Primer ajuste macrista
El Fondo Federal Solidario (FFS) de la soja, creado en 2009 por la presidenta, significó casi $ 70 mil millones en recursos para obras de infraestructura en las 23 provincias y las 24 jurisdicciones del país.
Federico Bernal
04 de Noviembre de 2015
El Fondo Federal Solidario (FFS) de la soja, creado en 2009 por la presidenta, significó casi $ 70 mil millones en recursos para obras de infraestructura en las 23 provincias y las 24 jurisdicciones del país.
En 2014, distribuyó $ 14.700 millones; mientras que en 2015 (valores proyectados) rondará los 22 mil millones. La promesa de Mauricio Macri de eliminar las retenciones a las exportaciones de productos y subproductos derivados del agro transferirá dichos recursos a la Sociedad Rural y a los productores más grandes y concentrados. En otras palabras, hablamos del primer gran y masivo ajuste que el neoliberalismo prevé llevar a cabo ni bien asumido, primer gran golpe contra la Argentina en calidad de Nación.
Para que cada conciudadano tome conciencia (y no temor), algunos conceptos vinculados al FFS y las principales obras -en construcción o planificadas y listas para ponerse en marcha- que serán abandonadas tras un eventual triunfo macrista.
Que el menemismo del siglo XXI nos explique cómo hará para continuar y terminar dichas obras, pues paralizarlas no es una opción.
Federalismo genuino
El FFS constituye uno de los pilares del plan de infraestructura vigente desde 2003, el mayor que recuerde la historia argentina. A través suyo, se federaliza la renta sojera vía su redistribución a todas las provincias, cultiven o no la oleaginosa, con destino al financiamiento de obras de infraestructura económica y social. No hubiese sido justo ni viable para un modelo realmente federal (nacional), que la renta agraria, producto de la soja nacida en las provincias históricamente privilegiadas por sus condiciones naturales, quedara fuera del alcance de las regiones y poblaciones más postergadas.
Mientras que la región pampeana, que produce más del 85% de la soja y concentra aproximadamente igual porcentaje del PBI del país, recibe el 45% de los recursos del FFS, las regiones y provincias extrapampeanas, que sólo producen menos del 15% de la soja y aportan algo más del 10% al PBI nacional, acaparan el 55% de lo recaudado.
Este 2015 (valores proyectados) es testigo del máximo histórico de recursos redistribuidos desde la creación del FFS en 2009, con $ 21.756 millones. De ese total, el 23,59% se concentra en Buenos Aires y CABA; un 17,21% en Córdoba y Santa Fe. El NOA se lleva el 17,69%, el NEA el 19,84% y la Patagonia un 10,18% y Cuyo un 11,50 por ciento.
El federalismo del país autóctono en el siglo XIX se propuso iguales porcentajes para la redistribución de la renta aduanera. Pero la Provincia Metrópoli se negó a perder sus privilegios y le declaró la guerra. La derrota popular fue abrumadora y recién sería parcialmente revertida entre 1946 y 1955, y luego de casi medio siglo, entre 2003 y 2015. La guerra por una redistribución equitativa de las rentas y riquezas estratégicas entre los dos proyectos políticos antagónicos -uno de 23 provincias, otro de un puñado de provincias limitadas a la región pampeana- no ha concluido.
Sigue tan vigente como desde un comienzo, aunque expresándose por la vía política. Así es importante refrescar las palabras que la propia presidenta expresó al firmar el convenio de la creación del FFS (26/3/2009): "... por primera vez vamos a coparticipar derechos de exportación por los cuales las provincias argentinas estuvieron en guerra civil durante el siglo XIX y que motivó, precisamente, que murieran miles y miles de argentinos".
Política anticíclica
En paralelo, el FFS sirvió de notable y fundamental palanca anticíclica. En su normativa se señalaba como objetivo primero: "... financiar obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial en ámbitos urbanos o rurales". A un año de iniciada la crisis del capitalismo financiero y especulador occidental, Argentina colocaba así una ingente masa de recursos para la expansión de la inversión social y económica, con eje en infraestructura y sostenimiento del empleo y la actividad económica.
Pues bien y volviendo al menemismo del siglo XXI y su promesa de eliminar el FFS, el hecho de privarnos de esta herramienta anticíclica perjudicará grandemente la actividad económica y la generación de empleo en las 23 provincias, más allá de los más de $ 50 mil millones que en cuatro años de conservadurismo (2016-2019) confiscará a las provincias.
Obras que desaparecerán
Ninguna provincia quedará exenta. Se afectará la infraestructura en materia de interconectividad vial (movilidad), comunicaciones (acceso a la telefonía básica, móvil e Internet) y energética (servicios de gas natural por redes y electricidad); obras hídricas (agua y saneamiento), urbanas y de transporte (viviendas; terminales de ómnibus, aeropuertos, puertos etc.); obras en salud y educación (hospitales, escuelas, universidades, etc.).
La integración de regiones productivas y los polos industriales que con tanto esfuerzo se crearon o regeneraron desde 2003 quedarán paralizados y volverán al oprobio. Millones de argentinas/os; cientos de miles de pequeñas y medianas empresas; pequeños y medianos productores, comerciantes e industriales padecerán el anacrónico retorno al unitarismo del siglo XIX. La Nación de 23 provincias volverá a reducirse a tres o cuatro provincias, con suerte y viento a favor.
Algunos ejemplos en Córdoba, provincia con la mejor performance macrista, de las obras cuya iniciación/terminación se verán directa o indirectamente afectadas con la eliminación del FFS (en <www.oetec.org> hemos volcado el 100% de la infraestructura proyectada según jurisdicción/provincia y sus respectivas localidades): Córdoba. Entre 2009 y 2015 (inclusive), la provincia recibió del FFS 6097 millones de pesos. En 2015 fueron 1866 millones.
La eliminación de esta fuente de financiamiento perjudicará en mayor o menor medida los siguientes proyectos: autovías RN 158 San Francisco-Río Cuarto; RN 8, 19, 36, 7 y 9. Obras eléctricas para los departamentos de San Justo y Marcos Juárez. Repotenciación de centrales y sistemas de provisión de energía eléctrica, regiones Sureste y Serrana. Sistemas de gasificación Este y Manicero: localidades de Río Primero, San Justo, Río Cuarto y Juárez Celman. Provisión de agua al Gran Córdoba y Sierras Chicas. Obras de tratamiento de efluentes cloacales en centros urbanos Gran Córdoba, San Francisco, Río IV y Villa María. Hospital La Calera y San José de la Dormida. Nuevo hospital del Noroeste (Córdoba Cap.). Construcción de infraestructura edilicia para educación, nivel inicial, primario y medio. Planes sociales de construcción y mejoras de viviendas en todas las regiones. Programa de Promoción Industrial de Córdoba.
Macri y la confiscación de la Sociedad Rural
El FFS expresa un federalismo sin precedentes en la historia económica del país, remplazando la lógica tributaria defendida por el neoliberalismo por la cuestión redistributiva, única e histórica bandera del federalismo argentino. Los caudillos y las masas del siglo XIX no se alzaron contra el centralismo de Rivadavia y Mitre porque aspiraban a una mayor coparticipación o mayores tributos; lo hicieron contra la apropiación de la renta aduanera por una sola provincia (Buenos Aires), pidiendo repartir equitativamente la riqueza más allá de la provincia que la contuviera.
Pues bien, la decisión del mitrismo en su fase buitrista (Macri) de volver a concentrar la riqueza argentina por excelencia en el siglo XXI, la renta agraria, en muy pocas y reaccionarias manos constituirá un durísimo golpe no solo al federalismo real, sino también a la viabilidad socioeconómica de las 23 provincias y los 42 millones de compatriotas, más aún en tiempos de crisis internacional.
Los que votaron a la alianza Cambiemos y piensan reelegirla el 22 de noviembre, deberían saber que una eventual administración macrista provocará un primer ajuste en obras de infraestructura del orden de los $ 70 mil millones.
Tales recursos pasarán de las provincias y sus municipios a manos de los principales miembros de la Sociedad Rural (los aportes del FFS a nivel municipal equivalen al 30% del presupuesto que la Secretaría de Obra Pública destina a municipios). En una situación internacional sumamente compleja y cuya resolución aún está muy lejos, tal redireccionamiento de recursos marcará el principio de la declinación fiscal, social y económica de la inmensa mayoría de las provincias.
Es que, en definitiva, los que proponen eliminar el FFS son los mismos que decretaron la inviabilidad provincial obligándolas a ejecutar programas leoninos de austeridad y reducción del gasto en los '90 y hasta 2002. Los mismos que hace más de un siglo negaron al país profundo compartir la Aduana.
Por Raúl Kollmann
