Una gobernanza global de la peor especie: la de los mercaderes
Leonardo Boff
13/01/2014
.Anteriormente hemos abordado el imperio de las grandes multinacionales que controlan los flujos económicos y a través de ellos las demás instancias de la sociedad mundial. La constitución perversa de este imperio surgió por la falta de una gobernanza global que se have cada día más urgente. Hay problemas globales como los de la paz, la alimentación, el agua, los cambios climáticos, las migraciones de los pueblos y otros que, por ser globales, exigen soluciones globales. Pero el egoísmo y el individualismo de las grandes potencias está impidiendo esta gobernanza.
Una gobernanza global supone que cada país renuncie un poco a su soberanía para crear un espacio colectivo y plural donde las soluciones a los problemas globales puedan ser globalmente abordadas. Pero ninguna potencia quiere renunciar ni a una pizca de su poderío, aunque se agraven los problemas, especialmente los ligados a los límites físicos de la Tierra, con capacidad de afectar negativamente a todos a través de eventos extremos.
Digamos de paso que existe una ceguera lamentable en la mayoría de los economistas. En sus debates –tomemos como ejemplo el conocido programa semanal de Globonews Pinel–la economía ocupa un lugar privilegiado. En lo que he podido constatar no oí a ningún participante incluir en sus análisis los límites de sostenibilidad del sistema-vida y del sistema-Tierra que ponen en jaque la reproducción del capital. Prolongan el tedioso discurso económico del viejo paradigma como si la Tierra fuese un baúl de recursos ilimitados y la economía se midiese por el PIB y fuese un subcapítulo de la matemática y de la estadística. Falta pensamiento. No se dan cuenta de que si no abandonamos la obsesión del crecimiento material ilimitado y en su lugar no buscamos la equidad-igualdad social, solo empeoraremos la situación ya mala.
Queremos abordar un complemento del imperio perverso de las grandes corporaciones multinacionales que se revela todavía más desvergonzado. Se trata de la búsqueda de un Acuerdo Multilateral de Inversiones. Casi todo se discute a puerta cerrada. Pero en la medida en que es detectado, se retrae, para volver luego con otros nombres. La intención es crear un acuerdo de libre comercio entre los estados y las grandes corporaciones. Los términos de esta cuestión fueron ampliamente presentados por Lori Wallach directora del Public Citizen’s Global Trade Watch en Le Monde Diplomatique Brasil de noviembre de 2013.
Tales corporaciones buscan saciar su apetito de acumulación en áreas relativamente poco atendidas por los países pobres: infraestructura sanitaria, seguro de salud, escuelas profesionales, recursos naturales, equipamientos públicos, cultura, derechos de autor y patentes. Los contratos se aprovechan de la fragilidad de los Estados e imponen condiciones leoninas. Las corporaciones, por ser transnacionales, no se sienten sometidas a las normas nacionales con respecto a la salud, a la protección ambiental ni a la legislación fiscal. Cuando estiman que por causa de tales normas el lucro futuro esperado no ha sido alcanzado, pueden mediante procesos judiciales exigir un resarcimiento del Estado (del pueblo) que puede llegar a miles de millones de dólares o de euros.
Estas corporaciones consideran la Tierra como de nadie, a semejanza del viejo colonialismo, y consiguen que los tribunales les concedan el derecho de adquirir tierras, manantiales de aguas, lagos y otros bienes y servicios de la naturaleza. Ellas, comenta Wallach, «no tienen ninguna obligación hacia los países y pueden disparar procesos cuando y donde les convenga» (p.5). Ejemplo típico y ridículo es el caso del suministrador sueco de energía Fattenfall que exige miles de millones de euros a Alemania por su «giro energético» al haber prometido abandonar la energía nuclear y castigar más severamente a las centrales de carbón. El tema de la polución, de la disminución del calentamiento global y de la preservación de la biodiversidad del planeta son letra muerta para esos depredadores, en nombre del lucro.
La sinvergonzonería comercial llega a tales niveles que los países firmantes de ese tipo de tratado «se verían obligados no sólo a someter sus servicios públicos a la lógica del mercado sino también a renunciar a cualquier intervención sobre los prestadores de servicios extranjeros que codician sus mercados» (p.6). El Estado tendría una parcela mínima de maniobra en cuestión de energía, salud, educación, agua y transporte, exactamente los temas más reclamados en las protestas de junio de 2013 por miles de manifestantes en Brasil.
Estos tratados estaban siendo negociados con Estados Unidos y Canadá, con el ALCA en América Latina y especialmente entre la Comunidad Europea y Estados Unidos.
¿Qué revelan estas estrategias? Una economía que se ha autonomizado de tal manera que solamente cuenta ella, anula la soberanía de los países, se apropia de la Tierra como un todo y transforma en un inmenso emporio la mesa de negocios. Todo se vuelve mercancía: las personas, sus órganos, la naturaleza, la cultura, el entretenimiento y hasta la religión y el cielo. Nunca se toma en cuenta la posible reacción masiva de la sociedad civil que puede, enfurecida y con justicia, rebelarse y echar todo a perder. Menos mal que, avergonzados, pero todavía obstinados, los proyectos se están escondiendo detrás de las puertas cerradas.
LEONARDO BOFF
Traducción de Maria Jose Gavito Milano
16 ene 2014
La frontera México-Estados Unidos se desplaza
La frontera México-Estados Unidos se desplaza
TODD MILLER
Estados Unidos tiene 60 mil guardias fronterizos, más del doble del tamaño del ejército de Ecuador. No hay manera de que esta cantidad de agentes y tecnología, con la ampliación de su misión de seguridad nacional, se limite a la frontera. El gobierno federal traerá el campo de batalla a nuestros barrios.El 8 de octubre, agentes de la policía de Tucson detuvieron a un conductor porque la luz sobre la matrícula no funcionaba. Al no presentar la licencia, un escenario típico se desplegó: bajo la infame ley SB 1070 de Arizona, los policías se convierten, de facto, en agentes de inmigración.En pocas palabras, la policía depende de la “sospecha razonable” para determinar si alguien posee los documentos necesarios para estar en los Estados Unidos.
Sin embargo, los agentes de policía en realidad no hacen detenciones relacionadas con la inmigración: llaman a la Patrulla Fronteriza. El 8 de octubre representó un incidente –sólo uno de los 50 mil que ocurren cada año en Tucson, Arizona. El mismo proyecto de ley de inmigración de Arizona, que Janet Napolitano -ex jefa del Departamento de Seguridad Nacional- llamó “equivocado”, habilita la colaboración de la agencia con las fuerzas locales de policía de Arizona. Esto faculta la expulsión sistemática de 400 mil personas de los Estados Unidos cada año.
Los esfuerzos para reformar las políticas de migración y la seguridad fronteriza se aceleran de nuevo en Washington. Eso significa también un renovado impulso para lograr una mayor vigilancia fronteriza, como la reforma de 46 mil millones dólares aprobada por el Senado en junio de 2013. Ese tipo de gasto traerá las labores militarizadas de la Patrulla Fronteriza cada vez más hacia el interior de los Estados Unidos.
La Patrulla Fronteriza no es cualquier agencia. La policía de Tucson llamó a la agencia policial federal más grande de Estados Unidos, que tiene una misión prioritaria en la era post 9/ 11: detener a los terroristas que quieren entrar a los Estados Unidos y sus armas de destrucción masiva. Sin embargo, sus principales tareas se mantienen dentro de la rutina de la ley de inmigración y la intercepción de drogas.
La Patrulla Fronteriza es parte de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, creada en 2003. Sus 60 mil agentes desplegados en la frontera constituyen más del doble del tamaño del ejército de Ecuador.
La metáfora del ejército no es exagerada: Aduanas y Protección de Fronteras tiene su propio aire y las fuerzas marinas, una rama de operaciones especiales, y una unidad táctica propia. Sus equipos de respuesta rápida tienen a 500 agentes dispuestos a desplegarse en cualquier lugar en tan sólo las 48 horas. Sus drones Predator B y helicópteros Blackhawk patrullan el desierto del suroeste, como si estuvieran en una zona de guerra en Afganistán. Cuenta con vehículos blindados y utiliza bases de operaciones –como las de la guerra- para acceder a puestos en áreas remotas. Setecientos kilómetros de muro marcan el paisaje de la zona fronteriza con México, apoyados por torres cada vez más sofisticadas de vigilancia, cámaras y más de 12 mil sensores de movimiento.
Desde el 11 de septiembre de 2001, el gobierno ha destinado 100 mil millones dólares en estos sistemas de vigilancia de las fronteras y de armas. ¿Para qué? Si los Estados Unidos tienen relaciones amistosas con Canadá y México.
Un vendedor que trataba de sacar provecho de la seguridad en la frontera, vendiendo la cámara de vigilancia móvil de su compañía, señaló: “estamos trayendo el campo de batalla a la frontera”, ya que la intervención estadunidense en Afganistán e Irak está terminando. La reforma del Senado solicitó la inclusión de 19 mil agentes de la Patrulla Fronteriza a una agencia que ya duplicó sus filas desde 2006. No hay manera de que esta afluencia de agentes y tecnología, con la ampliación de su misión de seguridad nacional, se limite a la frontera, donde la presencia de Seguridad Nacional se está convirtiendo en un ejército de ocupación. Si esta medida se convierte en ley, el gobierno federal traerá el campo de batalla a nuestros barrios.
Consideremos lo que sucedió en Tucson en esa noche tibia de octubre. Un vehículo de la Patrulla Fronteriza llegó a la escena, a más de 70 kilómetros de la frontera Estados Unidos-México. Los agentes fronterizos pusieron a Arturo Robles y Agustín Reyes en una pequeña jaula en la parte trasera de la camioneta. Un centenar de personas se presentaron y formaron una muralla humana alrededor del vehículo de la Patrulla Fronteriza para que no se llevara a los dos padres niños pequeños. Los agentes de la Patrulla Fronteriza se estrellaron contra la multitud, hicieron más detenciones y la policía disparó balas de goma y gas pimienta. Las autoridades tratan de justificar tales acciones mediante el uso de palabras tales como “extranjeros criminales” y “narcoterroristas”, términos que flotan en torno a los medios de comunicación como vampiros en Halloween. Sin embargo, como el número sin precedentes de deportaciones indica, esta frontera militarizada avanza hacia el interior del país a un ritmo rápido. Si usted es – o simplemente parece – extranjera, tenga cuidado.
TODD MILLER
Estados Unidos tiene 60 mil guardias fronterizos, más del doble del tamaño del ejército de Ecuador. No hay manera de que esta cantidad de agentes y tecnología, con la ampliación de su misión de seguridad nacional, se limite a la frontera. El gobierno federal traerá el campo de batalla a nuestros barrios.El 8 de octubre, agentes de la policía de Tucson detuvieron a un conductor porque la luz sobre la matrícula no funcionaba. Al no presentar la licencia, un escenario típico se desplegó: bajo la infame ley SB 1070 de Arizona, los policías se convierten, de facto, en agentes de inmigración.En pocas palabras, la policía depende de la “sospecha razonable” para determinar si alguien posee los documentos necesarios para estar en los Estados Unidos.
Sin embargo, los agentes de policía en realidad no hacen detenciones relacionadas con la inmigración: llaman a la Patrulla Fronteriza. El 8 de octubre representó un incidente –sólo uno de los 50 mil que ocurren cada año en Tucson, Arizona. El mismo proyecto de ley de inmigración de Arizona, que Janet Napolitano -ex jefa del Departamento de Seguridad Nacional- llamó “equivocado”, habilita la colaboración de la agencia con las fuerzas locales de policía de Arizona. Esto faculta la expulsión sistemática de 400 mil personas de los Estados Unidos cada año.
Los esfuerzos para reformar las políticas de migración y la seguridad fronteriza se aceleran de nuevo en Washington. Eso significa también un renovado impulso para lograr una mayor vigilancia fronteriza, como la reforma de 46 mil millones dólares aprobada por el Senado en junio de 2013. Ese tipo de gasto traerá las labores militarizadas de la Patrulla Fronteriza cada vez más hacia el interior de los Estados Unidos.
La Patrulla Fronteriza no es cualquier agencia. La policía de Tucson llamó a la agencia policial federal más grande de Estados Unidos, que tiene una misión prioritaria en la era post 9/ 11: detener a los terroristas que quieren entrar a los Estados Unidos y sus armas de destrucción masiva. Sin embargo, sus principales tareas se mantienen dentro de la rutina de la ley de inmigración y la intercepción de drogas.
La Patrulla Fronteriza es parte de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, creada en 2003. Sus 60 mil agentes desplegados en la frontera constituyen más del doble del tamaño del ejército de Ecuador.
La metáfora del ejército no es exagerada: Aduanas y Protección de Fronteras tiene su propio aire y las fuerzas marinas, una rama de operaciones especiales, y una unidad táctica propia. Sus equipos de respuesta rápida tienen a 500 agentes dispuestos a desplegarse en cualquier lugar en tan sólo las 48 horas. Sus drones Predator B y helicópteros Blackhawk patrullan el desierto del suroeste, como si estuvieran en una zona de guerra en Afganistán. Cuenta con vehículos blindados y utiliza bases de operaciones –como las de la guerra- para acceder a puestos en áreas remotas. Setecientos kilómetros de muro marcan el paisaje de la zona fronteriza con México, apoyados por torres cada vez más sofisticadas de vigilancia, cámaras y más de 12 mil sensores de movimiento.
Desde el 11 de septiembre de 2001, el gobierno ha destinado 100 mil millones dólares en estos sistemas de vigilancia de las fronteras y de armas. ¿Para qué? Si los Estados Unidos tienen relaciones amistosas con Canadá y México.
Un vendedor que trataba de sacar provecho de la seguridad en la frontera, vendiendo la cámara de vigilancia móvil de su compañía, señaló: “estamos trayendo el campo de batalla a la frontera”, ya que la intervención estadunidense en Afganistán e Irak está terminando. La reforma del Senado solicitó la inclusión de 19 mil agentes de la Patrulla Fronteriza a una agencia que ya duplicó sus filas desde 2006. No hay manera de que esta afluencia de agentes y tecnología, con la ampliación de su misión de seguridad nacional, se limite a la frontera, donde la presencia de Seguridad Nacional se está convirtiendo en un ejército de ocupación. Si esta medida se convierte en ley, el gobierno federal traerá el campo de batalla a nuestros barrios.
Consideremos lo que sucedió en Tucson en esa noche tibia de octubre. Un vehículo de la Patrulla Fronteriza llegó a la escena, a más de 70 kilómetros de la frontera Estados Unidos-México. Los agentes fronterizos pusieron a Arturo Robles y Agustín Reyes en una pequeña jaula en la parte trasera de la camioneta. Un centenar de personas se presentaron y formaron una muralla humana alrededor del vehículo de la Patrulla Fronteriza para que no se llevara a los dos padres niños pequeños. Los agentes de la Patrulla Fronteriza se estrellaron contra la multitud, hicieron más detenciones y la policía disparó balas de goma y gas pimienta. Las autoridades tratan de justificar tales acciones mediante el uso de palabras tales como “extranjeros criminales” y “narcoterroristas”, términos que flotan en torno a los medios de comunicación como vampiros en Halloween. Sin embargo, como el número sin precedentes de deportaciones indica, esta frontera militarizada avanza hacia el interior del país a un ritmo rápido. Si usted es – o simplemente parece – extranjera, tenga cuidado.
15 ene 2014
Sharon: pacifista, héroe… y carnicero
ROBERT FISK / Sharon: pacifista, héroe… y carnicero
Publicado el 1/13/14
ROBERT FISK – Cualquier otro líder de Medio Oriente que sobreviviera ocho años en coma habría sido tema favorito de todos los cartonistas del mundo. Hafez Assad habría aparecido en su lecho de muerte, ordenando a su hijo cometer masacres; Jomeini habría sido dibujado exigiendo másejecuciones mientras su vida se prolongaba hasta el infinito. Pero en torno a Ariel Sharon –el carnicero de Sabra y Chatila para casi todo palestino– se ha tendido un silencio casi sagrado.
Maldecido en vida como asesino por muchos soldados israelíes, así como por el mundo árabe –que ha sido bastante eficaz en masacrar a su propio pueblo en años recientes–, Sharon fue respetado en sus ocho años de muerte virtual: ningún cartón sacrílego dañó su reputación, y sin duda recibirá el funeral de héroe y pacifista.
Así recomponemos la historia. Con qué rapidez los sicofantes periodistas de Washington retocaron la imagen de este hombre brutal. Luego de enviar a la milicia libanesa consentida de su ejército a los campos de refugiados de Sabra y Chatila, en 1982, donde fueron masacrados hasta mil 700 palestinos, una pesquisa realizada por el propio Israel anunció que Sharon tenía responsabilidad personalpor ese baño de sangre.
Fue él quien condujo la catastrófica invasión israelí de Líbano tres meses antes, contando a su primer ministro la mentira de que sus fuerzas sólo avanzarían unos kilómetros más allá de la frontera, y luego puso sitio a Beirut, al costo de unas 17 mil vidas. Pero al reascender con lentitud en la peligrosa escalera política israelí, resurgió como primer ministro, retirando los asentamientos judíos de la franja de Gaza y por tanto, en palabras de su vocero, poniendo en formaldehido cualquier esperanza de un Estado palestino.
Para el tiempo de su muerte política y mental, en 2006, Sharon –con ayuda de los crímenes de lesa humanidad de 2001 en Estados Unidos y su exitosa pero mendaz afirmación de que Arafat había respaldado a Bin Laden– se había convertido nada menos que en pacifista, mientras Arafat, quien hizo más concesiones a las demandas israelíes que cualquier otro dirigente palestino, era retratado como superterrorista.
El mundo olvidó que Sharon se opuso al tratado de paz de 1979 con Egipto, votó contra una retirada del sur de Líbano en 1985, se opuso a la participación israelí en la conferencia de paz de 1991 en Madrid y al voto del pleno de la Knesset a favor de los acuerdos de Oslo de 1993, se abstuvo en una votación por la paz con Jordania en año siguiente y votó contra el acuerdo de Hebrón en 1997. También condenó el método de retiro de Israel de Líbano en 2000 y para 2002 había construido 34 nuevas colonias judías ilegales en tierra árabe.
¡Vaya un pacifista! Cuando un piloto israelí bombardeó un conjunto de departamentos en Gaza, matando a ocho niños junto con el mando de Hamas que era su objetivo, Sharon describió la operación como un gran éxito, y los estadunidenses callaron, porque él se las ingenió para imbuir en sus aliados occidentales la extraña noción de que el conflicto palestino-israelí era parte de la monstruosa batalla de George W. Bush contra el terror mundial, de que Arafat era un Bin Laden y que la última guerra colonial del planeta era parte del enfrentamiento cósmico del extremismo religioso.
La pasmosa –en otras circunstancias, hilarante– respuesta política a la conducta de Sharon fue la afirmación de Bush de que el israelí era un hombre de paz. Cuando llegó a primer ministro, los perfiles en los medios no destacaban la crueldad de Sharon, sino su pragmatismo, evocando una y otra vez que era conocido como El Buldózer.
Y, desde luego, años después de la muerte de Sharon entrarán buldózeres de verdad a limpiar terreno árabe para más colonias judías, y así asegurarán que nunca de los nuncas habrá un Estado palestino.
© The Independent /La Jornada
Publicado el 1/13/14
ROBERT FISK – Cualquier otro líder de Medio Oriente que sobreviviera ocho años en coma habría sido tema favorito de todos los cartonistas del mundo. Hafez Assad habría aparecido en su lecho de muerte, ordenando a su hijo cometer masacres; Jomeini habría sido dibujado exigiendo másejecuciones mientras su vida se prolongaba hasta el infinito. Pero en torno a Ariel Sharon –el carnicero de Sabra y Chatila para casi todo palestino– se ha tendido un silencio casi sagrado.
Maldecido en vida como asesino por muchos soldados israelíes, así como por el mundo árabe –que ha sido bastante eficaz en masacrar a su propio pueblo en años recientes–, Sharon fue respetado en sus ocho años de muerte virtual: ningún cartón sacrílego dañó su reputación, y sin duda recibirá el funeral de héroe y pacifista.
Así recomponemos la historia. Con qué rapidez los sicofantes periodistas de Washington retocaron la imagen de este hombre brutal. Luego de enviar a la milicia libanesa consentida de su ejército a los campos de refugiados de Sabra y Chatila, en 1982, donde fueron masacrados hasta mil 700 palestinos, una pesquisa realizada por el propio Israel anunció que Sharon tenía responsabilidad personalpor ese baño de sangre.
Fue él quien condujo la catastrófica invasión israelí de Líbano tres meses antes, contando a su primer ministro la mentira de que sus fuerzas sólo avanzarían unos kilómetros más allá de la frontera, y luego puso sitio a Beirut, al costo de unas 17 mil vidas. Pero al reascender con lentitud en la peligrosa escalera política israelí, resurgió como primer ministro, retirando los asentamientos judíos de la franja de Gaza y por tanto, en palabras de su vocero, poniendo en formaldehido cualquier esperanza de un Estado palestino.
Para el tiempo de su muerte política y mental, en 2006, Sharon –con ayuda de los crímenes de lesa humanidad de 2001 en Estados Unidos y su exitosa pero mendaz afirmación de que Arafat había respaldado a Bin Laden– se había convertido nada menos que en pacifista, mientras Arafat, quien hizo más concesiones a las demandas israelíes que cualquier otro dirigente palestino, era retratado como superterrorista.
El mundo olvidó que Sharon se opuso al tratado de paz de 1979 con Egipto, votó contra una retirada del sur de Líbano en 1985, se opuso a la participación israelí en la conferencia de paz de 1991 en Madrid y al voto del pleno de la Knesset a favor de los acuerdos de Oslo de 1993, se abstuvo en una votación por la paz con Jordania en año siguiente y votó contra el acuerdo de Hebrón en 1997. También condenó el método de retiro de Israel de Líbano en 2000 y para 2002 había construido 34 nuevas colonias judías ilegales en tierra árabe.
¡Vaya un pacifista! Cuando un piloto israelí bombardeó un conjunto de departamentos en Gaza, matando a ocho niños junto con el mando de Hamas que era su objetivo, Sharon describió la operación como un gran éxito, y los estadunidenses callaron, porque él se las ingenió para imbuir en sus aliados occidentales la extraña noción de que el conflicto palestino-israelí era parte de la monstruosa batalla de George W. Bush contra el terror mundial, de que Arafat era un Bin Laden y que la última guerra colonial del planeta era parte del enfrentamiento cósmico del extremismo religioso.
La pasmosa –en otras circunstancias, hilarante– respuesta política a la conducta de Sharon fue la afirmación de Bush de que el israelí era un hombre de paz. Cuando llegó a primer ministro, los perfiles en los medios no destacaban la crueldad de Sharon, sino su pragmatismo, evocando una y otra vez que era conocido como El Buldózer.
Y, desde luego, años después de la muerte de Sharon entrarán buldózeres de verdad a limpiar terreno árabe para más colonias judías, y así asegurarán que nunca de los nuncas habrá un Estado palestino.
© The Independent /La Jornada
NSA espió a la Secretaría de Seguridad Pública de México
PEPE FLORES – Según documentos revelados por Edward Snowden en posesión del diario alemán Der Spiegel, la NSA también espió al organismo federal de seguridad pública en México.
De acuerdo con una investigación del diario alemán Der Spiegel -basada en los documentos revelados por Edward Snowden-, existen pruebas de que la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés) espió a la Secretaría de Seguridad Pública de México dentro de la operación conocida como White Tamale (Tamal Blanco).
White Tamale se hizo célebre en octubre de 2013 cuando el mismo diario publicó que la NSA espiaba el correo electrónico del presidente Felipe Calderón. Este operativo se llevaba a cabo a través de una oficina especializada en este tipo de operaciones (Oficina de Operaciones de Accesos a Medida; TAO, por sus siglas en inglés). También se hizo público que esta intervención de comunicaciones se hacía mediante la intercepción de dispositivos -computadoras portátiles o teléfonos móviles-, a los cuales se les cargaba con software de espionaje.
La última pieza de Der Spiegel, fechada al 29 de diciembre de 2013, revela que la NSA vigiló las actividades de la Secretaría de Seguridad Pública (hoy en día, Comisión Nacional de Seguridad, bajo la Secretaría de Gobernación). En una primera instancia, obtuvieron acceso a las cuentas de correo de diferentes oficiales de la secretaría y, posteriormente, se infiltraron en servidores y dispositivos para grabar y transmitir datos desde la dependencia.
¿Quién espía a quién?
Para Der Spiegel, el espionaje de la NSA al SSP obedecía a una necesidad de “saber todo acerca del narcotráfico, la trata de personas y la frontera México-Estados Unidos”, temas cruciales en la agenda bilateral mexicana durante la administración pasada. Pero es probable que se hallan topado con más que eso.
El espionaje a la Secretaria de Seguridad Pública se dio, principalmente, durante el sexenio de Felipe Calderón, caracterizado por el combate frontal a la delincuencia organizada y al narcotráfico. Durante esta etapa, la SSP se convirtió en una de las secretarías con mayor influencia política y con una participación constante con Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida.
A través de la Iniciativa Mérida, México -específicamente, la SSP- recibió el Sistema Técnico de Vigilancia, un equipo que le permitía a la dependencia federal hacer una intervención puntual de las telecomunicaciones.
El equipo es capaz, entre otras cosas, de interceptar comunicaciones en protocolos TDMA, CDMA, GSM, IDEN, AMPS y PCS; interceptar y descifrar SMS; monitorear y grabar llamadas de voz o bajo protocolo VoIP; y almacenar hasta 25 mil horas de voz con metadatos (fecha, hora, duración, número entrante y saliente). Existen sospechas justificadas en documentos filtrados de Stratfor por WikiLeaks que este sistema se utilizó para espiar a disidentes y activistas, más que para vigilar a criminales.
Así mismo, la SSP también se ha visto envuelta en el escándalo de FinFisher en México. En julio de 2013, se detectó la presencia de FinFisher, un software de espionaje vendido a gobiernos, dentro de dos redes de telecomunicaciones en el país (Iusacell y Uninet).
Investigaciones posteriores señalaron que el software fue vendido a la Procuraduría General de la República (PGR) a través de la empresa Obses de México. También se reveló que la Secretaría de Seguridad Pública dio 37 contratos a Obses de México entre los años 2007 y 2012. Al igual que con el Sistema Técnico de Vigilancia, la sospecha es que FinFisher ha sido empleado para monitorear activistas. A octubre de 2013, el programa seguía activo en las redes de comunicación mexicanas.
Una reacción tibia
La reacción mexicana a las revelaciones de Edward Snowden pueden calificarse de tibias. Mientras que la canciller Angela Merkel ha reclamado personalmente al presidente Obama por las sospechas de espionaje o la presidente Dilma Rousseff incluso dio un airado discurso al respecto ante Naciones Unidas, la política mexicana ha sido la del silencio, a pesar del espionaje tanto al presidente Calderón como al entonces candidato (y hoy, mandatario de México) Enrique Peña Nieto.
En el caso de Peña, la NSA interceptó más de 85 mil mensajes de textoprovenientes del actual presidente mexicano. El servicio diplomático siguió la vía más discreta para pedir explicaciones, sin que se sepa hasta el momento el resultado de las pesquisas. Cuando se reveló que las embajadas y consulados de EE.UU en México (Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey y Hermosillo)también servían como centros de recolección de datos, tampoco hubo aspavientos del gobierno mexicano.
A más de una semana de la última revelación de Der Spiegel (y a pesar de haber sido reproducido el tema por medios mexicanos), de nuevo reluce el silencio gubernamental ante la problemática. Si la NSA ha espiado al presidente de México y sus organismos federales, parece no generar un inconveniente (al menos, público) para la administración actual, contraria a la preocupación expresada por otros mandatarios.
Mientras, sólo resta preguntarnos: ¿qué otras cloacas destaparan los documentos filtrados por Snowden en 2014?
Fuente: http://www.fayerwayer.com/2014/01/la-nsa-espio-a-la-secretaria-de-seguridad-publica-de-mexico/
Uruguay a la búsqueda de una marihuana de calidad
Uruguay a la búsqueda de una marihuana de calidad
por Inés Acosta
MONTEVIDEO, 8 ene 2014 (IPS) –
Tras convertirse en el primer país del mundo en que el Estado asume la producción y comercialización de la marihuana, Uruguay dedicará los próximos meses a seleccionar un cultivo que permita una oferta de buena calidad y a un precio al menos similar al del mercado ilegal.
El presidente de Uruguay, José Mujica, promulgó el 23 de diciembre la Ley 19.172 de regulación de la marihuana (cannabis), pero su entrada en vigor será en abril, al cumplirse 120 días de su aprobación parlamentaria el 10 de diciembre y tras establecer el gobierno su reglamento.
Desde entonces todo el sector quedará bajo regulación y control del estatal Instituto de Regulación y Control de Cannabis, creado por la ley de 44 artículos.
Antes, hay mucho por hacer. Entre lo más importante, definir el tipo de variedad que se plantará, quiénes la cultivarán y a qué costo, así como el precio al que se adquirirá en las farmacias.
También deberán establecerse los registros de cada actividad involucrada y de los llamados clubes de cannabis, para asegurar la trazabilidad de la hierba legal.
Organizaciones sociales y activistas estudian el modelo productivo de marihuana que garantice su alta calidad y su precio adecuado y que, además, involucre a pequeños y medianos productores uruguayos y evite que empresas extranjeras se apropien de la actividad.
El objeto de la ley fue “poner la disponibilidad de marihuana para los usuarios en manos del Estado o bajo control del mismo”, explicó a IPS el senador Roberto Conde, del gobernante Frente Amplio, de izquierda moderada.
En Uruguay el consumo de marihuana estaba despenalizado ya desde los años 70, pero su cultivo, distribución y venta permanecían ilegales.
“No se está constituyendo un mercado libre de drogas ni de marihuana. A la marihuana se podrá acceder por autocultivo individual, en clubes cannabicos o a través del expendio en farmacias, bajo presentación de documento de identidad”, explicó Conde, quien fue ponente del proyecto de ley en el Senado.
La marihuana legal solo estará disponible para los residentes en Uruguay, en una cantidad máxima de 40 gramos mensuales (unos 40 cigarrillos), para quienes se inscriban en un registro especial. El autocultivo del cannabis psicoactivo estará limitado a seis plantas y 480 gramos anuales de recolección.
“Es lo que técnicamente se estima como lo razonable para que no se caiga en un uso problemático de la droga”, dijo el senador.
Para Martín Collazo, del colectivo Proderechos, la salud pública será el área más beneficiada con la ley. “El 85 por ciento de los usuarios de drogas ilegales en Uruguay consumen solo marihuana”, con lo que el mercado clandestino podría caer en ese porcentaje.
“El contacto con el mercado clandestino facilita el acceso a otras sustancias, como la cocaína o la pasta base, que se venden en los mismos lugares”, explicó Collazo, quien también integra la coalición Regulación Responsable, conformada por organizaciones y personalidades a favor de regular la marihuana.
Está también pendiente el precio de la marihuana que se venderá en las farmacias. Collazo estima que en esos expendios el precio del gramo de cannabis debe estar entre un dólar y 1,50, su valor en el comercio ilegal.
“En la calidad hay una ventaja comparativa muy grande” porque la hierba ilegal “es muy mala”, planteó el activista. Pero advirtió que no puede venderse más cara “porque entonces habría un sector de la población que seguiría comprando en el mercado negro”.
Desde noviembre, Proderechos trabaja con agrónomos y economistas y ya formuló modelos productivos que confirman que se puede producir marihuana en Uruguay a ese precio.
El estadounidense Centro de Investigación sobre Políticas de Drogas de California plantea que la producción y el comercio ilegal son más caros por sus elevados costos de seguridad, transporte y protección de la mercancía.
Collazo cree que la práctica confirmará hasta qué punto esto es cierto. Si la marihuana tiene que ser barata, dice, es probable que su calidad sea inferior a la que se vende en Holanda, donde esta droga se vende legalmente en establecimientos especiales.
“Pero no tenemos que llegar a esa calidad en el primer año. Eso tiene que ser visto como un proceso paulatino de desarrollo de la cadena productiva”, afirmó.
Explicó que, a nivel de productor, la elaboración de una tonelada de marihuana de buena calidad podría costar unos 250.000 dólares, es decir entre 0,25 y 0,30 dólares el gramo, “en un esquema de baja tecnificación y de una a dos cosechas anuales”.
El especialista puntualizó que en el mercado clandestino actual se vende el “prensado procedente de Paraguay, que tiene hoja, tallo, muy mala flor y aditivos como amoníaco, que se le coloca al ladrillo para que no se seque durante el transporte”.
“Ahora hablamos de vender cogollo”, una flor sin hoja y sin tallo que, aunque no sea grande o hermosa, “es una flor de excelente calidad”, dijo.
“Estamos generando nuestra propia información con distintos profesionales y estamos generando propuestas que en después presentaremos formalmente”, explicó el miembro de Regulación Responsable.
El objetivo, dijo, “es generar esquemas de producción que sean fácilmente asumibles por pequeños y medianos productores a costos razonables y que coloquen marihuana en el mercado a un precio similar al del mercado negro”.
En Uruguay, de hecho, ya hay cultivadores de marihuana, con variedades supuestamente estandarizadas.
Sobre la posibilidad de garantizar la trazabilidad de la droga que circule en el nuevo mercado regulado, Collazo opinó que “se puede intentar que quienes producen para farmacia produzcan siempre las mismas variedades”.
Si los cultivadores “toman las variedades habilitadas y producen a partir de esquejes que se toman de la planta madre, siempre vas a tener la misma situación genética”, afirmó.
Esa trazabilidad se pierde solo cuando los productores introducen nuevas variedades.
En el esquema de alta regulación y control del mercado que regirá para la marihuana uruguaya, el especialista sostuvo que será fácil mantener la trazabilidad para la venta en las farmacias.
Pero “en los autocultivos y en los clubes de cannabis ya habría que analizar otras cosas, porque es una conducta mucho más difícil de controlar”, dijo.
El senador Conde, en cambio, lo ve fácil “porque desde el punto de vista científico hoy los avances son tan enormes que se puede hacer una trazabilidad molecular de la sustancia, y en Uruguay hay tecnología suficiente muy desarrollada, y la que no la haya la pediremos”.
“No se fijará un precio sino una tasa que paga un usuario por el servicio público de poner a disponibilidad del usuario un producto químicamente controlado desde todo punto de vista”, puntualizó.
Conde añadió que en el gobierno “es un punto en discusión” si el Estado subsidiará en alguna forma la marihuana.
“Esto va a definirse dentro de los 120 días de reglamentación de la ley. No sé si será necesario o no un subsidio para implementarla. Si fuera necesario, no sería un subsidio aislado, sino un costo más de nuestra política general de salud”, dijo.
En Uruguay, un país con 3,3 millones de habitantes, hay entre 18.000 y 20.000 consumidores permanentes de marihuana y entre 79.000 y 100.000 personas que la consumen ocasionalmente cada mes.
por Inés Acosta
MONTEVIDEO, 8 ene 2014 (IPS) –
Tras convertirse en el primer país del mundo en que el Estado asume la producción y comercialización de la marihuana, Uruguay dedicará los próximos meses a seleccionar un cultivo que permita una oferta de buena calidad y a un precio al menos similar al del mercado ilegal.
El presidente de Uruguay, José Mujica, promulgó el 23 de diciembre la Ley 19.172 de regulación de la marihuana (cannabis), pero su entrada en vigor será en abril, al cumplirse 120 días de su aprobación parlamentaria el 10 de diciembre y tras establecer el gobierno su reglamento.
Desde entonces todo el sector quedará bajo regulación y control del estatal Instituto de Regulación y Control de Cannabis, creado por la ley de 44 artículos.
Antes, hay mucho por hacer. Entre lo más importante, definir el tipo de variedad que se plantará, quiénes la cultivarán y a qué costo, así como el precio al que se adquirirá en las farmacias.
También deberán establecerse los registros de cada actividad involucrada y de los llamados clubes de cannabis, para asegurar la trazabilidad de la hierba legal.
Organizaciones sociales y activistas estudian el modelo productivo de marihuana que garantice su alta calidad y su precio adecuado y que, además, involucre a pequeños y medianos productores uruguayos y evite que empresas extranjeras se apropien de la actividad.
El objeto de la ley fue “poner la disponibilidad de marihuana para los usuarios en manos del Estado o bajo control del mismo”, explicó a IPS el senador Roberto Conde, del gobernante Frente Amplio, de izquierda moderada.
En Uruguay el consumo de marihuana estaba despenalizado ya desde los años 70, pero su cultivo, distribución y venta permanecían ilegales.
“No se está constituyendo un mercado libre de drogas ni de marihuana. A la marihuana se podrá acceder por autocultivo individual, en clubes cannabicos o a través del expendio en farmacias, bajo presentación de documento de identidad”, explicó Conde, quien fue ponente del proyecto de ley en el Senado.
La marihuana legal solo estará disponible para los residentes en Uruguay, en una cantidad máxima de 40 gramos mensuales (unos 40 cigarrillos), para quienes se inscriban en un registro especial. El autocultivo del cannabis psicoactivo estará limitado a seis plantas y 480 gramos anuales de recolección.
“Es lo que técnicamente se estima como lo razonable para que no se caiga en un uso problemático de la droga”, dijo el senador.
Para Martín Collazo, del colectivo Proderechos, la salud pública será el área más beneficiada con la ley. “El 85 por ciento de los usuarios de drogas ilegales en Uruguay consumen solo marihuana”, con lo que el mercado clandestino podría caer en ese porcentaje.
“El contacto con el mercado clandestino facilita el acceso a otras sustancias, como la cocaína o la pasta base, que se venden en los mismos lugares”, explicó Collazo, quien también integra la coalición Regulación Responsable, conformada por organizaciones y personalidades a favor de regular la marihuana.
Está también pendiente el precio de la marihuana que se venderá en las farmacias. Collazo estima que en esos expendios el precio del gramo de cannabis debe estar entre un dólar y 1,50, su valor en el comercio ilegal.
“En la calidad hay una ventaja comparativa muy grande” porque la hierba ilegal “es muy mala”, planteó el activista. Pero advirtió que no puede venderse más cara “porque entonces habría un sector de la población que seguiría comprando en el mercado negro”.
Desde noviembre, Proderechos trabaja con agrónomos y economistas y ya formuló modelos productivos que confirman que se puede producir marihuana en Uruguay a ese precio.
El estadounidense Centro de Investigación sobre Políticas de Drogas de California plantea que la producción y el comercio ilegal son más caros por sus elevados costos de seguridad, transporte y protección de la mercancía.
Collazo cree que la práctica confirmará hasta qué punto esto es cierto. Si la marihuana tiene que ser barata, dice, es probable que su calidad sea inferior a la que se vende en Holanda, donde esta droga se vende legalmente en establecimientos especiales.
“Pero no tenemos que llegar a esa calidad en el primer año. Eso tiene que ser visto como un proceso paulatino de desarrollo de la cadena productiva”, afirmó.
Explicó que, a nivel de productor, la elaboración de una tonelada de marihuana de buena calidad podría costar unos 250.000 dólares, es decir entre 0,25 y 0,30 dólares el gramo, “en un esquema de baja tecnificación y de una a dos cosechas anuales”.
El especialista puntualizó que en el mercado clandestino actual se vende el “prensado procedente de Paraguay, que tiene hoja, tallo, muy mala flor y aditivos como amoníaco, que se le coloca al ladrillo para que no se seque durante el transporte”.
“Ahora hablamos de vender cogollo”, una flor sin hoja y sin tallo que, aunque no sea grande o hermosa, “es una flor de excelente calidad”, dijo.
“Estamos generando nuestra propia información con distintos profesionales y estamos generando propuestas que en después presentaremos formalmente”, explicó el miembro de Regulación Responsable.
El objetivo, dijo, “es generar esquemas de producción que sean fácilmente asumibles por pequeños y medianos productores a costos razonables y que coloquen marihuana en el mercado a un precio similar al del mercado negro”.
En Uruguay, de hecho, ya hay cultivadores de marihuana, con variedades supuestamente estandarizadas.
Sobre la posibilidad de garantizar la trazabilidad de la droga que circule en el nuevo mercado regulado, Collazo opinó que “se puede intentar que quienes producen para farmacia produzcan siempre las mismas variedades”.
Si los cultivadores “toman las variedades habilitadas y producen a partir de esquejes que se toman de la planta madre, siempre vas a tener la misma situación genética”, afirmó.
Esa trazabilidad se pierde solo cuando los productores introducen nuevas variedades.
En el esquema de alta regulación y control del mercado que regirá para la marihuana uruguaya, el especialista sostuvo que será fácil mantener la trazabilidad para la venta en las farmacias.
Pero “en los autocultivos y en los clubes de cannabis ya habría que analizar otras cosas, porque es una conducta mucho más difícil de controlar”, dijo.
El senador Conde, en cambio, lo ve fácil “porque desde el punto de vista científico hoy los avances son tan enormes que se puede hacer una trazabilidad molecular de la sustancia, y en Uruguay hay tecnología suficiente muy desarrollada, y la que no la haya la pediremos”.
“No se fijará un precio sino una tasa que paga un usuario por el servicio público de poner a disponibilidad del usuario un producto químicamente controlado desde todo punto de vista”, puntualizó.
Conde añadió que en el gobierno “es un punto en discusión” si el Estado subsidiará en alguna forma la marihuana.
“Esto va a definirse dentro de los 120 días de reglamentación de la ley. No sé si será necesario o no un subsidio para implementarla. Si fuera necesario, no sería un subsidio aislado, sino un costo más de nuestra política general de salud”, dijo.
En Uruguay, un país con 3,3 millones de habitantes, hay entre 18.000 y 20.000 consumidores permanentes de marihuana y entre 79.000 y 100.000 personas que la consumen ocasionalmente cada mes.
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