3 jul 2015

Tsipras pide el ‘no’ de los griegos a quienes les “aterrorizan a diario”

El primer ministro pide el 'no' en el refreéndum ante 25.000 personas en Atenas

 /  Atenas / Bruselas 3 JUL 2015 - 

El primer ministro Tsipras, durante el mitin de viernes en Atenas. / PETROS GIANNAKOURIS (AP)

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, arengó este viernes a los suyos en un mitin en Atenas al que asistieron 25.000 personas. Tsipras les instó a votar no en el referéndum sobre las propuestasde los socios (y acreedores) que ha convocado para el domingo. "El pueblo heleno probó varias veces en su historia que sabe responder a los ultimátum. Los ultimátum a veces se convierten en un bumerán. Os llamo a escribir Historia otra vez. Os llamo a decir otra vez no a los ultimátum", proclamó el líder del izquierdista Syriza. 
El jefe del Gobierno animó a sus compatriotas "a dar la espalda a quienes os aterrorizan a diario" y recalcó que el domingo se vota no solo "vivir en Europa" sino "vivir con dignidad en Europa. Luchar y vivir como iguales en Europa". Y ha asegurado que el lugar en el que nació la democracia da a Europa la "oportunidad para volver a sus valores originales, estos valores que abandonó hace años en favor de la austeridad".
También en la capital miles de personas defendieron el sí en otro mitin, aparentemente menos concurrido que el del no, según la agencia Reuters. "Prefiero votar sí, tener unos años más de austeridad y dar a mis hijos un futuro", declaró a Reuters uno de los asistentes mientras sonaba el Himno de la Alegría.


Tsipras ha aparecido a primera hora de la tarde en el canal privado de televisión Mega para instar al electorado a votar no en el referéndum del domingo. El jefe del Gobierno ha asegurado que marcar la casilla del no "no es unno a Europa", sino al "chantaje" de aceptar un acuerdo que no contemple una solución sostenible para la deuda. Mientras, la situación financiera del país se agrava, con un mínimo colchón de 1.000 millones de liquidez bancaria disponible, según la patronal griega del sector, que alerta de que se trata de fondos suficientes tan solo hasta el lunes.
"Os llamo a decir no a los ultimátum y chantajes, pero también a decir no a la división", repitió. "Votemos con calma y con argumentos, no con reproches", añadió.
Tsipras ha valorado positivamente el mensaje del Fondo Monetario Internacional (FMI) de la víspera, que plantea una quita del 30% de la deuda griega y confirma la inviabilidad de la misma, así como para invitar a los griegos a votar con “serenidad y sentido de la responsabilidad” en el referéndum que se celebra este domingo, que somete a consideración de los griegos la propuesta de acuerdo de las instituciones presentada el pasado 25 de junio y que ya expiró. El Tribunal Supremo griego ha avalado este viernes la consulta, tras desestimar un recurso de inconstitucionalidad.
“Quienes tienen el futuro en sus manos no tienen nada que temer”, dijo Tsipras, en referencia a lo que calificó de campaña del miedo por parte de los partidarios del sí. Pero lo más importante de su breve discurso, en directo desde su despacho oficial, fueron las numerosas referencias al comunicado del FMI. “La declaración del FMI confirma lo que venimos diciendo, que la deuda griega es inviable, y abre nuevos escenarios de diálogo. Esta postura tan clara nunca existió, en estos cinco meses de negociaciones, por parte de las instituciones, y viene a justificar plenamente nuestra insistencia en no aceptar ningún acuerdo que no contemple esa reestructuración”.
Como viene haciendo en comparecencias anteriores, el primer ministro griego insistió en que en el referéndum del domingo “no se decide la permanencia de Grecia en el euro, sino si seguimos permitiendo la muerte lenta de la economía griega o salimos adelante”. La declaración del FMI, añadió, “fortalece nuestra postura [la del Gobierno] para lograr un acuerdo más viable” con los acreedores.
El jefe del Gobierno heleno instó a los griegos a votar “con responsabilidad, unidos para afrontar el futuro a partir del lunes”. “El no no significa una ruptura con Europa”, insistió por enésima vez desde que por sorpresa convocara la consulta en la madrugada del pasado sábado; “a lo que vamos a decir no es a los chantajes y a la estrategia del miedo”.
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El asesinato de dos periodistas sacude México

Las muertes de los reporteros ponen al país de nuevo frente al espejo de la terrible inseguridad para los que ejercen esa profesión

 México 3 JUL 2015 -
Filadelfo Sánchez y Juan Mendoza, asesinados. / FACEBOOK
El periodismo avanza entre tumbas en México. Las últimas son las de Filadelfo Sánchez Sarmiento y Juan Mendoza Delgado. Al primero le esperaron a la salida de la redacción, al otro lo secuestraron en su coche. Un tiro y un atropello. Sus muertes, ocurridas en menos de una semana y en dos Estados cargados de crímenes contra la libertad de expresión, vuelven a poner a México frente al espejo de la terrible inseguridad que sufren los periodistas. Sólo en Veracruz y Oaxaca, donde se registraron los dos últimos casos, han matado a siete informadores desde 2014, casi la mitad que en todo el país. No hay parangón en América.

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Filadelfo Sánchez Sarmiento dirigía la estación de radio La Favorita, en el municipio de Miahuatlán, en Oaxaca. El jueves, al salir de la emisora, fue sorprendido por dos sicarios. Siete balazos acabaron con su vida. Tanto la autoría como la causa permanecían ayer en la oscuridad. Pero Sánchez Sarmiento, el locutor estrella de La Voz de la Sierra Sur, había recibido, como sus compañeros, amenazas de muerte de poderes locales y el narco. El mismo monstruo oscuro que el pasado 2 de mayo secuestró, torturó y mató de cuatro tiros en la nuca al conocido locutor oaxaqueño Armando Saldaña Morales.
La última vez que se vio con vida a Juan Mendoza Delgado fue el martes pasado en la localidad veracruzana de Medellín Bravo. El periodista, que dirigía un modesto portal de noticias locales llamado Escribiendo la verdad, se dirigía a cumplir su turno de taxista, trabajo que compatibilizaba con sus tareas informativas. El jueves por la tarde su cadáver fue hallado con signos de violencia. Supuestamente lo habían matado pasándole un coche encima. Su muerte fue considerada un asesinato por la organización de defensa de la libertad de expresión Article 19.
El crimen de Mendoza Delgado trajo a la memoria el reciente caso de Moisés Sánchez Crespo, el editor del pequeño semanario comunitario La Unión, en el mismo municipio.
También trabajaba como taxista y también denunciaba los supuestos abusos en la localidad. El pasado 2 de enero, nueve hombres armados y encapuchados irrumpieron en su casa. Delante de su mujer y sus hijos, le arrebataron el ordenador, la cámara de fotos y el teléfono móvil. Después, se lo llevaron. Ese mismo día fue degollado. La orden supuestamente había partido del jefe de la Policía Local y escolta del alcalde, principal sospechoso. A diferencia de otros casos, destinados al olvido, este desató una fuerte ola de solidaridad. La impunidad con que se perpetró el asesinato, pero sobre todo la macabra suma de casos en Veracruz, ante la indiferencia de las autoridades del Estado, gobernado por el polémico Javier Duarte, que intentó restar importancia al crimen alegando que era un taxista, detonaron una ola de protestas que culminaron con una durísima carta abierta de 300 intelectuales y 20 organizaciones y la decisión de los directores delencuentro cultural Hay Festival de cancelar su edición en Xalapa, capital de Veracruz.
La policía resguarda el cuerpo sin vida de Filadelfo Sánchez. / EFE
Las dos nuevas muertes vuelven a confirmar lo que es un diagnóstico bien conocido. México, con 86 asesinatos desde 2000, es uno de los países más peligrosos del mundo para ser periodista. Y Oaxaca y Veracruz, sus puntos negros. “Esta ola de muertes es fruto de la impunidad. Hay actores políticos y criminales que aún ven la eliminación de periodistas como una solución a sus problemas, y se sienten con licencia para hacerlo. Lo demuestra que en Veracruz y Oaxaca hayan muerto más de la mitad de los periodistas asesinados desde 2014”, señaló Javier Garza, experto del proyecto Periodistas en Riesgo, de Freedom House.
Las víctimas escogidas por el narco o las autoridades suelen ser informadores modestos. Periodistas rebeldes de medios pequeños ysin capacidad de defensa. En la mayoría de los casos, según Garza, las muertes vienen precedidas del secuestro y la consiguiente tortura. Y las investigaciones pocas veces culminan en la detención de los verdaderos culpables. En estas condiciones, el ejercicio de la libertad de expresión se convierte en muchas zonas de México, como Tamaulipas o Veracruz, en una ficción. Y los propios diarios evitan las informaciones vinculadas al narco. A la muerte, el linchamiento o simplemente la amenaza, le sigue la autocensura. Es la ley del silencio. Y quien la rompe, paga. Las muertes de Filadelfo Sánchez Sarmiento y Juan Mendoza Delgado lo recuerdan.
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TISA: peligros y opacidad

Diario La Jornada, México

TISA
3 julio, 2015   Editorial del día





La versión más reciente del Acuerdo de Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés) que Wikileaks entregó a este diario no es un documento tranquilizador. De las cláusulas estipuladas en el texto central y en sus anexos sobre comercio electrónico y marítimo, telecomunicaciones y finanzas pueden derivarse, en caso de que ese instrumento resulte aprobado, amenazas de diversa magnitud para los rubros nacionales correspondientes, sobre el conjunto de la economía, para la población y las instituciones del país.
En términos generales, el tratado, en cuyas negociaciones furtivas participan representantes de medio centenar de naciones, la nuestra incluida, aspira a practicar una nueva vuelta de tuerca en el proceso de reducción del Estado que preconiza el modelo neoliberal y que se ha venido realizando desde hace más de tres décadas en casi todo el mundo. Tal disminución, que en su primera fase se tradujo en la privatización indiscriminada de bienes públicos, incluidos los estratégicos, se centra hoy en día en la mutilación de atribuciones y de soberanía a fin de expandir los dominios del mercado a todos los ámbitos posibles de la vida de los países: la salud, la educación, la investigación científica y tecnológica, los servicios financieros, el transporte, la propiedad intelectual y las telecomunicaciones, más los que se vayan agregando.
El propósito del TISA es reducir o borrar la presencia reguladora institucional e instaurar en ellos, como mecanismos supremos de regulación, el mercado y la libre competencia internacional, es decir, consumar en las dos terceras partes de la economía global, valga decir, a escala planetaria, la utopía liberal de David Ricardo.
Tal utopía, sin embargo, no ha funcionado jamás como se supondría que debía hacerlo, y la economía entendida como la supervivencia del más fuerte ha desembocado una y otra vez en la conformación de grandes monopolios u oligopolios que terminan por aplastar a la competencia, proyectan su poderío económico al ámbito de las relaciones políticas y derivan en la corrupción, la opresión y la ilegalidad.
En la actualidad están conformados ya consorcios trasnacionales poderosísimos que operan como poderes fácticos y que son los que, en la práctica, se verían beneficiados por la entrada en vigor del instrumento comercial referido. De hecho, la versión más reciente que se conoce del TISA parece una suerte de declaración de los derechos mundiales de las corporaciones, las cuales, en los términos del documento, podrían arrasar a pequeños competidores locales, eliminar en la práctica derechos de consumidores y de ciudadanos, inhibir la tarea de los poderes legislativos, ignorar a los organismos jurisdiccionales e impedir que los ejecutivos adopten políticas públicas de interés social que resulten potencialmente lesivas para sus intereses empresariales.
A la vista de la cantidad de personas físicas y morales que se verían perjudicadas y de las instituciones que perderían muchas de sus atribuciones por la firma del TISA, no resulta sorprendente que los gobiernos involucrados en la negociación hayan mantenido los documentos del acuerdo fuera de la vista de la opinión pública y que su consulta no sea permitida ni siquiera a legisladores. De hecho, una de las cláusulas del proceso de redacción del instrumento señala que éste no será divulgado en los primeros cinco años posteriores a su entrada en vigor, si es aprobado, ni un lustro después del cierre de las negociaciones, si éstas no conducen a un acuerdo.
En el proceso de negociación referido –en el que la parte mexicana está representada por las secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores– resultan injustificables la opacidad, la ausencia de información oficial y la nula voluntad política de someter a la consideración de la sociedad un asunto de tal relevancia y de tan largo alcance como el comentado.
Resulta, por ello, particularmente importante que Wikileaks haya logrado hacer llegar a diversos medios – La Jornada, en el caso de México– diversas fases y secciones del TISA: la organizacióm fundada por Julian Assange es, hasta la fecha, la única fuente en la que las sociedades de los países involucrados en el acuerdo pueden enterarse del desarrollo de un marco comercial que puede tener, si se implanta, graves consecuencias sobre sus economías, sus puestos laborales y sus derechos como consumidores, audiencias y hasta causantes.
En el caso de México la entrada en vigor del tratado referido, junto con la del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (ATP o TPP, por sus siglas en inglés) daría lugar a una reformulación de la economía tan drástica como la que se inició en su momento con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Cabe esperar que la ciudadanía y, particularmente, sus sectores académicos, científicos, empresariales, sociales y políticos, analicen los documentos revelados, cobren conciencia de los elementos de riesgo en ellos contenidos y se involucren en un debate nacional sobre la procedencia de articular el país a esos acuerdos.
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Gobierno comenzará deportaciones de inmigrantes desde el 6 de julio

La República Dominicana podría empezar a deportar a partir del próximo 6 de julio a los indocumentados que no se acogieron al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, dijo hoy el director de Migración, Rubén Darío Paulino Sem.

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3 julio, 2015   República Dominicana
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Ley de Seguridad Ciudadana

 EN DECENAS DE CIUDADES PROTESTARON CONTRA LA “LEY MORDAZA”

España retrocede cuarenta años

La Ley de Seguridad Ciudadana que ayer entró en vigencia impone multas de hasta 30 mil euros por manifestarse sin autorización, marchar frente a la sede del Congreso, grabar a la policía o colgar una pancarta en edificios públicos.
 Por Flor Ragucci

Página/12 En España

Desde Barcelona

“Hoy entra en vigor la ‘Ley Mordaza’ así que a las doce acuérdense de cambiar el calendario, estamos en 1965.” Con mensajes de WhatsApp como éste, muchos recibían en España la noticia de que la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en solitario por el Partido Popular (PP) el pasado marzo dejaba de ser una amenaza para convertirse en realidad. La norma –que impone multas de hasta 30 mil euros por manifestarse sin autorización, marchar frente a la sede del Congreso, grabar a la policía o colgar una pancarta en edificios públicos– supone “una de las leyes más represivas de la historia reciente del Estado español”. Así lo declaraban ayer los convocantes a una de las protestas que en treinta ciudades tuvieron lugar para mostrar su rechazo a la nueva reglamentación.
Madrid permaneció “amordazada” en las proximidades del Congreso de los Diputados, donde cientos de personas se congregaron con las bocas tapadas como símbolo de la pérdida de libertades que entienden que supone esta ley. También en Barcelona la plataforma No Somos Delito y la campaña ciudadana #SinMordaza sacaron a la calle su protesta por lo que consideran la implantación de un “Estado policial”, como señalaron los asistentes, y la Red Ciudadana por el Derecho a la Información y la Comunicación (DIC) organizó una mesa redonda en el Colegio de Periodistas para discutir los efectos de la norma sobre la libertad de expresión.
Miguel Angel Soto, portavoz de Greenpeace y uno de los ponentes, manifestó –desde su experiencia como activista en causas medioambientales– su alarma no sólo por la entrada en vigor de la “Ley Mordaza”, sino también por la reforma del Código Penal que el gobierno de Mariano Rajoy también aprobó sin ningún apoyo y que, entre otras cosas, convierte infracciones penales en sanciones administrativas, a la vez que elimina la diferencia entre la resistencia pacífica y no pacífica. “Nosotros antes dependíamos de un juez y ahora nos vamos al control administrativo, perdemos el derecho a la tutela judicial y son las fuerzas de seguridad las que toman la palabra”, explica Soto. “Esta ley castiga algo que puede llegar a ocurrir, si la policía interpreta que tú estás haciendo algo que podría derivar en infracción, te penaliza. Pasamos de ser sujetos de derecho a ser sujetos de sospecha”, denuncia.
Para los activistas de Greenpeace, la aplicación de la norma de Rajoy supone un fuerte recorte en sus ámbitos habituales de acción, ya que estará prohibida la escalada de edificios y los aeropuertos, la televisión, los medios de transporte o las centrales térmicas –lugares donde la organización suele denunciar irregularidades medioambientales– pasarán a ser espacios vetados para la protesta. “Ahora tenemos que tener un fondo para pagar multas porque, a partir de este 1º de julio (por ayer), si queremos hacer algo ¡corremos el riesgo de fundirnos!”, alerta Soto.
En la mesa redonda celebrada en Barcelona estuvo también presente Amnistía Internacional (AI) y su responsable de comunicación, Dani Vilaró, expuso las conclusiones a las que el organismo llegó tras dos años de monitoreos de las protestas en España. En el informe presentado por AI en el 2014 –“España, derecho de protesta amenazado”– se documenta que ya antes de la redacción de la “Ley Mordaza” había en marcha un proceso de limitación de los derechos de reunión y manifestación. “Detectamos muchísimas sanciones a los manifestantes, un uso excesivo de la fuerza y abuso del material antidisturbios, detenciones masivas y arbitrarias y declaraciones que buscan criminalizar los nuevos movimientos sociales como las PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) y los escraches”, advierte Vilaró. “El gobierno español modifica ahora la Ley de Seguridad Ciudadana, pero ya sus prácticas incumplían los tratados internacionales que consagran como fundamental el derecho a la libre expresión y manifestación”, dice Vilaró. Y puntualiza: “Realmente este derecho es fundamental porque muchos otros se consiguieron gracias a poder manifestarse y reunirse”.
Tanto a Amnistía Internacional como a Greenpeace les preocupa, sobre todo, la limitación de los lugares en los que se puede hacer manifestación, como clara respuesta del partido de Rajoy a las protestas de los indignados frente al Parlamento y en las plazas. “La Constitución no obliga a solicitar autorización previa a una marcha y ahora esta ley sí. Es el colmo, ya lo único que falta es que tengamos que ir a un manifestódromo para manifestarnos”, reclama Soto, de Greenpeace. “Justamente una de las cosas que dice la legislación internacional es que el derecho a la manifestación no sirve si se hace a medio kilómetro de allá donde tiene que escucharse la protesta”, agrega el representante de AI.
“¿Era necesaria una ley como ésta? ¿Había un problema de seguridad grave en el Estado?”, se preguntan los asistentes a la charla. La respuesta es unánime: “No. Estas sanciones son totalmente desmesuradas en comparación con las faltas”. Según Amnistía Internacional la nueva norma está hecha con el objetivo de darle más poder a la policía y, en consecuencia, menos garantías a la ciudadanía “para evitar que se repita todo lo que han visto que empezaba a pasar a raíz de sus políticas de austeridad”.
Los periodistas también dejaron constancia en la mesa redonda de las limitaciones que a partir de ahora sufrirá su labor. La ley prohíbe el uso no autorizado de imágenes o datos personales de las fuerzas de seguridad o instalaciones protegidas, por lo que la policía podrá requisar las cámaras y sancionar al profesional. “La limitación a las grabaciones de agentes de la policía durante el ejercicio de sus funciones, claramente quiere evitar la publicación de imágenes que hemos visto en las últimas manifestaciones y que han sido pruebas fundamentales para denunciar el uso excesivo de la fuerza”, alerta Xavier Sitjà, miembro del Consejo de Informativos de Televisión Española (TVE).
“Esta ley es otro paso para reprimir el derecho a la información, el cual –de todos modos– ya está sufriendo serias amenazas con las famosas ruedas de prensa sin preguntas o las ridículas intervenciones del presidente Rajoy a través de un plasma”, apunta Sitjà.
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