Magela Misurraco
Las democracias liberales se fundaron sobre la regla de la mayoría, limitada por derechos básicos que protegen a todos los ciudadanos. Ese delicado equilibrio —mayorías que gobiernan, minorías que no son aplastadas— es el corazón del sistema democrático. En los últimos años, ese balance parece haberse alterado. En nombre de la ampliación de derechos, ciertas minorías organizadas han adquirido un poder político, cultural y simbólico desproporcionado, hasta el punto de condicionar a la mayoría. No se trata ya de protección de derechos, sino de una nueva forma de tiranía porque tiene un talante autoritario.
El fenómeno se observa con claridad en la llamada "agenda de derechos". Lo que comenzó como una lucha legítima contra la discriminación real -por género, orientación sexual, origen étnico o discapacidad- ha derivado, en muchos casos, en un entramado normativo, discursivo y moral que no admite disenso. Cuestionar ciertas premisas ya no es un ejercicio democrático: es motivo de cancelación, estigmatización o silenciamiento.
Un ejemplo claro es la imposición del lenguaje inclusivo. Más allá de su uso voluntario, su promoción coercitiva en ámbitos educativos, institucionales o mediáticos plantea un problema democrático de fondo. El lenguaje, que es una construcción social viva y colectiva, una conversación social, pasa a ser regulado por activistas y burócratas que deciden qué palabras son aceptables y cuáles no. La mayoría de la población no habla así, no se identifica con esas fórmulas y, sin embargo, es tratada como ignorante, retrógrada o moralmente inferior.
Algo similar ocurre con la llamada discriminación positiva. Pensada originalmente como una herramienta transitoria para compensar desigualdades estructurales, hoy se ha convertido en un sistema permanente de privilegios. El mérito, la igualdad ante la ley y la idea de ciudadanía común se diluyen frente a un esquema de cupos, beneficios y jerarquías identitarias. Ya no importa lo que una persona hace o piensa, sino a qué grupo pertenece. Paradójicamente, en nombre de combatir la discriminación, se institucionaliza una nueva forma de ella.
Este desplazamiento tiene consecuencias profundas. La primera es el debilitamiento del principio de mayoría, esencial para la legitimidad democrática. Cuando decisiones que afectan a toda la sociedad se toman para satisfacer demandas de grupos reducidos pero altamente movilizados, la democracia se vacía de contenido. La segunda es la fragmentación social: la ciudadanía deja de verse como un "nosotros" para convertirse en una suma de identidades en competencia, cada una reclamando reconocimiento, recursos y poder.
Además, esta lógica genera un clima de autocensura. Muchos ciudadanos callan lo que piensan por temor a represalias sociales o profesionales. El espacio público se empobrece: no hay debate genuino, solo consignas. La democracia, que necesita contradicción y deliberación, se transforma en un ritual de adhesión obligatoria a dogmas.
Nada de esto implica negar derechos ni minimizar injusticias reales. Defender la igualdad ante la ley, la libertad individual y el respeto a la dignidad humana sigue siendo irrenunciable. Pero una democracia sana no puede funcionar si las minorías gobiernan culturalmente a las mayorías, si el disenso se criminaliza o si la identidad reemplaza a la razón.
La verdadera defensa de la democracia no consiste en multiplicar etiquetas ni en imponer lenguajes o privilegios, sino en recuperar reglas comunes, aceptar la pluralidad de opiniones y recordar que la legitimidad política, en última instancia, no proviene de la intensidad de las minorías, sino del consentimiento de la mayoría.
Magela Misurraco es Licenciada en Comunicación. Opción Publicidad y Relaciones Institucionales. Udelar.
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
18.02.2026
Las democracias liberales se fundaron sobre la regla de la mayoría, limitada por derechos básicos que protegen a todos los ciudadanos. Ese delicado equilibrio —mayorías que gobiernan, minorías que no son aplastadas— es el corazón del sistema democrático. En los últimos años, ese balance parece haberse alterado. En nombre de la ampliación de derechos, ciertas minorías organizadas han adquirido un poder político, cultural y simbólico desproporcionado, hasta el punto de condicionar a la mayoría. No se trata ya de protección de derechos, sino de una nueva forma de tiranía porque tiene un talante autoritario.
El fenómeno se observa con claridad en la llamada "agenda de derechos". Lo que comenzó como una lucha legítima contra la discriminación real -por género, orientación sexual, origen étnico o discapacidad- ha derivado, en muchos casos, en un entramado normativo, discursivo y moral que no admite disenso. Cuestionar ciertas premisas ya no es un ejercicio democrático: es motivo de cancelación, estigmatización o silenciamiento.
Un ejemplo claro es la imposición del lenguaje inclusivo. Más allá de su uso voluntario, su promoción coercitiva en ámbitos educativos, institucionales o mediáticos plantea un problema democrático de fondo. El lenguaje, que es una construcción social viva y colectiva, una conversación social, pasa a ser regulado por activistas y burócratas que deciden qué palabras son aceptables y cuáles no. La mayoría de la población no habla así, no se identifica con esas fórmulas y, sin embargo, es tratada como ignorante, retrógrada o moralmente inferior.
Algo similar ocurre con la llamada discriminación positiva. Pensada originalmente como una herramienta transitoria para compensar desigualdades estructurales, hoy se ha convertido en un sistema permanente de privilegios. El mérito, la igualdad ante la ley y la idea de ciudadanía común se diluyen frente a un esquema de cupos, beneficios y jerarquías identitarias. Ya no importa lo que una persona hace o piensa, sino a qué grupo pertenece. Paradójicamente, en nombre de combatir la discriminación, se institucionaliza una nueva forma de ella.
Este desplazamiento tiene consecuencias profundas. La primera es el debilitamiento del principio de mayoría, esencial para la legitimidad democrática. Cuando decisiones que afectan a toda la sociedad se toman para satisfacer demandas de grupos reducidos pero altamente movilizados, la democracia se vacía de contenido. La segunda es la fragmentación social: la ciudadanía deja de verse como un "nosotros" para convertirse en una suma de identidades en competencia, cada una reclamando reconocimiento, recursos y poder.
Además, esta lógica genera un clima de autocensura. Muchos ciudadanos callan lo que piensan por temor a represalias sociales o profesionales. El espacio público se empobrece: no hay debate genuino, solo consignas. La democracia, que necesita contradicción y deliberación, se transforma en un ritual de adhesión obligatoria a dogmas.
Nada de esto implica negar derechos ni minimizar injusticias reales. Defender la igualdad ante la ley, la libertad individual y el respeto a la dignidad humana sigue siendo irrenunciable. Pero una democracia sana no puede funcionar si las minorías gobiernan culturalmente a las mayorías, si el disenso se criminaliza o si la identidad reemplaza a la razón.
La verdadera defensa de la democracia no consiste en multiplicar etiquetas ni en imponer lenguajes o privilegios, sino en recuperar reglas comunes, aceptar la pluralidad de opiniones y recordar que la legitimidad política, en última instancia, no proviene de la intensidad de las minorías, sino del consentimiento de la mayoría.
Magela Misurraco es Licenciada en Comunicación. Opción Publicidad y Relaciones Institucionales. Udelar.
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
