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Confesiones
Expedientes administrativos de la Armada muestran que los marinos de la ESMA se quejaban por las “secuelas” que dejaban en ellos los delitos que cometieron. El médico Carlos Capdevila reconoció que no cumplió con su juramento hipocrático.
Por Alejandra Dandan
El 23 de octubre de 1989, la Armada tramitó un expediente administrativo vinculado al entonces capitán de corbeta Ricardo Miguel Cavallo. Necesitaban establecer si los problemas médicos y emocionales que padecía guardaban relación con “los actos de servicio”. Allí, el represor de la ESMA alegó: “En diciembre de 1976 con el grado de TC (teniente de corbeta) fui destinado a la ESMA. Cumplí tareas relacionadas con todas las acciones que se libraron en el grupo de tareas 3.3.2 hasta enero de 1981. Esto me trajo aparejado estar sometido durante períodos de tiempo prolongado a tensiones que considero importantes. Aparte de las secuelas que todo esto me ocasionó por sí mismo, me he visto particular y profundamente afectado por todo lo ocurrido a partir de 1983. Baste como ejemplo mencionar que conocí a mi esposa en 1985, ignorando ella todas mis actividades en la Armada, lo que generó una serie de conflictos importantes al ser yo mencionado en diferentes medios de prensa de circulación pública. Considero que lo antedicho ha sido la principal causa de la situación en que me encuentro hoy”.
El médico Carlos Octavio Capdevila, que ofició como partero en la ESMA, también hizo reclamos por su propia salud ante sus superiores. Dijo que se encontró “permanentemente en la disyuntiva de cumplir” con su juramento hipocrático como profesional médico y que en cambio optó “por cumplir con las exigencias del servicio militar” en “medio de una gran presión psíquica”. “Los sentimientos o conceptos de moral y legal se habían borrado en mí por así decirlo”, afirmó. Así, en expedientes internos de las Fuerzas Armadas los marinos de la ESMA relataron sin tapujos y en primera persona que cometieron actos criminales y vergonzosos y confirmaron los destinos que tuvieron durante el terrorismo de Estado.
Los Asuntos de Justicia son expedientes internos a través de los cuales las Fuerzas Armadas resuelven asuntos disciplinarios o de salud. En la Armada, se llaman Actuaciones de Justicia. Tratan de robos, deserciones o indisciplinas pero también accidentes, enfermedades o fallecimientos. Varias decenas de represores del Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA iniciaron, ya en democracia, un expediente de salud o fueron tema de uno de esos expedientes. En ellos piden a la Armada que reconozca las supuestas afecciones nerviosas como efectos de “actos de servicio” porque de esa manera pueden obtener distinto tipo de beneficios: desde extender licencias de salud a costo de la Armada, evitar bajas por “no aptos” o pedir, como hace alguna viuda, mejores pensiones.
En esos expedientes los marinos van señalando sus “tareas” y los destinos que tuvieron durante la dictadura. Uno de los datos que salta a la vista es cómo cada uno de ellos confiesa su participación en el GT 3.3.2 o tareas “contra la subversión”, pero cómo la Armada de la democracia encuadró durante años todos estos crímenes como actos de justicia. Entre los marinos, hay cuadros depresivos, casos de personalidades paranoides, intentos de suicido, hasta violencia doméstica y también quien realiza once mudanzas para escaparse de las denuncias. Esta información fue hecha pública por los propios involucrados en esos expedientes administrativos que tenían como objetivo obtener reconocimiento por parte del Estado.
Cavallo es de los marinos más conocidos de la ESMA, hoy con asistencia casi perfecta en Comodoro Py, de traje, lentes y computadora. Era Marcelo o Sérpico en la ESMA. Lo describieron de voz metálica. Torturó a Thelma Jara de Cabezas, madre secuestrada mientras buscaba a su hijo. Y más tarde le armó la falsa entrevista en la revista Para Ti. Una de sus muchas actuaciones en el terrorismo de Estado fue encabezar la patota de secuestro de Carlos Chiappollini: entró en la casa de su compañera, Cristina Muro, cuando amantaba a su hijo de cinco días. “Como yo gritaba mucho, lo agarraron a Carlitos de un tobillo y teniéndolo cabeza abajo lo apuntaron con una pistola y me pidieron a los gritos que me callara”, dijo ella en el juicio.
Pero los expedientes internos de la Armada cuentan otra cosa: allí los victimarios se presentan como víctimas.
Salomón
El 21 de noviembre de 1989, declaró un compañero de armas de Cavallo, Miguel Angel Benazzi, alias Salomón, Manuel o Turco, quien integró el Grupo de Tareas 3.3.2 de fines de 1976 a fines de 1978. En febrero de 1979 fue agregado naval en Bolivia, retornando en 1980 a la ESMA. En el expediente de Cavallo dijo “que estuvo destinado con el causante en el Grupo de Tareas 3.3 de ESMA”. “Si bien no fue subordinado directo, tenía frecuente relación y su desempeño era excepcional, por tratarse de un hombre sumamente dispuesto al trabajo, altamente subordinado y responsable. Entiendo que sus cualidades fueron las que motivaron su traslado a un puesto de alta responsabilidad como ayudante del agregado naval argentino en Francia”.
El 19 de diciembre de ese 1989 el destino fue confirmado por la Armada, que estableció que, “entre sus antecedentes personales, se destaca su participación en un G.T. durante la lucha antisubversiva, durante 3 años en nuestro país y durante aproximadamente 2 años, en el exterior, Francia”. Un dato extra en este punto es que del texto se desprende que la Armada está considerando a Francia –es decir el Centro Piloto de París– como un destino relacionado con la “lucha antisubversiva”. El 23 de mayo de 1990, la Armada finalmente resuelve el caso Cavallo: afirma que “la afección” de Cavallo “guarda relación con actos de servicio”. A esa misma conclusión llegaron los marinos ante los reclamos de otras caras conocidas de la ESMA.
Capdevila
Carlos Octavio Capdevila era uno de los parteros de la maternidad clandestina montada en la ESMA. Médico, estuvo en el parto de María del Carmen Poblete. “Fue la primera que me pidió que la acompañara a parir –dijo Sara Osatinsky durante el juicio–: entonces, nos bajaron al sótano, allí estaban el doctor (Jorge) Magnacco y Capdevila”.
Capdevila también estuvo cuando dio a luz Susana Pegoraro, secuestrada el 8 de julio de 1977 con cinco meses de embarazo y cuando lo hizo Silvia Dameri, secuestrada el 4 de julio de 1980 con cinco meses de embarazo. Las tres mujeres están desaparecidas. Lo mismo que la hija de María del Carmen Poblete. En 2008 recuperaron su identidad Evelyn Bauer Pegoraro y Laura Ruiz Dameri.
En enero de 1993, la Armada inició un expediente con su caso. Buscaba “determinar la relación de los actos de servicio” y algo que llaman “neurosis de guerra”. Capdevila explicó: “Fui asignado por orden del señor director de dicha Escuela, a una Unidad de Tarea cuya misión era desarrollar operaciones contra la subversión. El marco en que se desarrolló mi actividad y el tipo de tareas que debí cumplir hicieron que permanentemente me encontrase en la disyuntiva de cumplir con mi juramento hipocrático como profesional médico y mi carácter de militar; opté por cumplir con las exigencias que el servicio militar me imponía y en medio de una gran presión psíquica; fueron muchas las noches de insomnio tanto en mi destino como en los pocos momentos que pasaba en mi hogar; mi psiquis vivía en conflicto permanente”.
En la ESMA, se “me encargó atender las necesidades de subversivos que se hallaban en libertad”. “Recuerdo que uno de ellos me denunció después en Conadep (...). También participé en diversos operativos para detener subversivos y en actividades de inteligencia antisubversiva. En los años 1980 y 1981, además de las misiones que he relatado, pasé a hacerme cargo de las comunicaciones de la Unidad, lo que incluía escuchas telefónicas (...) Los sentimientos o conceptos de moral y legal se habían borrado en mí por así decirlo.”
González
Alberto Eduardo González era Gato González, Luis, Oscar Paz Alara. Capitán de corbeta, oficial de inteligencia del GT 3.3. Pasó a Cancillería en 1978. González viajó a Suiza como custodia de Pablo González Langarica, secuestrado, al que extorsionaron para obligarlo a sacar de una caja de seguridad dinero de Montoneros.
En 1990, la Armada inició un expediente con su caso. González llevaba varias licencias médicas. El 4 de junio de ese mismo año, explicó a través de un exhorto que sus males se originaron en la ESMA. “Este es un largo proceso cuyos primeros síntomas los identifico claramente después de irme de pase de la ESMA a raíz de diversos inconvenientes que sufrí junto a mi grupo familiar”, indicó. “Luego de mi pase a la ESMA tuve una actitud de recluirme, perdí prácticamente a todos mis amigos y mantuve una relación muy restringida con otros miembros de la Armada, incluidos mis propios compañeros, de quienes me distancié.”
Dijo que se sentía “responsable por la vida que debió llevar mi familia como consecuencia de mi actividad antiterrorista”. Y que “cuando me fui de pase a la ESMA comencé con alergias de tipo psicosomáticas (...) y una alteración profunda en los valores y en mi personalidad (...) cuestiones relacionadas con la contrainteligencia motivaron que mi persona se haga pública y a partir de allí comenzaron los medios masivos de comunicación, tanto nacionales como extranjeros, a bloquear cualquier acción que yo hubiese emprendido para recuperar mi grupo familiar. Así mi familia leía y veía por TV lo que yo negaba siguiendo las directivas de mis superiores”. Y agregó: “Para 1985 vuelve a surgir este problema una vez más y en esa oportunidad consulté a la Armada y la respuesta que recibí fue otro de los contribuyentes a mi actual estado. Paralelamente mi grupo familiar se vio sometido a continuas mudanzas llegando a registrar once en los años que van de 1979 a 1982”.
Marca de los tiempos
Las Actuaciones de Justicia comienzan de distintas maneras. Si hay una herida de bala, se labran inmediatamente porque el herido debe salir del servicio y la fuerza debe saber si debe pagar la licencia. En los casos de afecciones psíquicas, como la mayor parte de estos casos, los marinos van obteniendo distintas licencias médicas. Al cabo del tiempo, las licencias se agotan y deben pedir el retiro o abrir una evaluación paralela con el objetivo de hacerla pasar como lesiones provocadas a raíz de actos de servicio. De esa manera, no sólo pueden seguir dentro de la fuerza sino que además pueden cobrar.
María Laura Guembe coordina la investigación sobre los archivos de Policía, Prefectura y Gendarmería en el Ministerio de Seguridad. Ella dio testimonio ante el Tribunal Oral Federal Nº 5.
“Las Actuaciones de Justicia muestran los tiempos políticos –dice–: aumentan en el ’85 y ’86 y cuando los militares empiezan a sentirse amenazados por los juicios dejan de hacerlo. En esos momentos invocan otros temas, como Malvinas, y cuando aparecen las leyes de impunidad otra vez vuelven a las Actuaciones y a decir ‘Yo participé’. Esto es muy claro, sobre todo, en la década del ’90. Hay que aclarar que se trata de Actuaciones de Justicia por cuestiones psiquiátricas. Porque estas actuaciones en sí no varían particularmente en cantidad sino esas en particular.”
Estos expedientes, sostiene Guembe, son además un reclamo político hacia la cúpula de la Armada. Como sucedió con el marino Adolfo Scilingo, muchos piden un aval que reconozca los padecimientos como efectos del servicio.
Para Guembe, “estos documentos tienen un altísimo valor testimonial. Por un lado, permiten ver algo de lo cotidiano que ningún otro documento oficial muestra. Nos permiten acercarnos más y comprender mejor. Por otro lado, tienen el valor singular de traer las voces en primera persona de miembros de la fuerza de todas las jerarquías. Se trata de voces complejas, que hay que tomar en su enclave original: sujetos integrando una fuerza armada, relacionados jerárquicamente, pronunciándose en un marco de investigación oficial”.
