores.
“Sistema regulatorio” de los OGMs.
Respecto a la existencia en Brasil de un “sistema regulatorio” de los OGMs, tema que tanto preocupa a Monsanto y sus compinches corporativos, recordemos que en Brasil en marzo de 2005 fue creada la Ley de Bioseguridad que permite el uso de organismos transgénicos sin que sean realizados estudios de impacto al medio ambiente o a la salud. La ley también creó la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (Comissão Técnica Nacional de Biossegurança) más conocida como CTNBio, responsable por toda la regulación del sector de biotecnología brasileño.
La CTNBio es la que analiza y autoriza la liberación comercial de organismos genéticamente modificados. Las aprobaciones de nuevas semillas transgénicas lleva implícito y presiona por la aprobación de los pesticidas conexos a dichas semillas, que corresponde al ámbito de la gerencia de toxicología de la Agencia de Vigilancia Sanitaria (ANVISA).
La CTNBio está en el ámbito del Ministerio de Ciencia y Tecnología y está compuesta por 27 integrantes, todos con doctorado universitario. De esos 27 miembros 12 representan al campo académico y son indicados por la Academia Brasileña de Ciencias: todos técnicos del área de la biotecnología, 9 representan los ministerios y los 6 restantes son representantes de la sociedad civil. Apenas 14 votos -mayoría simple- son necesarios para la liberación comercial de cualquier producto transgénico, sin ninguna clase de experimentación sobre las consecuencias de esta biotecnología. Los 12 bio-tecnólogosvotan las liberaciones con el brazo enyesado, a los que se suman los representantes del ministerio de Agricultura, y de Ciencia y Tecnología completando la mayoría fija.
El organismo es una farsa “democrática” y las resoluciones se toman por sistemático “abuso de mayoría”. Esta composición que fue diseñada ex profeso aísla no solo a los representantes de la sociedad civil, como también a los ministerios de Medio Ambiente, Salud, y Desarrollo Agrario(8). Al tiempo que se creaba el CTNBio la ley creó un Consejo Nacional de Bioseguridad que debía actuar como instancia superior gubernamental. Nunca funcionó, facilitando las aprobaciones al agronegocio transgénico.
De cómo se despliega la escalada de guerra química
Los OGMs tuvieron en su inicio una modificación genética bautizada como Roundup Ready (RR), -lanzada por Monsanto en 1996- que tornaba a las semillas capaces de sobrevivir al pesticida glifosato. El plantío directo se realizaba sin desmatar y se fumigaba con glifosato la totalidad del plantío para matar todo lo que no fuera la planta transgénica. En Brasil, el transgénico RR está presente en 90% de la soja y en por lo menos el 75% del maíz. Hasta ahora esta tecnología era dominante, pero el problema es que el glifosato, que facilitó el control de las mal llamadas “hierbas dañinas”(9) en el campo, se viene tornando cada vez menos eficaz después de años de uso indiscriminado.
La tales “hierbas dañinas” van adquiriendo resistencia a los herbicidas y lo mismo pasa con los insectos que se hacen inmunes a insecticidas cada vez más peligrosos.
Debido a estas prácticas inadecuadas en los monocultivos, creció, por ejemplo, la incidencia de la lagarta Helicoverpa armígera, que tiene una estructura compleja y una alta capacidad de adaptación. En la agricultura familiar se pueden desenvolver los predadores naturales que combaten esa lagarta. No así en los extensos monocultivos que cada vez exigen fumigaciones con venenos más letales y semillas que los resistan.
Frente a este escenario compañías como Dow, Bayer CropScience, Syngenta y la propia Monsanto invierten montañas de dólares en busca de semillas y pesticidas capaces de suceder al Round Ready
La CTNBio tiene en la actualidad, tres pedidos de autorización de la multinacional Dow: dos son de soja y uno es de maíz. La primera soja será resistente al herbicida 2,4-D y al herbicida glufosinato de amonio.
La segunda, a los herbicidas 2,4-D, glifosato e glufosinato de amonio. Por fin, el maíz será tolerante al herbicida 2,4-D y a determinados inhibidores del acetilo coenzima.
El 2,4-D era ingrediente del tristemente célebre Agente Naranja. En la gran prensa económica, ya se dan por aprobadas dichas autorizaciones, que se liberarían en octubre o noviembre de este año.
Es decir antes que en EEUU, que es considerado el más permisivo de los países en términos de aceptar los absurdos de la biotecnología transgénica.
El New York Times anunció en mayo pasado que el Departamento de Agricultura (USDA) decidió someter a estudios más rigurosos a las semillas resistentes al2,4-D y explicó que: la decisión provino del entendimiento que esa tecnología “puede afectar significativamente la calidad del ambiente humano”(10). En 2012 organizaciones como el Centro para la Seguridad Alimentaria de USA recogieron más de 400 mil peticiones contrarias a la aprobación de la soja y el maíz resistente al 2,4-D. Mientras en Australia, la autoridad gubernamental que controla los pesticidas -Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority – APVMA- prohibió la utilización de los herbicidas 2,4-D del tipo HVE (altamente volátiles) por los riesgos que representan para el medio ambiente. Y está en estudio la exclusión de todo tipo de 2, 4-D en la agricultura
Monsanto se había adelantado a la competencia con la Tecnología Intacta RR2 PRO lanzada en 2011. Intacta RR2 PROfue aprobada primero en Brasil en 2011, luego en Argentina en agosto 2012, en setiembre de 2012 fue aceptada oficialmente por el gobierno uruguayo y Paraguay fue el último de la región en darle el visto bueno a principios de 2013. El herbicida principal sigue siendo el glifosato con algunas modificaciones más intensivas de aplicación y lo que cambia es el supuesto poder del insecticida dirigido a las tres lagartas principales que atacan la soja. El costo por hectárea de la nueva tecnología se multiplica por más de 5: pasa de R$ 22 (10 US$ aprox.) para la actual RR, a R$ 115 (más de 50 US$ aprox.) para el Intacta RR2 PRO.
Al 2,4-D de Dow, Monsanto ya replicó con una transgénica futura bautizada de “Roundup Ready 2 Xtend” que estaría a disposición para 2015, que torna las plantaciones resistentes a los herbicidas glifosato y dicamba (un derivado del ácido benzoico descripto como insecticida, fungicida y herbicida). Es a esto lo que llamamos una verdadera escalada de guerra química contra el medio ambiente.
Y es en Brasil en la actualidad, que las multinacionales que protagonizan y conducen la escaladaexperimentan las nuevas tecnologías con absoluta anuencia del gobierno. Así como la población brasileña fue ya un campo de experimentación de las corporaciones farmacéuticas -no olvidar el desastre ocasionado en el país por la talidomida-, ahora una extensión de su territorio, mayor que la superficie de Alemania, es el escenario de pruebas imperialista de las armas químicas contra la Naturaleza.
Agrotóxicos y la desaparición de los enjambres de abejas
Brasil cayó de la 5ta. para la 10ª colocación mundial en exportación de miel en los últimos dos años. El motivo fue el abandono de las colmenas en la región productora más importante del país, el nordeste. En 2012 algunos estados registraron una reducción del 90% de la producción y el abandono de colmenas llegó al 60%. Cerca de 46 mil pequeños apicultores en nueve estados nordestinos vivían de la actividad y juntos respondían por el 40% de la producción de miel del país.
Márcio Freitas, coordinador general de la valoración de sustancias tóxicas del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y los Recurso Naturales Renovables (Ibama) indica que los “defensivos” agrícolas están entre las tres principales causas de la desaparición de abejas en Brasil. Esta afirmación no hace más que confirmar los varios estudios hechos en Europa y EEUU frente al mismo hecho. Los agroquímicos matan los insectos inmediatamente después de su aplicación o afectan si sistema sensor, haciendo que no consigan retornar a la colmena, debilitándola y terminando por hacerla desaparecer.
Por eso en 2012 Ibama editó una disposición que restringe el uso de estas sustancias durante el período de floración. La desaparición de las abejas no afecta únicamente la producción de miel, ellas desempeñan un papel imprescindible en la agropecuaria.
Cerca de 80% de todo lo que es consumido en el mundo es polinizado por las abejas. Su ausencia se refleja en impacto directo sobre la agricultura y en la pecuaria, porque las pasturas requieren también de polinización(11).
China y los transgénicos
Responsable por dos tercios de las importaciones de soja en grano realizadas en el planeta, China responderá por el crecimiento total de los volúmenes importados en el mundo a lo largo de 2013-14. Esta situación favorable a los granos bio-modificados tiende a cambiar. Según declaraciones atribuidas por la agencia de noticias Dow Jones Newswirew al vice-secretario general de la Asociación de Soja de Helongjiang, Wang Xiaoyu, el consumo regular de aceite de soja producido a partir de granos genéticamente modificados tornaría a las personas más vulnerables y predispuestas al desarrollo de tumores y a la esterilidad. Xiaoyu basó sus conclusiones en la observación de elevados niveles de incidencia de cáncer en las provincias de Fujian y Guangdong, donde el consumo de aceite de soja transgénica es más alto. La situación es vidriosa ya que el gobierno chino todavía difiere la decisión de autorizar en su país los plantíos de soja transgénica en gran escala
Es por eso que hay una gestión diplomática intensa hacia China de parte de los países sudamericanos que cobijan el enclave sojero de las corporaciones. Es parte del comportamiento de subordinación al agronegocio de estos gobiernos. A mediados de junio pasado el ministro de Agricultura de Brasil, Antonio Andrade viajó por segunda vez desde mayo a China, pidiendo al país asiático que se abra a la nueva variedad de sojaIntacta RR2 PRO, de Monsanto. El canciller Antonio Patriota -sustituido esta semana por el prepotente incidente de Itamaraty con Bolivia-, haciendo honor a su apellido, también participó personalmente de las negociaciones como lobbysta de la multinacional(12).
“Tanto el proyecto productivo como la matriz energética que impulsa el gobierno, han desatado enfrentamientos con pueblos indígenas, pobladores costeros y pescadores, pequeños productores rurales y organizaciones sociales que luchan por la tierra.
Es durante el gobierno de Dilma Rousseff que las grandes obras hidroeléctricas y los diques que retienen agua para la agroindustria o la minería, así como la agresión a la naturaleza y a los pobladores -tanto rurales como urbanos- que proviene de los monocultivos y las mineras han generado variados e intensos conflictos. Esta situación no es localizada sino que se extiende a todo el país. En el Mapa de Conflictos envolviendo Injusticia Ambiental y Salud en Brasilson relatados 343 conflictos ambientales que tienen impacto en la salud colectiva del país. Las principales víctimas de estos conflictos son los indígenas en 33,67 % de los casos, en 31,99% son los agricultores familiares y en el 21,55% los quilombolas”(13).
Temprana introducción de los transgénicos en Argentina
La historia de la introducción de las semillas transgénicas en Argentina se inicia precozmente entre febrero y noviembre de 1994, meses en que Monsanto hizo los primeros contactos en el país y comenzó a infiltrar el Instituto Nacional de Tecnología Agrícola (INTA) que por décadas llevaba adelante la investigación para el desarrollo de variedades vegetales “mejoradas”. Monsanto “compró” los equipos de investigación del INTA y tuvo acceso a sus archivos secretos, apoderándose del capital genético estratégico del país.
Esto le permitió a Monsanto crear la soja Roundup Ready sobre la base de variedades de soja desarrolladas en Argentina para los suelos nacionales. La corporación creó la empresa Nidera para negociación de semillas transgénicas, a la que otorgó una licencia para la venta de dichas semillas
Al mismo tiempo comenzó la publicidad de sus OGMs a través del suplemento de Clarín Rural. Hay que recordar que estos acontecimientos se desarrollaron bajo las presidencias de Carlos Menem (1989-1999), un nefasto neoliberal del “modelo” Consenso de Washington que llevó el país a la quiebra.
Su ministro de agricultura Felipe Solá, hombre de Monsanto, el 3 de abril de 1996 firmó la autorización para la comercialización de las semillas transgénicas “tolerantes al herbicida glifosato” sin ningún debate parlamentario, investigaciones previas o ley que regulara los cultivos transgénicos.
En Argentina la soja abarcó 197 mil Km2 en la última cosecha (2012-2013). Una extensión similar a la de Irlanda y Grecia sumadas.
A pesar de la afirmación de la presidenta Cristina Fernández en El Calafate: ”¡No vamos a tirar ni un solo árbol, los árboles son sagrados! ¡Los árboles no se tocan! Por lo menos acá en El Calafate. ¡Sobre mi cadáver, únicamente!”(14) la desforestación en Argentina está en relación directa con la expansión del agro-negocio y en especial con la propagación progresiva de la soja transgénica.
Más de 1 millón de hectáreas forestadas se destruyeron desde que se sancionó la Ley de Bosques en 2007. Hasta fines de 2012 se deforestaron 1.145.044 hectáreas -o 11.450 km2-, lo cual promedia 229 mil hectáreas por año, 627 h. por día y 26 h. por hora. Los principales índices de destrucción forestal fueron en las provincias de Santiago del Estero, Chaco, Salta y Córdoba(15). Solo en 2012, 153 mil hectáreas de bosque chaqueño fueron arrasadas en el noroeste de la provincia de Córdoba.
Actualmente Argentina cuenta con cerca de 30 millones de hectáreas de bosque nativo, lo que equivale sólo al 30% de la superficie forestal original. El país se encuentra en una verdadera emergencia forestal. Acentuada en los últimos 15 años por esta expansión descontrolada de los plantíos transgénicos.
La lógica del modelo agropecuario impuesto desde el gobierno por medio del Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) tiene un profundo y negativo impacto en el sistema productivo de Argentina al consolidar un modelo de país agroexportador basado en la agroindustria, pools de siembra(16), monocultivos de grandes extensiones, despoblamiento y éxodo rural hacia enormes ciudades no sustentables.
El PEA es contradictorio con la Ley de Bosques porque propone una expansión de la frontera agropecuaria de casi 10 millones de hectáreas, aumentando la superficie agropecuaria de 32 millones de hectáreas a 41 millones. Un crecimiento de 60% más de extensión para la agricultura y un 45% más para la ganadería
Esta expansión ha demostrado graves consecuencias sobre las comunidades campesinas y habitantes originarios de los bosques nativos, con la complicidad de la burocracia provincial y los integrantes del poder judicial. Como en Brasil, los grupos de matones armados del agronegocio han sometido a la violencia, desalojo, despojo, destrucción de viviendas y ganado, a quienes resisten el desmonte y el avance de la frontera de monocultivos.
La Ley de Bosques no sólo defiende los árboles, también en varios de sus artículos ampara a los habitantes históricos de las florestas. A nivel legislativo, en contraposición a Brasil, se ha avanzado mucho en ese aspecto, pero sin embargo en los últimos 5-6 años hay contabilizadas siete muertes relacionadas directamente con la deforestación en las provincias de Santiago del Estero, Formosa y Tucumán. En Formosa, quizá es donde los conflictos por la tierra han tomado mayor relevancia por la decidida resistencia del Pueblo Qom y Wichi a los empresarios sojeros y al gobierno provincial de Gildo Insfrán (gobernador desde diciembre de 1995, durante 5 ejercicios seguidos).
Madres de Ituzaingó
En Argentina la expansión de la frontera agrícola con transgénicos ha puesto en evidencia los problemas de salud que acarrean las fumigaciones con pesticidas. Este es el origen del difundido movimiento de las Madres de Ituzaingó (un barrio de la ciudad de Córdoba). ”En enero de 2002, en el Barrio Ituzaingó de la ciudad de Córdoba, cuatro mujeres se encontraron en la verdulería y, casi sin saberlo, dieron comienzo a una lucha que ya lleva más de diez años. El 21 de agosto de 2012 esa lucha resultó en la primera condena en la Argentina a un productor agropecuario y a un aplicador aéreo por contaminar con agroquímicos y multiplicar los casos de cáncer en el barrio”…”Aquella mañana de enero una de ellas contó que a su hijo le habían diagnosticado leucemia, y entonces lo que parecía casualidad pasó a ser sospecha, porque en la zona había muchos casos similares”(17).
Preguntando, llegaron a Raúl Montenegro, biólogo y presidente de la Fundación para la defensa del Ambiente (FUNAM), que tras caminar por la zona detectó las fuentes contaminantes: el tanque de agua público del barrio y las pulverizaciones de agroquímicos. Como el ministerio de salud de la provincia de Córdoba no se interesó por sus denuncias fueron a los “medios” y presionaron hasta que dicho ministerio tuvo que resolver analizar el agua del tanque. Como era evidente, se comprobó la presencia de agroquímicos y metales pesados en el agua. De ahí exigieron un relevamiento de las enfermedades en el barrio y se comprobó que en casi todas las casas había una persona afectada por el envenenamiento del agua. Mientras, las fumigaciones aéreas continuaban y cuando se empezó a plantar soja las nefastas pulverizaciones llegaron hasta la calle que bordeaba el barrio.
En ese momento se presentaron a la justicia e iniciaron un juicio. De los tres acusados se condenó a un productor -inhabilitado para aplicaciones de agroquímicos por 8 años y prisión no efectiva por 3 años y al aviador fumigador, impedido por 10 años. Si bien el juicio era un gran triunfo porque reconocía la relación directa de la aplicación de agroquímicos con las dolencias, se imputaba la responsabilidad a los últimos eslabones de la cadena
Para el biólogo Raúl Montenegro(18): ”Este es un éxito espectacular de lucha grupal, pero no es un ejemplo de lucha comunitaria”…”en este barrio siguen existiendo fuentes de contaminación, riesgos ambientales que no están siendo tratados” y agrega:
“Yo creo que la condena es importante, pero siempre hay que tener mucha cautela. En este juicio se condenó a ‘perejiles´. Eran dos productores y un agroaplicador. Uno quedó absuelto y dos quedaron condenados. Sin desmerecer su responsabilidad, no estuvieron sentados los verdaderos responsables… actores reales que son el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) que autoriza los plaguicidas, la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia) que autoriza los transgénicos, la Comisión Nacional de Semillas (Conase), corporaciones de sojeros como la Sociedad Rural, los funcionarios de Gobierno, los grupos corporativos de aplicadores”. Y por supuesto las corporaciones imperialistas de transgénicos y agroquímicos
Resistencia en Malvinas Argentinas (Córdoba)
La resistencia a los transgénicos no sólo parte de los pueblos originarios y de pobladores afectados por las fumigaciones de agroquímicos.En la actualidad existe un duro conflicto contra Monsanto por el anuncio de la radicación de una planta de la corporación en Malvinas Argentinas (Córdoba) para procesamiento de semillas de maíz. En momentos que la resistencia de la población de EEUU a Monsanto se radicaliza, la empresa intenta descentralizar sus instalaciones. Según directores de la transnacional la etapa de construcción civil de la planta se finalizaría a fines del 2013 y la faz operativa comenzaría en marzo de 2014. La construcción de la planta se inició sin la aprobación de la licencia ambiental mostrando la complicidad de las autoridades provinciales. En el lanzamiento de la obra hubo un “escrache” protagonizado por los movimientos sociales de vecinos contrarios a la instalación de la empresa en Malvinas Argentinas. Monsanto en su discurso actual propone “luchar contra la sojización” y sembrar maíz (por supuesto transgénico) que permite la rotación del suelo. Después de liderar las campañas por la siembra directa y el monocultivo de soja, “reconoce” ahora la erosión de los suelos por la soja y que es necesaria la rotación de cultivos. En la defensiva por las múltiples denuncias en su contra, ahora anuncia un plan para reducir el uso de agroquímicos y medidas para controlar las fumigaciones. Ya sabemos cuál es la “prudencia” y las “buenas intenciones” de los inventores del Agente Naranja.
A parte de estas resistencias puntuales -la más importante es la de los indígenas del Pueblo Qom y Wichi- no conozco que se haya desarrollado un gran movimiento nacional contra los transgénicos. Por el contrario los enfrentamientos a la minería a cielo abierto son innumerables, con luchas exitosas como la de Famatina (Rioja) derrotando dos multinacionales que intentaron destruir la economía de la región. En la actualidad la confrontación más importante se desarrolla en Rio Negro, Chubut y en la provincia de Santa Cruz, para impedir el fracking que pretende implantar una sociedad de YPF con Chevron. Sí, leyó bien, la misma Chevron de otros múltiples desastres.
Paraguay
El último censo agropecuario en Paraguay, de 2008, da cuenta de que 85,5% de las tierras están en manos del 2,06% de la población. La Comisión de la Verdad y Justicia (CVJ), que funcionó entre 2003 y 2008 para investigar los casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-89) también se explayó sobre las irregularidades en relación a la concesión de tierras bajo la dictadura. La CVJ fijó en 6,75 millones las hectáreas adjudicadas ilegalmente durante el régimen (o 67.500 km2, una superficie mayor que Suiza e Israel sumados) y un millón adicional en los siguientes 15 años. Eso supone que 64% de las tierras adjudicadas entre 1954 y 2008 lo fueron irregularmente. En total, las llamadas tierras “mal habidas” suman 33% de la superficie agrícola paraguaya y 19% del territorio nacional, dictaminó la CVJ(19).
“En los últimos 50 años Paraguay perdió el 90% de sus bosques, que equivale a la extinción de casi la totalidad de los recursos forestales a causa de la deforestación”…”De las ocho millones de hectáreas que corresponden al Bosque Atlántico de Alto Paraná, en la Región Oriental, solo quedan cerca de 1.100.000 h., las cuales se aprecian como pequeñas manchas captadas por satélite”.(20) La deforestación se realizó por parte de empresas para comercializar la madera, y para extender la frontera de la producción agropecuaria. Pero en la última década se aceleró por la expansión de los plantíos de transgénicos. En especial la soja que ha pasado a ser el mayor rubro de exportación del país en los últimos años.
Según información de la Cámara Paraguaya de exportadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO) la cosecha de soja de la zafra 2012-2013 alcanzó una cifra record de 9,3 millones de toneladas. Esta cantidad duplica la campaña de la zafra 2011-2012 que alcanzó solo 4,3 millones de toneladas. El área de cultivo aumentó a 3,15 millones de hectáreas o 31 mil 500 km2. Una superficie mayor que la extensión de Bélgica. La baja producción de la zafra anterior se debió a una prolongada sequía que afectó los plantíos y que redujo el rendimiento promedio por hectárea a la mitad.
Los brasiguayos(21) dueños de Vetro S.A., del grupo Favero(22) en el Departamento San Pedro, Paraguay, invadieron la tierra de la comunidad guaraní Yrybucuá para plantar soja, le arrasaron los bosques arrancando las palmeras, los frutales y las arboledas que les daban sombra, dejándolos sin frutas y sin leña. Les envenenaron el río Sadio con glifosato privándolos de los peces que los alimentaban y del agua potable para ellos y sus animales. Historias como ésta son innumerables en los departamentos fronterizos con Brasil. Estos empresarios “brasiguayos” apoyados por la bancada ruralista del Congreso brasileño apuntalaron el golpe del senado paraguayo contra Fernando Lugo. En Paraguay la cuarta parte de las tierras está en manos foráneas. Si bien los “brasiguayos”son la punta de lanza de la ofensiva, los uruguayos no se quedan atrás. Han invadido el chaco paraguayo para la cría de ganado: 2 millones de hectáreas pertenecen a inversores uruguayos. Eso implica el desmonte del 50% de dicha extensión, que es lo que permiten la “leyes ambientales” del país. Es decir desmatar 1 millón de hectáreas, 10.000 km2 de un territorio de donde la etnia guaraní retira su sustento.
Según las organizaciones sociales y ambientalistas, el cultivo extendido de OGMs en Paraguay ha tenido como resultado: la desintegración de muchas organizaciones campesinas; la migración y el desarraigo de las poblaciones campesinas e indígenas y su paso a engrosar los cinturones de pobreza de los centros urbanos; el cierre de las escuelas en los periodos de fumigación de cultivos extensivos cercanos; varios casos de intoxicación y muerte por plaguicidas denunciados por Vía Campesina Paraguay; la canalización de ingresos por la exportación hacia un reducido círculo relacionado con la agroindustria y la élite política-gubernamental; la destrucción masiva de bosques y la pérdida de biodiversidad; la fragmentación de hábitats importantes para especies animales y de plantas y la contaminación con agroquímicos de suelos y agua. Una dominante de acontecimientos que se repiten en todo el enclave sojero Sudamericano.
El golpe que colocó a Federico Franco en la presidencia (22.06.2012) dio inicio a un gobierno de los terratenientes, leal a EEUU. De inmediato a la destitución de Fernando Lugo, Franco se reunió con representantes de agro-exportadores y ganaderos brasileños en el Palacio de Gobierno. Al término de la reunión, Marilene Sguarizi, una abogada representante del grupo empresarial, afirmó a los medios de comunicación que ”el nuevo presidente nos prometió que apoyará al sector agroindustrial, protegerá la propiedad privada e impedirá las invasiones de tierras en el país” (algo que fue el detonante de la crisis)(23). En realidad, más allá de las intenciones del presidente Lugo, en su ejercicio se desató un fuerte movimiento de ocupaciones de tierras por campesinos y de enfrentamientos de resistencia a los aparatos estatales de represión y sus operaciones de desalojo de pobladores rurales y comunidades agrarias.
El golpe estaba dirigido a detener una rebelión agraria en ciernes y defender los intereses de los grandes usurpadores capitalistas de tierras.
Respecto a la defensa de las inversiones imperialistas, Franco emitió mensajes muy claros: se dirigió de inmediato a los representantes de las dos corporaciones principales instaladas en el país. En reunión con la petrolera Crescent Global Oil-Pirity Hidrocarburos, trasnacional estadounidense de prospección, exploración y explotación de petróleo, le aseguró todo su apoyo en la tarea asumida de búsqueda de hidrocarburos.
Respecto a Monsanto la señal fue muy concreta: el ministro de Agricultura Enzo Cardozo anunció que el presidente lo instruyó para acelerar la autorización del uso de la semilla de algodón transgénica marca Bollgard BT, producida por la corporación. Cardozo dijo que trasmitiría al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Vegetal y de Semillas (Senave) la decisión de inscribir dicha semilla en el Registro Nacional de Semillas, sin ninguna clase de tramitación. El anterior presidente del Senave, Miguel Lovera, se negaba a otorgar la autorización por falta del dictamen técnico del Ministerio de Salud y de la Secretaría de Medio Ambiente, algo estipulado por ley.
Desde su inicio el gobierno producto del golpe senatorial, resultó explícitamente pro-imperialista, lo que acrecienta la convicción de una intervención directa de EEUU en el suceso. Y resultó una transición para el actual gobierno “colorado” de Horacio Cartes un conocido contrabandista investigado por la DEA por lavado de dinero del narcotráfico. Ya sabemos que eso está lejos de ser un inconveniente para una alianza estrecha del gobierno paraguayo con EEUU.
Frente a un recomienzo de movilizaciones en el campo, Cartes ha lanzado un despliegue militar en el norte del país. En San Pedro se oficializó el resurgimiento de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas (COC).Marchas, cierre de rutas y ocupaciones es la respuesta de las organizaciones obreras y campesinas. Uno de los objetivos centrales es frenar el avance de lo que denominan “agricultura genocida empresarial”. Un dirigente campesino adelantó que uno de los propósitos es “ingresar en los establecimientos sojeros”(24).
Bolivia en la trampa de los transgénicos
Una vez finalizada la cosecha de verano 2013 del cultivo de soja, los datos indican que la producción de Bolivia volvió a superar la alcanzada el año pasado y de esta manera la convierten en una producción histórica, porque las 890.000 hectáreas cultivadas en el departamento de Santa Cruz o 8.900 km2. Significa un importante crecimiento de la frontera agrícola en soja. Según datos de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), se obtuvieron 1,900.000 toneladas de soja, superando a la campaña de verano 2011-2012, donde se cosecharon 1,800.000 toneladas
Anapo estima que la siembra de invierno puede llegar a las 300.000 hectáreas de soja, o 3.000 km2 donde la mayor cantidad se cultiva en la zona norte de Santa Cruz. Sumadas las dos campañas, verano e invierno la producción estimada es de 2,5 millones de toneladas de soja, de las cuales solamente el 20% es para el consumo interno el restante 80% para exportación. Entre las dos campañas se siembran 11.900 km2, una superficie 1000 km2 mayor que Jamaica.
Contradicciones
La situación más contradictoria respecto a los transgénicos en el Cono Sur la protagoniza este país del altiplano, ya que el crecimiento de las cosechas de soja transgénica se opone a toda la legislación nacional que prohíbe la producción, importación, distribución y comercialización de semillas bio-modificadas.
El Artículo 255 de la Constitución Política del Estado prohíbe toda forma de producción, importación, y comercialización de OGMs. Desde el 2005 está en vigencia la Resolución Administrativa (vrnma Nº 135/05) que preserva al maíz de cualquier posibilidad de contaminación transgénica. Desde 2009 el Decreto Supremo 181 (artículo 80) prohíbe la adquisición de alimentos genéticamente modificados en las compras estatales y la alimentación complementaria escolar. Y desde la aprobación de la Ley de Derechos de la Madre Tierra queda establecido ”el derecho a la preservación de la diferenciación y la variedad de los seres que componen la Madre Tierra, sin ser alterados genéticamente ni modificados en su estructura de manera artificial…”.
Esta serie de disposiciones jurídicas-constitucionales que deberían proteger a Bolivia de la producción de OGMs es el resultado de la resistencia y la lucha de los movimientos sociales en el país. Sin embargo, además de las extensas plantaciones de soja -100% transgénica- en Santa Cruz -reducto de la oposición política al gobierno de Evo Morales- el 100% del algodón plantado es transgénico. Allí, como en Chuquisaca y Tarija, la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas ha recogido también muestras de maíz transgénico en las plantaciones. Estas evidencias no llevaron a un seguimiento y a acciones del gobierno para erradicar lo que las leyes prohíben.
Al no protegerse la diversidad genética del país, se pone en riesgo la soberanía alimentaria de Bolivia. La expansión de estos cultivos está consolidando el poderío de una nueva élite agro-empresarial, dependiente de las corporaciones imperialistas de semillas y agroquímicos, que ocupa las mejores tierras cultivables del país y se beneficia con el subsidio a los combustibles. Incluso hay disposiciones gubernamentales permisivas con los transgénicos: pese a saber que el 100% de la soja producida en el país es transgénica, se la incluye en el paquete alimentario del subsidio prenatal y de lactancia. De la misma forma no existen reglamentaciones estrictas sobre el rotulado de los alimentos basados en transgénicos.
El 75% del aceite consumido por los bolivianos tiene origen en la soja transgénica. Lo que significa una clara amenaza para la salud pública nacional(25).
Es indudable que el gobierno de Evo Morales tiene una posición permisiva para los transgénicos en el país, por encima de las disposiciones legales. Es una característica que se repite en todos los gobiernos “progresistas” de Sudamérica: Para ellos tienen primacía los resultados inmediatos en el comercio exterior y la entrada de divisas, por encima de una estrategia agrícola productiva que garantice alimentos sanos, trabajo rural abundante y soberanía alimentaria.
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=ES&cod=77624
19 sept 2013
Hagamos memoria; lo que se hereda no se roba
INCIDENTES EN LA CORTE
Piden procesamiento de Jorge Zabalza, Irma Leites y otras cinco personas
18.09.2013
MONTEVIDEO (Uypress) - El fiscal Gustavo Zubía pidió este martes el procesamiento de Jorge Zabalza, Irma Leites y otras cinco personas que participaron de la concentración en la Suprema Corte de Justicia el 15 de febrero cuando decidieron acompañar a la jueza Mariana Mota que firmaba su traslado de la justicia penal a la civil.
Además del exmilitante tupamaro Zabalza y de la integrante de Plenaria Memoria y Justicia, Leites, se pidió el procesamiento con prision por el delito de 'atentado con agravantes', para el exfutbolista Diego Jaume y la militante Patricia Borda.
También se pidió el procesamiento sin prisión del dirigente de Adeom, Aníbal Varela, y el padre y hermano de Jaume, Álvaro y Eduardo, detalló este miércoles El Observador.
Hagamos memoria; lo que se hereda no se roba
Veronika Engler
El fiscal en lo Penal Gustavo Zubía es hijo del General Eduardo Zubia y sobrino del General Rodolfo Zubia, jefes de la regiones militares 2 y 3 en la época de la dictadura.
Según la página de zona militar, los generales Esteban Cristi, Eduardo y Rodolfo Zubía, y Julio C. Vadora, de peso decisivo en el golpe de 1973, integraban una organización militar secreta, ultranacionalista, denominada "Tenientes de Artigas", cuyo objetivo era la defensa de la "civilización occidental y cristiana" y la "aniquilación del comunismo internacional".
Tengo guardadas cartas de mi abuela suplicándole a estos personajes que cesara la tortura a la que era sometido mi padre y que mejoraran las condiciones de reclusión, ya sabemos la piedad que tuvieron…
Estos siniestros personajes no han sido juzgados por los crímenes que cometieron, pero varias décadas después nos encontramos con este fiscal intentando tomar revancha con quienes piden Verdad y Justicia.
Este gobierno de ”izquierda” que reprime y castiga tiene hombres como este y como los ministros de la SCJ impartiendo, valga la redundancia, ”justicia”.
Recordemos también que Gustavo Zubía comenzó gestiones en la Intendencia, Policía y Poder Judicial para fiscalizar y penar a quienes tiran basura fuera de los contenedores, también se mostró de acuerdo con la medida de realizar un operativo para retirar a limpiavidrios, malabaristas y repartidores de volantes de las principales esquinas de la capital por considerar que "el ejercicio de la libertad no se puede realizar si no existen controles".
"Si no reprimimos determinadas conductas no podemos gozar de otras"
No se puede negar que le gusta la línea dura, siempre y cuando no se trate de juzgar y encarcelar a los suyos. Cuando era fiscal de adolescentes, reclamó recambios “urgentes” en el Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) para aumentar las penas, alegando que el actual Código de Penas para los adolescentes es benévolo y piadoso.
En una entrevista realizada por el Semanario Voces publicado el 15/09/2012 dijo: ”Cuando a mi hijo le encajé alguna vez de chiquito algún soplamocos, no era por la calentura del momento… es que el chiquilín no te puede hacer determinadas cosas. Tiene que aprender y el más chiquito también tiene que mirar también. Papá es loco, pero dentro de determinados parámetros está largando mensajes”.
Se ve que Zubía no estaba enterado de que ciento noventa y dos gobiernos, incluyendo los de esta región, aceptaron la obligación de adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales adecuadas
para proteger a los niños y niñas de toda forma de violencia (artículo 19 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño).
El Comité de los Derechos del Niño, que vigila la implementación de esta Convención, ha recomendado a los gobiernos de toda la región y del mundo que deben, sistemáticamente: Prohibir toda forma de violencia, incluyendo todo castigo corporal por ligero que fuese, en la crianza de los niños en su hogar, la escuela, las instituciones de cuidado, el sistema penal y en todo en otros ámbitos.
También declaró: ”Por algo será, porque en este momento yo abogo por el palo, en la medida en que lo otro, se está abogando solo. Hay una política de gobierno que aboga por lo otro. Si mañana cambia el gobierno y se aboga solo por el palo, me vas a ver a mí equilibrando por el otro lado. Hay que equilibrar, si la pelota se te va para un lado… tiráte para el otro”.
Se ve que no se cruzó con Bonomi, que está dando palos a lo loco desde la supuesta ”izquierda”. Seguramente aprendió de su tío y de su padre que palo es picana y submarino, otra cosa no le sirve.
Ahora pide el procesamiento de siete de las tantas personas que estaban ese día apoyando a la Jueza Mariana Mota, como las cachetadas que le dio al hijo para escarmentarlo tienen seguramente la finalidad de que los demás miren y se asusten.
Que a nadie se le ocurra reclamar por los atroces crímenes cometidos por su progenitor y tío, crímenes por los que aún no han sido juzgados, crímenes por los que no han pagado
Habrá que hacer denuncias a nivel internacional, que se sepa cómo están vapuleando los DDHH en el país, pero nunca agachar la cabeza frente a este tipo de escarmientos.
Por Verdad y Justicia
Veronika Engler
17/09/2013
Piden procesamiento de Jorge Zabalza, Irma Leites y otras cinco personas
18.09.2013
MONTEVIDEO (Uypress) - El fiscal Gustavo Zubía pidió este martes el procesamiento de Jorge Zabalza, Irma Leites y otras cinco personas que participaron de la concentración en la Suprema Corte de Justicia el 15 de febrero cuando decidieron acompañar a la jueza Mariana Mota que firmaba su traslado de la justicia penal a la civil.
Además del exmilitante tupamaro Zabalza y de la integrante de Plenaria Memoria y Justicia, Leites, se pidió el procesamiento con prision por el delito de 'atentado con agravantes', para el exfutbolista Diego Jaume y la militante Patricia Borda.
También se pidió el procesamiento sin prisión del dirigente de Adeom, Aníbal Varela, y el padre y hermano de Jaume, Álvaro y Eduardo, detalló este miércoles El Observador.
Hagamos memoria; lo que se hereda no se roba
Veronika Engler
El fiscal en lo Penal Gustavo Zubía es hijo del General Eduardo Zubia y sobrino del General Rodolfo Zubia, jefes de la regiones militares 2 y 3 en la época de la dictadura.
Según la página de zona militar, los generales Esteban Cristi, Eduardo y Rodolfo Zubía, y Julio C. Vadora, de peso decisivo en el golpe de 1973, integraban una organización militar secreta, ultranacionalista, denominada "Tenientes de Artigas", cuyo objetivo era la defensa de la "civilización occidental y cristiana" y la "aniquilación del comunismo internacional".
Tengo guardadas cartas de mi abuela suplicándole a estos personajes que cesara la tortura a la que era sometido mi padre y que mejoraran las condiciones de reclusión, ya sabemos la piedad que tuvieron…
Estos siniestros personajes no han sido juzgados por los crímenes que cometieron, pero varias décadas después nos encontramos con este fiscal intentando tomar revancha con quienes piden Verdad y Justicia.
Este gobierno de ”izquierda” que reprime y castiga tiene hombres como este y como los ministros de la SCJ impartiendo, valga la redundancia, ”justicia”.
Recordemos también que Gustavo Zubía comenzó gestiones en la Intendencia, Policía y Poder Judicial para fiscalizar y penar a quienes tiran basura fuera de los contenedores, también se mostró de acuerdo con la medida de realizar un operativo para retirar a limpiavidrios, malabaristas y repartidores de volantes de las principales esquinas de la capital por considerar que "el ejercicio de la libertad no se puede realizar si no existen controles".
"Si no reprimimos determinadas conductas no podemos gozar de otras"
No se puede negar que le gusta la línea dura, siempre y cuando no se trate de juzgar y encarcelar a los suyos. Cuando era fiscal de adolescentes, reclamó recambios “urgentes” en el Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) para aumentar las penas, alegando que el actual Código de Penas para los adolescentes es benévolo y piadoso.
En una entrevista realizada por el Semanario Voces publicado el 15/09/2012 dijo: ”Cuando a mi hijo le encajé alguna vez de chiquito algún soplamocos, no era por la calentura del momento… es que el chiquilín no te puede hacer determinadas cosas. Tiene que aprender y el más chiquito también tiene que mirar también. Papá es loco, pero dentro de determinados parámetros está largando mensajes”.
Se ve que Zubía no estaba enterado de que ciento noventa y dos gobiernos, incluyendo los de esta región, aceptaron la obligación de adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales adecuadas
para proteger a los niños y niñas de toda forma de violencia (artículo 19 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño).
El Comité de los Derechos del Niño, que vigila la implementación de esta Convención, ha recomendado a los gobiernos de toda la región y del mundo que deben, sistemáticamente: Prohibir toda forma de violencia, incluyendo todo castigo corporal por ligero que fuese, en la crianza de los niños en su hogar, la escuela, las instituciones de cuidado, el sistema penal y en todo en otros ámbitos.
También declaró: ”Por algo será, porque en este momento yo abogo por el palo, en la medida en que lo otro, se está abogando solo. Hay una política de gobierno que aboga por lo otro. Si mañana cambia el gobierno y se aboga solo por el palo, me vas a ver a mí equilibrando por el otro lado. Hay que equilibrar, si la pelota se te va para un lado… tiráte para el otro”.
Se ve que no se cruzó con Bonomi, que está dando palos a lo loco desde la supuesta ”izquierda”. Seguramente aprendió de su tío y de su padre que palo es picana y submarino, otra cosa no le sirve.
Ahora pide el procesamiento de siete de las tantas personas que estaban ese día apoyando a la Jueza Mariana Mota, como las cachetadas que le dio al hijo para escarmentarlo tienen seguramente la finalidad de que los demás miren y se asusten.
Que a nadie se le ocurra reclamar por los atroces crímenes cometidos por su progenitor y tío, crímenes por los que aún no han sido juzgados, crímenes por los que no han pagado
Habrá que hacer denuncias a nivel internacional, que se sepa cómo están vapuleando los DDHH en el país, pero nunca agachar la cabeza frente a este tipo de escarmientos.
Por Verdad y Justicia
Veronika Engler
17/09/2013
18 sept 2013
Uruguay : Ley de medios, debate ideológico
Ley de medios, debate ideológico
Oscar A. Bottinelli
El Observador -
La discusión de la ley de medios no es una discusión técnica [...]sino que en esencia es un debate ideológico, al que se añade un juego de intereses políticos y económicos. [...] la ley de medios regula aspectos hasta ahora poco regulados por ley y más bien regulados por decreto y por actos administrativos [...] Y avanza en algunos aspectos regulatorios [...] Sin duda el aspecto más polémico está en el campo económico y empresarial
La discusión de la ley de medios no es una discusión técnica, ni sobre la eficacia o ineficacia de los medios de comunicación, sino que en esencia es un debate ideológico, al que se añade un juego de intereses políticos y económicos. La ley regula una parte de los medios de comunicación, los servicios de comunicación audiovisual (con la excepción de la emisión por internet); en buen romance, regula la radio, la televisión abierta y las señales de origen nacional de la televisión codificada. A diferencia del decreto que reguló la adjudicación de servicios de televisión codificada, que fue emitido antes de las adjudicaciones, esta ley se debate cuando hay claros intereses empresarios operantes de larga data en la televisión abierta, la televisión codificada y la radio, en este último caso con una fenomenal dispersión de empresas que superan el centenar, y cuando por otro lado hay aspirantes a ingresar a ese mercado cerrado de comunicación audiovisual (especialmente cerrado en televisión abierta y codificada, cerrado pero con gran oferta en materia de radio).
Conviene señalar que la discusión sobre la comunicación social se realiza en el último medio siglo en la superposición de dos ejes o la contraposición entre dos derechos: el del emisor y el del receptor. Por un lado la visión de la comunicación como un juego de libertad de empresa o libertad de emisión, donde el eje central, el bien jurídico tutelado, es el emisor de la comunicación. Y por otro lado la visión de la comunicación como un derecho de los receptores, en que el bien jurídico tutelado es el consumidor de la información. Sin duda es un debate político e ideológico el si poner el énfasis en el derecho a la libertad de emisión (visto desde el ángulo de las ideas) o la libertad de empresa (visto desde el ángulo económico), o en cambio poner el énfasis en el derecho de cada individuo a la información; o cuanto de cada cosa debe haber en la combinación de derechos.
Donde no hay discusión es en la regulación de las frecuencias abiertas: no hay prácticamente ningún país en que sea libre el uso de las frecuencias (es decir, que a gusto y paladar una empresa o institución tome una frecuencia y la utilice, con la misma libertad empresarial con que se puede instalar un quiosco o una tienda), sino que lo que rige en forma casi absoluta es la regulación en la adjudicación.
Otra discusión, interrelacionada con las dos anteriores, tiene que ver con el modelo de adjudicación de frecuencias. En principio es posible clasificar los diferentes sistemas existentes en el mundo occidental en tres grandes modelos. Un primer modelo, privatista, es el norteamericano (y el uruguayo) en que la radio y la televisión están esencialmente en manos de empresas privadas, con la complementación (no necesariamente) de frecuencias estatales (oficiales o, en la terminología norteamericana, “públicas”) que en general son de baja audiencia y están dirigidas a élites culturales. Un segundo modelo, en el otro extremo, estatista, es el anteriormente dominante en la Europa Occidental en que las frecuencias son todas estatales (especialmente en materia de TV, no necesariamente de radio). Y un tercer modelo, mixto, el dominante actualmente en Europa Occidental, que combina una proporción importante de señales es estatal (la intención es que cubra la alrededor de la mitad del mercado) y otra importante proporción es privada. A su vez, hay diversos modelos de financiamiento de la televisión estatal, a veces combinados y otros de manera exclusiva: recursos centrales del Estado (“rentas generales” en la terminología uruguaya), impuestos específicos a los tenedores de receptores de televisión o radio (llamados generalmente “canon”), publicidad comercial; y en el caso de las señales codificadas, pago por uso.
Si se utiliza la clasificación dominante en las ciencias sociales europeas sobre el eje derecha-izquierda desde el punto de vista económico (en que derecha es libertad económica e izquierda regulación o control estatal), cabe clasificar como de derecha el modelo privatista o norteamericano, de izquierda el modelo estatista o europeo antiguo, y como de centro (por equidistancia de los dos modelos extremos) el mixto o europeo actual. En este sentido, en cuanto a los modelos de emisores, el modelo uruguayo actual cabe clasificarlo como de derecha y -he aquí la sorpresa- el modelo en discusión como de centro derecha, pues no avanza lo suficiente en potenciar una televisión estatal para clasificarlo de mixto y por ende de centro. La ley de medios abre el camino a emisores “comunitarios”, es decir, entidades sin fines de lucro (para lo cual se ha presentado de un lado el movimiento sindical y del otro las grandes cámaras empresariales).
Hay varios elementos que denotan que la intención del oficialismo (tanto en la ley como en el decreto de regulación de frecuencias) es quedarse en un modelo esencialmente privatista, del tipo norteamericano: no existencia de fuerte financiamiento estatal ni para las señales estatales ni para las comunitarias, no proposición de la implantación de ningún canon a los consumidores con destino a las señales oficiales o comunitarias, no proyección de masivas inversiones para las señales estatales, tímido aumento de las señales estatales. En esencia, el modelo tiende a que el grueso de la emisión siga el modelo privado empresarial.
Más bien la ley de medios regula aspectos hasta ahora poco regulados por ley y más bien regulados por decreto y por actos administrativos, como lo es la adjudicación de frecuencias. Y avanza en algunos aspectos regulatorios como los topes de publicidad (ya existentes) y los horarios de protección al menor (también existente). Sin duda el aspecto más polémico está en el campo económico y empresarial, en cuanto afecta los intereses de los actuales emisores. Aunque llama la atención la dureza de la polémica instalada en torno a una ley que dista mucho de ir a los estándares europeos actuales. En materia electoral (tema para otro análisis), la ley nada dice de aspectos regulados en Europa como la igualdad de oportunidades de los actores políticos (la par conditio), la difusión de encuestas político-electorales o la publicidad electoral paga; en cambio, sí avanza en el otorgamiento de publicidad electoral gratuita.
Oscar A. Bottinelli
El Observador -
La discusión de la ley de medios no es una discusión técnica [...]sino que en esencia es un debate ideológico, al que se añade un juego de intereses políticos y económicos. [...] la ley de medios regula aspectos hasta ahora poco regulados por ley y más bien regulados por decreto y por actos administrativos [...] Y avanza en algunos aspectos regulatorios [...] Sin duda el aspecto más polémico está en el campo económico y empresarial
La discusión de la ley de medios no es una discusión técnica, ni sobre la eficacia o ineficacia de los medios de comunicación, sino que en esencia es un debate ideológico, al que se añade un juego de intereses políticos y económicos. La ley regula una parte de los medios de comunicación, los servicios de comunicación audiovisual (con la excepción de la emisión por internet); en buen romance, regula la radio, la televisión abierta y las señales de origen nacional de la televisión codificada. A diferencia del decreto que reguló la adjudicación de servicios de televisión codificada, que fue emitido antes de las adjudicaciones, esta ley se debate cuando hay claros intereses empresarios operantes de larga data en la televisión abierta, la televisión codificada y la radio, en este último caso con una fenomenal dispersión de empresas que superan el centenar, y cuando por otro lado hay aspirantes a ingresar a ese mercado cerrado de comunicación audiovisual (especialmente cerrado en televisión abierta y codificada, cerrado pero con gran oferta en materia de radio).
Conviene señalar que la discusión sobre la comunicación social se realiza en el último medio siglo en la superposición de dos ejes o la contraposición entre dos derechos: el del emisor y el del receptor. Por un lado la visión de la comunicación como un juego de libertad de empresa o libertad de emisión, donde el eje central, el bien jurídico tutelado, es el emisor de la comunicación. Y por otro lado la visión de la comunicación como un derecho de los receptores, en que el bien jurídico tutelado es el consumidor de la información. Sin duda es un debate político e ideológico el si poner el énfasis en el derecho a la libertad de emisión (visto desde el ángulo de las ideas) o la libertad de empresa (visto desde el ángulo económico), o en cambio poner el énfasis en el derecho de cada individuo a la información; o cuanto de cada cosa debe haber en la combinación de derechos.
Donde no hay discusión es en la regulación de las frecuencias abiertas: no hay prácticamente ningún país en que sea libre el uso de las frecuencias (es decir, que a gusto y paladar una empresa o institución tome una frecuencia y la utilice, con la misma libertad empresarial con que se puede instalar un quiosco o una tienda), sino que lo que rige en forma casi absoluta es la regulación en la adjudicación.
Otra discusión, interrelacionada con las dos anteriores, tiene que ver con el modelo de adjudicación de frecuencias. En principio es posible clasificar los diferentes sistemas existentes en el mundo occidental en tres grandes modelos. Un primer modelo, privatista, es el norteamericano (y el uruguayo) en que la radio y la televisión están esencialmente en manos de empresas privadas, con la complementación (no necesariamente) de frecuencias estatales (oficiales o, en la terminología norteamericana, “públicas”) que en general son de baja audiencia y están dirigidas a élites culturales. Un segundo modelo, en el otro extremo, estatista, es el anteriormente dominante en la Europa Occidental en que las frecuencias son todas estatales (especialmente en materia de TV, no necesariamente de radio). Y un tercer modelo, mixto, el dominante actualmente en Europa Occidental, que combina una proporción importante de señales es estatal (la intención es que cubra la alrededor de la mitad del mercado) y otra importante proporción es privada. A su vez, hay diversos modelos de financiamiento de la televisión estatal, a veces combinados y otros de manera exclusiva: recursos centrales del Estado (“rentas generales” en la terminología uruguaya), impuestos específicos a los tenedores de receptores de televisión o radio (llamados generalmente “canon”), publicidad comercial; y en el caso de las señales codificadas, pago por uso.
Si se utiliza la clasificación dominante en las ciencias sociales europeas sobre el eje derecha-izquierda desde el punto de vista económico (en que derecha es libertad económica e izquierda regulación o control estatal), cabe clasificar como de derecha el modelo privatista o norteamericano, de izquierda el modelo estatista o europeo antiguo, y como de centro (por equidistancia de los dos modelos extremos) el mixto o europeo actual. En este sentido, en cuanto a los modelos de emisores, el modelo uruguayo actual cabe clasificarlo como de derecha y -he aquí la sorpresa- el modelo en discusión como de centro derecha, pues no avanza lo suficiente en potenciar una televisión estatal para clasificarlo de mixto y por ende de centro. La ley de medios abre el camino a emisores “comunitarios”, es decir, entidades sin fines de lucro (para lo cual se ha presentado de un lado el movimiento sindical y del otro las grandes cámaras empresariales).
Hay varios elementos que denotan que la intención del oficialismo (tanto en la ley como en el decreto de regulación de frecuencias) es quedarse en un modelo esencialmente privatista, del tipo norteamericano: no existencia de fuerte financiamiento estatal ni para las señales estatales ni para las comunitarias, no proposición de la implantación de ningún canon a los consumidores con destino a las señales oficiales o comunitarias, no proyección de masivas inversiones para las señales estatales, tímido aumento de las señales estatales. En esencia, el modelo tiende a que el grueso de la emisión siga el modelo privado empresarial.
Más bien la ley de medios regula aspectos hasta ahora poco regulados por ley y más bien regulados por decreto y por actos administrativos, como lo es la adjudicación de frecuencias. Y avanza en algunos aspectos regulatorios como los topes de publicidad (ya existentes) y los horarios de protección al menor (también existente). Sin duda el aspecto más polémico está en el campo económico y empresarial, en cuanto afecta los intereses de los actuales emisores. Aunque llama la atención la dureza de la polémica instalada en torno a una ley que dista mucho de ir a los estándares europeos actuales. En materia electoral (tema para otro análisis), la ley nada dice de aspectos regulados en Europa como la igualdad de oportunidades de los actores políticos (la par conditio), la difusión de encuestas político-electorales o la publicidad electoral paga; en cambio, sí avanza en el otorgamiento de publicidad electoral gratuita.
17 sept 2013
Comisión congresal de Perú aprueba convenio que otorga a Bolivia salida al mar
Comisión congresal de Perú aprueba convenio que otorga a Bolivia salida al mar
11 septiembre, 2013 Perú
Después de dormir por tres años, la norma que da salida al mar a Bolivia al fin fue aprobada ayer, por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, mediante un Convenio Marítimo con Bolivia, llamado “Boliviamar”, que propone una salida al Océano Pacífico a través del puerto de Ilo.
Aunque es criticable el sentido de oportunidad1 en que el Parlamento da luz verde a esta norma, esta aprobación se da luego de casi tres años de idas y venidas.
El titular de este grupo de trabajo, Martín Belaunde Moreyra, aseguró que no existe “ni un centímetro, ni un ápice, ni una pulgada” de cesión de territorio2 a Bolivia, línea en la que apuntaban los críticos a este acuerdo.
“Lo que se ha acordado es que no se construirá ninguna Escuela Naval en Ilo sino una Escuela de Marina Mercante Peruana, bajo jurisdicción peruana, con profesores e instructores peruanos, y bajo la supervisión y fiscalización de la Marina de Guerra del Perú”, dijo.
La norma debe obtener el visto bueno del Pleno, señala además que en todo momento el tratamiento de los buques de guerra de la Armada Boliviana o de los buques o barcos mercantes de Bolivia, en cuanto se acoderen en el puerto de Ilo, estarán totalmente sometidos a la legislación y jurisdicción peruana3.
Belaunde indicó que, a cambio, Bolivia nos permitirá acceder al Puerto Suárez de la Cuenca Pilcomayo y Paraná, que está en la Cuenca del Río de la Plata, lo que nos permitiría una salida al Océano Atlántico.
La propuesta fue aprobada en sesión reservada, con la asistencia de la canciller, Eda Rivas, quien expuso las implicancias políticas y económicas de este convenio.
Mediante el Protocolo Complementario y Ampliatorio de los Convenios de Ilo, el Perú cedió en 1992 una franja costera de 160 kilómetros sin soberanía a Bolivia para que pueda tener un acceso al Pacífico y realizar actividades industriales, comerciales y turísticas.
Saluda aprobación
El excanciller José Antonio García Belaunde, bajo cuya gestión fue planteado “Boliviamar”, saludó la aprobación del referido acuerdo por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, que con ello da luz verde para su debate en el Pleno.
“Creo que es muy importante [la decisión de la comisión]. Me alegro mucho de que finalmente esta iniciativa que dimos para retomar la buena relación con Bolivia tome curso legal”, dijo a Expreso sobre este avance en la materialización del convenio suscrito en el año 2010.
García Belaunde, quien afirmó que el acuerdo será muy importante para las relaciones de Perú y Bolivia, descartó que el paso dado en el Congreso resulte inconveniente estando ad portas de la emisión, por parte de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, del fallo para el diferendo marítimo con Chile.
Boliviamar permite a Bolivia:
—Acceso permanente al Océano Pacífico y un punto de atraque en el Puerto de Ilo.
—La ampliación de la zona franca industrial a una zona económica especial, denominada ZOFIE, por 99 años.
—La Zona Franca Industrial y Económica Especial (ZOFIE) que gozará de excepciones, un régimen especial en materia aduanera, tributaria y el régimen laboral y de seguridad social.
—Una Zona Franca Turística (ZFT) por 99 años donde las operaciones que se realicen en dicha zona estarán exoneradas del impuesto a la renta, impuesto general a las ventas, impuesto selectivo al consumo y del impuesto de promoción municipal.
—El derecho de propiedad de las personas naturales y/o jurídicas inversionistas bolivianas que operen en la ZFT
Cronología
1964
El presidente boliviano Víctor Paz Estenssoro cortó relaciones diplomáticas con Chile, ante su negativa de negociar una salida boliviana al mar.
1973-1975
Los generales Augusto Pinochet y Hugo Banzer restablecieron las relaciones diplomáticas e intentaron zanjar disputas territoriales. Las negociaciones secretas se iniciaron en 1973 y en 1975 las relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia fueron establecidas. Ese año, Pinochet y Banzer se reunieron en el pueblo fronterizo boliviano de Charaña. Pinochet acordó dar a Bolivia una pequeña franja de tierra entre la ciudad chilena de Arica y la frontera con Perú. Sin embargo, el Tratado de Lima entre Perú y Chile especificaba que Chile debía consultar a Perú antes de conceder cualquier tierra a un tercero en el área de Tarapacá.
1977
El presidente peruano, general Francisco Morales Bermúdez, no estuvo de acuerdo con la oferta de Charaña y en cambio redactó su propia oferta, en la cual las tres naciones compartirían la administración del puerto de Arica y el mar inmediatamente delante de él4.
1978
Pinochet rechazó este acuerdo, y Banzer rompió lazos con Chile otra vez. El fracaso de los acuerdos de Charaña fue uno de los motivos de la caída de Banzer ese mismo año.
24-01-1992
Los expresidentes de Perú, Alberto Fujimori, y de Bolivia, Jaime Paz Zamora, estrechan lazos de amistad en Ilo con la firma del convenio Boliviamar. Paz Zamora y Fujimori, quienes acudieron a Ilo, se mojaron los pies en el mar como señal de compromiso conjunto en torno al pacto.
Con el convenio, Perú cede a Bolivia una franja costera de 5 km en una playa ubicada a 17 km de Ilo, entre los departamentos sureños de Tacna y Moquegua. El mismo tenía una vigencia de 99 años renovables.
Ambos gobiernos acordaron que en el lugar serían construidos centros hoteleros y de recreación, lo que hasta el momento no ha sido concretado. Además, Perú concedió una extensión territorial de 163,5 hectáreas dentro de la Zona Franca Industrial de Ilo. Ello inicialmente por un plazo de 50 años renovables.
2006
Evo Morales y Michelle Bachelet establecen una agenda de 13 puntos en donde se aborda el tema marítimo. Significaría un avance significativo y que consolidaría los esfuerzos diplomáticos de ambos países por mantener un diálogo.
19-10-2010
Bolivia y Perú pusieron fin a años de roces políticos entre sus presidentes Evo Morales y Alan García, con la firma de un acuerdo que permitirá al país altiplánico tener acceso a Pacífico para sus vitales exportaciones, un acercamiento calificado de histórico.
Morales y García sellaron el pacto en el puerto de Ilo, que amplía un convenio suscrito en 1992 y por el cual Perú cedió a la mediterránea Bolivia una zona franca para un proyecto llamado “Boliviamar”.
Con el relanzamiento del pacto se renueva y amplía por 99 años la zona franca industrial concedida en 1992.
El nuevo pacto prevé la posibilidad de ampliación de la capacidad operativa del puerto para el atraque de buques de gran calado.
El nuevo convenio también contempla una cooperación entre las Marinas de Guerra de Perú y Bolivia, bajo la cual será establecida en Perú un anexo de la escuela naval de Bolivia y se autoriza a que buques de la Armada boliviana naveguen en Ilo con fines de cooperación e instrucción.
En el dictamen aprobado ayer por el Congreso este último punto fue descartado.
Con información de Expreso, Lima 10-09-2013
_______________
1 Esta norma fue postergada por intereses prochilenos en tono con “¡No se vayan a enojar los chilenos!” Ocurre cuando falta poco para la emisión del fallo de La Haya, por lo cual es destacable la decisión de la comisión cuando Bolivia ha presentado una demanda contra Chile porque este país le robó su litoral. ¡Qué barbaridad! [Nota de Con nuestro Perú.]
2 Pero a Chile sí se ha cedido las cuatro hectáreas de Tacna y los 36 000 km2 de mar, sin efectuar siquiera una protesta formal ante organismos internacionales; y así Chile usurpa nuestro territorio con consentimiento de la fuerza armada peruana, del Poder Ejecutivo y del Congreso peruano. [Nota de Con nuestro Perú.]
3 El Congreso y el poder ejecutivo peruanos acatan la jurisdicción chilena en las cuatro hectáreas de Tacna y los 36 000 km2 de mar que Chile usurpa. Por eso ningún militar o civil peruano transita por esa zona peruana bajo consentida ocupación militar chilena. [Nota de Con nuestro Perú.]
4 Chile no aceptó porque ya planeaba el robo de las cuatro hectáreas de Tacna y su mar. Leer Burla: Chile vuelve a ofrecer salida al mar a Bolivia por zona en litigio con el Perú. [Nota de Con nuestro Perú.]
http://www.connuestroperu.com/actualidad/19-actualidad/38793-al-fin-congreso-da-salida-al-mar-a-bolivia
11 septiembre, 2013 Perú
Después de dormir por tres años, la norma que da salida al mar a Bolivia al fin fue aprobada ayer, por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, mediante un Convenio Marítimo con Bolivia, llamado “Boliviamar”, que propone una salida al Océano Pacífico a través del puerto de Ilo.
Aunque es criticable el sentido de oportunidad1 en que el Parlamento da luz verde a esta norma, esta aprobación se da luego de casi tres años de idas y venidas.
El titular de este grupo de trabajo, Martín Belaunde Moreyra, aseguró que no existe “ni un centímetro, ni un ápice, ni una pulgada” de cesión de territorio2 a Bolivia, línea en la que apuntaban los críticos a este acuerdo.
“Lo que se ha acordado es que no se construirá ninguna Escuela Naval en Ilo sino una Escuela de Marina Mercante Peruana, bajo jurisdicción peruana, con profesores e instructores peruanos, y bajo la supervisión y fiscalización de la Marina de Guerra del Perú”, dijo.
La norma debe obtener el visto bueno del Pleno, señala además que en todo momento el tratamiento de los buques de guerra de la Armada Boliviana o de los buques o barcos mercantes de Bolivia, en cuanto se acoderen en el puerto de Ilo, estarán totalmente sometidos a la legislación y jurisdicción peruana3.
Belaunde indicó que, a cambio, Bolivia nos permitirá acceder al Puerto Suárez de la Cuenca Pilcomayo y Paraná, que está en la Cuenca del Río de la Plata, lo que nos permitiría una salida al Océano Atlántico.
La propuesta fue aprobada en sesión reservada, con la asistencia de la canciller, Eda Rivas, quien expuso las implicancias políticas y económicas de este convenio.
Mediante el Protocolo Complementario y Ampliatorio de los Convenios de Ilo, el Perú cedió en 1992 una franja costera de 160 kilómetros sin soberanía a Bolivia para que pueda tener un acceso al Pacífico y realizar actividades industriales, comerciales y turísticas.
Saluda aprobación
El excanciller José Antonio García Belaunde, bajo cuya gestión fue planteado “Boliviamar”, saludó la aprobación del referido acuerdo por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, que con ello da luz verde para su debate en el Pleno.
“Creo que es muy importante [la decisión de la comisión]. Me alegro mucho de que finalmente esta iniciativa que dimos para retomar la buena relación con Bolivia tome curso legal”, dijo a Expreso sobre este avance en la materialización del convenio suscrito en el año 2010.
García Belaunde, quien afirmó que el acuerdo será muy importante para las relaciones de Perú y Bolivia, descartó que el paso dado en el Congreso resulte inconveniente estando ad portas de la emisión, por parte de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, del fallo para el diferendo marítimo con Chile.
Boliviamar permite a Bolivia:
—Acceso permanente al Océano Pacífico y un punto de atraque en el Puerto de Ilo.
—La ampliación de la zona franca industrial a una zona económica especial, denominada ZOFIE, por 99 años.
—La Zona Franca Industrial y Económica Especial (ZOFIE) que gozará de excepciones, un régimen especial en materia aduanera, tributaria y el régimen laboral y de seguridad social.
—Una Zona Franca Turística (ZFT) por 99 años donde las operaciones que se realicen en dicha zona estarán exoneradas del impuesto a la renta, impuesto general a las ventas, impuesto selectivo al consumo y del impuesto de promoción municipal.
—El derecho de propiedad de las personas naturales y/o jurídicas inversionistas bolivianas que operen en la ZFT
Cronología
1964
El presidente boliviano Víctor Paz Estenssoro cortó relaciones diplomáticas con Chile, ante su negativa de negociar una salida boliviana al mar.
1973-1975
Los generales Augusto Pinochet y Hugo Banzer restablecieron las relaciones diplomáticas e intentaron zanjar disputas territoriales. Las negociaciones secretas se iniciaron en 1973 y en 1975 las relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia fueron establecidas. Ese año, Pinochet y Banzer se reunieron en el pueblo fronterizo boliviano de Charaña. Pinochet acordó dar a Bolivia una pequeña franja de tierra entre la ciudad chilena de Arica y la frontera con Perú. Sin embargo, el Tratado de Lima entre Perú y Chile especificaba que Chile debía consultar a Perú antes de conceder cualquier tierra a un tercero en el área de Tarapacá.
1977
El presidente peruano, general Francisco Morales Bermúdez, no estuvo de acuerdo con la oferta de Charaña y en cambio redactó su propia oferta, en la cual las tres naciones compartirían la administración del puerto de Arica y el mar inmediatamente delante de él4.
1978
Pinochet rechazó este acuerdo, y Banzer rompió lazos con Chile otra vez. El fracaso de los acuerdos de Charaña fue uno de los motivos de la caída de Banzer ese mismo año.
24-01-1992
Los expresidentes de Perú, Alberto Fujimori, y de Bolivia, Jaime Paz Zamora, estrechan lazos de amistad en Ilo con la firma del convenio Boliviamar. Paz Zamora y Fujimori, quienes acudieron a Ilo, se mojaron los pies en el mar como señal de compromiso conjunto en torno al pacto.
Con el convenio, Perú cede a Bolivia una franja costera de 5 km en una playa ubicada a 17 km de Ilo, entre los departamentos sureños de Tacna y Moquegua. El mismo tenía una vigencia de 99 años renovables.
Ambos gobiernos acordaron que en el lugar serían construidos centros hoteleros y de recreación, lo que hasta el momento no ha sido concretado. Además, Perú concedió una extensión territorial de 163,5 hectáreas dentro de la Zona Franca Industrial de Ilo. Ello inicialmente por un plazo de 50 años renovables.
2006
Evo Morales y Michelle Bachelet establecen una agenda de 13 puntos en donde se aborda el tema marítimo. Significaría un avance significativo y que consolidaría los esfuerzos diplomáticos de ambos países por mantener un diálogo.
19-10-2010
Bolivia y Perú pusieron fin a años de roces políticos entre sus presidentes Evo Morales y Alan García, con la firma de un acuerdo que permitirá al país altiplánico tener acceso a Pacífico para sus vitales exportaciones, un acercamiento calificado de histórico.
Morales y García sellaron el pacto en el puerto de Ilo, que amplía un convenio suscrito en 1992 y por el cual Perú cedió a la mediterránea Bolivia una zona franca para un proyecto llamado “Boliviamar”.
Con el relanzamiento del pacto se renueva y amplía por 99 años la zona franca industrial concedida en 1992.
El nuevo pacto prevé la posibilidad de ampliación de la capacidad operativa del puerto para el atraque de buques de gran calado.
El nuevo convenio también contempla una cooperación entre las Marinas de Guerra de Perú y Bolivia, bajo la cual será establecida en Perú un anexo de la escuela naval de Bolivia y se autoriza a que buques de la Armada boliviana naveguen en Ilo con fines de cooperación e instrucción.
En el dictamen aprobado ayer por el Congreso este último punto fue descartado.
Con información de Expreso, Lima 10-09-2013
_______________
1 Esta norma fue postergada por intereses prochilenos en tono con “¡No se vayan a enojar los chilenos!” Ocurre cuando falta poco para la emisión del fallo de La Haya, por lo cual es destacable la decisión de la comisión cuando Bolivia ha presentado una demanda contra Chile porque este país le robó su litoral. ¡Qué barbaridad! [Nota de Con nuestro Perú.]
2 Pero a Chile sí se ha cedido las cuatro hectáreas de Tacna y los 36 000 km2 de mar, sin efectuar siquiera una protesta formal ante organismos internacionales; y así Chile usurpa nuestro territorio con consentimiento de la fuerza armada peruana, del Poder Ejecutivo y del Congreso peruano. [Nota de Con nuestro Perú.]
3 El Congreso y el poder ejecutivo peruanos acatan la jurisdicción chilena en las cuatro hectáreas de Tacna y los 36 000 km2 de mar que Chile usurpa. Por eso ningún militar o civil peruano transita por esa zona peruana bajo consentida ocupación militar chilena. [Nota de Con nuestro Perú.]
4 Chile no aceptó porque ya planeaba el robo de las cuatro hectáreas de Tacna y su mar. Leer Burla: Chile vuelve a ofrecer salida al mar a Bolivia por zona en litigio con el Perú. [Nota de Con nuestro Perú.]
http://www.connuestroperu.com/actualidad/19-actualidad/38793-al-fin-congreso-da-salida-al-mar-a-bolivia
16 sept 2013
Panama:patio trasero de los desechos de guerra norteamericanos.
BETTY BRANNAN JAEN – PARÍS, Francia. –El diario francés Le Monde publicó el martes, a doble página, un mapa mostrando los países que tienen armas químicas o que las han utilizado. Me sorprendió ver que Panamá figura prominentemente en ese mapa.
Tuve que leer la letra menuda para encontrar la explicación: Panamá tiene armas químicas en su territorio, pero no por voluntad propia, sino porque “fueron abandonadas por un tercer país”. Le Monde no dio el nombre de ese tercer país, pero los panameños sabemos cuál es. Por ello insistimos en que ese país tiene el deber absoluto de retirar de nuestro territorio esas armas químicas que hoy encuentra tan repugnantes. Su credibilidad moral y diplomática lo requiere.
Estamos hablando de miles de bombas venenosas que Estados Unidos dejó en nuestra tierras y mares. El Ejército estadounidense ha admitido que 64 millones de libras de gases venenosos –junto a 400 mil bombas químicas y 500 toneladas de basura radiactiva– fueron secretamente tirados a los océanos de su propio territorio y de varios países extranjeros, incluyendo Panamá, al concluir la Segunda Guerra Mundial.
En isla San José, se estima que Estados Unidos dejó unas tres mil bombas de gas mostaza y fosgeno, sea botadas al mar o enterradas en la jungla, donde incluso hay bombas a plena vista en la superficie. También hizo 31 mil experimentos con gas mostaza y fosgeno en la isla, usando a soldados puertorriqueños como conejillos de Indias, lo que fue una tortura para ellos, aunque no fueron obligados a respirar los gases porque eso hubiera sido mortal. (Explico: gas mostaza crea ampollas en la piel y, si se ha respirado el gas, en los pulmones. Fosgeno es un “gas asfixiante” que destruye los tejidos de los pulmones; la víctima muere ahogada en su propia sangre).
No se sabe la medida en que estas sustancias pueden haberse disipado con el pasar de los años o estén todavía activas; hay razones para sospechar que las que están enterradas se encuentran intactas y las que están en el mar podrían encontrarse en contenedores corroídos por el contacto prolongado con agua salada. En 2005, cuando el diario estadounidense Daily Press publicó una investigación, un experto opinó que el peligro aumenta con el pasar del tiempo en vez de disminuir.
En 2003, Washington hizo una oferta que la embajadora estadounidense a la época, Linda Watt, calificó de “muy generosa”. Washington ofreció apoyo financiero y adiestramiento para que Panamá hiciera su propio saneamiento de la isla San José, pero exigiendo que Panamá eximiera a Estados Unidos de toda responsabilidad. Se exigía que Panamá reconociera que “Estados Unidos no tiene obligación, responsabilidad o deuda alguna con respecto a las municiones que han sido descubiertas en isla San José o que puedan ser descubiertas en el futuro”.
Desde el momento de firmarse el acuerdo, según lo propuesto por Estados Unidos, “proceder contra el Gobierno de Panamá será el remedio exclusivo por cualquier acto u omisión” con respecto a la remoción de municiones de la isla. Además, la propuesta estipulaba que “el Gobierno de Panamá asume responsabilidad y defenderá, indemnizará y librará de responsabilidad a Estados Unidos de América… por todo y cualquier reclamo, proceso o fallo que pueda resultar de manera alguna, de manera integral o parcial, de cualquier acto u omisión de Estados Unidos de América… [que] de alguna manera se relacione con la presencia, retirada, destrucción, traslado o remoción de cualquier arma, municiones o explosivos en isla San José, o con cualquier sustancia relacionada a tales armas, municiones o explosivos, incluyendo pero no limitando a desechos tóxicos o peligrosos”.
El gobierno de Moscoso rechazó la oferta, acto que Watt tildó de “grave error”. De nada sirvió que Colin Powell, entonces secretario de Estado, había asegurado que Washington trataría de “hacer lo correcto” con respecto a las armas químicas en isla San José. Todavía lo estamos esperando.
www.prensa.com
Tuve que leer la letra menuda para encontrar la explicación: Panamá tiene armas químicas en su territorio, pero no por voluntad propia, sino porque “fueron abandonadas por un tercer país”. Le Monde no dio el nombre de ese tercer país, pero los panameños sabemos cuál es. Por ello insistimos en que ese país tiene el deber absoluto de retirar de nuestro territorio esas armas químicas que hoy encuentra tan repugnantes. Su credibilidad moral y diplomática lo requiere.
Estamos hablando de miles de bombas venenosas que Estados Unidos dejó en nuestra tierras y mares. El Ejército estadounidense ha admitido que 64 millones de libras de gases venenosos –junto a 400 mil bombas químicas y 500 toneladas de basura radiactiva– fueron secretamente tirados a los océanos de su propio territorio y de varios países extranjeros, incluyendo Panamá, al concluir la Segunda Guerra Mundial.
En isla San José, se estima que Estados Unidos dejó unas tres mil bombas de gas mostaza y fosgeno, sea botadas al mar o enterradas en la jungla, donde incluso hay bombas a plena vista en la superficie. También hizo 31 mil experimentos con gas mostaza y fosgeno en la isla, usando a soldados puertorriqueños como conejillos de Indias, lo que fue una tortura para ellos, aunque no fueron obligados a respirar los gases porque eso hubiera sido mortal. (Explico: gas mostaza crea ampollas en la piel y, si se ha respirado el gas, en los pulmones. Fosgeno es un “gas asfixiante” que destruye los tejidos de los pulmones; la víctima muere ahogada en su propia sangre).
No se sabe la medida en que estas sustancias pueden haberse disipado con el pasar de los años o estén todavía activas; hay razones para sospechar que las que están enterradas se encuentran intactas y las que están en el mar podrían encontrarse en contenedores corroídos por el contacto prolongado con agua salada. En 2005, cuando el diario estadounidense Daily Press publicó una investigación, un experto opinó que el peligro aumenta con el pasar del tiempo en vez de disminuir.
En 2003, Washington hizo una oferta que la embajadora estadounidense a la época, Linda Watt, calificó de “muy generosa”. Washington ofreció apoyo financiero y adiestramiento para que Panamá hiciera su propio saneamiento de la isla San José, pero exigiendo que Panamá eximiera a Estados Unidos de toda responsabilidad. Se exigía que Panamá reconociera que “Estados Unidos no tiene obligación, responsabilidad o deuda alguna con respecto a las municiones que han sido descubiertas en isla San José o que puedan ser descubiertas en el futuro”.
Desde el momento de firmarse el acuerdo, según lo propuesto por Estados Unidos, “proceder contra el Gobierno de Panamá será el remedio exclusivo por cualquier acto u omisión” con respecto a la remoción de municiones de la isla. Además, la propuesta estipulaba que “el Gobierno de Panamá asume responsabilidad y defenderá, indemnizará y librará de responsabilidad a Estados Unidos de América… por todo y cualquier reclamo, proceso o fallo que pueda resultar de manera alguna, de manera integral o parcial, de cualquier acto u omisión de Estados Unidos de América… [que] de alguna manera se relacione con la presencia, retirada, destrucción, traslado o remoción de cualquier arma, municiones o explosivos en isla San José, o con cualquier sustancia relacionada a tales armas, municiones o explosivos, incluyendo pero no limitando a desechos tóxicos o peligrosos”.
El gobierno de Moscoso rechazó la oferta, acto que Watt tildó de “grave error”. De nada sirvió que Colin Powell, entonces secretario de Estado, había asegurado que Washington trataría de “hacer lo correcto” con respecto a las armas químicas en isla San José. Todavía lo estamos esperando.
www.prensa.com
15 sept 2013
Los grandes bancos que provocaron la crisis siguen en la impunidad
Los grandes bancos que provocaron la crisis siguen en la impunidad
14 septiembre 2013
Hace cinco años de la bancarrota del gigante financiero Lehman Brothers, y aún persiste el debate sobre cuánto deben costarles las decisiones fallidas a los presidentes de los grandes bancos. La posibilidad de sanciones legales para altos cargos del sector se mantiene como una amenaza lejana.
Incluso aunque las leyes han evolucionado – en Reino Unido, el gobierno quiere penalizar la imprudencia bancaria – una repetición de la crisis financiera y el caso colapso mundial de 2008 no llevaría aún hoy necesariamente a demasiadas imputaciones, según algunos abogados.
El problema radica en la dificultad de culpar a una persona por la toma de riesgos y decisiones en toda la cadena de mano de una entidad, lo que se convierte en uno de los mayores obstáculos para iniciar un proceso.
“Se trata de las confusas líneas que separan la responsabilidad y el asumir las consecuencias”, dijo Judith Seddon, directora del departamento de regulación y delitos bancarios en el bufete de abogados Clifford Chance’s de Londres.
“Cuando se persigue a una sola persona, si ha delegado responsabilidades (…) Es mucho más difícil hacerlo en una gran organización”, añadió.
Los reguladores en todo el mundo aumentaron su escrutinio a los bancos y actuaron contra los delitos financieros ante la ira de sus ciudadanos por los costosos rescates públicos y sus consecuente escándalos. Pero todo ello apenas ha resultado en unos pocos intentos de presentar cargos contra aquellos que se encuentran en lo más alto del escalafón bancario.
En Estados Unidos, sede de Lehman Brothers, ningún alto cargo en todo Wall Street o la banca comercial ha sido condenado en relación a la crisis bancaria de 2008.
En territorio europeo, la implosión del sector financiero de Islandia hace cinco años ha finalizado con algunas de las sentencias más importantes, incluida la del expresidente de la entidad bancaria Glitnir, que fue condenado a prisión.
En Alemania y Países Bajos también se han producido, de manera aislada, condenas de directivos, y algunos casos relevantes pudieron materializarse. La cúpula ejecutiva al completo del banco alemán HSH Nordbank está siendo juzgada por las decisiones tomadas en el transcurso de la crisis.
Pero en Reino Unido, donde Royal Bank of Scotland y Lloyds fueron rescatados con un coste de 66.000 millones de libras (78.500 euros), ningún alto cargo bancario ha sido acusado de delito alguno.
Tres ejecutivos de la entidad irlandesa Anglo Irish Bank serán juzgados en 2014, cinco años después de que la investigación al banco comenzara, mientras que en España, unas 100 personas están siendo investigadas por los tribunales por dejar las entidades arruinadas tras la explosión de la burbuja inmobiliaria, aunque ninguna ha sido procesado aún.
¿BANQUEROS IMPRUDENTES?
El hecho de que se produzcan tan pocas condenas se origina en parte en que, en algunos países, las leyes que podrían haberse aplicado contra tales delitos simplemente no existen.
El ministro de Finanzas de Reino Unido, George Osbore, dijo en julio que adoptaría las recomendaciones realizadas por un influyente grupo de parlamentarios de que los banqueros deberían afrontar la pena de cárcel por un nuevo delito de “conducta imprudente en la gestión de un banco”.
“El regulador debería considerar responsable a la gente de manera personal por sus decisiones. Tienen que tener miedo al regulador, lo que desde luego no ocurrió en el pasado”, dijo Mark Garnier, un diputado conservador de la Comisión Parlamentaria de Normas Bancarias.
En Estados Unidos, los fiscales siguen buscando nuevas estrategias para incriminar a banqueros de Wall Street que concedieron las hipotecas basura que iniciaron la crisis financiera, incluyendo el uso de una vieja ley que pretende castigar a aquellas personas de defraudar en banca minorista.
La tentativa de Reino Unido de crear una ley “anti-imprudencias” permitiría, en teoría, castigar a grandes banqueros por tomar decisiones fallidas. Pero demostrar que esas decisiones fueron imprudentes entonces podría ser difícil.
“Las reuniones de los consejos (de administración) se registran cuidadosamente y por tanto podría haber pruebas detalladas, pero por muy imprudente que parezca alguien a toro pasado, ¿puede esto mantenerse en un juzgado?”, dijo Gregg Beechey, socio londinense del bufete SJ Berwin. “No llevarías a todo el consejo a votar una adquisición si esta no fuera razonablemente convincente en ese momento”.
El enfoque de los reguladores estadounidenses desde la crisis ha reflejado parte de estos desafíos. Aunque el supervisor bursátil Securities and Exchange Commission (SEC) ha acusado a más de 150 firmas e individuos en relación con la crisis financiera, los detractores señalan que no ha perseguido los suficiente a los ejecutivos bancarios de mayor rango.
“Vamos hacia donde nos llevan las pruebas”, dijo en el pasado el exdirector del departamento que vela por el cumplimiento de la ley en la SEC, Robert Khuzami, explicando que no se puede presentar cargos contra alguien simplemente por un “mal juicio”.
Lo que se percibe como una falta de voluntad política en algunos países para ir tras empresas y banqueros también podría empañar casos futuros.
A pesar del alto coste de los rescates, en España, por ejemplo, los políticos de los principales partidos han evitado pedir investigaciones sobre distintos bancos fallidos, como ocurrió en Reino Unido después de que el Gobierno británico se viese ante una fuerte presión pública con motivo de la crisis.
“(En España) es más la ausencia de voluntad de llevar estos casos que la falta de instrumentos, ya que algunos casos podría probarse sin gran dificultad”, dijo Juan Torres, profesor de Economía en la Universidad de Sevilla, quien agregó que algunos estaban relacionados con claros ejemplos de fraude.
En su defecto, las demandas de clientes y grupos de activistas han llevado a la Audiencia Nacional a investigar varios colapsos bancarios como el de Bankia, que fue rescatada en 2012 menos de un año después de salir a bolsa.
La frustración por el lento avance de los procesos probatorios en España está llevando a algunos grupos activistas a considerar hacer lobby en Naciones Unidas para conseguir que incluyan los delitos económicos como crímenes contra la humanidad, aunque admiten que conseguirlo sería muy difícil.
En los últimos cinco años, el foco de las persecuciones legales a grandes banqueros aún no ha aumentado. Sin embargo, algunos discuten que la vida de los altos cargos es mucho más difícil de lo que era, en parte, porque ciertos países persiguen otras líneas de acción.
“Los instrumentos regulatorios pueden ser más poderosos que las leyes penales, aunque otro asunto es si esto es lo que la gente quiere”, dijo Beechey de SJ Berwin.
“Existe la sensación de que los reguladores pueden hacer algo sin determinar la carga de la prueba y desde luego están esforzándose cada vez más en perseguir a altos gestores”.
(Con información de Reuters)
14 septiembre 2013
Hace cinco años de la bancarrota del gigante financiero Lehman Brothers, y aún persiste el debate sobre cuánto deben costarles las decisiones fallidas a los presidentes de los grandes bancos. La posibilidad de sanciones legales para altos cargos del sector se mantiene como una amenaza lejana.
Incluso aunque las leyes han evolucionado – en Reino Unido, el gobierno quiere penalizar la imprudencia bancaria – una repetición de la crisis financiera y el caso colapso mundial de 2008 no llevaría aún hoy necesariamente a demasiadas imputaciones, según algunos abogados.
El problema radica en la dificultad de culpar a una persona por la toma de riesgos y decisiones en toda la cadena de mano de una entidad, lo que se convierte en uno de los mayores obstáculos para iniciar un proceso.
“Se trata de las confusas líneas que separan la responsabilidad y el asumir las consecuencias”, dijo Judith Seddon, directora del departamento de regulación y delitos bancarios en el bufete de abogados Clifford Chance’s de Londres.
“Cuando se persigue a una sola persona, si ha delegado responsabilidades (…) Es mucho más difícil hacerlo en una gran organización”, añadió.
Los reguladores en todo el mundo aumentaron su escrutinio a los bancos y actuaron contra los delitos financieros ante la ira de sus ciudadanos por los costosos rescates públicos y sus consecuente escándalos. Pero todo ello apenas ha resultado en unos pocos intentos de presentar cargos contra aquellos que se encuentran en lo más alto del escalafón bancario.
En Estados Unidos, sede de Lehman Brothers, ningún alto cargo en todo Wall Street o la banca comercial ha sido condenado en relación a la crisis bancaria de 2008.
En territorio europeo, la implosión del sector financiero de Islandia hace cinco años ha finalizado con algunas de las sentencias más importantes, incluida la del expresidente de la entidad bancaria Glitnir, que fue condenado a prisión.
En Alemania y Países Bajos también se han producido, de manera aislada, condenas de directivos, y algunos casos relevantes pudieron materializarse. La cúpula ejecutiva al completo del banco alemán HSH Nordbank está siendo juzgada por las decisiones tomadas en el transcurso de la crisis.
Pero en Reino Unido, donde Royal Bank of Scotland y Lloyds fueron rescatados con un coste de 66.000 millones de libras (78.500 euros), ningún alto cargo bancario ha sido acusado de delito alguno.
Tres ejecutivos de la entidad irlandesa Anglo Irish Bank serán juzgados en 2014, cinco años después de que la investigación al banco comenzara, mientras que en España, unas 100 personas están siendo investigadas por los tribunales por dejar las entidades arruinadas tras la explosión de la burbuja inmobiliaria, aunque ninguna ha sido procesado aún.
¿BANQUEROS IMPRUDENTES?
El hecho de que se produzcan tan pocas condenas se origina en parte en que, en algunos países, las leyes que podrían haberse aplicado contra tales delitos simplemente no existen.
El ministro de Finanzas de Reino Unido, George Osbore, dijo en julio que adoptaría las recomendaciones realizadas por un influyente grupo de parlamentarios de que los banqueros deberían afrontar la pena de cárcel por un nuevo delito de “conducta imprudente en la gestión de un banco”.
“El regulador debería considerar responsable a la gente de manera personal por sus decisiones. Tienen que tener miedo al regulador, lo que desde luego no ocurrió en el pasado”, dijo Mark Garnier, un diputado conservador de la Comisión Parlamentaria de Normas Bancarias.
En Estados Unidos, los fiscales siguen buscando nuevas estrategias para incriminar a banqueros de Wall Street que concedieron las hipotecas basura que iniciaron la crisis financiera, incluyendo el uso de una vieja ley que pretende castigar a aquellas personas de defraudar en banca minorista.
La tentativa de Reino Unido de crear una ley “anti-imprudencias” permitiría, en teoría, castigar a grandes banqueros por tomar decisiones fallidas. Pero demostrar que esas decisiones fueron imprudentes entonces podría ser difícil.
“Las reuniones de los consejos (de administración) se registran cuidadosamente y por tanto podría haber pruebas detalladas, pero por muy imprudente que parezca alguien a toro pasado, ¿puede esto mantenerse en un juzgado?”, dijo Gregg Beechey, socio londinense del bufete SJ Berwin. “No llevarías a todo el consejo a votar una adquisición si esta no fuera razonablemente convincente en ese momento”.
El enfoque de los reguladores estadounidenses desde la crisis ha reflejado parte de estos desafíos. Aunque el supervisor bursátil Securities and Exchange Commission (SEC) ha acusado a más de 150 firmas e individuos en relación con la crisis financiera, los detractores señalan que no ha perseguido los suficiente a los ejecutivos bancarios de mayor rango.
“Vamos hacia donde nos llevan las pruebas”, dijo en el pasado el exdirector del departamento que vela por el cumplimiento de la ley en la SEC, Robert Khuzami, explicando que no se puede presentar cargos contra alguien simplemente por un “mal juicio”.
Lo que se percibe como una falta de voluntad política en algunos países para ir tras empresas y banqueros también podría empañar casos futuros.
A pesar del alto coste de los rescates, en España, por ejemplo, los políticos de los principales partidos han evitado pedir investigaciones sobre distintos bancos fallidos, como ocurrió en Reino Unido después de que el Gobierno británico se viese ante una fuerte presión pública con motivo de la crisis.
“(En España) es más la ausencia de voluntad de llevar estos casos que la falta de instrumentos, ya que algunos casos podría probarse sin gran dificultad”, dijo Juan Torres, profesor de Economía en la Universidad de Sevilla, quien agregó que algunos estaban relacionados con claros ejemplos de fraude.
En su defecto, las demandas de clientes y grupos de activistas han llevado a la Audiencia Nacional a investigar varios colapsos bancarios como el de Bankia, que fue rescatada en 2012 menos de un año después de salir a bolsa.
La frustración por el lento avance de los procesos probatorios en España está llevando a algunos grupos activistas a considerar hacer lobby en Naciones Unidas para conseguir que incluyan los delitos económicos como crímenes contra la humanidad, aunque admiten que conseguirlo sería muy difícil.
En los últimos cinco años, el foco de las persecuciones legales a grandes banqueros aún no ha aumentado. Sin embargo, algunos discuten que la vida de los altos cargos es mucho más difícil de lo que era, en parte, porque ciertos países persiguen otras líneas de acción.
“Los instrumentos regulatorios pueden ser más poderosos que las leyes penales, aunque otro asunto es si esto es lo que la gente quiere”, dijo Beechey de SJ Berwin.
“Existe la sensación de que los reguladores pueden hacer algo sin determinar la carga de la prueba y desde luego están esforzándose cada vez más en perseguir a altos gestores”.
(Con información de Reuters)
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