3 oct 2014

SIN CHANCES, A PURO CINISMO

Lacalle promete “abrir” el Mercosur y Bordaberry derogar ley de marihuana

lacalle bordaberry

Luis Lacalle Pou dijo ayer ante empresarios y políticos argentinos que su eventual gobierno dará garantías jurídicas al tiempo que anunció que, de ser presidente, la relación de Uruguay con Argentina no dependerá de las simpatías entre gobernantes.
De la misma forma hablando de su gestión y programa de gobierno dijo que su objetivo no es solo atender a los más necesitados, sino a los de clase media que recién salieron de la pobreza, afirmó en una alocución que duró casi 50 minutos.
La disertación y almuerzo tuvo lugar en el hotel Alvear del barrio La Recoleta y fue organizada por el Congreso Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) de aquel país a un costo de 200 dólares el cubierto. Entre políticos de Argentina pudo verse al líder del Frente Renovador y candidato a la presidencia del país vecino, Sergio Massa, que fue duramente criticado en aquel país por faltar en ese momento a la sesión del Parlamento argentino, en la que se estaba debatiendo el proyecto de nuevo Código Civil y Comercial, debate que él había impulsado. También se encontraba el senador y precandidato a presidente radical Ernesto Sanz y el político uruguayo y ex embajador Alberto Volonté, que encabezó el brindis final en honor al invitado. Entre los empresarios porteños estaban Martín Eurnekian e integrantes de la familia Bulgheroni.
“También había empresarios uruguayos, habló de economía, del Mercosur, dijo que el relacionamiento con Argentina no puede depender de las simpatías de los presidentes y también repasó su Programa de Gobierno en cuanto a políticas sociales y seguridad humana”, dijo a LA REPÚBLICA el diputado nacionalista Álvaro Delgado, que acompañó a Lacalle al vecino país. También lo acompañó Lorena Ponce de León, su esposa, Azucena Arbeleche, su candidata a ministro de Economía, Pablo Da Silveira, candidato al Ministerio de Cultura, el candidato a la vicepresidencia Jorge Larrañaga, Conrado Hughes, ex jerarca de la OPP en el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera y otros integrantes de su equipo. También concurrieron representantes de la Cámara de Comercio Uruguaya, la Asociación Rural, la Cámara de Industrias y la Unión de Exportadores.
En cuanto al funcionamiento del Mercosur, Delgado contó a LA REPÚBLICA que “apuntó que hay que mejorar las relaciones con Argentina” y si le toca ganar en la primera semana estará mandando una delegación para eso. También propuso que haya tribunales en el Mercosur, y la posibilidad de hacer acuerdos para los países integrantes del Mercosur con otros países extrarregión”, contó el parlamentario nacionalista.
Luego aseguró que si bien buscará acuerdos para lograr mayorías parlamentaria no cambiará sus objetivos e ideas fundamentales, “la negociación no puede hacer que nos transformemos en lo que no somos”, dijo.
Clase media y pobreza
Hablando de su gestión y programa de gobierno dijo que su objetivo no es solo atender a los más necesitados, sino a los de clase media que recién salieron de la pobreza, afirmó en una alocución que duró casi 50 minutos.

Bordaberry: Ley de legalización de la marihuana tiene los días contados

El candidato presidencial del Partido Colorado, Pedro Bordaberry sostuvo que la Ley sobre liberación de la producción y venta de marihuana en Uruguay será derogada una vez que cambie el Poder Legislativo el 1ro. de marzo del año próximo.
El líder colorado dijo que si bien no se ha reunido con dirigentes del Partido Nacional, ambas colectividades ya se han manifestado al respecto y, eventualmente, tendrán la mayoría parlamentaria para hacerlo.
“Nosotros no queremos legalizar la marihuana. Ayer en el Cerrito de la Victoria, las madres nos pedían que no dejáramos legalizar la droga”, contó en el programa “Código País”.
“Tabaré Vázquez dijo que después de la legalización de la marihuana viene la legalización de la cocaína. No”, añadió.
Bordaberry adelantó que la ley de legalización de la marihuana en Uruguay tiene los días contados luego del primero de marzo del año entrante cuando cambie el Poder Legislativo. Para el presidenciable este es un punto clave para combatir la delincuencia.
El líder colorado se refirió a la problemática de la droga en uruguay en el marco del tema inseguridad donde fustigó la gestión del Gobierno y volvió a repetir que la pasta base es “la herencia maldita del Frente Amplio”.
“El auge de la pasta base es en los últimos siete u ocho años y no ha habido una respuesta del Gobierno, sobre todo para recuperar a los adictos de la pasta base. Al adicto a la pasta base hay que ayudarlo a salir, que es terrible para la familia”.
“Y esto es una herencia del Frente Amplio que no ha sabido cortar un problema que ha crecido enormemente”.
Para revertir esta situación, Bordaberry advirtió que “hay que evitar que la pasta base ingrese al país”.
“Tenemos que trabajar mucho más en la prevención del ingreso al país. Queremos reforzar los controles de ingreso al país. Reforzando la Fuerza Aérea y sus tareas, la Armada y sus tareas, poner al Ejercito a cuidar la frontera terrestre”.
“También hay que ser inflexible en lo que es la lucha contra las bocas de venta (en los barrios) y contra quienes la financian. Hay que tener una política muy clara: el que está vendiendo pasta base está envenenando a los jóvenes uruguayos lucrando con su vida”.
“Acá hay un problema de concepción. Cuando llegó el Frente Amplio al Gobierno dijo: ‘nosotros no vamos a reprimir. Vamos a disuadir y prevenir’. Y lo que no se dan cuenta es que uno no puede disuadir y prevenir diciendo que no va a reprimir pues si hay un delito hay que agarrar al delincuente y pararlo”.
“Ahora se fueron para el otro lado y centralizan, olvidándose de la prevención y la disuasión. No han sabido encarar una cosa tan seria para un país como es la política de seguridad. Por eso hay que cambiar. Creo que la enorme mayoría de los uruguayos sentimos que estamos mal en materia de seguridad”.
“Hasta hace dos años el promedio de homicidios en Uruguay eran 199. Ese 199 se convirtió en 287. El crecimiento más grande del Uruguay en materia de homicidios”.
El primer cambio que debe haber para Bordaberry es aprobar la reforma constitucional que propone bajar la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años.
“Luego hay que crear un Instituto Penitenciario, como tiene España, sacando las cárceles de la órbita del Ministerio del Interior. La reincidencia es una de las cosas más graves que tenemos”.
Para los reincidentes el Partido Colorado propone que no tengan libertad anticipada ni acceso a salidas transitorias y tengan penas más duras.
“Lo que es seguro es que el Frente Amplio en materia de seguridad no ha tenido buenos resultados. La gestión del Frente Amplio nos deja un 40% más de homicidios y pasamos de 6.800 rapiñas a 20.000. Este año van a haber más de 20.000 rapiñas” informó.
Bordaberry recordó que hace dos años atrás se enfrentó a Bonomi en un debate realizado en Nuevosiglo TV y allí el ministro del Interior, al hablar de las causas de la inseguridad reconoció que “la seguridad no fue prioridad en el gobierno de Tabaré Vázquez”.
“Y obviamente que eso nos ocasionó estos problemas” añadió.

Nuevas manifestaciones en México por los estudiantes desaparecidos

Piden la detención de un alcalde


El gobernador Ángel Aguirre Rivero anunció este miércoles la emisión de una orden de presentación en contra del alcalde con licencia de Iguala José Luis Abarca Velásquez.
De acuerdo con el diario Reforma, autoridades de Guerrero integraron una averiguación previa contra el alcalde por delitos relativos a los hechos de violencia del fin de semana, donde murieron seis personas y otras 17 resultaron heridas.
El gobierno del estado señaló que el martes, después de la sesión de cabildo donde se aprobó la licencia del alcalde, un grupo de agentes ministeriales estuvieron en Iguala para pedirle que se presentara a rendir una declaración ministerial, pero éste no fue localizado.
El funcionario salió del Ayuntamiento junto con su esposa e hijos después de la sesión. Además de José Luis Abarca, se pidió la presentación ante el Ministerio Público (MP) del jefe de Seguridad Pública Municipal, Felipe Flores Velásquez.
En entrevista radiofónica, el gobernador de Guerrero afirmó que los hechos registrados el pasado 26 de septiembre en Iguala pusieron en evidencia que la policía municipal está infiltrada por la delincuencia organizada, particularmente por el grupo conocido como “Guerreros Unidos”.
Las órdenes de presentación se requirieron a partir de que las autoridades guerrerenses desconocen el paradero del primer edil y su jefe de la Policía Preventiva. Se pidió el apoyo de todas las Procuradurías de Justicia del país, para efecto de que colaboren con la búsqueda del presidente, ya que se les considera como probables responsables de actos “completamente deleznables”.
El gobierno de la entidad también ofreció la recompensa de un millón de pesos para quienes ayuden a localizar a los 44 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que permanecen desaparecidos. El operativo de búsqueda de los normalistas se extendió a toda la región Norte de Guerrero y se ofreció el pago de un millón de pesos para quien colabore con su localización.
Marchan madres de normalistas desaparecidos
Por tercer día consecutivo, normalistas y padres de los 44 desaparecidos en Iguala, Guerrero, marcharon por las calles de Chilpancingo, exigiendo su presentación, así como ejercer acción penal contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.
Tras cruzar la ciudad, instalaron un plantón en la puerta principal de Palacio de Gobierno y esperan que las atiendan para solicitar que se refuerce el operativo de búsqueda implementado desde el lunes en la cabecera municipal de Iguala.
En las pancartas que portan los padres de los desaparecidos se leen consignas como “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, “Castigo a los responsables” y “Juicio político a Ángel Aguirre Rivero”.
Tres estudiantes heridos en los ataques ocurridos en Iguala siguen graves, informó el secretario de Salud (Ssa) del Estado de Guerrero, Lázaro Mazón Alonso. El funcionario estatal indicó que tras los hechos violentos en Iguala han brindado ayuda y atención médica a 25 personas.
“En Iguala tenemos dos pacientes graves jóvenes de Ayotzinapa: uno tiene un balazo en la cabeza, otro fue en la nariz y en el maxilar superior, él va a ser trasladado tan pronto sea estabilizado a cirugía plástica a un hospital de la Ciudad de México”, señaló.
“Otro de los jóvenes, también (recibió) un balazo en el ojo y en un brazo. Ese estuvo en el Seguro Social de Iguala, de ahí lo trasladamos al Seguro Social de Acapulco y lo mandamos a un hospital de alta especialidad en Ciudad de México “, precisó.
A otro estudiante más de Ayotzinapa, agregó, se le rompieron los tendones de la mano, pero ya fue operado. Mazón Alonso detalló que en Iguala atienden a un taxista al que una bala le rompió el tobillo y que otro chofer recibió un disparo en la pierna.
Asimismo, reveló que hoy darán de alta a una maestra que recibió un balazo en el brazo y que sufrió una lesión de tobillo.
En tanto, señaló que el director técnico del equipo de futbol de segunda división Los Avispones, Pedro Rentería, permanece hospitalizado, pero evoluciona, y que un joven más fue operado en un hospital privado en Iguala y trasladado a Chilpancingo.
Según el secretario, todos los gastos médicos corren por cuenta del Gobierno estatal.

Organizaciones sociales exigen presentación con vida de normalistas desaparecidos

Más de 70 organizaciones sociales agrupadas a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) exigieron la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos desde el pasado fin de semana.
Además, consideraron que los hechos ocurridos en Iguala “son tan sólo una prueba del clima de violencia e impunidad que reina en el país, y de la ineficiencia de una política de seguridad con perspectiva de derechos”.
En la víspera de la conmemoración del 46 aniversario la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco, la Red TDT llamó a los organismos públicos de derechos humanos llamaron a desplegar “un operativo especial de observación” durante el evento ante el contexto de violencia institucional contra los movimientos sociales.
Por su parte, el Frente por la Libertad de Expresión, de la que forman parte algunas organizaciones de la Red TDT y otras organizaciones, anunció que acompañara a los manifestantes en su marcha, y pidió a las comisiones de derechos humanos nacional y capitalina emitir medidas precautorias para que las procuradurías General de la República y General de Justicia del DF, así como a la Secretaría de Seguridad Pública del DF y a la Policía Federal, “garanticen el libre ejercicio de los derechos humanos de protesta, manifestación pública, de expresión, de asociación, además de respetar los derechos de movilidad, de libertad, de seguridad e integridad personales de los asistentes a las movilizaciones” de este jueves.
En un comunicado firmado por 74 organizaciones sociales de 22 entidades del país se da cuenta de los hechos violentos contra normalistas y ciudadanos de Iguala, Guerrero el pasado 26 de septiembre, los cuales, advierten, son muestra “de la gravedad de la crisis humanitaria que enfrenta el estado Guerrero y de la descomposición de sus fuerzas policiales”.
Tras una narrativa de la secuencia de ataques en los que fueron ejecutados extrajudicialmente tres estudiantes, y otras tres perdieron la vida entre ellas un menor de edad, así como 20 heridos, uno de ellos un normalista con muerte cerebral y 43 desaparecidos, de entre 17 a 25 años, las organizaciones urgieron a la localización de los estudiantes no localizados, incluidos aquellos que fueron detenidos por policías municipales y no fueron puestos a disposición de autoridades competentes.
Al reconocer la detención de 22 policías municipales, las organizaciones condenaron “estos actos de barbarie, que son pruebas fehacientes de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en contra de los estudiantes de la Normal Rural isidro Burgos de Ayotzinapa”, e insistieron en la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos.
“Es urgente que las autoridades estatales y federales lleven a cabo acciones coordinadas extraordinarias para localizar a los jóvenes desaparecidos, especialmente ante el reconocimiento de las detenciones por actores estatales”, apuntaron las organizaciones en su comunicado.
Exigieron a las autoridades estatales y federales que “garanticen de manera inmediata la seguridad e integridad de los 43 estudiantes desaparecidos, se presenten con vida a la brevedad, y se garanticen el derecho a la verdad, justicia y reparación para todas las víctimas de esta masacre y sus familiares, así como la atención integral, médica y psicológica de los estudiantes heridos y de los que interpusieron denuncias”.
Preocupadas por el “clima de violencia e impunidad que reina en el país”, las organizaciones civiles exigieron “castigo a los responsables por acción y omisión por esta masacre en el que la ejecución extrajudicial y la desaparición se utiliza como método de control social contra la población estudiantil, por exigir sus derechos”.
Frente a ese escenario represivo hacia los estudiantes y en el contexto de las movilizaciones sociales para recordar la matanza del 2 de octubre de 1968, la Red TDT hizo un llamado a los organismos públicos estatales y nacionales de derechos humanos a desplegar un operativo especial de observación.
Asimismo recordaron la obligación del Estado mexicano de dar garantías de seguridad para los defensores de derechos humanos para realizar su labor de acompañamiento a víctimas y anunciaron que estarán pendientes de la situación de estudiantes desaparecidos así como de las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.
En tanto las organizaciones integradas en el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, así como el Comité Jurídico y de Derechos Humanos 132 y el Colectivo del Tribuno Popular, pidieron a las comisiones de derechos humanos nacional y del DF medidas cautelares para que autoridades federales y de la Ciudad de México garanticen los derechos de los manifestantes de las movilizaciones de este jueves 2, y que serán monitoreadas por el Frente.
En un comunicado informaron también de la presentación de 20 demandas de amparo “en contra de disposiciones de la Ley de Movilidad del Distrito Federal que imponen la obligación de aviso previo por escrito con al menos 48 horas antes de una manifestación, prohíben de manera absoluta el uso de vías primarias y habilitan facultades discrecionales a la policía para el uso de la fuerza”.
Los amparos que representan a 14 mil personas, entre ellas miembros de sindicatos, colectivos estudiantiles, periodistas y organizaciones de derechos humanos, han tenido respuesta en los juzgados federales.
Señalaron que “en días recientes, el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal concedió dos suspensiones provisionales que protegen a colectivos estudiantiles contra estas disposiciones hasta que se resuelvan los juicios correspondientes”, lo que consideran como “un precedente importante en la protección del derecho a la protesta” en la capital de la república.
Al recordar que del primero de diciembre de 2012 y diciembre de 2013, como resultado de manifestaciones sociales en la ciudad, fueron privados de la libertad por lo menos 294 jóvenes, los integrantes del Frente exhortaron a la SSP-DF “a abstenerse de aplicar el Protocolo de Actuación Policial para el control de Multitudes, ya que además de legitimar el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública, contempla disposiciones que contravienen el principio de presunción de inocencia, el derecho a la libertad y seguridad personales, e impone restricciones injustificadas al derecho a la manifestación pública y a la protesta social”.

Gabriel Boric hace pública la nómina de diputados que reciben aportes reservados y los montos destinados a sus campañas

CHILE : Denuncia en el marco del caso Penta

Ernesto Silva, diputado de la UDI es el que encabeza la lista, con un total de 268.249.000 pesos recibidos en “aportes reservados” para su campaña electoral.

ANGELA BARRAZA RISSO· 

Gabriel Boric
Gabriel Boric, diputado por magallanes y ex dirigente estudiantil, liberó hoy, en su cuenta de twitter, las imágenes de la nómina de diputados y los aportes reservados que recibieron en sus campañas políticas. Estos datos son entregados por el SERVEL.
Además,señaló que: “Espero que el gobierno no intente bajar (la) indicación que termina con (los) aportes reservados y de empresas, y que por cierto, el Senado la apruebe”, a través de la misma vía.
En otro mensaje, agregó que “Sería impresentable que después de los antecedentes que están saliendo a la luz, no se apruebe (la) prohibición de aportes reservados y de empresas”.
Boric dio a conocer esta información entre sus pares de la corporación, en el marco del caso Penta, que ha dejado en evidencia las malas prácticas que nuestros políticos han ido adquiriendo para financiar sus campañas, bajo el pretexto de que, al fortalecer las candidaturas y los partidos, se consolida la democracia. ¡Que locura!
Afortunadamente la cámara baja se encuentra ad portas de votar la indicación de ponerle fin al sistema binominal, presentada por Vlado Mirosevic y el mismo Boric.
Hay que mencionar que son 16 los diputados que hicieron campaña sin recibir aportes reservados, entre los que él se encuentra.

Los top del ránking
Ernesto Silva                      UDI                268.249.000
Felipe Kast                          Evopoli         217.832.465
Nicolás Monckeberg         RN                 186.800.000
Juan Antonio Coloma      UDI                169.651.782
Javier Macaya                   UDI                144.666.000
Joaquín Godoy Ibáñez     Amplitud     132.000.000
Jaime Bellolio                    Amplitud     128.166.000
Gustavo Hasbún                UDI              123.485.977
María José Hoffmann      UDI              117.264.190
Patricio Melero                  UDI              110.419.000
Pedro Browne                    Amplitud    105.300.001
Arturo Squella                   UDI              97.206.964
Joaquín Lavín León         UDI               94.675.400

Pero también tenemos la otra cara de la moneda y acá están los nombres de los 16 diputados que hicieron campaña sin aportes reservados:

Vlado Mirosevic Verdugo – P. Liberal
Hugo Gutiérrez Gálvez – PCCh
Marcela Hernándo Pérez – PRSD
Lautaro Carmona Soto – PCCh
Daniel Núñez Arancibia – PCCh
Karol Cariola – PCCh
Ramón Farías Ponce – PPD
Camila Vallejo – PCCh
Daniel Melo Contreras – PS
Guillermo Teillier – PCCh
Leonardo Soto Ferrada – PS
Denise Pascal Allende – PS
Felipe Letelier Norambuena – PPD
Sergio Aguiló Melo – IC
Loreto Carvajal Ambiado – PPD
Gabriel Boric Font – Independiente
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2 oct 2014

Asesinan a diputado del PSUV Robert Serra


El diputado Robert Serra del PSUV fue asesinado la noche del miércoles en Caracas (capital), según confirmó el ministro del Poder Popular de Interiores, Justicia y Paz.



El diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Robert Serra, fue hallado muerto en su residencia en La Pastora, Caracas. (Foto: Archivo)
 2 octubre 2014

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Robert Serra, fue hallado muerto este miércoles en su residencia ubicada en la parroquia La Pastora del municipio Libertador de Caracas, informó el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres.

En declaraciones a la televisora estatal venezolana VTV, Rodríguez Torres dijo que el móvil del suceso será informado cuando hayan avanzado con las investigaciones. "Hasta el momento no podemos dar mayores detalles del suceso, haremos una investigación exhaustiva para dar con los responsables", aseguró.

Robert Serra: Juventud y liderazgo revolucionario

El ministro indicó que el asesinato ocurrió alrededor de las 10:30 de la noche y producto del ataque también perdió la vida la esposa del parlamentario, María Herrera.

Asimismo, pidió a todos los venezolanos, y a los militantes del PSUV, mantener la calma ante el suceso y aseguró que darán en las próximas horas con el móvil de este vil hecho.

Por su parte, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó a través de su cuenta en Twitter que Juan Carlos Tabares y Johana Peña serán los encargados de dirigir la investigación del asesinato del diputado Serra y su compañera María Herrera.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y el titular de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, también lamentaron el asesinato e instaron al pueblo venezolano a confiar en las autoridades.

Robert Serra era un abogado de 27 años, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), y postgraduado en Criminalística. Era el diputado más joven de los que se encuentra en el Parlamento Nacional, nacido en Maracaibo estado Zulia.

La investigación de CIPER Chile que involucra a Jovino Novoa en el caso PENTA



Caso PENTA

Lo que empezó como una investigación tributaria amenaza con transformarse en escándalo político. A los ex candidatos que han sido nombrados como receptores de donaciones del grupo Penta –los UDI Von Baer, Golborne, Zalaquett y Moreira, y el independiente Andrés Velasco– se suma ahora el ex senador Jovino Novoa, quien es mencionado como el que decidía quién recibiría los fondos en el gremialismo. La investigación de la arista política deberá determinar cuántas de esas platas corrieron por canales legales y cuántas siguieron una vía paralela.

ANGELA BARRAZA RISSO·




El caso PENTA es paradigmático por lo que representa. Ha dejado en evidencia la estrecha vinculación de nuestros políticos con las empresas a través de los financiamientos de campañas, más allá de que sean legales o no, los aportes que reciben. Es más, hoy en CNN, Jacqueline van Rysselberghe Herrera, senadora de la UDI, dijo en una entrevista que los aportes reservados que entregan las empresas a las campañas “no son tan reservados” porque “una intuye, sabe, conversa” con los empresarios, más allá de si efectivamente involucran los montos acordados.

Y ahora CIPER Chile publica esta notable investigación en la que siguen apareciendo nombres. En esta oportunidad destaca el de Jovino Novoa quien es identificado como la persona que decidía a qué candidatos se les asignaban los recursos del grupo PENTA y que la más favorecida por sus decisiones habría sido Ena von Baer.

Acá el cuento es claro: recibir platas de las empresas para financiar campañas es comprometer intereses y deber favores a la hora de legislar, como bien lo dijo van Rysselberghe, indicando que ella sospechaba que determinado personaje de una empresa X podía estar interesado en financiar su campaña porque, por ejemplo, tenía la misma visión que ella respecto del matrimonio homosexual y que, por lo tanto, era evidente que podría estar interesado en “tener a una persona con una postura similar a la suya en el congreso”. ¡Corta! Esto es un tema moral, pero ¿qué pasa con temas como las concesiones hospitalarias, que están tan cuestionadas? ¿o con la reforma tributaria? Claramente nuestros legisladores de la UDI están haciendo la pega para el sector económico-empresarial y la gente que creyó en la UDI popular que siga haciendo el aseo.

La caja negra de las platas políticas que sacude a la UDI

El miércoles 23 de julio la discusión se prolongó más de lo habitual entre los diputados que revisaban el proyecto de ley que modifica el sistema electoral binominal. Esa tarde, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, los diputados Vlado Mirosevic (Partido Liberal) y Giorgio Jackson (Revolución Democrática) presentaron indicaciones que cambiarían el foco del debate político, al prohibir los aportes reservados de dinero a las campañas electorales, así como las donaciones de empresas. Cinco días después, el lunes 28, fallecía a los 68 años el martillero público y ex “ayudista” de la CNI, Jorge Luis Valdivia Rodríguez. Entre ambos sucesos parece no haber conexión, pero poco antes, cuando el cáncer que lo aquejaba ya estaba avanzado, Valdivia había realizado una declaración judicial que en pocas semanas transformaría un juicio tributario en una investigación al corazón de las zonas oscuras del financiamiento de la política.



Fue un eslabón más de una cadena de delaciones que tendría como primer herido al grupo Penta, cuyos dueños Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín fueron acusados a fines de agosto por el Servicio de Impuestos Internos (SII) de evasión tributaria. Délano y Lavín administran uno de los grandes imperios económicos del país y están entre los más conocidos financistas de la UDI. Fue un ex ejecutivo de Penta,Hugo Bravo, quien al verse involucrado en la investigación arrastró a ese partido. El foco del fiscal jefe de Delitos de Alta Complejidad, Carlos Gajardo, a cargo del caso, está hoy puesto en presuntas donaciones secretas y fuera del procedimiento legal realizadas principalmente a candidatos parlamentarios de la UDI y también al precandidato presidencial independiente Andrés Velasco.

Nuevos antecedentes indagados por CIPER dan cuenta de que las denuncias llegan al núcleo del gremialismo, pues entre las imputaciones de Bravo aparece la figura del ex senador e histórico “coronel” de la UDI, Jovino Novoa, a quien se individualiza como la persona que decidía a qué candidatos debían asignarse las platas de Penta. De acuerdo a esa versión, la senadora Ena Von Baer fue una de las más favorecidas por las supuestas decisiones de Novoa. Un rol importante en este esquema habría tenido también el ex senador UDI Carlos Bombal, quien ahora trabaja en el grupo Penta. Novoa, actual presidente de la Fundación Jaime Guzmán, declinó responder las consultas de CIPER, pero sus cercanos dijeron estar seguros de que nunca ha operado como correa transportadora de platas reservadas para campañas.

Los otros candidatos que están siendo indagados son el ex alcalde de Santiago y ex candidato a senador Pablo Zalaquett, el ex ministro y ex precandidato presidencialLaurence Golborne, y el actual senador Iván Moreira. Los tres han negado públicamente haber cometido alguna irregularidad. Lo mismo hizo el presidente de la UDI, Ernesto Silva, quien además es sobrino de uno de los controladores del grupo Penta, Carlos Alberto Délano. Este lunes 29, el diputado Silva argumentó que todas las cuentas de gastos electorales fueron aprobadas por el Servicio Electoral (Servel) y dio por cerrado el tema. Lo cierto es que si bien todo indica que algunas de las donaciones se hicieron a través del Servel y son legales, también se han detectado aportes que no se hicieron por esa vía, por lo que la labor de la fiscalía será determinar exactamente quiénes cometieron alguna irregularidad.

La indagatoria pone en una difícil posición pública al gremialismo, ya que en este partido están los más férreos defensores de mantener la reserva de las donaciones políticas y ahora destacadas figuras de la tienda han sido mencionadas como receptoras de dineros que podrían tener origen oscuro. Hace sólo unos días el senador Hernán Larraín advertía que transparentar las donaciones políticas podría hacer que muchos “prefieran el camino de la oscuridad” y ahora, tras las acusaciones, salió a defender la integridad del grupo Penta a través de una carta publicada por El Mercurio.



No menos complicado está Andrés Velasco. Políticamente, no se ve bien que un candidato que se dice de centro izquierda reciba platas del principal financista de la UDI, pero mucho más compleja aún es la posibilidad de que más encima esos fondos no hayan seguido los canales legales, luego de enarbolar la bandera de la transparencia en la política. Aunque Velasco está fuera de Chile, sus colaboradores aún están haciendo un arqueo de documentos para intentar detectar cualquier vínculo con el grupo Penta.

Esta arista política de la investigación tributaria recién comienza a develarse. Está por verse si golpea mortalmente al cuestionado modelo de financiamiento de las campañas políticas, al que Mirosevic y Jackson quieren introducir mayor transparencia y que ha permanecido inalterable para comodidad de los partidos de todo el espectro desde que se creó en 2003, tras el escándalo del caso MOP-Gate.
LAS PLATAS NEGRAS DE LA POLITICA

El hombre que puso a la UDI en la mira de la fiscalía es Hugo Bravo López, un ejecutivo de confianza de los Penta, que incluso llegó a ser gerente general del grupo. Fue él quien declaró ante el fiscal Carlos Gajardo que ese grupo hizo aportes para financiar campañas electorales. Y eso se hizo, dijo, no sólo a través de las vías dispuestas por la ley electoral, sino también mediante aportes de “platas negras” que quedaron lejos del escrutinio del Servel.

El ex ejecutivo de Penta no sólo entregó los nombres de los ex candidatos favorecidos con los aportes, sino que añadió un antecedente que, de confirmarse, puede ser demoledor para la UDI. Porque ante la fiscalía afirmó que existiría un sistema de recaudación para las campañas del gremialismo totalmente divorciado de las normas que regulan el financiamiento de la política. Bravo declaró que Penta habría puesto una millonaria suma directamente a disposición del partido y que una de las figuras más emblemática de la UDI, el ex senador Jovino Novoa, habría sido el encargado de distribuirla entre las candidaturas que la colectividad priorizaba. Con esta acusación de Bravo, por primera vez en un proceso judicial se detalla una de las fórmulas con las que un partido habría hecho caja para una campaña para luego repartir lo recaudado.



Hugo Bravo López, las empresas Penta y los políticos involucrados aterrizaron en el expediente que lleva el fiscal Carlos Gajardo por una inesperada carambola. Lo que Gajardo estaba investigando era una denuncia del SII por un fraude al mecanismo del Fondo de Utilidades Tributarias (FUT) que permitió a diversos contribuyentes obtener millonarias devoluciones de impuestos indebidas. Para acceder a ese beneficio los contribuyentes se coludían con funcionarios del SII que modificaban sus declaraciones de renta una vez que estas ingresaban a Impuestos Internos, a objeto de que quedaran habilitadas para obtener devoluciones del FUT. Uno de estos funcionarios era Iván Álvarez. Al declarar ante la fiscalía, Álvarez reveló que el martillero Jorge Luis Valdivia reclutaba contribuyentes dispuestos a participar en el fraude. Y Valdivia fue la hebra que tiró el fiscal Gajardo y que lo llevó hasta la madeja en la que figuran Bravo, Penta y los ex candidatos involucrados.

Sin las declaraciones de Valdivia y Álvarez, posiblemente los abogados del SII y la fiscalía no hubieran llegado jamás hasta el nombre de Bravo, el millonario ingeniero comercial y hasta ese momento director de empresas del grupo Penta.

Hugo Bravo López, montado en su Porsche y con una billetera de $20.000 millones en el mercado de capitales, se enredó en el fraude al FUT reclutado por Valdivia, su amigo por décadas. A través del ex martillero, logró que se modificaran las declaraciones de renta de dos de sus sociedades, gracias a lo cual el fisco le devolvió $260 millones de manera indebida.

Una vez que la fiscalía le puso las manos encima, Bravo fue rápidamente expulsado de los sillones de directorio de las empresas Penta, en un inútil intento de evitar que el escándalo salpicara al grupo que encabezan Délano y Lavín. Su desvinculación se anunció el 17 de julio pasado en un hecho esencial comunicado a la Superintendencia de Valores y Seguros.

En un abrir y cerrar de ojos, Bravo se quedó sin los $ 25 millones que recibía mensualmente como remuneración -de los cuales $5 millones serían bonos cancelados con boletas de familiares para evadir impuestos- y arriesgando hasta 15 años de cárcel. Lo más complicado para el ex ejecutivo, es que se quedó sin respaldo de sus antiguos amigos y empleadores. En esa adversa circunstancia, Hugo Bravo se dispuso a colaborar con la fiscalía. En agosto pasado le pagó al Fisco $ 1.098.626.952, correspondiente a lo defraudado más intereses y multas. Después se dispuso a entregar la información clave que manejaba.

Inicialmente, Bravo involucró a los dueños de Penta, de quienes dijo que también habían evadido impuestos mediante la presentación de boletas de honorarios de sus esposas por trabajos que jamás se hicieron. Luego, envió al frente a los candidatos que presuntamente recibieron dineros bajo cuerda desde Penta para sus campañas. También declaró que algunos de esos aportes electorales se hicieron mediante el pago de boletas extendidas por personas de confianza de los candidatos, las que se apuntaban en la contabilidad de Penta como honorarios por trabajos que en realidad no se habrían realizado. De hecho, diversas versiones de prensa indican que el chofer del senador Moreira ya declaró ante la fiscalía para explicar por qué figura con una boleta extendida a Penta por varios millones de pesos.

Hasta el momento, la investigación por el fraude al FUT tiene a 125 formalizados: seis contadores, dos ex funcionaros del SII y el resto contribuyentes que usaron a sabiendas el método para defraudar que había ideado Iván Álvarez. Sin embargo, las pesquisas hacia el interior del SII no se han detenido y hay indicios de que los funcionarios involucrados en el fraude serían cuatro o cinco.

Todos los involucrados caen bajo la figura del artículo 97 número 4 del Código Tributario que persigue a quienes realicen “declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda o la omisión maliciosa en los libros de contabilidad (…), la adulteración de balances o inventarios o la presentación de éstos dolosamente falseados, el uso de boletas, notas de débito, notas de crédito, o facturas ya utilizadas en operaciones anteriores, o el empleo de otros procedimientos dolosos encaminados a ocultar o desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas o a burlar el impuesto”.

La misma norma especifica que quien “simulando una operación tributaria o mediante cualquiera otra maniobra fraudulenta, obtenga devoluciones de impuesto que no le correspondan, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado medio”, que va desde 3 años y un día a 15 años.

Adicionalmente, la Fiscalía de Delitos Complejos de Ñuñoa abrió desde el año pasado una investigación por lavado de activos en relación al fraude al FUT. El lavado de activos requiere de un delito base para sostenerse jurídicamente y esa figura sería el cohecho o coimas pagadas a funcionarios públicos, en este caso al ex inspector Álvarez del SII.
EL PAPEL CLAVE DEL SII

El fiscal Carlos Gajardo, quien hasta ahora ha manejado el caso en completa reserva, realizó una sorpresiva rueda de prensa durante la tarde de este martes 30. Fiel a su estilo, no negó ni confirmó la existencia de una arista política en la investigación del FUT, y sólo reconoció en general la existencia de “algunos hallazgos que pueden ser constitutivos de delito en términos tributarios”.



El vínculo entre los delitos tributarios y las platas políticas se debe a que supuestamente se entregaron fondos contra factura por servicios que nunca se prestaron. El más complicado es el senador Moreira, pues existen correos electrónicos que lo involucran y las boletas habrían sido emitidas por su chofer. Moreira negó cualquier irregularidad y según The Clinic su chofer habría declarado ante el fiscal que realizó trabajos eléctricos por $10 millones para el grupo Penta, lo que justificaría las boletas.

Gajardo informó que todos los antecedentes se pusieron en conocimientos del SII para que decida si se querella o no, ya que la fiscalía sólo puede indagar delitos tributarios si previamente existe una acción de dicho organismo. Se espera que esta misma semana el SII resuelva si iniciará acciones legales, pero todo indica que sí lo hará.

Cuando el fiscal Gajardo expresó que sólo puede seguir investigando si Impuestos Internos se querella, no sólo hacía una precisión legal. Su declaración presiona al SII para que adopte una resolución pronto, pues en los inicios del caso el organismo tributario incurrió en una inexplicable dilación que podría haber sepultado la indagatoria.

El SII detectó los primeros fraudes en 2010, pero no se querelló hasta agosto de 2013. La demora quedó expuesta en un correo electrónico suscrito por la ex jefa de Litigación del SII, Marisa Navarrete Novoa, quien al despedirse de sus compañeros de trabajo se quejó por este retraso y acusó que se habían manipulado fechas en los informes internos del servicio.

La demora se dio justo en medio de la polémica que envolvía al SII y su máximo jefe, Julio Pereira, por la condonación de US$ 100 millones de dólares en impuestos a Johnson’s. Que aparecieran inspectores involucrados en un fraude fiscal era otro golpe para la institución. Tuvo que mediar una petición de antecedentes de la fiscalía para que el SII finalmente hiciera la denuncia el 13 de agosto de 2013 contra 122 contribuyentes, contadores y ex funcionarios, los que finalmente fueron formalizados en marzo pasado.
LOS PERSONAJES DE LA TRAMA

Un “efecto dominó” es el que finalmente llevó a destapar la insospechada arista política del caso fraude al FUT. Todo partió con un contribuyente que denunció ante el SII que el contador Sergio Díaz Córdova le había ofrecido un negocio ilícito para recibir devoluciones de impuestos. El cruce de información llevó a detectar a otros cinco contadores que realizaban estas maniobras: Juan Carlos Prieto, Orlando Carvajal, Hernán Díaz, Francisco Sivit y Horacio Mayquel.

Viéndose descubierto, Sergio Díaz se autodenunció y entregó el siguiente nombre clave: el inspector del SII Iván Álvarez Díaz. El funcionario, que renunció a su trabajo el 13 de diciembre de 2012, resultó ser el creador del sistema defraudatorio. Álvarez comenzó a entregar información. Mencionó a Jorge Luis Valdivia y a Hugo Bravo, como sus clientes.

De allí había un paso para que Valdivia decidiera contar lo que sabía. Lo interrogaron y no sólo declaró, sino que entregó un disco con información a la fiscalía. A los pocos días falleció.



El 29 de julio pasado, las oficinas de Hugo Bravo en Penta fueron allanadas por la fiscalía e incautados documentos y computadores. Casi un mes después, el 26 de agosto, el SII interpuso la denuncia contra los dueños de Penta, Délano y Lavín, por supuesto uso de boletas falsas de sus esposas para rebajar impuestos de la sociedad de Inversiones Penta III Ltda. La acción también fue dirigida contra un yerno de Délano, Samuel Irarrázaval Larraín, más el contador de la empresa Marcos Castro, y contra Hugo Bravo, quien también figuraba como representante de la sociedad.

Bravo, por su parte, tras ser despedido de Penta intentó infructuosamente comunicarse con sus ex jefes, pero nunca obtuvo respuesta. Les dejó mensajes y finalmente envió un escrito el 13 de septiembre al ex senador UDI Carlos Bombal, quien es asesor de las empresas Penta. Según revelóLa Segunda, de su puño escribió: “no tengo ébola ni nada que se le parezca, pero sí mucha información”, y le advirtió a Bombal que sea un “caballero” y le “conteste”. A raíz de ese mensaje, los Penta se querellaron por amenazas contra Bravo.

Desde ese momento se desencadenó la arista política. Los rumores de que se estaban investigando las platas políticas comenzaron poco antes de las fiestas patrias y se confirmaron la semana pasada, justo cuando perdían fuerza en el Senado las indicaciones de Vlado Mirosevic y Giorgio Jackson para eliminar los aportes reservados a las campañas electorales. El gobierno propuso incluirlas en un proyecto de ley especial de financiamiento de la política, lo que alejaba la posibilidad de una reforma en el corto plazo. La evolución del caso Penta parece estar removiendo las aguas y reactivando el debate. Como dijo Mirosevic: “Lamentablemente parece que en Chile se necesita que haya un escándalo para mejorar la calidad de la política”.

LAS DEBILIDADES DE LA LEY ELECTORAL

La normativa que rige hoy los ingresos y gastos electorales tiene varios puntos débiles que impiden mayor fiscalización y control. Por un lado, el Servicio Electoral no tiene facultades para fiscalizar en terreno que el candidato realmente haya gastado lo que declaró. Un funcionario del Servel podría ver con sus propios ojos que un candidato tiene más propaganda en la calle que la que declaró y sin embargo no tiene facultades para hacer nada al respecto.

La ley permite, con ciertos límites, que personas y empresas hagan donaciones sin que se dé a conocer su identidad, ni siquiera al candidato. Una debilidad del sistema es que sólo es capaz de verificar que el RUT del donante no supere los límites de dinero que establece la ley, pero no puede saber si los diferentes RUT que aportan a un candidato pertenecen a un mismo dueño o a un solo grupo económico. Podría haber candidatos ampliamente financiados por grandes empresas sin que la ley lo detecte.

El Servel deposita todos los aportes reservados recibidos durante una semana de campaña los días lunes en las cuentas de los candidatos. Para que el candidato no se entere quién hizo el aporte, aún cuando el donante le muestre un comprobante de su depósito, el Servel retiene un porcentaje de esa donación para que las cifras no coincidan. Sin embargo, en el desglose que hacen algunos candidatos, es posible deducir fácilmente la cifra, pues hay aportes de $4.750.000 una semana, y luego otro de $250.000, por dar sólo un ejemplo. Esta es una de las formas por las cuales los candidatos pueden enterarse de quiénes financian sus campañas.

Tras el fin de la inscripción voluntaria, el número de votantes aumentó de aproximadamente 8 millones a 13 millones, y como el límite para el gasto electoral se calcula en función del padrón electoral, también creció en la misma proporción. Y con ello, los gastos electorales de los candidatos y partidos. En el caso de los aportes reservados, aumentaron de $12 mil 900 millones en 2009 a $16 mil 500 millones en el 2013. De estos últimos, el 45% fue recibido por candidatos de la UDI.

Otra debilidad de la ley es que sólo se contemplan donaciones que se realicen durante la campaña electoral. Casos como el de de Corpesca (ver reportaje de CIPER) han mostrado la existencia de aportes a parlamentarios fuera del marco regulatorio del Servel.Angela Barraza RissoCIPER Chile

Dilma o Marina.

 Emir Sader.


El proceso electoral brasileño se acerca a su final, confirmando que la gran polarización en el continente se da entre proyectos neoliberales y pos neoliberales. Cambió la forma de la disputa presidencial en Brasil a lo largo de la campaña, con la sustitución de Aécio Neves como principal candidato de la oposición, pero Marina Silva asume los mismos planteamientos neoliberales que su antecesor.
A su vez, Dilma Rousseff representa la continuidad y la profundización de la construcción de alternativas al neoliberalismo.
La polarización entre una candidata que representa el proyecto iniciado por Lula en 2003 y uno que expresa el gobierno de Cardoso, caminaba para la cuarta derrota seguida de la oposición, sepultando definitivamente el PSDB como fuerza política nacional. El muy sospechoso accidente de aviación del 13 de agosto renovó los términos de la disputa electoral, pero confirmó que la oposición a los gobiernos progresistas latino-americanos viene de proyectos neoliberales.
Marina no tardó en anunciar sus propuestas de independencia para el Banco Central, de reacercamiento con EU y elogio de la Alianza para el Pacífico, en detrimento del Mercosur y de los Brics, de búsqueda de inversiones extranjeras para la exploración del petróleo del Pre-sal y un gran plan de ajuste de las cuentas públicas, entre otros. El contraste con los gobiernos del PT no podría ser más grande: prioridad de las políticas sociales, de los proyectos de integración regional, del intercambio Sur-Sur y papel activo del Estado.
Como se da también en los otros países del continente con gobiernos pos neoliberales, la alternativa viene de la derecha. La extrema izquierda no ha logrado cuajar una propuesta y candidaturas con un mínimo de apoyo popular, quedando como fuerzas sin ningún peso en el campo político nacional.
Así, dos mujeres, con buenas trayectorias, que se han encontrado como ministras del gobierno de Lula, las que disputan con oportunidades reales la presidencia de Brasil. Una, Marina, del área del caucho, junto con Chico Mendes, originalmente identificada con temas ambientales, ahora reciclada para el neoliberalismo puro y duro. La otra, Dilma, militante de la lucha clandestina contra la dictadura, presa y salvajemente torturada, representante escogida por Lula para dar continuidad a su gobierno.
Después del efecto tsunami del lanzamiento de la candidatura de Marina, su nombre empezó a acumular rechazos, conforme las contradicciones y debilidades de su candidatura han empezado a aparecer. A pocos días de la primera vuelta de las elecciones, las encuestas convergen para una victoria amplia de Dilma en la primera vuelta y para una victoria mas estrecha en la segunda, pero con una clara tendencia de caída de Marina, que ya había alcanzado a tener mas de 10 puntos de ventaja en la segunda vuelta y de subida de Dilma, que vuelve a ser favorita para ganar.
Las dos –Dilma y Marina– tienen significados radicalmente opuestos. Dilma, la continuidad y profundizacion de las trasformaciones realizadas por el gobierno Lula y por su propio gobierno. La consolidación y extensión de los acuerdos de integración regional que Brasil impulsa, del Mercosur a los Brics, pasando por Unasur, Celac, Banco del Sur y Consejo Suramericano de Defensa.
Marina representa la ruptura con el modelo de desarrollo económico con distribución de renta, favoreciendo un duro ajuste fiscal, favorable a los bancos privados. En el plano externo, significaría la ruptura de todos los grandes acuerdos actuales de Brasil, privilegiando relaciones bilaterales con EU y con la Alianza para el Pacífico.
Son caminos radicalmente distintos representados por las mujeres que disputan la presidencia de Brasil: Dilma y Marina.

1 oct 2014

Argentina: Corte Suprema confirma juicio a trabajadores por bloqueo de ruta

1 octubre, 2014  

La Corte Suprema de Justicia rechazó revocar la decisión que confirmó el juicio oral y público a tres ex delegados de la empresa Kraft por bloquear la autopista Panamericana en 2009.
En julio, el máximo tribunal había desestimado los planteos efectuados por Nicolás Tauber Sanz, abogado defensor de Ramón Hermenegildo Bogado, Jorge Penayo y María Teresa Rosario.
El letrado cuestionó la validez de las pruebas incriminatorias, entre ellas filmaciones tomadas por Gendarmería Nacional, a las que calificó de “ilegales”.
La Corte consideró entonces que la presentación de la defensa tenía defectos formales y consideró inadmisible el planteo, contra lo que el letrado solicitó la revocatoria del fallo.
El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Elena Highton, Enrique Petracchi y Juan Maqueda se opusieron al planteo de Bogado, Penayo y Rosario, quienes, junto a otros cuatro trabajadores de Kraft, serán sometidos a juicio por el corte de la Panamericana.
Los empleados fueron procesados por la justicia federal de San Martín por interrumpir la circulación a la altura del kilómetro 35 del ramal Campana, en distintas marchas entre septiembre y diciembre de 2009, en reclamo por el despido de 156 compañeros.
Antes que la Corte, la Cámara Federal de Casación Penal se había opuesto al pedido de la defensa.

México: siguen desaparecidos 43 estudiantes tras represión policial y decenas de miles salen a las calles

1 octubre, 2014  

Hallados 14 de los 57 estudiantes desaparecidos en México

Catorce de los 57 estudiantes mexicanos desaparecidos en Guerrero (sur) tras la violenta represión policial de una manifestación fueron hallados ilesos, informó este martes el ombudsman local, mientras continúa la búsqueda del resto de los universitarios.
La fiscalía estatal informó el martes que 22 policías detenidos están relacionados con la muerte de seis personas entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, en medio de una violenta persecución derivada de una manifestación estudiantil en la ciudad de Iguala (140.000 habitantes), ubicada en Guerrero.
“Por fortuna la cifra de estudiantes desaparecidos ha ido bajando y de los 57 que teníamos reportados como desaparecidos actualmente sólo estamos en busca de 43″, dijo a la AFP Ramón Navarrete, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero.
Los 14 estudiantes estaban escondidos por temor a represalias, añadió el funcionario, al considerar que el resto de los desaparecidos podría haber optado por la misma estrategia.
“Esa dinámica de dispersarse para evitar que se les cause daño o se les detenga es muy frecuente”, comentó.
Alumnos de la universidad rural para maestros normalistas de la comunidad de Ayotzinaga se manifestaron el viernes pasado en Iguala y se apoderaron de autobuses del servicio público para desplazarse.
Luego fueron perseguidos y atacados con armas de fuego por policías municipales y hombres armados que iban encapuchados y vestidos de civiles.
Los tiroteos dejaron seis muertos y 25 heridos. Además, 282 policías locales fueron detenidos preventivamente tras los hechos, pero sólo 22 fueron arrestados definitivamente como presuntos responsables de los ataques.
Las balas halladas en los lugares donde las seis personas perdieron la vida coinciden con las utilizadas por la policía municipal, dijo de su lado en una conferencia de prensa Inaky Blanco Cabrera, fiscal de Guerrero.
El funcionario señaló que los policías podrían ser procesados por homicidio y, en caso de comprobarse, se ejercitaría acción penal en su contra por desaparición forzada, indicó Blanco Carrera.
“Lamentablemente la mayoría de los policías municipales de Iguala tienen vínculos con la delincuencia organizada”, reconoció Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero, en una entrevista con Radio Fórmula, al señalar que pidió ayuda a las autoridades federales para localizar a los jóvenes.
Las cámaras de vigilancia capturaron a los policías llevándose a un número indeterminado de estudiantes, informó desde el lunes la fiscalía.
Francisco Ochoa, de 18 años, dijo a la AFP que estuvo entre 14 estudiantes que iban en el cuarto autobús que los policías pararon.
Los estudiantes salieron huyendo después de que los uniformados empezaron a disparar al aire, añadió Ochoa. Tras esconderse en cerros y en otras partes del pueblo, los 14 estudiantes se encontraron con otros compañeros en un mercado.
“Empezaron a llegar más patrullas de la parte izquierda como de la derecha, entre doce y trece patrullas”, dijo Ochoa al recordar que “se llevaron entre 30 y 40 compañeros. Yo vi con mis propios ojos cuando se llevaron a mis compañeros”.
Testigos reportaron que Iguala vivió una noche de terror.
Fátima Bahene Peña, de 29 años, maestra de educación especial, se recupera en el hospital general del pueblo de las heridas por disparos de bala en su pie derecho y en el hombre izquierdo.
Señaló que cuando llegó al lugar de los hechos había un caos, con estudiantes sangrando en la calle después de que los autobuses fueron baleados durante la persecución policial.
Un segundo ataque se produjo cuando ella limpiaba el pecho de un hombre herido dentro de un automóvil.
“El muchacho se alzó y me dijo que eran camionetas de policías”, dice Behene Peña, mientras policías estatales armados con rifles de asalto resguardan el hospital.
El tercer tiroteo se registró a las afueras de pueblo.
 Estudiantes obligan a Osorio a dar la cara y logran cita para el viernes
Decenas de miles de estudiantes de las 44 escuelas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), credencial en mano, desbordaron las calles de la Ciudad de México en una “mega marcha” que partió de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en el Casco de Santo Tomás, rumbo a la Secretaría de Gobernación (Segob) para exigir el cumplimiento de un pliego petitorio que consta de 10 puntos:
La abrogación del Reglamento Interno del IPN; cancelación de los planes y programas de estudio que tecnifiquen la educación en el instituto; destitución inmediata de la directora Yoloxóchitl Bustamante; democratización de la institución y elección de quien ocupe la dirección por parte de la comunidad politécnica; suspensión definitiva de la pensión vitalicia a exdirectores del IPN; salida de la Policía Bancaria que custodia los planteles; personal docente calificado y con experiencia para la institución; la asignación de 2% del PIB a la educación superior; expulsión de los grupos porriles del instituto, y que se garantice que no habrá represalia alguna contra los integrantes de este movimiento estudiantil por sus protestas.
Esto se intentó al cruce de Insurgentes y Reforma, donde un grupo de jóvenes con los rostros cubiertos y palos de madera fueron repelidos del acto.
Cuando la vanguardia de la marcha tomó la calle de Bucareli, la fila de estudiantes aún alcanzaba el Ángel de la Independencia en la retaguardia. Miles de granaderos se mantenían replegados en los alrededores de la Segob, donde sólo era visible una muralla metálica, un templete, y parte del operativo policiaco.
El escenario contaba con audio y bocinas al frente.
Distintos oradores fracasaron en su intento de liderar el mitin, desconocidos por los organizadores designados en la Asamblea General Politécnica. “Si no marcharon no podemos confiar que no sean infiltrados”, decían, y desconocieron a la comisión que el lunes 29 ingreso a la misma Segob para acordar un encuentro esta tarde con el secretario Miguel Ángel Osorio Chong.
Tras casi cuatro horas de marcha y una discusión entre distintos grupos de estudiantes, quienes marcharon se hicieron del templete y exigieron que fuera el secretario Osorio quien saliera a recibir el pliego petitorio. Y emplazaron a las autoridades a resolver sus demandas este viernes 3 de octubre.
Osorio argumentó que, por protocolos de seguridad, no se presentaría. “No tenga miedo. No somos delincuentes, somos estudiantes”, le respondieron.
Una estudiante de nombre Citlalli, de la Escuela Superior de Economía, tomó la palabra. “Nos invita a entrar. Nosotros les decimos que ningún estudiante va a entrar. Qué él (Osorio Chong) salga a dar la cara”.
El subsecretario Luis Miranda tomó el lugar de su jefe. Los estudiantes lo rechazaron. Entonces prometió la presencia de su superior y advirtió que iría resguardado por un aparato de seguridad.
A las 18:25 salió el secretario, flanqueado por el Estado Mayor Presidencial (EMP) y una cámara de Televisa, levantando lo segundo el enojo estudiantil. “Fuera Televisa”, repetían.
Los estudiantes garantizaron la seguridad del titular de la Segob y éste subió al escenario dispuesto por externos a la organización. El funcionario reconoció públicamente al movimiento y ofreció solución en 30 minutos.
“Cómo va a ofrecer eso si no conoce más que dos puntos del pliego petitorio. No queremos respuestas al vapor”, le contestaron los jóvenes y exigieron que fuera él quien leyera en voz alta sus demandas.
Osorio insistió en que en media hora de trabajo, tras las vallas metálicas y con una comisión estudiantil, daría soluciones favorables a los jóvenes. Presumió que nunca como hoy una protesta saldría con soluciones exprés de la misma.
“Esto que se está haciendo es resultado de la movilización estudiantil y no de las buenas intenciones de las autoridades. Esto se pudo haber evitado si hubieran atendido nuestras inquietudes. No fue buena voluntad. Se esperaron hasta esta movilización para resolver nuestras demandas”, le contestaron e insistieron que tomara con más tiempo y seriedad el asunto.
Y advirtieron: “El gobierno no pone los tiempos, los pone el movimiento. El viernes seremos nosotros los que decidamos si aceptamos sus propuestas”, dijeron los jóvenes, que pactaron con el secretario de Gobernación regresar a las 15:00 horas del 3 de octubre por la contestación oficial, misma que llevarán a sus escuelas para su discusión.
Entonces Osorio se limitó a aceptar sus reglas, se comprometió a estar presente en la próxima cita y firmó de recibido el documento estudiantil.
Antes de terminar el mitin, los jóvenes denunciaron hostigamiento a compañeros de las vocacionales por organizarse, y advirtieron que, dadas las especulaciones de que el movimiento politécnico aprovecharía la marcha conmemorativa del 2 de octubre para hacer desmanes, se deslindaban de participar como conjunto en esa movilización.
“No ha habido intervención externa como asegura la directora en este movimiento. Nos deslindamos de los desmanes que pudiera haber el 2 de octubre”, anunciaron para terminar en medio de huélums, goyas y la euforia de una “victoria”.
Al terminar la concentración, corrió como pólvora el rumor de que la directora del IPN, Yoloxóchitl Bustamante, habría presentado su renuncia. De momento, la Secretaría de Educación Pública ha desmentido la versión.