A pesar de la crisis internacional, que es la más intensa y prolongada en nueve décadas y que no se limita al centro financiero sino que se ha extendido a todos los rubros y rumbos imaginables, la Argentina llegará a las urnas en una situación de calma incomparable con las que acompañaron las transiciones de la dictadura a la democracia en 1983, del radicalismo al peronismo en 1989, del menemismo a la Alianza en 1999 y del caos a la reconstrucción política, económica y social en 2003. Es más afín a las continuidades intramenemistas en 1995 e intrakirchneristas en 2007 y 2011. Parecida, pero tampoco igual, porque las proporciones del mix entre transición y continuidad constituyen la incógnita a despejar.
Pocas veces un proceso político ha tenido aquí un protagonista social tan definido como el que se inició con la primera presidencia de CFK. Éste actor privilegiado ha sido la clase trabajadora, a pesar de que padece su menor grado de organización desde hace 70 años y un día, cuando Juan D. Perón irrumpió con estrépito en la realidad nacional. Todas las políticas ejecutadas desde el Estado en estos ocho años han tenido esa referencia en su centro, lo cual no significa que haya sido un recorrido lineal. Tan definida ha sido esa preferencia que quienes desde ese sector han privilegiado conveniencias personales y negociaciones espurias han sido expulsados a los márgenes, reducidos a mera escenografía para la simulación teatral de los peores antagonistas de los intereses que dicen representar. La instantánea de Hugo Moyano y Gerónimo Venegas, quienes no pudieron superar la cláusula proscriptiva del 1,5 por ciento, apapachando a Maurizio Macrì al pie de un adefesio escultórico es elocuente. Igual que a Ernesto Sanz en el radicalismo, a Moyano debe agradecérsele la rotunda sinceridad con que se expresa, casi sin mediaciones intelectuales: Macrì es su compañero y su gobierno, “supuestamente de derecha, fue el primero que reconoció los derechos de los trabajadores”, llegó a decir. No aclaró de cuáles trabajadores.
Lo cierto es que 2015 es un año de recomposición salarial. La inflación menguante ronda el 25 por ciento anual y los incrementos salariales negociados en paritarias pasan del 30 por ciento. Estos datos que están al alcance de todos pese a la infinita torpeza con que el gobierno escamotea una medición de sus consecuencias indiscutibles sobre la pobreza y la indigencia, explican como una cuestión de mero sentido común por qué el oficialismo consolida su ventaja sobre el magma opositor. Sus emergentes principales disputan quién puede superar la frontera mágica del 30 por ciento para forzar una segunda vuelta y quién en tal caso podría ganarla. Si de Maurizio Macrì y Sergio Massa dependiera, ninguno podría acceder a una segunda oportunidad en noviembre. La esperanza que les queda reside en la insatisfactoria candidatura de Daniel Scioli, quien también debe alcanzar una meta porcentual que parece próxima, aunque tampoco está asegurada. Lo que ha ido definiéndose en el último mes es que el FpV también se impondría en la rueda definitiva, por el altísimo nivel de rechazo que mantiene Macrì, quien en las PASO ni siquiera llegó al 50 por ciento en la Ciudad Autómona que gobierna. No sólo el 54 por ciento de Cristina en 2011, el 51,9 por ciento de Menem en 1995, el 51,5 por ciento de Alfonsín en 1983, el 47 por ciento de Menem en 1989 y el 46 por ciento de CFK en 2007 parecen extraordinarios. Hasta el 42,8 por ciento con que Duhalde fue derrotado en 1999 es hoy un objeto de deseo.
Lo que vendrá
La victoria de Macrì o Massa parece hoy una posibilidad remota. Pero también una presidencia de Scioli, con o sin segunda vuelta, reconfiguraría el mapa político después del 10 de diciembre. Las tres fórmulas que en las PASO concentraron nueve de cada diez votos tienen un componente peronista, cuya mercurial capacidad para el reagrupamiento es uno de los rasgos característicos del sistema político.
El primer punto en discusión es cómo continuaría la difícil relación entre Scioli y Cristina, esa unidad en la diversidad, en la optimista definición de Carlos Zannini. Entran aquí en colisión dos tradiciones muy arraigadas: la que coloca en el centro de gravedad a quien posee el mandato institucional y aquella que privilegia la irradiación del liderazgo político sobre cualquier requisito formal. Ambas han sido formuladas con claridad por los respectivos voceros. El gobernador salteño Juan Manuel Urtubey anunció que el gobierno y la conducción de Cristina terminan en dos meses. Zannini replicó que ese liderazgo político continuará más allá de la restricción constitucional que impide un nuevo mandato de la presidente cuyo gobierno culmina con el segundo índice de aprobación de la democracia argentina (sólo superado por Kirchner, que no postuló su reelección) y latinoamericana (apenas por debajo de Evo Morales, que encabeza ese ranking privilegiado). En los tres casos en que ambas formas de ejercicio del poder no coincidieron, el liderazgo político prevaleció sobre el institucional y el desenlace fue penoso: Ricardo Balbín entorpeció el gobierno de Arturo Illia en la década de 1960, Perón el de Héctor Cámpora en la siguiente, y Alfonsín el de Fernando De la Rúa en la primera de este siglo. Además de la jefatura política y de un núcleo militante organizado cuya verdadera consistencia se pondrá a prueba fuera del gobierno, CFK retendrá posiciones en los bloques legislativos, en el ministerio público y en el Banco Central. Para desprenderse de esas amarras DOS podría provocar deslizamientos que desequilibren el balance en su favor o aguardar a 2017 para armar las listas legislativas en ese sentido.
Una fuente obvia de auxilio a la victoria podría ser el Frente Renovador. El dilema de Massa sería sumarse al trasvasamiento y posicionarse como relevo futuro dentro del mismo espacio político o mantenerse como opositor peronista a un gobierno peronista. Menos ostensible ha resultado hasta ahora lo que pueda ocurrir en Cambiemos. Por un lado se desprendería el injerto radical, cuyo 3 por ciento en las PASO de agosto hará histórica la efímera presidencia derrotista de Ernesto Sanz. Pero la definición de fondo se producirá en PRO. Es difícil imaginar que el hedonista Macrì permanezca como su jefe, a la espera de una nueva apuesta presidencial. En un momento de franqueza confesó que en tal caso se radicaría en Estados Unidos o Italia con su hija menor y su esposa. Otra alternativa grata sería un nuevo mandato en la presidencia de Boca Juniors, donde las elecciones ocurrirán el 6 de diciembre.
¿Qué pasaría entonces con Horacio Rodríguez Larreta (h), cuyos cargos en gobiernos justicialistas son menos recordados que su trayectoria como administrador de Macrì? Con Carlos Menem fue gerente general de la ANSES, subsecretario de Políticas Sociales y director del Fondo Nacional de Capital Social, y durante la gobernación de Carlos Rückauf, presidente del Instituto Bonaerense de Previsión Social. Con Macrì retirado, la tentación de un acuerdo con Scioli sería muy fuerte también para Cristian Ritondo y Diego Santilli, los peronistas que en estos años mayor aptitud demostraron para jugar con globos de colores. Tampoco es imaginable que el kirchnerismo asista pasivo a tal reordenamiento del tablero. La reconstrucción del sistema de partidos luego de la crisis de fin de siglo no parece concluida ni mucho menos.
Ideología y negocios
Por más que haya posado en campaña junto con otros presidentes del populismo regional, la opción de Scioli está más al norte, según deja entender sin ambigüedad Urtubey, con independencia de que sea el próximo canciller de Scioli o decida permanecer en Salta. Desde allí ejerce su rol como hombre fuerte de una liga de gobernadores, que sólo valora a Scioli como alternativa ante Cristina, pero en la intimidad no lo considera más que un primus inter pares, según definición del propio Urtubey. Un realineamiento con Estados Unidos iría en contra de tendencias profundas de la sociedad argentina. El Centro de Investigación Pew difundió en junio un estudio de opinión pública global que incluyó 45.345 entrevistas personales y telefónicas realizadas en 40 países entre adultos de más de 18 años. La Argentina es el país con la peor opinión sobre Estados Unidos, salvo aquellos con numerosa población musulmana o que compiten con Washington por la primacía mundial. La mediana de los 40 países arroja una mala opinión de Estados Unidos del 24 por ciento de la población. La Argentina casi la duplica, con el 43 por ciento, sólo superada por Jordania (83 por ciento), Rusia (81 por ciento), los territorios palestinos ocupados por Israel (73 por ciento), Pakistán (62 por ciento), Líbano (60 por ciento), Turquía (58 por ciento), China (49 por ciento) y Alemania (45 por ciento).
Algunos anuncios y trascendidos sobre el gabinete de Scioli (Alejandro Granados en Defensa, el alcaide mayor penitenciario Ricardo Casal en Justicia y Sergio Berni en Seguridad) también señalan otros puntos de colisión con el kirchnerismo. En septiembre de 2013, cuando Scioli le ofreció el ministerio de Seguridad, Granados le puso como condición que, de llegar a la presidencia, lo designara en Defensa. Como ministro de Seguridad, Granados llevó al extremo la confusión entre seguridad y policía y entre policía y violencia institucional y Scioli comenzó a medir los logros de su gestión por la cantidad de “delicuentes abatidos”, lo cual nada tiene que ver con una gestión democrática de la seguridad. En su último reportaje con La Nación, Granados dijo que odiaba las estadísticas, que pondría 15.000 militares en la frontera norte, donde asoció narcotráfico con migración.
Quienquiera saber por qué al intendente de Ezeiza le apetecía Defensa debería conocer su habilidad para ganarle espacio al bosque, práctica que comenzó con su célebre restaurante El Mangrullo y que continuó con los terrenos de la Fuerza Aérea que circundan el Aeropuerto Internacional. La Administración Nacional de Aviación Civil, ANAC, es conducida por el hijo de Granados. A solicitud de Granados padre, en 2008 la Fuerza Aérea le cedió 535 hectáreas “en la zona” del Aeropuerto Internacional por un canon de 36.700 pesos mensuales. Ezeiza nunca pagó el canon, pero cedió una parte de ese terreno al Club Boca Juniors para canchas de fútbol, playas de estacionamiento, microcine, gimnasios, oficinas, confiterías, depósitos y hoteles. La concesión fue sin cargo por 30 años cuando el municipio sólo podía disponer de esos terrenos por 10, y para realizar actividades distintas a las autorizadas. Pero Boca Juniors también avanzó sobre el perímetro del Aeropuerto Internacional, lo que dio lugar a una causa judicial que rebotó de juzgado en juzgado.
Si bien Berni acompaña a los Kirchner desde Santa Cruz, nunca le asignaron una responsabilidad de primer nivel. Cuando su relación con la primera ministra de Seguridad Nilda Garré se hizo insostenible, CFK recibió la sugerencia de designar a Berni ministro de Seguridad y devolver a Garré a Defensa, donde las fragatas se le hundían solas a Arturo Puricelli o eran capturadas por países africanos. La respuesta presidencial fue categórica: “Quien piense en esa posibilidad no me conoce a mí o no lo conoce a Berni”. Desde la Secretaría de Seguridad, Berni abjuró de la decisión de Kirchner de no enfrentar las protestas sociales con represión y de los protocolos de actuación que regulan el uso de la fuerza en esos casos. Este mes, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, sobreseyó a los trece militantes de izquierda procesados por los cortes de la ruta Panamericana. Las tropas de la Gendarmería los acribillaron con cartuchos de goma y los sofocaron con agresivos químicos. Berni también infiltró entre ellos a un coronel de Inteligencia del Ejército. Arroyo sostuvo que los manifestantes realizaban un “legítimo ejercicio del derecho de reunión, en el caso particular de peticionar y hacer oír sus reclamos”, conducta “amparada constitucionalmente, por lo que de modo alguno pueden ser alcanzada por el derecho penal”. Ahora tal vez Berni y el coronel Roberto Galeano deban rendir cuentas.
Casal es uno de los responsables del ablandamiento de garantías procesales por lo cual hoy la cantidad de personas detenidas en los lugares de encierro bonaerense es la mayor de la historia. La tasa de prisionización provincial es la mayor del país y una de las más altas de la región. Casal dejó en manos del Servicio Penitenciario, en el que se formó, la gobernabilidad de los penales, por medio de la violencia. Esto también hizo crecer la cantidad de muertes traumáticas de personas privadas de su libertad. No por casualidad, Clarín eligió para ilustrar el anuncio de su designación una foto del gobierno de Buenos Aires en la que DOS y Casal están acompañados por la Procuradora General María Falbo, quien está al borde del juicio político y del procesamiento penal por la protección acordada a otro amigo de Casal, el fiscal general de San Isidro Julio Alberto Novo, a quien Arroyo Salgado indagará por encubrimiento de narcotráfico, y contra quien se abrió el procedimiento de juicio político. Su protegido y amigo es el condenado en España Gustavo Adolfo Juliá. Novo designó a la abogada defensora de Juliá, Mariana Busse, como secretaria de su fiscalía general. Gracias a Falbo y Casal, Novo, sus fiscales adjuntos Rodrigo Caro y Eduardo Vaiani, Busse y la también secretaria y mujer de Novo, Melisa Fernanda Rey, están imputados pero siguen en funciones pese a que el fiscal Luis Angelini solicitó que fueran suspendidos. Desde sus cargos, Novo, Caro y Vaiani siguen conduciendo el trabajo de más de 60 fiscales que, entre otras cosas, tramitan casos de comercialización de estupefacientes y dirigen a la policía en función judicial.
Por Darío Pignotti