ARGENTINA
Las distintas caras del perdón neoliberalPor Gustavo Campana
22 de diciembre de 2025 - 0:01
(Leandro Teysseire)
El 4 de agosto de 2006, Julio Héctor Simón, exsuboficial de la Policía Federal, conocido por sus víctimas como “El Turco Julián”, fue condenado a 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, por secuestro y tormentos a José Poblete y Gertrudis Hlaczik. El torturador del centro clandestino El Olimpo también fue considerado responsable del ocultamiento de la hija del matrimonio, una beba de ocho meses que fue apropiada por Ceferino Landa, integrante de la estructura de inteligencia del Ejército.
El 4 de agosto de 2006, Julio Héctor Simón, exsuboficial de la Policía Federal, conocido por sus víctimas como “El Turco Julián”, fue condenado a 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, por secuestro y tormentos a José Poblete y Gertrudis Hlaczik. El torturador del centro clandestino El Olimpo también fue considerado responsable del ocultamiento de la hija del matrimonio, una beba de ocho meses que fue apropiada por Ceferino Landa, integrante de la estructura de inteligencia del Ejército.
Claudia Poblete recuperó su identidad en febrero de 2000. La de Simón fue la primera condena por delitos de lesa humanidad, luego de 17 años de impunidad. José Poblete desapareció el 28 de noviembre de 1978. El mismo día de su secuestro, la Bonaerense se llevó a Gertrudis Hlaczik y a su hija de la casa de Guernica. Los tres fueron trasladados a El Olimpo. José fue un técnico tornero chileno que perdió sus piernas en un accidente ferroviario. Fundador del Frente de Lisiados Peronistas, militante de la Unión Nacional Socio-Económica del Lisiado y “Cristianos para la Liberación”.
La segunda condena fue la perpetua para el excomisario Miguel Osvaldo Etchecolatz, director de Investigaciones de la Policía Bonaerense de Ramón Camps, el 19 de septiembre de 2006. Un día antes de conocerse el fallo, Jorge Julio López desapareció por segunda vez, en la ciudad de La Plata.
El proceso de Memoria, Verdad y Justicia cumplió 19 años en 2025 y el informe anual de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad señaló que luego de dos años de ataques libertarios a las políticas de Derechos Humanos y el desmantelamiento de áreas claves por parte del gobierno nacional, este año cierra con el récord de 54 absoluciones y 35 condenas en los 19 juicios.
Si sumamos lo sucedido en el juicio por la Masacre del Pabellón Séptimo, en la que fueron condenados dos exjefes penitenciarios y fue absuelto un celador, las absoluciones fueron 55 y las condenas 37.
En mayo pasado, el juicio Superintendencia de Seguridad Federal tuvo ocho absoluciones y siete condenas por los crímenes contra siete personas en ese centro clandestino y en operativos realizados por la patota de la Federal. El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata absolvió en octubre a 27 acusados y condenó a ocho represores por delitos contra casi 200 personas, en el circuito represivo que operó en Tandil, Azul y Olavarría. En noviembre, el Tribunal Oral Federal 1 de Rosario dejó impunes los crímenes de Acindar en Villa Constitución cuando la Justicia absolvió a los 17 acusados. Entre los que quedaron libres, dos casos emblemáticos: Roberto Pellegrini, exjefe de relaciones laborales de Acindar y Oscar Torralvo, personal jerárquico, para los que fiscalía y querellas habían pedido perpetua como responsables de ocho homicidios y 27 secuestros de trabajadores y delegados sindicales.
Desde el reinicio de los juicios por el terrorismo de Estado en 2006, hubo 1210 condenas y 248 absoluciones. El 83% de los que fueron encontrados culpables se encuentra en su casa y en el caso de los procesados, la cifra aumenta al 90%; pero solo el 45% tiene un dispositivo electrónico de control para asegurar su cumplimiento.
A partir de 1983, cada vez que el poder real pudo generar impunidad a través de distintos formatos de perdón, siempre buscó limpiar las culpas de los represores que mataron en nombre del neoliberalismo. Cuando a la última dictadura le quedaban muy pocos meses en la Rosada y estaban haciendo las valijas luego de la derrota en Malvinas, el general Bignone anunció la Ley de Pacificación Nacional. La “autoamnistía” militar fue derogada por Alfonsín en uno de sus primeros actos de gobierno. Después llegó el histórico Juicio a las Juntas y el contragolpe de los alzamientos carapintadas que le sacaron al gobierno radical el Punto final (1986) y la Obediencia debida (1987). Carlos Menem firmó diez decretos entre el 7 de octubre de 1989 y el 30 de diciembre de 1990, que significaron el indulto a los represores de la Argentina 1976-1983.
El 17 de diciembre de 2001, cuando a la Alianza le quedaban 48 horas de vida, De la Rúa aportó con el Decreto 1581 su granito de arena al legado de su familia política: “En los pedidos de asistencia judicial o extradición de tribunales extranjeros, la Cancillería argentina los rechazará porque son hechos ocurridos en el territorio nacional o lugares sometidos a la jurisdicción nacional”. El cuñado del senador vitalicio convertido en Presidente era el contralmirante Basilio Pertiné, agregado militar en Estados Unidos durante la última dictadura y en la década del 80. El texto ordenaba que todos los pedidos de extradición formulados por tribunales extranjeros en causas sobre violaciones a derechos humanos cometidas en el país serían rechazados, mientras que las solicitudes de arresto provisorio se enviarían al juez competente.
Néstor Kirchner derogó, el 25 de julio de 2003, el decreto De la Rúa y cinco días después planteó su deseo de juicios en la Argentina. El 20 de agosto, el Senado terminó con las leyes de perdón y el 1 de septiembre, la Cámara Federal porteña reabrió las causas ESMA y Ejército, basada en que el Congreso anuló las leyes de perdón. Los legisladores votaron una norma muy similar a la que en 1998 presentaron los frepasistas Alfredo Bravo y Juan Pablo Cafiero, renovada por el texto de Patricia Walsh en 2003, desde el bloque de Izquierda Unida. El Parlamento otorgó jerarquía institucional a la “Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad”, redactada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1968.
Macri intentó sumar sin suerte el 2x1, de la mano de Rosenkrantz y Rosatti, para condenados por delitos de lesa humanidad. El pueblo lo impidió copando las calles. En la era de la fórmula Milei-Villarruel, las absoluciones son algo más que un placebo en la búsqueda de impunidad. Es la salida que encontraron para la revancha los apologistas de la última dictadura que se maquillan de negacionistas. Caminos para perdonar a los que mataron a una generación en nombre de la patria financiera, a los que crearon más de 600 centros clandestinos en todo el país para cambiar la matriz económica de un país que tenía 2,7 de desocupación y trabajo fabriquero a tres turnos. Importados, deuda, fuga y timba, igual que casi medio siglo después con el gobierno de Milei los nietos de la última dictadura, los hijos del menemismo y los hermanos menores del macrismo.
La segunda condena fue la perpetua para el excomisario Miguel Osvaldo Etchecolatz, director de Investigaciones de la Policía Bonaerense de Ramón Camps, el 19 de septiembre de 2006. Un día antes de conocerse el fallo, Jorge Julio López desapareció por segunda vez, en la ciudad de La Plata.
El proceso de Memoria, Verdad y Justicia cumplió 19 años en 2025 y el informe anual de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad señaló que luego de dos años de ataques libertarios a las políticas de Derechos Humanos y el desmantelamiento de áreas claves por parte del gobierno nacional, este año cierra con el récord de 54 absoluciones y 35 condenas en los 19 juicios.
Si sumamos lo sucedido en el juicio por la Masacre del Pabellón Séptimo, en la que fueron condenados dos exjefes penitenciarios y fue absuelto un celador, las absoluciones fueron 55 y las condenas 37.
En mayo pasado, el juicio Superintendencia de Seguridad Federal tuvo ocho absoluciones y siete condenas por los crímenes contra siete personas en ese centro clandestino y en operativos realizados por la patota de la Federal. El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata absolvió en octubre a 27 acusados y condenó a ocho represores por delitos contra casi 200 personas, en el circuito represivo que operó en Tandil, Azul y Olavarría. En noviembre, el Tribunal Oral Federal 1 de Rosario dejó impunes los crímenes de Acindar en Villa Constitución cuando la Justicia absolvió a los 17 acusados. Entre los que quedaron libres, dos casos emblemáticos: Roberto Pellegrini, exjefe de relaciones laborales de Acindar y Oscar Torralvo, personal jerárquico, para los que fiscalía y querellas habían pedido perpetua como responsables de ocho homicidios y 27 secuestros de trabajadores y delegados sindicales.
Desde el reinicio de los juicios por el terrorismo de Estado en 2006, hubo 1210 condenas y 248 absoluciones. El 83% de los que fueron encontrados culpables se encuentra en su casa y en el caso de los procesados, la cifra aumenta al 90%; pero solo el 45% tiene un dispositivo electrónico de control para asegurar su cumplimiento.
A partir de 1983, cada vez que el poder real pudo generar impunidad a través de distintos formatos de perdón, siempre buscó limpiar las culpas de los represores que mataron en nombre del neoliberalismo. Cuando a la última dictadura le quedaban muy pocos meses en la Rosada y estaban haciendo las valijas luego de la derrota en Malvinas, el general Bignone anunció la Ley de Pacificación Nacional. La “autoamnistía” militar fue derogada por Alfonsín en uno de sus primeros actos de gobierno. Después llegó el histórico Juicio a las Juntas y el contragolpe de los alzamientos carapintadas que le sacaron al gobierno radical el Punto final (1986) y la Obediencia debida (1987). Carlos Menem firmó diez decretos entre el 7 de octubre de 1989 y el 30 de diciembre de 1990, que significaron el indulto a los represores de la Argentina 1976-1983.
El 17 de diciembre de 2001, cuando a la Alianza le quedaban 48 horas de vida, De la Rúa aportó con el Decreto 1581 su granito de arena al legado de su familia política: “En los pedidos de asistencia judicial o extradición de tribunales extranjeros, la Cancillería argentina los rechazará porque son hechos ocurridos en el territorio nacional o lugares sometidos a la jurisdicción nacional”. El cuñado del senador vitalicio convertido en Presidente era el contralmirante Basilio Pertiné, agregado militar en Estados Unidos durante la última dictadura y en la década del 80. El texto ordenaba que todos los pedidos de extradición formulados por tribunales extranjeros en causas sobre violaciones a derechos humanos cometidas en el país serían rechazados, mientras que las solicitudes de arresto provisorio se enviarían al juez competente.
Néstor Kirchner derogó, el 25 de julio de 2003, el decreto De la Rúa y cinco días después planteó su deseo de juicios en la Argentina. El 20 de agosto, el Senado terminó con las leyes de perdón y el 1 de septiembre, la Cámara Federal porteña reabrió las causas ESMA y Ejército, basada en que el Congreso anuló las leyes de perdón. Los legisladores votaron una norma muy similar a la que en 1998 presentaron los frepasistas Alfredo Bravo y Juan Pablo Cafiero, renovada por el texto de Patricia Walsh en 2003, desde el bloque de Izquierda Unida. El Parlamento otorgó jerarquía institucional a la “Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad”, redactada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1968.
Macri intentó sumar sin suerte el 2x1, de la mano de Rosenkrantz y Rosatti, para condenados por delitos de lesa humanidad. El pueblo lo impidió copando las calles. En la era de la fórmula Milei-Villarruel, las absoluciones son algo más que un placebo en la búsqueda de impunidad. Es la salida que encontraron para la revancha los apologistas de la última dictadura que se maquillan de negacionistas. Caminos para perdonar a los que mataron a una generación en nombre de la patria financiera, a los que crearon más de 600 centros clandestinos en todo el país para cambiar la matriz económica de un país que tenía 2,7 de desocupación y trabajo fabriquero a tres turnos. Importados, deuda, fuga y timba, igual que casi medio siglo después con el gobierno de Milei los nietos de la última dictadura, los hijos del menemismo y los hermanos menores del macrismo.
