Por Federico Larsen
Movimientos sociales, campesinos e indígenas se dan cita en Lima en la Cumbre de los Pueblos paralela a la conferencia sobre Cambio Climático de la ONU. Concentración de la tierra, hostigamiento a los pobladores y soberanía alimentaria en la agenda para un desarrollo sustentable.
Arrancó en Lima la XX Conferencia de las Partes (COP20) sobre cambio climático promocionada por las Naciones Unidas para poder acordar nuevos patrones globales para la reducción de los efectos de la actividad humana sobre el clima. Más de 10.000 delegados de 195 países están discutiendo los cambios que deberán hacerse a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, adoptada en 1994 (y legalmente vinculante desde 1997, con la incorporación del Protocolo de Kyoto), pero jamás respetada por las grandes potencias industriales. Se espera que sea la COP21, que se realizará en París en 2015 la que marque una nueva etapa mundial con respecto al tema.
Sin embargo, y en paralelo a la cumbre oficial, organizaciones sociales, movimientos populares de todo el planeta darán vida a partir del 9 de diciembre a la Cumbre de los Pueblos, espacio de discusión y acción que pretende hacer valer sus reivindicaciones en la discusión de delegados a la COP20 en Lima, para la cual se esperan unos 8.000 participantes y más de 200 organizaciones de todo el mundo. Y efectivamente, los intereses de estados y empresas, y aquellos de campesinos, indígenas y movimientos populares, parecen correr por rieles separados hace varios años. Salvo algunas excepciones, como la de Venezuela, sede de la PreCop Social donde los movimientos acordaron un documento que será llevado por los delegados venezolanos a la cumbre, los modelos de desarrollo en disputa parecen ser irremediablemente distantes.
Mientras las delegaciones oficiales parecen querer profundizar los enfoques de “capitalismo verde”, o la “agricultura climáticamente inteligente”, reediciones modernizadas de la Revolución Verde desarrollista de la segunda mitad del siglo XX, los movimientos sociales apuntan al fortalecimiento de la agricultura familiar y la protección de los derechos de los campesinos para plasmar un nuevo modelo de desarrollo humano.
El enfoque está puesto en la producción alimentaria. Según datos de la FAO, la industria agrícola es responsable de entre el 70 y el 90% de la deforestación mundial, lo cual la convierte en la fuente de entre 15 y 18% de las emisiones de gas de efecto invernadero. Si a eso se le suma el uso de agrotóxicos, los procesos de manifactura, transporte y conservación, resulta que entre 44% y 57% de todas las emisiones de gases de efecto de invernadero provienen del sistema alimentario global. Éste está a su vez basado en un sistema social, económica y políticamente injusto. Las mismas Naciones Unidas, aseguran que más del 60% de los alimentos a nivel mundial son producidos por campesinos en pequeñas propiedades. El 90% de todas las fincas del mundo tienen en promedio 2,2 hectáreas, y sin embargo ocupan menos de un cuarto de la tierra cultivable a nivel global. El fenómeno de la concentración de la tierra se hace aún más visible en América Latina y en la zona del Asia-Pacífico. En nuestro continente, la agricultura familiar, campesina o indígena representa más del 80% de las fincas existentes, pero detiene sólo el 17% de la tierra agrícola. Uno de los casos más graves es el de Paraguay, donde el 2,6% de la población detiene más del 80% de la tierra cultivable, o Colombia, donde los pequeños agricultores han perdido alrededor de la mitad de sus tierras en los últimos 30 años. Un proceso que avanza en todo el continente y que tiene repercusiones directas en la forma de producción de alimentos. El avance de la extranjerización y el monocultivo, que en nuestro continente se ha duplicado en los últimos 20 años, el modelo de producción extensivo y biotecnológico, van generando cada vez más repercusiones en la relación entre el hombre y la naturaleza, relegando los sectores sociales más humildes. Según un estudio del The Munden Project, el 93% de los emprendimientos agrícolas, mineros y madereros involucran terrenos habitados por pueblos indígenas y comunidades locales. Esto ha generado, especialmente en la última década, una gran cantidad de conflictos sociales, resueltos en muchos casos con la desaparición, amenaza o asesinato de los líderes campesinos y indígenas. Si bien los relevamientos oficiales al respecto escasean, se puede afirmar, sobre la base de datos de organizaciones sociales a nivel mundial, que más de 900 activistas han sido asesinados entre 2002 y 2013 por conflictos relacionados con la propiedad de la tierra o proyectos mineros. La mitad de ellos en Brasil. Perú, Paraguay, México, Colombia y Honduras siguen en la macabra lista dominada por países latinoamericanos.
Concentración de la tierra y hostigamiento a las comunidades campesinas son entonces dos de los ejes fundamentales que los movimientos sociales de América Latina pondrán arriba de la mesa en Lima durante la Cumbre de los Pueblos. Ambos fenómenos han crecido exponencialmente en los últimos 10 años en nuestro continente, y la razón, según indican, es la imposición en la mayoría de nuestros países de un modelo agro-minero-exportador, basado en la obtención de commodities con el menor nivel de inversión posible y preferentemente de capitales extranjeros. Así, las legislaciones locales deben adecuarse. En todo el continente se han aprobado -o están a punto de aprobarse, como sucede en Argentina en estas semanas- nuevas “leyes de semillas”. Sus repercusiones sobre la pequeña producción ha sido, según denuncian diferentes organizaciones sociales, nefasta. En nuestro continente el 87% de las semillas del mercado están patentadas. El 77% corresponde a diez empresas, y la mitad de ellas a tres: Monsanto, Dupont y Syngenta, que a su vez monopolizan el mercado de pesticidas, agrotóxicos e inoculantes. Es por ello que en Lima los movimientos populares también llevarán la bandera de la soberanía alimentaria, como contraparte del modelo agroexportador que se ha instalado en el continente.
Queda claro entonces, que la discusión acerca del cambio climático que se desarrolla en la COP20 debe ahondar sus raíces en las formas de producción inicuas que han establecido los diferentes modelos de desarrollo en el mundo, y en especial en nuestro continente. Como reza uno de los lemas de la Cumbre de los Pueblos, debemos cambiar el sistema, no el clima.
*Periodista y docente, conductor de L’Ombelico del Mondo, en Radionauta FM de La Plata y periodista internacional de Miradas al Sur y Notas, y medios internacionales.
