Los simuladores de la crisis industrial
Trastienda política de la virulenta interna empresaria por la recesión de Milei
Por Leandro Renou
05 de marzo de 2026
Paolo rocca Milei Galperin Paolo rocca Milei Galperin (ARCHIVO )
Las bases presionan para que se hable de la malaria, pero Rocca y la cúpula suavizan la crítica con comunicados lavados. Los dueños sólo quieren salir de la línea de fuego pública a la que los expone el Presidente. La recesión acelerada y la crisis de los negocios en todos los rubros empezó a resquebrajar la omertá reinante en el poder económico.
Como al boxeador agotado, a ese pacto de cuidado silencio para evitar cuestionar en público al modelo económico de Javier Milei le empezaron a entrar las manos . Esa situación tiene dos caras contrapuestas: para la cúpula del poder empresario la ruptura se centra en el ruido que les generan los escraches públicos; mientras que para las bases el asunto está puesto en que se ha tornado insostenible mantenerse mudos ante una situación que se está llevando puestos a negocios de todo tipo y color.
En las últimas horas, como un emergente light de un conflicto espeso, aparecieron comunicados de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Asociación Empresaria Argentina (AEA) intencionalmente ambiguos, con la idea de contener y armonizar las posiciones. Los que mandan decidieron que era el momento impostergable de exponer que el gobierno de Milei debe cesar en el escrache público de empresarios.
En las últimas horas, como un emergente light de un conflicto espeso, aparecieron comunicados de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Asociación Empresaria Argentina (AEA) intencionalmente ambiguos, con la idea de contener y armonizar las posiciones. Los que mandan decidieron que era el momento impostergable de exponer que el gobierno de Milei debe cesar en el escrache público de empresarios.
La reacción de las dos cámaras tiene que ver directamente con el mote de “Don Chatarrín” que Milei le puso a Paolo Rocca, que no casualmente es cabeza de poder en ambas cámaras. A los empresarios argentinos les molesta más que la sociedad sepa quiénes son y qué conductas tiene, que ser afectados en sus negocios, algo que ven como un ciclo de altas y bajas. Los negocios caídos serán un drama para los trabajadores, pero para los ceos es algo recuperable. El golpe a la imágen publica, no.
El martes, en el salón Petiribí de la sede de la UIA en Avenida de Mayo, hubo una disputa feroz en la mesa cuando se planteó hacer el comunicado. Los industriales vinculados a las industrias dañadas, como el calzado, los metales, las autopartes y los textiles, pidieron exponer una posición directa contra el modelo Milei. Los jefes políticos, Techint, las automotrices y Ledesma los frenaron. Les pidieron calma y consenso. Pero la discusión no cesó. Finalmente, se consensuó un texto lavado, que fue redactado en una especie de interconsulta con la AEA. Ambos salieron con letra calcada. Y así la vocearon. Actuaron como una especie de simuladores de la crisis.
“En esta etapa de transformación, queremos ser claros: el respeto es condición básica del desarrollo. Respeto hacia quienes producen, invierten y generan empleo en todo el país. El respeto es el punto de partida para reconstruir la confianza que la Argentina necesita, tanto puertas adentro como frente al mundo”, precisó la UIA. A última hora del martes, en el grupo de Whatsapp de la entidad se compartieron elogios a la postura de parte de los jefes y Martín Rappallini, el titular de la entidad, sacó pecho asegurando que había habido, finalmente, una crítica a Milei. Al otro día, ya en la primera hora de la mañana, apareció en los medios asegurando que banca el rumbo económico de Milei.
Algunos se sonrieron, pícaros, y vieron algo de sobreactuación en un personaje que está muy cerca del poder de turno: Rappallini, que responde políticamente a Paolo Rocca de Techint y que alcanzó la presidencia gracias al aval del holding, fue el hombre del sector privado en la mesa de la Reforma Laboral, es muy afín a Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, y en la crisis empezó a mutar su negocio. Rappallini no sólo habla por Rocca, sino también por un esquema que lo está beneficiando en lo personal.
El martes, en el salón Petiribí de la sede de la UIA en Avenida de Mayo, hubo una disputa feroz en la mesa cuando se planteó hacer el comunicado. Los industriales vinculados a las industrias dañadas, como el calzado, los metales, las autopartes y los textiles, pidieron exponer una posición directa contra el modelo Milei. Los jefes políticos, Techint, las automotrices y Ledesma los frenaron. Les pidieron calma y consenso. Pero la discusión no cesó. Finalmente, se consensuó un texto lavado, que fue redactado en una especie de interconsulta con la AEA. Ambos salieron con letra calcada. Y así la vocearon. Actuaron como una especie de simuladores de la crisis.
“En esta etapa de transformación, queremos ser claros: el respeto es condición básica del desarrollo. Respeto hacia quienes producen, invierten y generan empleo en todo el país. El respeto es el punto de partida para reconstruir la confianza que la Argentina necesita, tanto puertas adentro como frente al mundo”, precisó la UIA. A última hora del martes, en el grupo de Whatsapp de la entidad se compartieron elogios a la postura de parte de los jefes y Martín Rappallini, el titular de la entidad, sacó pecho asegurando que había habido, finalmente, una crítica a Milei. Al otro día, ya en la primera hora de la mañana, apareció en los medios asegurando que banca el rumbo económico de Milei.
Algunos se sonrieron, pícaros, y vieron algo de sobreactuación en un personaje que está muy cerca del poder de turno: Rappallini, que responde políticamente a Paolo Rocca de Techint y que alcanzó la presidencia gracias al aval del holding, fue el hombre del sector privado en la mesa de la Reforma Laboral, es muy afín a Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, y en la crisis empezó a mutar su negocio. Rappallini no sólo habla por Rocca, sino también por un esquema que lo está beneficiando en lo personal.
Quien fuera presidente de la Unión Industrial Bonaerense (UIPBA) es dueño de la Cerámica Alberdi, empresa de un sector paralizado por la crisis. Pero tiene otro berretín: los que menos lo aprecian le empezaron a decir “Martín, el minero”. Es que Rappallini acaba de recibir del Gobierno un RIGI (plan de facilidades para invertir) para un proyecto minero de su propiedad en la provincia de Mendoza. Se trata de un proyecto de extracción de cobre llamado PSJ Cobre Mendocino.
La aventura pertenece a Zonda Metals GmBH, una firma de Suiza; y a Alberdi Energy, la otra empresa de Rappallini. En diciembre del año pasado, el propio Milei y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, arrancaron con un lobby público y privado para que la iniciativa sea validada por el Parlamento provincial. Terminó ocurriendo.
Una renuncia y números críticos
La UIA atraviesa una interna silenciosa, pero dura, con enfrentamientos y algunos coletazos que evidencian las diferencias. En las últimas horas, como adelantó Página I12, Diego Coatz, el economista y director ejecutivo histórico, renunció a su cargo. Se fue porque la cúpula quiso desdoblar su área y volver a ponerlo en el lugar de economista. Coatz, de perfil industrialista y uno de los cuadros que armó José Ignacio De Mendiguren en su paso por la entidad, será reemplazado en la direccion ejecutiva por Laura Bermúdez, que hasta ahora tenía ese cargo en UIPBA. Bermúdez responde a la línea Rappallini, es decir, a la línea Techint.
La aventura pertenece a Zonda Metals GmBH, una firma de Suiza; y a Alberdi Energy, la otra empresa de Rappallini. En diciembre del año pasado, el propio Milei y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, arrancaron con un lobby público y privado para que la iniciativa sea validada por el Parlamento provincial. Terminó ocurriendo.
Una renuncia y números críticos
La UIA atraviesa una interna silenciosa, pero dura, con enfrentamientos y algunos coletazos que evidencian las diferencias. En las últimas horas, como adelantó Página I12, Diego Coatz, el economista y director ejecutivo histórico, renunció a su cargo. Se fue porque la cúpula quiso desdoblar su área y volver a ponerlo en el lugar de economista. Coatz, de perfil industrialista y uno de los cuadros que armó José Ignacio De Mendiguren en su paso por la entidad, será reemplazado en la direccion ejecutiva por Laura Bermúdez, que hasta ahora tenía ese cargo en UIPBA. Bermúdez responde a la línea Rappallini, es decir, a la línea Techint.
Este miércoles, en un mensaje a los celulares de sus pares, Coatz se despidió con un pequeño dardo: “Hoy cierro una etapa muy importante en la UIA. Fueron 20 años muy intensos y ricos en lo personal y lo profesional. Siempre con la pasión de poner a la industria y la producción en el centro de la conversación pública porque Argentina es, fue y tiene que ser un país industrial. Me llevo el orgullo de haber contribuido a formar un par de generaciones de cuadros técnicos con vocación industrial”, escribió.
Antes de irse, Coatz y los economista de la casa procesaron los datos fabriles de la primera parte del año. Que se compartieron en la previa al inofensivo comunicado. El Monitor de Desempeño Industrial, que anticipa la evolución de la actividad industrial, se ubicó en 36,5 puntos en enero de 2026, cayendo -7,5 puntos frente al relevamiento anterior. Si la comparación es con enero del año pasado —cuando se había registrado el valor más alto para ese mes en los últimos dos años— la situación empeoró con una variación negativa de -5,6 puntos. Además, al analizar las principales variables, predominaron los resultados negativos. El 53,3% de las empresas encuestadas afirmó que su nivel de producción cayó en comparación con el promedio del cuarto trimestre del año pasado.
E cuanto a las ventas internas, el 54,7% de las empresas reportó bajas, mientras que solo el 13,3% registró aumentos. En materia de exportaciones, el 30% informó caídas y el 14,3% subas, manteniéndose proporciones similares a las observadas en encuestas previas. En empleo, el 22,2% de las empresas registró caídas. Entre ellas, la mitad recurrió a la reducción de personal ante la menor actividad, el 41,4% redujo turnos y el 22,9% implementó suspensiones.
Show y pirotecnia de AEA
La AEA se fundó en el año 2002 con la intención de ser una cámara empresaria al estilo brasileño. Dueños hablando de los intereses de una burguesía más bien nacionalista. Con los años, el poder de la cúpula alteró ese objetivo. En AEA mandan hoy Techint, Arcor, Clarín, Ledesma, los Braun de La Anónima y la flamante incorporación en los años del macrismo: Marcos Galperín, de Mercado Libre.
En medio de la disputa con el Gobierno, AEA también se interesó más por el escrache que por la crisis. En este sentido, tras el discurso de Milei en el Congreso, AEA expresó recientemente en un comunicado que “para avanzar hacia un crecimiento sostenido, es indispensable promover un diálogo constructivo y respetuoso entre el gobierno y el sector privado”. Ya venía en esa línea, la única portada de diario que publicó el Grupo Clarín contra el Gobierno fue para quejarse de los apodos.
Antes de irse, Coatz y los economista de la casa procesaron los datos fabriles de la primera parte del año. Que se compartieron en la previa al inofensivo comunicado. El Monitor de Desempeño Industrial, que anticipa la evolución de la actividad industrial, se ubicó en 36,5 puntos en enero de 2026, cayendo -7,5 puntos frente al relevamiento anterior. Si la comparación es con enero del año pasado —cuando se había registrado el valor más alto para ese mes en los últimos dos años— la situación empeoró con una variación negativa de -5,6 puntos. Además, al analizar las principales variables, predominaron los resultados negativos. El 53,3% de las empresas encuestadas afirmó que su nivel de producción cayó en comparación con el promedio del cuarto trimestre del año pasado.
E cuanto a las ventas internas, el 54,7% de las empresas reportó bajas, mientras que solo el 13,3% registró aumentos. En materia de exportaciones, el 30% informó caídas y el 14,3% subas, manteniéndose proporciones similares a las observadas en encuestas previas. En empleo, el 22,2% de las empresas registró caídas. Entre ellas, la mitad recurrió a la reducción de personal ante la menor actividad, el 41,4% redujo turnos y el 22,9% implementó suspensiones.
Show y pirotecnia de AEA
La AEA se fundó en el año 2002 con la intención de ser una cámara empresaria al estilo brasileño. Dueños hablando de los intereses de una burguesía más bien nacionalista. Con los años, el poder de la cúpula alteró ese objetivo. En AEA mandan hoy Techint, Arcor, Clarín, Ledesma, los Braun de La Anónima y la flamante incorporación en los años del macrismo: Marcos Galperín, de Mercado Libre.
En medio de la disputa con el Gobierno, AEA también se interesó más por el escrache que por la crisis. En este sentido, tras el discurso de Milei en el Congreso, AEA expresó recientemente en un comunicado que “para avanzar hacia un crecimiento sostenido, es indispensable promover un diálogo constructivo y respetuoso entre el gobierno y el sector privado”. Ya venía en esa línea, la única portada de diario que publicó el Grupo Clarín contra el Gobierno fue para quejarse de los apodos.
Nunca la noticia fue la crisis. AEA carga con un peso extra: en los años del kirchnerismo más combativo, gastó ríos de tinta en comunicados alertando sobre lo que entendía eran avances contra las instituciones y la propiedad privada desde el Estado. Hoy, la situación, según admiten integrantes de la cámara, “es aún peor”.
En plena guerra con el Gobierno, la AEA decidió además remover a su actual director ejecutivo. Jaime Campos, el hombre sin empresa que ponía amablemente la cara para alivianar la exposición de los grandes, será reemplazo por Alejandro Lastra.
Lastra es una novedad: actualmente, el ejecutivo es director de Regulación y Asuntos Públicos de Movistar-Telefónica, cargo que mantendrá hasta fin de mes para luego dar paso a su nueva responsabilidad al frente de AEA. Además, es abogado y en su segunda etapa acumula más de una década en distintos roles de la compañía de telefonía, donde tuvo un primer paso como director de Legales entre 2003 y 2007. Luego tuvo un impasse de cinco años en los que se desempeñó en IBM con la misma función. En 2013 retornó a Telefónica.
Hasta la Mediterránea pide protección
La situación económica e industrial es tan delicada que hasta la presidenta de la Fundación Mediterránea, María Pía Astori, afirmó que sin industria nacional “no hay país que valga” y pidió que el sector manufacturero y productivo sea tratado “como lo hace Estados Unidos, con coherencia”.
La Mediterránea fue la cuna del liberalismo económico por décadas. Muy influenciada por Arcor, empresa emblema en Córdoba, generó cuadros como Domingo Felipe Cavallo. Por eso, es llamativo que Astori aparezca pidiendo protección del Estado.
“Sin producción no hay desarrollo, sin empresas no hay empleo y sin industrias ni empleo no hay país que valga”, enfatizo la presidenta del grupo Astori, uno de los grupos empresarios que es referente a nivel nacional en la construcción. Y agregó que “el Estado necesita un sector privado fuerte y competitivo, y el sector privado necesita reglas claras, previsibilidad e instituciones sólidas”. Las declaraciones se dieron en el marco de la exposición del ministro de Economía, Luis Caputo.
La empresaria destacó que los representantes del sector industrial creen “en la sana competencia, pero como lo hace Estados Unidos con coherencia y cuidando que los productos que entran desde China lo hagan de una forma más cuidada”.
Piden reabrir la causa por el megaendeudamiento con el Fondo Monetario Internacional
El fiscal José Agüero Iturbe pidió revocar el cierre de la causa que había dictado la jueza María Eugenia Capuchetti. Están acusados Mauricio Macri, Luis Caputo y Federico Sturzenegger
Por Irina Hauser
En plena guerra con el Gobierno, la AEA decidió además remover a su actual director ejecutivo. Jaime Campos, el hombre sin empresa que ponía amablemente la cara para alivianar la exposición de los grandes, será reemplazo por Alejandro Lastra.
Lastra es una novedad: actualmente, el ejecutivo es director de Regulación y Asuntos Públicos de Movistar-Telefónica, cargo que mantendrá hasta fin de mes para luego dar paso a su nueva responsabilidad al frente de AEA. Además, es abogado y en su segunda etapa acumula más de una década en distintos roles de la compañía de telefonía, donde tuvo un primer paso como director de Legales entre 2003 y 2007. Luego tuvo un impasse de cinco años en los que se desempeñó en IBM con la misma función. En 2013 retornó a Telefónica.
Hasta la Mediterránea pide protección
La situación económica e industrial es tan delicada que hasta la presidenta de la Fundación Mediterránea, María Pía Astori, afirmó que sin industria nacional “no hay país que valga” y pidió que el sector manufacturero y productivo sea tratado “como lo hace Estados Unidos, con coherencia”.
La Mediterránea fue la cuna del liberalismo económico por décadas. Muy influenciada por Arcor, empresa emblema en Córdoba, generó cuadros como Domingo Felipe Cavallo. Por eso, es llamativo que Astori aparezca pidiendo protección del Estado.
“Sin producción no hay desarrollo, sin empresas no hay empleo y sin industrias ni empleo no hay país que valga”, enfatizo la presidenta del grupo Astori, uno de los grupos empresarios que es referente a nivel nacional en la construcción. Y agregó que “el Estado necesita un sector privado fuerte y competitivo, y el sector privado necesita reglas claras, previsibilidad e instituciones sólidas”. Las declaraciones se dieron en el marco de la exposición del ministro de Economía, Luis Caputo.
La empresaria destacó que los representantes del sector industrial creen “en la sana competencia, pero como lo hace Estados Unidos con coherencia y cuidando que los productos que entran desde China lo hagan de una forma más cuidada”.
Piden reabrir la causa por el megaendeudamiento con el Fondo Monetario Internacional
El fiscal José Agüero Iturbe pidió revocar el cierre de la causa que había dictado la jueza María Eugenia Capuchetti. Están acusados Mauricio Macri, Luis Caputo y Federico Sturzenegger
Por Irina Hauser
Macri Caputo (Archivo -)
La decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti de archivar la causa por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por más de 50.000 millones de dólares deberá ser revisada por la Cámara Federal. Esto es así porque el fiscal ante ese tribunal, José Agüero Iturbe, pidió revocarla en respaldo al planteo de su colega de primera instancia, Franco Picardi. Este último sostuvo que la magistrada había hecho una “evaluación parcial, desmembrada, sesgada y superficial de los hechos y las pruebas así como del marco regulatorio” que, evaluó, no se respetó al contraer “una deuda insostenible”, la “más grande de nuestra historia” y del propio organismo de crédito que tuvo como contrapartida un proceso de fuga de capitales.
Agüero Iturbe se remitió días atrás a lo que había planteado Picardi y lo hizo propio: “En el escrito impugnatorio se ha detallado acabadamente las conductas desplegadas, la participación de quienes considera responsables en el suceso investigado, como así también las pruebas que considera acreditan los hechos denunciados…”. En el dictamen de 85 páginas que presentó la primera semana de febrero, tres días después de que Capuchetti dio por cerrado el caso, el fiscal de instrucción especificó que entre los imputados no sólo estaba el expresidente Macri sino –entre otros— tres funcionarios del actual Gobierno, que son Luis Caputo, ministro de Economía, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, y Santiago Bausili, presidente del Banco Central.
La jueza, el gobierno, la cámara
La causa judicial se había iniciado tras el primer acuerdo con el FMI del macrismo, firmado en junio de 2018, y la jueza se tomó todos estos años para decir que era una cuestión “no judiciable” (es decir, una decisión de política económica). En forma genérica, descartó el desvío o apropiación indebida de fondos. En forma sincronizada con el fallo, el Gobierno retiró su querella del caso, que era llevada adelante por la Procuración General del Tesoro, el cuerpo de abogados del Estado.
Aunque el expediente se quedó sin esa querella estatal cuenta con el impulso de la fiscalía, que en todos estos años avanzó en la investigación y mostró que el propio Banco Central y los organismos de control (Sindicatura General de la Nación y Auditoría General de la Nación) habían alertado sobre el incumplimiento de las normas administrativas.
En ese plano, además de la falta de aprobación por parte del Congreso (algo previsto en el artículo 75 inciso 4 de la Constitución), quedó claro que el trámite interno había sido posterior a la consumación del acuerdo, que no había dictamen de viabilidad del Ministerio de Economía y autorización de jefatura de gabinete para las negociaciones, tampoco informe del BCRA sobre la viabilidad jurídica ni firma del ministerio de Finanzas. La jueza, sin embargo, dijo que no hacía falta la instancia parlamentaria y que bastaba con los pasos administrativos dados.
Ahora deberá revisar la causa la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los dos jueces nombrados sin concurso por Macri (Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, trasladados desde un tribunal oral) y un tercero designado por el mismo gobierno, y que sí dio examen, Mariano Llorens.
Picardi categórico
El fiscal Picardi había cuestionado la decisión de la jueza en duros términos al apelar. Dijo que ella había hecho una “evaluación parcial, desmembrada, sesgada y superficial de los hechos y pruebas, así como del marco regulatorio que rige la materia sobre la que versa el caso y la aplicabilidad de normas imperativas” para dar por terminada la causa. Planteó también que la decisión de Capuchetti fue “prematura”, porque quedan aspectos por profundizar en base a pruebas que ella omitió, y “vulnera el principio acusatorio”, porque omitió parte de la hipótesis criminal planteada por la fiscalía frente a hechos de “una gran relevancia institucional y trascendencia comunitaria”.
La fiscalía detalló:
*Que el gobierno de Macri contrajo “una deuda estatal insostenible, que sabían de imposible repago, por la suma de 57.100 millones de dólares (USD 57.100.000.000), vulnerando la Constitución Nacional y las leyes nacionales y normas que regulan el funcionamiento de la administración pública nacional y la toma de crédito público”.
*La administración de Cambiemos esgrimió “argumentos falsos y engañosos en torno a los objetivos y los usos que se les darían a las divisas solicitadas”. Se destinaron “de manera ruinosa las sumas obtenidas a cuestas del endeudamiento estatal, al financiamiento y profundización del proceso de fuga de capitales, en beneficio de grupos privados concentrados y en perjuicio del erario público”. Los objetivos exhibidos eran “reducir la deuda pública, bajar la inflación a un dígito, restaurar la confianza en el mercado, proteger a los sectores vulnerables, crear puestos de trabajo, disminuir la pobreza y elevar el estándar de vida de la población, entre otros”. Pero las “sumas obtenidas” “no fueron utilizadas para cumplir con estos propósitos” ya que “a través de disposiciones del Ministerio de Hacienda y del BCRA vinculadas a instrumentos de política monetaria y cambiaria, se destinaron a la profundización de transferencias de capitales desde el Estado hacia un sector privado concentrado desde el cual se intensificó la masiva salida de divisas fuera del circuito financiero nacional”.
*Todo esto incluiría, dijo Picardi, posibles “beneficios económicos indebidos para sí y/o para terceros” o “la provisión de información privilegiada en franca incompatibilidad con sus deberes funcionales”. Se habría administrado “de manera discrecional y/o fraudulenta parte de las divisas obtenidas, imposibilitando su control transparente y su trazabilidad”.
*“Como producto de este esquema defraudatorio, la República Argentina quedó posicionada como el principal deudor mundial ante el FMI, ya que la deuda tomada no solo fue la más grande de nuestra historia nacional, sino también del propio organismo internacional”, dice el dictamen. Recuerda que el primer préstamo acordado fue de 50.000 millones a ser pagados en 36 meses y cuatro meses después el FMI aprobó una ampliación de 7.100 millones de dólares. El monto total “superaba las reservas disponibles en el país” por entonces.
Picardi había concluido que “como consecuencia directa de todo este accionar, los/as funcionarios/as públicos/as a cargo del proceso descrito ocasionaron un perjuicio económico para el patrimonio público cuantificado en 29.618 millones de dólares (USD 29.618.000.000) por la Sindicatura General de la Nación”. Agregaba que hubo “otros daños de compleja estimación patrimonial, entre otras cosas, como consecuencia de los efectos del endeudamiento tomado y sus consecuencias”. Argumentaba que todo esto surgía de: las cartas de intención; los informes técnicos del FMI hacia la Argentina; los informes remitidos por el BCRA; la documentación remitida por el Ministerio de Economía de la Nación; los informes de la Auditoría General de la Nación (AGN); los informes de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN)”. “Todo esto fue deliberadamente ignorado por la señora jueza al momento de archivar las actuaciones”, subrayó.
Además de Macri, Caputo, Sturzenegger y Sandleris (estos tres últimos como extitulares del BCRA), están imputados el exministro de Economía, Nicolás Dujovne, varios exfuncionarios de BCRA que integraron el Comité de Política Monetaria de la entidad.
La decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti de archivar la causa por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por más de 50.000 millones de dólares deberá ser revisada por la Cámara Federal. Esto es así porque el fiscal ante ese tribunal, José Agüero Iturbe, pidió revocarla en respaldo al planteo de su colega de primera instancia, Franco Picardi. Este último sostuvo que la magistrada había hecho una “evaluación parcial, desmembrada, sesgada y superficial de los hechos y las pruebas así como del marco regulatorio” que, evaluó, no se respetó al contraer “una deuda insostenible”, la “más grande de nuestra historia” y del propio organismo de crédito que tuvo como contrapartida un proceso de fuga de capitales.
Agüero Iturbe se remitió días atrás a lo que había planteado Picardi y lo hizo propio: “En el escrito impugnatorio se ha detallado acabadamente las conductas desplegadas, la participación de quienes considera responsables en el suceso investigado, como así también las pruebas que considera acreditan los hechos denunciados…”. En el dictamen de 85 páginas que presentó la primera semana de febrero, tres días después de que Capuchetti dio por cerrado el caso, el fiscal de instrucción especificó que entre los imputados no sólo estaba el expresidente Macri sino –entre otros— tres funcionarios del actual Gobierno, que son Luis Caputo, ministro de Economía, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, y Santiago Bausili, presidente del Banco Central.
La jueza, el gobierno, la cámara
La causa judicial se había iniciado tras el primer acuerdo con el FMI del macrismo, firmado en junio de 2018, y la jueza se tomó todos estos años para decir que era una cuestión “no judiciable” (es decir, una decisión de política económica). En forma genérica, descartó el desvío o apropiación indebida de fondos. En forma sincronizada con el fallo, el Gobierno retiró su querella del caso, que era llevada adelante por la Procuración General del Tesoro, el cuerpo de abogados del Estado.
Aunque el expediente se quedó sin esa querella estatal cuenta con el impulso de la fiscalía, que en todos estos años avanzó en la investigación y mostró que el propio Banco Central y los organismos de control (Sindicatura General de la Nación y Auditoría General de la Nación) habían alertado sobre el incumplimiento de las normas administrativas.
En ese plano, además de la falta de aprobación por parte del Congreso (algo previsto en el artículo 75 inciso 4 de la Constitución), quedó claro que el trámite interno había sido posterior a la consumación del acuerdo, que no había dictamen de viabilidad del Ministerio de Economía y autorización de jefatura de gabinete para las negociaciones, tampoco informe del BCRA sobre la viabilidad jurídica ni firma del ministerio de Finanzas. La jueza, sin embargo, dijo que no hacía falta la instancia parlamentaria y que bastaba con los pasos administrativos dados.
Ahora deberá revisar la causa la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los dos jueces nombrados sin concurso por Macri (Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, trasladados desde un tribunal oral) y un tercero designado por el mismo gobierno, y que sí dio examen, Mariano Llorens.
Picardi categórico
El fiscal Picardi había cuestionado la decisión de la jueza en duros términos al apelar. Dijo que ella había hecho una “evaluación parcial, desmembrada, sesgada y superficial de los hechos y pruebas, así como del marco regulatorio que rige la materia sobre la que versa el caso y la aplicabilidad de normas imperativas” para dar por terminada la causa. Planteó también que la decisión de Capuchetti fue “prematura”, porque quedan aspectos por profundizar en base a pruebas que ella omitió, y “vulnera el principio acusatorio”, porque omitió parte de la hipótesis criminal planteada por la fiscalía frente a hechos de “una gran relevancia institucional y trascendencia comunitaria”.
La fiscalía detalló:
*Que el gobierno de Macri contrajo “una deuda estatal insostenible, que sabían de imposible repago, por la suma de 57.100 millones de dólares (USD 57.100.000.000), vulnerando la Constitución Nacional y las leyes nacionales y normas que regulan el funcionamiento de la administración pública nacional y la toma de crédito público”.
*La administración de Cambiemos esgrimió “argumentos falsos y engañosos en torno a los objetivos y los usos que se les darían a las divisas solicitadas”. Se destinaron “de manera ruinosa las sumas obtenidas a cuestas del endeudamiento estatal, al financiamiento y profundización del proceso de fuga de capitales, en beneficio de grupos privados concentrados y en perjuicio del erario público”. Los objetivos exhibidos eran “reducir la deuda pública, bajar la inflación a un dígito, restaurar la confianza en el mercado, proteger a los sectores vulnerables, crear puestos de trabajo, disminuir la pobreza y elevar el estándar de vida de la población, entre otros”. Pero las “sumas obtenidas” “no fueron utilizadas para cumplir con estos propósitos” ya que “a través de disposiciones del Ministerio de Hacienda y del BCRA vinculadas a instrumentos de política monetaria y cambiaria, se destinaron a la profundización de transferencias de capitales desde el Estado hacia un sector privado concentrado desde el cual se intensificó la masiva salida de divisas fuera del circuito financiero nacional”.
*Todo esto incluiría, dijo Picardi, posibles “beneficios económicos indebidos para sí y/o para terceros” o “la provisión de información privilegiada en franca incompatibilidad con sus deberes funcionales”. Se habría administrado “de manera discrecional y/o fraudulenta parte de las divisas obtenidas, imposibilitando su control transparente y su trazabilidad”.
*“Como producto de este esquema defraudatorio, la República Argentina quedó posicionada como el principal deudor mundial ante el FMI, ya que la deuda tomada no solo fue la más grande de nuestra historia nacional, sino también del propio organismo internacional”, dice el dictamen. Recuerda que el primer préstamo acordado fue de 50.000 millones a ser pagados en 36 meses y cuatro meses después el FMI aprobó una ampliación de 7.100 millones de dólares. El monto total “superaba las reservas disponibles en el país” por entonces.
Picardi había concluido que “como consecuencia directa de todo este accionar, los/as funcionarios/as públicos/as a cargo del proceso descrito ocasionaron un perjuicio económico para el patrimonio público cuantificado en 29.618 millones de dólares (USD 29.618.000.000) por la Sindicatura General de la Nación”. Agregaba que hubo “otros daños de compleja estimación patrimonial, entre otras cosas, como consecuencia de los efectos del endeudamiento tomado y sus consecuencias”. Argumentaba que todo esto surgía de: las cartas de intención; los informes técnicos del FMI hacia la Argentina; los informes remitidos por el BCRA; la documentación remitida por el Ministerio de Economía de la Nación; los informes de la Auditoría General de la Nación (AGN); los informes de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN)”. “Todo esto fue deliberadamente ignorado por la señora jueza al momento de archivar las actuaciones”, subrayó.
Además de Macri, Caputo, Sturzenegger y Sandleris (estos tres últimos como extitulares del BCRA), están imputados el exministro de Economía, Nicolás Dujovne, varios exfuncionarios de BCRA que integraron el Comité de Política Monetaria de la entidad.
