Narco: Marset, Mariaca y la filtración. Washington mueve sus piezas
Nicolás Centurión
Oct 2, 2026
El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, fue aprehendido en el aeropuerto de Viru Viru por supuestos delitos de organización criminal
Un video en el que Sebastián Marset, detenido en Bolivia, decía que el fiscal general Roger Mariaca era su “amigo”, que hablaba con él y que desde la Fiscalía le avisaban lo que tenían que avisarle, desató una sucesión de hechos en cascada que terminó con un gran operativo en el país andino que conlleva grandes implicaciones.
Desde la infiltración del crimen organizado en sendos ámbitos del Estado, la forma de impartir justicia, quién la imparte, la injerencia extranjera; las tensiones internas en Bolivia y el momento geopolítico que se está atravesando. Todo eso y más se resumió en un video donde tiene al principal narcotraficante de Uruguay (hoy detenido en Estados Unidos y a la espera de juicio) como protagonista.
El caso se produjo dentro de una relación de seguridad completamente distinta entre Bolivia y Estados Unidos: regreso de la DEA después de 17 años, intercambio de inteligencia, captura y entrega de Marset y adhesión boliviana al Escudo de las Américas, la nueva estructura hemisférica impulsada por Donald Trump contra los cárteles y las organizaciones que su administración define como narcoterroristas.
El caso se produjo dentro de una relación de seguridad completamente distinta entre Bolivia y Estados Unidos: regreso de la DEA después de 17 años, intercambio de inteligencia, captura y entrega de Marset y adhesión boliviana al Escudo de las Américas, la nueva estructura hemisférica impulsada por Donald Trump contra los cárteles y las organizaciones que su administración define como narcoterroristas.
El video que apareció seis meses después
El registro había sido realizado durante su custodia después de la captura del 13 de marzo. En la conversación, un interlocutor le pregunta por Roger Mariaca. Marset responde que es su “amigo”, que mantiene contacto con él y que el fiscal “avisa” determinada información. Cuando le preguntan específicamente si Mariaca le había advertido del operativo que terminó con su captura, responde que no.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, admitió que el Ejecutivo conocía desde antes la relación entre el fiscal Mariaca y el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y le dijo al líder derechista Jorge Tuto Quiroga que este es un caso «muy profundo».
Después apareció otro fragmento todavía más grave. Marset relata que habría ingresado a Bolivia desde Arica en un vuelo privado, menciona al policía Rubén Aparicio como intermediario y asegura que existió un arreglo en el que también habrían participado Mariaca y el entonces ministro de Gobierno Eduardo del Castillo. Según su versión, habría pagado 500.000 dólares para permanecer en Bolivia y luego realizado pagos mensuales.
Sus declaraciones no constituyen por sí mismas una prueba. Para establecer su veracidad hacen falta elementos externos que las confirmen. También falta información básica sobre las propias grabaciones. No se ha explicado públicamente quién realizó los videos, quién conservó los archivos originales, cuáles fueron las condiciones de la conversación, qué funcionarios estaban presentes, si existe una versión completa sin editar, si el material fue incorporado formalmente a algún expediente ni cuándo pudo haber sido compartido con organismos estadounidenses.
El contenido de Marset es importante, pero la historia de esas grabaciones puede ser todavía más reveladora. Aparecieron después de que Estados Unidos acusara a Mariaca y cuando él y Zeballos ya estaban detenidos.
Después apareció otro fragmento todavía más grave. Marset relata que habría ingresado a Bolivia desde Arica en un vuelo privado, menciona al policía Rubén Aparicio como intermediario y asegura que existió un arreglo en el que también habrían participado Mariaca y el entonces ministro de Gobierno Eduardo del Castillo. Según su versión, habría pagado 500.000 dólares para permanecer en Bolivia y luego realizado pagos mensuales.
Sus declaraciones no constituyen por sí mismas una prueba. Para establecer su veracidad hacen falta elementos externos que las confirmen. También falta información básica sobre las propias grabaciones. No se ha explicado públicamente quién realizó los videos, quién conservó los archivos originales, cuáles fueron las condiciones de la conversación, qué funcionarios estaban presentes, si existe una versión completa sin editar, si el material fue incorporado formalmente a algún expediente ni cuándo pudo haber sido compartido con organismos estadounidenses.
El contenido de Marset es importante, pero la historia de esas grabaciones puede ser todavía más reveladora. Aparecieron después de que Estados Unidos acusara a Mariaca y cuando él y Zeballos ya estaban detenidos.
Mariaca no era ajeno a las investigaciones de Marset
La historia tampoco encaja cómodamente en una división entre fiscales que perseguían a Marset y funcionarios que lo protegían. Mariaca ocupó durante años posiciones centrales en las investigaciones contra el uruguayo.
Sebastián Marset, preso desde el 13 de marzo
En agosto de 2023, cuando dirigía la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, informó que existían cinco procesos relacionados con Marset. Las investigaciones comprendían narcotráfico, legitimación de ganancias ilícitas, delitos patrimoniales, corrupción, tráfico de armas, organización criminal y privación de libertad. Para ese momento se habían realizado más de 30 allanamientos y había 13 personas detenidas preventivamente.
La Fiscalía dirigida por Mariaca también informó sobre la detención de un presunto operador financiero del narcotraficante y analizó cuentas bancarias, propiedades, vehículos, armas, dinero y documentación. Ese mismo año surgió un antecedente que hoy adquiere otra dimensión: comenzó a circular un audio en el que un supuesto jefe policial advertía a Marset sobre un operativo de captura. Mariaca anunció entonces pericias para determinar la autenticidad de la grabación e investigar quién había filtrado la información.
Mariaca fue designado fiscal general en octubre de 2024. Cuando Marset cayó, el 13 de marzo de 2026, anunció que Bolivia mantenía seis procesos con acusación formal contra él y comunicó la apertura de una nueva investigación por tráfico de armas, organización criminal y asociación delictuosa.
En agosto de 2023, cuando dirigía la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, informó que existían cinco procesos relacionados con Marset. Las investigaciones comprendían narcotráfico, legitimación de ganancias ilícitas, delitos patrimoniales, corrupción, tráfico de armas, organización criminal y privación de libertad. Para ese momento se habían realizado más de 30 allanamientos y había 13 personas detenidas preventivamente.
La Fiscalía dirigida por Mariaca también informó sobre la detención de un presunto operador financiero del narcotraficante y analizó cuentas bancarias, propiedades, vehículos, armas, dinero y documentación. Ese mismo año surgió un antecedente que hoy adquiere otra dimensión: comenzó a circular un audio en el que un supuesto jefe policial advertía a Marset sobre un operativo de captura. Mariaca anunció entonces pericias para determinar la autenticidad de la grabación e investigar quién había filtrado la información.
Mariaca fue designado fiscal general en octubre de 2024. Cuando Marset cayó, el 13 de marzo de 2026, anunció que Bolivia mantenía seis procesos con acusación formal contra él y comunicó la apertura de una nueva investigación por tráfico de armas, organización criminal y asociación delictuosa.
Alberto Zeballos Flores
Ese mismo día creó una comisión especial para revisar los seis expedientes y puso al frente a Alberto Zeballos, entoncesfiscal departamental de Santa Cruz, acompañado por la Fiscalía especializada en narcotráfico. La revisión incluía las medidas sustitutivas concedidas a integrantes o personas vinculadas con la organización. Dos días después, fiscales dependientes de Zeballos consiguieron 180 días de prisión preventiva para cuatro personas capturadas en el operativo relacionado con Marset.
Mariaca y Zeballos son presentados como integrantes o protectores de una estructura vinculada al narcotráfico, pero al mismo tiempo fueron las autoridades institucionales que condujeron investigaciones, detenciones y revisiones de causas contra Marset. Si Mariaca efectivamente informaba a Marset, habría que determinar qué información entregó.
Tres días que cambiaron el caso
El 28 de setiembre el Departamento de Estado estadounidense anunció restricciones de visa contra funcionarios, ex funcionarios, magistrados, fiscales, policías y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Entre ellos aparecieron Mariaca y Zeballos.
En el caso del fiscal general boliviano, Washington fue mucho más lejos que una simple revocación administrativa. Lo señaló por “corrupción significativa” y aseguró que había solicitado y aceptado sobornos para facilitar el narcotráfico y permitir que delincuentes violentos evitaran a la justicia. Estados Unidos vinculó además la medida con los objetivos de la administración Trump contra el denominado narcoterrorismo y con los compromisos asumidos por Bolivia dentro del Escudo de las Américas.
Ese mismo día creó una comisión especial para revisar los seis expedientes y puso al frente a Alberto Zeballos, entoncesfiscal departamental de Santa Cruz, acompañado por la Fiscalía especializada en narcotráfico. La revisión incluía las medidas sustitutivas concedidas a integrantes o personas vinculadas con la organización. Dos días después, fiscales dependientes de Zeballos consiguieron 180 días de prisión preventiva para cuatro personas capturadas en el operativo relacionado con Marset.
Mariaca y Zeballos son presentados como integrantes o protectores de una estructura vinculada al narcotráfico, pero al mismo tiempo fueron las autoridades institucionales que condujeron investigaciones, detenciones y revisiones de causas contra Marset. Si Mariaca efectivamente informaba a Marset, habría que determinar qué información entregó.
Tres días que cambiaron el caso
El 28 de setiembre el Departamento de Estado estadounidense anunció restricciones de visa contra funcionarios, ex funcionarios, magistrados, fiscales, policías y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Entre ellos aparecieron Mariaca y Zeballos.
En el caso del fiscal general boliviano, Washington fue mucho más lejos que una simple revocación administrativa. Lo señaló por “corrupción significativa” y aseguró que había solicitado y aceptado sobornos para facilitar el narcotráfico y permitir que delincuentes violentos evitaran a la justicia. Estados Unidos vinculó además la medida con los objetivos de la administración Trump contra el denominado narcoterrorismo y con los compromisos asumidos por Bolivia dentro del Escudo de las Américas.
Fernando Cerimedo, operador ultraderechista
Mariaca respondió denunciando una posible injerencia estadounidense y relacionó la medida con investigaciones sensibles que llevaba adelante la Fiscalía. Mencionó, entre otras, la causa contra el consultor argentino Fernando Cerimedo y el expediente conocido como “Gasolina basura”. Zeballos siguió un camino diferente: reclamó que la Cancillería solicitara formalmente a Estados Unidos las razones de la revocación de su visa y dijo desconocer si se trataba de una decisión política, económica o administrativa.
Apenas dos días después de la decisión de Washington, la situación dejó de ser diplomática y se transformó en penal.
La noche del 30 de setiembre, Mariaca y Zeballos fueron detenidos en el aeropuerto internacional de Viru Viru. El operativo alcanzó también a funcionarios del Ministerio Público y miembros de la Policía en Santa Cruz, Sucre y La Paz. El Gobierno informó posteriormente que había 14 personas aprehendidas y presentó el caso como una investigación sobre una presunta organización criminal incrustada dentro de estructuras estatales.
Mariaca respondió denunciando una posible injerencia estadounidense y relacionó la medida con investigaciones sensibles que llevaba adelante la Fiscalía. Mencionó, entre otras, la causa contra el consultor argentino Fernando Cerimedo y el expediente conocido como “Gasolina basura”. Zeballos siguió un camino diferente: reclamó que la Cancillería solicitara formalmente a Estados Unidos las razones de la revocación de su visa y dijo desconocer si se trataba de una decisión política, económica o administrativa.
Apenas dos días después de la decisión de Washington, la situación dejó de ser diplomática y se transformó en penal.
La noche del 30 de setiembre, Mariaca y Zeballos fueron detenidos en el aeropuerto internacional de Viru Viru. El operativo alcanzó también a funcionarios del Ministerio Público y miembros de la Policía en Santa Cruz, Sucre y La Paz. El Gobierno informó posteriormente que había 14 personas aprehendidas y presentó el caso como una investigación sobre una presunta organización criminal incrustada dentro de estructuras estatales.
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen organiza billetes encontrados donde vivía el fiscal general Roger Mariaca, en Santa Cruz, el 1 de octubre de 2026
Entre los nombres principales quedaron Mariaca, Zeballos, el mayor de Policía Rubén Aparicio (que aparece nombrado en el video como el contacto entre Mariaca y Marset) y el fiscal superior Martín Irusta. Los delitos investigados incluyen organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas.
La Policía informó además que cuatro personas fueron detenidas mientras retiraban dinero de una vivienda vinculada a Mariaca mediante una ambulancia. Allí se incautaron 3 millones de y medio de bolivianos y 10.000 dólares. El Gobierno vinculó ese dinero con un supuesto esquema de extorsiones, aunque hasta ahora no se ha presentado públicamente la trazabilidad del efectivo ni una decisión judicial que determine su procedencia.
La forma en que se produjo la detención de Mariaca agregó otra controversia. Funcionarios del Ministerio Público denunciaron inicialmente que había sido “secuestrado” y aseguraron desconocer la existencia de una orden de aprehensión. El vicepresidente Edmand Lara también reclamó posteriormente respeto por el debido proceso. El Gobierno, mientras tanto, sostuvo que tanto Mariaca como Zeballos serían sometidos a la Justicia ordinaria.
Los bienes: una historia más complicada que la versión oficial
Uno de los principales argumentos del Gobierno contra Mariaca está relacionado con bienes incautados a la organización de Marset después de su fuga de 2023. La acusación sostiene que existieron devoluciones o liberaciones irregulares que habrían beneficiado a integrantes de la red.
Entre los nombres principales quedaron Mariaca, Zeballos, el mayor de Policía Rubén Aparicio (que aparece nombrado en el video como el contacto entre Mariaca y Marset) y el fiscal superior Martín Irusta. Los delitos investigados incluyen organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas.
La Policía informó además que cuatro personas fueron detenidas mientras retiraban dinero de una vivienda vinculada a Mariaca mediante una ambulancia. Allí se incautaron 3 millones de y medio de bolivianos y 10.000 dólares. El Gobierno vinculó ese dinero con un supuesto esquema de extorsiones, aunque hasta ahora no se ha presentado públicamente la trazabilidad del efectivo ni una decisión judicial que determine su procedencia.
La forma en que se produjo la detención de Mariaca agregó otra controversia. Funcionarios del Ministerio Público denunciaron inicialmente que había sido “secuestrado” y aseguraron desconocer la existencia de una orden de aprehensión. El vicepresidente Edmand Lara también reclamó posteriormente respeto por el debido proceso. El Gobierno, mientras tanto, sostuvo que tanto Mariaca como Zeballos serían sometidos a la Justicia ordinaria.
Los bienes: una historia más complicada que la versión oficial
Uno de los principales argumentos del Gobierno contra Mariaca está relacionado con bienes incautados a la organización de Marset después de su fuga de 2023. La acusación sostiene que existieron devoluciones o liberaciones irregulares que habrían beneficiado a integrantes de la red.
Bienes incautados al narco Sebastián Marset
Después de la captura de Marset, en marzo de 2026, se conoció que dos jueces habían ordenado devolver propiedades y otros bienes incautados durante las investigaciones iniciadas tres años antes. El fiscal de narcóticos Julio César Porras sostuvo entonces que esas devoluciones no habían sido ordenadas por el Ministerio Público y aseguró que la Fiscalía había apelado decisiones judiciales, incluso en casos donde alegaba no haber sido debidamente notificada.
Pocos días después, el Consejo de la Magistratura señaló que la investigación tampoco podía limitarse a los jueces y se incluyó a fiscales y funcionarios de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados.
El 30 de marzo fue el propio Mariaca quien anunció una investigación penal por la presunta desaparición o apropiación de dinero y bienes vinculados con Marset. Esto no descarta que Mariaca pueda haber intervenido irregularmente en otros momentos del expediente.
La DEA volvió 17 días antes de la captura
Para entender la dimensión estadounidense hay que retroceder unas semanas antes de la caída de Marset. El 24 de febrero de 2026, Bolivia restableció la cooperación operativa con la DEA después de 17 años. La decisión volvió a habilitar intercambio de inteligencia, capacitación y coordinación antidrogas con Estados Unidos.
Después de la captura de Marset, en marzo de 2026, se conoció que dos jueces habían ordenado devolver propiedades y otros bienes incautados durante las investigaciones iniciadas tres años antes. El fiscal de narcóticos Julio César Porras sostuvo entonces que esas devoluciones no habían sido ordenadas por el Ministerio Público y aseguró que la Fiscalía había apelado decisiones judiciales, incluso en casos donde alegaba no haber sido debidamente notificada.
Pocos días después, el Consejo de la Magistratura señaló que la investigación tampoco podía limitarse a los jueces y se incluyó a fiscales y funcionarios de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados.
El 30 de marzo fue el propio Mariaca quien anunció una investigación penal por la presunta desaparición o apropiación de dinero y bienes vinculados con Marset. Esto no descarta que Mariaca pueda haber intervenido irregularmente en otros momentos del expediente.
La DEA volvió 17 días antes de la captura
Para entender la dimensión estadounidense hay que retroceder unas semanas antes de la caída de Marset. El 24 de febrero de 2026, Bolivia restableció la cooperación operativa con la DEA después de 17 años. La decisión volvió a habilitar intercambio de inteligencia, capacitación y coordinación antidrogas con Estados Unidos.
La DEA retornará a operar en Bolivia tras casi 20 años de su expulsión, anunció el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano.
Diecisiete días después Marset fue capturado.El Gobierno boliviano sostuvo que la DEA no participó directamente del operativo que permitió detenerlo, aunque sí intervino posteriormente en su traslado hacia Estados Unidos. Sin embargo, cuando el Departamento de Justicia informó sobre la llegada del uruguayo a Virginia enumeró una estructura de cooperación que incluyó a la DEA, la Embajada estadounidense en Bolivia, el Servicio de Seguridad Diplomática, la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos, la Policía boliviana y unidades estadounidenses desplegadas en distintos países sudamericanos.
Desde febrero, por tanto, el caso Marset dejó de ser exclusivamente un expediente boliviano y pasó a ocupar un lugar relevante dentro de la reconstrucción de la relación de seguridad entre La Paz y Washington.
Diecisiete días después Marset fue capturado.El Gobierno boliviano sostuvo que la DEA no participó directamente del operativo que permitió detenerlo, aunque sí intervino posteriormente en su traslado hacia Estados Unidos. Sin embargo, cuando el Departamento de Justicia informó sobre la llegada del uruguayo a Virginia enumeró una estructura de cooperación que incluyó a la DEA, la Embajada estadounidense en Bolivia, el Servicio de Seguridad Diplomática, la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos, la Policía boliviana y unidades estadounidenses desplegadas en distintos países sudamericanos.
Desde febrero, por tanto, el caso Marset dejó de ser exclusivamente un expediente boliviano y pasó a ocupar un lugar relevante dentro de la reconstrucción de la relación de seguridad entre La Paz y Washington.
El Escudo y la nueva estrategia estadounidense
La administración Trump presentó al Escudo de las Américas como una estructura regional destinada a coordinar gobiernos contra los cárteles y organizaciones criminales calificadas como terroristas. Inicialmente el énfasis estuvo puesto en fuerzas de seguridad, inteligencia y cooperación militar, pero la arquitectura se amplió rápidamente.
En setiembre, Estados Unidos, Bolivia y otros países firmaron una declaración que organizó la alianza alrededor de tres áreas: economía, seguridad y coordinación multilateral. La agenda incluye intercambio de inteligencia, tecnología, entrenamiento, congelamiento de activos, control de inversiones estratégicas, infraestructura digital y minerales críticos.
La estrategia de seguridad estadounidense de 2026 habla abiertamente de recuperar preeminencia en el hemisferio y la administración Trump ha reivindicado una interpretación actualizada de la Doctrina Monroe para justificar una presencia más activa en América Latina.
El debate está sobre la mesa si esto constituye una nueva forma de intervencionismo.El Escudo de las Américas combina seguridad, inteligencia, sanciones, visas, política económica y coordinación diplomática. La influencia estadounidense sobre las capacidades de los gobiernos aliados es, por diseño, mucho más amplia y su sombra se cierne sobre ellos.
El caso Mariaca puede ser uno de los primeros episodios en los que esa nueva estructura queda expuesta de manera concreta. Estados Unidos obtiene información sobre funcionarios extranjeros, formula acusaciones públicas, aplica restricciones migratorias y comparte inteligencia dentro de una alianza regional. Poco después, un gobierno aliado actúa contra los funcionarios señalados. El Escudo se ha transformado en un ariete de injerencia.
* Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP).Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)
