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Ash Carter/Foto: Xinhua
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18 oct 2015
SIEMPRE LA MISMA RECETA
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INTERVENCIÓN DEL BC “NO ES SUSTENTABLE”
Brasil: Standard & Poor's defiende dólar a 5 reales
15.10.2015
NUEVA YORK (Uypress) — Desde la calificadora de riesgo Standard & Poor's se defiende la idea de que el Banco Central de Brasil deje de actuar en el mercado y permita que el dólar llegue a 5 reales.
La intervención del Banco Central es insustentable y posterga la estabilización económica del país, se afirma desde la agencia calificadora de riesgo Standard & Poor's.
En una entrevista que concedió en la sede de la empresa en Nueva York al diario Folha de Sâo Paulo, Joaquin Cottani, economista-jefe para América Latina, afirmó que "la mejor cosa sería intervenir menos, dejar caer la inflación, lo que inevitablemente acontecerá, no por los intereses bajos o la contracción del crédito, sino por el desempleo".
El desempleo creció en el país y alcanzó el 8,6% a julio, en tanto que el Índice de Precios al Consumidor está en 9,5%, más del doble que la meta de 4,5%.
Cottani afirmó que el mecanismo de intervención adoptado por el Banco Central no es sustentable, ya que se realiza sobre todo a través de contratos denominados swap cambial, que en la práctica funcionan como un seguro contra el alza del dólar y contienen la fuga de recursos del país. Con ese mecanismo, según informa Folha, el Banco Central habría acumulado hasta comienzos de octubre pérdidas por 108.000 millones de reales (unos 28.000 millones de dólares).
Según el economista de S&P la política monetaria del país alcanzaría el equilibrio cuando el dólar llegue a los R$ 5, en tanto que hoy está a R$ 3,85 y no hace mucho estaba a R$ 2. "Durante la expansión económica Brasil fue muy complaciente y permitió al real valorizarse más de lo que debía", dijo el economista.
Standard & Poor's le retiró a Brasil la calificación de buen pagador en setiembre.
LA GRECIA LATINA
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Analizan emitir “superbono” para reestructurar deuda de Puerto Rico
16.10.2015
PUERTO RICO (Uypress) — Funcionarios de Estados Unidos y de Puerto Rico analizan la emisión de un superbono para reestructurar la deuda del 72.000 millones de dólares del Estado libre asociado.
Funcionarios estadounidenses y puertorriqueños analizan la emisión de un "superbono" que posiblemente sería administrado por el Departamento del Tesoro de EE.UU y que ayudaría a reestructurar los US$72.000 millones en deuda del Estado libre asociado, según informó The Wall Street Journal..
Según el plan, el Tesoro o un tercero administraría una cuenta en la que se colocarían al menos parte de los impuestos recolectados por la isla. Los fondos en la cuenta serían usados para pagar a los tenedores del superbono, el cual sería emitido para los bonistas actuales de Puerto Rico a cambio de deuda en circulación a una proporción que se acordaría previamente.
Los inversionistas recibirían menos deuda, probablemente aceptando un recorte en el valor de sus bonos, pero tendrían mayores posibilidades de que se les pague.
El superbono tendría que superar enormes obstáculos políticos en Washington y Puerto Rico para convertirse en realidad. Las conversaciones entre los representantes de Puerto Rico y los funcionarios del Departamento del Tesoro son preliminares y cualquier plan no incluiría ayuda financiera o una garantía por parte de EE.UU. de la deuda de Puerto Rico, dijeron las fuentes consultadas.
El gobierno de Obama "ha dicho en repetidas ocasiones que no tiene planes de proveer un rescate a Puerto Rico" y que el Departamento del Tesoro no se encuentra en conversaciones para "asumir alguna de las obligaciones financieras de Puerto Rico", dijo un portavoz del Departamento del Tesoro el miércoles.
Un superbono podría ser atractivo para los acreedores. Los fondos de cobertura que poseen miles de millones de dólares en deuda de Puerto Rico han sugerido la idea de un superbono por meses, con la esperanza de prevenir una cesación de pagos y elevar el valor de sus inversiones. Los bonistas no han mostrado interés en canjear la deuda que poseen por nuevos bonos respaldados únicamente por los ingresos tributarios bajo la supervisión de Puerto Rico debido a que temen que el dinero sea desviado.
Las preocupaciones sobre una potencial cesación de pagos se intensificaron en los últimos meses, a medida que se hizo evidente que Puerto Rico estaba usando ingresos tributarios destinados para pagos de deuda para cerrar brechas presupuestarias. La isla reveló en setiembre que esperaba registrar un déficit de US$205 millones este año, cuando aún tiene que realizar grandes pagos de bonos.
dfp
Banco central argentino entrega archivos sobre complicidades de la dictadura
Las autoridades del Banco Central de la República Argentina (BCRA) entregaron archivos a la justicia que investiga el papel que cumplieron empresas como la metalúrgica Acindar y otras durante la pasada dictadura militar (1976-1983) colaborando en el señalamiento de trabajadores que están desaparecidos.
STELLA CALLONI / LA JORNADA -
También sobre el juicio que se lleva adelante en torno a la entrega de Papel Prensa, que con los dueños amenazados o secuestrados por los militares malvendieron esa empresa a los diarios Clarín, La Nación y La Razón en 1977. Para los dueños y socios que firmaron la venta bajo extorsión de los militares en complicidad con los directivos de esos medios, el primero de los cuales se ha convertido en un grupo monopólico, la investigación es una reparación impostergable.
También se entregaron archivos sobre cómo se liquidó el Banco de Hurlingham bajo control de David Graiver, también dueño de Papel Prensa, fallecido en un sospechoso accidente de aviación en México en 1976, y cuya viuda, familiares y asociados fueron secuestrados y llevados a centros clandestinos de detención, y firmaron una venta en esas condiciones.
Entre la documentación entregada a la justicia figura el caso de los hermanos Rodolfo y Carlos Iacarino, secuestrados en noviembre de 1976, en la provincia de Santiago del Estero, mientras otro de los hermanos, Alejandro, fue secuestrado junto a su madre en esta capital, y llevados a distintas comisarías de Buenos Aires, y al centro clandestino de detención de la localidad de Martínez, y luego a la temible Brigada de Avellaneda. Durante su cautiverio fueron obligados a vender -bajo amenazas de ser arrojados al río de La Plata- unas 25 mil hectáreas de campo y un avión, por un pago que nunca se concretó.
También existen archivos sobre otras empresas vendidas en esas situaciones, que revelan las complicidades de los dictadores con empresarios que asociados con ellos se quedaron con empresas robadas. Varios organismos estatales comenzaron a abrir archivos. En el caso del BCRA, bajo la dirección del actual presidente Alejandro Vanoli, se creó una oficina de Derechos Humanos, conformada por cinco investigadores. Hasta ahora se han entregado actas secretas, correspondencias, versiones taquigráficas de reuniones de directorios y otros importantes archivos, así como también información sobre la deuda externa.
Esto se agilizó con la creación de una Comisión Bicameral de la deuda externa, pero también la que se creó recientemente como un proyecto del gobernante Frente para la Victoria para investigar las complicidades civiles en los crímenes de lesa humanidad. En este caso
el rechazo de la Bicameral por parte de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Asociación de Empresarios Argentinos (AEA) puede explicarse porque gran parte de la información encontrada en el Ministerio de Defensa o en el BCRA fue aportada a las causas judiciales que investigan a empresas que integran esas asociaciones empresarias, señala Página 12. Precisamente Acindar,Tenaris-Siderca forman parte de la UIA.
En el juicio de la causa de Campo de Mayo, que investiga la desaparición de varios obreros de la siderúrgica del Grupo Techint, fue allanada en octubre pasado una importante planta de ésta, en el municipio de Campana, provincia de Buenos Aires, extendiéndose a oficinas en esta capital.
El BCRA entregó expedientes internos encontrados en las oficinas de esta entidad e información desclasificada que había sido solicitada desde el año 2011 por la Secretaría de Derechos Humanos de la nación. En el caso de la empresa Mackentor de Córdoba en el juicio sobre el centro de detención clandestino La Perla, el más grande de esa provincia central, se conoció que el 25 de abril de 1977
el comandante Luciano Benjamín Menéndez supervisó varios operativos secuenciados y simultáneos en donde detuvieron a personal jerárquico de esa empresa, tanto en sus sedes de Córdoba como de Buenos Aires. Mackentor era un grupo empresario de capitales nacionales especialista en la construcción vial e hidráulica. Tenía cerca de 400 empleados y realizó obras por casi 50 millones de dólares entre 1970 y 1975. Su presidente, Natalio Kejner, había decidido dividir el paquete accionario con el personal jerárquico, que tenían participación en las ganancias, además de abogar por una burguesía nacional. También había denunciado a la Cámara Argentina de la Construcción. Tras su exilio y el secuestro de varios directivos, la empresa fue liquidada, de acuerdo con el mismo periódico.
El Banco Central prepara un trabajo de investigación sobre la legitimidad de la deuda externa, tarea que comenzó en 1984.
Las investigaciones realizadas por el BCRA en estos momentos abarcan una cantidad de datos que permitirán conocer, asombrosas maniobras económicas de los grupos de poder con la dictadura militar más cruentas del país .
El libro Cuentas pendientes editado por el periodista Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky ha servido como base documental para la creación de la Bicameral parlamentaria, uno de los acontecimientos más importantes de los últimos tiempos, que es rechazada por algunos poderosos grupos económicos . En esa páginas surgen los vínculos de empresas como Acindar y Techin con las dictaduras, y esto se advierte en la desaparición de los delegados y trabajadores más activos en la defensa de sus compañeros. Hasta ahora hay sectores judiciales que han hecho todo lo posible por impedir el juzgamiento de empresarios que han colaborado activamente con la pasada dictadura militar, con pruebas y testimonios suficientes que muestran su complicidad en crímenes de lesa humanidad.
“Eliminar barreras comerciales; vulnerar derechos humanos”
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BARRERA
Tratados de libre comercio y más
14.10.2015
MADRID (Uypress/Other News, Jesús González Pazos*). Pudiera parecer que al enunciar la frase anterior se establece una intencionada relación engañosa entre los apartados de la misma.
Aparentemente, se podría decir que nada, o muy poco, tienen que ver las barreras comerciales, los mercados, con los derechos humanos, ya sean éstos individuales o colectivos.
Sin embargo, la globalización neoliberal que se sigue extendiendo e imponiendo en el planeta une estrechamente estos elementos. Lo hemos visto y comprobado en nuestras propias sociedades con las crisis que vivimos. Vemos como, en aras de la salida de las mismas, se incentiva permanentemente el aumento constante de la producción, de los índices de consumo, la competitividad desaforada, o se persigue el establecimiento de cuantas más empresas posibles en el entorno inmediato al precio que sea. Y todo ello, mientras se anulan derechos laborales, se recortan los sociales y políticos, o aquellos presupuestos que deberían reforzar las políticas que abordan las consecuencias más trágicas de la sociedad machista que vivimos, o mientras a nuestra juventud, y no tan jóvenes, se condena a un futuro incierto con empleos temporales y precarios que no garantizan las mínimas condiciones para una vida digna.
Luego, si la crisis y sus consecuencias directas ya nos permite ver que esa aparentemente artificiosa relación no es tal, la cuestión que ahora queremos destacar reforzará esa idea de directa y estrecha relación entre liberalización absoluta de los mercados y vulneración de los derechos humanos de las grandes mayorías.
Hablamos de los Tratados de Libre Comercio (TLC). Algunos aprobados hace más de dos décadas, como es el caso del que afecta a Norte América (TLCAN) y que incluye a Canadá, Estados Unidos y México. Otros de recientísima firma, como es el TransPacífico (TPP), que abarcará a 12 países de la cuenca de este océano. Y otros próximos como el TransAtlántico (TTIP) que ahora se negocia a puerta cerrada entre Estados Unidos y la Unión Europea. Hay un cuarto tratado más (TISA), que también se negocia secretamente entre 50 países. Como podemos suponer, todos ellos tienen a Estados Unidos como denominador común aparente y todos ellos se caracterizan por el secretismo de los términos de negociación de los mismos y por lo inconsultos que son para los distintos pueblos y países afectados.
Decimos, una vez más, aparente porque el gobierno estadounidense figura como protagonista en todos y cada uno de los acuerdos. Sin embargo, reiteramos, es pura apariencia. En realidad, el denominador común en todos los Tratados de Libre Comercio firmados o por firmar, son las grandes corporaciones transnacionales. Son ellas (sus consejos de administración y juntas de dirección) las que imponen sus términos y clausulas; son ellas las directamente interesadas y son ellas, las que por consiguiente, se están erigiendo en auténtico gobierno planetario.
Pudiera a algunos oídos sonar estas afirmaciones como de tintes apocalípticos, pero así es como se explican las negociaciones secretas, las imposiciones que van más allá de las cuestiones estrictamente comerciales como la liberalización de los mercados, la desaparición de los aranceles, etc. En realidad, las imposiciones alcanzan ámbitos tan diferentes como la eliminación de protecciones y seguridades que tienen que ver con derechos de la población a la universalización de la atención sanitaria o a la educación, o derechos a una alimentación sana y libre de transgénicos. Pero también con los ataques y presiones para reducir las legislaciones en materia de protección social, laboral o ambiental. En esta relación se debe incluir igualmente la eliminación de barreras de protección a la explotación desenfrenada del planeta y a la contaminación de éste, incidiendo en el agravamiento de problemas tan centrales hoy como es el cambio climático.
Por último, y quizás como uno de los puntos de imposición más graves, está la eliminación de la soberanía de los estados. Éstos podrán ser denunciados por las transnacionales si consideran atacados, por cualquier ley de rango estatal o inferior, sus opciones de obtención de un máximo de beneficios y "sus derechos" como entidades privadas. Es decir, el interés público y social se verá sometido al privado de las grandes empresas. Y, por si fuera poco, contarán además para ello con tribunales también privados que podrán asegurar el fallo a su favor en las consiguientes reclamaciones, lo que además supondrá un paso más en la privatización de la justicia.
Nuevamente pensamos en quienes pueden acusarnos de alarmistas, y por eso citamos solo algunos ejemplos ilustrativos de hechos ya ocurridos, citados recientemente en un texto de Susan George, presidenta de honor de ATTAC-Francia y del Transnational Institute de Amsterdam. Como son "el caso de Occidental Petroleum en Ecuador, que ganó un contencioso de 1.800 millones de dólares ante un tribunal de arbitraje de tres jueces privados porque el país suramericano se negó a permitir la perforación para buscar petróleo en una zona natural protegida. Otros casos son amenazas directas a la salud pública o al deber de los gobiernos de proteger el bienestar de" la ciudadanía. "Como el de Philip Morris contra Australia y Uruguay por requerir cajetillas sin marcas y avisos ostensibles de los graves peligros del tabaco para la salud. O el caso de Veolia contra Egipto porque el Gobierno egipcio aumentó el salario mínimo".
En suma, y como se desprende de lo planteado anteriormente, los términos de los Tratados de Libre Comercio van mucho más allá de meros acuerdos para favorecer el comercio y el desarrollo, y son una amplia relación de imposiciones que las grandes corporaciones transnacionales están definiendo, sin consulta alguna a la población, para construir un nuevo orden mundial. En éste, la democracia y los derechos humanos, en el mejor de los casos, estarían total y absolutamente supeditados a los intereses de los mercados y a la búsqueda de ese máximo de beneficios. Se anularían, por consiguiente, las capacidades de las grandes mayorías para definir su presente y se hipotecaría el futuro de las próximas generaciones a una vida digna donde los derechos humanos individuales y colectivos sean algo más que una simple declaración internacional. Se trata, en suma, de eliminar las posibilidades hacia un mundo donde la pobreza, la desigualdad y la injusticia social no sean entendidas como justificables o inevitables y pudieran ser definitivamente desterradas a favor de la mayoría de la población y no solo para una minoría enriquecida. Es cuestión de voluntad política y social; es cuestión de trasparencia y consulta a la población; es cuestión de democracia verdadera y participativa.
* Jesus González Pazos es miembro de Mugarik Gabe, Organización No Gubernamental vasca de Cooperación al Desarrollo declarada de Utilidad Pública, nacida en 1987.
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