5 may 2015

Demanda marítima boliviana: Gobierno chileno rechaza la competencia de la CIJ en el inicio de los alegatos

Acusando a Bolivia de intentar “soslayar el Tratado de 1904″, el agente chileno Felipe Bulnes abrió la ronda de alegatos ante la Corte Internacional de Justicia por la solicitud de excepciones preliminares presentadas por nuestro país a la demanda boliviana.

Demanda marítima boliviana: Gobierno chileno rechaza la competencia de la CIJ en el inicio de los alegatos




En su requerimiento a la Corte, Bolivia pide obligar a Chile negociar una salida soberana al océano Pacífico. Ante ello, el Estado chileno aduce a que esta problemática ya está resuelta con el Tratado de 1904 y, al estar vigente, lo demandado por la vecina nación no tiene cabida.
Al inicio de la sesión el presidente del tribunal, Ronny Abraham, recordó que el australiano James Crawford se inhabilitó por haber representado a Chile ante la demanda interpuesta por Perú en 2008.
En el inicio de los alegatos, el ex ministro Bulnes resaltó que el artículo VI del Pacto de Bogotá excluye de la jurisdicción de la Corte las materias contenidas en la demanda boliviana, ya que dicho país plantea un asunto resuelto por un tratado.
“Tampoco podrán aplicarse dichos procedimientos a los asuntos ya resueltos por arreglo de las partes, o por laudo arbitral, o por sentencia de un tribunal internacional, o que se hallen regidos por acuerdos o tratados en vigencia en la fecha de la celebración del presente Pacto”, señala el pacto.
“Chile es una nación dinámica, respetuosa del Estado de Derecho”, señaló Bulnes, quien subrayó que el país ha formado parte de las iniciativas de integración de Bolivia. En su intervención sostuvo que Bolivia busca soslayar el Tratado de 1904, cuyos empeños en revisar el documento datan de 1920.
Junto a ello, destacó ante los 15 jueces que componen la Corte que Bolivia intentó eludir la exclusión jurisdiccional contenida en el Pacto de Bogotá por medio de la “obligación de negociar”. “El Tratado no desaparece solamente porque un Estado decida no mencionarlo”, aseguró Bulnes ante las pocas referencias de Bolivia hacia el acuerdo de 1904 en su demanda.
La decana de la Facultad de Derecho de la universidad de Buenos Aires, Mónica Pinto, fue la primera abogada del equipo internacional de profesionales que intervino ante la CIJ.
En su alegato, subrayó que al momento de establecerse el Pacto de Bogotá en 1948, las naciones latinoamericanas buscaban un acuerdo de amplio alcance para evitar enfrentamientos armados y destacó la importancia del artículo VI de dicho documento. “Chile no habría ratificado pacto si éste no hubiera evitado que Bolivia hubiera presentado unilateralmente a la Corte sus pretensiones de acceso soberano al mar“, sostuvo.
Por ello, manifestó que Bolivia intenta modificar con esta demanda los resultados que se lograron a raíz de la firma del Tratado de 1904, lo que siempre fue considerado por el país altiplánico como un obstáculo para acceder al mar. Ello explicaría las reservas de Bolivia planteadas al artículo VI del Pacto, lo que significaba un bloqueo a las pretensiones marítimas.
El inglés Daniel Bethlehem siguió en la exposición, relatadndo los alcances del Tratado de 1904 y el carácter definitivo de éste.
“El Tratado tardó 20 años en realizarse, cerró un capítulo de enemistad entre Bolivia y Chile y miraba hacia el futuro”, afirmó el jurista, quien señaló que al momento de la firma del Pacto de Bogotá el acceso al mar por parte de Bolivia estaba absolutamente cerrado desde 1904.
Además aseguró que, tras la firma del tratado, “nada queda sin resolver ni zanjar”, ya que consolidó el acuerdo territorial celebrado entre las dos naciones y se realizó una resolución “completa y exhaustivas de las fronteras territoriales”, sin derecho para Bolivia de los territorios aledaños al litoral.
Agregó que en Bolivia “ahora pretenden negar” lo que las altas autoridades aceptaron en 1905, al aprobara los términos del tratado signado el año anterior. “Sería imposible que Bolivia obtuviese acceso con soberanía al Pacífico por territorio chileno sin modificar el acuerdo establecido en el tratado de 1904″, estimó en su intervención.
Sam Wordsworth, abogado inglés especializado en derecho público internacional y arbitraje, continuó con los argumentos de la parte chilena calificando como una “ficción legal” la obligación a negociar apuntada por el Estado boliviano.
“La única manera para que Bolivia reciba acceso soberano al mar sería por conducto de revisión del acuerdo logrado en 1904“, sostuvo Wordsworth, asegurando que dicho país busca delimitar la labor de la Corte. A su juicio, la demanda “constituye la última de una serie de iniciativas para satisfacer su aspiración a desacatar el tratado”.
También recordó que el intento boliviano se enmarca a la obligación imprescriptible consagrada en su Constitución y que esta carta magna busca descomponer los asuntos zanjados. Junto a ello, sostuvo que Bolivia “mantiene una posición indefendible” que solo se sustenta en el intento de evitar la aplicación del artículo VI del Pacto de Bogotá.
Si se acepta la solicitud boliviana, Wordsworth advirtió que “esta Corte tendría que fallar sobre la revisión del tratado de 1904″, lo que quedaría fuera de su competencia y se efectuaría “en función de los deseos” de ese país.
La primera ronda fue cerrada por el francés Pierre Marie Dupuy que, entre otros aspectos, detalló el Tratado de 1904 estableció una frontera que no alcanza el litoral y “nunca ha dejado de estar en vigor entre los dos países”.
Y pese a que señala que “la integralidad de la solicitud de Bolivia se sitúa fuera del campo de competencia de la Corte“, tampoco esta instancia podría ver los eventuales comportamientos atribuidos a Chile que lo obliguen a negociar una salida soberana al Pacífico para Bolivia.
Los alegatos continuarán el miércoles a las 05:00 horas de Chile con la respuesta de Bolivia a la solicitud de excepciones preliminares.

Bolivia señala que el alegato es rebatible y no preocupa

La delegación boliviana que siguió ayer en La Haya la primera ronda de alegatos de Chile para objetar la competencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso de la demanda marítima, señaló que no le preocupan las exposiciones del equipo de juristas del país vecino y que cuenta con los argumentos para rebatirlas en las presentaciones de mañana y el viernes.
Aproximadamente a las 14.30, el canciller David Choquehuanca; el agente de Bolivia en la CIJ, Eduardo Rodríguez Veltzé; el vocero de la demanda marítima, Carlos Mesa; el procurador general del Estado, Héctor Arce; el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, entre otros, brindaron una conferencia de prensa en la sede de la embajada boliviana en los Países Bajos.
Confianza. Mesa fue el primero en tomar la palabra y destacó que es un acontecimiento histórico porque por primera vez Chile tuvo que explicarle a un tribunal internacional las razones por las que no quiere cumplir los compromisos que ha sostenido durante décadas para otorgarle a Bolivia una salida soberana al océano Pacífico.
“Bolivia llega aquí con una política de Estado. Esta delegación presidida por el Canciller tiene una absoluta unidad y una absoluta fe en el trabajo y la tarea de equipo que en el ámbito jurídico preside nuestro agente, el expresidente Rodríguez, que tiene personalidades (…) que acompañan lo que es una tarea del Estado boliviano respaldado por diez millones de personas”.
Remarcó la confianza de una nación pacifista como Bolivia en la CIJ e hizo énfasis en la palabra “unidad”, tanto del equipo político como jurídico. “Para Bolivia éste es un momento muy importante, quizás un momento que tiene una trascendencia fundamental y no podemos encararla de otra manera que como lo estamos haciendo”.
Ayer comenzaron los alegatos en el tribunal, en el marco de la demanda planteada por Bolivia que solicita a Chile, con base en ofrecimientos anteriores, un escenario de diálogo “de buena fe” para solucionar la mediterraneidad que arrastra tras la guerra de 1879. El agente chileno Felipe Bulnes y cuatro abogados internacionales expusieron ante los jueces desde las 09.15.
Desde Santa Cruz de la Sierra, el presidente boliviano, Evo Morales, después de conocer la exposición del país vecino, sostuvo que ésta es una primera batalla jurídica y que el equipo boliviano cuenta con todos los argumentos para responder en sus alegatos de mañana y el viernes en La Haya (Chile tiene su segunda ronda el jueves).
Y objetó la declaración de Bulnes sobre que Chile es un Estado con una democracia dinámica y que respeta el derecho. “Entre vecinos nos conocemos, sigue con una Constitución que dejó la dictadura de (Augusto) Pinochet. Dijo que respeta el Estado de derecho; (pero) si respetaría no hubiera estado cuestionando la competencia de la Corte en esta demanda”.
La presentación de Chile insistió en que el artículo 6 del Pacto de Bogotá de 1948 rechaza que la CIJ conozca casos que fueron resueltos con anterioridad a ese año (un debate ya superado, insistió Morales) y que la demanda busca revisar el Tratado de 1904, algo que fue negado en reiteradas oportunidades por autoridades bolivianas.
El agente Rodríguez remarcó que su persona y el equipo jurídico que lo acompaña están convencidos de tener los argumentos para rebatir la objeción preliminar planteada por Chile. “Tenemos plena confianza en que la Corte sabrá conocer, escuchar y razonar sobre nuestra posición y estamos con la convicción de que tiene la jurisdicción y sabrá proseguir con los procedimientos”.
Quien cerró la conferencia fue el procurador Arce, quien catalogó de “erróneos, forzados, erráticos” los argumentos chilenos y, por lo tanto, “no hemos advertido ningún elemento que pueda generar un margen de preocupación para el Estado boliviano”. Inclusive añadió que los alegatos de la objeción presentada parecen de otra demanda, porque la boliviana no tiene nada que ver con el Tratado de 1904, que está vigente entre las dos naciones.
“Parece Chile desconocer que la demanda no busca el incumplimiento de los tratados internacionales (…). Después de hacer una evaluación de las exposiciones chilenas, el Estado boliviano está más convencido que nunca de que el órgano competente, el que tiene jurisdicción y competencia para resolver la demanda marítima boliviana presentada en abril de 2013 es justamente la CIJ”. Ahora los alegatos de Bolivia inician mañana, de 04.00 a 07.00 (hora boliviana) y acaban el viernes, de 11.30 a 13.00.
Dos tuits del vocero Carlos Mesa
Imaginaria
“Dio la impresión de que Chile hacía una excepción de incompetencia a una demanda imaginaria, sin relación alguna con el objeto de la ntra (sip)”. “Después del alegato de Chile más seguro que nunca de la consistencia de ntros. Argumentos (sip)”.

Presidente iza bandera de reivindicación marítima

El presidente Evo Morales izó en la plaza Murillo, centro del poder político del país, la bandera de reivindicación marítima en apoyo “simbólico” a la delegación que se encuentra en La Haya para presentar los alegatos sobre la incompetencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), planteada por Chile, para que resuelva la centenaria demanda marítima boliviana.
“Hemos decidido hoy día acompañar con la iza de los símbolos patrios, de la bandera de reivindicación marítima a nuestra delegación que está en La Haya, hermanos bolivianos, extranjeros que se suman a esta reivindicación por el pedido clamoroso del pueblo que se nos haga justicia”, dijo.
Miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana se dieron cita en la plaza principal de la sede de Gobierno, así como autoridades del Ejecutivo y la banda de música militar.
En primera instancia Morales izó la tricolor boliviana y el vicepresidente Álvaro García Linera, la wiphala al compás de las notas del Himno Nacional y posteriormente el jefe de Estado izó la bandera de reivindicación marítima acompañado por la marcha del mar.
Morales saludó la “gran unidad” del pueblo boliviano para reclamar por justicia y razón el retorno de Bolivia a las costas del Pacífico con soberanía, así como también el apoyo de organismos internacionales, ex presidentes de países de Europa, de estados Unidos y América Latina que en distintas épocas expresaron su solidaridad con la causa boliviana.
Aseguró que esta jornada en la que se inician los alegatos en la CIJ es un día “histórico” y reiteró que Bolivia tiene la razón y la justicia y quiere soluciones pacíficas, ya que el pueblo boliviano no comparte guerras y enfrentamientos entre hermanos.
“Nuestra obligación es defender la vida y la justicia y demostrar con solides con argumentos que Bolivia tiene que volver al Pacífico con soberanía”, mencionó.
El Presidente expresó su deseo de que en los nueve departamentos se realicen actos similares para brindar el respaldo a la delegación boliviana en La Haya.
Según el cronograma establecido por el Tribunal de La Haya, Chile presentará sus alegatos el 4 y 7 de mayo, mientras que Bolivia lo hará el 6 y 8 del mismo mes.
Chile invadió suelo boliviano en febrero de 1879 y desató una contienda bélica que terminó cercenando 400 kilómetros de playa y 120.000 kilómetros de territorio.
Desde entonces, Bolivia reivindica en diferentes foros internacionales el derecho de recuperar su cualidad marítima y en 2013 llevó el diferendo ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

Bachelet destaca “contundente” presentación de equipo chileno en La Haya

La presidenta de la República, Michelle Bachelet, felicitó esta jornada al equipo que representa los intereses de Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya mediante un contacto por videoconferencia realizado en dependencias del Palacio de La Moneda.
La mandataria sostuvo, en diálogo con el canciller Heraldo Muñoz, el agente Felipe Bulnes y los coagentes, que se sentía “tremendamente orgullosa y satisfecha por la excelente presentación” desplegada en el Salón de la Paz del máximo tribunal del globo.
“Se mostró lo contundente y macizo de nuestros alegatos“, añadió.
Finalmente, envió saludos y felicitaciones, tanto a los miembros chilenos como extranjeros que conforman el equipo jurídico de nuestro país.
La jefa de Estado siguió la jornada desde el comedor presidencial en conjunto con el comité político integrado por los ministros de Hacienda, Alberto Arenas; del Interior, Rodrigo Peñailillo; de la Segpress, Ximena Rincón y el vocero de Gobierno, Álvaro Elizalde. Además estuvo invitado el ministro de Defensa, Jorge Burgos.
De hecho, previo a la audiencia en La Haya, Bachelet se mostró confiada en el trabajo de la defensa nacional y llamó a los chilenos a estar tranquilos frente a este proceso.
A su vez el ministro de Defensa dijo que el derecho internacional avala la posición de nuestro país.
Mientras que para el miércoles, en que está programada la exposición de los argumentos bolivianos, no se ha confirmado que la presidenta Bachelet vaya a seguir dicha audiencia.
No obstante, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Edgardo Riveros y asesores del Gobierno se reunirán a las 5 de la madrugada para ver dicho proceso y efectuar su diagnóstico.

EL SILENCIOSO GOLPE BLANCO DE LUKSIC EN CODELCO

Aires de cambio se respiran en la empresa estatal del cobre. Tras una administración criticada por manejos erráticos y pérdidas millonarias, el Grupo Luksic ha colocado a hombres de su más cercana confianza en puestos clave de la corporación. ¿Pero se resuelve o empeora la crisis en Codelco? La radiografía de una posible operación para devolver Chuquicamata a manos privadas, y en especial a una familia que gestiona el patrimonio de la expropiada Anaconda Copper de los Rockefeller, en el siguiente reportaje de El Ciudadano.



Es día de negocios y en Perú aterriza un vuelo proveniente de Santiago de Chile. A escasos metros de la base aérea Las Palmas opera el temido servicio de inteligencia de Alberto Fujimori y desde su interior el jefe, Vladimiro Montesinos, avizora la llegada de un hombre barbudo y ternado que baja de los cielos para conversar sobre un terreno pantanoso que su empresa de pastas Lucchetti acaba de comprar en Lima. Consciente de que la protección ecológica del predio está siendo reclamada por comunidades locales, el visitante chileno de sangre croata y boliviana saluda a Montesinos e ingresa al despacho del oscuro brazo derecho de Fujimori.

Andrónico Luksic Craig, miembro del grupo económico más poderoso y acaparador de Chile y cuya familia se ubica entre las cien más ricas del mundo, según el ranking 2015 de la Revista Forbes, desconocía que cada una de sus palabras estaba siendo fríamente registrada. A inicios del milenio cuando Montesinos, el otrora zar de la inteligencia peruana, estaba acorralado por las graves acusaciones de corrupción que terminaron sumergiendo al régimen fujimorista en aguas turbulentas, los detalles de esa reunión secreta, como tantas otras que el arequipeño había tenido con altos jerarcas de Lucchetti, vieron la luz en formato VHS.

El escándalo de los “Vladivideos” consternó al Perú y adquirió mayor relevancia cuando se sumaron testimonios de personalidades vinculadas a Montesinos. Una de ellas confirmaba que Andrónico Luksic había entregado dinero al mandatario de origen nipón – procesado por violaciones sistemáticas a los derechos humanos – con el fin de emplear a su favor la red de influencias de Montesinos y lograr barrer con los problemas que obstaculizaban la construcción de su planta de fideos en el preciado humedal limeño.

“Montesinos ingresó a su oficina con el señor Luksic. Yo estaba presente. Luksic había hecho traer tres cajas de cartón que supuestamente tenían vinos”, declaró la ex secretaria del director del SIN peruano, Matilde Pinchi Pinchi, contenido que la Revista Caretas anunció en portada bajo el título de ‘Luksic pagó coima’ el 13 de octubre de 2005. Más que un Chardonnay Tabalí, relató Pinchi Pinchi, las cajas ocultaban dinero en efectivo: una sí tenía vinos, pero la siguiente 500 mil dólares y la tercera 1 millón 500 mil.

Las acusaciones, secundadas en parte por los capitanes de Ejército Mario Ruiz Agüero y Wilmer Ramos Viera, fueron negadas por la defensa del magnate minero y el proceso por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias se declaró prescrito en 2006.

Quienes conocen a Luksic, el sagaz primogénito de un antofagastino hijo de inmigrantes que aprovechó la especulación provocada por la cumbre de Bretton Woods para enriquecerse en el mercado cambiario de libras y francos, saben que esa incómoda batahola en el país vecino, que gatilló incluso una orden de captura internacional en su contra, afectó la imagen del empresario. Lo hizo tanto o más que el reciente exabrupto del “Nueragate” en donde, por iniciativa propia, Luksic decidió estar presente cuando el Banco de Chile otorgó un millonario préstamo a la empresa Caval de Natalia Compagnon, propietaria de los vistosos Lexus de Sebastián Dávalos que en 2013 motivaron una denuncia de Tomás Mosciatti ante el Servicio de Impuestos Internos.

Un tropiezo, quizás, como los que Luksic evita dar cuando prescinde del teléfono y opta por enviar emisarios de extrema confianza para transmitir su entelequia. Los entendidos dirán que cualquier publicidad embarazosa, como aquella de las supuestas orgías homosexuales junto al ex embajador argentino Oscar Spinosa Melo – cuya difusión motivó un recurso que prohibió la venta del libro “Impunidad diplomática” de Francisco Martorell en 1993 – impone al presidente de Quiñenco una dificultad tan ardua como la de mantener en sigilo su apetito por los yacimientos cupríferos de Codelco.

EJÉRCITO DE OCUPACIÓN

Una sonrisa se dibujó en el rostro de Andrónico el día en que el tranque de relaves El Mauro, de la Minera Los Pelambres del Grupo Luksic, entró en funcionamiento. Cuentan que llamó a su oficina a Nelson Pizarro, el artífice material del proyecto que redujo copiosamente el acceso al agua de los caimaninos del Valle del Pupío, y le ofreció fijar su propio sueldo: un cuantioso monto de ceros inalcanzables. Por eso causó extrañeza que el bigotón ejecutivo, titulado en la Universidad de Chile, optara por renunciar a la gerencia de Antofagasta Minerals para hacerse cargo de la plana mayor de Codelco en 2014, donde percibe ingresos considerablemente menores.

Nelson Pizarro, que inició su carrera en Lota Schwager y se jacta de haber hecho escuela de “minería dura” en Exxon, mantiene estrechas relaciones con la Nueva Mayoría y comparte en eventos privados con la presidenta Michelle Bachelet. En los noventa conoció al patriarca del clan de los Luksic cuando trabajaba en la División Andina de Codelco. Dada su larga trayectoria en las transnacionales mineras, el regreso de Pizarro a la cuprera estatal, ocurrido antes de los fallos judiciales que decretaron la clasificación de El Mauro como una obra ruinosa, generó desconfianza inmediata.


Al mismo tiempo en que esto pasaba, se dejaba sentir el comienzo de un transvase simultáneo de ejecutivos de Antofagasta Minerals a Codelco, y de la estatal minera al grupo Luksic.

Siguiendo los pasos de André Sougarret, el cabecilla del rescate de los 33 mineros de San José, el académico Diego Hernández, con un pasado en Anglo American, ya había renunciado en 2012 a Codelco para asumir la presidencia del holding cuprífero de Andrónico y hermanos. En 2014 fue el turno del ex jefe de prensa de Ricardo Lagos, Pablo Orozco, el que pasó a trabajar con Luksic en una gerencia de comunicaciones. Un mes después, Iván Arriagada evacuó la vicepresidencia de Administración y Finanzas de la corporación estatal del cobre y anunció su llegada a Antofagasta Minerals.

Recíprocamente, en octubre del año pasado, el ingeniero civil metalúrgico Sergio Parada Araya arribó desde el grupo Luksic a la División Chuquicamata de Codelco. Su primera decisión al asumir el mando del depósito de cobre más grande del mundo, fue expulsar de la empresa a Juan George cuando el reloj daba recién las 8:00 de la mañana. Esto lo hizo luego de que George, ex encargado de Recursos Humanos de Chuqui, denunciara irregularidades en la adquisición de repuestos chinos por un valor de 5 millones de dólares, caso que afectó la nominación del ex gerente de Caserones, René Oliva Saldías, a una posición importante en la vicepresidencia de Codelco Norte, truncando así los deseos de Pizarro.

Similares vientos de cambio fueron percibidos en materia laboral. Otro hombre de Luksic anteriormente empleado en el Banco de Chile, el sociólogo Alejandro Salinero Berardi, emigró a la estatal como encargado de Relaciones Laborales para equilibrar la tarea de un militante de la DC con trayectoria de más de 20 años en Codelco: Daniel Sierra Parra. Éste es absorbido hoy por la línea dura de Pizarro, al carecer de mayores aliados al interior de la empresa frente a las transformaciones que podrían llevar a Chuquicamata a una completa quiebra, y propender así a la privatización de sus yacimientos.

En este escenario interviene activamente el sicólogo Patricio Chávez Espinoza, ex asesor comunicacional de Minera Los Pelambres, quien llegó en enero a la vicepresidencia de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Codelco y asiste de manera íntima a Pizarro, tal como lo hace instalado en la División Chuquicamata el abogado Nemesio Orellana, ejerciendo un poder de facto en esa administración.

Para asegurar un papel funcional de la dirigencia sindical – afirman testigos de la red que Luksic está tejiendo lentamente en Codelco – se reclutó a Roberto Morales Puelma, involucrado en el conocido fraude de boletas de 40 millones de pesos por servicios no prestados en Correos de Chile. Morales sirve de nexo entre Antofagasta Minerals y el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), Raimundo Espinoza, en quien influyó para obtener su voto en la designación de Nelson Pizarro como líder de la corporación.

Esta nominación no pudo haber madurado tampoco sin el apoyo de la Nueva Mayoría. Y es que para la jefa de Estado no es secreto que Andrónico Luksic también goza de buenas relaciones con la ministra de Minería, Aurora Williams, la que hace algunas semanas instó a exigir transparencia en el rubro minero a propósito del caso SQM.

La ingeniera comercial y militante del Partido Radical se convirtió en la segunda mujer en dirigir esa cartera luego de Karen Poniachik, elección que no estuvo exenta de críticas en 2006 dada la cercanía de la periodista del PPD con el Council of the Americas de Nueva York, entidad que recibe financiamiento de Barrick Gold y otras multinacionales de Latinoamérica. En lo que respecta a Williams, aún pesa en el ambiente su pasado como gerente de administración y finanzas en el puerto de Antofagasta Terminal y su trabajo en una sanitaria de la región, ambas empresas de propiedad del grupo Luksic.

Los contactos políticos de los Luksic se extienden a todos los partidos a través de aportes de campaña o privados, pero especialmente al Partido Socialista, colectividad en la que apoyan económicamente a Camilo Escalona. La influencia de este último se manifiesta en el gobierno a través del subsecretario del Interior, Mahmud “José” Aleuy, operador histórico del escalonismo. Parte del referido financiamiento se retiraba en maletines desde Ahumada 11, esquina con Alameda.

Con estas piezas de ajedrez se intentarían explotar las actuales condiciones económicas de Codelco para provocar una crisis que, por su magnitud, aconsejaría la venta del total de la empresa o una parte de ella al sector privado.


DESTINADA AL FRACASO

Entre 1993 y 1994, el grupo Luksic empezó a estudiar la compra de una industria cervecera agonizante en Karlovac. Concretó la adquisición cuando el país estaba en plena guerra (con un porcentaje ocupado tras el conflicto de Los Balcanes) y logró sacar el negocio adelante. Para algunos, esto demostró el potencial de un desastre mirado con el prisma del consorcio económico, actualmente asesorado en secreto por ex oficiales de inteligencia del Ejército yugoslavo entrenados en la KGB.

Además de la cerveza, Davor Luksic Lederer, hijo de Andrónico, administra en Croacia los intereses turísticos de la familia: un selecto balneario de cinco estrellas en el Mar Adriático, en un pueblo poseído enteramente por el conglomerado. Atlas, el principal operador del rubro en el país natal del abuelo Policarpo, llevaba años registrando pérdidas en sus operaciones, hasta que el grupo se hizo con la apuesta y revirtió la precaria situación.



Este elegante y a la vez perverso sistema de orden a través del caos se repitió en Pakistán, cuando el vicepresidente del Banco de Chile – quien logró hacerse de él gracias a un crédito concedido por Jaime Estévez – envió a la frontera afgana a Humberto Fernandois, ex gerente de Recursos Humanos de Codelco en Chuquicamata, ligado a Antofagasta Minerals, con el fin de prospectar la posibilidad de participar junto a Barrick Gold en la explotación de las reservas de cobre y oro del pequeño poblado de Reko Diq, todo ello en medio de la ofensiva militar de Estados Unidos y sus aliados en Medio Oriente.

En cuanto al posiblemente desolador futuro de Codelco, el economista Julián Alcayaga reflexiona sobre la eventualidad de una debacle funcional a intereses privados. “Una forma de privatizar Codelco es destruirla económicamente”, afirma.
Es importante señalar que desde octubre de 2013 descansa una denuncia en el Consejo de Defensa del Estado por la pérdida de 14 mil millones de dólares infligida a la cuprera de todos los chilenos en el período de administración de Diego Hernández y Thomas Keller, a raíz de contratos de ventas a futuro y otras irregularidades entre 2010 y 2012.

La actividad especulativa de los mercados a futuro consiste en vender materia prima aún no producida, que se transa apostando al precio que cada uno de los intervinientes estima que tendrá en un plazo determinado. Al término, el productor debe re-comprar los papeles por las cantidades transadas, pero en el precio vigente en ese momento, lo que en el caso de Codelco ha generado fuertes pérdidas.

Uno de los mayores escándalos conocidos a la fecha – similar al desfalco provocado por el adventista Juan Pablo Dávila, que le costó una sentencia de 8 años en prisión tras comprometer cerca de 200 millones de dólares en manejos financieros ilícitos – tuvo su génesis en 2005. El entonces presidente de la estatal, Juan Villarzú, se amarró con la empresa china Minmetals para vender 836 mil toneladas de cobre a un precio bajísimo hasta 2021. Lo más sorprendente lo descubrió el SII: Codelco y Minmetals crearon una sociedad en Las Bermudas para evitar cualquier fiscalización acuciosa de la operación.

En julio del 2014, un antiguo miembro del directorio de Codelco, Andrés Tagle, denunció la responsabilidad del ahora titular de Educación, Nicolás Eyzaguirre, un ex empleado del grupo Luksic, en el nefasto negocio chino que terminó acentuándose con el aval del Ministerio de Hacienda.

“Los ingresos de Codelco desaparecieron”, dice Julián Alcayaga, del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre. “Hernández y Keller registraron los peores resultados en toda su historia. Vino el cambio de gobierno y llegó Nelson Pizarro, quien empezó a traer gente de Antofagasta Minerals y a operadores políticos como Raúl Díaz”.

“Lo nuevo es que ya no sean todas las empresas transnacionales mineras las que persigan a Codelco, sino sólo Luksic. Además, que no estén detrás de todo, sino de sólo una presa que es Chuquicamata”, agrega.
En efecto, esa faena elíptica constituye ahora el talón de Aquiles de Codelco. La división registra altos costos y malos resultados, con distancias de transporte que la hacen económicamente inviable. Sin embargo, desde hace algunos años se desarrolla un polémico proyecto estructural de conversión de mina de rajo a subterránea que ha tenido en pugna a la dirección de la empresa con los sindicatos.

La oposición argumenta que el cambio supondría una reducción dramática de trabajadores, con la terminación de alrededor de 3 mil puestos. Por dicha razón es que Hernán Guerrero, presidente del sindicato Nº 3 de Chuqui, ha hecho hincapié en la necesidad de explotar otras zonas del rajo y extender la producción de Quetena, un depósito cercano. Esto indudablemente significaría la postergación del proyecto subterráneo hasta el 2028 o, como declaró Guerrero al diario El Mercurio en agosto del año pasado, aplazaría la iniciativa por “cerca de una década”.



El presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche, intentó zanjar el freno de la iniciativa subterránea por medio de instancias de discusión que denominó Mesas de Convergencia Técnica. A finales de marzo, se anunció un avance en el Proyecto Empalme Fases 46/49 que extenderá la operación superficial de Chuqui y se concentrará en la actual pared noroeste del rajo. La negociación fue respaldada por el operador de Luksic, Sergio Parada.

Fuentes señalan que el plan de Antofagasta Minerals es, precisamente, que el proyecto estructural subterráneo fracase. La postergación indefinida del cierre del rajo podría significar una pérdida de inversión cercana a los 5 mil millones de dólares, algo que acentuaría el colapso económico de Codelco.

En este sentido, el ejercicio de 2014 habló por sí mismo: los excedentes de la empresa cayeron un 22% en relación a 2013. Nelson Pizarro, quien dio nuevo aliento a la relación del directorio con el mundo sindical – atestiguan que nunca antes el dirigente Hernán Guerrero se había juntado a tomar café en la oficina del presidente de la corporación – atribuyó la baja experimentada en Codelco a una variación negativa en el precio del metal rojo.

No obstante, en opinión del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre y otras fuentes consultadas por este medio, hay una intención clara de arruinar por dentro a la estatal. En esas condiciones, plantean, Antofagasta Minerals tendría todo a su favor.

Llamamos al Sindicato Nº 3 de Chuquicamata para consultar su opinión sobre una eventual privatización de Codelco bajo la dirección de Nelson Pizarro y las implicancias de retrasar el proyecto de mina subterránea, sin embargo su presidente Hernán Guerrero no contestó nuestros correos electrónicos.

LOS NEXOS INTERNACIONALES

Cierto día, cuando era senador, Jorge Lavandero se acercó a Ricardo Lagos para compartir su proyecto de reformas al Código Minero. “Jorge – le contestó el hombre de hablar pausado que saltó a la fama por desafiar a Pinochet con un dedo – el cobre no está en mi agenda”. Tiempo después, Lagos abordaba un helicóptero para visitar las instalaciones de la flamante minera Los Pelambres invitado por Jean Paul Luksic.

A sus casi 85 años y con el peso de haber sido condenado por “tocaciones” en un juicio express, convenido a sus espaldas por el abogado Matías Balmaceda – hoy defensor de los acusados en el caso Penta al lado de Julián López, el representante de las supuestas niñas abusadas en la Región de la Frontera – Lavandero recuerda esta anécdota con la vívida frescura de los años en que luchaba para detener el saqueo de los recursos naturales a manos de la gran minería.

Por cierto, el ahora presidente de Codelco, Pizarro, había recibido con los brazos abiertos al entonces candidato Lagos en Pelambres, dando una señal clara de que sus jefes apoyarían al gobierno entrante de la Concertación. El camino fue abierto por Jaime Andrade, socialista cercano a Andrónico Luksic que a la vez tiene amistad con Raúl Díaz, Eduardo Loyola y otros militantes del PS vinculados a la estructura de dinero y poder de la familia Nº 83 de Forbes.

Según Lavandero – el retirado parlamentario temucano que rechazó las presiones ejercidas por Barrick Gold para instarlo a votar a favor del Tratado Minero Chileno-Argentino – el PS chillanejo Eduardo Loyola, antiguo partidario de la lucha armada cooptado por Antofagasta Minerals, tuvo un papel importante en el envío de un maletín con 100 millones de pesos al ahora intendente de la Araucanía, Francisco Huenchumilla, como pago de la participación de éste en un “complot” para asesinar su imagen.

Testigos que señalan haber sido inducidos a mentir por la Fiscalía, un análisis que revela transcripciones adulteradas de testimonios y la declaración del ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Sergio Toro, afirmando a un diario local que Lavandero “se echó a mucha gente poderosa encima” y que eso influyó negativamente en el Poder Judicial, son algunos de los antecedentes que el ex honorable bate a los cuatro vientos para alegar inocencia, pidiendo que se revise el proceso que lo llevó a cumplir tres años de presidio en la Cárcel de Alta Seguridad.


Resulta que para Lavandero también es indudable que Luksic guarda un apetito por las reservas de cobre que en este momento sólo puede explotar el Estado. “Bachelet tiene enquistados a todos los gerentes que él le puso en Codelco”, dice a El Ciudadano, agregando que el caso Caval dejó en evidencia las cordiales relaciones entre el magnate y la presidenta. El crédito a Sebastián Dávalos, opina, fue “un pago de servicios políticos a la madre”.

“Andrónico Luksic se consolidó en los gobiernos de la Concertación. Él junto a las multinacionales han financiado campañas presidenciales y transversalmente a diputados y senadores. Lo de SQM es una punta de iceberg al lado de esto”, enfatiza el ex demócratacristiano.

En la presentación del nuevo libro de Jorge Lavandero, “Asesinato de imagen”, realizada en la Sala Máster de la Radio Universidad de Chile a finales de marzo, que contó con la presencia de su director, el periodista Juan Pablo Cárdenas, uno de los ponentes leyó las duras frases de la contraportada de la investigación publicada por el diputado argentino Miguel Bonasso, titulada “El Mal”, que descompone la oscura red de contactos políticos de la canadiense Barrick Gold, responsable del desastre de glaciares en Pascua Lama, y en cuyo comité asesor internacional trabaja Luksic.



“¿Por qué el banquero Rockefeller condecoró a la presidenta Michelle Bachelet?”, dijo el orador, encendiendo una ola de aplausos estruendosos en el auditorio. Se mencionaba así el evento organizado por el Council of the Americas – nótese una vez más que la ex titular de Minería de Bachelet, Karen Poniachik, dirigía el programa de negocios de esa entidad – en septiembre de 2009, cuando la actual mandataria acomodó en su cuello la insignia de oro del foro empresarial patrocinado por Barrick, Exxon, Monsanto y principalmente su presidente honorario, David Rockefeller, cómplice de Agustín Edwards en el golpe de Estado de 1973.

Si miramos la historia veremos que la minera Anaconda Copper, de propiedad de la familia Rockefeller – y anteriormente de la dinastía europea de los Rothschild – controlaba enteramente la producción de Chuquicamata hoy proclive a la voraz codicia de los Luksic. El 11 de julio de 1971, dos años antes del putsch militar que derrocó a Salvador Allende, el Congreso aprobó por unanimidad el proyecto de reforma constitucional que recuperaba el patrimonio nacional del cobre en poder de Anaconda y otras dos compañías extranjeras, Kennecott y Cerro Corporation.

La expropiación perjudicó especialmente a Rockefeller, ya que cerca de dos tercios de las utilidades de Anaconda provenían de Chuquicamata. En 1976, la junta militar no se atrevió a modificar lo alcanzado por Allende y destinó a Codelco la administración de los yacimientos nacionalizados. En 1977, Anaconda fue adquirida por Atlantic Richfield Company (ARCO), y en 1986, ARCO traspasó sus minerales a Antofagasta plc., sociedad anónima abierta de la familia Luksic que cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores de Londres.

Los Luksic están ligados a la familia Rockefeller a través de varios think-tanks. Uno es el ya mencionado Council of the Americas, al que Andrónico Luksic contribuye con gruesas sumas de dinero para “promover el desarrollo económico y social del Hemisferio Occidental”, como afirma su sitio web, aunque en realidad su función es ejercer un lobby permanente de la banca y la megaindustria de Washington en países de América Latina.

Otra entidad es la Comisión Trilateral, dedicada a reclutar a líderes del sector privado de Europa, Asia y Estados Unidos en torno a las ideas de la “interdependencia” global. Andrónico figuraba en su lista oficial de integrantes hasta 2012. Creada el mismo año en que Pinochet llegó al poder, de la mano del multimillonario David Rockefeller y el académico Zbigniew Brzezinski, la Comisión extiende sus redes en el mundo bajo la premisa de que la soberanía tradicional de los estados se debilita progresivamente, dada la injerencia que las multinacionales tienen sobre la política internacional. Al organismo se prohíbe entrar sin invitación.

Para aplicar contraste al cúmulo de informaciones entregadas en este reportaje, quisimos tomar contacto con Antofagasta Minerals y coordinar una cita con Andrónico Luksic. Conversamos con su secretaria y encargada de comunicaciones, y pese a insistir en que esperaríamos a su llegada desde Londres – se reunía con accionistas de la empresa en Europa – la respuesta fue tajante: el hombre por el que consulta no da entrevistas.

En Codelco rechazaron la posibilidad de que la estatal fuera privatizada, aunque al cierre de esta edición todavía no recibíamos una respuesta oficial desde el Ministerio de Minería.

Las cuentas secretas de Luksic
Un tema que en el último tiempo ha inquietado a Andrónico tiene que ver con la difusión de la denominada “lista Falciani”, una nómina de potenciales evasores de impuestos con cuentas no declaradas en la sucursal suiza del banco HSBC. En febrero, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) divulgó los nombres de a lo menos dos sociedades millonarias vinculadas al magnate y sus hijos.

Hace tres años, HSBC reconoció ante el Senado de Estados Unidos que permitió miles de transacciones provenientes del contrabando ilegal de armas, el tráfico de drogas y grupos terroristas, lo que le significó una multa de 1.900 millones de dólares, la más grande jamás impuesta a una institución financiera en el país del norte.

Aunque todavía se desconoce el origen de los fondos de Luksic – el SII ya ofició a su contraparte europea para recabar más antecedentes de esas y otras cuentas opacas a nombre de Álvaro Saieh y familiares de Don Francisco – el único lazo públicamente conocido entre el mandamás de Quiñenco y personas sospechosas de participar en negocios ilícitos como el narcotráfico, se dio estando a la cabeza del Banco O’Higgins.

En su directorio se hallaba el abogado Héctor Novoa Vásquez, hermano del ex senador y “recaudador de la UDI”, Jovino Novoa, condenado por delitos tributarios cuando todavía no existía una legislación que reprimiera el lavado de dinero. Novoa era representante legal de las empresas del colombiano Jesús Ochoa Vásquez, mafioso de la cocaína que en Chile operó utilizando la empresa de motores de Edgardo Bathich, socio de un hijo de Pinochet.
En 1997, el O’Higgins se fusionó con el Banco Santiago, el que más tarde fue absorbido por el Banco Santander. Esta última entidad es administrada ahora por Saieh con brazos en Colombia.

*Este reportaje fue publicado en la Edición Nº 163 del diario El Ciudadano.

La SIDE hizo 600.000 informes reservados en diez años


Pasó de producir 3,8 por día en 2002, a unos 150 por día los siguientes años; también creció el presupuesto


Por Hugo Alconada Mon y Pablo Fernández Blanco | Para LA NACION

La Secretaría de Inteligencia (SI, ex SIDE) elaboró más de 600.000 informes reservados para la "seguridad nacional" durante los primeros diez años del kirchnerismo en el poder. El número surge de datos oficiales que el propio organismo informó al rendir cuentas sobre cómo gastó los más de 5000 millones de pesos que recibió del Estado durante la última década, sin contar otros 800 millones para este año. LA NACION analizó las cifras junto a ex jefes de la secretaría.

La rendición de cuentas de la SI revela cómo creció el papel de los espías desde que el matrimonio Kirchner ingresó en la Casa Rosada. Se pasó de emitir 1400 por año en 2002 y 2003 (3,8 por día, en promedio) a 143 "informes de inteligencia" por día en 2004 y a unos 200 tres años después. En 2007, cuando Cristina Kirchner sucedió a su marido al frente del Poder Ejecutivo y Antonio "Jaime" Stiuso era el jefe real de la casa de los espías, se llegó a casi 72.000 informes en el año.

La ex SIDE justificó esa expansión en el papel creciente que asumió como auxiliar de jueces y fiscales para investigar secuestros extorsivos y hacer escuchas telefónicas y otros trabajos de inteligencia pedidos por el Poder Judicial o el Ministerio Público.

Así lo explicó la propia agencia de espionaje al exponer sus tareas en los reportes denominados "cuentas de inversión" que acumula cada año la Secretaría de Hacienda y muestra, entre otras cosas, el cumplimiento de metas cuantitativas por parte de organismos del Estado.

Pero, cuestionada desde hace décadas por extralimitarse en sus funciones y extorsionar a políticos, empresarios, jueces, periodistas y otros dirigentes -motivos en los que el Gobierno basó la remoción de sus autoridades a fines de 2014 y creó la nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI)-, la ex SIDE no aportó más detalles sobre el contenido de esos "informes".

Para el ex jefe de la secretaría entre 2002 y 2003, Miguel Ángel Toma, el aumento en la cantidad de reportes puede responder en parte a "un cambio en la metodología con que cuentan los informes", ya que en 2002 y 2003 rondaron los 1400 por año. También es llamativo, indicó, "el crecimiento sustancial de su presupuesto". Creció 3,3 veces entre 2004 y 2015, y este año supera los 800,8 millones de pesos.

Las estadísticas de la ex SIDE muestran ese doble aumento. Así, durante 2004, el primer año completo de Néstor Kirchner como presidente, la casa de los espías declaró que emitió 52.379 informes destinados a "producir inteligencia de Estado para la seguridad nacional". Los espías dieron algunas razones para ese salto desde los 1400 reportes del año anterior. Indicaron que las cifras respondían a "los requerimientos por parte del Poder Judicial y el Ministerio Público, la intervención ordenada de líneas telefónicas por secuestros (una vez aparecida la víctima) y de líneas intervenidas en las unidades carcelarias de los centros penitenciarios N°1 y N°2".

A continuación, y como para explicar por qué no aportaron más detalles -como sí lo hicieron otras áreas de la administración pública-, recordaron que "dadas las particularidades de las funciones que realiza la misma [por la Secretaría de Inteligencia], no se cuenta con mayor información para realizar los comentarios pertinentes".

La SIDE mostró un crecimiento exponencial durante el gobierno de Néstor Kirchner, pero el ex presidente también le respondió con buenas noticias. En 2003, les reconoció a sus agentes, al igual que al personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad, conceptos salariales como la "Compensación por inestabilidad de residencia" y la "Suma fija de modo remunerativo".

Si los "informes de inteligencia" y los recursos presupuestarios aumentaron con cada año del gobierno de Kirchner, el detalle sobre sus programas fue cada vez más escueto. Así, en 2005 emitieron 55.312 informes, al año siguiente otros 71.626 reportes y en 2007 llegaron a 71.984 "informes de inteligencia", mientras que su presupuesto llegó durante ese año, dominado por la campaña presidencial, a los 288 millones de pesos. Pero no aportan ningún dato adicional sobre su labor.

Durante aquellos años, Stiuso entabló una relación fluida con el presidente Kirchner, a quien solía acercarle carpetas sobre rivales del Gobierno, escuchas y datos de inteligencia interna. Para eso recurrían, entre otras opciones, a pinchaduras ordenadas por jueces, pero que ellos utilizaban para sus propios fines, según admitió un estrecho colaborador de "Jaime" en la ex SIDE, Alberto Mazzino.

Mazzino ejemplificó cómo era esa operatoria al declarar en la causa en que se investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman. Contó que si Stiuso investigaba narcos por orden de un juez y de las escuchas autorizadas surgían datos, por ejemplo, sobre una movilización piquetera, "Jaime" le pasaba a él esa "novedad" para que se la informara al entonces número dos de la ex SIDE, Francisco Larcher, para que él a su vez lo transmitiera "a la Casa Rosada".

CAMBIO DE TENDENCIA

Con la asunción de Cristina Fernández, sin embargo, las cifras de la ex SIDE muestran un cambio de tendencia, al tiempo que comenzó a expandirse el sector de Inteligencia del Ejército, liderado por el general César Milani.

De hecho, con la Presidenta, los informes de la ex SIDE se estabilizaron en alrededor de 55.000 por año, mientras que su fondeo continuó en ascenso, aunque por debajo de las tasas de inflación del Indec y la real. De 2007 a 2008, el Ejecutivo puso a su disposición $ 409 millones, en 2014 otros $ 689 millones y este año, $ 800 millones, aunque a un ritmo inferior al de la inteligencia militar.

Según la propia SIDE, sin embargo, sus números más bajos no se debieron a una merma de los espías liderados por Stiuso, sino a "la puesta en marcha de nuevos procedimientos tecnológicos", que no detalló, "ocasionando variaciones en el volumen y contenido de los requerimientos" de jueces y fiscales. Nada dice sobre el cortocircuito que la Casa Rosada y la ex SIDE registraron durante las elecciones de 2013, cuando Sergio Massa derrotó al oficialismo.

En sus rendiciones de cuentas, la ex SIDE tampoco explica cómo gasta su presupuesto. Pero con el correr de los años la inflación impactó en sus números. Por ejemplo, en 2011 destinó sólo 43,2% de sus recursos a las remuneraciones al personal, mientras que dos años más tarde la incidencia de los salarios sobre su presupuesto escaló hasta 51,1% y superó a los "servicios no personales".

LA NACION 

¿Dónde está el poder?


No es infrecuente que hablemos en este espacio de los poderes fácticos concentrados de tipo económico. Esta categoría de análisis de la realidad, pese a lo extenso y aparentemente complejo de su descripción, se refiere a un fenómeno sencillo que puede apreciarse sin más teoría que la justa y necesaria para formar la categoría: el poder real, en todo el mundo, hace décadas dejó de estar en los Estados nacionales y pasó a manos privadas.


¿De quiénes son esas manos? De unos pocos que controlan las corporaciones y concentran en ellas cada vez más poder a medida que van ocupando y dominando distintos sectores de la economía. Dichas corporaciones dirigen principalmente (además de muchas otras) las siguientes actividades económicas, constituyendo monopolios en muchos casos:

Las grandes empresas multinacionales;
Las empresas de transporte y telecomunicaciones;
Los bancos privados, nacionales e internacionales;
Los grandes conglomerados de especuladores financieros, cuya máxima expresión en la hora son los fondos buitre;
Los medios de comunicación dominantes (que finalmente ofician de voceros y difusores de la ideología corporativa, dándole laapariencia de legitimidad que necesita para operar, mediante la colonización del sentido común).


¿En qué nos afecta todo esto? El único poder con verdadera legitimidad es el poder que emana del conjunto del pueblo, el que desde la Revolución burguesa de 1789 en Francia, y luego en el resto de Europa, se materializa en la forma de Estado nacional moderno. Ya sea mediante el poder popular directo (como en el caso de Cuba) o por el voto de la mayoría en elecciones democráticas, el pueblo debería elegir a sus representantes, los que tendrían la responsabilidad de dirigir el Estado y gobernar, por lo tanto, atendiendo a los intereses populares.

No obstante, esto no ocurre en la práctica: con el corrimiento del poder real desde el Estado hacia las corporaciones, las sociedades pasan a ser gobernadas por un poder fáctico de tipo económico que no se somete a la voluntad popular ni rinde cuentas de sus actos y decisiones. Esto resulta en la pérdida de la soberanía popular, ya que los representantes electos por el voto del pueblo no pueden gobernar y hacer aquello que el pueblo espera de ellos: deben atender a los intereses de las corporaciones, porque enfrentarlas sin apoyo popular les puede costar incluso la vida.

¿Cómo puede recuperarse la soberanía popular? Quitándole el poder a las corporaciones y devolviéndolo al Estado. No se trata de una tarea sencilla, desde luego; el poder fáctico suele utilizar armas culturales (la difusión de su ideología a través de los medios de comunicación que poseen), armas económicas (pueden, por ejemplo, promover escaladas de precios y corridas bancarias/cambiarias, o incluso desabastecer a la sociedad), armas políticas y jurídicas (corrompiendo a dirigentes políticos, jueces, fiscales y demás, para que defiendan sus intereses particulares) y también, en última instancia, armas reales (invasión de países por parte de los ejércitos de sus Estados títere, como los Estados Unidos, Europa occidental e Israel, o la promoción y financiación de golpes allí donde la política se esté fortaleciendo).

Los defensores del poder fáctico ―intelectuales orgánicos de las clases dominantes, como diría Gramsci hoy, si viviera― suelen argumentar que sería peligroso volver a concentrar el poder en el Estado, alegando que ello podría derivar en un absolutismo y en la suspensión de los “derechos individuales”. Pero, ¿de qué derechos individuales hablan? Del derecho a la propiedad privada de los medios de producción y el derecho a la libertad de hacer negocios, que son derechos individuales, es cierto, pero exclusivos a unos pocos individuos (precisamente aquellos que poseen medios de producción y tienen capacidad económica para hacer negocios). Bajo el gobierno absolutista de las corporaciones, la gran mayoría de los ciudadanos no tenemos derechos individuales. Ni siquiera, como hemos visto, el derecho de elegir nuestros representantes de hecho.

Debemos, en suma, derrotar a las corporaciones económicas y someterlas al poder político del Estado. El que ese poder tenga en el futuro eventualmente algún signo indeseable es algo que estaría por definirse y que podríamos evitar políticamente, puesto que en la política todos podemos participar, opinar y dirigir. En la economía no, porque allí o se es propietario o no se es nada.



http://www.labatallacultural.org/

4 may 2015

Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico Secreto (TPP)


WikiLeaks publica hoy el "Capítulo de Inversiones" de las negociaciones secretas del acuerdo TPP (Trans-Pacific Partnership). El documento añade que las anteriores publicaciones de WikiLeaks de los capítulos de los Derechos de Propiedad Intelectual (noviembre de 2013) y Medio Ambiente (enero de 2014).
El Capítulo de Inversiones TPP, publicado hoy, con fecha 20 de enero de 2015. El documento está clasificado y supone que se mantuvo en secreto durante cuatro años después de la entrada en vigor del acuerdo TPP o, si no se alcanza un acuerdo, por cuatro años a partir del cierre de las negociaciones.
Julian Assange, editor de WikiLeaks dijo: "El TPP ha desarrollado en un tribunal supranacional inexplicable secreto por las multinacionales para demandar a los estados Este sistema es un desafío a la soberanía parlamentaria y judicial tribunales similares ya se han demostrado para enfriar la adopción de protección del medio ambiente sano,.. políticas de transporte público de salud pública y ".
Los Estados miembros actuales negociaciones del TPP son Estados Unidos, Japón, México, Canadá, Australia, Malasia, Chile, Singapur, Perú, Vietnam, Nueva Zelanda y Brunei. El TPP es el mayor tratado económico en la historia, incluidos los países que representan más del 40 por ciento del PIB DEL MUNDO.

Inesperado giro: Alemania podría pagarle a Grecia por el nazismo

En un giro espectacular de su posición, Alemania parece dispuesta a pagar reparaciones de guerra reclamadas desde hace años por Grecia. Así lo manifestaron durante el fin de semana las dos principales figuras del Estado alemán: la canciller Angela Merkel y el presidente Joackim Gauck.

Por Luisa Corradini | LA NACION

 
El presidente alemán Joachim Gauck y la canciller Angela Merkel.

PARíS.-

"Alemania no puede aceptar poner un punto final a su pasado nazi. Debe ser consciente de los daños que causó fuera de sus fronteras", estimó Merkel el sábado, en la radio, al evocar el caso griego.

"Somos descendientes de aquellos que, durante la Segunda Guerra Mundial, dejaron a su paso la destrucción. En Grecia, entre otros lugares. Algo que, para nuestra vergüenza, ignoramos durante mucho tiempo", declaró a su vez Gauck, el mismo día, al periódico Suddeutsche Zeitung.

"Es justo que un país tan consciente de su historia como el nuestro evalúe las posibilidades de una eventual reparación", continuó.

Pronunciadas por las principales figuras políticas de la nación, esas declaraciones representan una ruptura de la línea mantenida hasta ahora por el gobierno alemán.

Si bien es cierto que las funciones de presidente son en Alemania esencialmente simbólicas, Gauck es extremadamente respetado en su país.

Su inesperada declaración, sumada a la de Angela Merkel, legitiman las reivindicaciones de Atenas, que reclama la suma de 278.800 millones de euros de indemnización, y que Berlín ha rechazado con firmeza hasta ahora.

"Esa cuestión está jurídica y políticamente concluida", repetían hasta el cansancio los miembros del gobierno.

"Es estúpido", llegó incluso a afirmar el vicecanciller Sigmar Gabriel, para quien no es sano mezclar la cuestión de las reparaciones con la deuda de Grecia.

El litigio, que envenena las relaciones entre ambos países desde hace décadas, recobró actualidad desde la llegada al poder del primer ministro griego de izquierda radical, Alexis Tsipras, y las crecientes tensiones entre Atenas y Berlín en torno de la deuda griega.

Para Berlín, toda reivindicación perdió legitimidad en el momento de la reunificación del país, cuando el Tratado de Moscú resolvió las cuestiones internacionales de la Alemania unida.

Sin embargo, desde marzo pasado, numerosas voces se elevaron para decir que la explicación no era suficiente.

Juristas del Bundestag manifestaron sus dudas sobre la solidez de los argumentos oficiales, mientras varias personalidades políticas solicitaron abiertamente volver a estudiar el caso.

Annette Groth, diputada del partido de izquierda Die Linke, reclama la entrega inmediata de 11.000 millones de euros a Atenas. Anton Hofreiter, jefe de grupo de los Verdes, juzga por su parte que "Alemania no puede contentarse con ignorar las reivindicaciones griegas".

"Ese capítulo no ha concluido ni en el plano moral ni en el jurídico", insiste.

Varias figuras socialdemócratas del SPD, formación que participa en la coalición gubernamental, también creen en la necesidad de volver a reflexionar sobre el pasado. Gesine Schwan, dos veces candidata a la presidencia del país afirma: "Desde el punto de vista psicológico, es perfectamente comprensible que Grecia se pregunte, en si situación actual, si los alemanes se comportaron siempre con lealtad".
DOS RECLAMOS

La espinosa cuestión de las reparaciones de guerra alemanas a Grecia comporta dos reclamos: el primero se refiere a un préstamo forzado de 476 millones de reichsmarks que el régimen de Hitler contrajo ante el banco nacional de Grecia en 1942 y que nunca fue reembolsado. Según estimaciones, esa suma correspondería hoy a unos 11.000 millones de euros.

El segundo reclamo se refiere a las indemnizaciones por crímenes de guerra. Entre otras atrocidades, la masacre de Distomo, pequeña ciudad cerca de Delfos, donde 281 chicos, mujeres y ancianos fueron asesinados por las tropas nazis en junio de 1944.

Ésta no es la primera vez que Joackim Gauck manifiesta su arrepentimiento por los padecimientos del pueblo griego durante la guerra. En una visita a la ciudad mártir de Liguiades, en marzo de 2014, el presidente alemán había pedido "oficialmente" perdón a las familias de las víctimas por la masacre del 3 de octubre de 1943, cuando los nazis asesinaron a 92 habitantes, entre ellos 34 niños.

En aquel momento, sin embargo, Gauck se había negado a abordar la cuestión de las reparaciones, afirmando que "no podía diferenciarse de la posición legal de Alemania sobre la cuestión".

En Grecia, las declaraciones de Angela Merkel y del presidente alemán provocaron una ola de simpatía y esperanza.

"Las declaraciones del presidente Gauck son una contribución al esfuerzo que el pueblo griego está haciendo para cerrar las heridas del pasado", declaró el viceministro de Defensa griego, Kostas Isihos.

Sus palabras fueron imitadas por el presidente del parlamento griego, Zoi Konstantopoulou, quien calificó de "históricas" las declaraciones de Gauck.
ATENAS Y LA UE, MÁS CERCA

Las negociaciones entre Grecia y sus acreedores internacionales (el FMI y la UE) para desbloquear el rescate a Atenas avanzan y podría alcanzarse un acuerdo este mismo mes, reveló ayer un funcionario del gobierno de Alexis Tsipras.
Las conversaciones se habían bloqueado debido a que el gobierno griego de izquierda se resistió a recortar pensiones y a implementar reformas laborales que chocaban con sus promesas de campaña de poner fin a la austeridad. "Hubo pasos muy importantes de entendimiento con Bruselas, que hacen que el acuerdo esté más cerca", según Atenas.

CAUSA POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD RELACIONADOS CON LA EMPRESA LOMA NEGRA


Los cómplices civiles en la cementera

La fiscalía requirió allanamientos, indagatorias y la prohibición de salir del país para 18 personas, entre ellas el represor Ignacio Aníbal Verdura. El expediente sumó la investigación por el secuestro de seis trabajadores de la empresa de Fortabat.
Amalia Lacroze de Fortabat, ya fallecida, fue dueña de la empresa Loma Negra.
Imagen: Télam
 Por Alejandra Dandan

El fiscal de Azul Walter Romero pidió indagatorias, allanamientos y prohibición de salida del país para 18 personas en una investigación abierta por crímenes de lesa humanidad vinculados a Loma Negra, la emblemática cementera de Amalia Lacroze de Fortabat. Entre ellos hay integrantes de las Fuerzas Armadas y personal civil de inteligencia. Uno de los nombres más simbólicos es el del entonces teniente Ignacio Aníbal Verdura, ex jefe de la guarnición militar de Olavarría. El represor fue condenado por la causa Monte Peloni, pero nunca fue llamado a indagatoria por este caso y fue citado como “testigo” durante lo que puede pensarse como la primera etapa de este proceso: el juicio oral por el crimen del abogado laboralista Carlos Moreno, al final del cual el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata pidió investigar a la comisión directiva de Loma Negra porque entendió que había elementos que suponían la participación de la empresa en su secuestro y asesinato. El expediente incorporó un nuevo tramo a la investigación, por el secuestro de seis trabajadores de la cementera denunciados en julio de 1976 por los directivos Ernesto Cladera y Jacinto Takieldin, ambos ya fallecidos y alcanzados por el punto final biológico, como sucedió con otros responsables de la empresa, incluida la señora de Fortabat.
La semana pasada se cumplieron 38 años de la desaparición de Carlos Moreno. Su hijo Matías, su hermano Martín y su viuda Susana Mabel Lofeudo se presentaron como querellantes en el juzgado federal de Martín Baba, en Azul, que tiene a cargo la instrucción de la causa. Se sumó la querella de las secretarías de derechos humanos de la Nación y de la provincia de Buenos Aires. El dato es significativo: este tramo de la causa por la complicidad civil hasta ahora no tenía querellantes. “Esta presentación es importante para nosotros porque permite profundizar las investigaciones sobre las responsabilidades civiles durante la última dictadura que ponen en evidencia los intereses de los grupos económicos hegemónicos, como Loma Negra, o Ledesma entre otras”, dijo Matías. “Estas empresas se beneficiaron claramente con el modelo económico de la última dictadura y contribuyeron al disciplinamiento de la fuerza de trabajo, a través del secuestro y las desapariciones de trabajadores y abogados laboralistas, como condición necesaria para la implementación de ese modelo.”
El fiscal Romero sostuvo en su presentación que “a partir de valiosos testimonios aportados por personal de la empresa que prestaba servicio en la época de los sucesos que aquí se ventilan, se logró confirmar la hipótesis inicial en relación a la participación de la empresa en los hechos que damnificaron a Moreno. A su vez, se obtuvieron elementos de prueba suficientes que permitieron ampliar el objeto procesal inicial de estas actuaciones, incluyéndose así las detenciones ilegales sufridas por Andrés Staldeker, Eustorgio Rodolfo Arenzo, Walter Ignacio Peralta, Manuel Antúnez, Antonio Alvarez y José Ricciardi, todos ellos empleados de la fábrica Loma Negra”.
Estas presentaciones tienen dos antecedentes importantes. El pedido del TOF de Mar del Plata que condenó a los responsables materiales del asesinato de Moreno y ordenó el inicio de la investigación a la comisión directiva de Loma Negra. Hoy parece extraño, pero en septiembre de 2013 la Sala IV de la Cámara de Casación Penal de la Nación confirmó las condenas, pero además confirmó el impulso para esa investigación ad hoc sobre el directorio y la complicidad.
El otro dato de esta causa es la prueba documental. La Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (Ofinec) de la Procuración, a cargo de Judith König, estudió los libros contables de la empresa. La Ofinec analizó rentabilidad y costo laboral y concluyó que “la empresa obtuvo grandes beneficios con el golpe cívico-militar y redujo sus costos en materia de indemnizaciones luego del asesinato en mayo de 1977 del abogado”. En el rubro contable, la Ofinec encontró que la empresa ponía los importes que iba a erogar en materia de indemnizaciones. “No siempre tenemos una cuenta vinculada con el caso específico de represión ilegal, pero ahí lo tuvimos”, explicó König. “Vimos que hubo una caída de un 72 por ciento en esa previsión. La previsión se proyectaba con un año de anticipación. El hecho (el asesinato de Moreno) sucedió en el ‘77, y para el año siguiente el importe bajaba. Durante toda la dictadura, esa cuenta disminuyó. Esto tuvo que ver también con las leyes laborales del período.” Y ante la pregunta de si esa enorme caída tuvo que ver con el asesinato de Moreno, explicó que “está más marcado con la extinción del factor litigante”.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-271911-2015-05-04.html

¿Qué hubiese hecho occidente si Baltimore no estuviese en Estados Unidos?

La ciudad de Baltimore (Maryland, EE.UU.) sufre una ola de disturbios tras la muerte el 19 de abril bajo custodia policial del joven afroamericano Freddie Gray, asunto que ha dominado los noticieros alrededor del globo.


3 mayo 2015 
|Protestas por muerte del joven afroamericano.
Protestas por muerte del joven afroamericano.

El diario estadounidense ‘The Washington Post‘ decidió analizar cómo los medios occidentales cubren la situación o, más precisamente, cómo la habrían cubierto si Baltimore estuviera en otra parte del mundo y cómo habrían reaccionado Gobiernos y organismos.
Desde el punto de vista del diario estadounidense, si lo que está pasando en Baltimore, hubiera ocurrido fuera de EEUU., la reacción internacional habría sido la siguiente:

- Habría numerosas entrevistas con analistas internacionales que predecirían una ‘primavera’, elogiando la movilización de los jóvenes para la protesta a través de las redes sociales.
- Los Gobiernos del mundo habrían expresado su preocupación sobre el auge del racismo en el país y la violencia estatal. Habrían condenado el trato a minorías étnicas y corrupción de las fuerzas de seguridad a la hora de administrar los casos de brutalidad policial.
Londres habría emitido un comunicado: “Llamamos al régimen a frenar a los agentes de seguridad del Estado que han tratado brutalmente a miembros de minorías étnicas. La aplicación igual de la ley, así como el respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos, sean negros o blancos, es esencial para una democracia sana”.
- La ONU, por su parte, también habría emitido un comunicado: “Condenamos la militarización y la brutalidad policial que hemos observado a lo largo de los últimos meses. Instamos firmemente a las fuerzas de seguridad a lanzar una investigación rigurosa sobre la muerte de Freddie Gray en Baltimore. No hay excusa para la violencia policial excesiva”. Además, habría exhortado al Gobierno a hacer públicas las bases de datos sobre la violencia policial para mejorar la transparencia y reducir la corrupción en el sistema judicial.
- Los grupos internacionales de defensa de derechos humanos se habrían dirigido a la comunidad internacional, pidiendo facilitar asilo a las minorías étnicas negras procedentes del país.
(Con información de Últimas Noticias)

YERBA MALA

 PAGINA/12 RECORRIO DOS YERBATALES DONDE LA EXPLOTACION LABORAL ES PARTE DEL PAISAJE

Viaje a la profundidad de la selva misionera

El Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) denunció penalmente el año pasado 746 casos de trata de personas con fines de explotación laboral en el sector rural. Cómo viven las víctimas de ese infierno.
 Por Sebastián Premici

El Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) denunció penalmente el año pasado 746 casos de trata de personas con fines de explotación laboral en el sector rural. A su vez, los menores de edad rescatados en situación de vulnerabilidad fueron 50. Es la historia repetida de trabajadores golondrina, peones de la Pampa Húmeda, u obreros de la yerba misionera. Página/12 viajó la semana pasada a Misiones para recorrer dos yerbatales de empresarios de esa provincia y ofrecer los testimonios de las víctimas de la trata y la precariedad laboral.
Los caminos pedregosos, empinados o en bajada, de tierra roja y densa por la lluvia de los días previos dan paso a los distintos yerbatales de Misiones. Algunos ofrecen tranqueras, otros solamente pueden ser hallados por quien conozca bien los vericuetos entre las malezas y los montes. Los campamentos en un yerbatal de 130 hectáreas pueden multiplicarse por cuatro. Los empresarios tienen la costumbre de mover a los tareferos según sus necesidades o urgencias frente a una inminente inspección. Pero hay algo que resulta invariable: la precariedad en la que viven, en carpas improvisadas de lona, colchones al ras del suelo, sin agua potable para beber, sin un lugar higiénico para guardar la comida. Conviven con sus hijos, hijas o bebés. Los pañales desperdigados por cada uno de los campamentos son un testimonio de esa vulnerabilidad. Aunque de a poco, algunos tareferos comenzaron a romper, de la mano del Estado, ese cerco de silencio que los dominó por generaciones.

Trata por tres

“Para dormir teníamos camas de tacuara cortada y el colchón arriba, dormíamos a diez centímetros sobre la tierra. Teníamos que tener cuidado de las arañas, víboras. Nunca tuvimos una casa, un galpón grande. A mí me sorprendió una señora con una nenita descalza yendo a tarefear en pleno mediodía. Yo tengo mi hija que a veces la reto porque no querés que le agarre un asoleo. La criatura esa estaba en el yerbatal pasando hambre. La que paga es la criatura.” El testimonio corresponde a David, un tarefero que conversó con Página/12, cuya real identidad será preservada.
El denunció ante el Renatea al secadero Establecimiento Alto Verde, de Gamarra Hermanos SRL, cuyo titular es Francisco Antonio Gamarra. El organismo formuló la denuncia penal por trata laboral ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de El Dorado, Misiones.
Para acceder a este yerbatal hay que tomar el Camino Vecinal, a tres kilómetros de la Avenida República Argentina y la ruta provincial 19, en la localidad de Wanda. Gamarra es un reincidente. Ya acumula tres denuncias penales, una por trabajo infantil y dos por trata laboral.
“Teníamos que laburar forzado, unas diez u once horas. Desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde. ¿Has visto cómo se saca la yerba sobre la espalda? Tenés que sacar 100 kilos y caminás doscientos o trescientos metros hasta el camión, no tenemos carrito, hacemos todo con la mano. No hay un respeto al trabajador. Lo único que quieren es llenarse los bolsillos. Ahora nadie me quiere dar laburo porque saben que voy a denunciar”, narró a este diario David.
La otra modalidad que se repite es la manera que tienen los tareferos de acceder a la comida, o las provisiones necesarias para vivir. Deben comprar exclusivamente en la despensa que es manejada por el mismo dueño del secadero. Es el modelo inspirado en La Forestal, empresa que les pagaba a sus trabajadores con papelitos que sólo servían en las despensas de la propia empresa.
“Gamarra tiene un establecimientos en Esperanza, tiene su secadero, depósitos, tiene inclusive la cantina, que es como su propio mercado.
¿Les pagaban poco? –preguntó este diario a David.
–Un litro de leche nos salía 70 pesos, un kilo de carne, 65 pesos. Pero no te mandaban un kilo de carne, te daban un pedazo de hueso de 800 gramos y 200 gramos de carne. Es la realidad, chupar hueso. Para que te salga redondeado tenés que acampar entre 7 u 8 personas. Pero hay familias enteras trabajando, con dos o tres chiquitos. Laburan sólo para comer. Encima Gamarra quiere ser intendente en Puerto Esperanza, pueden verse todos los carteles en los camiones”, agregó David.
Los secaderos les proveen la yerba a los molinos, que pertenecen a las grandes marcas, y de ahí sale fraccionada hacia los comercios, almacenes, supermercados. En la provincia existen aproximadamente 15.000 tareferos y 500 contratistas. Algunos trabajadores saben de la existencia de una nueva Ley del Peón Rural, pero pocos se atreven a hacerla valer. Aunque los más jóvenes van perdiendo el miedo a costa de saber que en su próxima tarefa terminen de la misma manera. Gamarra fue denunciado una vez en 2014 y en dos oportunidades en lo que va de este año. El trato inhumano no varió.

Nómades

En la localidad de San Vicente, sobre la ruta provincial 219, está el secadero del empresario Ignacio Kleñuk. Son aproximadamente 130 hectáreas, que según sus trabajadores produce un millón de kilos de yerba. La facturación anual del yerbatal ronda los 4 millones de pesos. Kleñuk tiene varios campos, además de su “despensa”. Página/12 recorrió parte del establecimiento. Algunos campamentos estaban a la vista desde la ruta, en otros había que caminar entre las líneas de las plantaciones. Los distintos campamentos abandonados dan cuenta de que los tareferos son nómades dentro de su vulnerabilidad. Los capataces los mueven según la zona donde estén tarefeando o son relocalizados luego de haber escapado del campamento anterior.
Nelson trabaja de lunes a viernes, lo que le dé el cuerpo, según relata. Trajo del pueblo Las Quintas su colchón y herramientas. Antes de llegar al yerbatal tuvo que pasar por el supermercado San José, propiedad de Kleñuk. Está con su hermano, José. Una sola vez en su vida trabajó en blanco. Página/12 se los cruzó mientras estaban yendo a una de las carpas, antes ocupada por otra cuadrilla. Los pañales y biberones desperdigados sobre la tierra húmeda atestiguaban la presencia de bebés con sus madres.

–¿Dónde toman agua? –les preguntó este diario.

–Ahí, a cien metros, en la vertiente –respondió Batista.
Los cien metros fueron trescientos, había que descender por un camino algo rocoso, algunas mangueras tiradas en el suelo presuponían que al menos tendrían una bomba para extraer el agua. La vertiente era nada más que un reducido espacio, algo más grande que una zanja. Ahí saciaban su sed, se bañaban y tomaban el agua para cocinar.
Llegaron ahí con la promesa de recibir 450 pesos por tonelada, cuando el precio acordado oficialmente, en mano y en blanco, ronda los 600 pesos. No todos llegan a levantar en sus espaldas 1000 kilos por día. Mientras que Página/12 conversaba con los dos hermanos, sobre la ruta circulaba un camión con más tareferos yendo hacia otro campamento.

–¿Alguna vez escucharon hablar de la Uatre y el Momo Venegas? –quiso saber este diario.

–Síiiii –José alargó su respuesta como si estuviese recordando algo. “Los de Uatre venían y arreglaban con los patrones. Por ahí alguien hacia la denuncia, y le decían al patrón “ése te denunció”. Y se iban y nosotros nos quedábamos igual.
José y Batista siguieron su camino. Página/12 buscó dónde se había detenido ese camión con tareferos. Luego de caminar 600 metros, allí estaba. Había mercadería descargada, en bolsas del mercado San José, el Buen Ojo y Regalería Ojitos. Todo de Kleñuk. Era el principio de un nuevo campamento. Pero los tareferos se habían escondido.

Compras para la SIDE: Stiuso salía de shopping por Miami

Un informe señala que la mayoría de las compras que contrataba el ex agente se realizaban en esa ciudad de EE.UU.
Nicolás Pizzi

Todos los caminos de Antonio "Jaime" Stiuso conducen a Miami, donde residiría por estos días. En esa ciudad, muy lejos de las casualidades, están afincadas la mayoría de las empresas donde iban a comprar los espías argentinos, al menos entre 2012 y 2013.

Según un informe al que accedió Clarín y que ya fue incorporado a la causa judicial por contrabando contra Stiuso y otras personas, la mayoría de las importaciones que realizaba la Secretaría de Inteligencia durante esos años provenían de Miami. La firma Nekor Electronics fue una de las más requeridas. Desde 2005, se dedica a la venta de cámaras digitales, Smart Phone, Tablet, notebooks, Smart TV, entre otros productos. En su página web, también ofrece drones de última generación, una herramienta también utilizada para espiar desde las alturas.

Otras firmas de Miami elegidas durante la era Stiuso fueron DCS International Investment Corp. (aparece en registros comerciales como inactiva), Hecny Transportation y Camlen Electronics.

En Miami también tienen su sede varias de las 52 firmas mencionadas por el legislador Gustavo Vera en la causa por enriquecimiento ilícito contra el ex jefe de Operaciones. Se destaca American Tape USA, supuestamente a nombre de Jordi Ferrando Verite. En principio, no hay vínculos entre las empresas, pero las dos investigaciones recién comenzaron.

Para la defensa de Stiuso, todas las acusaciones son "infamias". Su abogado recorre a diario los pasillos de Tribunales, aunque todavía no se presentó en ninguno de los expedientes. El argumento legal es que su cliente está fuera del país.

La SIDE cuadriplicó sus importaciones entre 2012 y 2013 (pasó de 25.329 a 92.421 kilos). En la mayoría de esas operaciones aparece Nicolás Mercado, otro agente denunciado por Oscar Parrilli como parte de la maniobra de contrabando (en otras guías el que firma es el ex jefe de Operaciones, pero su nombre está mal escrito: Jaime Stiusso).

Mercado era la persona que retiraba la mercadería en Ezeiza. Además de estampar su firma, en la documentación aduanera dejaba asentada una dirección, Araoz 1198, donde hoy funciona una empresa que comercializa instrumental médico y odontológico. Fuentes judiciales consultadas por Clarín confirmaron que ya se presentó ante el juez Rafael Caputo, aunque no dijo ni una sola palabra.

Su caso es llamativo porque ya había sido denunciado por el propio Stiuso, lo que pareció una jugada para desmarcarse del escándalo que se venía en puerta.

En la causa judicial por contrabando también se presentó la firma House to House, dueña de la camioneta en el que Stiuso salió del país junto a Damián Sierra, un funcionario aduanero desplazado por la actual conducción del organismo. Esa firma habría asegurado que sólo participó en dos importaciones para la SIDE, pero que fueron por barco.

Entre las empresas que le vendían a la Secretaría de Inteligencia hay casos llamativos como el de la firma china Chongqing Kanghua Ruiming, dedicada a la venta de instrumental oftalmológico. Sin embargo, en la documentación oficial aparece con la leyenda "eletronic instruments".

Cuando hizo la denuncia por contrabando, Parrilli aseguró que en la SIDE no se encontraron muchos de los productos importados. Los cargamentos ingresaban al país sin control. La complejidad de la maniobra desorienta a los investigadores

OCCIDENTE Y LAS CONSECUENCIAS DE LA PRIMAVERA ARABE

El Mediterráneo

 Por Sandra Russo

Ya es casi una frase hecha decir que el Mediterráneo se ha convertido en una fosa común. Aquel Mediterráneo al que le cantaba Serrat se fue volviendo en los últimos años una fosa en cuyo fondo yacen miles de hombres, mujeres y niños que no tienen nombres. No se saben los nombres de los ahogados. Son inmigrantes ilegales, gente que es castigada hasta después de muerta con el NN del anonimato, de la cosificación. No se sabe qué historias han recorrido ni qué caminos han tomado ni de qué pestes huyen, porque no todos vienen del mismo lugar ni escapan de las mismas cosas. Los que empezaron siendo marroquíes, y cruzaban el mar que estaba al lado para llegar a Europa, ahora vienen de miles de kilómetros más al sur, desde los confines subsaharianos de ese continente del que no tenemos la menor idea. Los de más al sur huyen del hambre. El año pasado esos lugares eran Sudán, Tánger, Eritrea.
Otros, por ejemplo los más de 800 que se ahogaron en un solo día del último abril en el canal de Sicilia, huyen también de la pobreza extrema, pero sobre todo de la guerra. Ahora llegan desde Libia, donde desde que la OTAN intervino y tomó como botín endiablado a Muammar Khadafi, el pueblo libio no fue liberado del tirano sino empujado a una guerra civil inacabada, sometido a la violencia de los grupos extremistas que habían sido financiados por Estados Unidos para usarlos como fuerza de choque contra Khadafi. De uno de esos grupos, el más feroz, nació el ISIS.
Desde que terminó la Guerra Fría, y el fanatismo neoliberal causó en Occidente todos los estragos y los infinitos núcleos de dolor humano que conocemos perfectamente, algo estuvo también pasando en Africa, que quedó, como América latina, a merced del mundo unipolar tutelado por Estados Unidos con la participación activa de Europa. Eso que pasó en Africa no lo sabemos, no forma parte de nuestras agendas, también para nosotros Africa es un continente indefinido y borroneado sobre el que, en general, no podríamos opinar seriamente más allá de unas líneas. Pero hoy la frontera sur europea es la más mortal del mundo, y los que mueren son africanos. Son cada vez más, y más. En 2014, 3224 personas murieron al intentar cruzar el Mediterráneo en pateras maltrechas. Muchos de ellos lo hicieron a la vista de los buques guardacostas que no los rescataron. Y no se saben los nombres de los muertos. No se sabe nada, nadie se hace responsable, ni siquiera hay luto o duelo o conmiseración.
Ese número cerrado de 2014 fue, sin embargo, más bajo que el del año anterior y con toda seguridad que el que arrojará 2015, que está batiendo records. Tuvo que ver con la disminución de víctimas la primera acción de Estado del papa Francisco, cuyo primer viaje ya ungido Papa puso proa a Lampedusa. Esa visita inesperada del nuevo Papa puso a Europa en aprietos, y surgió la operación Mare Nostrum, que dotó de recursos a los equipos de rescate. Mare Nostrum concluyó en noviembre de 2014, pese a que su curso estaba bien y debía ser reforzado. Hubo recorte de gasto público. Hoy está vigente la Operación Tritón, que obedece a otra lógica: en lugar de desplegar equipos de rescate, Europa abandona el mar y lo que refuerza son sus propias fronteras. Los ministros de la UE reunidos la semana pasada decidieron eso, además de aportar otro tipo de ideas, como la de perseguir a los traficantes de personas, los dueños de las pateras, o hundirlas directamente en Africa, antes de su salida.
Europa, la vieja y desvencijada Europa –desvencijada sobre todo en su parte más cruel, su parte sur–, se ha convertido en una inmensa fortaleza que como un castillo medieval levanta sus puentes y se atrinchera para repeler a quienes debería refugiar, no sólo por piedad sino más bien por responsabilidad. Los africanos escapan de las pesadillas que no engendraron ellos, sino el colonialismo y la geopolítica a la que fueron condenados después de la Segunda Guerra.
Esos que mueren todos los días son NN, una sigla que se multiplica en otros territorios arrasados por la violencia. Aquí la conocimos. Enrico Calamai fue cónsul italiano en la Argentina entre 1972 y 1977. En ese último año, trabajó frenéticamente para sacar a más de trescientas personas de la Argentina y permitirles la entrada a Italia. Mientras se tramitaban los documentos esas personas eran protegidas. A muchos el propio Calamai les encontró dónde alojarse en los días en los que sus vidas corrían peligro. En 2004, Enrico Calamai recibió la Cruz de la Orden del Libertador San Martín en grado de Comendador. Ahora, Calamai ha fundado el Comité por la Verdad y la Justicia para los Nuevos Desaparecidos. Los nuevos desaparecidos son los africanos que mueren ahogados.
¿Por qué los llama así, por qué equipara lo que sucede ahora en el Mediterráneo con lo que él vivió en la Argentina durante la etapa más salvaje de la dictadura?, le pregunté por teléfono hace una semana. “La razón es que así como sucedió en la Argentina hace cuarenta años, y como cuarenta años antes había sucedido en Alemania, con la Solución Final, se vuelve a dar un genocidio. En la Europa todavía rica y abundante del 2000, ya aparece la estrategia de hacer desaparecer a los inmigrantes. En un sistema neoliberal en el que se recorta el gasto público y hay menos sanidad, menos educación, menos transporte público, menos pensiones, el hecho de que llegue gente nueva crea una lucha de pobres contra pobres. Es desestabilizante, y es considerado un peligro por la OTAN. Entonces para resolver el problema lo que se ha decidido es que esta gente no llegue. Que esta gente desaparezca en el viaje. La estrategia es que se eliminen solos, en el mar, para que nadie los vea morir, y que esas desapariciones no sean percibidas.”
Lo que dice Calamai parece demasiado monstruoso, pero a la luz de las experiencias históricas que él mismo refiere, la humanidad ha demostrado ser capaz de monstruosidades inimaginables. Una prueba de ello es cómo funcionan el alma y la cabeza de la columnista del diario británico The Sun, Katie Hopkins. En una columna que el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos criticó formalmente, Katie Hopkins se refirió a los africanos como “cucarachas” y “plaga de humanos salvajes” y “un nuevo tipo de virus”. Sugirió que era “una buena idea” perforarles los barcos para se ahoguen más. Y concluyó: “Muéstrame fotos de ataúdes, muéstrame cuerpos flotando en el agua, música de violines y personas delgadas con cara de tristeza. No me importa”.
Lo que dice Katie Hopkins brutalmente lo dice Europa desde hace años y todos los días con sus políticas: no me importa, no me importa.