3 jul 2015

El asesinato de dos periodistas sacude México

Las muertes de los reporteros ponen al país de nuevo frente al espejo de la terrible inseguridad para los que ejercen esa profesión

Filadelfo Sánchez y Juan Mendoza, asesinados. / FACEBOOK
El periodismo avanza entre tumbas en México. Las últimas son las de Filadelfo Sánchez Sarmiento y Juan Mendoza Delgado. Al primero le esperaron a la salida de la redacción, al otro lo secuestraron en su coche. Un tiro y un atropello. Sus muertes, ocurridas en menos de una semana y en dos Estados cargados de crímenes contra la libertad de expresión, vuelven a poner a México frente al espejo de la terrible inseguridad que sufren los periodistas. Sólo en Veracruz y Oaxaca, donde se registraron los dos últimos casos, han matado a siete informadores desde 2014, casi la mitad que en todo el país. No hay parangón en América.

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Filadelfo Sánchez Sarmiento dirigía la estación de radio La Favorita, en el municipio de Miahuatlán, en Oaxaca. El jueves, al salir de la emisora, fue sorprendido por dos sicarios. Siete balazos acabaron con su vida. Tanto la autoría como la causa permanecían ayer en la oscuridad. Pero Sánchez Sarmiento, el locutor estrella de La Voz de la Sierra Sur, había recibido, como sus compañeros, amenazas de muerte de poderes locales y el narco. El mismo monstruo oscuro que el pasado 2 de mayo secuestró, torturó y mató de cuatro tiros en la nuca al conocido locutor oaxaqueño Armando Saldaña Morales.
La última vez que se vio con vida a Juan Mendoza Delgado fue el martes pasado en la localidad veracruzana de Medellín Bravo. El periodista, que dirigía un modesto portal de noticias locales llamado Escribiendo la verdad, se dirigía a cumplir su turno de taxista, trabajo que compatibilizaba con sus tareas informativas. El jueves por la tarde su cadáver fue hallado con signos de violencia. Supuestamente lo habían matado pasándole un coche encima. Su muerte fue considerada un asesinato por la organización de defensa de la libertad de expresión Article 19.
El crimen de Mendoza Delgado trajo a la memoria el reciente caso de Moisés Sánchez Crespo, el editor del pequeño semanario comunitario La Unión, en el mismo municipio.
También trabajaba como taxista y también denunciaba los supuestos abusos en la localidad. El pasado 2 de enero, nueve hombres armados y encapuchados irrumpieron en su casa. Delante de su mujer y sus hijos, le arrebataron el ordenador, la cámara de fotos y el teléfono móvil. Después, se lo llevaron. Ese mismo día fue degollado. La orden supuestamente había partido del jefe de la Policía Local y escolta del alcalde, principal sospechoso. A diferencia de otros casos, destinados al olvido, este desató una fuerte ola de solidaridad. La impunidad con que se perpetró el asesinato, pero sobre todo la macabra suma de casos en Veracruz, ante la indiferencia de las autoridades del Estado, gobernado por el polémico Javier Duarte, que intentó restar importancia al crimen alegando que era un taxista, detonaron una ola de protestas que culminaron con una durísima carta abierta de 300 intelectuales y 20 organizaciones y la decisión de los directores delencuentro cultural Hay Festival de cancelar su edición en Xalapa, capital de Veracruz.
La policía resguarda el cuerpo sin vida de Filadelfo Sánchez. / EFE
Las dos nuevas muertes vuelven a confirmar lo que es un diagnóstico bien conocido. México, con 86 asesinatos desde 2000, es uno de los países más peligrosos del mundo para ser periodista. Y Oaxaca y Veracruz, sus puntos negros. “Esta ola de muertes es fruto de la impunidad. Hay actores políticos y criminales que aún ven la eliminación de periodistas como una solución a sus problemas, y se sienten con licencia para hacerlo. Lo demuestra que en Veracruz y Oaxaca hayan muerto más de la mitad de los periodistas asesinados desde 2014”, señaló Javier Garza, experto del proyecto Periodistas en Riesgo, de Freedom House.
Las víctimas escogidas por el narco o las autoridades suelen ser informadores modestos. Periodistas rebeldes de medios pequeños ysin capacidad de defensa. En la mayoría de los casos, según Garza, las muertes vienen precedidas del secuestro y la consiguiente tortura. Y las investigaciones pocas veces culminan en la detención de los verdaderos culpables. En estas condiciones, el ejercicio de la libertad de expresión se convierte en muchas zonas de México, como Tamaulipas o Veracruz, en una ficción. Y los propios diarios evitan las informaciones vinculadas al narco. A la muerte, el linchamiento o simplemente la amenaza, le sigue la autocensura. Es la ley del silencio. Y quien la rompe, paga. Las muertes de Filadelfo Sánchez Sarmiento y Juan Mendoza Delgado lo recuerdan.

TISA: peligros y opacidad

Diario La Jornada, México

TISA





La versión más reciente del Acuerdo de Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés) que Wikileaks entregó a este diario no es un documento tranquilizador. De las cláusulas estipuladas en el texto central y en sus anexos sobre comercio electrónico y marítimo, telecomunicaciones y finanzas pueden derivarse, en caso de que ese instrumento resulte aprobado, amenazas de diversa magnitud para los rubros nacionales correspondientes, sobre el conjunto de la economía, para la población y las instituciones del país.
En términos generales, el tratado, en cuyas negociaciones furtivas participan representantes de medio centenar de naciones, la nuestra incluida, aspira a practicar una nueva vuelta de tuerca en el proceso de reducción del Estado que preconiza el modelo neoliberal y que se ha venido realizando desde hace más de tres décadas en casi todo el mundo. Tal disminución, que en su primera fase se tradujo en la privatización indiscriminada de bienes públicos, incluidos los estratégicos, se centra hoy en día en la mutilación de atribuciones y de soberanía a fin de expandir los dominios del mercado a todos los ámbitos posibles de la vida de los países: la salud, la educación, la investigación científica y tecnológica, los servicios financieros, el transporte, la propiedad intelectual y las telecomunicaciones, más los que se vayan agregando.
El propósito del TISA es reducir o borrar la presencia reguladora institucional e instaurar en ellos, como mecanismos supremos de regulación, el mercado y la libre competencia internacional, es decir, consumar en las dos terceras partes de la economía global, valga decir, a escala planetaria, la utopía liberal de David Ricardo.
Tal utopía, sin embargo, no ha funcionado jamás como se supondría que debía hacerlo, y la economía entendida como la supervivencia del más fuerte ha desembocado una y otra vez en la conformación de grandes monopolios u oligopolios que terminan por aplastar a la competencia, proyectan su poderío económico al ámbito de las relaciones políticas y derivan en la corrupción, la opresión y la ilegalidad.
En la actualidad están conformados ya consorcios trasnacionales poderosísimos que operan como poderes fácticos y que son los que, en la práctica, se verían beneficiados por la entrada en vigor del instrumento comercial referido. De hecho, la versión más reciente que se conoce del TISA parece una suerte de declaración de los derechos mundiales de las corporaciones, las cuales, en los términos del documento, podrían arrasar a pequeños competidores locales, eliminar en la práctica derechos de consumidores y de ciudadanos, inhibir la tarea de los poderes legislativos, ignorar a los organismos jurisdiccionales e impedir que los ejecutivos adopten políticas públicas de interés social que resulten potencialmente lesivas para sus intereses empresariales.
A la vista de la cantidad de personas físicas y morales que se verían perjudicadas y de las instituciones que perderían muchas de sus atribuciones por la firma del TISA, no resulta sorprendente que los gobiernos involucrados en la negociación hayan mantenido los documentos del acuerdo fuera de la vista de la opinión pública y que su consulta no sea permitida ni siquiera a legisladores. De hecho, una de las cláusulas del proceso de redacción del instrumento señala que éste no será divulgado en los primeros cinco años posteriores a su entrada en vigor, si es aprobado, ni un lustro después del cierre de las negociaciones, si éstas no conducen a un acuerdo.
En el proceso de negociación referido –en el que la parte mexicana está representada por las secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores– resultan injustificables la opacidad, la ausencia de información oficial y la nula voluntad política de someter a la consideración de la sociedad un asunto de tal relevancia y de tan largo alcance como el comentado.
Resulta, por ello, particularmente importante que Wikileaks haya logrado hacer llegar a diversos medios – La Jornada, en el caso de México– diversas fases y secciones del TISA: la organizacióm fundada por Julian Assange es, hasta la fecha, la única fuente en la que las sociedades de los países involucrados en el acuerdo pueden enterarse del desarrollo de un marco comercial que puede tener, si se implanta, graves consecuencias sobre sus economías, sus puestos laborales y sus derechos como consumidores, audiencias y hasta causantes.
En el caso de México la entrada en vigor del tratado referido, junto con la del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (ATP o TPP, por sus siglas en inglés) daría lugar a una reformulación de la economía tan drástica como la que se inició en su momento con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Cabe esperar que la ciudadanía y, particularmente, sus sectores académicos, científicos, empresariales, sociales y políticos, analicen los documentos revelados, cobren conciencia de los elementos de riesgo en ellos contenidos y se involucren en un debate nacional sobre la procedencia de articular el país a esos acuerdos.

Gobierno comenzará deportaciones de inmigrantes desde el 6 de julio

La República Dominicana podría empezar a deportar a partir del próximo 6 de julio a los indocumentados que no se acogieron al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, dijo hoy el director de Migración, Rubén Darío Paulino Sem.

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Ley de Seguridad Ciudadana

 EN DECENAS DE CIUDADES PROTESTARON CONTRA LA “LEY MORDAZA”

España retrocede cuarenta años

La Ley de Seguridad Ciudadana que ayer entró en vigencia impone multas de hasta 30 mil euros por manifestarse sin autorización, marchar frente a la sede del Congreso, grabar a la policía o colgar una pancarta en edificios públicos.
 Por Flor Ragucci

Página/12 En España

Desde Barcelona

“Hoy entra en vigor la ‘Ley Mordaza’ así que a las doce acuérdense de cambiar el calendario, estamos en 1965.” Con mensajes de WhatsApp como éste, muchos recibían en España la noticia de que la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en solitario por el Partido Popular (PP) el pasado marzo dejaba de ser una amenaza para convertirse en realidad. La norma –que impone multas de hasta 30 mil euros por manifestarse sin autorización, marchar frente a la sede del Congreso, grabar a la policía o colgar una pancarta en edificios públicos– supone “una de las leyes más represivas de la historia reciente del Estado español”. Así lo declaraban ayer los convocantes a una de las protestas que en treinta ciudades tuvieron lugar para mostrar su rechazo a la nueva reglamentación.
Madrid permaneció “amordazada” en las proximidades del Congreso de los Diputados, donde cientos de personas se congregaron con las bocas tapadas como símbolo de la pérdida de libertades que entienden que supone esta ley. También en Barcelona la plataforma No Somos Delito y la campaña ciudadana #SinMordaza sacaron a la calle su protesta por lo que consideran la implantación de un “Estado policial”, como señalaron los asistentes, y la Red Ciudadana por el Derecho a la Información y la Comunicación (DIC) organizó una mesa redonda en el Colegio de Periodistas para discutir los efectos de la norma sobre la libertad de expresión.
Miguel Angel Soto, portavoz de Greenpeace y uno de los ponentes, manifestó –desde su experiencia como activista en causas medioambientales– su alarma no sólo por la entrada en vigor de la “Ley Mordaza”, sino también por la reforma del Código Penal que el gobierno de Mariano Rajoy también aprobó sin ningún apoyo y que, entre otras cosas, convierte infracciones penales en sanciones administrativas, a la vez que elimina la diferencia entre la resistencia pacífica y no pacífica. “Nosotros antes dependíamos de un juez y ahora nos vamos al control administrativo, perdemos el derecho a la tutela judicial y son las fuerzas de seguridad las que toman la palabra”, explica Soto. “Esta ley castiga algo que puede llegar a ocurrir, si la policía interpreta que tú estás haciendo algo que podría derivar en infracción, te penaliza. Pasamos de ser sujetos de derecho a ser sujetos de sospecha”, denuncia.
Para los activistas de Greenpeace, la aplicación de la norma de Rajoy supone un fuerte recorte en sus ámbitos habituales de acción, ya que estará prohibida la escalada de edificios y los aeropuertos, la televisión, los medios de transporte o las centrales térmicas –lugares donde la organización suele denunciar irregularidades medioambientales– pasarán a ser espacios vetados para la protesta. “Ahora tenemos que tener un fondo para pagar multas porque, a partir de este 1º de julio (por ayer), si queremos hacer algo ¡corremos el riesgo de fundirnos!”, alerta Soto.
En la mesa redonda celebrada en Barcelona estuvo también presente Amnistía Internacional (AI) y su responsable de comunicación, Dani Vilaró, expuso las conclusiones a las que el organismo llegó tras dos años de monitoreos de las protestas en España. En el informe presentado por AI en el 2014 –“España, derecho de protesta amenazado”– se documenta que ya antes de la redacción de la “Ley Mordaza” había en marcha un proceso de limitación de los derechos de reunión y manifestación. “Detectamos muchísimas sanciones a los manifestantes, un uso excesivo de la fuerza y abuso del material antidisturbios, detenciones masivas y arbitrarias y declaraciones que buscan criminalizar los nuevos movimientos sociales como las PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) y los escraches”, advierte Vilaró. “El gobierno español modifica ahora la Ley de Seguridad Ciudadana, pero ya sus prácticas incumplían los tratados internacionales que consagran como fundamental el derecho a la libre expresión y manifestación”, dice Vilaró. Y puntualiza: “Realmente este derecho es fundamental porque muchos otros se consiguieron gracias a poder manifestarse y reunirse”.
Tanto a Amnistía Internacional como a Greenpeace les preocupa, sobre todo, la limitación de los lugares en los que se puede hacer manifestación, como clara respuesta del partido de Rajoy a las protestas de los indignados frente al Parlamento y en las plazas. “La Constitución no obliga a solicitar autorización previa a una marcha y ahora esta ley sí. Es el colmo, ya lo único que falta es que tengamos que ir a un manifestódromo para manifestarnos”, reclama Soto, de Greenpeace. “Justamente una de las cosas que dice la legislación internacional es que el derecho a la manifestación no sirve si se hace a medio kilómetro de allá donde tiene que escucharse la protesta”, agrega el representante de AI.
“¿Era necesaria una ley como ésta? ¿Había un problema de seguridad grave en el Estado?”, se preguntan los asistentes a la charla. La respuesta es unánime: “No. Estas sanciones son totalmente desmesuradas en comparación con las faltas”. Según Amnistía Internacional la nueva norma está hecha con el objetivo de darle más poder a la policía y, en consecuencia, menos garantías a la ciudadanía “para evitar que se repita todo lo que han visto que empezaba a pasar a raíz de sus políticas de austeridad”.
Los periodistas también dejaron constancia en la mesa redonda de las limitaciones que a partir de ahora sufrirá su labor. La ley prohíbe el uso no autorizado de imágenes o datos personales de las fuerzas de seguridad o instalaciones protegidas, por lo que la policía podrá requisar las cámaras y sancionar al profesional. “La limitación a las grabaciones de agentes de la policía durante el ejercicio de sus funciones, claramente quiere evitar la publicación de imágenes que hemos visto en las últimas manifestaciones y que han sido pruebas fundamentales para denunciar el uso excesivo de la fuerza”, alerta Xavier Sitjà, miembro del Consejo de Informativos de Televisión Española (TVE).
“Esta ley es otro paso para reprimir el derecho a la información, el cual –de todos modos– ya está sufriendo serias amenazas con las famosas ruedas de prensa sin preguntas o las ridículas intervenciones del presidente Rajoy a través de un plasma”, apunta Sitjà.

Nuevo manual del Pentágono permite matar a periodistas enemigos

Justo cuando parecía que el discurso oficial sobre las políticas gubernamentales estadounidense había llegado al extremo de la paradoja, la autocomplacencia y las inconsistencias, el Pentágono emitió su “Manual sobre Leyes de la Guerra” (“Law of War Manual”) que dispone la conducta jurídica a que debe atenerse el personal de su servicio en todas las ramas durante las operaciones militares.

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MANUEL E. YEPE –
En un artículo valorativo de ese nuevo instrumento jurídico del Pentágono que fue difundido por TheAntiMedia blog y Anti-Media Radio, la escritora y periodista Claire Bernish califica al Manual de “escalofriante”.
“Aunque la voluminosa publicación de 1,180 páginas a un solo espacio es más seco que el pan duro -dice la periodista- y contiene un gran número de entradas alarmantes que merecen más de una lectura cuidadosa”.
Bernish señala que este Manual, en el que se trabajó durante 25 años, constituye la primera modificación integral de las leyes que desde 1956 rigen la política de las guerras del Departamento de Defensa estadounidense.
Uno de los significativos cambios es el referido a los periodistas quienes, “aunque por lo general son civiles, suelen ser también miembros de fuerzas armadas o beligerantes sin privilegios”, término este último que al parecer sustituye –quién sabe con qué intención- al de ‘combatientes ilegales’ que se usaba en la era de George W. Bush para definir a supuestos terroristas que se hicieran pasar por periodistas, resalta Bernish.
La periodista considera que en el nivel puramente superficial, la existencia de un manual de leyes que regule el comportamiento de un país en tiempos de conflicto indicaría la existencia en él de una conducta respetable que excluya violaciones de los derechos humanos, pero “en este caso ello solo sería en el plano técnico, ya que el contenido de esta misma guía de los usuarios desmiente tal cosa e identifica al gobierno estadounidense como el más belicoso y arrogante del planeta”.
Ejemplo de lo anterior es la bien documentada circunstancia de la utilización de uranio empobrecido por Estados Unidos en la guerra de Irak y en la etapa inmediatamente posterior, que dejó como secuela de décadas muchos miles de víctimas civiles iraquíes con monstruosas deformaciones físicas. En todo el mundo ello ha sido categóricamente condenado, no obstante lo cual el  nuevo Manual inscribe el uso de armamentos a base de uranio empobrecido como “legal”.
Desde 2004 hasta hoy la tasa de malformaciones congénitas en la ciudad iraquí de Falluyah ha sobrepasado la de las bombas atómicas que cruelmente dejó caer Estados Unidos sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki hace 55 años, cuando ya el Imperio nipón había anunciado su voluntad de rendirse.
Similarmente, las internacionalmente prohibidas bombas de racimo aparecen listadas en el Manual como  armas con reglas específicas para su uso dado que pudieran resultar necesarias para el cumplimiento de obligaciones que le están dadas a EE.UU. por el derecho internacional”.
La autora recuerda que lo anterior obvia el hecho de que la Convención sobre municiones en racimo ha sido suscrita por 116 países, y solamente Estados Unidos y Arabia Saudita no se han adherido a ella en todo el mundo.
La autora resalta la paradoja de que Estados Unidos permita la exportación de armas prohibidas por la comunidad internacional, con la sola condición de que el comprador se comprometa a usarlas únicamente contra objetivos militares, “con un mínimo daño a civiles inocentes”.
Frecuentemente, estas municiones dejan de estallar por meses o incluso décadas después de haber caído la bomba madre. Los niños a menudo son mutilados o asesinados cuando las hallan y las confunden con juguetes.
Tal circunstancia ha cobrado actualidad al conocerse de las recientes víctimas civiles de bombas de racimo suministradas por Washington en Yemen, a raíz de lo cual el Pentágono anunció que investigaría el caso y prometió que, a partir de 2018, cesaría la exportación de armamento de este tipo.
Esta última afirmación contradice, según Bernish, el interés de Washington por que en el Manual aparecieran listadas como lícitas las bombas de racimo para el uso por las fuerzas armadas de Estados Unidos.
Las bombas de racimo y el uranio empobrecido son apenas dos ejemplos de las muchas cuestiones admitidas en el Manual que generan una gran cantidad de preguntas en vez de las respuestas categóricas que cabría esperar por su abarcador título. Clasificados como “legales” aparecen también otros dispositivos como las minas, las armas nucleares, las trampas explosivas camufladas, los herbicidas, las armas láser (cegadoras o no), las incendiarias, las armas de fragmentación, entre otras que merecen esclarecimiento.

Grecia: derrame de hipocresía



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LA UE Y EL FMI LOS "AMIGOS" HIPÓCRITAS...


30.06.2015

SANTIAGO DE CHILE (Uypress/Politika, por Luis Casado) - Los plumíferos de la prensa “pauteada” —aquella que dice lo que ordenan sus amos financieros— ladra. Líderes irresponsables como Sarkozy, condenan.


Los "expertos" tarifados declaran lo que les mandan declarar. Los burócratas internacionales exhiben su incomparable hipocresía. Los gobiernos europeos obedientes le aseguran a quién quiere oírles que la eventual salida de Grecia del Eurogrupo no tendrá el más mínimo efecto en sus economías "blindadas" (sic).
El llamado de Alexis Tsipras a un referendo el 5 de julio para deshacer el nudo gordiano del chantaje de la Troika les pilló con los chiteco abajo. En realidad los descolocó como una finta de Messi, un gesto preciso, rápido, justo, inimaginable: la democracia. ¿A quién se le ocurre?
Poco a poco, sin embargo, la realidad va mostrando su verdadera cara, y las hordas de hipócritas van quedando en evidencia.
Las Bolsas europeas, las de las economías "blindadas", cedieron a un micro pánico y bajaron sensiblemente. Ya se sabe: las Bolsas y la democracia... no se entienden bien. Las Bolsas ya bajaron y subieron, en función de lo que los mercados "anticiparon", es decir especularon como es habitual. Y volverán a bajar y a subir, o a subir y a bajar, siguiendo el ritmo de su propio tránsito intestinal.
El inenarrable organizador en jefe del fraude fiscal en escala industrial, Jean-Claude Juncker, actual presidente de la Unión Europea, asegura sentirse "en cierta forma traicionado" y "afligido" por el espectáculo que se ha dado tras la ruptura de las negociaciones con Grecia... Él, el traidor por antonomasia, que durante 30 años se pasó las reglas de la Unión Europea por salva sea la parte, se siente traicionado, peor aún, afligido.
La prensa "seria" anuncia en primera página que Grecia se encuentra "al borde del abismo", y se apresura a recomendar un gran paso al frente. Negarse a hambrear al pueblo griego, rehusar el sometimiento a los dictados de potencias extranjeras, es colocarse "al borde del abismo".
Las recetas del FMI, de la UE y el BCE redujeron los salarios en un 40%, el PIB en un 25%, al tiempo que lograban doblar la deuda pública y llevar el desempleo al 27% (60% para los jóvenes).
Alexis Tsipras, en su discurso en el Parlamento griego, propuso el referendo y llamó a votar "NO".
Como ya tuve la ocasión de escribir, lo que está en juego sobrepasó los límites de la finanza y la economía para adentrarse en terreno eminentemente político.
Grecia, un país que casi no tiene Estado, que nunca practicó el pago de impuestos, que carece hasta de las estructuras necesarias para cobrarlos -lo que nunca le generó inquietudes a la Troika mientras gobernaron los rufianes- debiese ahora, de la noche a la mañana, ¡aumentar los impuestos, reducir aún más el frágil gasto público, economizar y pagarle a los países ricos que son los principales responsables del negociado de la deuda pública!
Alexis Tsipras fue elegido porque Grecia ya estaba en crisis desde hace años... No fue Tsipras el que generó la crisis. Su partido -Syriza- fue llamado al poder precisamente para negociar en condiciones de dignidad con sus socios europeos. Pero estos últimos ven a Grecia como un flaite revoltoso e indisciplinado que conviene castigar como a un picareta.
Pero los irresponsables, ya ha quedado claro, están en la Troika: el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea y el Banco Central Europeo, para no hablar de Angela Merkel y François Hollande, jefes de gobierno de Alemania y Francia respectivamente.
Ambos se entrometen en lo que le concierne a los griegos y llaman a votar "SI" en un referendo que no querían. De paso insinúan, si gana el "SI", Tsipras tendría que dimitir. ¿Y si gana el "NO"?
Una gigantesca campaña del terror está en marcha, para convencer a los griegos de suicidarse. Lo que un intelectual mexicano llama "la Operación Cóndor de la desinformación".
A pesar de todo, la Europa del neoliberalismo no las tiene todas consigo. Un pequeño error de cálculo hizo menospreciar la quiebra de Lehman Brothers en septiembre del 2008 y ese detallito provocó el hundimiento del sistema financiero planetario. El intento de degollar a Grecia no tiene por qué ser un crimen protegido por la impunidad.
El próximo capítulo lo escribirá la democracia el próximo domingo por la tarde.

2 jul 2015

Una ley contra los abusos de los buitres

EL PARLAMENTO DE BELGICA APROBO UNA LEY PARA FRENAR EL ACCIONAR ESPECULATIVO

La iniciativa aprobada por mayoría tomó en consideración el caso argentino. Establece que en Bélgica los inversores no podrán reclamar más que el valor inicialmente pagado por la compra de un título en caso de default.


El Parlamento belga convirtió ayer en ley un proyecto para frenar a los fondos buitre. La iniciativa prohíbe que éstos reclamen ante los tribunales de ese país más que el precio inicialmente pagado por el título que hayan adquirido. De esta manera, los emisores de deuda quedarán resguardados ante una sentencia como la impartida por el juez Thomas Griesa en Estados Unidos en detrimento de la Argentina. El impulsor de la norma fue el diputado Ahmed Laaouej. “La ley otorgará nuevas armas a la Justicia belga para dar una mejor lucha contra las prácticas inmorales de los buitres, lo que yo llamo el abuso de una debilidad económica. La norma es una fuerte señal para aquellos fondos de inversión sin escrúpulos que especulan de manera innoble con los países con dificultades”, sostuvo el parlamentario luego de la votación, que contó con el apoyo mayoritario del Congreso belga.
Según la nueva ley, aprobada por los diputados de nueve de las principales formaciones políticas del reino, los jueces belgas podrán determinar si un fondo puede ser considerado “buitre”. Una vez determinada esta situación, los magistrados podrán discernir si los demandantes están radicados en un paraíso fiscal y la situación del país sobre el que recae el reclamo. Estos elementos permitirán definir al magistrado actuante que ese fondo buitre solamente podrá iniciar acciones legales por el precio inicialmente pagado por su obligación de compra y no por su valor nominal. El principal negocio de los buitres es comprar bonos depreciados y luego reclamar por la totalidad del papel.
“A pesar de las fuertes presiones de varios grupos nacionales e internacionales, ésta fue una victoria contra los buitres de las finanzas. Estas presiones eran de los representantes de las finanzas estadounidenses y de bufetes de abogados con negocios presentes en Europa que defienden los intereses de algunos clientes, los fondos buitre”, sostuvo Laaouej.
Al mismo tiempo en que inició el debate parlamentario en la Comisión de Finanzas del Congreso belga, el Fondo NML Capital, propiedad de Paul Singer, logró embargar algunas cuentas de la embajada argentina en Bruselas. Laaouej sostiene que no fue casualidad que Paul Singer decidiera avanzar en ese país, sino todo lo contrario. “Coincidencia o no, la noticia demuestra la relevancia de nuestro proyecto de ley, que tiene por objetivo regular y limitar las demandas judiciales de estos fondos. La situación nos lleva a reaccionar con rapidez”, respondió el parlamentario belga ante un reportaje de Página/12 publicado el 9 de mayo pasado.
Las autoridades argentinas también apoyaron el proceso belga. El canciller Héctor Timerman estuvo en Bruselas en mayo para participar de una conferencia sobre “el proceso de desendeudamiento argentino y el accionar contra los fondos buitre a nivel global”, que sirvió de plafond político para los diputados belgas.
Otro de los ejes centrales de la normativa aprobada ayer es que los jueces tendrán la posibilidad de denegar la ejecución de una resolución judicial dictada en el extranjero. Esto barre con las disposiciones de los tratados bilaterales de inversión firmados en la década del ’90, los cuales contenían una fuerte delegación de jurisdicción.
La normativa belga no está alejada del debate que se está desarrollando en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para encontrar mecanismos internacionales de reestructuración de deuda, que funcionen como un blindaje para los países en contra de los grupos especulativos.
“Bélgica quiere desempeñar un papel pionero en la lucha contra los fondos buitre. En nuestro territorio está albergada, por ejemplo, la caja compensadora financiera Euroclear, a través de la cual se cursa gran parte de las transacciones financieras mundiales. Vale recordar que en marzo un juez estadounidense ordenó a Euroclear no procesar los pagos de la deuda reestructurada de la Argentina hasta que el país no cumpliera con la sentencia a favor del fondo NML. Por lo tanto, está claro que se trata de una cuestión esencial para muchos países”, reflexionó Laaouej.

Por Grecia se rompe el consenso franco-alemán

ALEMANIA QUIERE NEGOCIAR DESPUES DEL REFERENDUM Y FRANCIA APUESTA A SEGUIR TRAMITANDO UN ACUERDO CON ATENAS

Tsipras ratificó la consulta y dijo que era erróneo afirmar que “con el No yo sacaré a Grecia de la UE”. Los alemanes apuestan por una victoria del Sí y, en consecuencia, por la desaparición de la escena política del líder griego.


 Por Eduardo Febbro

Página/12 En Francia
Desde París
Alexis Tsipras rompió el consenso. El resultado más espectacular de la estrategia adoptada por el primer ministro griego en la brutal negociación que se está llevando a cabo entre los acreedores y Grecia se plasmó con el quiebre del sacrosanto eje franco-alemán. Tras varios meses de convergencia, François Hollande y Angela Merkel optan por dos caminos distintos: la canciller de Alemania no quiere entablar ninguna negociación con Atenas antes del referéndum del domingo 5 de julio. Los alemanes apuestan por una victoria del Sí y, por consiguiente, por la desaparición de la escena política de Tsipras y Syriza. Por primera vez y de forma cortante, Hollande defendió una opción contraria. El jefe del Estado francés dijo: “Tenemos que ser claros: el acuerdo es enseguida, no puede ser diferido, tiene que venir”. Luego, en una nueva intervención televisiva, el premier griego salió a desmentir todas las falacias que el eje liberal y bancario hace circular sobre la consulta del próximo domingo. Tsipras dijo que no tenía “ambiciones secretas” y que era erróneo afirmar que “con el No yo sacaré a Grecia de la UE. Les están mintiendo”. El jefe del gobierno reiteró que “el referéndum del domingo en Grecia nada tiene que ver con el euro o con Europa” y que constituye antes que todo “un arma” para negociar, un “paso decisivo para un mejor acuerdo”. Tsipras pidió otra vez al pueblo griego que votara “No” para poder contar con “un futuro no hipotecado”.
Los últimos sondeos provenientes de Atenas dan cuenta de una evolución del “Sí”, aunque el “No” sigue siendo mayoritario (46 por ciento contra 37 por ciento). Por lo pronto, las declaraciones de Hollande marcan un hito en este antagonismo lleno de patrañas, malversaciones mastodónticas, ofensas públicas, mentiras, manipulaciones, abusos de toda índole y maltrato al pueblo griego. El pronunciamiento del presidente francés intervino luego de que trascendiera que Atenas había entregado un nuevo pliego de reformas que se acercaba bastante al modelo que le exige la troika (Fondo Monetario Internacional, Comisión Europea y Banco Central Europeo).
Sin embargo, el Eurogrupo cerró filas detrás de Berlín. Al cabo de una serie de intercambios mantenidos ayer, un comunicado firmado por el presidente del Eurogrupo, el intratable Jeroen Dijsselbloem, dice que este órgano esperará “el referéndum del domingo”. En coordinación con ellos, el tétrico Fondo Monetario Internacional negó a Grecia el plazo que Atenas había pedido la víspera para hacer efectivo el reembolso pendiente de 1600 millones de euros. El único actor financiero que no le sacó la asistencia a Atenas es el Banco Central Europeo. Pese a la posición hostil de un Eurogrupo capitaneado por Berlín, el BCE no bajó el piso de la llamada “ayuda de emergencia” (Emergency Liquidity Assistance, ELA) destinada a los bancos griegos.
La narrativa de la jornada revela que algo denso pasó entre el martes y ayer. El Financial Times publicó una carta enviada por Grecia a Europa en la cual Atenas se rendía ante prácticamente todos los requerimientos de sus socios y del FMI, los mismos que había rechazado hace una semana. El texto circuló con ecos de victoria, pero luego desapareció de la discusión y el antagonismo regresó al primer plano. Los eurobancarios consideran que esta nueva propuesta vino a destiempo. En realidad, no le perdonan ni le perdonarán nunca a Tsipras que haya recurrido al referéndum, es decir, a buscar una mayoría nacional contra la mayoría financiera de Bruselas. El actual ministro griego de Finanzas, Yanis Varoufakis, publicó en su blog un texto de seis puntos que esclarece muchas cosas. En el numero uno, Varoufakis explica: “Las negociaciones se estancaron porque los acreedores de Grecia renunciaron a reducir nuestra impagable deuda pública e insistieron en que debe ser paramétricamente vuelta a pagar por los más débiles de nuestra sociedad, sus hijos y sus nietos”.
Entre retórica de bombón y declaraciones amenazantes, la situación se tornó dramática, un juego de vida o muerte donde se busca poner de rodillas a un país y derrocar a sus representantes electos. Esta crisis nació con una falsificación: el maquillaje de las cuentas griegas para forzar el ingreso de Grecia al euro. Esa operación no la llevó a cabo Grecia por su cuenta, sino que contó con la complicidad de bancos internacionales, de la Unión Europea y sus supuestos mecanismos de control. La memoria bancaria es más corta que los plazos de un crédito. En 2001, Goldman Sachs ayudó a Grecia a realizar un intercambio ficticio de su deuda y, con ello, disimular la realidad de sus cuentas públicas. La deuda fue cambiada a una tasa del 2 por ciento menor a su peso real. El gobierno de Atenas le pagó 600 millones de euros a Goldman Sachs por esa operación. Pero luego, la institución financiera norteamericana vendió el producto derivado que se utilizó para esconder el montaje. De los 2,8 mil millones iniciales, Grecia se encontró con una deuda de 5,1 mil millones de euros en 2005. Esta es sólo una de las incontables triquiñuelas que se emplearon en ese entonces. En cuanto a la posición de Tsipras frente al euro, ésta ha sido constante. En una entrevista que el actual jefe de gobierno concedió a Página/12 en 2012, Tsipras decía: “El problema no es la moneda única, sino las políticas que acompañan esta moneda. El euro se ha convertido en una cárcel para los pueblos de Europa, en especial para las economías más débiles de la periferia que están enfrentando la crisis. La contradicción está en la base con que se construyó el euro. El euro es un polvorín que va a explotar si seguimos con este rumbo. Las políticas de ajuste que van mano a mano con el modelo neoliberal dentro del euro nos van a conducir a la destrucción del euro. Pero esta perspectiva la van a pagar los pueblos y no los bancos, que van a salvarse, o a tratar de salvarse. El sectarismo dogmático de las elites europeas que defienden ese modelo conduce a Europa a muchas décadas atrás”.
El desenlace será tal vez incierto hasta este domingo. Pero, desde ya, el antagonismo griego se desplazó al corazón de la política francesa. La derecha más liberal brama sus sempiternas recetas de moralismo financiero y cumplimiento, mientras que, a la izquierda y en otros círculos conservadores, se han despertado sectores que exigen lucidez. En una tribuna publicada por el semanario Marianne, unas 40 personalidades francesas argumentan que “salvar a Grecia es salvar a Europa”. Entre los firmantes están Thomas Piketty (autor de El Capital en el Siglo XXI); el presidente de la Asamblea Nacional, Claude Bartolome; el ex ministro francés de Economía Arnaud Montebourg, diputados del ala izquierda del PS, ecologistas, comunistas o diputados de la derecha como Henri Guaino. Todos alegan que si Europa fracasa en pactar un acuerdo equitativo con Atenas, “habrá que juntar dos cadáveres: el de Grecia y el de la idea europea”. Esta megacrisis nos muestra que esa idea estaba guardada desde hacía mucho en la caja fuerte de los bancos.

“Les hacían cavar y los enterraban”

ARGENTINA

 EL HIJO DE UN REPRESOR CONTO QUE TRABAJO EN INTELIGENCIA Y QUE ESTUVO EN EL CENTRO LA PERLA

Luis Alberto Quijano contó que vio secuestrados, que escuchó grabaciones de sesiones de tortura, destruyó documentos y que a las víctimas los enterraban en pozos. Dijo que quiere colaborar con la búsqueda de verdad y justicia.




Luis Alberto Quijano, hijo de un torturador ya fallecido de dos centros clandestinos de detención de Córdoba, declaró ayer como testigo en la megacausa La Perla, por delitos de lesa humanidad en esa provincia. El hombre de 54 años contó que desde que tenía quince, en 1976, fue obligado a trabajar de forma permanente en el Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército, donde estaba destinado su padre y donde se decidía sobre secuestros, asesinatos y desapariciones. Quijano relató que visitó La Perla y vio a secuestrados sobre colchonetas, que tuvo que escuchar cassettes con grabaciones de sesiones de tortura y que a las víctimas “les hacían cavar pozos, los mataban y los enterraban”. También explicó al tribunal que conserva en su hogar muchos de los objetos robados a los secuestrados, que sacó del Destacamento o que llevaba su propio padre.
Luis Alberto Cayetano Quijano, fallecido hace dos meses, fue un oficial de Gendarmería especializado en Inteligencia que registró a su hijo con sus dos primeros nombres. A partir del golpe de Estado fue destinado al destacamento, del que dependían La Perla y La Ribera, entre otros centros de detención, y pasó a integrar un grupo de tareas responsable de centenares de secuestros, allanamientos, torturas, robos y desapariciones. Según el relato difundido por Cba24n e Infojus, la infancia de Quijano estuvo marcada por la violencia que le impartió su padre, que desde fines de 2012 compartió el banquillo de los acusados con sus ex compañeros. Recordó a varios de los que conoció en los años ’70 (nombró a Palito Romero, Chubi López, Manzanelli, Texas, Diedrich, Yáñez, Barreiro y Vergez) aunque pidió declarar sin que ellos estuvieran presentes.
“Mi tarea en el Destacamento era destruir documentación clasificada. No se confiaba mucho en los colimbas, por eso me pusieron a mí de encargado. Dependía de Aguilar, un oficial que era como mi tío, me hacía creer que yo también era un oficial de Inteligencia”, manifestó el testigo. Entre las tareas encomendadas contó que se encargó de destruir fotos, documentos, pasaportes, títulos y libros. Agregó que aún conserva algunos ejemplares que en ese momento le llamaron la atención.
Pese a su juventud, Quijano relató que sabía usar armas de guerra, que iba a cada lugar con su pistola y a veces con una ametralladora. En varias ocasiones acompañó a grupos armados a realizar secuestros o allanamientos. La tarea que le adjudicaban era la de cuidar el vehículo y ahuyentar a cualquier vecino que preguntara qué estaba ocurriendo.
“Recuerdo una imprenta clandestina en el Barrio Observatorio. Se bajaba por una escalera y se ingresaba a una bóveda donde funcionaba la imprenta que pertenecía a Montoneros”, relató. “Agarré una estrella federal de madera que tenía escrita la frase ‘Libres o Muertos’ y me la llevé”, contó.
“Me daban cassettes para oírlos. No era algo agradable, pero ya estaba acostumbrado. Dos amigos de la escuela también los escucharon. Yo los llevaba en el bolsillo y para mí, teniendo en cuenta esa época, era algo normal. Ya no los tengo porque se me ordenó destruirlos”, describió Quijano. “Sé que a los presos se los ataba de pies y manos a la cama. Y se les ponía el voltaje directo. Recuerdo que no se les podía dar agua inmediatamente porque morían de un infarto. Nadie se resistía a la picana, ellos (los militares) le decían ‘la máquina’”, contó. En cuatro oportunidades visitó La Perla y desde una puerta pudo ver “la cuadra”, una gran sala con cientos de secuestrados vendados. “Desde la puerta veía la gente y las colchonetas”, recordó. En un momento, mientras Quijano adolescente observaba, su padre le ordenó: “¡Dejá de mirar, pelotudo!”.
Sobre el destino de los desaparecidos, contó que “ellos (los militares) hablaban del pozo: sacaban gente de La Perla, venían los camiones de la Brigada y los cargaban. Les hacían cavar pozos y los mataban y enterraban”. “Sé que cuando llegó la época de Alfonsín se trajeron, no se de dónde, máquinas para abrir los pozos. Se molió todo: los cuerpos y la tierra. Decían que nadie iba a encontrar nada”, agregó. “También en algunos casos se llevaban cuerpos a fosas comunes de cementerios”, dijo.
“Héctor Vergez era uno de los tipos que más autónomamente se manejaban. Era considerado muy peligroso. Solía robar mucho, aunque todos robaban”, admitió. “Recuerdo haber visto mucho dinero, que se lo repartían entre ellos. Decían que era botín de guerra”, expresó. “Los militares tenían la facultad para fusilar gente. No se usaba orden de allanamiento. Eran dueños de la vida y la seguridad de todos”, añadió.
Quijano contó que durante su infancia y adolescencia “tenía muchos problemas de conducta” pero “me salvaba porque era hijo de militar, si no me echaban”, y que cuando el padre murió no se conmocionó con la noticia. Ayer, a casi cuarenta años de aquella historia, manifestó ante el tribunal su deseo de colaborar en la búsqueda de memoria, verdad y justicia.

Miles de trabajadores de la industria del acero marchan contra la libre importación del metal

Con el despido de al menos 4 mil 500 trabajadores y una reducción en las inversiones, miles de personas salieron a las calles de Monclova, Coahuila, para reclamar al gobierno de Enrique Peña Nieto la falta de acciones de contingencia contra la crisis acerera generada por la política de libre importación del metal.

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A una semana de que el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, anunciara que no implementarían ninguna medida de protección “setentera”, y luego de rechazar que hubiera despidos de personal, la concentración de esta tarde ocurrió de manera coincidente con el despido de 700 empleados de confianza de Altos Hornos de México (Ahmsa), una de las dos acerías más grandes del país con sede en esa ciudad del norte, que inició el recorte el pasado lunes 15.
La Policía Municipal de Monclova estimó en 15 mil personas los asistentes a la marcha, en la que participaron lo mismo dirigentes sindicales, obreros con sus familias y taxistas, que empresarios del transporte, industriales de los sectores acerero, minero y de la construcción, así como alcaldes de la región y legisladores locales y federales.
El contingente salió esta tarde de la explanada del complejo siderúrgico para caminar unos 5 kilómetros hasta la plaza de armas de la ciudad, donde dirigentes sindicales y actores sociales realizaron diferentes pronunciamientos contra la persistencia del gobierno de la República por mantener un arancel cero y evitar salvaguardas para la producción nacional.
En su edición 2017, actualmente en circulación, la revista Proceso publicó un reportaje en el que da cuenta de la crisis acerera, así como de los desatinos de diferentes funcionarios, entre otros de Guajardo Villarreal, quien a principios de mes se reunió con los industriales siderúrgicos, pero no ofreció soluciones.
En dicho reportaje se describe la crisis acerera mundial producto de una sobreproducción de acero chino, que ha obligado a las economías avanzadas, incluidas las de Estados Unidos y Canadá, a tomar previsiones para la competencia desleal.
Las políticas instrumentadas por la Secretaría de Economía son calificadas de dogmáticas por el director de Relaciones Internacionales y Comunicación de la empresa DeAcero, Juan Antonio Reboulen, de manera coincidente con su homólogo en Ahmsa, Francisco Orduña.
Los dos ejecutivos empresariales acusaron la tendencia de las políticas económicas a la desindustrialización, mientras que la Cámara Nacional del Hierro y el Acero (Canacero) ha mantenido una postura crítica ante el gobierno por su inamovilidad, lo que ya devino en el despido de al menos 7 mil personas en Coahuila y Nuevo León, además de mantener en paro técnico diferentes operaciones de Sicartsa en Lázaro Cárdenas Michoacán.
Al finalizar la marcha de desempleados y sindicalistas, Sergio Rolando Medina Ibarra, dirigente del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos (corporativo escindido del antiguo sindicato minero que dirige desde el exilio Napoleón Gómez Urrutia), encabezó un mitin en la Plaza de Armas de Monclova.
Acompañado por los dirigentes de aproximadamente 10 antiguas secciones sindicales, representantes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y otros corporativos gremiales, así como de legisladores locales y federales surgidos del PRI, lanzaron consignas contra las políticas del gobierno federal para el sector.
Ahmsa, por su parte, reiteró esta tarde que debió reducir su producción de acero, y amagó con despedir a 4 mil trabajadores más si no se implementan medidas inmediatas. Por la cadena productiva de la región, eso impactaría prácticamente a todo el norte de Coahuila, elevando a cerca de 20 mil la cantidad de empleos perdidos.

Consecuencias del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y EEUU

Por J. Arboleya Cervera

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Seis meses después de tomada la decisión política de restablecer relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados, acaba de anunciarse en Washington y La Habana la concreción del acuerdo para formalizarlas y proceder a las aperturas de las respectivas embajadas.
Está claro que, por sí mismo, lo acontecido no elimina las contradicciones existentes ni garantiza su solución, máxime cuando aún persiste el bloqueo económico contra Cuba, considerado por el gobierno cubano como un impedimento para la plena normalización de las relaciones. También Obama ha reconocido esta realidad y nuevamente ha solicitado al Congreso que derogue las leyes que respaldan esta política, un objetivo difícilmente alcanzable en lo que resta de su mandato.
Aun así, lo alcanzado constituye un hito histórico y plantea un nuevo escenario de cara al futuro de las relaciones entre los dos países, con implicaciones no solo simbólicas, sino prácticas en la conducción de sus respectivas políticas.
En el caso de Cuba, implica el reconocimiento por parte de Estados Unidos de la legitimidad del gobierno cubano y, en consecuencia, de la legalidad de su política nacional, lo cual tiene importantes consecuencias para el desarrollo de las futuras negociaciones.
Para solo citar algunos ejemplos, asuntos como la definición de “tráfico de propiedades confiscadas”, término utilizado para desconocer el derecho cubano a la nacionalización y sus relaciones con terceros; la no aplicabilidad de la “doctrina del acto de Estado” para la protección de los intereses cubanos en Estados Unidos o el desconocimiento de los derechos intelectuales y de marcas cubanas en el mercado de ese país, hasta ahora prácticas establecidas en la política estadounidense hacia Cuba, constituyen actuaciones legalmente insostenibles en el contexto de relaciones diplomáticas corrientes, por lo que en algún momento tendrán que ser revisadas por la parte norteamericana.
También implica una transformación esencial del entorno en que se desarrollan las relaciones internacionales de Cuba y su inserción en el mercado mundial, al margen de lo que demore la eliminación del bloqueo económico norteamericano. Ello tiene, además, resonancia hacia lo interno de la sociedad cubana, sobre todo en el campo económico, pero también en otras esferas de la vida nacional, envuelta en sus propias transformaciones.
Para Estados Unidos el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba constituye un precedente doctrinario en su política exterior que no puede ser ignorado, toda vez que muestra una inteligente adecuación no solo de la política hacia Cuba, sino en relación a los cambios que están teniendo lugar en el resto del mundo, especialmente en América Latina y el Caribe, tal y como ha dado a entender el propio presidente Obama en su más reciente declaración y en otros momentos de este proceso.
Lo más importante quizá, es que constituye un paso prácticamente irreversible en las relaciones entre los dos países, cualquiera sea el resultado de las elecciones presidenciales de 2016. Por otra parte, jerarquiza y facilita la comunicación entre ambos gobiernos; consolida el clima de la negociación para la solución de los conflictos y otorga credibilidad al proceso de normalización de relaciones, estimulando a las fuerzas que lo respaldan en Estados Unidos y en Cuba, más allá de las diferencias y desconfianzas aún existentes.
Es también una señal para el mundo. A pesar de la asimetrías de poder entre los dos países, ha sido posible resolver un complejo problema del diferendo histórico entre ambos, mediante métodos pacíficos, en un marco signado por la igualdad y el respeto a la soberanía de las partes, lo que puede ser interpretado como un ejemplo de lo que debiera ser la convivencia internacional, donde Estados Unidos desempeña un papel determinante. Ello explica el respaldo que tal hecho ha tenido en todo el planeta y las esperanzas que ha generado.