21 oct 2015

Para entender a qué se le llama eufemísticamente “libre comercio”.


Los secretos del TPP

 Por Sandra Russo

En su discurso del miércoles pasado, CFK citó –y avisó que subiría a su Facebook– un artículo firmado por el Premio Nobel Joseph Stiglitz –y por el profesor del Instituto Roosevelt Adam S. Hersh– sobre “la farsa” del TPP. Recomendó leerlo para entender a qué se le llama eufemísticamente “libre comercio”. Hace diez días, intempestivamente dados los entuertos, las protestas y las presiones no sólo de centrales sindicales sino también de cámaras empresarias tanto de México como de los propios Estados Unidos y Canadá, el TPP (Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica) fue firmado por once países costeros del Pacífico: Australia, Nueva Zelanda, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Perú, Singapur y Vietnam. De la región, los tres países firmantes integran la Alianza del Pacífico. Podría decirse que entre los objetivos geopolíticos más importantes por los que fue creada la Alianza del Pacífico, está la firma del TPP.
A ese bloque proponen tributar, de ganar las elecciones, tanto Mauricio Macri como Sergio Massa. No lo dicen explícitamente porque del TPP no se habla: no se escuchó a nadie preguntarles al respecto, ya que no es una pregunta que la audiencia esté esperando, dado que casi nadie sabe ni siquiera que existe ese tratado. Esto tampoco es magia: el secreto está planificado.
Si uno sigue atentamente los términos de ese tratado, prácticamente no necesita saber mucho más sobre la falacia de tantas promesas electorales: se trata de una reedición, aunque mucho más furiosa, del ALCA, al que en la Argentina se le dijo que no en 2005, en un gesto soberano coordinado por Néstor Kirchner, Hugo Chávez y Lula. A ese rechazo le debemos en la región la primera década en la que el crecimiento económico trajo más equidad y no más desigualdad.
Esa fue la bisagra que permitió emerger a la Unasur, y que también desató desde entonces sucesivas intentonas golpistas bajo modalidades blandas. Aquí sí podría decirse: no es la política, estúpido, es la economía. O mejor: son los negocios. O todavía con más precisión: son las corporaciones.
Stiglitz y Hersh afirman que lo que se presenta como el mayor acuerdo regional de inversión y comercio de la historia “no es lo que aparenta ser”. No es un tratado de libre comercio, como no lo era el ALCA. Es, como explican Stiglitz y Hersh, “la administración del comercio mundial” por parte de las corporaciones transnacionales más poderosas, dispuestas no sólo a destruir empleo, derechos laborales y pequeñas industrias, sino también a corporaciones más pequeñas, un fenómeno que expresa la fase loca del capitalismo que nos toca. El salvajismo de los términos del TPP, así como el de los otros dos Tratados similares que Estados Unidos impulsa en Europa (el TTIP) y el resto del mundo (el TISA, que abarca a 52 países), es tal, que en los tres casos se vienen desarrollando negociaciones en secreto, y se propone y compromete a los Estados firmantes a seguir manteniendo ese secreto durante cinco años, es decir, más de lo que dura un mandato presidencial en muchos de ellos. Por eso nadie sabe de qué se trata. Los medios de comunicación hacen su parte en lo que se refiere a desinformación.
En la primera semana de octubre, Wikileaks filtró, sin embargo, algunas de las condiciones que impone el TPP a sus miembros. No sólo son leoninas, hipócritas y neocolonialistas, sino ilegales: lo que pretenden las corporaciones es erigirse en un poder supranacional que pase por encima de las respectivas constituciones y los andamiajes legales de cada país. Es una clara renuncia a la soberanía y, en consecuencia, con el nombre de “libre comercio”, a lo que se renuncia es a la libertad nacional respectiva de manejar la propia economía.
El texto de Stiglitz y Hersh desarrollaba lo que sucederá, por ejemplo, en los países miembros, con las patentes farmacéuticas y con la investigación científica. Precisamente, el Capítulo del Tratado que filtró Wikileaks fue el de Derechos de Propiedad Intelectual. “Considere lo que haría el acuerdo –dice el texto de Stiglitz y Hersh– en cuanto a ampliar los derechos de propiedad intelectual de las grandes compañías farmacéuticas, tal como nos dimos cuenta al leer versiones del texto de negociación que se filtraron al exterior”. Lo que se puso a la firma, en efecto, es la aceptación de exclusividad de patentes farmacéuticas y la imposibilidad de que en cada país continúe, crezca o nazca la investigación científica en ese rubro. Se prohíbe la venta de medicamentos genéricos, para dejarle la cancha libre, en stocks y precios, a los grandes laboratorios.
También se filtró que tanto el TPP como el TISA contienen la cláusula ISDS, que en Europa hizo, por su escandalosa naturaleza sometedora, que el Parlamento Europeo frenara el avance del TTIP. Ahora, corporaciones y buitres operan en muchos medios de comunicación y fundaciones para imponer la idea de que el Parlamento Europeo está lleno de vagos que impiden el progreso de la UE. Lo de siempre. La ISDS es la cláusula de arbitraje privado al que se apela cuando un Estado y una corporación entren en conflicto por expectativas de ganancias defraudadas. La privatización de la justicia. La victoria total de las corporaciones, que podrán reírseles en la cara a los Parlamentos y a las jurisdicciones legales.
Stiglitz y Hersh dan el ejemplo de la ex Phillip Morris, un antecedente de esta conducta corporativa depredadora: la tabacalera está en juicio mediante uno de esos “arbitrajes” contra Australia y Uruguay, ya que ambos gobiernos exigieron que las cajas de cigarrillos lleven etiquetas de advertencia sobre los efectos del tabaco. Se montaron en ese juicio porque ya tuvieron éxito hace unos años con Canadá: su gobierno se retractó y dejó que exigir la advertencia en los paquetes de cigarrillos.
Desde México, el periodista Alejandro Villamar trabajó sobre otro punto del TPP que los grandes medios olvidaron informar, y que vaya si era una noticia. Hace un par de semanas, decenas de miles de integrantes de sindicatos canadienses, norteamericanos y mexicanos, y también cámaras empresarias de esos tres países, rechazaron públicamente el TPP. Son los vinculados con la industria automotriz.
El 21 de septiembre los ministros de Comercio de los tres países recibieron una carta firmada por el Instituto Estadounidense del Hierro y el Acero (AISI), la Asociación Canadiense de Productores Siderúrgicos (CSPA) y la Cámara Nacional de la industria del Hierro y el Acero (Canacero), con un mensaje claro: “Ha habido reportes de que está en consideración un más bajo contenido de valor regional para automóviles y autopartes en el TPP. Nuestros miembros se oponen fuertemente a ello”.
Por su lado, los grandes sindicatos (la Federación Estadounidense del Trabajo, el Congreso de Organizaciones Industriales, el Congreso del Trabajo de Canadá, y la Unión de Trabajadores de México), se movilizaron en protestas simultáneas y unificaron una propuesta. Uno de sus párrafos dice que, ante la inminente firma del TPP, proponen “una solución al déficit del trabajo decente (de acuerdo con la definición de la OIT) de una manera sostenible, reconstruir nuestras economías mediante el fortalecimiento del mercado interno, aumentando el poder adquisitivo de los trabajadores, y superar las asimetrías entre nuestros países a través de la distribución equitativa del trabajo productivo”. Al que le suene algún término de esta propuesta de trabajadores mexicanos, canadienses y norteamericanos, tiene razón. Lo que piden es otro modelo. Uno que conocemos acá en el sur.
Democracia o corporaciones no es un slogan pasado de moda, sino una aspiración del uno por ciento más rico de la población mundial, vehiculizado a través de gobiernos eunucos que han perdido la noción vigorosa de la política y también el respeto por sus electorados. Si negocian en secreto, de espaldas a sus pueblos, tratados que una vez firmados les quitarán cualquier chance de soberanía política, independencia económica y justicia social, esa capitulación cierra el círculo vicioso: la política no sirve para nada, y si son todos iguales, que gobiernen los tecnócratas. ¿Cuántas veces tendremos que ver la misma película recoloreada y decorada con palabras que expresan lo contrario de los efectos que producen? ¿Y por qué los grandes medios no explican todo esto? Ya sabemos la respuesta. Lo que llaman “progreso” no es sopa. Es olla popular.

La CIDH somete a juicio hoy al Gobierno de Peña Nieto por caso Ayotzinapa

Por violaciones a los derechos que van desde tortura hasta ejecuciones extrajudiciales y, en especial, por el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) someterá a juicio al gobierno de Enrique Peña Nieto.





Este martes 20, en la sede de la CIDH y en el marco de su 156 periodo de sesiones en Washington DC, el gobierno de Peña Nieto tendrá que responder a varias acusaciones sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad.

En coincidencia a las cuatro audiencias que realizará la CIDH sobre México, el gobierno de Barack Obama decidió recortarle 15% de los 148 millones de dólares que destinó este año para apoyar a Peña Nieto en la lucha contra el narcotráfico, tras considerar que las fuerzas armadas cometen serias violaciones de derechos humanos.

El caso de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos el 26 de septiembre del año pasado en Iguala, Guerrero, es de tal importancia y atención de la CIDH que determinó por su propia prerrogativa hacer una audiencia “de oficio” sobre el caso.

En la sesión se presentará el reporte sobre la desaparición de los 43 estudiantes llevado a cabo por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyos resultados de la investigación del caso Iguala contrastan totalmente con la pesquisa llevada a cabo por el gobierno mexicano.

En esta audiencia de oficio el GIEI tendrá la oportunidad de cotejar y cuestionar al gobierno de Peña Nieto respecto de sus conclusiones de la “verdad histórica”, y de lo que asegura ocurrió con los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Además de la participación del GIEI y de la CIDH, en la audiencia de oficio también estarán padres de algunos de los jóvenes desaparecidos y varios grupos defensores de los derechos humanos, por lo que se adelanta que el gobierno de Peña Nieto será ampliamente sometido a varias interrogantes a las que tendrá que responder.

La jornada de audiencias sobre México en la CIDH se inicia por la mañana de este martes con el caso Manuel Santiz Culebra y el de la masacre de Acteal, Chiapas.

En la segunda audiencia, la CIDH y grupos defensores de derechos humanos analizarán judicialmente el tema “derechos humanos y políticas de drogas en México”.

En esta sesión se espera que se aborde en detalle el papel del Ejército y la Marina de México en el combate al narcotráfico y al crimen organizado, tareas en las que se les acusa de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos.

La tercera audiencia será la de oficio sobre Ayotzinapa, y por la tarde la última, también de suma importancia para la CIDH, ya que se trata de “denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales”.

Para la última audiencia se adelanta que nuevamente la CIDH cuestionará al gobierno de Peña Nieto sobre el caso Ayotzinapa, en torno a la masacre de Tlatlaya, Tanhuato y varias más acusaciones que se han presentado ante el órgano jurídico interamericano.

Como no ocurría desde hace varios años, y esto como resultado de la lucha militarizada contra el narcotráfico que inició el expresidente Felipe Calderón, y a la que le dio continuidad Peña Nieto, a México se le considera uno de los países latinoamericanos en el que más se cometen violaciones a derechos humanos.

El Ejército, la Marina y todas las agencias policiales mexicanos han sido denunciados ante la CIDH por cometer todo tipo de violaciones a los derechos, acusaciones que además no han sido investigadas a fondo por parte del gobierno mexicano.

Zócalo

RELACIONES PELIGROSAS

Financista desaparecido depositó US$150 mil en cuenta de Nisman

20 DE OCTUBRE 2015 - 04:03






El organismo antilavado de EE.UU. informó sobre el ingreso que hizo Damián Stefanini en una cuenta del banco Merrill Lynch, de la que el fiscal fallecido era apoderado. Por ese motivo recusaron a la jueza Arroyo Salgado en la causa por la desaparición del financista.

Fuentes judiciales confirmaron a minutouno.com que la recusación es a raíz de que Stefanini hizo un depósito en una cuenta bancaria de la que Nisman era apoderado, en el banco Merril Lynch de Nueva York.

La información sobre ese depósito fue aportada por el organismo anti lavado de los Estados Unidos, la FINCEN, en la causa por presunto lavado de dinero en la que están imputados la madre de Nisman, Sara Garfunkel; su hermana Sandra, el empleado informático Diego Lagomarsino, y otro empresario, Claudio Picón.

Ahora el fiscal Domínguez recusó a Arroyo Salgado en la causa por la desaparición del financista para asegurar la imparcialidad en esa investigación. La justicia porteña investiga varios depósitos en esa cuenta, entre ellos uno de 150 mil dólares que hizo Stefanini.

Damián Carlos Stefanini, desapareció el 17 de octubre de 2014. Fue a supervisar la construcción de yates en San Fernando y hasta hoy no se sabe qué ocurrió con él.

Nadie conoce el vínculo entre Stefanini y Nisman, se habló de una mesa de dinero, una cueva para sacar dólares del país o un negocio oculto. Pero los 150.000 dólares plantean una relación entre el fiscal muerto y el empresario desaparecido.

20 oct 2015

EVASIÓN DE CAPITALES

Luxleaks

La UE impone este miércoles multas por ventajas fiscales a grandes firmas
Starbucks y Fiat son las primeras compañías multadas dentro de un proceso más amplio .Bruselas investiga el trato fiscal a Apple
Bruselas 20 OCT 2015

Margrethe Vestager fotografía a los periodistas tras una conferencia de prensa en Washington el 16 de abril pasado. / GARY CAMERON (REUTERS)

La Comisión Europea tiene ya listo el primer castigo a grandes empresas por haberse beneficiado de un esquema fiscal considerado abusivo. La autoridad de Competencia anunciará mañana miércoles multas a Starbucks en Holanda y Fiat en Luxemburgo por haberse ahorrado facturas millonarias de impuestos en la UE gracias al traje a medida que le proporcionaron los Gobiernos de esos países, según una información adelantada por el diario británico Financial Times .

La sanción a estas dos empresas constituye la primera fase de un proceso que implica a más compañías. Además de Starbucks y Fiat, Bruselas investiga formalmente a Apple y a Amazon en Irlanda, así como todo el entramado fiscal para grandes firmas en Bélgica. Y más allá de esas investigaciones formales, la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, ha pedido datos adicionales a un buen número de países –entre ellos España- para determinar si los generosos marcos fiscales que ofrecen a sus compañías (tax rulings, por su denominación inglesa) resultan selectivos y, por tanto, violan la libre competencia.
Aunque no está clara la magnitud de las multas que impondrá mañana la Comisión –el diario británico habla de menos de 30 millones de euros en el caso de la estadounidense Starbucks y de más penalización a la rama financiera de Fiat en Europa—, la decisión busca sentar un precedente para disuadir a Gobiernos y grandes firmas de acordar estos tax rulingsmás que asfixiar con la sanción.

Consciente del impacto de estas medidas en los Estados que dieron vía libre a los trajes fiscales a medida, Vestager ha mantenido contactos con los Gobiernos afectados. La semana pasada se reunió con el ministro de Economía de Holanda (país que ha permitido a Starbucks tributar al mínimo) y presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, según ha podido saber este diario. Las fuentes consultadas revelan también presiones de Estados Unidos, país del que provienen muchas de las multinacionales beneficiarias de estos esquemas.

Pese a que el Ejecutivo comunitario ya seguía la pista a algunas de estas prácticas, fue la revelación periodística Luxleaks, que desveló cientos de acuerdos fiscales ventajosos brindados por Luxemburgo para que las compañías fijasen su sede fiscal allí a cambio de reducir casi completamente su factura fiscal, la que ofreció el grueso del material a Bruselas. La posibilidad que tienen las sociedades de hacer todo tipo de transferencias entre filiales les permite eliminar o reducir al mínimo la tributación en los territorios de mayores gravámenes para pagar impuestos en países con fiscalidad más ventajosa. Como resultado de esas prácticas, casi todos los países se han lanzado a una competencia fiscal consistente en ofrecer a las compañías un pago de impuestos muy reducido para que al menos se queden en el país y las arcas públicas se beneficien mínimamente de su actividad.

Bruselas considera que en principio los acuerdos fiscales con empresas no tienen por qué ser ilegales. Solo lo son si resultan selectivos porque entonces impiden a otras compañías competir en igualdad de condiciones. La línea que separa ambas prácticas es, en todo caso, muy tenue, ya que la mayoría de tax rulings son, por definición, selectivos al aplicarse a unas empresas y no a otras.

Las consecuencias de multar a las compañías resultan, además, paradójicas. Porque los Estados bordean la legalidad –o la transgreden, como en estos dos casos- al permitir a las compañías una carga tributaria excesivamente baja, pero, a la postre, son ellos quienes cobran la sanción que se les impone a las empresas beneficiaras de esos esquemas. Así que no arriesgan nada al promover acuerdos que conculcan las reglas de la competencia

NAZIS : PEGIDA EN ACCION

LA CRISIS DE LOS REFUGIADOS

20.000 alemanes exigen en la calle “deportaciones masivas inmediatas”.El movimiento xenófobo se radicaliza impulsado por la crisis migratoria
LUIS DONCEL 
Dresde 20 OCT 2015 


Miles de simpatizantes de Pegida se manifiestan en Dresde / ROBERT MICHAEL (AFP) (REUTERS/LIVE)
Las dos Alemanias se enfrentaron este lunes en las calles de Dresde. Dos días después del atentado xenófobo contra la nueva alcaldesa de Colonia, unas 20.000 personas celebraron el primer cumpleaños del movimiento islamófobo Pegida con un discurso endurecido que pide “deportaciones masivas inmediatas”. Separados por un millar de policías, en torno a 15.000 manifestantes proasilo reclamaban “corazón en lugar de odio”. Pegida vuelve reforzado por la oleada migratoria que preocupa a todo el país. “¡Merkel, fuera!, ¡Merkel fuera!”, rugían.

Hace justo un año que unos cuantos ciudadanos de Dresde —la capital de un Estado que tiene solo un 2,2% de extranjeros— salieron a la calle hartos de lo que consideraban un proceso evidente de “islamización de Occidente”. En su apogeo, los autodenominados “patriotas europeos” de Pegida llegaron a reunir a 25.000 hombres y mujeres furiosos. Protestaban contra las élites políticas y por asuntos como las políticas de género, pero sobre todo les unía un rechazo radical a la política de asilo alemana, especialmente si beneficiaba a musulmanes.


Un manifestante de Pegida, herido grave

Un manifestante acudió la semana pasada a la marcha de Pegida con dos horcas con el nombre de la canciller Angela Merkel y del vicecanciller Sigmar Gabriel —este último, mal escrito—. Tras abrir diligencias para investigar si los patíbulos de madera para los dos líderes constituía un delito, la Fiscalía de Dresde recibió correos electrónicos con amenazas de muerte.

Ayer no apareció el patíbulo, pero sí una fotografía de Merkel con un disfraz de nazi, una imagen que se hizo habitual en manifestaciones en países como Grecia, pero no en Alemania.

La concentración de ayer acabó con altercados entre los manifestantes de Pegida y los proasilo. La policía informó a última hora de que un manifestante de Pegida había resultado herido grave tras ser atacado por unos desconocidos.

Tras una época de declive, vuelven más radicalizados. Sus proclamas antiinmigración son más directas que entonces. A la marcha de ayer —en la que la proporción de grupos de hombres jóvenes con caras de pocos amigos había aumentado respecto a un año atrás— acudieron representantes del partido xenófobo italiano Liga Norte y de fuerzas análogas británicas y checas. Y, sobre todo, Pegida vuelve en una coyuntura mucho más inflamable. Sus impulsores sienten que la llegada masiva de refugiados ha confirmado las tesis que ellos defendían. Tommy Robinson, de la Liga de la Defensa Inglesa, alerta a los oyentes de que las “invasiones musulmanas” actuales suponen un reto para la civilización europea a la altura de las cruzadas.

Nadie sabe a ciencia cierta cuántos refugiados llegarán este año a Alemania, pero sea la cifra que sea —800.000, un millón o incluso 1,5 millones, según los cálculos más alarmistas—, la ola de refugiados ha situado al país ante un desafío histórico. Y frente a la tesis de la canciller Angela Merkel —que sostiene que Alemania es un país fuerte que va a saber salir de esta— las 20.000 personas que ayer llenaban la plaza de la Ópera de Dresde, según las primeras estimaciones aún no oficiales, exigían acabar con “el cuento de hadas romántico” que cuentan los políticos; y aplicar de inmediato “deportaciones masivas”, según el decálogo de peticiones con el que convocaron la marcha.



La protesta frente a la ópera donde Richard Wagner estrenó, entre otras obras, Tannhäuser, es solo un síntoma. Quizás sea su parte más ruidosa y menos estética, pero refleja una intranquilidad que afecta a capas mucho más amplias de la población. Distintas encuestas mostraban en 2014 que entre un tercio y la mitad de los alemanes compartían algunos postulados de Pegida.
Y la situación desde entonces ha empeorado. Solo así se explica que la hasta ahora intocable Merkel caiga en las encuestas por debajo de colegas que muestran un perfil mucho más duro contra los refugiados. O que el partido populista de derechas Alternativa para Alemania, que hace unos meses parecía consumido por sus luchas intestinas, sea el gran beneficiado de la crisis migratoria que monopoliza el debate político en Alemania. Si hace unos meses caía por debajo del 5% —el umbral necesario para obtener representación parlamentaria—, algunas encuestas le dan una intención de voto superior al 7%.
“La punta del iceberg”

Antes de la protesta, desde su despacho de la Universidad Técnica de Dresde, el politólogo Werner Patzelt aseguraba que las manifestaciones de Pegida constituyen tan solo “la punta del iceberg” de lo que está ocurriendo en Alemania.
“Una parte importante de la población respalda algunas de sus ideas. No apoyan a sus líderes relacionados con la ultraderecha ni sus proclamas más radicales, pero sí ideas como que Alemania debe mantener su esencia o no es viable seguir acogiendo a todos los refugiados que lleguen”, asegura este politólogo, un gran crítico de la política de puertas abiertas de la canciller Merkel. Según una investigación que elaboró su departamento, un cuarto de los participantes en las marchas de Pegida se identificaba como de extrema derecha o radical. Los tres cuartos restantes se veían a sí mismo tan solo como ciudadanos furiosos con la evolución del país.

El apelativo de “extrema derecha” lo usó el domingo por la noche el ministro del Interior alemán, Thomas de Maizière, para referirse a los que acuden a las llamadas de Pegida. El titular de Justicia, Heiko Maas, añadió ayer que el movimiento xenófobo “siembra el odio que después se convierte en violencia”, días después de que un militante de ultraderecha atacara con un cuchillo a la candidata a la alcaldía de Colonia, Henriette Reker, la víspera de las elecciones que ganó el domingo. “¿Cree que tengo cara de nazi? Estoy aquí porque creo que la política del euro y de refugiados es una locura. No tengo nada que ver con la ultraderecha”, respondía Torsten Knesse, uno de los pocos asistentes que aceptó ayer hablar con EL PAÍS.