La sociedad y la democracia pierden ante Televisa, al aprobarse el dictamen de Ley Telecom, coinciden opositores
El dictamen para crear la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se aprobó en lo general en comisiones unidas del Senado de forma apresurada, sin oportunidad de modificar el dictamen en lo sustancial, sin debate real y violentando el proceso legislativo. Así, con 25 votos a favor y 5 en contra se avaló la ley secundaria en materia de telecomunicaciones. El Senador Javier Corral Jurado, uno de los más críticos del dictamen, conocido popularmente como la “Ley Peña-Televisa”, afirmó que el Senado le entregó al Presidente Enrique Peña Nieto la moneda con la cual pagará a la televisora de Chapultepec los favores prestados durante su campaña presidencial.
“Es un auténtico descaro, quienes voten este artículo le están dando fichas a Enrique Peña Nieto para que pague favores de campañas pasadas o le están dando fichas para que pague anticipos de campañas futuras en el 2015 y en el 2018”, afirmó el secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. Y recalcó. “Saldrá un proyecto reforzado en regalos para la televisora. No importa que el Presidente de la República, al que se le hizo leer por telepronter el discurso de Promulgación de la Reforma Constitucional, haga el ridículo ante el mundo como el ‘Salvador de México’, el que ofreció combatir a los monopolios y hoy los vuelve a fortalecer con un proyecto regresivo”.
Por su parte, el Senador Manuel Bartlett Díaz, del Partido del Trabajo, adelantó que aunque el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y algunos perredistas ganaron la votación para favorecer los intereses de Televisa, en realidad perdieron, porque quedarán mal con la ciudadanía. “Ustedes creen que el aplazamiento, la violación, la falta de respeto es un triunfo político, están quedando muy bien con los intereses que están atrás de estas reformas tan importantes y tan peligrosas, por la presión de los intereses económicos en este país”, detalló.
Antes, el Senador panista Ernesto Ruffo Appel había denunciado: “He visto ir y venir comitivas de compañeros legisladores a Los Pinos, en lugar de, como la República y su espíritu marca, discutir las cosas aquí entre nosotros, las propuestas vienen desde allá”. Por esa razón, Ruffo Appel votó en contra al considerar que el concepto de preponderancia es “un engaño” a la ciudadanía NI CON EL PÉTALO DE UNA COMA Previó a la aprobación mayoritaria que la nueva norma, Corral manifestó que la Ley protege a Televisa de forma descarada. “Al duopolio no se le toca ni con el pétalo de una coma”, dijo.
El legislador se refirió al polémico tema de la preponderancia por sector, que fue avalado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y 22 senadores de su propio partido, Acción Nacional, el cual traerá como beneficio a la empresa no ser declarada preponderante por los servicios individuales que ofrece y que ofrecerá mediante el triple play (televisión restringida, telefonía fija e Internet) y el cuádruple play (televisión restringida, telefonía fija, telefonía móvil e Internet). Corral aseguró que esta batalla ganada por la televisora confirma el fracaso del Estado mexicano para imponerse sobre los poderes fácticos. Además, descubre la debilidad de los partidos políticos inscritos en el Pacto por México para enfrentarse al monopolio. “Vuelven a otorgar a Televisa un arcón de regalos.
La debilidad de una clase política que intentó enfrentar los monopolios mediáticos a través del consenso partidista en el Pacto por México; pero se dobló a la mitad de la jornada y no pudo consumar su valor en las leyes que concretan la voluntad”, dijo.
El panista enumeró otras debilidades sustantivas en el dictamen, entre ellas, que mantiene la facultad de la Secretaría de Gobernación para vigilar y sancionar en materia de transmisión de contenidos en radio y televisión, así como en la administración de los tiempos del Estado; en regresión a la reforma constitucional que otorgó esta atribución al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de manera exclusiva y directa.
Sin embargo, destacó una en particular: la ausencia de medidas efectivas para generar una mayor competencia, pluralidad y diversidad de medios. “Están ausentes los criterios y procedimientos para la desconcentración de frecuencias y reglas a la propiedad cruzada de medios en sentido totalmente contrario a lo establecido en el artículo 28 Constitucional”, puntualizó. Por su parte, la Senadora panista Marcela Torres Peimbert, se refirió al dictamen como “La Ley de anti competencia y pro monopolios”, porque, dijo, avala los abusos de las grandes cadenas de radiodifusión en detrimento de los derechos de los usuarios. “Con la aprobación de estas leyes en sus términos, los mexicanos trataremos de vivir contradictoriamente: En libertad pero sin información.
En México no se logrará consolidar una democracia de calidad y eso será responsabilidad del proponente, el Presidente Peña Nieto, y los legisladores que avalen su propuesta”, apuntó la legisladora queretana. “La definición de preponderancia por sector, constituye un error legislativo que no se subsanará ni se subsana transcribiendo una parte del texto constitucional”, precisó.
El Senador Javier Corral acusó a los demás senadores de aprobar la Ley a favor de Peña Nieto y Televisa. Foto: Cuartoscuro EL DEBATE SOBRE PREPONDERANCIA Casi siete meses después de que venció el plazo legal para aprobar las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, las comisiones legislativas del Senado iniciaron la recta final rumbo a su presentación ante el pleno. De inmediato los legisladores se enfocaron en uno de los temas principales del debate fuera del espacio legislativo: el de la preponderancia. El Senador del PAN, Ernesto Ruffo Appel, integrante de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, se refirió al concepto de “agente monopólico” debe ser definido a través de los servicios y no por sector, como está redactado en el dictamen.
“El ciudadano común no compra servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, compra celulares, Internet, cable; pero no compra una tecnología de radiodifusión o de telecomunicaciones; de ahí empecé a sospechar acerca de la confusión deliberada para, precisamente, no definir a los agentes monopólicos”, sostuvo el legislador. Ruffo Appel votó en contra por considerar que el concepto de preponderancia es “un engaño” a la ciudadanía, para desviar la atención del “agente monopólico” y los servicios que brinda, por los cuales debería ser regulado. En contraparte, el perredista Zoé Robledo Aburto, quien votó a favor del dictamen, aseguró la legislación secundaria no contravenía la Constitución, por el contrario, dijo que mantiene su espíritu para combatir “el capitalismo de cuates” que han hecho millonarios a unos cuantos en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.
“La propuesta de Dictamen que se presenta incorpora muchas preocupaciones de la sociedad civil, muchas preocupaciones de académicos y de especialistas, y muchas preocupaciones de integrantes del Grupo Parlamentario del PRD”, sostuvo el legislador chiapaneco. Y respondió al Senador Ruffo que nadie fue a Los Pinos a negociar la ley Telecom. “Cuando aquí se ha mencionado que hay un diálogo en Los Pinos, es falso […]. Nosotros no iremos jamás a Los Pinos a negociar los derechos de absolutamente nadie. Si no hubiéramos intervenido en esa negociación, esta ley hubiera estado aprobada hace mucho, con una serie de regresiones gravísimas”, recalcó.
POSTURAS A FAVOR Y EN CONTRA
La Senadora perredista Alejandra Barrales Magdaleno votó en contra del dictamen porque, dijo, se aparta de los avances alcanzados en la reforma constitucional, en lo relativo a la libertad de expresión, fomentar la competencia real y efectiva. “De prosperar este dictamen es un retroceso importante en derechos, en libertades y en logros que muchos anunciamos, que muchos presumimos incluso que habíamos logrado al interior de este recinto”, dijo. Afirmó que el dictamen limita y desvirtúa la naturaleza constitucional del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y por el contrario se fortalecen las atribuciones del Estado autoritario y el poder de quienes deberían ser regulados.
“Nos parece que de facto se están anulando muchas de sus facultades, muchas de sus atribuciones. Se percibe también que persisten esquemas obsoletos, fuera ya de toda realidad, como la pretensión de facultar de nueva cuenta a la Secretaría de Gobernación para vigilar de nuevo contenidos en los medios”, agregó la presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. En defensa del proyecto habló el Senador panista Javier Lozano Alarcón quien señaló que el objetivo de la legislación secundaria es establecer las condiciones y el entorno legal que propicie la transformación de las telecomunicaciones y la radiodifusión a sectores más competidos y con mayores niveles de inversión. “Se trata de tener reglas claras para todo mundo, sobre todo esos derechos para los usuarios, pero también para los empresarios, los concesionarios que van a competir, que tengan certidumbre jurídica para invertir en nuestro país”, sostuvo el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes.
PROCEDIMIENTO VIOLÓ REGLAMENTO
El Senador panista Javier Lozano fue el arquitecto del dictamen de la Ley Telecom, denunciaron opositores. Foto: Cuartoscuro Senadores perredistas, petistas y algunos panistas acusaron que sus pares priistas, pevemistas y panistas aprobaron un procedimiento de deliberación y votación en lo general, alejado de la práctica legislativa, con el propósito, dijeron, de aprobar la nueva ley sin discusión, durante la madrugada y alejada de la participación ciudadana.
El panista Javier Corral acusó a Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones, y a Graciela Ortiz, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, de violentar el reglamento del Senado y la Ley Orgánica del Congreso, al negar la posibilidad de que los senadores plantearan sus reservas y se votarán una por una en comisiones. “Obviar la discusión en lo particular es rehuir el debate, es evadir ante la sociedad mexicana la responsabilidad de asumir los fundamentos, las razones en las que se sustenta un proyecto de dictamen”, recalcó. Aseguró que priistas y panistas hicieron más restrictivo el desahogo de la discusión en telecom que la legislación secundaria de la reforma energética.
“Podrán imponer la mayoría de los votos, van a atropellar, pero el que atropella no vence, simplemente atropella”, enfatizó el chihuahuense.
CAMBIOS COSMÉTICOS
Al dictamen se le realizaron tres cambios, dos al artículo 90, relativos a los medios comunitarios e indígenas; y uno al 209, sobre la conservación de los números telefónicos por los abonados. Al párrafo cuarto párrafo del artículo 90 se le quitó: “El Instituto únicamente podrá otorgar concesiones para estaciones de radio FM con un rango de operación de 20 watts y a una altura del centro de radiación de la antena sobre el terreno promedio de 30 metros a concesionarias comunitarias e indígenas, en la parte alta de la banda antes referida. En este segmento se deberá reservar para este tipo de estaciones el diez por ciento de la banda de radiodifusión sonora de FM, que va de los 88 a los 108 MHz”.
Y se colocó en su lugar: “El Instituto deberá reservar para estaciones de radio FM comunitarias e indígenas el diez por ciento de la banda de radiodifusión sonora de FM, que va de los 88 a los 108 MHz. Dicho porcentaje se concesionará en la parta alta de referida banda”. En el párrafo quinto del mismo artículo 90 se le quitó la palabra “únicamente”: “El Instituto únicamente podrá otorgar concesiones para estaciones de radio AM, comunitarias e indígenas, en el segmento de la banda del espectro radioeléctrico ampliada que va de los 1605 a los 1705 KHz.
Lo anterior, sin perjuicio de que el Instituto pueda otorgar concesiones de uso público, comercial o social, que no sean comunitarias o indígenas, en el resto del segmento de AM”. También se modificó el párrafo tercero del artículo 209: “Los costos a que se refiere el párrafo anterior deberán estar orientados en función de los gastos reales y, en caso de imponerse cuotas directas a los abonados, no deberán tener, en ningún caso, efectos disuasorios para el uso de dichas facilidades”. La redacción final quedó así: “Los costos a que se refiere el párrafo anterior deberán estar orientados en función de los gastos reales. Los concesionarios no podrán cobrar al usuario final o abonado cargo alguno por la portabilidad de su número”.
