Los escándalos que no conocerías si se prohibieran las filtraciones a la prensa

ESPAÑA

El ministro de Justicia ha reabierto la polémica sobre si los medios están legitimados para publicar documentos que están bajo secreto o custodia judicial. Rafael Catalá sugirió este miércoles que no hay que descartar que  se estudien sanciones a los periódicos, radios o televisiones que publiquen informacionessobre investigaciones en curso.

01 May 2015 

• Las palabras del ministro de Justicia en las que insinuaba multas a medios que publicasen informaciones sobre causas bajo investigación judicial provoca una catarata de reacciones de rechazo.

• Detalles importantes del caso Gürtel o la trama Púnica se conocieron gracias a las filtraciones a las que tuvo acceso la prensa.

• Otros escándalos destapados por los medios han servido para que la justicia actúe, como con las tarjetas ‘black’ o el caso Cooperación.

Jesús Travieso⎮El Diario⎮

El ministro de Justicia ha reabierto la polémica sobre si los medios están legitimados para publicar documentos que están bajo secreto o custodia judicial. Rafael Catalá sugirió este miércoles que no hay que descartar que  se estudien sanciones a los periódicos, radios o televisiones que publiquen informacionessobre investigaciones en curso. Unas palabras que coinciden con la celebración el próximo domingo del Día Internacional de la Libertad de Prensa y que han escandalizado al sector de los medios de comunicación, al calificarlas de “censura”. La  Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha calificado la medida de “barbaridad”. Y que han sido rechazadas hasta por el PP, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado. De nada le ha servido al ministro rectificar diciendo que su propuesta solo era una “reflexión” que “nada tiene que ver con sancionar a los medios de comunicación”.

De aplicarse esta “reflexión” de Catalá, los medios tendrían que responder ante las administraciones e incluso los jueces por publicar información que en la mayoría de ocasiones ha servido para destapar los entresijos de casos muy graves. Y que incluso han servido a los partidos para descubrir cuáles de sus miembros se encontraban implicados en ciertas causas. Una paradoja de cara a las consecuencias que tienen estas filtraciones en la esfera pública, ya que no son pocos los políticos que aseguran que se enteran de casos que afectan a sus ámbitos próximos por la prensa.

Las manifestaciones del titular de Justicia no fueron concretas. La ambigüedad de Catalá no permite aclarar si el ministro propone abrir el debate de las sanciones a los que publiquen filtraciones sobre causas que están judicializadas y bajo secreto de sumario o si se refería a cualquier tipo de revelación. La Ley ya contempla que miembros de la administración respondan ante la justicia si revelan información de la que disponen, por medio del delito de revelación de secretos contemplado en el Artículo 197 del Código Penal.

¿Cuáles serían los casos destapados por la prensa que, según la postura de Catalá, deberían contemplar una sanción solo por publicarse?

Caso Gürtel

La investigación de la trama corrupta liderada por  Francisco Correa fue iniciada por la Fiscalía Anticorrupción y acabó en manos del juez Garzón cuando aún era titular del juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional. Las filtraciones del sumario a la prensa comenzaron en febrero de 2009 y permitieron saber quiénes eran los principales implicados en el caso. Las informaciones publicadas por El País o El Mundo desvelaron, por ejemplo, la implicación del entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps. El también dirigente del PP acabó dimitiendo por las acusaciones de haber recibido dádivas de la trama, de las que finalmente fue absuelto en la conocida ‘causa de los trajes’. El caso tuvo su otro foco principal en la Comunidad de Madrid, salpicando a alcaldes y diputados autonómicos de los ‘populares’.

Caso ERE

El diario ABC  publicó unas grabaciones en las que se escuchaba a dos directivos de Mercasevilla extorsionar a unos empresarios para que les diesen 450.000 euros a cambio de una subvención de 900.000 euros otorgada por la Junta de Andalucía para así poder abrir una escuela de Hostelería. Fue en 2009, y esto dio origen al caso de los ERE fraudulentos en la comunidad andaluza y al caso Mercasevilla. Estas grabaciones llegaron al gobierno andaluz que presidía Manuel Chaves, que las entregó a la Fiscalía. Otra de las revelaciones conocidas gracias a la prensa fue que el exdirector de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero gastó 25.000 euros de fondos de los ERE en cocaína. La causa sigue en instrucción en los juzgados de Sevilla y ha llegado hasta el Tribunal Supremo, tras la imputación, entre otros, de los expresidentes Chaves y José Antonio Griñán por su supuesta implicación.

Caso Cooperación

La  desviación de fondos públicos destinados al tercer mundo por la consejería de Solidaridad de la Generalitat Valenciana fue otro de los casos destapados gracias a una filtración a la prensa. Rafael Blasco, consejero de Francisco Camps entre 2008 y 2010, autorizó adjudicaciones por 1,66 millones a la Fundación Cyes para hacer trabajos de cooperación en Nicaragua. Solo 43.000 euros de todo el dinero llegaron a América Latina y el resto fue utilizado para adquirir suelo y garajes en Valencia. Dos diputadas de PSOE y Compromís lo denunciaron ante la Fiscalía, iniciándose el también conocido como ‘caso Blasco’. El Tribunal Superior de Justicia valenciano condenó al exconseller en 2014 a ocho años de cárcel y veinte años de inhabilitación absoluta por delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y delito continuado de falsedad en documento oficial.

Los papeles de Bárcenas

Los apuntes del extesorero del PP Luis Bárcenas revelaron que el partido del Gobierno dispuso de una contabilidad paralela alimentada por donaciones de empresarios y que servía para pagar sobresueldos a los dirigentes de la formación. Los papeles de Bárcenas fueron destapados por el diario El País y dispararon las sospechas sobre la cúpula del PP. Finalmente, el caso Bárcenas acabó siendo una pieza separada de la causa de Gürtel, donde el exsenador también estaba imputado. Durante la instrucción del juez Pablo Ruz, la prensa difundió los informes policiales de la causa, que confirmaban la caja B de Génova, 13. Esa financiación irregular durante dos décadas ha sido acreditada finalmente por el juez de instrucción.

Los correos de Blesa

eldiario.es publicó  la correspondencia a través de email que el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa mantuvo con directivos de la entidad o empresarios durante su gestión al frente de la caja. La filtración de estos correos permitió conocer que Blesa avaló la comercialización de las preferentes, el dispendio en viajes con dinero de la entidad o que los consejeros y directivos de Caja Madrid disponían de una tarjeta en negro a efectos fiscales. Esto último dio pie a una pieza separada del caso Bankia en octubre de 2014.

Las tarjetas ‘black’

La existencia de una  tarjeta ‘black’ a efectos fiscales fue conocida gracias al contenido de uno de esos correos de Blesa publicado en exclusiva por eldiario.es. Los extractos de las tarjetas no declaradas a Hacienda de políticos y sindicalistas que cobraban de la caja desvelaron la vida de lujo que llevaban muchos de ellos. Entre los gastos había joyas, hoteles, viajes, alcohol, fiestas o ropa. Todo a espaldas de la Agencia Tributaria. Otro de los usos que le dieron a la ‘black’ los implicados fue el de sacar dinero de los cajeros automáticos. El más ‘destacado’ en este aspecto fue José Antonio Moral Santín, que en sus últimos meses en la entidad sacaba 600 euros a la semana. El otro que más gastó fue el director financiero de la caja,Ildefonso Sánchez-Barcoj. Rodrigo Rato, que afronta actualmente investigaciones por su patrimonio no declarado,  pagó una cena con su ‘black’ el mismo día que se anunció el rescate de Bankia.

La trama Púnica

El mismo día que Rafael Catalá expuso su “reflexión” se difundieron datos relevantes de la investigación sobre la trama de corrupción Púnica. Estas informaciones se conocieron a las pocas horas de que las decenas de imputados tuvieran acceso a la causa. Esta causa, en la que el juez Eloy Velasco investiga las adjudicaciones de contratos públicos a cambio de comisiones ilegales, supuso la entrada en prisión preventiva del ex número 2 de Aguirre en la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, por “pertenencia a una organización criminal”. También están implicados varios alcaldes de distintos municipios madrileños, como Parla o Collado Villalba, además de empresarios y cargos municipales.

Entre las dimisiones o renuncias por el caso está la del consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, que no va en la listas del PP a las municipales después de que un imputado le vinculase al caso cuando el sumario aún era secreto. Las ramificaciones de la trama también llegaron a Castilla y León y Murcia, donde se produjeron detenciones. Los interrogatorios a los imputados y testigos, publicados por varios medios, permitieron conocer el contenido de la declaración del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, o el control que el empresario David Marjaliza tenía sobre varios pueblos de Madrid. O incluso cómo los pliegos de los contratos municipales venían redactados por las propias compañías de Marjaliza.

Fuente:  http://www.eldiario.es/sociedad/sabemos-gracias-filtraciones-disgustan-Catala

LA PERIPECIA LATINOAMERICANA

Constanza Moreira

29.04.2015

Hace pocas semanas, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) anunció que la tasa de crecimiento promedio para la región no superaría el 1% este año. Uruguay estaba por encima del mismo (3%)

Hace pocas semanas, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) anunció que la tasa de crecimiento promedio para la región no superaría el 1% este año. Uruguay estaba por encima del mismo (3%), y muchos países (como Brasil) por debajo. Tendremos un escenario económico que preanuncia el fin del ciclo de la "década ganada", esa década donde América Latina creció a buen ritmo, y los gobiernos progresistas realizaron importantes reformas laborales, fiscales y sociales mejorando la calidad de vida de millones de personas. 

Brasil es el principal país afectado por esta proyección económica, aunque no el único. La perspectiva de estancamiento de la economía es lo que está de telón de fondo en la crisis política brasileña, y la crisis política sólo la profundiza. Dilma Rousseff acaba de ganar las elecciones, este pasado octubre, poco antes de que el Frente Amplio (FA) confirmara su victoria en Uruguay. Sin embargo, ese triunfo parece no haber sido suficiente para legitimarla políticamente, ya que la prensa y las manifestaciones en Brasil, parecen ser más fuertes que la voluntad de las decenas de millones de electores que se pronunciaron por ella en las urnas.

Petrobras, la joya de la corona, era aplaudida, hace un par de años, por la descubierta del petróleo en la plataforma continental, y el proyecto de explotación petrolera le daba a Brasil una perspectiva de sustentabilidad energética que lo transformaban en un gigante. ¡Qué suerte tienen los brasileños! decíamos, cuando el proyecto del "Pre-sal" (la exploración petrolera en el mar) comenzaba a dibujarse. Hoy, este mismo Petrobras es el que está en jaque con las denuncias de corrupción. Esto nos retrotrae a lo que sucedió en México, donde las denuncias por corrupción en Pemex (Petróleos Mexicanos) fueron el telón de fondo de la privatización del petróleo, a manos del Presidente Enrique Peña Nieto, y votada por casi todos los partidos políticos de ese país. Sí, México vendió la quizá última joya de su corona, y en Brasil van a por Petrobras.

Hace unas semanas, la revista "Exame", mostraba en su portada a una Dilma sombría bajo el titular: "El riesgo del caos". Un titular tremendista que, más que preanunciar algo, tenía la clara intención de provocarlo.

Las fuerzas conservadoras en Brasil han tomado el Congreso. El Partido de los Trabajadores (PT) perdió pie y fracasó en el intento de controlar al Congreso con una presidencia de su mismo partido. Eduardo Cunha, actual Presidente de la Cámara de Diputados e integrante del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), parece dispuesto a disputar con el PT el control del gobierno, y se comporta como la punta de lanza de la bancada opositora aunque él mismo pertenezca a la bancada aliada del PT.

Frente al proyecto de despenalización del aborto (una iniciativa de Jean Wyllys, del Partido Socialismo y Libertad - PSOL), Eduardo Cunha sostuvo que antes de aprobarlo "pasarían sobre su cadáver", extrapolando abiertamente las funciones que un Presidente de Congreso (apenas una encargatura temporal de coordinación que sólo dura dos años) tiene. Al mismo tiempo, Cunha estimuló el ingreso del proyecto del "Estatuto del Nascituro" (concebir al embrión como sujeto de derecho), y se dispone a su tratamiento parlamentario con varios apoyos de las bancadas partidarias más conservadoras. También bajo su iniciativa y respaldo, avanza a paso firme la propuesta de baja de edad de imputabilidad de 18 a 16 años. Esto revela para el propio Uruguay, una faz que pasó desapercibida en su momento: la baja de edad de imputabilidad es parte de un plan mayor que trasciende Uruguay (que afortunadamente logró resistir), extendiéndose por América Latina, y formando parte de la agenda de seguridad conservadora, disciplinadora y autoritaria, con que la derecha avanza "socialmente" en nuestros países.

También bajo la regencia del Presidente de la Cámara de Diputados brasileña, se aprobó la "ley de las tercerizaciones" que profundiza y consolida las tercerizaciones como mecanismo de provisión de servicios públicos, contra la posición del PT y aliados (PSOL, Partido Comunista). Cabe a Dilma decidir ahora si veta o no ese proyecto, so pena de quedar expuesta a un Congreso que va a funcionar con su propia agenda, contra el propio gobierno.

Eduardo Cunha y sus aliados juegan a dividir gobierno. Contraponer el Parlamento al gobierno es un juego complicado que las derechas han jugado siempre. Lo hicieron con Allende, lo hicieron con Joao Goulart. Y llegaron a propiciar golpes de Estado.

Las manifestaciones contra el gobierno empezaron por izquierda y terminaron por derecha. El pedido de vuelta de la dictadura militar se hizo sentir en esta última, y las izquierdas más radicalizadas, con protestas legítimas en las manifestaciones multitudinarias del año pasado, se apartan hoy de la intentona desestabilizadora que cuenta entre sus principales agentes a los propios medios de comunicación.

El Congreso brasileño es calificado, por los mismos brasileños, como el más conservador que ha tenido la actual democracia del vecino país. Con bancadas definidas más por "intereses" que por partidos, como la bancada evangélica, la bancada "ruralista" o, en algunos estados, la "bancada da bala" (los defensores de las armas), Brasil enfrenta hoy el freno más duro al poderoso impulso que representó el triunfo del PT en 2002, contra el conservadurismo oligárquico y reactivo a cualquier democratización del poder o los bienes, en uno de los países más desiguales del mundo.

Mientras tanto, asistimos al ataque sistemático de la derecha contra Venezuela, que parece haberse olvidado por un segundo de Cuba (quizá inspirada por la misma actitud "revisionista" que ostenta Obama hoy en relación al país caribeño), y centra su batería contra el gobierno de Nicolás Maduro, que enfrenta una situación económica muy compleja, la falta de Chávez, el deterioro de sus términos de intercambio con el mundo, una Colombia vecina con un proceso de paz siempre jaqueado y un Estados Unidos beligerante.

La Presidenta argentina Cristina Fernández ha construido un liderazgo sólido, potente, con base propia, y muestra una impresionante capacidad de jugar en la arena del poder real y simbólico, en una Argentina siempre crispada. Su liderazgo no está en duda. Los logros de la "década ganada" que en la vecina orilla se escribieron con "K", tampoco. Pero observamos atentos la evolución electoral de este país, y sobre todo, la evolución dentro del mismo Frente para la Victoria, que será el que tenga la llave de la configuración política futura.

Uruguay, en este contexto, luce estable. Recién instala gobierno, y todavía no cierra su ciclo electoral. Las perspectivas económicas no son tan buenas como lo fueron en el primer gobierno (crecimos al 6%) ni en el segundo (crecimos al 4%), pero todavía hay resto: habrá que adecuar los objetivos, los programas, las políticas, y el presupuesto nacional.

La política exterior uruguaya aún está por dibujarse, pero todo indica que cualquier intento de recolocarla en un territorio "neutral", está destinada al fracaso. El legado de una política exterior por izquierda es demasiado fuerte todavía, y cualquier intento de Uruguay por desmarcarse de sus pares ideológicos en el continente, será resistido por el Frente Amplio. La propia aventura del TISA (Trade in Services Agreement), ya está siendo controvertida por el movimiento sindical y por el propio FA, porque el recuerdo del TLC con Estados Unidos generó sus aprendizajes: hay que reaccionar a tiempo en estas cosas, y la información es poder.

Hoy más que nunca, Uruguay debe apostar a una región unida, y colaborar a que América Latina desarrolle su propia estrategia, lo más unificada posible en relación a Europa, China y Estados Unidos. América Latina jugará en el tablero mundial, si lo hace, como alguna vez lo hizo la Comunidad Económica Europea, como una región unificada. Uruguay debe colaborar, con su acervo diplomático y político, a la construcción de esta estrategia regional. Para ello, una reflexión en profundidad sobre las circunstancias que atraviesan nuestros países vecinos, y el jaqueado Brasil, es indispensable. Y una política exterior "de izquierda", también.

Constanza Moreira - Senadora del Frente Amplio, doctora en Ciencia Política

http://www.uypress.net/uc_59845_1.html

Desperdiciar alimentos: una canallada con soluciones

Un encuentro propone remedios para evitar tirar comida a la basura en un planeta donde más de 800 millones de personas pasan hambre

• 13 propuestas para tirar menos comida

PABLO LINDE Oviedo 30 ABR 2015 

Un grupo de personas busca alimentos en la basura a las puertas de un centro comercial en Madrid. / LUIS MAGÁN

En un mundo que tira comida (hasta un tercio de la que produce,según el Banco Mundial) el hambre de hoy es, como dice el escritor Martín Caparrós, “la más canalla de la historia”. Porque, al contrario de lo que ha sucedido en otras épocas, se puede evitar. Mientras que más de 800 millones de personas en el mundo sufren esta canallada, los cubos de basura, tanto de países pobres como ricos, siguen alimentándose con toneladas de alimentos: recién recogidos de los campos, envasados, cocinados y crudos, por problemas de precios, de estética, de ineficiencias del sistema o de falta de concienciación. Por causas que son solucionables, porque hoy no existe un problema de producción, como se temían los investigadores unas décadas atrás, sino de reparto.

Una treintena de expertos en la materia —de ámbitos académicos, de consumidores, institucionales, de la industria…— se reunieron en Oviedo la semana pasada para encontrar e implementar algunas de estas soluciones. El II Encuentro de la Alianza contra el Hambre y la Malnutrición de España presentará sus conclusiones definitivas en junio. Pero en su clausura, el pasado 22 de abril, ya esbozaron algunas de las líneas en las que se basarán.

Para buscar soluciones, comenzaron identificando las causas del desperdicio de los alimentos. Son múltiples y están en toda la cadena, desde el campo hasta la nevera del consumidor. Niki Charalampopoulou, miembro de la ONG Feedback Global, puso algunos ejemplos que muestran el absurdo en el que la industria de la alimentación cae a menudo. El primero: una empresa de pan de molde en el Reino Unido comercializaba su producto sin la impopular última rebanada, que es en su mayor parte corteza. Pero es inevitable producirla, así que cada día tiraba a la basura 14.000 de estas últimas (o primeras) rebanadas. Su organización le propuso que la reciclase en comida para los cerdos. A partir de ese momento comenzaron a ahorrar 100.000 libras (unos 140.000 euros) al año. Segundo ejemplo: una cadena de supermercados comercializaba las judías verdes en unos envases algo más pequeños que el promedio del producto. Esto hacía necesario cortarla por arriba y por abajo para que quedasen perfectamente emparejadas. El resultado era tirar a la basura casi un 10% del alimento, lo que se pudo paliar, en parte, ajustando el envase. Tercero: los agricultores tienen que tirar de media entre un 20% y un 30% de sus cosechas por motivos estéticos (manchas, imperfecciones, no tener el tamaño adecuado) o ajustes de precios (mucha mercancía en el mercado puede abaratarlos demasiado y la industria decide desecharlos).

Charalampopoulou asegura que con pequeñas decisiones pueden producirse grandes ahorros de alimentos en estos procesos. Su organización propone lo que llaman The pig idea (la idea del cerdo), que se resume en destinar a estos animales la comida sobrante. Pero aquí hay un problema legislativo. En Europa está prohibido alimentar a los marranos con excedentes o con cualquier producto hecho con proteína animal, como consecuencia de la crisis de las vacas locas. “Como resultado, importamos 40.000 toneladas de soja que se produce en Sudamérica y que deforesta la Amazonia”, lamenta la activista.

Las exigencias en Europa sobre seguridad alimentaria también se sometieron a debate en el encuentro. Aunque la conclusión fue que se deben minimizar los riesgos para los consumidores, hubo consenso en que son demasiado estrictas y en que es necesario estudiar flexibilizarlas cuando esto haga posible grandes ahorros de alimento.

Siguiendo por el final de la cadena, “existe una falta de concienciación por parte de los ciudadanos, que no perciben el desperdicio como algo negativo, sino incluso como un símbolo de estatus”, explicó Gimena Llamedo, directora de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo y coordinadora de una de las cuatro mesas de trabajo que simultanearon tareas en el encuentro. Fue una conclusión compartida por las otras tres, que coincidieron al señalar que la mayoría de los ciudadanos no tiene conciencia del impacto social y ambiental que supone tirar tanta comida. “Hay una confusión entre valor y precio”, señaló Juan Luis Núñez, presidente del Banco de Alimentos de Asturias. Porque en una sociedad donde los alimentos son baratos, tirarlos se considera una pequeña pérdida de dinero, pero no se tienen en cuenta otros factores. "Tenemos que dar un paso más y pensar en problemas de cambio climático, energéticos, en la huella energética de los productos que consumimos. No es bueno para el mundo crear productos que viajan tontamente por el mundo y desperdiciando energía", denunció Santiago Menéndez de Luarca, representante permanente de España ante la FAO. En su opinión, "el hambre junto a la estupidez humana" son los dos grandes generadores de conflictos de la humanidad. El lado positivo es que la solución a la primera está al alcance de nuestra mano.

También existen problemas técnicos que se refieren a los envases. Por un lado, está su tamaño, adaptado normalmente a estándares familiares en una sociedad (en este caso, la española), donde un hogar medio está compuesto por 2,5 miembros y donde una cuarta parte de ellos están formados por una sola persona, según los últimos datos del INE. Roberto Ortuño. director de Asistencia Tecnológica y Servicios Analíticos del Centro Tecnológico AINIA, aboga por los envases "proporcionables" [sic], que se puedan adaptar a las necesidades de cada consumidor: “Las unidades de venta muy pequeñas son ineficientes. Con las muy grandes sucede que suele sobrar gran cantidad de alimento que se desperdicia. Si permiten la porcionabilidad, le damos al consumidor la posibilidad de consumir solo partes y que el resto se mantenga cerrado. Por otro lado, en los productos tipo salsas, alrededor de 10% de se queda en el envase. Estamos trabajando con plásticos de poca adherencia o sistemas más complicados con alguna válvula que permite el vaciado. Así se puede conseguir que la mitad del producto que se tiraba no se desperdicie”.

Pequeños gestos como renunciar a ciertos criterios estéticos, pueden servir para aprovechar miles de toneladas de comida

Muchas soluciones están en mano de la industria. Otras en la política. Pero para los ciudadanos empieza por ellos mismos. Como explica Ortuño, hay una percepción distorsionada del problema del derroche de alimentos: "En las encuestas, los consumidores dicen que no tiran comida, pero los cubos de basura están llenos de ella".

13 propuestas para tirar menos comida

P. L.

Las cuatro mesas de trabajo del II Encuentro de la Alianza contra el Hambre y la Malnutrición de España acordaron una una treintena de propuestas para reducir el desperdicio de alimentos que se irán puliendo hasta alcanzar un documento final. Cada una de ellas aportó una mirada al problema, algunas con soluciones más concretas, otras que se quedan en el limbo de las buenas intenciones. Estos 13 puntos son un resumen de las recomendaciones:

• Necesidad de un papel más activo de las administraciones públicas, coordinación entre ellas y con la industria, así como Incorporar criterios ambientales en las políticas públicas.
• Revisión, actualización y mejora de marcos normativos, desde las directivas europeas hasta las ordenanzas municipales.
• Incorporar la reducción de los desperdicios en los pliegos de condiciones de los procesos de compras públicas.
• Desarrollo de políticas de incentivos a aquellos actores de la cadena alimentaria que asuman mayores compromisos en la reducción de los desperdicios. Por ejemplo, reconfigurar o exigir unos criterios éticos, sanos y sostenibles en los servicios de restauración y alimentación que externalizan en los espacios públicos (escuelas y hospitales).
• Apoyar programas de sensibilización en torno a una compra racional y formación de los consumidores, así como buscar la complicidad de los medios de comunicación. 
• Recopilar y difundir las buenas prácticas, especialmente en los municipios que son un buen laboratorio de experiencias.

• Dedicar esfuerzos al análisis del problema, al diagnóstico, a la identificación de información relevante y de las causas.
• Mejor regulación de las prácticas de publicidad de alimentos y prohibir la publicidad engañosa que fomente el desperdicio.
• Favorecer las donaciones de alimentos a entidades sociales. Para ello, conseguir la exención del IVA a los productos que sean donados.
• Promover los grupos de consumo y su contacto directo con productores locales y cooperativas.

• Mejorar la innovación en transportes, logística, envasado, vida útil de los alimentos y software.

• Mejora en el etiquetado; por ejemplo, que se pueda incluir y entender otras informaciones como el coste ecológico y coste energético (además del precio del producto).
• Elaboración de un marco teórico o borrador de un Tratado de Seguridad y Soberanía alimentaria, y la obligatoriedad de su cumplimiento. De forma ambiciosa, incluir el derecho a la alimentación en la Constitución Española.

Una ofensiva del narco pone en jaque al corazón de México

Un ataque sume en el terror a Jalisco, bloquea Guadalajara y Puerto Vallarta

• Un ataque del narco derriba un helicóptero militar

JAN MARTÍNEZ AHRENS México 2 MAY 2015

Bomberos intentan apagar las llamas de un autobús incendiado en Jalisco. / AFP

El narco ha vuelto a poner en jaque a México. Esta vez ha sido en Jalisco, el cuarto Estado del país en población y riqueza, y de la mano de la última criatura surgida del infierno criminal: el cártel Jalisco-Nueva Generación. En una ofensiva desatada supuestamente en respuesta a la detención de 10 de sus miembros, la organización cortó accesos a las principales ciudades, incluida la capital, Guadalajara, atacó a las fuerzas de seguridad y sembró el caos ahí por donde pasó. La vertiginosa escalada, que acabó con siete muertos y 19 heridos, representa un desafío al propio presidente Enrique Peña Nieto, que ha situado Jalisco como una de las zonas prioritarias de su estrategia de seguridad, junto a Michoacán, Guerrero y Tamaulipas.

El ataque sorprendió a las fuerzas de seguridad al inicio de un puente en que México deja prácticamente de respirar. Con decenas de efectivos desplegados estratégicamente, el cártel se hizo presente en las carreteras y avenidas principales bloqueando 39 puntos mediante coches y autobuses incendiados. Mientras miles de personas huían de los focos de tensión, atacó bancos, gasolineras y tiendas, mantuvo cuatro enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad y hasta derribó un helicóptero militar, con 18 personas a bordo, causando la muerte de tres soldados y 12 heridos.

La ofensiva, que trajo a la memoria las jornadas más feroces de la narcoguerra, puso contra las cuerdas a 25 municipios, entre ellos la capital, Guadalajara, con casi un millón y medio de habitantes y sede de la mayor feria del libro en lengua española, y Puerto Vallarta, uno de los destinos turísticos más importantes del Pacífico mexicano.

El vendaval fue de tal magnitud que los servicios consulares de Estados Unidos pidieron a sus ciudadanos evitar la región, la campaña electoral fue suspendida y la cúpula de la seguridad nacional mexicana se reunió de urgencia. “La autoridad no claudicará en su misión de combatir a la delincuencia de manera frontal y decidida”, afirmó el gobernador, el priista Aristóteles Sandoval, quien, por la tarde, aseguró que el estado había recuperado la calma. Atrás había quedado un viernes negro que trajo a México la sensación de que Jalisco, al igual que ocurrió en Tamaulipas, ha entrado en un túnel del horror.

La ofensiva se inscribe en una larga y enloquecida guerra emprendida por el Cártel Jalisco-Nueva Generación contra las autoridades. Esta organización ya dio muestras de su poder, cuando desató su venganza por la muerte de Heriberto Acevedo, alias El Gringo, uno de sus jefes sicarios. Este narco cayó abatido el 23 de marzo por la Fuerza Única, un grupo policial de élite creado por el Gobierno de Jalisco para hacer frente al crimen organizado. Dos semanas después llegó la respuesta.

El 6 de abril un convoy de diez vehículos blindados, con 40 agentes, fue atacado a plena luz del día en una carretera comarcal entre Puerto Vallarta y Guadalajara. Armados con lanzagranadas de precisión y ametralladoras M-60 (550 disparos por minuto), los narcos frenaron con determinación militar el avance del contingente policial. Después, estratégicamente situados en lo alto de terraplenes, lo abrasaron con explosivos y bidones de gasolina. Quince policías murieron. Otros cinco resultaron heridos. Ningún narco cayó. Aquel día, el cártel demostró su capacidad letal. No era la primera vez.

La organización, dirigida por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, ha ido creciendo a la sombra de otras más conocidas como Los Zetas o Los Caballeros Templarios. Mientras las fuerzas de seguridad se centraban en romperles el espinazo a las grandes mafias, el Cártel Jalisco-Nueva Generación, relativamente joven, se iba apoderando, como un reptil, de los nichos que abandonaban sus enemigos. Aunque cuando hacía falta, también atacaba a la yugular. En su expansión, se enfrentó a cara descubierta a Los Zetas, dirigidos por exmilitares de élite y cuyas terroríficas mutilaciones dieron la vuelta al mundo. En septiembre de 2011, el emergente cártel dejó en Boca del Río (Veracruz), en el corazón del territorio zeta, su carta de presentación: 35 cadáveres sobre el asfalto de la avenida Ruiz Cortines. La masacre les valió el apodo de matazetas.

Amparados en su extrema violencia, en apenas 10 años han extendido sus tentáculos desde Jalisco a ocho estados (Colima, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Guerrero, Morelos, Veracruz y el mismo Distrito Federal), se han hecho fuertes en la producción de metanfetamina y se han expandido con firmeza en el mercado estadounidense, hasta el punto de que el Departamento del Tesoro ya les sitúa entre “las organizaciones de tráfico de droga más poderosas de México”, en franca competencia con el cártel de Sinaloa.

Este crecimiento tumoral ha sumido en el terror a Jalisco (7.800.000 habitantes). Alcaldes y políticos han ido sucumbiendo al plomo, sin importar su rango. El secretario de Turismo fue asesinado en marzo de 2013 a las dos semanas de ocupar el cargo; yun año después el diputado federal Gabriel Gómez Michel, también de PRI, fue ultimado y calcinado tras un espectacular secuestrado en plena carretera, cuyas imágenes grabadas por cámaras de seguridad pudo contemplar todo México. En dos años, han caído más de 70 funcionarios en el Estado.

En esta línea, la vorágine del viernes no es más que la culminación de un largo proceso cuyo fin se atisba incierto. Zonas como Tamaulipas, atrapada en una feroz batalla entre Los Zetas y el cártel del Golfo, llevan años sumidas en el horror. Los narcobloqueos, las balaceras y los secuestros se han vuelto ahí moneda común. Y la intervención militar no ha reducido la violencia.

Pese a que cada día quedan menos grandes capos libres y que la era de las superorganizaciones criminales ha llegado a su fin, la fractura de sus estructuras ha generado una balcanización del terror. Grupúsculos ultraviolentos de sicarios se han reproducido viralmente ocupando el espacio de sus hermanos mayores. Tamaulipas, Michoacán y Guerrero, donde ayer mataron a un candidato local del PRI, son la prueba. Y Jalisco, cuya capital es una de las joyas de México, está siguiendo una senda parecida. Este viernes negro ha sido un aviso.

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/05/02/actualidad/1430535028_370123.html

Seis policías de Baltimore, acusados por la muerte de Freddie Gray

La fiscalía de la ciudad declara que la muerte de Gray fue un homicidio

• Los claroscuros en la muerte de Freddie Gray persisten

CRISTINA F. PEREDA Washington 2 MAY 2015 

La fiscal del Baltimore, Marilyn Mosby. / ADREES LATIF (REUTERS)

La fiscalía de Baltimore declaró este viernes que la muerte del joven Freddie Gray a manos de la policía fue un homicidio. La fiscal de la ciudad, Marilyn Mosby, recibió ayer el informe policial y esta mañana detalló públicamente las acusaciones contra los seis policías que detuvieron al joven cuya muerte bajo custodia desató las protestas de los últimos días en la ciudad de Maryland.

Los agentes implicados en la detención “ilegal” del joven, según la fiscal, porque no encontraron suficientes pruebas para detenerle y se enfrentarán a cargos que abarcan desde homicidio involuntario -cargo que acarrea una pena de hasta 30 años de prisión- hasta asalto y negligencia. El sindicato de policías, sin embargo, ha declarado a la agencia Associated Press que los agentes actuaron bajo la legalidad.

El Departamento de Policía de Baltimore publicó este viernes la identidad de los agentes, que ya se encuentran bajo custodia policial: Caesar R. Goodson Jr., Garrett E. Miller, Edward M. Nero, William G. Porter, Brian W. Rice y Alicia D. White. Los seis, afirmó la fiscal, detuvieron ilegalmente a Gray tras cruzarse con él en una calle de Baltimore. Dos de los policías declararon que el joven salió corriendo al verles. También aseguraron que llevaba una navaja, pero Mosby aseguró que no sólo es legal, sino que los agentes lo supieron después de detenerle y que el arresto se produjo sin que Gray hubiera cometido ningún crimen.

Imagen proporcionada por el Departamento de Policía de Baltimore con los seis policías acusados por la muerte de Gray: Caesar R. Goodson Jr., Garrett E. Miller, Edward M. Nero, William G. Porter, Brian W. Rice y Alicia D. White. / AP

“Es imprescindible que se sepa toda la verdad de lo que ocurrió a Freddie Gray”, declaró este viernes el presidente Obama en la Casa Blanca. El mandatario recordó que “no es adecuado” que se pronuncie durante el proceso judicial, pero defendió que “es necesario que haya justicia” y las autoridades deberán estudiar “todas las pruebas”. Junto con la fiscalía de Baltimore, el Departamento de Justicia está realizando su propia investigación independiente de la muerte de Gray. “Los ciudadanos de Baltimore quieren saber la verdad. Y eso es lo que espera todo el país”.

Horas después del anuncio de la fiscal, la familia de Gray compareció en Baltimore para declarar que están "satisfechos" con los cargos presentados contra los seis agentes. Su abogado, Billy Murphy, pidió "una nueva cultura policial" que recompense las buenas actuaciones y castigue las negligentes. Para Murphy, los hechos de este viernes dan "esperanza" a la familia, que pidió que cualquier manifestación de los próximos días ocurra de manera pacífica.

La detención de Gray, de acuerdo con Mosby, fue ilegal porque los policías “no consiguieron establecer una causa probable para arrestarle”. La fiscal también ha calificado de “negligencia grave” que los agentes no garantizaran la seguridad de Gray dentro del vehículo, a pesar de tener más de cinco oportunidades -el vehículo paró cuatro veces en su trayectoria a la comisaría- para ponerle el cinturón. “Ninguno de los agentes le proporcionó ayuda médica”, dijo Mosby. Gray se encontraba en parada cardiaca y gravemente herido al abandonar la furgoneta y, según el informe de la fiscal, varios de los agentes “ya habían visto que estaba tendido en el suelo y no respondía”.

La fiscal ha aprovechado su comparecencia ante los medios para decir a los jóvenes de la ciudad que “buscará la justicia” en su nombre

Las autoridades aún no han revelado todos los detalles de lo ocurrido tras el arresto de Gray. Una grabación en vídeo sí mostró cómo los agentes le arrastraban esposado hasta la furgoneta policial. En su traslado los agentes hicieron tres paradas, más una que solo fue revelada esta semana. Según la fiscal, los agentes cometieron la negligencia de no abrocharle el cinturón de seguridad una vez en el vehículo y también le negaron atención médica en las dos ocasiones que lo requirió. Cuando Gray salió de la furgoneta ya no respiraba. La autopsia concluye que murió por una lesión en la columna vertebral.

Mosby, de 35 años, hija y nieta de policías, se convirtió a comienzos de año en la fiscal más joven de todo el país. Este viernes ha aprovechado su comparecencia ante los medios para decir a los jóvenes de la ciudad que “buscará la justicia” en su nombre. “Vuestro momento es ahora”, declaró, repitiendo una de las consignas de las manifestaciones celebradas en todo el país desde la muerte de Michael Brown en Ferguson hasta la de Darren Wilson en Carolina del Sur o la de Gray en Baltimore.

“Os he escuchado decir que sin justicia no habrá paz”, declaró la fiscal ante los medios y dirigiéndose a los manifestantes, “ahora os pido paz para que yo pueda obtener justicia”. Mosby afirmó además que “este es vuestro momento”, en referencia a las reivindicaciones de los ciudadanos de Baltimore contra la violencia policial.

LO QUE DEJA EL NEOLIBERALISMO

Trabajadores ultraflexibles

Los 'contratos de cero horas', sin garantías de sueldo mínimo, proliferan en Reino Unido

MARÍA R. SAHUQUILLO (ENVIADA ESPECIAL) Liverpool 2 MAY 2015 -

El primer ministro británico, David Cameron, este viernes en un discurso para los trabajadores de un supermercado en Leeds. / TOBY MELVILLE (AFP)

Es la hora del almuerzo y, sentado en un banco junto a los muelles de Liverpool, Clive apura los últimos bocados a su sándwich de pollo casero. En realidad no tiene prisa. Hoy su pausa para comer es extremadamente larga. “¡Cuatro horas! El jefe me ha dicho que no me necesita en ese tiempo, pero que luego tendré otro par de horas de trabajo”, explica mientras se limpia las manos con un pedazo de papel. Afirma que no le compensa volver a casa y se dispone a matar el rato viendo las carreras de caballos en un pequeño local de apuestas Paddy Power. Desde hace un año, muchos de los días son así de imprevisibles para este hombre de 46 años, cabello ralo y ojos pequeños y vivarachos. Trabaja en una compañía de reparto con un ‘contrato de cero horas’, una modalidad en la que el empleador no garantiza al trabajador un mínimo de horas de carga al mes y, por tanto, tampoco un salario mínimo.

La fórmula no es nueva, pero se ha extendido paulatinamente en Reino Unido desde que empezó a sentirse la crisis financiera, en 2008. Hace cuatro años, quienes afirmaban tener como fuente única de ingresos un contrato de cero horas no llegaba ni por asomo al 1%; hoy son el 2,3% de los trabajadores en este país --unas 700.000 personas--, según la Oficina Nacional de Estadísticas británica (ONS, por sus siglas en inglés). Mujeres, menores de 25 años y mayores de 65 son, según la ONS, los perfiles mayoritarios bajo este sistema. Empleados con contratos precarios que trabajan, de media, 25 horas a la semana y que cobran unas 7 libras la hora (el salario mínimo es de 6,50; 8,7 euros).

Un sueldo que Clive, que se araña los bolsillos para apostar unas cuantas monedas al caballo 7, llamado Bertie Mo, estira como un chicle. “Si gano, eso que me llevo”, bromea amargamente. Y si Clive se conjura a los caballos y apenas llega a fin de mes, tanto el primer ministro británico, el conservador David Cameron, como su principal rival en las elecciones generales del próximo jueves, el laborista Ed Miliband, han reconocido que no podrían sobrevivir con un contrato de este tipo. En una campaña marcada por la recuperación económica y nuevas medidas de austeridad, ambos candidatos se han comprometido a buscar una solución para esta fórmula de precariedad salvaje. Una solución que no pasa, sin embargo, por prohibir sino más bien por limitar este tipo de contratos, que ha contribuido a reducir –-o, según sindicatos como el mayoritario Unite the Union, “a maquillar”-- las cifras de desempleo en Reino Unido (un 5,6% frente a un 23% en España).

“Este tipo de contratos otorgan todo el control al empleador y dejan al empleado en una situación tremendamente inestable y más vulnerable a los abusos”, resume Neil Lee, profesor de Economía en la London School of Economics. Los trabajadores de ‘cero horas’ deben estar disponibles las 24 horas todos los días de la semana y, en la mayoría de los casos, tienen una cláusula que les impide tener otro empleo. Además, muchos no saben qué horario tendrán ni, por tanto, cuánto van a ganar. Son, dice Lee, “la punta del iceberg” de los problemas en el mercado laboral británico. “La recuperación económica es mucho más frágil de lo que el Gobierno retrata. Cierto que el desempleo baja, pero a costa de reducir la calidad del empleo y de sueldos muy bajos”, apunta el experto.

La ciudad costera de Liverpool (500.000 habitantes) es una de las que más contratos de cero horas registra: más de la mitad de los que se ofrecen, sobre todo en el sector de la restauración, el ocio o los cuidados. Sin embargo, la fórmula se aplica en todo el país y en empresas de todo tipo: multinacionales como McDonalds, la empresa de paquetería DHL, la cadena de perfumería y parafarmacia Boots o los grandes almacenes Sports Directs emplean a un buen número de trabajadores con estos contratos flexibles, según los análisis de los sindicatos.

El gigante estadounidense de comida rápida reconoce que emplea con el sistema de cero horas al 90% de sus trabajadores en Reino Unido –unas 83.000 personas--. Aunque sus responsables afirman que se debe a que sus asalariados“buscan flexibilidad”. “Muchos de nuestros empleados son padres o estudiantes que buscan empleos remunerados flexibles para encajar con el cuidado de los niños o las clases”, apuntan en un comunicado sobre los contratos de cero horas en su web.

Ciaran Foley muestra en su móvil el calendario que su jefe le manda por mail cada primero de mes para notificarle sus horarios.

Uno de esos casos es el de Ciaran Foley, de 28 años. Trabajó una temporada en McDonalds y ahora es barman en un pub del centro de Liverpool, a solo unos pasos del Cavern Club, donde The Beatles tocaban en sus primeros tiempos. Foley asegura que el sistema no le va mal, el jefe le avisa cada primero de mes de su horario y le pagan “aceptablemente”. “Gano unas nueva libras la hora y me gusta el empleo”, dice. Lo peor, dice restregándose los ojos enrojecidos, es que las jornadas son eternas. “A veces entro a las dos de la tarde y no salgo hasta las seis de la mañana”, asegura.

Sarah, en cambio, agradecería tener esa preocupación. Es operaria en la fábrica de galletas Jacob’s --que hace las tradicionales crackers, una de las principales industrias de Liverpool y todo un emblema del país--, y afirma tajante que daría un potosí por un trabajo a jornada completa. Sentada en una pizzería cerca del estadio de fútbol del Everton, esta mujer de 52 años, alta y fuerte, relata que vive pendiente del móvil. Su empleador, en este caso una agencia de reclutamiento, avisa un día antes por SMS sobre la jornada. Además, como el resto de los alrededor de 200 trabajadores que la agencia pone a disposición de la fábrica, cobra unas dos libras menos la hora que los trabajadores contratados directamente por Jacob’s –que pertenece a United Biscuits, adquirida hace un par de meses por un grupo turco dedicado a la alimentación--.

A este ardid, que deja en otra desventaja más a los trabajadores de ‘cero horas’, se suma la ironía, remarca Barry Kushner, concejal de empleo de Liverpool, de que el programa público para desempleados subsidiados recurre a estas empresas para colocar a quienes están en paro. “La administración no hace sino alimentar este sistema perverso”, dice. Kushner (laborista), que preside la comisión que la ciudad ha puesto en marcha para luchar contra el empleo precario y que ha elaborado una investigación a fondo sobre este sistema ultraflexible, propone excluir de todo contrato público a las compañías que, aunque recurran al sistema de ‘cero horas’, no garanticen un mínimo de horas semanales a los empleados.

Con una cucharilla de plástico, Sarah –que, como Clive, prefiere no dar su apellido-- remueve su café. Lo toma negro, sin azúcar ni leche. “Con hoy, llevan ya tres días sin dar señales. Ni un mensaje, ni una llamada; nada”, murmura. Toda su fortaleza se evapora cuando habla del temor a que la empresa haya prescindido de ella. “Con estos contratos ni siquiera tienen que despedirte. Con no llamarte para trabajar basta”, dice. Y si no hay trabajo no hay salario, pero tampoco acceso a la prestación por desempleo ni otros subsidios. “Y tampoco puedo dejarlo y buscar otro trabajo. Si lo hago saldría del sistema de desempleo durante seis meses. Así nos tratan. Es como una esclavitud en pleno siglo XXI”.

"Libertad" y disponibilidad

Isisa, de 26 años, estudiante de Odontología, trabaja a veces con el sistema 'cero horas'. /

Para algunos trabajadores cualificados, sobre todo en sectores como el de la sanidad, y fundamentalmente para aquellos que empiezan, los contratos de ‘cero horas’ pueden llegar a ser un sinónimo de libertad y de buenas pagas. “Son una minoría, pero este tipo de empleados también se da”, apunta Neil Lee, profesor de Economía en la London School of Economics.

Isisa, de 26 años, que está terminando odontología, trabaja de ayudante cuando la llaman en una clínica de Liverpool. Sentada en un banco en la calle comercial de Liverpool junto a su amiga Salma, explica que le suelen pagar no menos de 20 libras la hora. “Es una buena fórmula y me permite seguir estudiando y sacarme algo de dinero”, dice.

Dilma contraataca

Los festejos en Brasil tuvieron un tono de defensa del gobierno, con fuertes ataques a una nueva ley del trabajo. Lula estuvo en San Pablo, la marcha más masiva.

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, criticó ayer el proyecto de ley que actualmente se discute en el Congreso, el cual contempla la tercerización del empleo sin restricciones. En una serie de videos difundidos por las redes sociales a raíz del Día del Trabajador, la presidenta se refirió a los esfuerzos de su gobierno para garantizar el salario mímimo y criticó la violenta represión policial contra los docentes que protestaron el pasado miércoles en el sureño estado de Paraná, el cual dejó como saldo más de 200 heridos. Por su parte, el ex presidente Lula da Silva participó de un acto en San Pablo en el que apoyó a Dilma y pidió a los brasileños que sean “pacientes”.

El palacio del Planalto divulgó ayer tres videos con mensajes dirigidos a los trabajadores en lugar del tradicional discurso televisado que emitía todo 1º de Mayo por red nacional. En la primera grabación, Rousseff se refirió al debate por el proyecto de ley que propone ampliar a todos los sectores la tercerización. La mandataria indicó que la reglamentación del proyecto de ley, actualmente en discusión parlamentaria, puede mejorar las condiciones de trabajo de millones de personas que trabajan para contratistas de otras empresas, pero defendió la imposición de restricciones para que ese tipo de contrato no se extienda a todo el mercado laboral. “La reglamentación del trabajo tercerizado tiene que diferenciar entre las actividades finales y las intermedias de los varios sectores productivos”, afirmó Dilma. Hasta el momento, la presidenta no había explicitado su postura frente a la iniciativa, que fue condenada por los sindicatos. Tampoco aclaró si puede vetar la ley antes de sancionarla en caso de que el Congreso extienda la tercerización a todas las actividades y sectores.

Según legisladores del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), un fabricante de autos, por ejemplo, puede ser autorizado a contratar tercerizados para la limpieza o la seguridad, pero no para las líneas de producción de los vehículos. El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados el 22 de abril, ahora en discusión en el Senado, amplía para todos los sectores la tercerización, con lo cual autoriza a las empresas a contratar prestadores hasta para la actividad final que ejercen. Actualmente, la tercerización es sólo para actividades no específicas de las empresas contratistas, como limpieza, transporte y seguridad.

La tercerización fue la iniciativa más criticada en las marchas organizadas por las centrales sindicales para conmemorar el Día del Trabajo. En San Pablo, el CUT (Central Unica de Trabajadores) y el MST (Movimiento Sin Tierra) organizaron una manifestación que movilizó a 50.000 personas. El acto fue encabezado por el ex presidente Lula da Silva, quien les pidió “paciencia” a los trabajadores. “Quiero pedirles a ustedes, que muchas veces se ponen nerviosos con Dilma, que tengan paciencia. Ella fue elegida para gobernar durante cuatro años. Veremos el resultado al final del mandato, no tengo dudas que de aquí a cuatro años estaremos conmemorando el éxito de su gobierno”, dijo. El presidente de la CUT, Vagner Freitas, afirmó que el movimiento que encabeza conversará con Dilma para que vete el proyecto en caso de que el Congreso lo apruebe. “Ese proyecto va a extinguir todas las garantías laborales, las vacaciones y el empleo formal. No podemos permitir que sea aprobado”, dijo.

En el segundo video, Dilma recordó la medida previsional enviada al Congreso que garantiza el salario mínimo en el período 2015-2019, y expresó que en su primer mandato se aprobó una medida similar. “Queremos asegurar el poder de compra de los trabajadores, esa es la única manera de garantizar un Brasil más justo”, dijo.

Respecto de la última grabación difundida, Dilma se refirió a la violenta represión policial a una protesta de profesores que dejó más de 200 heridos en el en la ciudad de Curitiba, estado de Paraná. “Tenemos que reconocer como legítimas las reivindicaciones de todos los segmentos sociales de nuestra población. Y este reconocimiento debe ser realizado sin violencia ni represión”, dijo. Rousseff defendió el “diálogo franco y transparente” como única solución a los conflictos. “Queremos construir consenso respetando el derecho a la libertad de opinión y de manifestación y evitando la violencia”, aseguró.

Las protestas en Curitiba, cuyo gobierno ejerce el opositor Carlos Alberto Richa, tuvieron como centro la aprobación de una ley que establece que los beneficios jubilatorios de funcionarios de 73 años o más, que hasta ahora eran pagados con recursos de la gobernación, sean financiados con los aportes de los funcionarios. Los maestros temen que la norma, que fue aprobada pese a los incidentes, lleve en unos años a que sus fondos de previsión social sean deficitarios. Según confirmó la Secretaria de Salud de Paraná, la violenta represión tuvo un saldo de 203 personas heridas, de las cuales 63 tuvieron que ser hospitalizadas de urgencia.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-271793-2015-05-02.html