Por Esteban Magnani
30 de noviembre de 2025

Desde OpenIA sugirieron que el gobierno de EE.UU debería garantizar las inversiones. (Sin Credito)
¿Y si sale mal? Las dudas sobre las promesas de la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) comienzan a permear en el establishment económico estadounidense. Es que distintos especialistas señalan con preocupación el peso que tiene la construcción de datacenters sobre el crecimiento de los EE.UU.Las dudas surgen porque los ingresos que generan las empresas no son acordes a las inversiones y crece la resistencia social a los nuevos proyectos.
Por ejemplo, el economista de Harvard Jason Furman recientemente calculó que sin las inversiones en esa área, en el primer semestre de 2025 la economía estadounidense sólo habría aumentado 0,1%. Según sus cálculos, el 92% del crecimiento norteamericano en ese período provino de la inversión en “equipos y software”, es decir en los gigantescos datacenters para entrenamiento y procesamiento de IAG conocidos como hyperscalers.
Para Furman, esa inversión representó cerca del 4% del PBI de los EE.UU. y este año podría llegar a los 400.000 millones de dólares, según un cálculo de la consultora Morgan Stanley.
Ya en septiembre, el Deutsche Bank advirtió a sus clientes que la IAG es lo único que sostiene a la economía de los EE.UU. El Banco de Inglaterra también espera un “repentino ajuste” en el mercado de la IA y advierte sobre posibles consecuencias en la economía británica.
La cuestión además impacta en otras áreas sensibles: afecta el desregulado precio de la energía estadounidense, desincentivando otras inversiones productivas y, para peor, buena parte del dinero involucrado se transforma en demanda de importados, sobre todo procesadores.
Ingresos versus inversiones
Pero el mayor problema es que los ingresos que genera la IAG corren muy por detrás de las inversiones. Las empresas se niegan a dar detalles de cuánto cobran y gastan en el desarrollo de IAG pero algunos periodistas que intentan reconstruir los números con los datos disponibles aseguran que es abismal y que la tendencia es que empeore.
Hasta ahora, las mayores corporaciones tecnológicas financiaron los desarrollos con ahorros, lo que devuelve al circuito económico enormes recursos. Esta sería una buena noticia excepto porque las reservas comienzan a agotarse, los ingresos no aparecen. Empresas como Meta incluso empezaron a vender bonos en el mercado por 30.000 millones.
Por eso generó tanto revuelo que la Jefa de Finanzas de OpenAI Sarah Friar, en un evento organizado por el Wall Street Journal, asegurara que el gobierno de los EE.UU. debería garantizar las inversiones en última instancia. De momento, estas corporaciones lograron maquillar sus finanzas con contratos circulares que dan la sensación de que los ingresos son acordes, pero tampoco eso parece alcanzar.
Según la empleada de OpenAI, para conseguir más inversiones el gobierno debería garantizar que si las corporaciones no pagan, lo hagan los contribuyentes norteamericanos. Muchos recordaron la frase “demasiado grandes para caer” que justificó el rescate (o bailout) de dimensiones colosales que dio el gobierno de Barack Obama en 2009 a las mismas empresas financieras que provocaron la crisis.
Sam Altman tuvo que intervenir con en un extenso posteo en X donde explicó qué había querido decir su empleada: “Creemos que los gobiernos no deberían elegir ganadores y perdedores y que los contribuyentes no deberían rescatar a empresas que toman malas decisiones empresariales o que pierden dinero en el mercado”.
Cabe resaltar que esa fe en la mano invisible no es obstáculo para hacer lobby por contratos con el Estado que permitan mostrar al menos algunos ingresos. Por otro lado, el gobierno apoya tangencialmente estos desarrollos: por ejemplo, anunció préstamos por mil millones de dólares para reabrir la central nuclear de Three Mile Island (cerrada luego de un accidente en 1979) para enfrentar la creciente demanda de energía de la IAG. Los precios se multiplicaron más de dos veces y media en los últimos cinco años en las zonas cercanas a los datacenters.
Desconfianza
Mientras se debate si se podrán seguir aumentando las inversiones, ha surgido otro obstáculo para la construcción de nuevos hyperscalers: la resistencia de sus eventuales vecinos. La mala experiencia de quienes deben convivir con estas enormes plantas que consumen energía, agua y producen un ruido enloquecedor, ha hecho que en otras ciudades la reacción sea rápida e, incluso incentive a los políticos a posicionarse en contra para ganar elecciones.
Se calcula que solo entre marzo y junio de 2025 se detuvieron al menos 20 proyectos por unos 98.000 millones de dólares, según el Data Center Watch.
En Memphis, los vecinos piden el cierre de la planta que Elon Musk construyó en pocos meses para el funcionamiento de Grok y otros proyectos. Las emisiones de metano aumentaron los casos de problemas respiratorios en la zona.
En el Estado de Georgia, al menos ocho municipios aprobaron moratorias en contra de la instalación de datacenters. Allí el representante de la Comisión de Servicios Públicos que ganó la elección para el cargo, puso el énfasis en el impacto en los precios de la energía que tienen estos proyectos. En el Estado de Virginia la oposición a nuevas construcciones fue uno de los caballitos de batalla de la gobernadora electa Abigail Spanberger. En Tucson, Arizona, los vecinos lograron que la legislatura no aprobara un proyecto de Amazon. Frente al apoyo explícito de Donald Trump al desarrollo de la IAG, tanto demócratas como los republicanos piden más restricciones y pagos de impuestos para las corporaciones.
¿Para qué?
Los trabajos tan necesarios para la población se generan solo durante la construcción; luego quedan los efectos que hacen difícil seguir viviendo en la zona y que afectan los precios de las casas y terrenos cercanos. Los vecinos parecen haber comprendido que los monstruosos proyectos por miles de millones de dólares dejan poco y nada a la comunidad, excepto por los efectos colaterales.
Como las corporaciones argumentan que la IAG es imprescindible para no perder la batalla geopolítica contra China, el gobierno apoya una apuesta a todo o nada de recursos y dinero que necesitan su pueblo y el mundo. Sin embargo, el gobierno de Trump redobla la apuesta con la convicción de que todo saldrá bien. El tiempo dirá si tuvo razón.
¿Y si sale mal? Las dudas sobre las promesas de la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) comienzan a permear en el establishment económico estadounidense. Es que distintos especialistas señalan con preocupación el peso que tiene la construcción de datacenters sobre el crecimiento de los EE.UU.Las dudas surgen porque los ingresos que generan las empresas no son acordes a las inversiones y crece la resistencia social a los nuevos proyectos.
Por ejemplo, el economista de Harvard Jason Furman recientemente calculó que sin las inversiones en esa área, en el primer semestre de 2025 la economía estadounidense sólo habría aumentado 0,1%. Según sus cálculos, el 92% del crecimiento norteamericano en ese período provino de la inversión en “equipos y software”, es decir en los gigantescos datacenters para entrenamiento y procesamiento de IAG conocidos como hyperscalers.
Para Furman, esa inversión representó cerca del 4% del PBI de los EE.UU. y este año podría llegar a los 400.000 millones de dólares, según un cálculo de la consultora Morgan Stanley.
Ya en septiembre, el Deutsche Bank advirtió a sus clientes que la IAG es lo único que sostiene a la economía de los EE.UU. El Banco de Inglaterra también espera un “repentino ajuste” en el mercado de la IA y advierte sobre posibles consecuencias en la economía británica.
La cuestión además impacta en otras áreas sensibles: afecta el desregulado precio de la energía estadounidense, desincentivando otras inversiones productivas y, para peor, buena parte del dinero involucrado se transforma en demanda de importados, sobre todo procesadores.
Ingresos versus inversiones
Pero el mayor problema es que los ingresos que genera la IAG corren muy por detrás de las inversiones. Las empresas se niegan a dar detalles de cuánto cobran y gastan en el desarrollo de IAG pero algunos periodistas que intentan reconstruir los números con los datos disponibles aseguran que es abismal y que la tendencia es que empeore.
Hasta ahora, las mayores corporaciones tecnológicas financiaron los desarrollos con ahorros, lo que devuelve al circuito económico enormes recursos. Esta sería una buena noticia excepto porque las reservas comienzan a agotarse, los ingresos no aparecen. Empresas como Meta incluso empezaron a vender bonos en el mercado por 30.000 millones.
Por eso generó tanto revuelo que la Jefa de Finanzas de OpenAI Sarah Friar, en un evento organizado por el Wall Street Journal, asegurara que el gobierno de los EE.UU. debería garantizar las inversiones en última instancia. De momento, estas corporaciones lograron maquillar sus finanzas con contratos circulares que dan la sensación de que los ingresos son acordes, pero tampoco eso parece alcanzar.
Según la empleada de OpenAI, para conseguir más inversiones el gobierno debería garantizar que si las corporaciones no pagan, lo hagan los contribuyentes norteamericanos. Muchos recordaron la frase “demasiado grandes para caer” que justificó el rescate (o bailout) de dimensiones colosales que dio el gobierno de Barack Obama en 2009 a las mismas empresas financieras que provocaron la crisis.
Sam Altman tuvo que intervenir con en un extenso posteo en X donde explicó qué había querido decir su empleada: “Creemos que los gobiernos no deberían elegir ganadores y perdedores y que los contribuyentes no deberían rescatar a empresas que toman malas decisiones empresariales o que pierden dinero en el mercado”.
Cabe resaltar que esa fe en la mano invisible no es obstáculo para hacer lobby por contratos con el Estado que permitan mostrar al menos algunos ingresos. Por otro lado, el gobierno apoya tangencialmente estos desarrollos: por ejemplo, anunció préstamos por mil millones de dólares para reabrir la central nuclear de Three Mile Island (cerrada luego de un accidente en 1979) para enfrentar la creciente demanda de energía de la IAG. Los precios se multiplicaron más de dos veces y media en los últimos cinco años en las zonas cercanas a los datacenters.
Desconfianza
Mientras se debate si se podrán seguir aumentando las inversiones, ha surgido otro obstáculo para la construcción de nuevos hyperscalers: la resistencia de sus eventuales vecinos. La mala experiencia de quienes deben convivir con estas enormes plantas que consumen energía, agua y producen un ruido enloquecedor, ha hecho que en otras ciudades la reacción sea rápida e, incluso incentive a los políticos a posicionarse en contra para ganar elecciones.
Se calcula que solo entre marzo y junio de 2025 se detuvieron al menos 20 proyectos por unos 98.000 millones de dólares, según el Data Center Watch.
En Memphis, los vecinos piden el cierre de la planta que Elon Musk construyó en pocos meses para el funcionamiento de Grok y otros proyectos. Las emisiones de metano aumentaron los casos de problemas respiratorios en la zona.
En el Estado de Georgia, al menos ocho municipios aprobaron moratorias en contra de la instalación de datacenters. Allí el representante de la Comisión de Servicios Públicos que ganó la elección para el cargo, puso el énfasis en el impacto en los precios de la energía que tienen estos proyectos. En el Estado de Virginia la oposición a nuevas construcciones fue uno de los caballitos de batalla de la gobernadora electa Abigail Spanberger. En Tucson, Arizona, los vecinos lograron que la legislatura no aprobara un proyecto de Amazon. Frente al apoyo explícito de Donald Trump al desarrollo de la IAG, tanto demócratas como los republicanos piden más restricciones y pagos de impuestos para las corporaciones.
¿Para qué?
Los trabajos tan necesarios para la población se generan solo durante la construcción; luego quedan los efectos que hacen difícil seguir viviendo en la zona y que afectan los precios de las casas y terrenos cercanos. Los vecinos parecen haber comprendido que los monstruosos proyectos por miles de millones de dólares dejan poco y nada a la comunidad, excepto por los efectos colaterales.
Como las corporaciones argumentan que la IAG es imprescindible para no perder la batalla geopolítica contra China, el gobierno apoya una apuesta a todo o nada de recursos y dinero que necesitan su pueblo y el mundo. Sin embargo, el gobierno de Trump redobla la apuesta con la convicción de que todo saldrá bien. El tiempo dirá si tuvo razón.