Los datos oficiales, en duda
Las polémicas que rodean la salida de Lavagna del Indec
Por Juan Garriga
03 de febrero de 2026
Los datos de Indec son fundamentales para interpretar la magnitud del ajuste. (Jorge Larrosa/Jorge Larrosa)
Bajo la presidencia de Milei se sucedieron distintos cambios metodológicos y varias omisiones en la actualización técnica. La salida de Marco Lavagna del Indec volvió a poner en primer plano una serie de controversias que se acumularon a lo largo de los últimos meses en torno a la producción de estadísticas oficiales. Distintos cambios metodológicos, decisiones administrativas y omisiones en la actualización de herramientas técnicas abrieron debates sobre la comparabilidad, la confiabilidad y el uso político de los principales indicadores económicos y sociales.
Un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina repasa los principales cuestionamientos formulados sobre la medición de salarios, inflación, pobreza, actividad económica y turismo, y advierte que varias de las modificaciones introducidas alteraron de manera significativa los resultados sin que se expliciten con claridad sus efectos sobre las series históricas. El denominador común, según el trabajo, es que los cambios tienden a mostrar una dinámica más favorable de la economía que la que surge de otros números de la economía real.
Uno de los focos centrales de discusión fue la evolución del salario no registrado. Entre la asunción del actual gobierno y mayo de 2025, ese componente mostró un crecimiento real de 27,2 por ciento según los datos oficiales, un desempeño que quedó desacoplado del resto de los ingresos laborales.
El informe señala que este resultado está fuertemente influido por cambios introducidos en la Encuesta Permanente de Hogares, que mejoraron la captación de ingresos no laborales como la Tarjeta Alimentar, las pensiones no contributivas y el programa Progresar. Sin embargo, no se explicitó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie, lo que termina afectando no sólo la lectura del mercado laboral informal, sino también la medición de la pobreza por ingresos.
Las objeciones se extienden a la medición de la inflación. El Indec mantuvo ponderadores desactualizados del Índice de Precios al Consumidor pese a contar con los resultados de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/18 y en un contexto de fuertes aumentos tarifarios registrados al inicio de la actual administración. De acuerdo con el ejercicio presentado en el informe, si se aplicaran ponderadores actualizados, la inflación acumulada entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 habría alcanzado 288,2 por ciento, frente al 249,5 por ciento que surge de la metodología vigente, una diferencia de 38,7 puntos porcentuales.
La medición de la pobreza por ingresos aparece estrechamente ligada a estas inconsistencias. El informe advierte que la Canasta Básica Total subestima el peso de los servicios y el transporte, mientras que la Canasta Básica Alimentaria explica actualmente el 45 por ciento de la CBT, un valor muy superior al registrado en encuestas previas. Al mismo tiempo, los cambios en la EPH elevan el ingreso medido de los hogares sin reflejar mejoras reales en su capacidad de consumo. El resultado es una medición de pobreza que presenta problemas de comparabilidad y confiabilidad, en un contexto de fuerte deterioro de las condiciones de vida.
Otro capítulo sensible fue el de las estadísticas de turismo. Durante la gestión Milei se discontinuaron la Encuesta de Turismo Internacional y la Encuesta de Ocupación Hotelera, luego de que la Secretaría de Turismo decidiera no renovar el convenio de financiamiento con el Indec. A esa decisión se sumó, en 2024, la baja de la encuesta de turismo interno. La interrupción de estos relevamientos se produjo en un escenario adverso para el sector: en octubre, la cantidad de turistas extranjeros cayó 5,9 por ciento, las salidas al exterior crecieron 10,8 por ciento y el déficit turístico alcanzó los 365 millones de dólares.
Las controversias también alcanzaron a la medición de la actividad económica. En septiembre de 2025, el organismo de estadísticas aplicó revisiones inusualmente grandes en la serie desestacionalizada del Estimador Mensual de Actividad Económica. El repunte informado para ese mes se explicó casi exclusivamente por la Intermediación Financiera, cuyo valor agregado se estima a partir del spread de tasas y tiende a sobredimensionarse en contextos de tensión cambiaria, sin reflejar necesariamente mejoras en la economía real. A ese efecto se sumó el fuerte aporte de los Impuestos netos de subsidios, que explicaron 1,87 puntos de un crecimiento total de 5,01 por ciento y alcanzaron una incidencia récord del 23,1 por ciento en el período julio–septiembre.
Según el reporte, la combinación de estos factores infló el nivel del EMAE y permitió sostener la narrativa oficial de ausencia de recesión. Sin embargo, al excluir tanto la Intermediación Financiera como los Impuestos netos de subsidios, el nivel de actividad de septiembre de 2025 se ubica prácticamente en los mismos valores que en noviembre de 2023, al inicio de la gestión.
En conjunto, las polémicas que rodearon al Indec durante la presidencia de Milei no se limitan a discusiones técnicas aisladas, sino que configuran un cuadro más amplio de tensiones entre metodología, comparabilidad histórica y uso político de las estadísticas. La salida de Lavagna reabre ese debate en un contexto en el que los datos oficiales siguen siendo una pieza central para interpretar la magnitud del ajuste, la evolución del poder adquisitivo y el verdadero estado de la economía argentina.
Un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina repasa los principales cuestionamientos formulados sobre la medición de salarios, inflación, pobreza, actividad económica y turismo, y advierte que varias de las modificaciones introducidas alteraron de manera significativa los resultados sin que se expliciten con claridad sus efectos sobre las series históricas. El denominador común, según el trabajo, es que los cambios tienden a mostrar una dinámica más favorable de la economía que la que surge de otros números de la economía real.
Uno de los focos centrales de discusión fue la evolución del salario no registrado. Entre la asunción del actual gobierno y mayo de 2025, ese componente mostró un crecimiento real de 27,2 por ciento según los datos oficiales, un desempeño que quedó desacoplado del resto de los ingresos laborales.
El informe señala que este resultado está fuertemente influido por cambios introducidos en la Encuesta Permanente de Hogares, que mejoraron la captación de ingresos no laborales como la Tarjeta Alimentar, las pensiones no contributivas y el programa Progresar. Sin embargo, no se explicitó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie, lo que termina afectando no sólo la lectura del mercado laboral informal, sino también la medición de la pobreza por ingresos.
Las objeciones se extienden a la medición de la inflación. El Indec mantuvo ponderadores desactualizados del Índice de Precios al Consumidor pese a contar con los resultados de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/18 y en un contexto de fuertes aumentos tarifarios registrados al inicio de la actual administración. De acuerdo con el ejercicio presentado en el informe, si se aplicaran ponderadores actualizados, la inflación acumulada entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 habría alcanzado 288,2 por ciento, frente al 249,5 por ciento que surge de la metodología vigente, una diferencia de 38,7 puntos porcentuales.
La medición de la pobreza por ingresos aparece estrechamente ligada a estas inconsistencias. El informe advierte que la Canasta Básica Total subestima el peso de los servicios y el transporte, mientras que la Canasta Básica Alimentaria explica actualmente el 45 por ciento de la CBT, un valor muy superior al registrado en encuestas previas. Al mismo tiempo, los cambios en la EPH elevan el ingreso medido de los hogares sin reflejar mejoras reales en su capacidad de consumo. El resultado es una medición de pobreza que presenta problemas de comparabilidad y confiabilidad, en un contexto de fuerte deterioro de las condiciones de vida.
Otro capítulo sensible fue el de las estadísticas de turismo. Durante la gestión Milei se discontinuaron la Encuesta de Turismo Internacional y la Encuesta de Ocupación Hotelera, luego de que la Secretaría de Turismo decidiera no renovar el convenio de financiamiento con el Indec. A esa decisión se sumó, en 2024, la baja de la encuesta de turismo interno. La interrupción de estos relevamientos se produjo en un escenario adverso para el sector: en octubre, la cantidad de turistas extranjeros cayó 5,9 por ciento, las salidas al exterior crecieron 10,8 por ciento y el déficit turístico alcanzó los 365 millones de dólares.
Las controversias también alcanzaron a la medición de la actividad económica. En septiembre de 2025, el organismo de estadísticas aplicó revisiones inusualmente grandes en la serie desestacionalizada del Estimador Mensual de Actividad Económica. El repunte informado para ese mes se explicó casi exclusivamente por la Intermediación Financiera, cuyo valor agregado se estima a partir del spread de tasas y tiende a sobredimensionarse en contextos de tensión cambiaria, sin reflejar necesariamente mejoras en la economía real. A ese efecto se sumó el fuerte aporte de los Impuestos netos de subsidios, que explicaron 1,87 puntos de un crecimiento total de 5,01 por ciento y alcanzaron una incidencia récord del 23,1 por ciento en el período julio–septiembre.
Según el reporte, la combinación de estos factores infló el nivel del EMAE y permitió sostener la narrativa oficial de ausencia de recesión. Sin embargo, al excluir tanto la Intermediación Financiera como los Impuestos netos de subsidios, el nivel de actividad de septiembre de 2025 se ubica prácticamente en los mismos valores que en noviembre de 2023, al inicio de la gestión.
En conjunto, las polémicas que rodearon al Indec durante la presidencia de Milei no se limitan a discusiones técnicas aisladas, sino que configuran un cuadro más amplio de tensiones entre metodología, comparabilidad histórica y uso político de las estadísticas. La salida de Lavagna reabre ese debate en un contexto en el que los datos oficiales siguen siendo una pieza central para interpretar la magnitud del ajuste, la evolución del poder adquisitivo y el verdadero estado de la economía argentina.
