El portal BuzzFeed eligió algunas de las frases críticas contra la política de EE.UU. y sus aliados hechas por el emblemático líder mundial Nelson Mandela, que falleció este jueves 5 de diciembre.
(Ni en los principales medios que forman la SIP)
Sobre la guerra de EE.UU. en Irak:
"Si hay un país que ha cometido atrocidades inexpresables en el mundo es Estados Unidos. Ellos no se preocupan por los seres humanos".
En Israel:
"Israel debería retirarse de todos los territorios que quitaron de los árabes en 1967 y, en particular, Israel debe retirarse completamente de los Altos del Golán, del sur del Líbano y de la Ribera Occidental".
Sobre la guerra de EE.UU. en Irak:
"Todo lo que él (Bush) quiere es el petróleo iraquí".
Sobre Fidel Castro y la revolución cubana:
"Desde sus primeros días, la revolución cubana ha sido una fuente de inspiración para todas las personas que valoran la libertad. Admiramos los sacrificios del pueblo cubano en el mantenimiento de su independencia y soberanía ante la cara de la viciosa y orquestada campaña imperialista para destruir la impresionante fuerza de la revolución cubana. ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva el camarada Fidel Castro!".
Sobre el exlíder libio Muammar Gaddafi:
"Es nuestro deber apoyar al hermano líder... especialmente en lo que se refiere a las sanciones que están dirigidas no solo contra él, sino contra la gente común y corriente... a nuestros hermanos y hermanas africanos".
2. En vísperas de la guerra de EE.UU. en Irak:
"Si nos fijamos en estos asuntos, llegaremos a la conclusión de que la actitud de EE.UU. es una amenaza para la paz mundial".
Sobre Palestina:
"La ONU adoptó una postura firme contra el 'apartheid' y en los últimos años se estableció un consenso internacional que ayudó a poner fin a este sistema inicuo. Pero sabemos muy bien que nuestra libertad no es completa sin la libertad de los palestinos"
En 1953 Mandela y su compañero político Oliver Tambo fundaron el primer bufete de abogados del país compuesto exclusivamente por negros, Mandela & Tambo. Su misión era defender a la gente afectada por la legislación del 'apartheid'. La oficina fue destruida y quemada en el año 1960, cuando el Gobierno ilegalizó el Congreso Nacional Africano (CNA), dirigido por Mandela, y lo clasificó como organización terrorista.
Mediante un agente infiltrado en el Congreso Nacional Africano, la CIA ayudó a los servicios de inteligencia sudafricanos a detener a Nelson Mandela y a encarcelarlo durante 27 años, informa un artículo que data de 1990.
Un exfuncionario sudafricano, Gerard Ludi, relató cómo un alto agente de la CIA entró en su oficina y le dijo aproximadamente estas palabras: "Hemos entregado a Mandela al departamento de Seguridad de Sudáfrica. Les dimos todos los detalles incluyendo la ropa que llevaría, la hora y el lugar dónde estaría".
"La pobreza no es natural, es creada por el hombre y puede superarse y erradicarse mediante acciones de los seres humanos. Y erradicar la pobreza no es un acto de caridad, es un acto de justicia".
Texto completo en: http://actualidad.rt.com/actualidad/view/113408-frases-mandela-no-encontrar-medios-eeuu
7 dic 2013
Espía Gross a Obama: “El Gobierno al que yo servía me ha abandonado”
El contratista estadounidense Alan Gross, encarcelado hace cuatro años en Cuba, pidió al presidente de EEUU, Barack Obama, dar “todos los pasos que sean necesarios” para lograr su liberación, por considerar que ésta sólo será posible si el mandatario se implica personalmente.
“Con el mayor respeto, señor presidente, temo que mi Gobierno, el mismo Gobierno al que yo servía cuando comenzó esta pesadilla, me ha abandonado”, dice Gross, de 64 años, en una carta enviada a Obama con motivo del cuarto aniversario de su arresto en Cuba, que se produjo el 3 de diciembre de 2009.
“Para mí está claro, señor presidente, que sólo con su implicación personal se puede conseguir mi liberación”, indica en la misiva, enviada a través de la sección de intereses de EEUU en La Habana y publicada por el diario Washington Post.
La familia de Gross planea entregar la carta a la Casa Blanca este martes, cuando se cumplen cuatro años de su arresto, que estuvo seguido en 2011 por una condena a 15 años de cárcel por cometer “acciones contra la integridad territorial del Estado”.
“Me niego a aceptar que mi país podría dejarme atrás. Señor presidente, por favor, dé todos los pasos que sean necesarios para traerme de vuelta a casa”, señala Gross.
La carta llega un mes después de que un grupo bipartidista de 66 senadores, liderados por el demócrata Patrick Leahy, urgieran en otra misiva a Obama a “actuar de forma expedita para tomar las medidas que estén en el interés nacional para obtener la liberación” de Gross.
Desde 2009, el Gobierno de Obama ha pedido a Cuba en público y privado la liberación de Gross, y el asunto se ha convertido en el principal obstáculo para el avance de la política de apertura a la isla que el presidente estadounidense inició a su llegada al poder.
En un comunicado, el Departamento de Estado volvió a exigir este lunes su liberación “inmediata e incondicional”, y consideró “gravemente decepcionante” que su cautiverio se haya prolongado tanto.
Gross se mostró en su carta “muy agradecido” por los llamamientos a su liberación del Gobierno de Obama, pero subrayó que eso no le ha “llevado a casa”.
“Sé que su administración y otras administraciones han tomado pasos extraordinarios para obtener la liberación de otros estadounidenses encarcelados en el extranjero, incluso algunos que no habían sido arrestados por su trabajo en nombre de su país”, apuntó Gross.
“Le pido que tome acciones para asegurar mi liberación, por mi bien y por el de mi familia”, añadió.
Consideró además que es necesario evitar que los “innumerables” estadounidenses que hay en todo el mundo tengan “duda alguna de que si se les toma cautivos en una tierra extranjera, su Gobierno moverá cielo y tierra para asegurar su libertad”.
El preso describió además su día a día, que supone “23 horas en una pequeña celda con otros dos reos y una hora en un patio cerrado” y sus problemas de artritis.
“He pedido a mis hijas que no me visiten porque no puedo soportar que me vean así, una sombra de quien fui, rodeado por hombres con ametralladoras”, afirmó.
La mujer de Gross, Judy, planea participar en una manifestación este martes frente a la Casa Blanca con motivo del cuarto aniversario del arresto de su marido.
Europa envía militares para frenar inmigrantes
IPS
Europa envía militares para frenar inmigrantes
04.12.2013
ATENAS (IPS/Apostolis Fotiadis) - Un nuevo documento del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), organismo diplomático de la Unión Europea (UE), considera la posibilidad de involucrar a militares en los esfuerzos en el sur del mar Mediterráneo para impedir el ingreso de inmigrantes irregulares y refugiados.
La idea de la operación militar apareció por primera vez en una propuesta de Italia, presentada el 24 de octubre, en la que sugería medidas extraordinarias luego de la tragedia en Lampedusa, cuando un barco que había zarpado de Libia el 3 de ese mes se hundió antes de alcanzar la isla. Murieron 360 inmigrantes.
El accidente causó gran impacto en toda Europa y motivó un debate en la sociedad civil sobre el costo humano de las políticas migratorias de la UE. Pero muchos líderes del bloque, en cambio, vieron la catástrofe como una razón más para militarizar las fronteras.
El viceportavoz del SEAE, Sebastien Brabant, dijo a IPS en una entrevista por correo electrónico que, luego de la tragedia, "se creó el 'Grupo de Tareas del Mediterráneo' para que presentara propuestas de una acción inmediata de la UE".
De allí emergió la idea de apelar a la Política de Seguridad y de Defensa Común (PSDC), en el documento con fecha del 19 de noviembre.
La propuesta incluye opciones para la intercepción de movimientos de poblaciones hacia Europa, incluyendo una operación marítima independiente o la implementación de medidas extra en el marco de los operativos ya en marcha de Frontex (agencia de gestión de fronteras de la UE) en la región.
Todas las opciones le confieren un papel central a la PSDC, instrumento clave de Europa para afrontar crisis de seguridad internacionales.
La idea de usar la PSDC como plataforma para afrontar movimientos de poblaciones en casos de desestabilización de países del Mediterráneo coincide con un debate sobre el futuro de ese instrumento.
El SEAE formalizará su propuesta ante los 28 jefes de Estado y de gobierno de la UE, cuando a fines de mes se reúna el Consejo Europeo para discutir cómo mejorar la defensa, fortalecer la industria militar y asegurar una mayor efectividad, visibilidad e impacto de la PSDC.
La iniciativa ya generó inquietud. El alemán Andrej Hunko, miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (organización extracomunitaria), alertó que "una mayor militarización de la vigilancia fronteriza hará que los cruces migratorios sean más peligrosos y causen más muertes".
"El SEAE confirma esto. El inhumano y frecuentemente criticado enfoque adoptado por la policía fronteriza de la UE, Frontex, está siendo reforzado", añadió.
Mientras, Frontex se dispone a actualizar su operación conjunta Hermes, lanzada para controlar el flujo migratorio ilegal desde Túnez hacia el sur de Italia, principalmente a Lampedusa, en la provincia de Sicilia, y la isla de Cerdeña.
También tiene previsto mejorar la estrategia del programa AENEAS, destinado al combate a la inmigración ilegal desde Turquía y Egipto, pasando por el mar Jónico, hasta Italia, principalmente las regiones suroccidentales de Apulia y Calabria.
Asimismo, Italia lanzó su propia operación de patrullaje denominada Mare Nostrum, coordinada por las fuerzas armadas.
Además, un documento interno europeo emitido el 18 de abril demuestra la grave preocupación de los líderes del bloque ante la posibilidad de que Libia colapse en una guerra sectaria.
El documento es el proyecto para formar la Misión de Asistencia Fronteriza de la Unión Europea (EUBAM, por sus siglas en inglés) integrada por civiles y destinada a colaborar en la creación y entrenamiento de una nueva guardia marítima y territorial libia.
La EUBAM, aún en marcha, es una misión enmarcada en la PSDC.
EUobserver informó el 18 de noviembre que elementos en el documento indicaban que esa misión "civil" de hecho estaba diseñada para entrenar también a "fuerzas paramilitares, en medio de un más amplio esfuerzo europeo y de Estados Unidos para impedir que Libia se convierta en un 'estado fallido'".
La militarización del Mediterráneo central complementaría anteriores restricciones impuestas en la parte sudoriental del mar.
En la primavera boreal de 2012, Grecia adoptó severas políticas de control, que incluían el despliegue de fuerzas de seguridad en sus fronteras, la construcción de una valla a lo largo de su límite territorial con Turquía y la detención de inmigrantes irregulares por hasta 18 meses.
Como resultado, los flujos migratorios adoptaron nuevas rutas a través de los Balcanes occidentales o revivieron otras más antiguas en Egipto, Libia y Túnez.
Mientras, España inició CLOSEYE, multimillonario proyecto de control fronterizo europeo que utilizará aviones no tripulados (drones) y otros medios de vigilancia en el sudoeste del Mediterráneo.
La Comisión Europea, órgano ejecutivo del bloque, financió muchas de estas operaciones y no ha adoptado medidas efectivas para controlar que los estados miembros no violen los derechos de los refugiados.
Por ejemplo, el principio de no devolución de refugiados ha sido ignorado constantemente.
Martin Lemberg-Pedersen, profesor asistente en el Centro para Estudios Avanzados sobre Migración de la Universidad de Copenhague y experto en seguridad y política inmigratoria europea, se preguntó por qué el SEAE todavía promovía estas opciones.
"Dos razones vienen a mi mente", dijo a IPS. "La primera, es que la Primavera Árabe trajo consigo la caída de dictadores que hasta ese punto eran aliados clave financiados por la UE para contener a emigrantes subsaharianos y de Medio Oriente".
Desde entonces, "parece que la UE busca establecer sistemas similares de control", señaló.
"En segundo lugar, es importante señalar el momento en que el SEAE hace las propuestas: son presentadas justo cuando el nuevo sistema de vigilancia (fronterizo) Eurosur estaba a punto de hacerse operacional", notó.
El sistema, "desarrollado en estrecha cooperación con la industria armamentista europea, subraya exactamente las mismas metas incluidas en las opciones del SEAE", añadió.
Eurosur, que entró en funcionamiento el lunes 2, le confiere un papel clave a Frontex en la creación de una coordinación de control fronterizo.
En su primera fase funcionará en 18 estados miembros, y procurará ir incrementando el intercambio de información de inteligencia, mejorar el conocimiento de la situación, aumentar la capacidad de vigilancia y de las misiones de búsqueda y rescate, e integrar sistemas de seguridad de aplicación de leyes en terceros países
6 dic 2013
TRANSPARENCIA INTERNACIONAL es financiada por la USAID y la CIA
TRANSPARENCIA INTERNACIONAL es financiada por la USAID y la CIA
(Por Jean-Guy Allard).- El prestigioso periodista de nacionalidad canadiense pone las cosas en su sitio con un nueva mentira distribuída por las grandes agencias de desinformación masiva (Falsimedia) contra Venezuela.
Transparency International (TI), la ONG que desencadenó hace unos días una campaña de difamación acusando a la nación bolivariana de corrupción, es contratista de la USAID, la agencia norteamericana de injerencia, y de la National Endowment for Democracy, el mecanismo CIA de desestabilización, y recibe fondos de otras entidades identificadas a la inteligencia norteamericana.
Todas la agencias internacionales de prensa han difundido cables donde se reflejaban las declaraciones hostiles a Venezuela de los portavoces de la organización sin que ninguna precise los fuertes vínculos de TI con el Departamento de Estado y sus dependencias.
Para la ONG, Venezuela se sitúa, por lo que va del continente americano, en materia de corrupción, por debajo de países como Honduras, mientras Estados Unidos encabeza la lista (con Canadá), sin que se tenga en cuenta los gigantescos escándalos financieros y el financiamiento ilimitado del mundo político por las grandes corporaciones, en este país.
Más aún, para Alejandro Salas, responsable del departamento de las Américas de TI, Honduras –con su gobierno golpista– “mejora su situación" mientras está “reconstruyendo una constitucionalidad perdida".
Transparency International omitió precisar durante su conferencia de prensa en Berlin el número de contratos en distintas partes del mundo que ejecuta con el dinero de Washington, en programas supuestamente humanitarios, en la esfera de su pretendida lucha contra la corrupción.
Son cientos de miles de dólares que TI ha recibido de la controvertida Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID), denunciada en muchos países por ser una cobertura utilizada a fines de injerencia, de desestabilización y de espionaje por el gobierno de Washington.
En Venezuela, la USAID-OTI ha financiado en el curso de los últimos años decenas de programas destinados a desestabilizar el gobierno del Presidente Hugo Chávez y sigue haciéndolo, hasta el punto de engrasar a partidos políticos, un escandaloso acto de corrupción ampliamente demostrado y documentado por la investigadora Eva Golinger.
En Honduras, una contratista de la USAID, Jacqueline Foglia Sandoval, fue señalada como “la persona encargada de coordinar y operar el golpe de Estado” por el ex ministro Roland Valenzuela, del gobierno de Manuel Zelaya, poco antes de su asesinato.
La USAID es esta misma agencia federal norteamericana encargada de financiar a golpe de decenas de millones la subversión y el espionaje en Cuba. Un contratista norteamericano de la agencia se encuentra detenido en La Habana desde diciembre de 2009 después de haber sido sorprendido en una operación de introducción en la Isla de equipos de comunicación satelital de última generación.
Entre muchos otros incidentes vinculando la USAID a los servicios especiales norteamericanos, se encuentra el caso famoso del agente Dan Anthony Mitrione, instructor en técnicas de tortura, quién se apareció en Uruguay a finales de los 70, con credencial de la USAID, para adiestrar a policías en técnicas de interrogatorio y tortura..
Haciéndose el campeón de la lucha contra la corrupción, Transparency International no tiene tantos escrúpulos a la hora de aceptar fondos de procedencias dudosas.
En el curso de los años, TI se ha alimentado de cheques generosamente ofrecidos por organizaciones tales como la Fundación Ford, la Fundación Soros así como de distintas multinacionales –British Petroleum , Exxon, y Shell, entre otras, no precisamente reconocidas por su trabajo filantrópico.
TI fue creado hace años por Peter Eigen, un jurista alemán vinculado al Banco Mundial, a la propia Fundación Ford, a menudo calificada de fachada de la CIA y a la Carnegie Endowment for International Peace.
Tiene entre sus fundadores a Oscar Arias Sanchez, ex presidente de Costa Rica, cuyas orientaciones políticas son bien conocidas, y Robert MacLean Abaroa, un ex ministro del gobierno del dictador boliviano Hugo Banzer.
Ecuador y la "mano sucia" de Chevron
Ecuador y
la "mano sucia" de Chevron
Ignacio Ramonet
Durante su reciente visita oficial a Francia, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, se reunió en París con un grupo de intelectuales para exponerles una de las preocupaciones de su país: el conflicto que opone varias comunidades indígenas de la Amazonia ecuatoriana a la empresa petrolera estadounidense Chevron, acusada de destrucción medioambiental y de daños a la salud de miles de personas. A escala internacional, este conflicto ecológico ha adquirido un carácter muy emblemático.
Ecuador –primer país del mundo en reconocer, en su Constitución, los inalienables derechos de la naturaleza, convirtiendo a esta en sujeto de derecho–, se enfrenta a una multinacional petrolera, la Chevron Corporation, que es la segunda más importante de Estados Unidos y la sexta del mundo, denunciada por múltiples casos de contaminación medioambiental en diversos lugares del planeta.
“Todo empezó en 1964 –nos explica Rafael Correa–, cuando la empresa estadounidense Texaco [adquirida en 2001 por Chevron] inició su explotación petrolera en una amplia zona de la Amazonia ecuatoriana. Esa actividad duró hasta 1992. Al año siguiente, 1993, las comunidades amazónicas de la provincia de Sucumbíos presentaron, en Estados Unidos, una demanda contra la petrolera Texaco por contaminación medioambiental y atentado a la salud de los habitantes. O sea, debe quedar claro que no es el Estado ecuatoriano quien lleva a los tribunales a Texaco-Chevron, sino un grupo de ciudadanos víctimas de un crimen medioambiental. Chevron heredó esa demanda cuando compró y absorbió Texaco en 2001. Poco después, a petición de la propia empresa, el caso –que los tribunales de Estados Unidos se negaron a juzgar– fue trasladado a una corte de Ecuador.”
“Hay que añadir –precisa el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, presente también en esa reunión parisina junto al presidente Correa– que Texaco, antes de retirarse definitivamente de Ecuador en 1992, dijo haber ‘limpiado’ los dos millones de hectáreas de selva virgen en los que operó. Lo cual no solo es inverosímil sino falso. Porque todos esos terrenos, como cualquier testigo puede comprobar, se hallan totalmente degradados, con decenas de abominables vertederos de alquitrán que han contaminado ríos y acuíferos. El agua, en toda esa región, es ahora no apta para el consumo. Y se ha multiplicado el número de cánceres entre la población. En toda esa selva, la excepcional biodiversidad ha sido sencillamente asesinada.”
“Y lo peor –añade Rafael Correa– es que el Gobierno ecuatoriano de la época le firmó a Texaco, en 1998, un ‘acto de finiquito’ en el que reconocía que la empresa estadounidense lo había dejado ‘todo limpio’, y la exoneraba de cualquier responsabilidad sobre consecuencias futuras de sus desmanes petroleros. Esto es muy importante. Ese ‘acto de finiquito’ le da un argumento enorme a Texaco-Chevron. En caso de demanda contra ella, la empresa puede decir –¡y con todo cinismo, lo dice!–: ‘Yo lo entregué todo limpio. Así me lo reconoció oficialmente el Estado ecuatoriano. En consecuencia: cualquier condena contra mí debe ser asumida por el Estado de Ecuador porque él es responsable de lo que ocurrió en esos terrenos después de mi partida...’
Hay que saber –sigue exponiendo el presidente Correa– que la Corte Provincial de Sucumbíos, en enero de 2012, condenó a Chevron a pagar una indemnización de 9.500 millones de dólares por haber causado uno de los ‘mayores desastres medioambientales del mundo’ entre 1964 y 1990. Una suma que se duplicaría –¡y alcanzaría los 19.000 millones de dólares!– en caso de que la empresa no presentase excusas a los damnificados en las semanas siguientes a la sentencia. Pero Chevron, para desprestigiar esa decisión judicial y evadir su responsabilidad, alegó que, en ese juicio, los abogados de los demandantes habían falsificado los datos y presionado a los peritos científicos para encontrar contaminación donde no la había. Y presentó un recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia (1).”
“Ante esa situación –prosigue ahora el canciller Ricardo Patiño– Chevron decidió ampararse en el Tratado de protección recíproca de inversiones firmado entre Ecuador y Estados Unidos, y que entró en vigor en 1997. Pero este tratado, en nuestra opinión, no concierne a este caso, pues la demanda de las comunidades indígenas contra Chevron es de 1992, y el tratado, establecido en fecha posterior, 1997, no contempla aplicación retroactiva.”
“Con ese argumento –nos explica el presidente Rafael Correa– Chevron acudió a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, la cual nombró, como es habitual en estos casos, un Tribunal específico para este asunto. Este Tribunal está compuesto por tres jueces, designados (y pagados) por las partes en litigio; uno por la empresa, otro por el país y el tercero por estos dos jueces anteriores. Aquí también el poder judicial ecuatoriano cometió un error, porque designó a uno de los jueces, con lo cual implícitamente dio la impresión de que Ecuador aceptaba ese Tribunal de arbitraje. Cuando, en realidad, nuestro Gobierno rechaza ese Tribunal, no lo considera competente.”
“El caso es que ese Tribunal –agrega el canciller Ricardo Patiño– concluyó, en 2012, que Ecuador ‘incumple leyes internacionales al no tratar de impedir’ la ejecución de un fallo contra Chevron que obliga a esta empresa a pagar miles de millones de dólares a varias comunidades indígenas por la contaminación de la Amazonia. El Tribunal insiste en que ambas partes –el Estado de Ecuador y Chevron– habían alcanzado previamente un acuerdo, mediante un ‘acto de finiquito’, que exoneraba a Texaco-Chevron de responsabilidades medioambientales futuras.
El Tribunal de arbitraje también alega que Ecuador ha violado el Tratado bilateral de inversiones entre Quito y Washington, según el cual Ecuador debe ‘tomar todas las medidas a su alcance para suspender o hacer que se suspenda la ejecución o el reconocimiento dentro o fuera de Ecuador de cualquier sentencia contra una firma estadounidense’.
En resoluciones anteriores, ese Tribunal ya había advertido, además, de que ‘cualquier pérdida surgida de la ejecución de la sentencia de la Corte de Sucumbíos sería una pérdida por la que el Estado ecuatoriano sería responsable ante Chevron, bajo el derecho internacional’.”
El presidente Rafael Correa retoma entonces la palabra para explicar que “las decisiones del Tribunal de arbitraje de La Haya han sido rechazadas por nuestro Gobierno. Primero, porque Ecuador, como Estado, no está implicado, repito, en esta querella. Defendemos los derechos de las comunidades indígenas afectadas por la contaminación y víctimas de los desmanes de una multinacional petrolera. Pero no somos parte en el pleito. Y por respeto al principio democrático de la separación de poderes, no queremos inmiscuirnos en asuntos de la rama judicial.
Sin embargo, por otra parte, observamos que, en el marco actual del despojo de la soberanía de los Estados, los tribunales de arbitraje tienen cada día más poder. Cada vez más, los tribunales de arbitraje están fallando a favor de las corporaciones multinacionales. Y si no acatamos el fallo del Tribunal de arbitraje (que aún no es definitivo), Ecuador podría quedar aislado comercial y políticamente.
Todo esto es triplemente escandaloso, porque si la decisión del Tribunal de arbitraje se aplicase, Ecuador estaría violando su propia Constitución pues significaría que nuestro Gobierno estaría interfiriendo con el Poder Judicial. Chevron no solo quedaría exonerada de pagar por la limpieza de la selva y la reparación a las comunidades afectadas, sino que podría demandar pagos al pueblo ecuatoriano por el costo legal del litigio...
Nosotros consideramos que este caso no es jurídico, sino político: contra nuestro gobierno –concluye el presidente Rafael Correa–. Por eso apelamos a la solidaridad internacional. En todas partes se están constituyendo Comités de apoyo a nuestra Revolución Ciudadana. E invitamos a todos nuestros amigos y amigas, de Europa y del mundo, a expresar igualmente su rechazo a la prepotencia de aquellas empresas multinacionales que destrozan el medio ambiente y quieren luego lavarse las manos. La ‘mano sucia’ de Chevron no debe quedar impune.”
(1) El pasado 12 de noviembre, esa Corte Nacional de Justicia de Ecuador emitió un fallo en el que confirmó la condena de la petrolera estadounidense Chevron a pagar 9.500 millones de dólares “por contaminación ambiental en la Amazonia ecuatoriana”.
5 dic 2013
“Colusión”: Unión Europea impone multas récord a 5 bancos por manipular tasas de interés
“Colusión”: Unión Europea impone multas récord a 5 bancos por manipular tasas de interés
La Comisión Europea impuso este miércoles multas por más de 1.700 millones de euros a cinco bancos y un corredor bursátil, una cifra récord, por haber manipulado las tasas interbancarias en euros (Euribor) y en yenes (Libor y Tibor), con el objetivo de "castigar y disuadir".
Miércoles 04 de diciembre de 2013
Euros
“Estas son las multas más elevadas aplicadas por la Comisión en virtud de la legislación anti trust”, indicó el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia.”Las entidades financieras decidieron ponerse de acuerdo en vez de competir”, agregó.
“Nuestra decisión pretende castigar a los que cometieron infracciones, en este caso la constitución de un cártel, la más grave en política de competencia, que afecta a miles de miles de usuarios”, explicó Almunia, y “disuadir a quienes puedan estar tentados con repetir la experiencia de un cártel”, añadió.
La decisión concierne la manipulación de las tasas interbancarias Libor, Euribor y Tibor, que determinan el coste del dinero para los préstamos entre bancos e incide en los créditos a particulares y empresas y sobre los que están indexados una multitud de contratos y productos financieros (contratos a futuro, swaps ub opciones). Para el índice de referencia de la zona euro, Euribor, 57 bancos participan en su elaboración y 18 en el Libor.
El banco alemán Deutsche Bank, considerada culpable de colusión en la investigación por la tasa Euribor y la tasa Tibor, deberá pagar una multa de 725 millones de euros. En una reacción la entidad sostuvo este miércoles que la decisión de la Comisión se debía a “prácticas individuales del pasado” y que ya había constituido las reservas necesarias para pagar la multa”.
La entidad francesa Société Générale, que cometió infracciones únicamente en relación a la tasa Euribor, deberá abonar 446 millones de euros.
El banco británico Royal Bank of Scotland (RBS), condenado en las dos investigaciones, pagará 391 millones de euros.
El resto de las multas son para los bancos estadounidenses JP Morgan y Citigroup así como el corredor bursátil RP Martin.
En su investigación sobre la tasa Euribor la Comisión descubrió colusión de cuatro entidades (Barclays, Deutsche Bank, Société Générale y RBS) entre 2005 y 2008.
La Justicia hace rebajas
El banco Barclays no fue multado por la Comisión en la investigación por manipulación del Euribor ya que fue la entidad que reveló la existencia de colusión, pero de no haberlo hecho la multa hubiese sido de 690 millones de euros, precisó el Ejecutivo europeo.
Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland (RBS) y Société Générale pudieron reducir su multa de 10% por haber cooperado en la investigación.
En cuanto a la investigación sobre la manipulación del Libor y Tibor, la Comisión descubrió colusión entre cinco bancos y un corredor bursátil entre 2007 y 2010.
En el caso de las tasas de interés en yenes, el banco suizo UBS no pagará la multa, que habría sido de 2.500 millones de euros, ya que reveló a la Comisión las infracciones.
Además del Deutsche Bank, multado tras esta investigación con 259 millones de euros, y el RBS por 260 millones, el banco JPMorgan fue multado por 80 millones, el Citigroup por 70 millones y el corredor RP Martin por 247.000 euros.
El caso de manipulación del Libor ya dio lugar a importantes multas en diferentes países. UBS tuvo que pagar 1.000 millones de francos suizos, RBS 600 millones de dólares y Barclays unos 450 millones de dólares.
El banco holandés Rabobank, que selló un acuerdo recientemente para pagar 774 millones de euros en tres países por manipular el Libor, no recibió una multa de la Comisión “ya que no está implicado en las actividades de cártel, según nuestra investigación”, explicó Almunia.
Almunia precisó que la Comisión investigaba actualmente sobre una posible manipulación del franco suizo y no excluyó “otras investigaciones del mismo tipo sobre actividades de manipulación de índices de referencia”.
Pero la investigación continúa, indicó Almunia. La Comisión mantiene abierta la investigación para los bancos francés Credit Agricole, británico HSBC y estadounidense JP Morgan por manipulación del Euribor y contra el corredor Icap por la del Libor y Tibor.
En septiembre la Comisión propuso un paquete legislativo para regular y hacer más transparentes los índices de referencia, el Euro Interbank Offered Rate (Euribor) o el London Interbank Offered Rate (Libor). El texto propuesto por el Ejecutivo europeo prevé que esos índices sean sometidos a autorización y sean elaborados de manera transparente con datos de las transacciones reales y no de estimaciones. AFP
La Comisión Europea impuso este miércoles multas por más de 1.700 millones de euros a cinco bancos y un corredor bursátil, una cifra récord, por haber manipulado las tasas interbancarias en euros (Euribor) y en yenes (Libor y Tibor), con el objetivo de "castigar y disuadir".
Miércoles 04 de diciembre de 2013
Euros
“Estas son las multas más elevadas aplicadas por la Comisión en virtud de la legislación anti trust”, indicó el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia.”Las entidades financieras decidieron ponerse de acuerdo en vez de competir”, agregó.
“Nuestra decisión pretende castigar a los que cometieron infracciones, en este caso la constitución de un cártel, la más grave en política de competencia, que afecta a miles de miles de usuarios”, explicó Almunia, y “disuadir a quienes puedan estar tentados con repetir la experiencia de un cártel”, añadió.
La decisión concierne la manipulación de las tasas interbancarias Libor, Euribor y Tibor, que determinan el coste del dinero para los préstamos entre bancos e incide en los créditos a particulares y empresas y sobre los que están indexados una multitud de contratos y productos financieros (contratos a futuro, swaps ub opciones). Para el índice de referencia de la zona euro, Euribor, 57 bancos participan en su elaboración y 18 en el Libor.
El banco alemán Deutsche Bank, considerada culpable de colusión en la investigación por la tasa Euribor y la tasa Tibor, deberá pagar una multa de 725 millones de euros. En una reacción la entidad sostuvo este miércoles que la decisión de la Comisión se debía a “prácticas individuales del pasado” y que ya había constituido las reservas necesarias para pagar la multa”.
La entidad francesa Société Générale, que cometió infracciones únicamente en relación a la tasa Euribor, deberá abonar 446 millones de euros.
El banco británico Royal Bank of Scotland (RBS), condenado en las dos investigaciones, pagará 391 millones de euros.
El resto de las multas son para los bancos estadounidenses JP Morgan y Citigroup así como el corredor bursátil RP Martin.
En su investigación sobre la tasa Euribor la Comisión descubrió colusión de cuatro entidades (Barclays, Deutsche Bank, Société Générale y RBS) entre 2005 y 2008.
La Justicia hace rebajas
El banco Barclays no fue multado por la Comisión en la investigación por manipulación del Euribor ya que fue la entidad que reveló la existencia de colusión, pero de no haberlo hecho la multa hubiese sido de 690 millones de euros, precisó el Ejecutivo europeo.
Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland (RBS) y Société Générale pudieron reducir su multa de 10% por haber cooperado en la investigación.
En cuanto a la investigación sobre la manipulación del Libor y Tibor, la Comisión descubrió colusión entre cinco bancos y un corredor bursátil entre 2007 y 2010.
En el caso de las tasas de interés en yenes, el banco suizo UBS no pagará la multa, que habría sido de 2.500 millones de euros, ya que reveló a la Comisión las infracciones.
Además del Deutsche Bank, multado tras esta investigación con 259 millones de euros, y el RBS por 260 millones, el banco JPMorgan fue multado por 80 millones, el Citigroup por 70 millones y el corredor RP Martin por 247.000 euros.
El caso de manipulación del Libor ya dio lugar a importantes multas en diferentes países. UBS tuvo que pagar 1.000 millones de francos suizos, RBS 600 millones de dólares y Barclays unos 450 millones de dólares.
El banco holandés Rabobank, que selló un acuerdo recientemente para pagar 774 millones de euros en tres países por manipular el Libor, no recibió una multa de la Comisión “ya que no está implicado en las actividades de cártel, según nuestra investigación”, explicó Almunia.
Almunia precisó que la Comisión investigaba actualmente sobre una posible manipulación del franco suizo y no excluyó “otras investigaciones del mismo tipo sobre actividades de manipulación de índices de referencia”.
Pero la investigación continúa, indicó Almunia. La Comisión mantiene abierta la investigación para los bancos francés Credit Agricole, británico HSBC y estadounidense JP Morgan por manipulación del Euribor y contra el corredor Icap por la del Libor y Tibor.
En septiembre la Comisión propuso un paquete legislativo para regular y hacer más transparentes los índices de referencia, el Euro Interbank Offered Rate (Euribor) o el London Interbank Offered Rate (Libor). El texto propuesto por el Ejecutivo europeo prevé que esos índices sean sometidos a autorización y sean elaborados de manera transparente con datos de las transacciones reales y no de estimaciones. AFP
OTRO QUE MUERE IMPUNE...
Paul Aussaresses: general francés, “padre” de escuadrones de la muerte en latinoamérica, murió de viejo
El general francés Paul Aussaresses, que defendió claramente el recurso a la tortura durante la guerra de Argelia y fue acusado de entrenar a oficiales latinoamericanos, falleció el martes a los 95 años de edad, anunció el miércoles en su portal la asociación de exparacaidistas franceses "Quien osa gana".
10Miércoles 04 de diciembre de 2013
Elvira Aussaresses, su esposa, precisó a la AFP que su marido falleció en un establecimiento de convalescencia al que había ingresado después de una hospitalización.
Aussaresses fue condenado en Francia en 2004 por apología de la tortura, tras haber defendido en un libro su uso durante la guerra de Argelia (1954-1962).
El oficial había enseñado en los años 60 en el campamento de los Boinas Verdes de Fort Braggs (Carolina del Norte) “las técnicas de la batalla de Argel” relativas especialmente a la tortura.
En 1973 fue nombrado agregado militar de Francia en Brasil, entonces bajo la dictadura militar.
Posteriormente fue acusado por el general chileno Manuel Contreras, fundador de la Dina, la policía secreta del régimen de Augusto Pinochet, de haber entrenado en esa época en Brasil a oficiales chilenos y de otros países latinoamericanos. Las declaraciones de Contreras figuran en el documental de la cineasta francesa Marie-Monique Robin “Escuadrones de la muerte, la escuela francesa”.
Los funerales de Aussaresses serán celebrados el 10 de diciembre en La Vancelle, pueblo del este de Francia en el que vivía, según la asociación.
El general Aussaresses, que dirigió los servicios de inteligencia franceses en Argel durante la guerra de Argelia, fue condenado por apología de la tortura al cabo de un proceso que hizo correr ríos de tinta en Francia.
En 2001, el oficial admitió en su libro “Service spéciaux, Algérie 1955-1957″ (Servicios especiales, Argelia 1955-1957) que había practicado la tortura, afirmando que la misma era “tolerada, cuando no recomendada” por los políticos.
“Tortura legítima”
Sostuvo que la tortura “se torna legítima cuando la urgencia se impone”.
“Era raro que los presos interrogados por la noche siguieran estando vivos al alba. Hablaran o no, eran neutralizados en general”, agregó.
Sus confesiones, acompañadas de una entrevista, desataron una tempestad política en Francia, donde el entonces presidente Jacques Chirac, que fue teniente en Argelia, se declaró “horrorizado” por tales declaraciones públicas.
Nacido el 7 de noviembre de 1918 en Saint Paul Cap de Joux (suroeste de Francia), Paul Aussaresses se enroló voluntariamente en 1941 en los servicios secretos franceses. Posteriormente participó en la creación del brazo de los servicios de inteligencia exterior. En tanto que jefe de batallón de paracaidistas, sirvió después en las fuerzas francesas en Indochina.
En 1957, el general Jacques Massu, comandante de la 11ª división de paracaidistas, le encomendó el restablecimiento del orden en Argel. Allí dirigió lo que él mismo llamó “un escuadrón de la muerte”, encargado de realizar detenciones nocturnas, seguidas de torturas y de la eliminación de determinados detenidos.
Enseñó después en la escuela norteamericana de Fort Braggs, antes de asumir en 1966 el comando del Primer Regimiento de Cazadores Paracaidistas.
“¿Si me ha planteado problemas la tortura? Yo digo que no. Me habitué a todo eso”, afirmó el general a principios de los años 2000.
Paul Aussaresses sostuvo siempre que sus actos fueron cometidos con el aval de su jerarquía y de las autoridades políticas.
La publicación de su libro y el reconocimiento de la utilización de la tortura por el ejército francés contribuyó a modificar la percepción en Francia de la guerra de independencia de Argelia, conflicto que las autoridades francesas siguieron llamando “los acontecimientos de Argelia” hasta 1999, fecha en la que los diputados reconocieron que hubo una “guerra”.
AFP
"El neoliberalismo agrario” boicotea el rumbo económico
Peretti de Federación Agraria: "El neoliberalismo agrario” boicotea el rumbo económico
En diálogo con A cara lavada sostuvo que “1.700 productores producen el 50% de la soja. Ahí puede haber mucho de lo que falta liquidar”.
Peretti explicó que los productores deben informar “la intención de siembra y toda esa información fiscal está en manos del gobierno”.
Agregó que las autoridades deberían determinar en manos de quien está la soja que falta liquidar, aunque aclaró: “De una cosa estoy seguro. El 80 por ciento de los productores de soja de este país que son alrededor de 63 mil inscriptos, producen menos de 3 mil quintales por año. Ahí no hay nada. Hay muy poco”.
“1.700 productores producen el 50% de la soja. Ahí puede haber mucho de lo que falta liquidar”, aseveró el dirigente rural.
Consideró además que el gobierno debe determinar además, así como lo hizo con el trigo, “si esa soja y esas divisas que faltan liquidar no están en manos de compañías multinacionales, trasnacionales exportadoras de granos que le están mandando un mensaje al gobierno”.
Consideró que se trata de “un mensaje de neto carácter político y de desestabilización de un modelo económico”.
Agregó que las políticas económicas del gobierno y la presencia de Axel Kicillof en el Palacio de Hacienda “es un rumbo que a los grandes grupos trasnacionales que comercializan granos, que son parte del neoliberalismo agrario de la Argentina no les gusta. Y tratan de boicotear el rumbo”.
Por otra parte resaltó que “la soja hace tiempo que es una moneda de cambio en Argentina. Los contratos se pagan en soja, se compran máquinas en soja, se compran autos en soja se compran terrenos en soja, se compran casas en soja y se arrienda campo en soja. La soja pasó a ser un valor de cambio”.
Además indicó que la evasión, la comercialización de soja en negro existe y presiona el valor del dólar ilegal porque parte de ese dinero va a comprar al circuito marginal del dólar.
De todos modos, sostuvo que este tipo de medidas son realizadas por “operadores grandes en connivencia con las multinacionales, porque esa soja se tiene que blanquear en puerto”.
En diálogo con A cara lavada sostuvo que “1.700 productores producen el 50% de la soja. Ahí puede haber mucho de lo que falta liquidar”.
Peretti explicó que los productores deben informar “la intención de siembra y toda esa información fiscal está en manos del gobierno”.
Agregó que las autoridades deberían determinar en manos de quien está la soja que falta liquidar, aunque aclaró: “De una cosa estoy seguro. El 80 por ciento de los productores de soja de este país que son alrededor de 63 mil inscriptos, producen menos de 3 mil quintales por año. Ahí no hay nada. Hay muy poco”.
“1.700 productores producen el 50% de la soja. Ahí puede haber mucho de lo que falta liquidar”, aseveró el dirigente rural.
Consideró además que el gobierno debe determinar además, así como lo hizo con el trigo, “si esa soja y esas divisas que faltan liquidar no están en manos de compañías multinacionales, trasnacionales exportadoras de granos que le están mandando un mensaje al gobierno”.
Consideró que se trata de “un mensaje de neto carácter político y de desestabilización de un modelo económico”.
Agregó que las políticas económicas del gobierno y la presencia de Axel Kicillof en el Palacio de Hacienda “es un rumbo que a los grandes grupos trasnacionales que comercializan granos, que son parte del neoliberalismo agrario de la Argentina no les gusta. Y tratan de boicotear el rumbo”.
Por otra parte resaltó que “la soja hace tiempo que es una moneda de cambio en Argentina. Los contratos se pagan en soja, se compran máquinas en soja, se compran autos en soja se compran terrenos en soja, se compran casas en soja y se arrienda campo en soja. La soja pasó a ser un valor de cambio”.
Además indicó que la evasión, la comercialización de soja en negro existe y presiona el valor del dólar ilegal porque parte de ese dinero va a comprar al circuito marginal del dólar.
De todos modos, sostuvo que este tipo de medidas son realizadas por “operadores grandes en connivencia con las multinacionales, porque esa soja se tiene que blanquear en puerto”.
4 dic 2013
COMPLICES CIVILES DE LA DICTADURA URUGUAYA
A 41 AÑOS DEL GOLPE Y LOS MISMOS DE IMPUNIDAD
MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA
Los civiles de la dictadura
Es un error común calificar al golpe de Estado y a la dictadura como militares. A la cuestión obvia de que el golpe lo dio, un civil, electo además por el Partido Colorado, Juan María Bordaberry, se suma que hubo cientos de civiles que apoyaron la dictadura, fueron su sustento técnico e ideológico y permitieron que el Estado fascista funcionara.
Cuando se habla de dictadura fascista, se hace justamente para categorizar con justeza lo que ocurrió en este país. Fue un golpe y un régimen sustentado por la oligarquía nacional, en especial por los representantes del capital financiero, el latifundio, los grandes capitales trasnacionales y los más retrógrados de los profesionales e intelectuales.
Eso se expresó en el apoyo al golpe de la Asociación Rural, la Asociación de Bancos, una parte no menor de las gremiales empresariales, por supuesto que la embajada de EEUU y los sectores más conservadores del Partido Colorado y el Partido Nacional.
EL POPULAR publica un listado, incompleto por cierto, de 421 civiles que ocuparon cargos de confianza durante la dictadura: 74 en el Poder Ejecutivo, 113 del Consejo de Estado, 24 en el Poder Judicial, 16 en las Intendencias, 6 en la Corte Electoral, 35 en los Entes y los Servicios, 16 en los Bancos Estatales, 13 en la Enseñanza, 49 en la Universidad, 28 en el Cuerpo Diplomático y 47 en otras áreas del Estado.
Se reproduce casi textualmente un informe publicado en LA REPUBLICA el 28 de junio de 2000, que recogía a su vez, datos de investigaciones de Brecha, Zeta y Jaque.
Cabe señalar que, mediante la lucha de nuestro pueblo, la acción de la Justicia y la política desplegada por los dos gobiernos del Frente Amplio, hoy hay presos varios militares acusados de violaciones a los DDHH. Sin embargo, solo dos civiles fueron presos, por su participación en la dictadura: Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco. Solamente el Sindicato Médico del Uruguay y la Udelar, realizaron cuestionamientos éticos y una depuración interna de los cuadros de la dictadura.
La mayoría de los civiles que se citan a continuación pertenecían o al Partido Colorado o al Partido Nacional, en ningún caso fueron expulsados de estas colectividades.
Son sintomáticos los casos de Etchegoyen, miembro del Directorio del Partido Nacional que pasó a presidir el primer Consejo de Estado de la Dictadura. O de Narancio, referente del diario El País, que pasó a ser el interventor de la Universidad. O de Danilo Arbilla, ex director de Búsqueda y hoy paladín de la libertad de prensa en nombre de las patronales de medios y de la SIP que fue director de información de la dictadura.
Nos pareció trascendente recordar o dar a conocer, para muchas uruguayos y uruguayos, estamos seguros que así será, la cara civil de la dictadura. De los que actuaron por convicción ideológica golpista y antidemocrática y de los oportunistas y arribistas, que nunca hubieran llegado por concurso a los cargos que detentaron, por el único mérito de ser serviles a una dictadura.
El Poder Ejecutivo
La dictadura tuvo cuatro presidentes: Juan María Bordaberry entre el 27 de junio de 1973 y el 12 de junio de 1976; Alberto Demicheli, entre el 12 de junio de 1976 y el 10 de setiembre de 1976; Aparicio Méndez, entre el 1 de octubre de 1976 y el 1 de setiembre de 1981 y Gregorio Alvarez entre el 1 de setiembre de 1981 y el 15 de febrero de 1985.
También hubo un presidente de transición, Rafael Adiego Bruno, que ocupó la primera magistratura durante los últimos 15 días de la dictadura. Ocuparon la Secretaria de la Presidencia: Alvaro Pacheco Seré, Luis Vargas Garmendia y Angel María Scelza.
Un primer escalón de colaboradores civiles con la dictadura fueron los ministros. Aquí va una lista secretaria de Estado por secretaria de Estado.
El Ministerio del Interior, tuvo a su frente militares durante los 11 años y medio de dictadura, la militarización de la Policía, su integración a las Fuerzas Conjuntas y la utilización de esta como una fuerza de represión contra su propio pueblo, era un postulado central de la Doctrina de Seguridad Nacional y así se actuó. Los militares que ocuparon el cargo de Ministro del Interior fueron: Néstor Bolentini, Hugo Linares Brum, Manuel Núñez y Yamandú Trinidad.
Los titulares de Defensa Nacional fueron: Walter Ravenna y Justo M. Alonso. Los de Relaciones Exteriores: Juan Carlos Blanco, Alejandro Rovira, Adolfo Folle Martínez, Estanislao Valdés Otero y Carlos Maeso.
En Economía y Finanzas estuvieron: Moisés Cohen, Raúl Pazos, Alejandro Vegh Villegas, Valentín Arismendi, Walter Lusiardo, y nuevamente, Alejandro Vegh Villegas.
Los ministros de Ganadería y Agricultura fueron: Benito Medero, Héctor Albuquerque, Julio Aznárez, Estanislao Valdés Otero, Juan Carlos Cassou, Félix Zubillaga y Carlos Mattos Moglia.
En Trabajo y Seguridad Social estuvieron: José Enrique Etcheverry Stirling, Marcial Bugallo, Carlos Maeso y Luis Alberto Crisci (además del coronel Néstor Bolentini).
En Educación y Cultura: Edmundo Narancio, Daniel Darracq, Raquel Lombardo de Debetolazza, Juan Bautista Schroeder y Armando López Scavino.
En Industria y Energía: Luis Meyer, Adolfo Cardozo Guani, Francisco Tourreilles, Juan Chiarino Rossi y Felisberto Ginzo Gil.
En Salud Pública: Juan Bruno Iruleguy, Justo M. Alonso, Antonio Cañellas y Luis Givogre.
En Transporte y Comunicaciones y Turismo: Francisco Mario Ubillos (este ministerio se suprimió).
En Transporte y Obras Públicas: Eduardo Crispo Ayala y Eduardo Sampson. En el Ministerio de Justicia, creado por la dictadura, estuvo como ministro inaugural Fernando Bayardo Bengoa y lo siguieron Julio César Espínola y César Frigerio.
Un segundo nivel de importancia de los cuadros civiles de la dictadura en el Poder Ejecutivo fueron las subsecretarias es decir los números dos políticos de cada ministerio. Esta lista, vale reiterarlo, no es completa, es la que se pudo rescatar y habrá que seguirla completando.
En el Ministerio del Interior: Roberto Augusto Neri, Luis Vargas Garmendia, y Jorge Amondarain Mendoza. En Defensa Nacional: Armando Chiarino Agurrire. En Relaciones Exteriores: Guido Michelin Salomón, Enrique Delfante, Julio César Lupinacci, Felisberto Ginzo Gil y Heber Arbouet. En Economía y Finanzas: Ernesto Rosso y Valentín Arismendi. En Ganadería y Agricultura: Lazar Gurevich, Juan Carlos Cassou y Tydeo Larre Borges. En Trabajo y Seguridad Social: Alfredo Baeza y Ramón Malvasio. En Educación y Cultura: Carlos Alberto Roca, Héctor Mario Artucio, Luis Antonio Menafra y Martín C. Martínez. En Industria y Energía: Elías Pérez. En Salud Pública: Mario Arcos Pérez, Jorge Nin Vivó y Luis Nicoletti Torchelo. En Justicia: José Calatayud Bosch, Heber Arbouet, Juan Pablo Shcroeder y Dante Barrios.
El Parlamento decorativo
En sustitución del Parlamento la dictadura nombró, como supuesto órgano legislativo, al Consejo de Estado. El primer Consejo de Estado fue designado por el dictador Juan María Bordaberry y entró en funciones el 19 de noviembre de 1973.
Luego y mediante un acta institucional, se creó el Consejo de la Nación, que integraban los 25 Consejeros de Estado y los 21 oficiales generales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Este órgano, emblemático de la nueva institucionalidad creada por la dictadura por su integración de civiles y militares, tenía entre sus cometidos designar a los Consejeros de Estado y ocupar las vacantes que se fueran produciendo.
El primer Consejo de Estado, el designado por el dictador Bordaberry, tuvo la siguiente integración: doctor Martín Recaredo Etchegoyen (presidente), doctora Aurora Alvarez de Silva Ledesma, Gladys Freire de Addiego, María Luisa Coolighan Sanguinetti, doctor Alberto Demichelli, doctor Aparicio Méndez, doctor Hamlet Reyes, doctor Emilio Siemens Amaro, doctor Julio César Espínola, José Antonio Varela, Jesús Rubio, doctor Daniel Rodríguez Larreta, Juan Rodríguez López, doctor Mario Arcos Pérez, Rodolfo Saccone, doctor Alfredo Lamaison, doctor Mario Gaggero, arquitecto Raúl Clerc, doctor José Francisco Franca, doctor Osvaldo Soriano, doctor Enrique Viana Reyes, Alfredo Cardoso Arrarte, ingeniero Eduardo Praderi, ingeniero Mario Jorge Coppetti y Jorge Spangenberg.
El 1º de setiembre de 1976 se procesó la primera renovación importante del Consejo de Estado y quedó así: doctor Hamlet Reyes (presidente), doctora Aurora Alvarez de Silva Ledesma, doctor Mario Arcos Pérez, ingeniero Mario Jorge Coppetti, doctor Julio César Espínola, doctor José Francisco Franca, doctor Mario Gaggero, ingeniero Eduardo Praderi, doctor Daniel Rodríguez Larreta, doctor Osvaldo Soriano, doctor Enrique Viana Reyes, doctor Jorge Laborde Bercianos, doctor Martín C. Martínez, doctor Willy Patocchi, profe- sora Blanca Amorós De León de Dutra, profesor José Carlos Brun Cardoso, doc- tor Marcial Bugallo, ingeniero Eduardo Crispo Ayala, doctor José Enrique Etcheverry Stirling, ingeniero químico Bertrand Gruss, doctor Rafael Ravera Giuria, contador Pedro P. Rivero, contador Alberto Rodríguez Marghieri, ingeniero agrónomo Jorge Seré del Campo e ingeniero Alejandro Vegh Villegas. Quienes figuran en los primeros 11 lugares de la lista integraban el Consejo de Estado desde su creación y permanecieron en esta segunda versión; los 3 siguientes se habían incorporado
antes de noviembre de 1976 y fueron avalados, los 11 restantes fueron designados en esa fecha. El Consejo de la Nación debía designar 5 suplentes, pero sólo logro acuerdo para designar a 3, que fueron: el profesor José Luis Vadora Rozier, Edgardo Héctor Abell y el doctor Buenaventura Caviglia Cámpora.
Un año después, en 1977, dejaron sus cargos Mario Gaggero, Blanca Amorós de León de Dutra, Osvaldo Soriano y José Etheverry Stirling. Ocuparon esas plazas: José Luis Vadora Rozier, Buenaventura Caviglia Cámpora y el arquitecto Gustavo Nicolich.
El Consejo de la Nación designó 5 suplentes, esta vez se pusieron de acuerdo, y fueron distinguidos con el cargo: el profesor Batutista Etcheverry Baggio y los doctores Francisco Paternó, Carlos Maeso, Orlando Benia Comas y Raimundo Abella.
Cuando el teniente general Gregorio Alvarez asume como dictador se vuelve a renovar el Consejo de Estado. A través del acta institucional 11, del 28 de julio de 1981, se aumentó el número de 25 a 35. De la integración inicial de 8 años antes solo quedaron Hamlet Reyes y Eduardo Praderi. Mantuvieron sus cargos en la institucionalidad fascista Marcial Bugallo y Federico García Capurro. Todos los demás, que acompañaron el ascenso al poder de Gregorio Alvarez, eran nuevos: la nueva camada de colaboracionistas de la represión y el terrorismo de Estado.
Entre los nuevos había intendentes de la dictadura, pertenecientes al Partido Colorado y el Partido Nacional, como Belvisi, Benachín, González y Gutiérrez; otros eran militares retirados, como Bolentini y Bendahan e incluso había algunos que habían sido parlamentarios antes del Golpe, como Craviotto y Cérsosimo, ambos del Partido Colorado. La nómina completa del Consejo de Estado que acompañó a Gregorio Alvarez es la siguiente: Hamlet Reyes (presidente), doctor Marcial Bugallo, doctor Federico García Capurro, ingeniero Eduardo Praderi, arquitecto Walter Belvisi, Norberto Bernachín, Gervasio González, ingeniero agrónomo Adolfo Gutiérrez, coronel Néstor Bolentini, escribano Pedro W. Cersósimo, profesor Wilson Craviotto, brigadier general Raúl Bendahan, Alberto Aguiar, Hugo Amondarain, Fernando Assucao, Bernardo Barrán, Daniel Barreiro, Domingo Burgueño Miguel, Juan J. Burgos, Eduardo Carrera Hughes, Rodolfo Ciganda, Luis A. Crisci, Waldemar Cuadri, Alfredo De Castro, Milton de los Santos, doctor Eduardo Esteva, doctor Juan Santana Etcheverrito, Antonio Gabito Barrios, escribano Manuel Gastelumendi, doctor Carlos A. Gelpi, Alfonso Greissing, Irma Lamana, profesor Ricardo Milessi, Genaro Perinetti García y Ruben Riani. En total fueron Consejeros de Estado de la dictadura 113 hombres y mujeres. En la etapa final de la dictadura ingresaron al Consejo de Estado en diferentes momentos: el doctor Jorge Amondarain Mendoza, la doctora María Ruth Andrade de Ochoa, el doctor Enrique Arocena Olivera, el doctor Dardo Casas del Río, Alberto del Pino Borrallo, Luis O. Dini, Juan P. Ferreira, profesor Werther Martínez, doctor Miguel Pereira Serra, doctor Cesalino Silveira, Armando Barhaburu Bagalciague, Jorge Borlandelli, Gilver Cagnone, Francisco Cantou, Eduardo Galagorri Bruche, contralmirante ® Víctor González Ibargoyen, Antonio Guerra, Hugo Manini Ríos, Julio César Michelli, Pablo Millor, Daniel Ordoñez, Víctor Otriz, Miguel Peirano, doctor Ricardo Reily Salaverry, Emilio Sader, Nelson Simonetti, Atanasildo Viera y Ariel Villar.
La Justicia secuestrada
Con el acta institucional Nº 8 se creó el Ministerio de Justicia y se suprimió, por completo, la independencia del Poder Judicial. Esta ya se había recortado y vulnerado al darle potestad a los Tribunales Militares para juzgar a civiles en el marco de la represión, durante los gobiernos de Partido Colorado, encabezados por Jorge Pacheco Areco y Juan María Bordaberry.
Para entender algunas cosas del presente y la importancia que le dio la dictadura a la penetración al sistema de Justicia baste recordar las declaraciones de quien fuera Ministro de Justicia de la dictadura, Rafael Addiego Bruno, quién dijo luego de recuperada la democracia, que “de los 190 jueces, de paz, penales y de los tribunales de apelaciones, 180 fueron designados o ascendieron durante el régimen de facto” (Revista Jaque, 26 de junio de 1985).
Durante la dictadura los jueces, al asumir, debían jurar respeto a las Actas Institucionales y no sólo a la Constitución.
En una lista obligatoriamente parcial, que debe hacerse más exhaustiva, cabe recordar que de los actuales 5 miembros de la Suprema Corte de Justicia 4 ingresaron al Poder Judicial durante la dictadura, publicamos los nombres de la Corte de Justicia de la dictadura y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
En la Corte de Justicia (la dictadura le sacó el nombre de Suprema) estuvieron en 1977: Francisco Jas Marcora, Rómulo Vago, Carlos H. Dubra, José Pedro Gatto de Souza y Sabino Dante Sabini. En 1984 sus integrantes eran: Rafael Addiego Bruno, José Pedro Gatto de Souza, Ramiro López Rivas Sara Fons de Genta y Juan José Silva Delgado. Integraron en otros momentos de la dictadura la Corte Suprema de Justicia: Eric Colombo y Enrique V. Frigerio.
En 1977 integraban el Tribunal de lo Contecioso Administrativo: Miguel Fernández Viqueira, César Canessa Etcheverr y, Alberto Reyes Terra, Ramiro López Rivas y Victor Maestro Toletti. En 1984 estaba compuesto por: Víctor Maestro Toletti, Orlando Olmedo, Francisco D´Angelo, Héctor Clavijo y José Julio Folle. También lo integró en otros momentos Hilda Moltedo de Espíndola.
Los intendentes de la dictadura
La dictadura reservó para sus coroneles el preciado botín de las intendencias intervenidas. Pero los civiles colaboradores también obtuvieron participación y más de 15 fueron designados para este codiciado cargo, que permitía acceso a recursos y manejo de cuotas de poder.
Todos los civiles que se desempeñaron como intendentes de la dictadura fueron blancos y colorados. En Montevideo estuvieron los doctores Víctor Rachetti y Juan Carlos Paysée. En Artigas, Basilio Bargato; en Canelones, Gervasio González; en Cerro Largo, Juan José Burgos; en Flores, Pedro Ramos Mañé; en Lavalleja, Juan Salaberry Olascoaga y Oribe Pereyra Parada; en Paysandú, Walter Belvisi; en Rivera, Ariel Pereyra y Adolfo Gutiérrez; en Rocha, Milton de los Santos; en Salto, Néstor Minutti; en San José; Juan Chiruchi; en Tacuarembó, Norberto Bernachín y en Treinta y Tres, Ruben Silveira Zuolaga.
Corte Electoral, ¿para qué?
Una Corte Electoral en una dictadura no es un organismo con mucho uso, salvo para controlar y por supuesto, para beneficiarse de un cargo, un sueldo y las prebendas de ser funcionarios del régimen. En la Corte Electoral estuvieron: Nicolás Storace Arrosa (presidente interventor), Camilo Pereyra Urueña y Nelson Vicens Alegre y Ricardo Cerro. La jefa de abogados fue la doctora Cristina Maeso y el secretario letrado, que luego siguió por años en democracia, Mario Cataldi.
Los banqueros de la dictadura
Los contadores José Gil Díaz, José María Puppo y Juan Carlos Protassi se sucedieron en la presidencia del Banco Central. Integraron también el directorio del Banco Central, Carlos Koncke, Luis Romero Diana y Julio César Pacchioti.
En el Banco República estuvieron Moisés Cohen, Raúl Ferraro y Bolívar Castro. El Banco Hipotecario estuvo presidido durante casi toda la dictadura por Julio César Luongo, En el BHU hubo una presencia hegemónica de oficiales de la Fuerza Aérea, pero también actuaron civiles: Ernesto Llovet, Alberto Romaniello y Angel María Scelza.
En el Banco de Seguros, actuaron: Federico Baum González, Osorio de Salterain, Osvaldo Sánchez Márquez y Carlos Ravenna.
Los diplomáticos del terror
Fueron embajadores de la dictadura, entre otros, Jorge Pacheco Areco (en España, Suiza y EEUU), Adolfo Folle Martínez (en Argentina), Carlos Manini Ríos (en Brasil), José Enrique Etcheverry Stirling (en Francia), Edgardo Abella (en el Reino Unido y España), Raúl Soriano Mesía (en el Reino Unido), Fernando Gómez Fyn (en Colombia), Osvaldo Soriano (en Guatemala), Francisco Mario Ubillos (en Portugal), Raquel Lombardo de Debetolaza (en El Vaticano), Francisco Bustillo del Campo (en Bolivia), Buenaventura Caviglia Cámpora (en China), Alvaro Alvarez (en los Países Bajos), Gastón Sciara Rebollo (en Egipto), Carlos Duarte (en Grecia), Raúl Benavidez (en Canadá) y Adolfo Silva Delgado (en Corea).
Sin duda un papel especial de defensa de la dictadura, sobre todo ante las denuncias internacionales por las violaciones a los DDHH, jugaron Carlos Alberto Roca y Carlos Giambruno, que fueron representantes permanentes ante la ONU; Martín C. Martínez ante la UNESCO; Mateo Márquez Seré, Carlos Alberto Roca y Francisco Bustillo ante la OEA.
Muy especial fue el papel de quienes defendieron la dictadura ante Comisión de DDHH de la ONU. En los años 1979 y 1980 integraron esas delegaciones Carlos Giambruno, Juan José Real, Zulma Guelman, Luis A. Carrese, Carlos Nadal, Carlos Barros Oreiro, Alvaro Moerzinger, José Catalayud Bosch, Ruben Díaz Porto y Graziella Dubra.
Entes y Servicios
En los Entes y Servicios Descentralizados, particularmente en los primeros, la presencia militar fue la tónica. En algunos de ellos no aparecen civiles encabezándolos, al menos no surgen de las investigaciones periodísticas, como los casos de PLUNA, ANP y AFE. En los restantes entes la preponderancia militar fue notoria, incluso hubo una repartición entre las tres armas de los entes del Estado, aunque en algunos colaboraron las tres. Igualmente hubo presencia civil en los directorios.
En OSE estuvieron: Juan Carlos Payseé, Ricardo Bengoa Rodríguez, los ingenieros Nicolás Goloubintseff, Pedro Echeverrigaray, Horacio Paullier Puig y Alberto Barragu Fassoli, también el contador Nelson Russo.
En ANTEL actuaron los ingenieros Norberto Faroppa, Edison García Regueiro e Isidro Vila, los contadores Hugo Federico Aguiar y Carlos Corti Moreno y el doctor Antonio Stella.
En ANCAP: el ingeniero químico Bertrand Gruss Dassain y los contadores Enrique Víctor Conde, Raúl Manuel Pazos y Alberto Carlevari.
En UTE: el arquitecto Juan José Castro y la ingeniera Marta Casabó.
En el SODRE se desempeñaron el arquitecto Emilio Massabrio, el doctor Eric Simon, Jorge Rodríguez Deluchi e Imazul Fernández.
En el Consejo del Niño actuaron: los doctores Mario Cantón y Juan Antonio Baglivi, las educacionistas María Teresita Farías de Pastorell y Nelly Vioeta Sarasúa de Siqueira.
En el Banco de Previsión Social se desempeñaron los doctores Juan Buccino Clérico, Ricardo Arguello Bellini, Alfredo Lamaison y Jaime Bonsignore. Fueron directores generales de la seguridad social Alfredo Ruiz Popelka y el contador Juan Femenías Iglesias, y subdirector, el contador Luis Givogre, quien también estuvo al frente, junto con el doctor Ruben Gayol, de Asignaciones Familiares.
En el Tribunal de Cuentas estuvieron el contador Julio V. Canessa, Roberto Lasale, Washington Fernández, Humberto Balleto, Juan José Fraschini, Ulises Morassi y Lliri Pedro Sassi.
En el Instituto Nacional de Colonización actuaron Walter Arias, Tydeo Larre Borges (hijo), Oscar Aguirre y Carlos Zita.
En el Consejo Nacional de Turismo estuvieron el agrimensor Adolfo Agorio, el arquitecto Jorge Fagel Figari, Julio Jorge Núñez Queiros y Victor Paullier Martínez.
También tuvieron cargos de confianza durante la dictadura las siguientes personas: Danilo Arbilla, director de Difusión e Informaciones de la Presidencia de la República; Barret Puig, prosecretario de Difusión e Informciones de la Presidencia de la República; José A. Barrio y Ruben Gayol, inspectores generales de Trabajo, el contador Romeo Maeso Sueiro, director de Aduanas; Ernesto Castaldi, director de Migraciones; los contadores Jorge Ponce de León Previtali y Mi- guel Angel Loureiro, directores de la Contaduría General de la Nación; el contador José María Michietti, director de SEPLACODI; el ingeniero agrónomo Eduardo Peile, director del INAC; el contador David Manuel Cukierman, Tesorero General de la Nación; el ingeniero Manuel Berger, director nacional de Energía; el doctor Héctor Volpe, presidente de la Junta de Vecinos de Montevideo; el contador Horacio Parodi, director general de Estadística y Censos; los ingenieros César Esperanza y Remigio Dante Gabín Pirotti, directores nacionales de Industria; el ingeniero agrónomo Julio Aznárez, presidente del Plan Agropecuario; los doctores Mario Tissoni y Daniel Gamarra, director y sub director, de la Oficina de Servicio Civil; Sarandí J. Silveira, director de Dinacoprin; el doctor Osvaldo Sánchez Márquez, director de Coprin, el contador Raúl Xavier, director de la Dirección General Impositiva; Jorge Sienra y Santiago Acuña, directores de Comer- cio Exterior y Angela Chiola de Píriz, Directora Nacional de Trabajo.
La enseñanza copada
El CONAE gobernaba la enseñanza primaria, secundaria y técnica, fueron sus rectores: el arquitecto Elzeario Boix Larriera, el ingeniero Daniel Ferreira y el profesor Ramiro Mata.
También ocuparon cargos de alta responsabilidad en el CONAE, como director general, el inspector Mario Roldós Puis y como secretario general, el inspector Eleuterio González.
Enseñanza Primaria estuvo a cargo del doctor Pedro Freire y del maestro Miguel Ribolla; Secundaria del doctor Fernando Bosch y de los profesores Carlos Pascual y Juan Carlos Laborde; la enseñanza técnica fue dirigida por Enrique Kliche y el profesor Miguel Curbelo Platero.
La intervención de la Universidad
La Universidad fue un blanco explícito de la dictadura. Fue intervenida en noviembre de 1973 tras fracasar el intento, en setiembre, de unas elecciones donde se desplazara a las autoridades legítimas, esas elecciones fueron ganadas por la FEUU y los gremios a pesar de la represión y el miedo. Desde esa fecha los rectores fueron designados directamente por el Poder Ejecutivo golpista. El primer rector interventor de la dictadura fue el doctor Edmundo Narancio, redactor del diario El País. Luego lo siguieron el arquitecto Gustavo Nicolich, el contador Jorge Anselmi, el doctor Enrique Viana Reyes, la doctora Raquel Lombardo de Debetolazza, el doctor Luis Antonio Menafra y el doctor Gonzalo Lapido Díaz.
En los decanatos de las facultades estuvieron aproximadamente 40 profesionales. En Derecho y Ciencias Sociales: Raúl Abraham, Valentín Sánchez, Luis Sayagués Laso, Manuel Adolfo Vieira, Blas Rossi Masella y Manuel Orlando López. En Medicina: los doctores Gonzalo Fernández (que no tiene nada que ver con el catedrático en derecho penal y luego secretario general del la presidencia y canciller en el gobierno del FA), Eduardo Anavitarte, Gonzalo Lapido Díaz y Carlos Oenhinger.
En Ciencias Económicas: los contadores Jorge Anselmi y Nilo Berchesi. En Agronomía: los ingenieros agrónomos Adolfo Berro, Daniel Faggi y Armando Rabufetti. En Odontología: los doctores Hugo Amorín, Miguel Banchieri, Walter Lieber Belli y José B. Costas.
En Humanidades y Ciencias: el licenciado Miguel Klappenbach y el doctor Rodolfo Gori Carrara. En Arquitectura, los arquitectos Gustavo Nicolich, Reclus Amenedo y Juan José Casal Rocco. En Química: los doctores José Delfino Lema, Raquel Lombardo de Debetolazza, Luis Menafra y Firvalier Bassagoda. En Ingeniería: los ingenieros Alfredo de Santiago, Juan Carlos Paletta Queirolo, Norberto Faroppa y Héctor Ibarlucca. En Veterinaria: los doctores Carlos Olave Castro, Gustavo Cristi, Héctor Lazanco, Oscar Latourrette, Mario Aragunde y Carlos Muniz.
En la dirección de la Escuela de Servicio Social estuvieron: Alberto Leizagoyen y José Botta Roccatagliatta. En la entonces Escuela de Psicología estuvo el doctor Mario Saiz. En el Conservatorio de Música, el doctor Pedro Ipuche Riva. En el Instituto de Economía, el contador Alberto Bensión y en el de Estudios Sociales, el doctor Ulises Graseras.
Especial tarea cumplió la División de Sumarios de la Universidad, que encabezó la caza de brujas contra docentes y funcionarios. Cientos de sumarios y destituciones, amparadas en el Acta Institucional Nº 7. El responsable entre 1974 y 1981 fue el doctor Roberto Falchetti y trabajaron cercanos a él, y operaron en esos procedimientos: José María Traibel, Mario Artecona, Juan José Calanchini y el escribano Juan Antonio Trocoli.
El SMU también
Fue intervenido el Sindicato Médico del Uruguay, al principio esta intervención fue ejercida por un colectivo integrado por: el doctor Eustaquio Montero, el escribano Mauricio Lionel Vidal, el doctor Roberto Falchetti, el contador Raúl Bartesaghi y el doctor Mario Artecona. Después paso a hacer unipersonal y la asumió el doctor Juan Tarrasa y a partir de 1976, recayó en el doctor Mario Genta.
MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA
Los civiles de la dictadura
Es un error común calificar al golpe de Estado y a la dictadura como militares. A la cuestión obvia de que el golpe lo dio, un civil, electo además por el Partido Colorado, Juan María Bordaberry, se suma que hubo cientos de civiles que apoyaron la dictadura, fueron su sustento técnico e ideológico y permitieron que el Estado fascista funcionara.
Cuando se habla de dictadura fascista, se hace justamente para categorizar con justeza lo que ocurrió en este país. Fue un golpe y un régimen sustentado por la oligarquía nacional, en especial por los representantes del capital financiero, el latifundio, los grandes capitales trasnacionales y los más retrógrados de los profesionales e intelectuales.
Eso se expresó en el apoyo al golpe de la Asociación Rural, la Asociación de Bancos, una parte no menor de las gremiales empresariales, por supuesto que la embajada de EEUU y los sectores más conservadores del Partido Colorado y el Partido Nacional.
EL POPULAR publica un listado, incompleto por cierto, de 421 civiles que ocuparon cargos de confianza durante la dictadura: 74 en el Poder Ejecutivo, 113 del Consejo de Estado, 24 en el Poder Judicial, 16 en las Intendencias, 6 en la Corte Electoral, 35 en los Entes y los Servicios, 16 en los Bancos Estatales, 13 en la Enseñanza, 49 en la Universidad, 28 en el Cuerpo Diplomático y 47 en otras áreas del Estado.
Se reproduce casi textualmente un informe publicado en LA REPUBLICA el 28 de junio de 2000, que recogía a su vez, datos de investigaciones de Brecha, Zeta y Jaque.
Cabe señalar que, mediante la lucha de nuestro pueblo, la acción de la Justicia y la política desplegada por los dos gobiernos del Frente Amplio, hoy hay presos varios militares acusados de violaciones a los DDHH. Sin embargo, solo dos civiles fueron presos, por su participación en la dictadura: Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco. Solamente el Sindicato Médico del Uruguay y la Udelar, realizaron cuestionamientos éticos y una depuración interna de los cuadros de la dictadura.
La mayoría de los civiles que se citan a continuación pertenecían o al Partido Colorado o al Partido Nacional, en ningún caso fueron expulsados de estas colectividades.
Son sintomáticos los casos de Etchegoyen, miembro del Directorio del Partido Nacional que pasó a presidir el primer Consejo de Estado de la Dictadura. O de Narancio, referente del diario El País, que pasó a ser el interventor de la Universidad. O de Danilo Arbilla, ex director de Búsqueda y hoy paladín de la libertad de prensa en nombre de las patronales de medios y de la SIP que fue director de información de la dictadura.
Nos pareció trascendente recordar o dar a conocer, para muchas uruguayos y uruguayos, estamos seguros que así será, la cara civil de la dictadura. De los que actuaron por convicción ideológica golpista y antidemocrática y de los oportunistas y arribistas, que nunca hubieran llegado por concurso a los cargos que detentaron, por el único mérito de ser serviles a una dictadura.
El Poder Ejecutivo
La dictadura tuvo cuatro presidentes: Juan María Bordaberry entre el 27 de junio de 1973 y el 12 de junio de 1976; Alberto Demicheli, entre el 12 de junio de 1976 y el 10 de setiembre de 1976; Aparicio Méndez, entre el 1 de octubre de 1976 y el 1 de setiembre de 1981 y Gregorio Alvarez entre el 1 de setiembre de 1981 y el 15 de febrero de 1985.
También hubo un presidente de transición, Rafael Adiego Bruno, que ocupó la primera magistratura durante los últimos 15 días de la dictadura. Ocuparon la Secretaria de la Presidencia: Alvaro Pacheco Seré, Luis Vargas Garmendia y Angel María Scelza.
Un primer escalón de colaboradores civiles con la dictadura fueron los ministros. Aquí va una lista secretaria de Estado por secretaria de Estado.
El Ministerio del Interior, tuvo a su frente militares durante los 11 años y medio de dictadura, la militarización de la Policía, su integración a las Fuerzas Conjuntas y la utilización de esta como una fuerza de represión contra su propio pueblo, era un postulado central de la Doctrina de Seguridad Nacional y así se actuó. Los militares que ocuparon el cargo de Ministro del Interior fueron: Néstor Bolentini, Hugo Linares Brum, Manuel Núñez y Yamandú Trinidad.
Los titulares de Defensa Nacional fueron: Walter Ravenna y Justo M. Alonso. Los de Relaciones Exteriores: Juan Carlos Blanco, Alejandro Rovira, Adolfo Folle Martínez, Estanislao Valdés Otero y Carlos Maeso.
En Economía y Finanzas estuvieron: Moisés Cohen, Raúl Pazos, Alejandro Vegh Villegas, Valentín Arismendi, Walter Lusiardo, y nuevamente, Alejandro Vegh Villegas.
Los ministros de Ganadería y Agricultura fueron: Benito Medero, Héctor Albuquerque, Julio Aznárez, Estanislao Valdés Otero, Juan Carlos Cassou, Félix Zubillaga y Carlos Mattos Moglia.
En Trabajo y Seguridad Social estuvieron: José Enrique Etcheverry Stirling, Marcial Bugallo, Carlos Maeso y Luis Alberto Crisci (además del coronel Néstor Bolentini).
En Educación y Cultura: Edmundo Narancio, Daniel Darracq, Raquel Lombardo de Debetolazza, Juan Bautista Schroeder y Armando López Scavino.
En Industria y Energía: Luis Meyer, Adolfo Cardozo Guani, Francisco Tourreilles, Juan Chiarino Rossi y Felisberto Ginzo Gil.
En Salud Pública: Juan Bruno Iruleguy, Justo M. Alonso, Antonio Cañellas y Luis Givogre.
En Transporte y Comunicaciones y Turismo: Francisco Mario Ubillos (este ministerio se suprimió).
En Transporte y Obras Públicas: Eduardo Crispo Ayala y Eduardo Sampson. En el Ministerio de Justicia, creado por la dictadura, estuvo como ministro inaugural Fernando Bayardo Bengoa y lo siguieron Julio César Espínola y César Frigerio.
Un segundo nivel de importancia de los cuadros civiles de la dictadura en el Poder Ejecutivo fueron las subsecretarias es decir los números dos políticos de cada ministerio. Esta lista, vale reiterarlo, no es completa, es la que se pudo rescatar y habrá que seguirla completando.
En el Ministerio del Interior: Roberto Augusto Neri, Luis Vargas Garmendia, y Jorge Amondarain Mendoza. En Defensa Nacional: Armando Chiarino Agurrire. En Relaciones Exteriores: Guido Michelin Salomón, Enrique Delfante, Julio César Lupinacci, Felisberto Ginzo Gil y Heber Arbouet. En Economía y Finanzas: Ernesto Rosso y Valentín Arismendi. En Ganadería y Agricultura: Lazar Gurevich, Juan Carlos Cassou y Tydeo Larre Borges. En Trabajo y Seguridad Social: Alfredo Baeza y Ramón Malvasio. En Educación y Cultura: Carlos Alberto Roca, Héctor Mario Artucio, Luis Antonio Menafra y Martín C. Martínez. En Industria y Energía: Elías Pérez. En Salud Pública: Mario Arcos Pérez, Jorge Nin Vivó y Luis Nicoletti Torchelo. En Justicia: José Calatayud Bosch, Heber Arbouet, Juan Pablo Shcroeder y Dante Barrios.
El Parlamento decorativo
En sustitución del Parlamento la dictadura nombró, como supuesto órgano legislativo, al Consejo de Estado. El primer Consejo de Estado fue designado por el dictador Juan María Bordaberry y entró en funciones el 19 de noviembre de 1973.
Luego y mediante un acta institucional, se creó el Consejo de la Nación, que integraban los 25 Consejeros de Estado y los 21 oficiales generales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Este órgano, emblemático de la nueva institucionalidad creada por la dictadura por su integración de civiles y militares, tenía entre sus cometidos designar a los Consejeros de Estado y ocupar las vacantes que se fueran produciendo.
El primer Consejo de Estado, el designado por el dictador Bordaberry, tuvo la siguiente integración: doctor Martín Recaredo Etchegoyen (presidente), doctora Aurora Alvarez de Silva Ledesma, Gladys Freire de Addiego, María Luisa Coolighan Sanguinetti, doctor Alberto Demichelli, doctor Aparicio Méndez, doctor Hamlet Reyes, doctor Emilio Siemens Amaro, doctor Julio César Espínola, José Antonio Varela, Jesús Rubio, doctor Daniel Rodríguez Larreta, Juan Rodríguez López, doctor Mario Arcos Pérez, Rodolfo Saccone, doctor Alfredo Lamaison, doctor Mario Gaggero, arquitecto Raúl Clerc, doctor José Francisco Franca, doctor Osvaldo Soriano, doctor Enrique Viana Reyes, Alfredo Cardoso Arrarte, ingeniero Eduardo Praderi, ingeniero Mario Jorge Coppetti y Jorge Spangenberg.
El 1º de setiembre de 1976 se procesó la primera renovación importante del Consejo de Estado y quedó así: doctor Hamlet Reyes (presidente), doctora Aurora Alvarez de Silva Ledesma, doctor Mario Arcos Pérez, ingeniero Mario Jorge Coppetti, doctor Julio César Espínola, doctor José Francisco Franca, doctor Mario Gaggero, ingeniero Eduardo Praderi, doctor Daniel Rodríguez Larreta, doctor Osvaldo Soriano, doctor Enrique Viana Reyes, doctor Jorge Laborde Bercianos, doctor Martín C. Martínez, doctor Willy Patocchi, profe- sora Blanca Amorós De León de Dutra, profesor José Carlos Brun Cardoso, doc- tor Marcial Bugallo, ingeniero Eduardo Crispo Ayala, doctor José Enrique Etcheverry Stirling, ingeniero químico Bertrand Gruss, doctor Rafael Ravera Giuria, contador Pedro P. Rivero, contador Alberto Rodríguez Marghieri, ingeniero agrónomo Jorge Seré del Campo e ingeniero Alejandro Vegh Villegas. Quienes figuran en los primeros 11 lugares de la lista integraban el Consejo de Estado desde su creación y permanecieron en esta segunda versión; los 3 siguientes se habían incorporado
antes de noviembre de 1976 y fueron avalados, los 11 restantes fueron designados en esa fecha. El Consejo de la Nación debía designar 5 suplentes, pero sólo logro acuerdo para designar a 3, que fueron: el profesor José Luis Vadora Rozier, Edgardo Héctor Abell y el doctor Buenaventura Caviglia Cámpora.
Un año después, en 1977, dejaron sus cargos Mario Gaggero, Blanca Amorós de León de Dutra, Osvaldo Soriano y José Etheverry Stirling. Ocuparon esas plazas: José Luis Vadora Rozier, Buenaventura Caviglia Cámpora y el arquitecto Gustavo Nicolich.
El Consejo de la Nación designó 5 suplentes, esta vez se pusieron de acuerdo, y fueron distinguidos con el cargo: el profesor Batutista Etcheverry Baggio y los doctores Francisco Paternó, Carlos Maeso, Orlando Benia Comas y Raimundo Abella.
Cuando el teniente general Gregorio Alvarez asume como dictador se vuelve a renovar el Consejo de Estado. A través del acta institucional 11, del 28 de julio de 1981, se aumentó el número de 25 a 35. De la integración inicial de 8 años antes solo quedaron Hamlet Reyes y Eduardo Praderi. Mantuvieron sus cargos en la institucionalidad fascista Marcial Bugallo y Federico García Capurro. Todos los demás, que acompañaron el ascenso al poder de Gregorio Alvarez, eran nuevos: la nueva camada de colaboracionistas de la represión y el terrorismo de Estado.
Entre los nuevos había intendentes de la dictadura, pertenecientes al Partido Colorado y el Partido Nacional, como Belvisi, Benachín, González y Gutiérrez; otros eran militares retirados, como Bolentini y Bendahan e incluso había algunos que habían sido parlamentarios antes del Golpe, como Craviotto y Cérsosimo, ambos del Partido Colorado. La nómina completa del Consejo de Estado que acompañó a Gregorio Alvarez es la siguiente: Hamlet Reyes (presidente), doctor Marcial Bugallo, doctor Federico García Capurro, ingeniero Eduardo Praderi, arquitecto Walter Belvisi, Norberto Bernachín, Gervasio González, ingeniero agrónomo Adolfo Gutiérrez, coronel Néstor Bolentini, escribano Pedro W. Cersósimo, profesor Wilson Craviotto, brigadier general Raúl Bendahan, Alberto Aguiar, Hugo Amondarain, Fernando Assucao, Bernardo Barrán, Daniel Barreiro, Domingo Burgueño Miguel, Juan J. Burgos, Eduardo Carrera Hughes, Rodolfo Ciganda, Luis A. Crisci, Waldemar Cuadri, Alfredo De Castro, Milton de los Santos, doctor Eduardo Esteva, doctor Juan Santana Etcheverrito, Antonio Gabito Barrios, escribano Manuel Gastelumendi, doctor Carlos A. Gelpi, Alfonso Greissing, Irma Lamana, profesor Ricardo Milessi, Genaro Perinetti García y Ruben Riani. En total fueron Consejeros de Estado de la dictadura 113 hombres y mujeres. En la etapa final de la dictadura ingresaron al Consejo de Estado en diferentes momentos: el doctor Jorge Amondarain Mendoza, la doctora María Ruth Andrade de Ochoa, el doctor Enrique Arocena Olivera, el doctor Dardo Casas del Río, Alberto del Pino Borrallo, Luis O. Dini, Juan P. Ferreira, profesor Werther Martínez, doctor Miguel Pereira Serra, doctor Cesalino Silveira, Armando Barhaburu Bagalciague, Jorge Borlandelli, Gilver Cagnone, Francisco Cantou, Eduardo Galagorri Bruche, contralmirante ® Víctor González Ibargoyen, Antonio Guerra, Hugo Manini Ríos, Julio César Michelli, Pablo Millor, Daniel Ordoñez, Víctor Otriz, Miguel Peirano, doctor Ricardo Reily Salaverry, Emilio Sader, Nelson Simonetti, Atanasildo Viera y Ariel Villar.
La Justicia secuestrada
Con el acta institucional Nº 8 se creó el Ministerio de Justicia y se suprimió, por completo, la independencia del Poder Judicial. Esta ya se había recortado y vulnerado al darle potestad a los Tribunales Militares para juzgar a civiles en el marco de la represión, durante los gobiernos de Partido Colorado, encabezados por Jorge Pacheco Areco y Juan María Bordaberry.
Para entender algunas cosas del presente y la importancia que le dio la dictadura a la penetración al sistema de Justicia baste recordar las declaraciones de quien fuera Ministro de Justicia de la dictadura, Rafael Addiego Bruno, quién dijo luego de recuperada la democracia, que “de los 190 jueces, de paz, penales y de los tribunales de apelaciones, 180 fueron designados o ascendieron durante el régimen de facto” (Revista Jaque, 26 de junio de 1985).
Durante la dictadura los jueces, al asumir, debían jurar respeto a las Actas Institucionales y no sólo a la Constitución.
En una lista obligatoriamente parcial, que debe hacerse más exhaustiva, cabe recordar que de los actuales 5 miembros de la Suprema Corte de Justicia 4 ingresaron al Poder Judicial durante la dictadura, publicamos los nombres de la Corte de Justicia de la dictadura y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
En la Corte de Justicia (la dictadura le sacó el nombre de Suprema) estuvieron en 1977: Francisco Jas Marcora, Rómulo Vago, Carlos H. Dubra, José Pedro Gatto de Souza y Sabino Dante Sabini. En 1984 sus integrantes eran: Rafael Addiego Bruno, José Pedro Gatto de Souza, Ramiro López Rivas Sara Fons de Genta y Juan José Silva Delgado. Integraron en otros momentos de la dictadura la Corte Suprema de Justicia: Eric Colombo y Enrique V. Frigerio.
En 1977 integraban el Tribunal de lo Contecioso Administrativo: Miguel Fernández Viqueira, César Canessa Etcheverr y, Alberto Reyes Terra, Ramiro López Rivas y Victor Maestro Toletti. En 1984 estaba compuesto por: Víctor Maestro Toletti, Orlando Olmedo, Francisco D´Angelo, Héctor Clavijo y José Julio Folle. También lo integró en otros momentos Hilda Moltedo de Espíndola.
Los intendentes de la dictadura
La dictadura reservó para sus coroneles el preciado botín de las intendencias intervenidas. Pero los civiles colaboradores también obtuvieron participación y más de 15 fueron designados para este codiciado cargo, que permitía acceso a recursos y manejo de cuotas de poder.
Todos los civiles que se desempeñaron como intendentes de la dictadura fueron blancos y colorados. En Montevideo estuvieron los doctores Víctor Rachetti y Juan Carlos Paysée. En Artigas, Basilio Bargato; en Canelones, Gervasio González; en Cerro Largo, Juan José Burgos; en Flores, Pedro Ramos Mañé; en Lavalleja, Juan Salaberry Olascoaga y Oribe Pereyra Parada; en Paysandú, Walter Belvisi; en Rivera, Ariel Pereyra y Adolfo Gutiérrez; en Rocha, Milton de los Santos; en Salto, Néstor Minutti; en San José; Juan Chiruchi; en Tacuarembó, Norberto Bernachín y en Treinta y Tres, Ruben Silveira Zuolaga.
Corte Electoral, ¿para qué?
Una Corte Electoral en una dictadura no es un organismo con mucho uso, salvo para controlar y por supuesto, para beneficiarse de un cargo, un sueldo y las prebendas de ser funcionarios del régimen. En la Corte Electoral estuvieron: Nicolás Storace Arrosa (presidente interventor), Camilo Pereyra Urueña y Nelson Vicens Alegre y Ricardo Cerro. La jefa de abogados fue la doctora Cristina Maeso y el secretario letrado, que luego siguió por años en democracia, Mario Cataldi.
Los banqueros de la dictadura
Los contadores José Gil Díaz, José María Puppo y Juan Carlos Protassi se sucedieron en la presidencia del Banco Central. Integraron también el directorio del Banco Central, Carlos Koncke, Luis Romero Diana y Julio César Pacchioti.
En el Banco República estuvieron Moisés Cohen, Raúl Ferraro y Bolívar Castro. El Banco Hipotecario estuvo presidido durante casi toda la dictadura por Julio César Luongo, En el BHU hubo una presencia hegemónica de oficiales de la Fuerza Aérea, pero también actuaron civiles: Ernesto Llovet, Alberto Romaniello y Angel María Scelza.
En el Banco de Seguros, actuaron: Federico Baum González, Osorio de Salterain, Osvaldo Sánchez Márquez y Carlos Ravenna.
Los diplomáticos del terror
Fueron embajadores de la dictadura, entre otros, Jorge Pacheco Areco (en España, Suiza y EEUU), Adolfo Folle Martínez (en Argentina), Carlos Manini Ríos (en Brasil), José Enrique Etcheverry Stirling (en Francia), Edgardo Abella (en el Reino Unido y España), Raúl Soriano Mesía (en el Reino Unido), Fernando Gómez Fyn (en Colombia), Osvaldo Soriano (en Guatemala), Francisco Mario Ubillos (en Portugal), Raquel Lombardo de Debetolaza (en El Vaticano), Francisco Bustillo del Campo (en Bolivia), Buenaventura Caviglia Cámpora (en China), Alvaro Alvarez (en los Países Bajos), Gastón Sciara Rebollo (en Egipto), Carlos Duarte (en Grecia), Raúl Benavidez (en Canadá) y Adolfo Silva Delgado (en Corea).
Sin duda un papel especial de defensa de la dictadura, sobre todo ante las denuncias internacionales por las violaciones a los DDHH, jugaron Carlos Alberto Roca y Carlos Giambruno, que fueron representantes permanentes ante la ONU; Martín C. Martínez ante la UNESCO; Mateo Márquez Seré, Carlos Alberto Roca y Francisco Bustillo ante la OEA.
Muy especial fue el papel de quienes defendieron la dictadura ante Comisión de DDHH de la ONU. En los años 1979 y 1980 integraron esas delegaciones Carlos Giambruno, Juan José Real, Zulma Guelman, Luis A. Carrese, Carlos Nadal, Carlos Barros Oreiro, Alvaro Moerzinger, José Catalayud Bosch, Ruben Díaz Porto y Graziella Dubra.
Entes y Servicios
En los Entes y Servicios Descentralizados, particularmente en los primeros, la presencia militar fue la tónica. En algunos de ellos no aparecen civiles encabezándolos, al menos no surgen de las investigaciones periodísticas, como los casos de PLUNA, ANP y AFE. En los restantes entes la preponderancia militar fue notoria, incluso hubo una repartición entre las tres armas de los entes del Estado, aunque en algunos colaboraron las tres. Igualmente hubo presencia civil en los directorios.
En OSE estuvieron: Juan Carlos Payseé, Ricardo Bengoa Rodríguez, los ingenieros Nicolás Goloubintseff, Pedro Echeverrigaray, Horacio Paullier Puig y Alberto Barragu Fassoli, también el contador Nelson Russo.
En ANTEL actuaron los ingenieros Norberto Faroppa, Edison García Regueiro e Isidro Vila, los contadores Hugo Federico Aguiar y Carlos Corti Moreno y el doctor Antonio Stella.
En ANCAP: el ingeniero químico Bertrand Gruss Dassain y los contadores Enrique Víctor Conde, Raúl Manuel Pazos y Alberto Carlevari.
En UTE: el arquitecto Juan José Castro y la ingeniera Marta Casabó.
En el SODRE se desempeñaron el arquitecto Emilio Massabrio, el doctor Eric Simon, Jorge Rodríguez Deluchi e Imazul Fernández.
En el Consejo del Niño actuaron: los doctores Mario Cantón y Juan Antonio Baglivi, las educacionistas María Teresita Farías de Pastorell y Nelly Vioeta Sarasúa de Siqueira.
En el Banco de Previsión Social se desempeñaron los doctores Juan Buccino Clérico, Ricardo Arguello Bellini, Alfredo Lamaison y Jaime Bonsignore. Fueron directores generales de la seguridad social Alfredo Ruiz Popelka y el contador Juan Femenías Iglesias, y subdirector, el contador Luis Givogre, quien también estuvo al frente, junto con el doctor Ruben Gayol, de Asignaciones Familiares.
En el Tribunal de Cuentas estuvieron el contador Julio V. Canessa, Roberto Lasale, Washington Fernández, Humberto Balleto, Juan José Fraschini, Ulises Morassi y Lliri Pedro Sassi.
En el Instituto Nacional de Colonización actuaron Walter Arias, Tydeo Larre Borges (hijo), Oscar Aguirre y Carlos Zita.
En el Consejo Nacional de Turismo estuvieron el agrimensor Adolfo Agorio, el arquitecto Jorge Fagel Figari, Julio Jorge Núñez Queiros y Victor Paullier Martínez.
También tuvieron cargos de confianza durante la dictadura las siguientes personas: Danilo Arbilla, director de Difusión e Informaciones de la Presidencia de la República; Barret Puig, prosecretario de Difusión e Informciones de la Presidencia de la República; José A. Barrio y Ruben Gayol, inspectores generales de Trabajo, el contador Romeo Maeso Sueiro, director de Aduanas; Ernesto Castaldi, director de Migraciones; los contadores Jorge Ponce de León Previtali y Mi- guel Angel Loureiro, directores de la Contaduría General de la Nación; el contador José María Michietti, director de SEPLACODI; el ingeniero agrónomo Eduardo Peile, director del INAC; el contador David Manuel Cukierman, Tesorero General de la Nación; el ingeniero Manuel Berger, director nacional de Energía; el doctor Héctor Volpe, presidente de la Junta de Vecinos de Montevideo; el contador Horacio Parodi, director general de Estadística y Censos; los ingenieros César Esperanza y Remigio Dante Gabín Pirotti, directores nacionales de Industria; el ingeniero agrónomo Julio Aznárez, presidente del Plan Agropecuario; los doctores Mario Tissoni y Daniel Gamarra, director y sub director, de la Oficina de Servicio Civil; Sarandí J. Silveira, director de Dinacoprin; el doctor Osvaldo Sánchez Márquez, director de Coprin, el contador Raúl Xavier, director de la Dirección General Impositiva; Jorge Sienra y Santiago Acuña, directores de Comer- cio Exterior y Angela Chiola de Píriz, Directora Nacional de Trabajo.
La enseñanza copada
El CONAE gobernaba la enseñanza primaria, secundaria y técnica, fueron sus rectores: el arquitecto Elzeario Boix Larriera, el ingeniero Daniel Ferreira y el profesor Ramiro Mata.
También ocuparon cargos de alta responsabilidad en el CONAE, como director general, el inspector Mario Roldós Puis y como secretario general, el inspector Eleuterio González.
Enseñanza Primaria estuvo a cargo del doctor Pedro Freire y del maestro Miguel Ribolla; Secundaria del doctor Fernando Bosch y de los profesores Carlos Pascual y Juan Carlos Laborde; la enseñanza técnica fue dirigida por Enrique Kliche y el profesor Miguel Curbelo Platero.
La intervención de la Universidad
La Universidad fue un blanco explícito de la dictadura. Fue intervenida en noviembre de 1973 tras fracasar el intento, en setiembre, de unas elecciones donde se desplazara a las autoridades legítimas, esas elecciones fueron ganadas por la FEUU y los gremios a pesar de la represión y el miedo. Desde esa fecha los rectores fueron designados directamente por el Poder Ejecutivo golpista. El primer rector interventor de la dictadura fue el doctor Edmundo Narancio, redactor del diario El País. Luego lo siguieron el arquitecto Gustavo Nicolich, el contador Jorge Anselmi, el doctor Enrique Viana Reyes, la doctora Raquel Lombardo de Debetolazza, el doctor Luis Antonio Menafra y el doctor Gonzalo Lapido Díaz.
En los decanatos de las facultades estuvieron aproximadamente 40 profesionales. En Derecho y Ciencias Sociales: Raúl Abraham, Valentín Sánchez, Luis Sayagués Laso, Manuel Adolfo Vieira, Blas Rossi Masella y Manuel Orlando López. En Medicina: los doctores Gonzalo Fernández (que no tiene nada que ver con el catedrático en derecho penal y luego secretario general del la presidencia y canciller en el gobierno del FA), Eduardo Anavitarte, Gonzalo Lapido Díaz y Carlos Oenhinger.
En Ciencias Económicas: los contadores Jorge Anselmi y Nilo Berchesi. En Agronomía: los ingenieros agrónomos Adolfo Berro, Daniel Faggi y Armando Rabufetti. En Odontología: los doctores Hugo Amorín, Miguel Banchieri, Walter Lieber Belli y José B. Costas.
En Humanidades y Ciencias: el licenciado Miguel Klappenbach y el doctor Rodolfo Gori Carrara. En Arquitectura, los arquitectos Gustavo Nicolich, Reclus Amenedo y Juan José Casal Rocco. En Química: los doctores José Delfino Lema, Raquel Lombardo de Debetolazza, Luis Menafra y Firvalier Bassagoda. En Ingeniería: los ingenieros Alfredo de Santiago, Juan Carlos Paletta Queirolo, Norberto Faroppa y Héctor Ibarlucca. En Veterinaria: los doctores Carlos Olave Castro, Gustavo Cristi, Héctor Lazanco, Oscar Latourrette, Mario Aragunde y Carlos Muniz.
En la dirección de la Escuela de Servicio Social estuvieron: Alberto Leizagoyen y José Botta Roccatagliatta. En la entonces Escuela de Psicología estuvo el doctor Mario Saiz. En el Conservatorio de Música, el doctor Pedro Ipuche Riva. En el Instituto de Economía, el contador Alberto Bensión y en el de Estudios Sociales, el doctor Ulises Graseras.
Especial tarea cumplió la División de Sumarios de la Universidad, que encabezó la caza de brujas contra docentes y funcionarios. Cientos de sumarios y destituciones, amparadas en el Acta Institucional Nº 7. El responsable entre 1974 y 1981 fue el doctor Roberto Falchetti y trabajaron cercanos a él, y operaron en esos procedimientos: José María Traibel, Mario Artecona, Juan José Calanchini y el escribano Juan Antonio Trocoli.
El SMU también
Fue intervenido el Sindicato Médico del Uruguay, al principio esta intervención fue ejercida por un colectivo integrado por: el doctor Eustaquio Montero, el escribano Mauricio Lionel Vidal, el doctor Roberto Falchetti, el contador Raúl Bartesaghi y el doctor Mario Artecona. Después paso a hacer unipersonal y la asumió el doctor Juan Tarrasa y a partir de 1976, recayó en el doctor Mario Genta.
3 dic 2013
Hablemos en serio acerca del cambio climático
Amy Goodman
Escribe Amy Goodman
Hablemos en serio acerca del cambio climático
29.11.2013
EE.UU. (Amy Goodman/Democracy Now!) - Un nuevo evento climático extremo está afectando una de las tradiciones más populares de Estados Unidos: el Día de Acción de Gracias. Los meteorólogos de The Weather Channel han denominado a esta tormenta de invierno “Bóreas”, en honor al antiguo Dios del viento norte de la mitología griega, el portador del invierno
Se ha informado que al menos catorce personas han muerto hasta el momento como consecuencia de la tormenta y 58 millones han sido afectadas. Bóreas ha provocado nevadas y lluvias heladas a lo largo del noreste de Estados Unidos en los días de mayor tránsito del año. Los informes sobre el tiempo en la televisión siguen todos el mismo modelo: el intrépido periodista aparece de pie junto a una autopista nevada o en un aeropuerto donde los pasajeros están varados. ¿Acaso no sería una buena idea aprovechar la escena de los transportes que utilizan combustibles fósiles como excusa para hablar del cambio climático? ¿Por qué no hablamos de cómo nuestro estilo de vida, que depende tanto de actividades que emiten gases de efecto invernadero, desde conducir automóviles hasta viajar en avión, contribuye directamente a distorsionar el clima?
Los expertos del clima prevén que, a medida que aumente la temperatura de la Tierra, los eventos climáticos extremos serán cada vez más frecuentes y severos. El Centro Tyndall para la Investigación sobre el Cambio Climático es una organización con sede en Gran Bretaña que reúne a científicos y expertos para investigar, evaluar y comunicar las nuevas realidades provocadas por el calentamiento global. Los científicos del Centro Tyndall asistieron la semana pasada a la conferencia sobre cambio climático de las Naciones Unidas en Varsovia, Polonia. Kevin Anderson es el subdirector del centro. Si bien Varsovia está a tan solo dos horas de avión de Manchester, Anderson prefirió tomar el tren, por lo que viajó durante 23 horas.
"Las emisiones de dióxido de carbono provocadas por los aviones son bastante emblemáticas de la vida moderna, en especial para el puñado de personas ricas como nosotros, y simbolizan lo que hacemos día a día. No pensamos dos veces sobre si generamos más o menos emisiones de carbono. Creo que, hasta cierto punto, los científicos están haciendo un excelente trabajo para mostrar la gravedad del problema, pero el lenguaje que hemos utilizado no ha demostrado la gravedad del asunto a los responsables políticos y eso puede verse claramente aquí. En las grandes sesiones plenarias se puede escuchar a los ministros afirmar con su retórica vacía: 'Debemos hacer algo al respecto'. Son obviedades. Podemos hablar durante horas, pero la ciencia ha demostrado que este proceso está mal encausado", sostuvo el Profesor Anderson.
La conferencia le brinda a un miembro de la delegación de jóvenes la oportunidad de hablar ante la sesión plenaria. Este año, fue Marian Hussein Osman, una joven activista somalí, originaria de Mogadiscio, quien habló ante los presentes: "Si bien la existencia humana no es negociable, ustedes hicieron una apuesta de 21 años con respecto a nuestro futuro. En las últimas horas [de negociaciones], ministros y delegados, les ruego que no permitan que Varsovia se convierta en otro Copenhague. La avaricia y los intereses mezquinos de una minoría no deberían despojarnos de lo que son indiscutiblemente nuestros derechos humanos inalienables. En un momento en que nuestros hogares, nuestro sustento e incluso la existencia geofísica están en riesgo, una mayor ambición para combatir el cambio climático no es algo opcional, sino fundamental".
Poco antes de finalizar la cumbre, alrededor de 800 personas abandonaron las negociaciones y declararon a la conferencia sobre cambio climático de Varsovia la peor hasta la fecha. Llevaban carteles que decían: "Los contaminadores hablan, nosotros marchamos", debido a que las negociaciones de la ONU en Varsovia fueron, por primera vez, co-auspiciadas por las industrias del carbón y el petróleo. Mientras cientos de activistas y representantes de ONG se reunían en el hall del Estadio Nacional de Varsovia (donde se desarrolló la cumbre sobre cambio climático) para abandonar la conferencia, el director ejecutivo de Greenpeace Internacional, Kumi Naidoo, tomó la palabra: "Tenemos un mensaje para nuestros líderes políticos: entiendan que la naturaleza no es negociable. No podemos cambiar la ciencia, sino que debemos cambiar la voluntad política. Tienen la capacidad para hacerlo, y ya no pueden seguir postergándolo. Deben comenzar a hacerlo ahora".
Quienes abandonaron la conferencia también llevaban otro mensaje, la palabra en español "Volveremos", junto a la traducción al inglés: "We will be back". Jamie Henn, de 350.org, sintetizó el espíritu de la acción de abandonar la conferencia y la promesa colectiva de quienes se reunieron para fortalecer los movimientos de base a nivel mundial: "Creo que el acontecimiento más importante en este momento es que algunas de las ONG más grandes del mundo, como WWF, Oxfam, Greenpeace, grupos que tradicionalmente han participado en este proceso están diciendo 'Necesitamos cambiar de táctica. Necesitamos comenzar a pensar en la industria de los combustibles fósiles de otra manera'. El mensaje de la camiseta dice: 'Los contaminadores hablan, nosotros marchamos'. Creo que haber salido de las negociaciones demuestra que habrá un nuevo tipo de compromiso para realmente enfrentarse a la industria de los combustibles fósiles, realizar campañas de desinversión, oponerse a los oleoductos como Keystone XL. Nos estamos dando cuenta de que para poder lograr un avance con respecto al clima, no podemos simplemente asistir a las conferencias y pedir a los líderes políticos que adopten medidas. Necesitamos enfrentarnos directamente a la industria".
Amy Goodman | Democracy Now!
Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna. Texto en inglés traducido por Mercedes Camps
REGASIFICADORA:Un asunto que pinta cada vez peor
REGASIFICADORA
Un asunto que pinta cada vez peor
Autor: William Yohai
25 de noviembre de 2013
Hemos demostrado en una serie de trabajos escritos junto a la red de economistas de izquierda y al colectivo de lucha por la tierra [1] la inviabilidad económica, de acuerdo a la información conocida hasta ahora, de la regasificadora cuyo contrato se ha firmado recientemente entre la estatal Gas Sayago y la trasnacional GDF-SUEZ.
Simplemente la demanda de energía eléctrica térmica y gas natural domiciliario e industrial que existirá hacia 2015-16 cuando, según se afirma, la planta estará operativa no supera el 6% de su capacidad de producción. Si se agregan las necesidades del proyecto Aratirí dicha demanda no superará el 15% de aquella. Resulta obvio que ningún proyecto industrial se puede justificar económicamente con tan bajos índices de utilización de la capacidad instalada. A nadie se le pasa por la cabeza estudiar siquiera un proyecto industrial cuya utilización proyectada baje del 75% de su potencial.
Desde el gobierno se ha sostenido, aparte de intentar falsear las cifras que hemos utilizado y que provienen de fuentes oficiales, que el hueco en la demanda de gas natural lo suplirá la compra de gas por Argentina. Se plantea que dicha demanda alcanzará los 5 millones de m3 de gas diarios que es la capacidad del gasoducto Cruz del Sur.
Argentina ha venido aumentando su déficit energético a partir de 2011 cuando se volvió importadora neta. Ya en ese año el gobierno tomó la decisión, visto este hecho, de re estatizar YPF tomando el control de las acciones que poseía la española REPSOL en ésta.
Desde entonces el gobierno e YPF han ido tomando medidas activas para recomponer la situación. Ejemplos de ello son: 1) el cambio de las regulaciones para el sector energía. Por un lado se aumentó el precio que deben pagar las industrias por el gas natural desde el entorno de los U$S 2 a los U$S 7,5 por MMBTU. Por el otro se legisló cambiando las reglas del juego.
En adelante las empresas privadas que inviertan más de U$S 1.000 millones en desarrollos para explotar petróleo y gas natural adquirirán el derecho a exportar libremente hasta un 20% de su producción al cabo de algunos años.
2) estrechamente unido a lo anterior se lanza una política de asociaciones con capitales extranjeros, particularmente el que firman con Chevron (de triste memoria por su accionar depredador en Ecuador) para explotar una parte de los yacimientos de petróleo y gas no convencionales de Vaca Muerta.
3) la propia YPF activa la exploración y explotación de viejos y nuevos yacimientos.
4) uno de los anuncios emitidos tras los recientes cambios en el gabinete ministerial refieren a un tema estrechamente vinculado: se reducirán los subsidios a la energía.
En efecto, sabemos que los precios que se pagan por la electricidad y el gas en Argentina son extraordinariamente bajos.
Hace 2 años la presidente Cristina Fernández lanzó una iniciativa para reducir los subsidios en forma voluntaria. No tuvo éxito. Ahora se plantea reducirlos obligatoriamente, por lo menos para los sectores de ingresos medios o altos. Es esperable que la reducción de los subsidios redunde en una reducción o cese del aumento del consumo.
Todo esto, más las el flojo nivel de crecimiento de la economía argentina en 2012 (menos de 2%) con perspectivas algo mejores para 2013 y 2014 pero aún lejos de aquellos 8 a 9% que predominaron hace algunos años, explican el contenido sustantivo del diálogo[2] con José Coya, flamante presidente de ANCAP.
“Luego de un primer acercamiento con YPF con la firma de un memorándum, ¿se avanzó en la negociación para exportar el excedente de 5 millones de metros cúbicos de gas que tendrá la regasificadora?
Estamos trabajando firme. Hay un intercambio bueno entre ANCAP e YPF, pero aún no hemos arribado a un acuerdo. Es un proceso que incluye muchas variantes. El excedente de 5 millones de metros cúbicos no es menor por el volumen, pero sobre todo por la logística que debería llevar a cabo Gas Sayago para satisfacer ese consumo. La logística de los barcos que podrían ingresar (a Puntas de Sayago) y la continuidad para coordinar la compra no es una tarea sencilla. Por tanto, no solamente tenemos que ver la oportunidad de negocio que nos da colocar el excedente de gas, sino también todos los problemas que esto nos podría traer. Podemos hablar de 5 millones de metros cúbicos en un año, pero que quizá podrían ser 3 millones promedio porque la actividad en Argentina no les va a permitir comprar el mismo volumen todos los días del año. En fin, hay un montón de variantes que hay que definir. Por ahora, seguimos conversando con YPF pero sin una resolución.
¿La empresa está trabajando en la implementación de una política para promover y extender el consumo de gas natural una vez que esté operativa la planta regasificadora?
ANCAP ya tiene en su estructura al gas natural como una unidad de negocio. Obviamente ahora va a tener un desarrollo por la regasificadora donde el ente va a tener una participación directa en Conecta y MontevideoGas en la comercialización. Eso nos va a dar la posibilidad de ampliar el consumo de gas natural. Por eso estamos previendo intervenir en MontevideoGas aunque aún no está cerrado el negocio final, pese a que hay un acuerdo con Petrobras en que será 50% y 50%, pero aún quedan aspectos para incorporar a ANCAP a este negocio”
Dos comentarios merece este fragmento de la entrevista: resulta completamente lógica la renuencia de YPF (más allá de la fanfarria que acompañó la inauguración de la desulfurizadora de ANCAP el 27 de agosto cuando se anunció la firma del documento entre ANCAP e YPF) a comprometerse a adquirir volúmenes fijos de gas.
La lectura de este trabajo dejará al lector convencido de las razones para dicha reticencia. El segundo comentario refiere al tema del “gas domiciliario barato”.
En efecto: el precio del gas natural licuado que paga Argentina es de casi U$S 16 el MMBTU. Y nos vende el gas natural a U$S 23 la unidad. El precio que cobra Montevideo-gas a sus consumidores es superior a la última cifra pero apenas alcanza para cubrir los costos operativos de ésta.
El ahorro total anual por concepto de diferencia entre el precio a que nos vende Argentina y el del gas natural licuado que podríamos obtener sumaría U$S 16 millones anuales. Comparémoslo con el costo de 15 millones de dólares mensuales que cuesta la regasificadora. Todo esto no está seguramente desligado de la frase que cierra la cita:
Por eso estamos previendo intervenir en MontevideoGas aunque aún no está cerrado el negocio final, pese a que hay un acuerdo con Petrobras en que será 50% y 50%, pero aún quedan aspectos para incorporar a ANCAP a este negocio”. Frase que nos sorprendió porque ya hace varios meses se había informado que el acuerdo con PETROBRAS (actual dueña de Montevideo Gas) era un hecho
Para abundar en el tema, y completar el panorama transcribimos un par de informaciones [3]:
“Buenos Aires. Total Austral, junto con sus socios Wintershall Energía y Pan American Energy, ha tomado la decisión de inversión para poner en marcha el desarrollo del yacimiento offshore de gas y condensados Vega Pléyade.
El yacimiento Vega Pléyade será producido a través de tres pozos horizontales y aportará en un comienzo seis millones de metros cúbicos por día hasta llegar a un máximo de diez. Su producción, junto con la de otros yacimientos operados por Total Austral en la zona, permitirá optimizar el abastecimiento de las plantas de tratamiento que ya se encuentran en operación allí y asegurar una producción diaria superior a 18 millones de metros cúbicos de gas natural.”
O esta otra [4]:
“La producción de petróleo de YPF durante octubre de este año fue de 1.048.879 metros cúbicos, lo que equivale a un incremento de 6,6 por ciento respecto de igual mes del año anterior, según informó ayer la compañía. En lo que respecta al gas, la producción fue de 916.453 millones, con una suba interanual de 5,3 por ciento. “Este crecimiento sostenido en la producción de hidrocarburos refleja el intenso trabajo realizado por YPF en los yacimientos que opera, tanto de hidrocarburos convencionales como no convencionales”, aseguró la firma conducida por Miguel Galuccio a través de un comunicado.
La mejora en la producción viene siendo sostenida en los últimos meses. En el caso del crudo, subió 2 por ciento en junio, 4,7 en julio, 1,9 en agosto, 5 en septiembre y ahora 6,6 por ciento, siempre en términos interanuales. En gas, en tanto, trepó 0,4 en junio, 0,2 en julio, 2,4 en agosto, 3,6 en septiembre y 5,3 por ciento en octubre.
Esta progresión permite anticipar que 2013 mostrará un crecimiento anual tanto en crudo como en gas. En este último caso la mejora será muy leve, pero alcanzará para revertir la tendencia declinante de los últimos años.”
La suma de factores que hemos mencionado apunta, entonces, a que Argentina alcance entre 2013 y 2014 el punto más álgido en referencia a sus necesidades de importar gas natural. Si todo se sigue desarrollando como hasta ahora las mismas descenderán para 2015-16, cuando esté operativa la regasificadora. Hasta ahora Argentina ha cubierto perfectamente sus necesidades de importación por las dos vías de que dispone: los barcos regasificadores de Bahía Blanca y Ensenada y el suministro por cañería desde Bolivia.
El mayor peligro desde el punto de vista de la racionalidad de la regasificadora se plantea para el futuro algo más lejano.
No es imposible que hacia 2020 Argentina alcance la autosuficiencia en el suministro de gas y se plantee exportar. Para ese entonces el costosísimo barco dejará de tener sentido por completo. Será más barato el gas que nos podrá vender Argentina a través de los 2 gasoductos actualmente operativos (Cruz del Sur y Casablanca).
Si esto sucede la regasificadora de Puntas de Sayago podrá transformarse en atracción turística: la única planta regasificadora ociosa en el mundo.
Seguiremos, no obstante, pagando hasta 2030 más de 15 millones de dólares mensuales por ella
[1] Se pueden consultar en www.resonandoenfenix.blospot.com. En particular “regasificadora: dilapidación escandalosa de recursos públicos” y “las 4 patas del saqueo”. Están también la respuesta que mereció el primer trabajo mencionado del director de energía Ramón Méndez y su refutación.
[2] http://www.elobservador.com.uy/noticia/265381/coya-exportar-el-excedente-de-gas-a-argentina-no-es-tarea-sencilla/
[3] http://www.petroleoamerica.com/2013/10/argentina-total-lanza-el-desarrollo-del_24.html (las negritas son nuestras).
[4] http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-234308-2013-11-25.html (negritas son nuestras)
Un asunto que pinta cada vez peor
Autor: William Yohai
25 de noviembre de 2013
Hemos demostrado en una serie de trabajos escritos junto a la red de economistas de izquierda y al colectivo de lucha por la tierra [1] la inviabilidad económica, de acuerdo a la información conocida hasta ahora, de la regasificadora cuyo contrato se ha firmado recientemente entre la estatal Gas Sayago y la trasnacional GDF-SUEZ.
Simplemente la demanda de energía eléctrica térmica y gas natural domiciliario e industrial que existirá hacia 2015-16 cuando, según se afirma, la planta estará operativa no supera el 6% de su capacidad de producción. Si se agregan las necesidades del proyecto Aratirí dicha demanda no superará el 15% de aquella. Resulta obvio que ningún proyecto industrial se puede justificar económicamente con tan bajos índices de utilización de la capacidad instalada. A nadie se le pasa por la cabeza estudiar siquiera un proyecto industrial cuya utilización proyectada baje del 75% de su potencial.
Desde el gobierno se ha sostenido, aparte de intentar falsear las cifras que hemos utilizado y que provienen de fuentes oficiales, que el hueco en la demanda de gas natural lo suplirá la compra de gas por Argentina. Se plantea que dicha demanda alcanzará los 5 millones de m3 de gas diarios que es la capacidad del gasoducto Cruz del Sur.
Argentina ha venido aumentando su déficit energético a partir de 2011 cuando se volvió importadora neta. Ya en ese año el gobierno tomó la decisión, visto este hecho, de re estatizar YPF tomando el control de las acciones que poseía la española REPSOL en ésta.
Desde entonces el gobierno e YPF han ido tomando medidas activas para recomponer la situación. Ejemplos de ello son: 1) el cambio de las regulaciones para el sector energía. Por un lado se aumentó el precio que deben pagar las industrias por el gas natural desde el entorno de los U$S 2 a los U$S 7,5 por MMBTU. Por el otro se legisló cambiando las reglas del juego.
En adelante las empresas privadas que inviertan más de U$S 1.000 millones en desarrollos para explotar petróleo y gas natural adquirirán el derecho a exportar libremente hasta un 20% de su producción al cabo de algunos años.
2) estrechamente unido a lo anterior se lanza una política de asociaciones con capitales extranjeros, particularmente el que firman con Chevron (de triste memoria por su accionar depredador en Ecuador) para explotar una parte de los yacimientos de petróleo y gas no convencionales de Vaca Muerta.
3) la propia YPF activa la exploración y explotación de viejos y nuevos yacimientos.
4) uno de los anuncios emitidos tras los recientes cambios en el gabinete ministerial refieren a un tema estrechamente vinculado: se reducirán los subsidios a la energía.
En efecto, sabemos que los precios que se pagan por la electricidad y el gas en Argentina son extraordinariamente bajos.
Hace 2 años la presidente Cristina Fernández lanzó una iniciativa para reducir los subsidios en forma voluntaria. No tuvo éxito. Ahora se plantea reducirlos obligatoriamente, por lo menos para los sectores de ingresos medios o altos. Es esperable que la reducción de los subsidios redunde en una reducción o cese del aumento del consumo.
Todo esto, más las el flojo nivel de crecimiento de la economía argentina en 2012 (menos de 2%) con perspectivas algo mejores para 2013 y 2014 pero aún lejos de aquellos 8 a 9% que predominaron hace algunos años, explican el contenido sustantivo del diálogo[2] con José Coya, flamante presidente de ANCAP.
“Luego de un primer acercamiento con YPF con la firma de un memorándum, ¿se avanzó en la negociación para exportar el excedente de 5 millones de metros cúbicos de gas que tendrá la regasificadora?
Estamos trabajando firme. Hay un intercambio bueno entre ANCAP e YPF, pero aún no hemos arribado a un acuerdo. Es un proceso que incluye muchas variantes. El excedente de 5 millones de metros cúbicos no es menor por el volumen, pero sobre todo por la logística que debería llevar a cabo Gas Sayago para satisfacer ese consumo. La logística de los barcos que podrían ingresar (a Puntas de Sayago) y la continuidad para coordinar la compra no es una tarea sencilla. Por tanto, no solamente tenemos que ver la oportunidad de negocio que nos da colocar el excedente de gas, sino también todos los problemas que esto nos podría traer. Podemos hablar de 5 millones de metros cúbicos en un año, pero que quizá podrían ser 3 millones promedio porque la actividad en Argentina no les va a permitir comprar el mismo volumen todos los días del año. En fin, hay un montón de variantes que hay que definir. Por ahora, seguimos conversando con YPF pero sin una resolución.
¿La empresa está trabajando en la implementación de una política para promover y extender el consumo de gas natural una vez que esté operativa la planta regasificadora?
ANCAP ya tiene en su estructura al gas natural como una unidad de negocio. Obviamente ahora va a tener un desarrollo por la regasificadora donde el ente va a tener una participación directa en Conecta y MontevideoGas en la comercialización. Eso nos va a dar la posibilidad de ampliar el consumo de gas natural. Por eso estamos previendo intervenir en MontevideoGas aunque aún no está cerrado el negocio final, pese a que hay un acuerdo con Petrobras en que será 50% y 50%, pero aún quedan aspectos para incorporar a ANCAP a este negocio”
Dos comentarios merece este fragmento de la entrevista: resulta completamente lógica la renuencia de YPF (más allá de la fanfarria que acompañó la inauguración de la desulfurizadora de ANCAP el 27 de agosto cuando se anunció la firma del documento entre ANCAP e YPF) a comprometerse a adquirir volúmenes fijos de gas.
La lectura de este trabajo dejará al lector convencido de las razones para dicha reticencia. El segundo comentario refiere al tema del “gas domiciliario barato”.
En efecto: el precio del gas natural licuado que paga Argentina es de casi U$S 16 el MMBTU. Y nos vende el gas natural a U$S 23 la unidad. El precio que cobra Montevideo-gas a sus consumidores es superior a la última cifra pero apenas alcanza para cubrir los costos operativos de ésta.
El ahorro total anual por concepto de diferencia entre el precio a que nos vende Argentina y el del gas natural licuado que podríamos obtener sumaría U$S 16 millones anuales. Comparémoslo con el costo de 15 millones de dólares mensuales que cuesta la regasificadora. Todo esto no está seguramente desligado de la frase que cierra la cita:
Por eso estamos previendo intervenir en MontevideoGas aunque aún no está cerrado el negocio final, pese a que hay un acuerdo con Petrobras en que será 50% y 50%, pero aún quedan aspectos para incorporar a ANCAP a este negocio”. Frase que nos sorprendió porque ya hace varios meses se había informado que el acuerdo con PETROBRAS (actual dueña de Montevideo Gas) era un hecho
Para abundar en el tema, y completar el panorama transcribimos un par de informaciones [3]:
“Buenos Aires. Total Austral, junto con sus socios Wintershall Energía y Pan American Energy, ha tomado la decisión de inversión para poner en marcha el desarrollo del yacimiento offshore de gas y condensados Vega Pléyade.
El yacimiento Vega Pléyade será producido a través de tres pozos horizontales y aportará en un comienzo seis millones de metros cúbicos por día hasta llegar a un máximo de diez. Su producción, junto con la de otros yacimientos operados por Total Austral en la zona, permitirá optimizar el abastecimiento de las plantas de tratamiento que ya se encuentran en operación allí y asegurar una producción diaria superior a 18 millones de metros cúbicos de gas natural.”
O esta otra [4]:
“La producción de petróleo de YPF durante octubre de este año fue de 1.048.879 metros cúbicos, lo que equivale a un incremento de 6,6 por ciento respecto de igual mes del año anterior, según informó ayer la compañía. En lo que respecta al gas, la producción fue de 916.453 millones, con una suba interanual de 5,3 por ciento. “Este crecimiento sostenido en la producción de hidrocarburos refleja el intenso trabajo realizado por YPF en los yacimientos que opera, tanto de hidrocarburos convencionales como no convencionales”, aseguró la firma conducida por Miguel Galuccio a través de un comunicado.
La mejora en la producción viene siendo sostenida en los últimos meses. En el caso del crudo, subió 2 por ciento en junio, 4,7 en julio, 1,9 en agosto, 5 en septiembre y ahora 6,6 por ciento, siempre en términos interanuales. En gas, en tanto, trepó 0,4 en junio, 0,2 en julio, 2,4 en agosto, 3,6 en septiembre y 5,3 por ciento en octubre.
Esta progresión permite anticipar que 2013 mostrará un crecimiento anual tanto en crudo como en gas. En este último caso la mejora será muy leve, pero alcanzará para revertir la tendencia declinante de los últimos años.”
La suma de factores que hemos mencionado apunta, entonces, a que Argentina alcance entre 2013 y 2014 el punto más álgido en referencia a sus necesidades de importar gas natural. Si todo se sigue desarrollando como hasta ahora las mismas descenderán para 2015-16, cuando esté operativa la regasificadora. Hasta ahora Argentina ha cubierto perfectamente sus necesidades de importación por las dos vías de que dispone: los barcos regasificadores de Bahía Blanca y Ensenada y el suministro por cañería desde Bolivia.
El mayor peligro desde el punto de vista de la racionalidad de la regasificadora se plantea para el futuro algo más lejano.
No es imposible que hacia 2020 Argentina alcance la autosuficiencia en el suministro de gas y se plantee exportar. Para ese entonces el costosísimo barco dejará de tener sentido por completo. Será más barato el gas que nos podrá vender Argentina a través de los 2 gasoductos actualmente operativos (Cruz del Sur y Casablanca).
Si esto sucede la regasificadora de Puntas de Sayago podrá transformarse en atracción turística: la única planta regasificadora ociosa en el mundo.
Seguiremos, no obstante, pagando hasta 2030 más de 15 millones de dólares mensuales por ella
[1] Se pueden consultar en www.resonandoenfenix.blospot.com. En particular “regasificadora: dilapidación escandalosa de recursos públicos” y “las 4 patas del saqueo”. Están también la respuesta que mereció el primer trabajo mencionado del director de energía Ramón Méndez y su refutación.
[2] http://www.elobservador.com.uy/noticia/265381/coya-exportar-el-excedente-de-gas-a-argentina-no-es-tarea-sencilla/
[3] http://www.petroleoamerica.com/2013/10/argentina-total-lanza-el-desarrollo-del_24.html (las negritas son nuestras).
[4] http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-234308-2013-11-25.html (negritas son nuestras)
CRISTINA MIHURA DECLARÓ EN VIDEOCONFERENCIA DESDE ROMA
EN LA CAUSA ARGENTINA POR EL PLAN CÓNDOR
Después de 37 años, la viuda del desaparecido ítalo-uruguayo Armando Bernardo Arnone Hernández, desaparecido en este país, declaró ante dos fiscales argentinos y varios abogados de los acusados en la causa del Plan Cóndor.
Por Elena Llorente -
Cristina Mihura, uruguaya residente en Italia, viuda del desaparecido ítalo-uruguayo Armando Bernardo Arnone Hernández, dijo estar “muy agradecida” a los jueces argentinos que por primera vez, en los 37 años que lleva su búsqueda, la interrogaron ayer sobre el caso de su marido. “Es como una catarsis, es impresionante la sensación que se tiene cuando alguien importante te escucha”, dijo a Página/12. Bernardo Arnone desapareció en Buenos Aires, el 1º de octubre de 1976.
Ayer Mihura fue escuchada durante más de dos horas por los fiscales argentinos Pablo Ouviña y Mercedes Moguilansky, además de algunos jueces y abogados defensores de los militares acusados en el marco del Plan Cóndor, la operación internacional de aniquilación de opositores políticos, de la que participaron los servicios de varias dictaduras del Cono Sur en la década del ’70.
El interrogatorio tuvo lugar en el Consulado argentino de Roma por medio de una videoconferencia. “Fueron muy detallistas en sus preguntas.
Querían conocer todo, todo, desde cómo había conocido yo a Bernardo, con quien me casé en 1974, hasta con quiénes trabajaba o quién había allanado la casa de la madre de Bernardo, hoy fallecida, que estaba en Buenos Aires cuando él fue secuestrado y que, al volver a Montevideo, se encontró con que los militares estaban haciendo un allanamiento en su casa y escarbando en el patio en busca de algo que no encontraron.
También me preguntaron sobre mis denuncias, de la carta que envié al ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), la historia del PVP, el Partido por la Victoria del Pueblo en el que militábamos”, contó Mihura que ha sido una de las principales promotoras de otro proceso Cóndor, el que está intentando llevar a cabo la fiscalía italiana contra militares y civiles de Uruguay, Chile, Bolivia y Perú, y que está en su etapa preliminar
Mihura también informó a los jueces de una ficha y una serie de documentos que aparecen desde hace algunos meses en el portal de Internet de la presidencia de la República de Uruguay sobre su marido y otros desaparecidos uruguayos, al que ella no ha tenido acceso directamente.
“En el portal no se dice cuál es la referencia de esos documentos, pero evidentemente se dan informaciones pertenecientes a fuentes de la represión”, indicó
Respecto de los contenidos del interrogatorio, agregó que lo único que pudo ofrecer fue “el contexto en el que ocurrió el secuestro, el contexto de una perejil, no de una militante de alto rango”. “Lamento que haya pasado tanto tiempo, porque hay muchas cosas que me he olvidado. Pero es la primera vez que me dejan decir todo lo que yo sé o he sabido
En algún momento me emocioné por eso. Especialmente cuando conté lo que me dijo un sobreviviente de la cárcel clandestina de Orletti, donde se supone que fueron a parar los uruguayos desaparecidos en Buenos Aires, entre el 23 de septiembre y el 4 de octubre de 1976, y entre los cuales probablemente estaba Bernardo. José Luis Bertazzo contó que había compartido con algunos uruguayos en Orletti una toalla para taparse la boca y la nariz cuando los militares echaron gamexane para combatir las pulgas y otros insectos que había en el lugar.”“También les transmití a los fiscales la situación de absoluto terror en la que vivíamos y cómo, por ejemplo en mi caso, que salí exiliada a Suecia, a los pocos meses tuve todos los dientes cariados. Los dentistas de la Universidad de Estocolmo me explicaron que era un típico caso de estrés por un gran susto”, agregó.
Mihura contó que tuvo la sensación de que los fiscales sabían algo más que ella no sabía, pero nada dijeron en ese sentido.
Cristina Mihura empezó a buscar a su marido pocas horas después de su desaparición, aquel 1º de octubre de 1976 en Buenos Aires. Armando fue secuestrado entre las 12 y las 20 horas de ese día en la vía pública, sostiene Cristina en base a lo que ella ha podido averiguar durante todos estos años. En abril de 1977 emprendió su campaña internacional para tener noticias de Armando, enviando una carta al ACNUR explicando su caso y pidiendo ayuda. Vivía ya en esa fecha en Suecia como refugiada y allí estuvo hasta 1977. Desde entonces vive en Roma.
El secuestro de Arnone fue parte de una operación que entre el 23 de septiembre y el 4 de octubre de 1976 dio como resultado la desaparición de 26 uruguayos en Buenos Aires, 23 adultos y tres niños.
Los niños aparecieron después, dos en Chile y una en Argentina. Por otra parte, aparecieron sólo los restos de tres de los 26, en Argentina. Dicen que a los demás los llevaron a Montevideo (en el llamado y famoso “segundo vuelo” de la Fuerza Aérea uruguaya), pero en Uruguay nunca aparecieron rastros de ellos, ni vivos ni muertos, contó Mihura, que todavía no logra saber ni siquiera dónde están los restos del que fuera su marido
“Después de tantas querellas judiciales todavía no sé si está en Argentina, si se lo llevaron a Uruguay o lo tiraron al río
Quiero saber lo que pasó. Los militares lo saben, pero ni siquiera anónimamente nos dicen algo. Es un revanchismo feroz. Yo quisiera que así como la Justicia argentina ha investigado brillantemente algunos casos, también lo hiciera la Justicia de Uruguay”, concluyó.
Publicado por Casapueblos - AEDD
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