Bancos suizos crearon empresas en paraísos fiscales a clientes de Gürtel

La Agencia Tributaria atribuye a las entidades cooperación en blanqueo

• Modus operandi de la evasion mundial
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• JOSÉ MANUEL ROMERO Madrid 2 FEB 2015 -

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La Agencia Tributaria acusa a bancos suizos de ayudar a clientes españoles, algunos imputados en el caso Gürtel, como el extesorero del PP Luis Bárcenas o el exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero, a crear “sociedades pantallas en paraísos fiscales” para canalizar sus inversiones “de manera opaca y segura”. Con este procedimiento evitaban el pago de impuestos al que estaban obligados desde el 1 de julio de 2005.

Bárcenas y el exalcalde de Boadilla, entre los dueños de empresas pantalla

Un informe de la Agencia Tributaria incorporado al sumario sostiene que esas prácticas de bancos suizos y clientes españoles “derivaría en la presunta comisión de un conjunto de delitos contra la Hacienda Pública cometidos por una pluralidad de obligados tributarios con la aparente cooperación” de las entidades financieras, a las que atribuye, de confirmarse los hechos, “la comisión de delitos de blanqueo”.

Como consecuencia de la aplicación de la Directiva Europea del Ahorro, vigente desde el 1 de julio de 2005, Suiza firmó un acuerdo con la UE que obligaba a los bancos de ese país a practicar la correspondiente retención fiscal sobre los intereses de los ahorros de los clientes españoles e identificar a los titulares de esas cuentas, según Hacienda.

La Agencia Tributaria española tuvo acceso a documentación sobre cientos de cuentas de españoles en el HSBC suizo, gracias a la cooperación de las autoridades francesas. “Según consta en algunas de las fichas personales”, señala el informe de la Agencia Tributaria, “el gestor de HSBC ofrece al cliente en la primera mitad de 2005 la apertura de un nuevo PIC (persona jurídica o estructura fiduciaria, generalmente constituida en un paraíso fiscal) para transferirle los fondos y evitar así los efectos de la aplicación de la Directiva Europea del Ahorro”. Alguno de los clientes españoles aportó a los inspectores de Hacienda “la factura que le había sido emitida por HSBC Trust Services, cargada en la cuenta bancaria cuyo titular era la sociedad pantalla”. Esa factura recogía los gastos de constitución y administración de la propia sociedad pantalla, “lo que muestra claramente la participación del banco en la creación y administración de estas estructuras opacas”.

Entre los clientes españoles que se acogieron a esa práctica se encontraría Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), uno de los municipios donde la red Gürtel hizo negocios más lucrativos.

"No se enteraban"

La Abogacía del Estado sostiene que Suiza, en aplicación de la directiva europea del ahorro, dio opción a los residentes de la UE con cuentas en su territorio, a cobrarles un impuesto “y mantener el anonimato en sus países de residencia, o evitar dicha retención pero comunicándose entonces sus fondos a las autoridades fiscales de su territorio". Había una tercera opción: “Para evitar la aplicación de la norma, las personas físicas [Bárcenas] interpusieron personas jurídicas residentes en paraísos fiscales que aparecían como titulares de las cuentas. Y las entidades suizas hacían como que no se enteraban”, según la Abogacía.

En el caso de Bárcenas, la Fiscalía sostiene en su escrito de acusación como “a partir de julio de 2005 el extesorero sustituyó las cuentas abiertas a su nombre por otras a las que transfirió sus activos y en las que figuraba como titular formal la fundación panameña Sinequanon, para eludir la aplicación del acuerdo entre la UE y Suiza relativo a la aplicación de la directiva sobre el ahorro en forma de pago de intereses”.

El agente comercial Frederic Mentha, que atendía a Bárcenas en el banco Lombard Odier, le aconsejó la constitución de esa fundación para poner a su nombre los ahorros del extesorero. “Le explico [a Bárcenas] las ventajas de constituir una sociedad o una fundación. A la vista de su situación familiar (sic), consideramos que lo mejor será crear una fundación”, señala Mentha en una nota interna del banco.

La Fiscalía interpreta que “con la designación como titular de una cuenta en Suiza no de una persona física residente en España sino de una fundación ubicada en Panamá se elude la aplicación del acuerdo y, en consecuencia, el pago al Tesoro Público español de los impuestos sobre los rendimientos del ahorro”.

Pese a las conclusiones de la Agencia Tributaria, ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado, que defiende los intereses de la hacienda pública española, han iniciado acciones contra las entidades financieras suizas.

No hay paz para Tierra Caliente

El conflicto sigue en Michoacán, el narco se ha balcanizado y muy pocos creen en las autodefensas

JAN MARTÍNEZ AHRENS Apatzingán 2 FEB 2015 - 

Miembros del Ejército mexicano inspeccionan vehículos en la carretera de Apatzingán a Aguililla (Michoacán) el 24 de enero. / SAÚL RUIZ

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José Zamora Méndez es un hombre sencillo. De lunes a viernes, en horario de mañana y tarde, trabaja en el Panteón Municipal deApatzingán. Y también, cuando hay demanda, los fines de semana. Por quincena le pagan 3.302 pesos (192 euros). Es muy poco, sobre todo si se tiene en cuenta que maneja el instrumento más preciso para medir la muerte en Tierra Caliente: la pala del enterrador. Con ella en la mano, sentencia que pocas cosas han cambiado en esta azotada región del sur del México. A los pobres se les sigue enterrando en montículos de tierra bajo una cruz de madera, y a los “demasiado ricos”, como dice Zamora, en rosados panteones de inspiración dórica, equipados de aljibes, placa solar, aire acondicionado y hasta asadores para celebrar al fallecido. Un universo abigarrado que el sepulturero contempla sin ningún entusiasmo. “A mí que me entierren en tierra, uno se consume rápidamente y se puede marchar mucho antes de aquí”.

Tierra Caliente sigue siendo un mal lugar para vivir y mucho peor para morir. Han pasado casi dos años desde que las autodefensas se levantaron contra la depredación del cartel de Los Caballeros Templarios, y un año desde que el presidente de la República de México, Enrique Peña Nieto, enviase a un comisionado plenipotenciario para apaciguar esa volcánica zona. En ese tiempo, aunque la pesadilla mística de la narcosecta de Los Templarios se ha atemperado, nadie en Apatzingán, La Ruana o Tepalcatepec cree que la paz haya vuelto. Los tiroteos se suceden, la tasa de homicidios se mantiene entre las más altas de planeta, y por las noches, las calles andan vacías bajo la luz blanca de los faroles. El lobo sigue ahí, todos lo saben. Y hay quien le espera armado. Martín Gómez, concejal del PAN (derecha) en Apatzingán, es uno de ellos. Fue secuestrado y su casa saqueada. Sabe que aún le quieren matar. Pero él jura que no se moverá de ahí “por vergüenza”. Cree en Dios y en su AK-47. De noche, por si vienen a por él, duerme sobre cargadores. Ahora, en una posada de su ciudad, la capital de Tierra Caliente y feudo templario, ha pedido un café largo y solo. Para este concejal, autodefensa de corazón, el combate está lejos de acabar: “El comisionado presidencial se apoyó en los sectores más podridos, arruinó a las autodefensas, negoció con nuevos grupos criminales como Los Viagras para terminar con los templarios, y ahora estos han ocupado su lugar”.

En Michoacán, la huella del comisionado Alfredo Castillo Cervantes es profunda. Su llegada abrió un nuevo ciclo. Investido de poderes extraordinarios (sólo comparables a los de la comisión encargada de frenar el movimiento zapatista en los noventa), tuvo un arranque fulgurante. Apoyado en un ejército de casi 10.000 agentes federales y soldados, rompió el espinazo a los templarios. En pocos meses, cayeron sus dos líderes: el enloquecido Nazario Moreno González, alias El Chayo, y Enrique Plancarte Solís, El Señor de los Caballos. El brazo del adelantado alcanzó a políticos corruptos como el hasta entonces intocable Jesús Reyna, el hombre que desde su puesto de secretario de Gobernación (Interior), y gobernador interino durante 2013, había dirigido la lucha contra el narco y que se descubrió que estaba sometido a Los Templarios. Las armas federales también apuntaron contra la principal arteria del cártel: su financiación. El yugo de la extorsión, que tenía bajo su bota desde la venta ambulante hasta el poder municipal, se aflojó.

La estrategia se completó con la liquidación de las inestables autodefensas, las partidas armadas de origen popular que se habían alzado contra los narcos ante el colapso del Estado. El camino elegido fue su absorción en las Fuerzas Rurales, un cuerpo que en el siglo XIX pacificó el país. Con este recurso de anticuario se les dio armas, uniforme y la promesa de un sueldo. Más de 3.000 sublevados pasaron casi de la noche a la mañana a convertirse en agentes de la autoridad. En el camino, su principal líder, el irredento doctor José Manuel Mireles, fue encarcelado por negarse a acatar el nuevo orden.

Por un momento, Tierra Caliente, escenario de todas las convulsiones de la historia de México, parecía haberse calmado. Pero pronto la pala del sepulturero volvió a trabajar. La Fuerza Rural se mostró demasiado endeble. La infiltración del narco a través de los perdonados (antiguos sicarios supuestamente arrepentidos), el apoyo de algunos comandantes a organizaciones criminales, y las laberínticas rivalidades entre sus cabecillas hicieron saltar por los aires cualquier atisbo de paz. A mediados de diciembre, un enfrentamiento entre dos facciones acabó con 11 muertos en La Ruana. Tres semanas después, nueve civiles vinculados a Los Viagra, cayeron a balazos tras un confuso desalojo policial del Ayuntamiento de Apatzingán. Tensiones largamente ocultas emergieron sin pudor. México contempló espantado cómo el experimento de las fuerzas rurales se abocaba al caos. El comisionado Castillo tuvo que disolver estas fuerzas en amplias zonas de Tierra Caliente. Y poco después, convertido en un personaje incómodo por la inminencia de las elecciones, fue depuesto por el presidente Peña Nieto. Su tiempo había terminado.

-“Viene una guerra entre los narcos”.

El padre José Luis Segura, de 59 años, está sentado en un patio de su parroquia, en La Ruana. Es el edificio más alto del municipio. Su campanario de siete pisos descolla en un pueblo de casas bajas y calles multicolores. La torre luce dos relojes con las agujas ancladas en las doce en punto. Así llevan desde hace 10 años. Bajo este tiempo parado, el cura ha enterrado a muchos caídos en esta inacabable guerra. Él mismo vive amenazado, le han llegado a sacar del coche para apalearle, pero eso no le hace perder la calma. “Los narcos se están reacomodando, hay grupos enfrentados a muerte y las autoridades tienen que intervenir rápidamente. Aquí aún reina la impunidad”, advierte.

Las palabras del cura apuntan al problema fundamental de Michoacán. La caída de El Chayo propició el ascenso de Servando Gómez Martínez, alías La Tuta, a la cúpula de Los Templarios. Este amante de la nigromancia, posiblemente el hombre más buscado del país, se ha burlado a lo largo de estos meses del cerco y no ha dejado de filtrar vídeos comprometedores. Alcaldes, hijos de mandatarios y exgobernadores han ido sucumbiendo ante las grabaciones que les mostraban en actitud servil frente a La Tuta. Oculto en estas volcánicas y bellísimas tierras, el narcotraficante ha convulsionado a su antojo la vida política michoacana. Pero su poder real, la inmensa maquinaria de depredación que llegó a poseer en Tierra Caliente, se quebró en el choque con los ejércitos federales. Y por las fisuras de su imperio han entrado las nuevas hordas criminales. Pequeñas bandas de sicarios, como Los Viagra, han pasado de vender su artillería al mejor postor a erigirse ellos mismo en un poder autónomo. De la fragmentación han surgido una miríada de grupos ultraviolentos que ahora luchan entre sí para hacerse con el control territorial y ocupar el trono de sus antecesores. Es la balcanización del terror.

“En cualquier momento esto se viene abajo, estamos en una calma tensa”, vaticina Luis Medina, de 47 años. Lleva sombrero de paja, vaqueros y una enorme hebilla con el relieve de una quijada de búfalo. Posee una moderna empacadora de limones en San Juan de los Plátanos, entre Apatzingán y La Ruana, justo donde se situaba hace dos años la abismal frontera entre los templarios y las autodefensas. En esa línea, a las puertas de su empresa, hubo un tiempo en que el amanecer descubría los cuerpos decapitados por el narco. “Aquí los empresarios nos la jugamos, y el que no se acostumbra, se marcha”. Medina se ha sentado en su despacho de paredes verde ácido y puertas blindadas. Parece sincero cuando habla. Aunque admite que la extorsión ha disminuido, insiste en que los robos han subido y, sobre todo, en que la economía no levanta cabeza. Las promesas de inversión del Gobierno federal no se han materializado y la violencia ahuyenta el capital privado. Con un PIB per cápita de 5.150 dólares, la mitad que la media mexicana y casi seis veces menos que la española, Michoacán sigue siendo un enfermo crónico. Cualquier nuevo virus lo puede hundir. Otra vez. Y la fuerza rural no parece el antídoto adecuado.

A la entrada de Tepalcatepec (15.000 habitantes), bajo un polvoriento toldo azul de Cervezas Corona, Isauro Birrueta Rodríguez está preparando un caldo de res sobre unas brasas. Acaba de echar maíz y pimientos a la caldera, y la mira con hambre. A la altura del cinturón le asoman la barriga y la Beretta 9 milímetros. Fue ganadero, autodefensa y ahora pertenece a la fuerza rural. Con sus compañeros de puesto, vigila desde un desvencijado sillón de coche, uno de los pocos municipios donde esta nueva policía parece funcionar. En el último año no han tenido ningún enfrentamiento grave. Y a diferencia de otros lugares, se han blindado (al menos, aparentemente) del narco. Pero ninguno está demasiado contento. No tienen dinero para gasolina, ni para gastos de munición, ni siquiera para una muda del uniforme.

- ¿Y ustedes han matado narcos?

- “Claro que sí”, responde con fuerza un agente rural, para inmediatamente, ante las miradas inquisitivas de sus compañeros, rectificar. “Bueno, no, sólo los he herido…”.

Su evasiva desata una carcajada general. Poco después se sentarán todos a comer, dando la espalda a la carretera de entrada que deben vigilar, ese camino por el que puede llegar en cualquier momento el zarpazo que todos temen en Tierra Caliente. La bestia que dará trabajo, mal pagado, al sepulturero Zamora.

La CIA cree que Nisman murió por una interna de la ex SIDE

A dos semanas de la muerte del fiscal Alberto Nisman, la CIA cree que una interna de la SIDE pudo ser la que está detrás del fallecimiento.


El Cronista Comercial


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La hipótesis más fuerte que se maneja en la CIA es que la muerte de Nisman se debe a una puja interna de los servicios secretos argentinos con el gobierno de Cristina Kirchner y que Irán no tuvo nada que ver en el asunto, sostiene una nota publicada por Clarín.

“En Langley (CIA) creen que el operativo tiene que ver más con una pelea interna en Argentina que con Irán”, dijo a ese medio una fuente con acceso a los encargados de Argentina en la CIA. “No hay ninguna duda que el operativo fue hecho por profesionales, aunque nadie sabe con certeza lo que realmente ocurrió”, agregó.

“La CIA cree que el operativo tuvo más ver con una puja interna en el Gobierno y menos con Nisman y lo que estaba investigando. Alguien quiso complicar a Cristina por los cambios que estaba haciendo en la SIDE”, dijo la fuente a la periodista Ana Baron, agregando que dentro de la CIA hay algunos que “no le dan crédito” a la denuncia de Nisman porque hasta ahora lo único que se ha escuchado son casettes de Luis D’Elia hablando con su contacto iraní y “nadie le da crédito aquí al piquetero”.

Ayer la fiscal Viviana Fein, a cargo de la investigación por la muerte de Alberto Nisman, afirmó que el único ADN que se encontró en la escena del hecho era del jefe de la UFI-AMIA, y reveló que las cámaras de seguridad que había en el ascensor de servicio no habrían funcionado.

Además, en un comunicado en la página de la Procuración General de la Nación, Fein señaló que “en los próximos días comenzará a realizarse el cotejo de todas las imágenes de las cámaras que están en funcionamiento”.

Otra masacre, la misma vieja justificación

Mientras la alianza liderada por Estados Unidos continúa sus ataques aéreos en Iraq contra el grupo Estado Islámico (EI, anteriormente conocido como ISIS), y sigue suministrando al gobierno iraquí armas y efectivos disfrazados de “asesores” y “formadores”, el pueblo iraquí lucha por sobrevivir a las represalias del ciclo mortal de las milicias.

31 enero 2015 |

Por Haifa Zangana

El lunes 26 de enero en el pueblo de Barwana, cerca de la ciudad de Muqdadiya, en la provincia de Diyala fronteriza con Irán, 72 hombres desarmados fueron sacados de sus hogares por las milicias. Con las cabezas agachadas y atados, fueron conducidos en pequeños grupos a un campo, obligados a arrodillarse y allí les dispararon un tiro a cada uno. Los supervivientes afirman que las tropas iraquíes miraban.

Otras 35 mujeres permanecen desaparecidas. Después de que la milicia se fuera de la aldea, las mujeres y los niños salieron a llorar a sus muertos.

La retórica de la guerra

Los asesinados no eran miembros del EI sino civiles que habían huido de Sinsil a la relativa seguridad de Barwana, a unos 5 km al suroeste, donde habían estallado combates entre tropas del EI y milicias a las que se considera tuteladas por Irán y apoyadas por los ataques aéreos de la alianza liderada por Estados Unidos.

En un movimiento que trae a la memoria las declaraciones militares estadounidenses tras la invasión de 2003, cuando las tropas de Washington cometieron una masacre, el Gobierno iraquí acusa ahora a las fuerzas del EI de llevar a cabo los asesinatos y reclama solo retóricamente que se investiguen los hechos. Con los años, las autoridades iraquíes han demostrado ser tenaces ejecutores de la propaganda de los antiguos ocupantes.

La masacre de Haditha fue una de las primeras lecciones del gobierno iraquí.

El plan fue así: el 19 de noviembre de 2005, un escuadrón de marines arrasó en cinco horas la ciudad iraquí de Haditha, en la provincia occidental iraquí de Anbar, matando a 24 civiles –incluyendo siete mujeres, tres niños y hombres de edad avanzada– que recibieron varios disparos a quemarropa estando desarmados.

Fue un acto de represalia después de que una bomba estallase al paso de su Humvee, y matase al conductor. El comunicado inicial del ejército estadounidense al día siguiente informaba de que la muerte de los civiles fue consecuencia de una bomba y de ataques en la carretera por parte de los insurgentes iraquíes:

“Un infante marine estadounidense y 15 civiles murieron ayer por la explosión de una bomba en un camino en Haditha. Inmediatamente después de la explosión, hombres armados atacaron el convoy con fuego de armas pequeñas. Soldados del ejército iraquí y marines devolvieron el fuego, matando a ocho insurgentes e hiriendo a otro”.

El sargento Frank Wuterich, quien dirigía el equipo, intentó justificar los asesinatos de civiles desarmados en sus hogares: “Limpiamos estas casas de la manera que tenía que hacerse” declaró.

El plan de acción

Una declaración similar siguió a la violación y asesinato de Abeer Qassim al-Janaby, una niña de 15 años de edad asesinada por soldados estadounidenses junto a su padre, madre y hermana de nueve años de edad, en Mahmudiya, a 20 millas al sur de Bagdad el 11 de marzo de 2006. El crimen fue, como de costumbre, atribuido a “insurgentes suníes activos en la zona”, en contra de los informes de testigos oculares locales.

Los crímenes cometidos con impunidad por la ocupación liderada por Estados Unidos se han convertido en el modelo de los regímenes iraquíes posteriores: la venganza en lugar de la reconciliación, el sectarismo en lugar de la ciudadanía, y la lealtad a las potencias extranjeras en lugar de a Iraq como país.

Es la injusticia acumulada la que incuba localmente el crecimiento del EI y de cualquier otro grupo extremista.

La población civil de las zonas de combate se lleva la peor parte del castigo colectivo de un plan de acción de diversos grupos perversos: las milicias sectarias dirigidas por Irán, las fuerzas de seguridad del supuesto Gobierno, los ataques aéreos liderados por Estados Unidos (2000 vuelos de combate en seis meses aparentemente pagados con dinero iraquí), y el propio grupo del Estado Islámico.

Cómo ocultar a la vista

Fuera de los territorios controlados por el EI, quienes hoy gobiernan son un grupo de milicias que enmascaran sus asesinatos diarios en rostros afeitados que ocupan escaños en el Parlamento situado en la Zona Verde de Bagdad.

En la actualidad hay al menos 30 milicias que se multiplican rápidamente. Sus poderes se extienden desde el control de las calles de la ciudad hasta la vida cotidiana incluso en la capital, Bagdad.

Además de adoptar la retórica de masacre de la ocupación estadounidense, las milicias están evolucionando sus técnicas de propaganda. Llaman a lo que hacen “yihad” y su función es “proteger los lugares sagrados”. Más recientemente, se han denominado a sí mismos “la resistencia islámica”. Enormes sudarios negros y pancartas de cuatro pisos en torno a Bagdad proclaman su presencia.

Estos nombres de marca religiosa pretenden encubrir sus atrocidades diarias y permitir que esas milicias disfruten de la misma impunidad que los marines estadounidenses tuvieron durante la ocupación, mucho antes de la aparición del EI. La lucha contra el EI, de hecho, ha proporcionado milicias dirigidas por Irán con el pretexto de llevar a cabo sus asesinatos sectarios en los alrededores de la capital y en la provincia de Diyala, a través del cual pasa la carretera principal de Irán a Bagdad.

Y hacen todo esto a la luz del día mientras se benefician de la ayuda implícita internacional o de su silencio.

La realidad es que esas milicias, además de trocear las “zonas disputadas” por los peshmerga kurdos, tienen una función estratégica: cambiar la composición demográfica de Iraq, mientras aúnan en la humillación colectiva la intimidación y el terror.

La retórica de la guerra sectaria del Gobierno contribuye a incrementar el poder de las milicias, y el apoyo internacional liderado por Estados Unidos mientras prosigue su política sectaria y sus violaciones de los derechos humanos con el pretexto de luchar contra el terrorismo, sólo conducirá a más derramamiento de sangre.

Suecia admite que puede contribuir a una solución

Caso Assange 

Un atisbo de solución al asilo diplomático del periodista Julian Assange, el fundador de WikiLeaks recluido en la embajada de Ecuador en Londres desde hace dos años y medio, se vislumbró en esta última semana de enero, por obra de un organismo de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Publicado el 1/30/15 

IPS – 

Las autoridades de Suecia, el país que reclama al periodista australiano por la supuesta comisión de delitos comunes, admitieron la posibilidad de adoptar medidas que desbloqueen las paralizadas acciones judiciales contra Assange.

El abogado defensor de Assange, el exjuez español Baltasar Garzón, dijo a IPS que en relación a ese caso “mostramos satisfacción con la acogida por el Estado sueco” de las propuestas de varios países.

El jurista aludía a las propuestas efectuadas por Ecuador, Argentina, Cuba, Eslovaquia y Uruguay.

Los indicios de acercamiento entre la partes quedaron evidenciados en el informe final del Examen Periódico Universal (EPU) de Suecia, adoptado este jueves 28 en esta ciudad suiza.

El EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, que evalúa el acatamiento de los países a las normas internacionales en la materia.

La situación de Assange, un periodista, programador informático y activista nacido en Australia en 1971, fue introducido en el EPU de Suecia por Ecuador, el país que lo protege en su sede diplomática londinense, y por otras naciones de Europa y América Latina.

La jefa de la delegación sueca ante el EPU, Annika Söder, secretaria de Estado para Asuntos Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores, afirmó a IPS que el caso de Assange es “una cuestión muy compleja en la que el gobierno puede hacer muy poco”.

Söoder recordó que en Suecia, Assange es “sospechoso de delitos, de violación y molestias sexuales, de acuerdo a la ley sueca”. Por esa razón, la Procuraduría de la Corona (fiscalía) de su país “quiere llevar adelante las investigaciones básicas”, dijo.

“Estamos conscientes de que Assange se encuentra en la embajada de Ecuador y esperamos que se encuentren las formas de avanzar con el proceso legal, de una manera u otra”, planteó la alta funcionaria sueca.

La defensa de Assange argumenta que la fiscalía sueca retarda las acciones de la instrucción judicial y se niega a interrogar al encausado por escrito, teléfono o videoconferencia.

Garzón observó que de manera paralela a la inacción de la fiscalía sueca avanza en Estados Unidos un proceso judicial secreto contra Assange y contra otros miembros de Wikileaks, la organización creada en 2006 por el periodista.

“El origen de la causa judicial estadounidense contra Assange es la publicación masiva por Wikileaks de documentos, en muchos casos sensibles, que afectaban a Estados Unidos”, recordó Garzón.

La filtración por Wikileaks de cientos de miles de cables diplomáticos y otros documentos clasificados estadounidenses puso en evidencia prácticas de Washington, que le colocaron en situaciones comprometidas con otros gobiernos.

Con ese cuadro, el avance de las investigaciones suecas por supuestos delitos, de los que Assange se declara ajeno, permitiría aliviar la situación del periodista australiano y su eventual abandono de la embajada ecuatoriana junto con la renuncia al asilo diplomático.

Assange permanece en la sede diplomática de Quito en Londres desde el 19 de junio de 2012 y el gobierno de Rafael Correa le otorgó asilo diplomático el 16 de agosto siguiente.

En el informe final del EPU, Suecia se compromete a examinar algunas recomendaciones formuladas por otros países y a dar respuesta antes de la sesión próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos, que comenzará el 15 de junio.

Garzón le pide a Estocolmo que adopte las medidas que especifiquen explícitamente un límite de tiempo para la fase de instrucción del procedimiento contra Assange, tal como había recomendado la delegación de Ecuador durante el EPU.

“El Comité de Derechos Humanos, otro cuerpo especializado de la ONU, estipula que es necesario establecer plazos precisos para poner a disposición de un juez a una persona detenida”, precisó el jurista español.

La secretaria Söder reconoció a IPS que el sistema jurídico sueco no fija plazos al procurador para completar la instrucción, como se evidencia en el caso que implica a Assange.

Garzón solicita también a Suecia que introduzca cuanto antes “medidas para que los procedimientos judiciales se lleven de conformidad con las normas que garantizan los derechos de los individuos, en concreto el derecho a la tutela judicial efectiva y a un procedimiento sin dilaciones indebidas”.

Otro requerimiento del jurista alude a la adopción de medidas administrativas y judiciales necesarias que hagan más efectivas las investigaciones ante los tribunales. En este punto menciona “la práctica de diligencias de prueba en el extranjero, de conformidad con los mecanismos de cooperación internacional”.

El abogado también demanda la adopción de medidas para que a las personas privadas de libertad se les provea de sus garantías legales de conformidad con los estándares internacionales.

La delegación sueca sí aceptó examinar una recomendación de Argentina de “tomar medidas concretas para asegurarse que las garantías de no devolución puedan ser dadas a cualquier persona bajo control de las autoridades suecas mientras sea considerada como un refugiado por un país tercero”, en este caso Ecuador.

Entre esas acciones, se incluyen las medidas legislativas, de ser necesarias.

Esto es muy importante porque sobre Assange pesa la amenaza de que las autoridades suecas, o incluso las británicas, puedan aceptar un pedido de extradición de Estados Unidos por cargos de espionaje, que conllevan penas muy severas.

En sus comentarios para IPS, Garzón se mostró “decepcionado” porque el Estado sueco no haya aceptado una de las recomendaciones formuladas por Ecuador.

Se refería a la solicitud de que Suecia agilice los mecanismos de cooperación internacional por parte de los órganos judiciales y de la fiscalía para, mediante ellos, asegurar el derecho a la tutela judicial efectiva, específicamente en aquellos casos en que la persona se encuentra protegida por decisión de asilo o refugio.

El derecho de asilo y refugio es considerado un derecho fundamental y por ello debe ser respetado y tenido en cuenta, haciéndolo compatible con el derecho de defensa, se subrayó previamente durante el EPU.

Al respecto, el director general  de Asuntos Legales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia, Anders Röonquist, alegó que no existe convención internacional alguna sobre asilo diplomático.

La única que hay sobre la materia es la americana, aseguró. Por otra parte, la Corte Internacional de Justicia de La Haya no impone que se reconozca el asilo diplomático, sostuvo.