El nuevo libro The WikiLeaks Files: The World According to U.S. Empire desnuda las intervenciones del gobierno norteamericano para derrocar presidentes latinoamericanos e impedir que la ola antineoliberal de la región se traslade a otros continentes.
ALEXANDER MAIN Y DAN BEETON |
18/10/2015
El mundo entero vio a Grecia llevar a cabo una lucha heroica contra un desastroso dictado neoliberal. Luego vio al pueblo griego recibir un vapuleo público y doloroso, aplicado con sádico celo por las autoridades financieras de la eurozona.
Cuando el gobierno de izquierda griego decidió realizar un referéndum sobre el programa de austeridad impuesto por la eurozona y el FMI, el Banco Central Europeo tomó represalias restringiendo la liquidez de los bancos griegos. Esto desencadenó un cierre prolongado de bancos y sumergió a Grecia aún más en la recesión. Aunque los votantes griegos acabaron rechazando masivamente la austeridad, Alemania y el cartel de acreedores europeos lograron subvertir la democracia y conseguir exactamente lo que querían, por ahora: la sumisión completa a su agenda neoliberal.
En la última década y media, una lucha similar contra el neoliberalismo tuvo lugar a lo largo y ancho de un continente entero y en su mayor parte fuera de la mirada pública. Aunque Washington buscó, en un inicio, anular todo disentimiento, a veces empleando tácticas más brutales que las usadas contra Grecia, en América latina el movimiento de resistencia a la agenda neoliberal fue, en gran parte, exitoso. Es una historia épica que está saliendo a la luz progresivamente gracias a la exploración continua del enorme tesoro de los cables diplomáticos de Estados Unidos revelados por WikiLeaks.
El neoliberalismo se implantó firmemente en América latina mucho antes de que Alemania y las autoridades de la eurozona empezaran a forzar el ajuste estructural de Grecia y otros países periféricos endeudados. A través de la coerción (por ejemplo, condiciones vinculadas con los préstamos del FMI) y del adoctrinamiento (por ejemplo, el respaldo norteamericano a la formación de los “Chicago Boys” de la región), los Estados Unidos lograron difundir el evangelio de la austeridad fiscal, la desregulación, el llamado “libre comercio”, la privatización y la reducción draconiana del sector público por toda América latina a mediados de los ’80. El resultado fue sorprendentemente similar al que se vio en Grecia: estancamiento del crecimiento (sin apenas incremento de la renta per cápita entre 1980 y 2000), una pobreza en aumento, la caída del nivel de vida de millones de personas y carta blanca para que empresas e inversores internacionales hagan dinero fácil.
A partir de los ’80, la región empezó a rebelarse y a levantarse contra las políticas neoliberales. Primero, la rebelión fue sobre todo espontánea y desorganizada –como en el caso del Caracazo en Venezuela, a principios de 1989–. Pero, más tarde, candidatos políticos antineoliberales empezaron a ganar elecciones y –para consternación del establishment de la política de exteriores estadounidense– un número creciente de ellos se mantuvo fiel a sus promesas electorales y empezó a implementar medidas contra la pobreza y políticas heterodoxas que reafirmaron el papel del Estado en la economía. Entre 1998 y 2008, candidatos opuestos, en grados diversos, al neoliberalismo y a la hegemonía de los Estados Unidos ganaron elecciones presidenciales en Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Honduras, Ecuador, Nicaragua y Paraguay.
Buena parte de la historia de los esfuerzos de los gobiernos estadounidenses para contener y hacer retroceder esta corriente antineoliberal puede encontrarse en las decenas de miles de cables diplomáticos filtrados por WikiLeaks desde las misiones diplomáticas de los Estados Unidos en la región, entre principios de los años 2000 y 2010. Los cables –volcados en el reciente libro The WikiLeaks Files: The World According to U.S. Empire– revelan la habitual mecánica de intervención política norteamericana en América latina (y convierten en farsa el mantra del Departamento de Estado según el cual “los Estados Unidos no interfieren en la política interna de otros países”): brindar apoyo material y estratégico a los grupos de la oposición de derecha, algunos de los cuales son violentos y antidemocráticos. Los cables también dibujan una imagen viva de la mentalidad ideológica de Guerra Fría de los altos emisarios de los Estados Unidos y muestran cómo tratan de usar medidas coercitivas que recuerdan a la reciente llave estranguladora aplicada a la democracia griega.
Como era de esperar, los principales medios de comunicación ignoraron esa crónica inquietante de la agresión imperial, prefiriendo centrarse, en cambio, en la visión de los diplomáticos estadounidenses sobre las acciones potencialmente embarazosas o ilícitas de funcionarios extranjeros. Los pocos expertos que ofrecieron un análisis más amplio de los cables argumentan que, en general, no hay una distancia significativa entre la retórica oficial de los Estados Unidos y la realidad descrita en los cables. En palabras de un analista de relaciones internacionales estadounidense, “uno no se hace una imagen de los Estados Unidos como ese poderoso titiritero que trata de manejar los hilos de varios gobiernos en todo el mundo para servir a sus intereses”.
¿Uno no se hace esta imagen? El lector podrá hacer su propio juicio.
Esto no es un chantaje…
A finales de 2005, Evo Morales obtuvo una arrolladora victoria en las elecciones presidenciales con un programa de reforma constitucional, de derechos indígenas y con la promesa de combatir la pobreza y el neoliberalismo. El 3 de enero, dos días después de su toma de posesión, Morales recibió una visita del embajador David L. Greenlee.
El embajador fue directamente al grano: la asistencia multilateral a Bolivia supervisada por Estados Unidos dependería del buen comportamiento del gobierno de Morales.
Podría haber sido una escena de El padrino:
“El embajador mostró la crucial importancia de las contribuciones de Estados Unidos a las financieras (sic) internacionales clave de las que dependía Bolivia, como el Banco Internacional de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. ‘Cuando piense en el BID, debe pensar en los Estados Unidos’, dijo el embajador. ‘Esto no es un chantaje, es la simple realidad (…). Espero que usted, como próximo presidente de Bolivia, comprenda la importancia de esto –dijo–, porque una separación de los caminos no sería buena para la región ni para Bolivia ni para Estados Unidos’”.
Sin embargo, Morales se mantuvo fiel a su agenda. En días siguientes, siguió adelante con los planes para re-regular los mercados de trabajo, renacionalizar la industria de los hidrocarburos y profundizar la cooperación con el archienemigo de los Estados Unidos, Hugo Chávez. En respuesta, Greenlee sugirió un “menú de opciones” para tratar de forzar a Morales a inclinarse ante los deseos de su gobierno: el veto de préstamos multilaterales multimillonarios, la posposición de las medidas programadas de alivio de la deuda, la oposición a la financiación por parte de la Corporación Reto del Milenio y el final del “apoyo material” a las fuerzas de seguridad bolivianas (06LAPAZ93).
Desgraciadamente para el Departamento de Estado estadounidense, pronto se vio cómo estas amenazas iban a ser debidamente ignoradas. Morales ya había decidido reducir drásticamente la dependencia de Bolivia con las líneas de crédito multilaterales que requerían el examen del Tesoro estadounidense. Pocas semanas después de su investidura, Morales anunció que Bolivia dejaría de estar comprometido con el FMI y dejó que el acuerdo de préstamo con el Fondo expirase. Años después, Morales sugirió a Grecia y a otros países europeos endeudados que siguieran el ejemplo de Bolivia y que “se liberen económicamente del dictado del Fondo Monetario Internacional”.
Incapaz de forzar a Morales a cumplir sus órdenes, el Departamento de Estado pasó a centrarse en reforzar a la oposición boliviana. La región Media Luna, controlada por la oposición, empezó a recibir un creciente apoyo estadounidense. Un cable de abril de 2007 señala el “más amplio esfuerzo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) para reforzar a los gobiernos regionales como contrapeso del gobierno central” (07LAPAZ1167). Un informe del Usaid de 2007 señalaba que su Oficina de Iniciativas de Transición había “aprobado 101 subvenciones por valor de 4.066.131 de dólares para ayudar a los gobiernos departamentales a operar más estratégicamente”. La financiación también llegó a grupos indígenas locales que “se oponían a la visión de las comunidades indígenas de Evo Morales” (08LAPAZ717).
Un año después, los departamentos de la Media Luna entraron en rebelión abierta contra el gobierno de Morales; primero, realizando referendos sobre la autonomía, pese a haber sido declarados ilegales por el poder judicial; después, apoyando protestas violentas proautonomía que acabaron con la vida de 20 partidarios del gobierno. Muchos creyeron que se estaba desplegando una tentativa de golpe de Estado. La situación sólo se calmó bajo la presión de otros presidentes suramericanos, que emitieron una declaración conjunta de apoyo al gobierno constitucional del país.
Pero mientras Suramérica se aliaba en apoyo a Evo, los Estados Unidos mantenían una comunicación regular con los líderes del movimiento violento, separatista y racista de oposición, incluso cuando éste hablaba abiertamente de “volar por el aire los conductos de gas” y de la “violencia como posibilidad para forzar al gobierno a tomárselo en serio y dialogar” (08LAPAZ1931).
En contra de su postura oficial durante los acontecimientos de agosto y septiembre de 2008, el Departamento de Estado norteamericano se planteó seriamente la posibilidad tanto de un golpe de Estado como del asesinato del presidente Evo Morales. Un cable revela los planes de la embajada de los Estados Unidos en La Paz para preparar este acontecimiento: “El Comité de Acciones de Emergencia desarrollará, con el Equipo de Evaluación Situacional Comando Sur, un plan de respuesta inmediata en caso de emergencia inesperada, por ejemplo, un intento de golpe de Estado o la muerte del presidente Morales”, señalaba el cable 08LAPAZ2083_a.
Los acontecimientos de 2008 fueron el mayor reto para la presidencia de Morales hasta entonces y cuando más cerca estuvo de ser derrocada. Los preparativos de la embajada norteamericana para una posible salida de Morales de la presidencia revelan que los Estados Unidos, como mínimo, creían que la amenaza sobre Morales era muy real. El hecho de que no lo manifestara públicamente señala de qué parte estaba durante el conflicto y qué resultado probablemente prefería.
Fomento de la democracia
Algunos de los métodos de intervención empleados en Bolivia se reprodujeron en otros países con gobiernos o movimientos fuertes de izquierda. Por ejemplo, tras el retorno de los sandinistas al poder en Nicaragua en 2007, la embajada de los Estados Unidos en Managua se puso en marcha para reforzar el apoyo al partido de la oposición de derecha Alianza Liberal Nicaragüense (ALN).
En febrero de 2007, la embajada se reunió con la directora de organización de la ALN y le explicó que los Estados Unidos “no proporciona asistencia directa a los partidos políticos”, pero –para eludir esta restricción– le sugirió que la ALN se coordinara más estrechamente con ONG amigas que pudieran recibir financiación norteamericana. La líder de la ALN dijo que “remitiría una lista completa de las ONG que apoyan efectivamente el trabajo de la ALN” y la embajada lo arregló para que “se reuniera a continuación con los directores del IRI (International Republican Institute) y con el NDI (National Democratic Institute for International Affairs)”. El cable también señalaba que la embajada “promovería la capacitación de los recaudadores de fondos de la ALN” (07MANAGUA493).
Cables como éstos deberían ser lectura obligada para los estudiantes de la diplomacia estadounidense y para todos aquellos interesados en comprender cómo funciona realmente el sistema de “fomento de la democracia” norteamericano. A través de la Usaid, el National Endowment for Democracy (NED), el NDI, el IRI y otras entidades paragubernamentales, el gobierno de los Estados Unidos asiste extensamente a los movimientos políticos que apoyan sus objetivos políticos y económicos.
En marzo de 2007, el embajador norteamericano en Nicaragua pidió al Departamento de Estado “aproximadamente 65 millones de dólares, por encima de los niveles de partida anteriores, durante los próximos cuatro años –hasta las próximas elecciones presidenciales– para financiar el refuerzo de los partidos políticos, de las ONG democráticas y pequeñas y flexibles ayudas a corto plazo a grupos comprometidos con esfuerzos críticos para defender la democracia de Nicaragua, potenciar nuestros intereses y contrarrestar los de aquellos que claman contra nosotros” (07MANAGUA583_a).
En Ecuador, la embajada norteamericana se opuso al economista de izquierda Rafael Correa mucho antes de su elección como presidente en 2006. Dos meses antes de aquellas elecciones, el asesor político de la embajada alertó a Washington de que Correa podía “unirse al grupo de líderes nacionalistas-populistas suramericanos, Chávez-Morales-Kirchner” y señaló que la embajada había “advertido a nuestros contactos políticos, económicos y mediáticos de la amenaza que Correa representa para el futuro de Ecuador y había desaconsejado activamente alianzas políticas que pudiesen dar estabilidad al radicalismo percibido en Correa” (06QUITO2150_a). Inmediatamente después de la elección de Correa, la embajada mandó un cable al Departamento de Estado con su plan de acción:
“Sabemos que los esfuerzos del gobierno de los Estados Unidos no podrán ellos solos conformar la dirección del nuevo gobierno o Asamblea Nacional, pero esperamos maximizar nuestra influencia trabajando en concierto con otros ecuatorianos y grupos que comparten nuestra visión. Las propuestas de reforma de Correa y su actitud hacia la Asamblea y los partidos políticos tradicionales, en ausencia de control, podrían alargar el actual período de conflicto e inestabilidad política” (06QUITO2991).
Los peores miedos de la embajada se confirmaron. Correa anunció que cerraría la base aérea de los Estados Unidos en Manta, que incrementaría el gasto social y que promovería una asamblea constituyente. En abril de 2007, el 80% de los votantes ecuatorianos respaldó la propuesta de formar una asamblea constituyente y, en 2008, el 62% aprobó una nueva constitución que consagró un sinfín de principios progresistas, incluyendo la soberanía alimentaria, el derecho a la vivienda, a la asistencia sanitaria y al empleo y el control ejecutivo sobre el banco central (un tema tabú en el manual neoliberal).
A principios de 2009, Correa anunció que Ecuador no pagaría parte de su deuda externa. La embajada estaba furiosa, por ésta y otras razones: la decisión de Correa de alinear a Ecuador más estrechamente con el grupo de países de izquierda, perteneciente a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA, fundada por Venezuela y Cuba en 2004 como fuerza de oposición al Área de Libre Comercio de las Américas impulsada por la administración Bush). Pero el embajador también era consciente de la escasa influencia que los Estados Unidos tenían sobre él:
“Estamos transmitiendo el mensaje en privado de que las acciones de Correa tendrán consecuencias sobre su relación con la nueva administración Obama, al tiempo que evitamos comentarios públicos que serían contraproducentes. No recomendamos poner fin a ningún programa del gobierno de los Estados Unidos que sirva a nuestros intereses, ya que sólo contribuiría a debilitar el incentivo para que Correa vuelva a una línea más pragmática” (09QUITO15).
La quita parcial fue un éxito y ahorró al gobierno de Ecuador casi dos mil millones de dólares. En 2011, Correa recomendó el mismo remedio a los países europeos endeudados, particularmente a Grecia, aconsejándoles que no pagaran parte de sus deudas e “ignoraran” los consejos del FMI.
Contra la “amenaza” bolivariana
Durante la Guerra Fría, la supuesta amenaza de la Unión Soviética y la expansión comunista de Cuba sirvieron para justificar un sinnúmero de intervenciones con el objetivo de eliminar gobiernos liderados por la izquierda, y apuntalar regímenes militares de derecha. Del mismo modo, los cables de WikiLeaks muestran cómo, en la década iniciada en 2000, el fantasma del “bolivarianismo” de Venezuela se utilizó para validar las intervenciones contra nuevos gobiernos de izquierda contrarios al neoliberalismo, como el de Bolivia, descrito como uno que “cayó completamente en los brazos de Venezuela”, o Ecuador, visto como un “sucedáneo de Chávez”.
Las relaciones de los Estados Unidos con el gobierno de izquierda de Hugo Chávez se agriaron desde el principio. Chávez, electo por primera vez presidente en 1998, rechazó enérgicamente las políticas económicas neoliberales, desarrolló una estrecha relación con Fidel Castro, y criticó abiertamente la ofensiva del gobierno de Bush en Afganistán, seguida por el ataque del 11 de septiembre (Estados Unidos retiró al embajador en Caracas después de que Chávez proclamara “no pueden luchar contra el terrorismo con más terrorismo”). Más tarde, reforzó el control del gobierno sobre el sector petrolífero, aumentando las regalías pagadas por las empresas extranjeras, y utilizando los ingresos del petróleo para financiar programas de salud y educación públicas y de alimentación para los pobres.
En abril de 2002, el gobierno norteamericano apoyó públicamente el golpe militar que depuso a Chávez del poder durante 48 horas. Documentos de la NED, obtenidos a través de la Ley de Libertad de Información, muestran que los Estados Unidos proporcionaron financiación dirigida a la “promoción de la democracia” junto con entrenamiento a grupos que apoyaron el golpe de Estado y que posteriormente fueron involucrados en el intento de derrocar Chávez a través de una “huelga” del personal directivo que paralizó la industria petrolera entre fines de 2002 y principios de 2003, sumiendo al país en la recesión.
Los cables de WikiLeaks muestran que, después de estos intentos fallidos de derrocar al gobierno electo de Venezuela, los Estados Unidos continuaron respaldando a la oposición venezolana a través de la NED y el Usaid. En un cable de noviembre de 2006, el entonces embajador William Brownfield explicó la estrategia de Usaid/OTI para socavar al gobierno de Chávez: “En agosto de 2004, el embajador delineó la estrategia para el equipo en el país, que contenía 5 puntos para guiar las actividades de la embajada de Venezuela en el período 2004-2006. La estrategia se enfocó en: 1) fortalecimiento de las instituciones democráticas, 2) penetrar la base política de Chávez, 3) dividir al chavismo, 4) proteger los negocios clave de los Estados Unidos y 5) aislar a Chávez internacionalmente” (06CARACAS3356).
Los estrechos vínculos que existen entre la embajada de los Estados Unidos y varios grupos de la oposición son evidentes en numerosos cables. Un cable de Brownfield vincula a la ONG Súmate –una ONG de oposición que jugó un papel central en las campañas de la oposición– con “nuestros intereses en Venezuela” (06CARACAS339). Otros cables revelan que el Departamento de Estado hizo lobby para que Súmate logre apoyo internacional (05MADRID2557; 06CARACAS340) y alentó el apoyo financiero norteamericano (05CARACAS1805), apoyo legal (06CARACAS3547) y otro tipo de apoyo político para la organización, incluyendo el brindado a través de la NED.
En agosto de 2009, Venezuela fue sacudida por violentas protestas de la oposición (como ocurrió varias veces bajo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro). Un cable secreto del 27 de agosto cita a una contratista de Usaid/OTI, Desarrollo de Alternativas, Inc., refiriéndose a “todas” las personas que protestaron contra Chávez en su momento como “nuestros financiados”: “El empleado de DAI Eduardo Fernández dijo que ‘las calles están calientes’, en referencia a la creciente protesta contra los intentos de Chávez de consolidar el poder, y ‘toda esta gente (que organiza las protestas) son nuestros financiados’” (09CARACAS1132_a).
Los cables también revelan que el Departamento de Estado de los Estados Unidos proporcionó entrenamiento y apoyo a un líder estudiantil que reconoció haber liderado a una multitud, guiándola con la intención de “linchar” a un gobernador chavista: “Durante el golpe de Estado de abril de 2002, Nixon Moreno participó en las manifestaciones en el Estado de Mérida, liderando a una multitud que marchó en la capital del Estado para linchar al gobernador Florencio Porras del partido MVR” (06CARACAS1627).
Pero pocos años después de esto, otro cable menciona: “Moreno participó en el Programa de Visitantes Internacionales del Departamento de Estado en 2004” (07CARACAS591).
Moreno sería buscado más tarde por intento de asesinato y por amenazar a una agente de policía, entre otros cargos.
También en consonancia con la estrategia de cinco puntos que delineó Brownfield, el Departamento de Estado priorizó los esfuerzos para aislar al gobierno de Venezuela a nivel internacional y contrarrestar la percepción de su influencia en toda la región. Los cables muestran cómo los jefes de las misiones diplomáticas de los Estados Unidos en la región desarrollaron estrategias coordinadas para contrarrestar la “amenaza” regional de Venezuela.
Como WikiLeaks reveló por primera vez en diciembre de 2010, los jefes de las misiones de los Estados Unidos en seis países suramericanos se reunieron en Brasil en mayo de 2007 para desarrollar una respuesta conjunta a los supuestos “planes agresivos para crear un movimiento bolivariano unificado en toda América latina” del presidente Chávez. Dentro de las áreas de acción acordadas por los jefes de misión, se planeó “continuar fortaleciendo los vínculos con líderes militares en la región que comparten nuestra preocupación respecto a Chávez” (07ASUNCION396). Una reunión similar de jefes de misiones norteamericanas en América Central –enfocada en la “amenaza de actividades políticas populistas en la región”– tuvo lugar en la embajada norteamericana en El Salvador en marzo de 2006 (06SANSALVADOR963_a).
Los diplomáticos estadounidenses se esforzaron mucho por tratar de evitar que los gobiernos del Caribe y Centroamérica se unieran a PetroCaribe, un acuerdo energético regional venezolano que provee, en condiciones extremadamente ventajosas, petróleo y sus derivados a los miembros del acuerdo. Cables filtrados muestran que, si bien los funcionarios estadounidenses reconocían en privado los claros beneficios económicos del acuerdo para los países miembro, estaban preocupados porque PetroCaribe aumentara la influencia política de Venezuela en la región.
En Haití, la embajada trabajó en estrecha colaboración con grandes empresas petroleras para tratar de impedir que el gobierno de René Préval se uniera a PetroCaribe, a pesar de reconocer que “ahorraría 100 millones de dólares estadounidenses por año”, como Dan Coughlin y Kim Ives informaron por primera vez en The Nation. En abril de 2006, la embajadora Janet Sanderson escribió: “Se continuará presionando a Préval en contra de unirse a PetroCaribe. La embajadora se reunirá hoy con el asesor de Préval, Bob Manuel. En reuniones anteriores, él ya reconoció nuestras preocupaciones y es consciente de que un acuerdo con Chávez podrían causarles problemas con nosotros” (06PORTAUPRINCE692).
Una punta del iceberg violento y antidemocrático
Hay que tener en cuenta que los cables de WikiLeaks no vislumbran las actividades más encubiertas llevadas a cabo por las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, y son probablemente sólo la punta del iceberg en cuanto a la interferencia norteamericana en la política de la región. Aun así, los cables proporcionan una amplia gama de evidencias de los persistentes y decididos esfuerzos de los diplomáticos estadounidenses para intervenir en contra de los gobiernos independientes de izquierda en América latina, usando la presión financiera, así como el conjunto de instrumentos disponibles en la caja de herramientas de la “promoción de la democracia”. A veces, apoyando medios violentos e ilegales.
La administración Obama dio algunos pasos positivos en la región –el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba no es un asunto menor–, pero no hay ninguna indicación de que su política hacia Venezuela y hacia otros gobiernos en América latina haya cambiado fundamentalmente. Ciertamente, la hostilidad de la administración hacia el gobierno electo de Venezuela es implacable. En junio de 2014, el vicepresidente estadounidense, Joe Biden, puso en marcha la Iniciativa de Seguridad Energética del Caribe, considerada un “antídoto” a PetroCaribe. En marzo de 2015, Obama declaró a Venezuela como una “amenaza extraordinaria a la seguridad” y anunció sanciones contra funcionarios venezolanos, una medida criticada unánimemente por otros países de la región.
Pero, a pesar de la incesante agresión de los Estados Unidos, la izquierda prevalece en gran parte de América latina. Con la excepción de Honduras y Paraguay, donde los golpes de derecha derrocaron a los líderes electos, casi todas las alianzas de izquierda que llegaron al poder en los últimos 15 años se mantienen hoy en el cargo. En gran parte como resultado de estos gobiernos, en el período 2002-2013 la tasa de pobreza de la región bajó del 44 al 28%, después de que en las dos décadas anteriores hubiera empeorado. Estos éxitos, y la voluntad de los líderes de asumir riesgos que le permitan liberarse del dictado neoliberal, deben ser una inspiración hoy para la nueva izquierda europea anti-austeridad.
Por cierto, algunos de los gobiernos están experimentando dificultades importantes actualmente, en parte debido a la recesión económica regional que afectó a los gobiernos de derecha y de izquierda por igual. Visto a través del prisma de los cables, existen buenas razones para cuestionar que todas estas dificultades tengan un origen interno. Por ejemplo, en Ecuador –donde el presidente Correa está bajo el ataque de la derecha y de algunos sectores de la izquierda– las protestas contra las nuevas propuestas fiscales progresistas del gobierno involucran a los mismos empresarios alineados con la oposición, los mismos que los diplomáticos estadounidenses consideran estratégicos en los cables. En Venezuela, donde un sistema disfuncional de control de divisas generó una inflación elevada, violentas protestas estudiantiles de derecha desestabilizaron seriamente al país. Las probabilidades de que algunos de estos manifestantes hayan sido beneficiarios del USAID o de la NED son sumamente elevadas.
Alexander Main
Es miembro asociado senior de la sección de Política Internacional del Center for Economic and Policy Research (CEPR) en
Washington. Se dedica al análisis de la política exterior de los Estados Unidos en América latina y el Caribe.
Es referente ineludible de los medios de comunicación en los Estados Unidos y en América latina y sus análisis sobre la política norteamericana en el continente fueron publicados en varios medios de comunicación nacionales e internacionales, incluyendo a Foreign Policy, Nacla y Le Monde Diplomatique. Antes de trabajar en CEPR, Main pasó más de seis años en América latina como analista de relaciones internacionales. Es licenciado en Historia y Ciencias Políticas por la Universidad de Sorbona, Francia.
Dan Beeton
Es director de comunicaciones de la sección internacional del Center for Economic and Policy Research en Washington, D.C.
Tiene una vasta experiencia trabajando en temas de política internacional con organizaciones como el Centro para la Justicia Económica, Haití Renacido y la Campaña Estadounidense por Birmania. Antes de unirse a CEPR, fue director asociado de la Campaña Ciudadana Comercio donde realizó la investigación y la promoción de la política comercial de los Estados Unidos. Sus escritos sobre Haití, América latina, el comercio y otros temas fueron publicados en el diario Los Ángeles Times, el Informe NACLA sobre las Américas, Tercer Mundo Quarterly y otras publicaciones
