Retirados militares vuelven a la carga contra los fallos judiciales

Marcelo Gallardo


Criticaron procesamientos sobre derechos humanos "sin pruebas"

Los retirados militares lanzaron ayer munición gruesa contra los fallos de la Justicia que enviaron a la cárcel a oficiales acusados de cometer violaciones a los derechos humanos o que extraditaron a efectivos a Chile por el caso Berríos.

"Debemos estar orgullosos de nuestros valores y no sentirnos menoscabados por las sentencias a nuestros camaradas privados injustamente de su libertad. Pues estos, en lugar de ser actos de justicia representan todo lo contrario. Fallos injustos que transgreden la normativa vigente desde la Constitución hasta los principios básicos del debido proceso", afirmó el coronel retirado Ricardo Bertolotti, integrante de una organización de militares retirados, durante el discurso que brindó a los militares presentes en una reunión de camaradería realizada en las afueras de Maldonado.

La de este fin de semana, donde se cuestionó a la Justicia, fue la concentración de militares retirados con mayor número de asistentes de los últimos tiempos.

No es la primera vez que organizaciones de retirados como el Centro Militar o el Círculo Militar "Gral. Artigas" cuestionan decisiones del Poder Judicial en casos vinculados a los derechos humanos.

El coronel Eduardo Ferro, participante del evento, dijo a El País que 835 personas concurrieron al acto de la víspera, y recordó que el año pasado hubo 600 participantes.

Los militares que asistieron a este acto pertenecen a ambas organizaciones sociales que integran además uniformados en actividad.

"¿Cómo se puede condenar a un militar por un presunto delito si no hay pruebas? ¿Cómo se puede fallar y mandar a prisión a un militar por declaraciones de testigos de hace cuarenta años que aseguran haber visto actuar ilegalmente a una persona solo reconocida por su color de ojos y cabello siendo, esta declaración, comprobadamente mentirosa? ¿Cómo se puede acusar a un militar que en el momento del presunto delito ostentaba el grado de alférez sin conocer la realidad de lo que acontecía y sin pruebas, que es lo peor?"; se preguntó a continuación.


Masivo.
El evento fue dividido en dos etapas, un acto protocolar en el Cuartel de Dragones y luego un asado en un predio del paraje Canteras de Marelli, ubicado al norte de la capital fernandina. El acto en el Cuartel de Dragones fue suspendido por orden del ministro de Defensa Nacional Eleuterio Fernández Huidobro.

"Cada vez más grave: ¿Cómo se puede desconocer el pronunciamiento por dos veces del pueblo legitimando la ley de Caducidad, ley que tiene voluntad intrínseca de amnistía para todos poniendo punto final a la separación y al odio procurando la convivencia en paz entre los uruguayos? ¿Cómo se puede juzgar a alguien por un hecho que no estaba tipificado como delito? Nadie es culpable de delito si no hay ley que así lo defina y lo describa. La ley se aplica para adelante, nunca para atrás. No tiene efecto retroactivo", afirmó.

Durante su discurso, Bertolotti llamó a los uniformados a resistir los ataques de tipo revanchista y de conspiración que enfrentan. "No podemos ser los malos de la película. Nuestra formación y los valores que sustentamos son suficientemente importantes para no caer en el desconcierto por las flagrantes injusticias a las que somos sometidos", dijo.

"Quizás nuestra primera reacción sea la de permanecer indiferentes y mantenernos impasibles. Es necesario sacar a relucir esas características que nos acompañan y no renunciar a nuestro orgullo de soldados", añadió Bertolotti.

Orfebrería.
Los participantes del asado recibieron como regalo una bolsita de nailon con varios efectos acordes con la actividad cumplida ayer domingo en un predio del paraje Canteras de Marelli, al norte de la ciudad de Maldonado.

Entre ellos, se incluyó el número para ocupar el lugar respectivo a la hora de comer. También en la bolsa había una calcomanía con el rostro de Artigas sobre la bandera artiguista con la frase "Nada podemos esperar si no es de nosotros mismos", la figura de un soldado haciendo el saludo militar, el escudo de Maldonado y una leyenda que decía "La Reserva Presente".

Además, se les obsequió con un llavero realizado con una bala calibre .30, munición empleada por las carabinas M1, M2 y M3. Se trata de un armamento que hoy está fuera de servicio pero de pleno empleo en los años sesenta y setenta por parte de las Fuerzas Armadas. Antes, durante y después del asado se escuchó el sonido de clarines, las estrofas del Himno Nacional", varias marchas militares y "A don José", la canción folclórica con que se identifica al arma de Caballería del Ejército Nacional.

Para evitar chocar con los radicales
El ministro de Defensa Nacional Eleuterio Fernández Huidobro impidió que los retirados militares realizaran un acto protocolar ayer domingo en el cuartel de Dragones de Maldonado.

"Este proceder del ministro nos quita la posibilidad de cumplir con un protocolo lleno de colorido y de unción patriótica para participar con todos ustedes", sostuvo el coronel retirado Ricardo Bertolotti, que consideró que Fernández Huidobro los "discrimina por haber estado enfrentados en el pasado".

La decisión fue adoptada en las últimas horas del viernes cuando los militares habían cumplido con todos los trámites administrativos para llevar adelante un homenaje al general José Artigas en el histórico cuartel ubicado en el centro de la ciudad de Maldonado.

La movida de jubilados militares fue precedida por un comunicado de la Mesa Política del Frente Amplio de Maldonado que cuestionó la presencia del coronel Eduardo Ferro a quien acusó de ser "denunciado por múltiples violaciones a los derechos humanos durante el período dictatorial".

Ferro restó importancia al comunicado de la izquierda y sostuvo que si no quieren que viva más en Maldonado que el presidente José Mujica le compre la casa.

Militares consultados por El País dieron varias versiones sobre por qué el ministro prohibió el acto. Para unos se quiso evitar que sectores radicales de izquierda llegaran al lugar y enfrentaran a los retirados.

La cocción del estofado

LA TV QUE NO VE

Por EMILIO CAFASSI

La cocción del estofado
Publicado el 22/9/2013
El proceso de asignación de licencias para la transmisión de Televisión Digital Terrestre (TDT) en Uruguay –aún no concluido definitivamente- es verdaderamente desconcertante, además de lesivo para la sociedad y particularmente para la fuerza gobernante.

Las denuncias de irregularidades formuladas por uno de los oferentes, que en términos menos eufemísticos deben ser traducidas directamente como corrupción, son una suerte de corolario tardío de las torpezas, zancadillas y pusilanimidades -¿de una parte?- del Poder Ejecutivo, que demuelen o al menos sabotean el espíritu de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) que trabajosa y tardíamente viene elaborando el progresismo parlamentario y que estaría próxima a su sanción. La indudablemente superadora ley, pletórica de conquistas y exigencias democratizadoras del mensaje, delimita un espíritu que una vez encarnado con este llamado y su resultado, se verá exorcizado hasta que las cosas queden casi como están. Con los mismos actores y algunos extras, con similares contenidos e idénticos apetitos de lucro.

Evité escribir sobre este asunto hasta ahora por varias razones. La más importante es la de estar seriamente comprendido en las generales de la ley, que no es precisamente la LSCA. Las siguientes remiten más al hecho de no ser un especialista en temas de comunicación social y no haber tenido TV en toda mi vida adulta. A pesar de pasar buena parte de esa vida fuera de mi casa y mi país, incluyendo al Uruguay entre mis frecuentes destinos, y por tanto tener acceso a televisores en todos los alojamientos ya que está naturalizada su omnipresencia, jamás encendí el aparato por otro motivo que no fuera el intento de encontrar el partido de Boca en alguna señal. Sin embargo, las temáticas de distribución del poder no me son ajenas, ni en mis investigaciones ni en las intervenciones en los medios. Al contrario, son prácticamente recurrentes. Y entre distribución del poder y del mensaje (y las construcciones sociales concentradas o colectivas de ambas determinaciones) la relación se presenta inextricable. No puedo ni debo juzgar en consecuencia la calidad de las ofertas, pero sí intentaré abrir juicio sobre algunas características del llamado, los procedimientos y las consecuencias políticas.

Un encadenamiento de taras estructurales, no necesariamente atribuibles al gobierno sino al actual estado de correlación de fuerzas en Uruguay, ni menos aun fácilmente superables por él, están enquistadas en la convocatoria, asfixiándola desde el mismo alumbramiento. La primera es la igualdad cívica, traducida en términos de igualdad jurídica de todos y cualquier participante. A simple vista y superficialmente, pareciera que esto fuera una conquista de libertad e igualdad, una consumación del ideario revolucionario francés. Pero en la práctica, la cobardía popular es la que construyó esta ficción igualitarista. La sociedad uruguaya sigue dividida (entre otros cortes posibles) entre asesinos impunes y víctimas, entre verdugos con cómplices o pasivos espectadores y sus sometidos. Salvo que se crea que los autores exclusivos del terror fueron acotadamente un grupo de sádicos militares, cancerberos y torturadores con el único auxilio del monopolio de la violencia extrema. Mi opinión es que para semejante barbarie, además de los mentados con sus armas, sus picanas, rejas y tachos de submarino, fue necesaria la intervención directa, por acción u omisión, de los medios masivos de comunicación, de la mayoría de los empresarios y de buena parte de los partidos tradicionales, además de las embajadas de varios países hegemónicos. Los medios que -aún con ley de caducidad vigente y al solo efecto de conocer la verdad, respetando la veda de pretensión punitiva del Estado- debieran estar siendo requeridos por los jueces (si además no se los apartara como por ejemplo a la jueza Motta) para aportar datos acerca de lo que “se vieron obligados a silenciar”. La vergonzosa ley de caducidad no impide investigar los hechos. No es un detalle menor ni una simple coincidencia nominativa que entre todos los aspirantes a la adjudicación de canales digitales, cuatro de ellos (los 3 canales de aire actuales y el diario “El País”) hayan sido partícipes necesarios del genocidio reciente. Que sus responsables estén libres para interactuar social y empresarialmente, es algo que legítimamente decidió la sociedad a pesar de mis pesares. Que el Poder Ejecutivo les facilite el acceso al espacio público que constituye el éter, sin siquiera tener que someterse a competencia con el resto (en el caso de los canales) para seguir libando vitaliciamente los elixires de la -ya casi tecnológicamente exhausta- breva oligopólica, ya no es responsabilidad de la ciudadanía. Es el Poder Ejecutivo quien le concede semejante privilegio, no solo inmerecido, sino peor aún, vergonzoso. Vale recordar además que el verano pasado se decretó la convocatoria para luego clausurarla también por decreto, ante el chantaje lobista de los canales de la dictadura para obtener el salvoconducto al éter del que ahora gozan en este nuevo llamado.

Como si fuera poco, otra tara complementaria del llamado -a la que se avinieron todos los participantes- es la constricción antiliberal del espectro en nombre de la “sustentabilidad”. Como la torta publicitaria -único recurso de ingresos- es finita se acota arbitrariamente el número de licencias en el propio pliego licitatorio, más allá de las posibilidades tecnológicas que resultan generosamente más amplias que la antigualla analógica. Algo casi equivalente a limitar la cantidad de diarios o revistas. En consecuencia, sigue siendo el mercado el que dirime el reparto en un oligopolio ahora algo más amplio. El propósito de evaluación cualitativa (selectivamente restringida a los nuevos mediante la eximición de toda competencia para los actuales usufructuarios de lo público, los “ocupas” del éter con sus 3 canales), con indicadores objetivos y transparencia es encomiable, si se hubiera llevado a cabo efectivamente, pero aun así, no logra superar la discriminación a la que fueron sometidos todos los nuevos oferentes. ¿Alguien puede creer que los antiguos socios de la dictadura y actuales tinellistas, amantes de los enlatados y devotos de la pauta publicitaria sobre cualquier contenido, se avendrán a las exigencias de la LSCA? No parece creerlo ni la senadora Topolansky con su pragmática recomendación al presidente Mujica de asistir a los “programas bobos” porque los ven los que votan. ¿Pero luchamos tanto para eso, o para que haya cada vez menos programas bobos y menos electores seducibles por el opio de tal programación?

Para sintetizarlo, en primer lugar, el ejecutivo restringió artificialmente el espectro poniendo cupo para garantizar la rentabilidad capitalista (que casualmente quien fuera relegado desde el primer puesto mediante componendas secretas se comprometió a no usufructuar) para luego abrir una acotada competencia a lo que preferiría llamar “residuales”, luego de otorgarle a dedo -al mejor estilo de Lacalle para con sus amigos, pero en este caso específico para con los enemigos- a los inveterados canales privados que usufructúan el espacio público hace 50 años. Pergeñó no obstante, procedimientos valorables -e inéditos en la historia- de publicidad y transparencia en materia de adjudicación sobre criterios objetivos de selección, pero solo para tales “residuales” y ceñidos arbitrariamente sin razón técnica alguna. ¿Un avance, cualesquiera sean los beneficiarios? Respecto al regio dedo, sin duda histórico. Respecto a la razón, a los ideales que encarna la fuerza que lo promueve y a la propia LSCA, un mamarracho.

Sin embargo, la denuncia -y renuncia- del ex director de este diario, no estuvieron motivados por una confrontación con la derecha y sus voceros audiovisuales, sino por aviesas maniobras al interior de la izquierda. Los propósitos de transparencia y objetividad que la creación de la Comisión Honoraria Asesora Independiente (CHAI), prácticamente autodisuelta por la fuga voluntaria del 40% de sus organizaciones integrantes (y con varios impugnados entre los restantes) se vieron negados por una sucesión de groseras manipulaciones, encubrimiento de dictámenes, fundamentos y responsabilidades. En el Río de la Plata se utiliza la expresión “hacer una cama” cuando se tiende una celada hacia alguien. Para ello son indispensables mucamos tan diligentes como sigilosos que estiren las sábanas. Ya desde la primera indicación (oral de un subsecretario) para presentarse a título personal y no con una sociedad nominativa, el envío de un mail sin firma ni membrete de la Dinatel sosteniendo que los oferentes que habían solicitado un canal compartido (solo había uno) no tenían derecho a acceder a un canal de alta definición, contrariando absolutamente el pliego y debiendo rectificar posteriormente la resolución, se insinuaba la maniobra de intento de separación del hoy renunciante. El broche de cierre se acomete en la llamada “evaluación global” donde desde los primeros puestos en los rubros específicos se pasa al último, sin que se sepa aún quiénes puntuaron de ese modo, ni menos aún los fundamentos, o siquiera qué rara acepción de la globalidad fue aplicada.

Valoro como actitud cívica y muestra de lealtad la renuncia con el fin de evitarle al presidente Mujica el compromiso de tener que tirar por la borda aquello que quiso garantizar: procedimientos estrictos y públicos. Pero dificulto que logre eximirlo de tal compromiso al que lo arrojaron aquellos en quienes delegó la tarea.

Entretanto la derecha se regocija en el silencio. La repercusión de las denuncias las leí en “Caras y Caretas” y en este diario, además de en algunas páginas digitales, blogs y redes sociales. ¿Debería llamar la atención que “El País” no haya publicado siquiera una línea sobre ellas, estando tan atento a cualquier posible atisbo de corrupción? Por lo dicho al principio, no puedo aseverar que la TV también haya omitido la polémica. Aún si estuviera en Uruguay y me sometiera a la alienación de la caja boba no puedo estar pendiente las 24 horas de tres canales al mismo tiempo.

Pero puedo googlear como cualquier lector al que no le será difícil deducir lo que el buscador responde sobre este debate en la TV.

Nada.

El Fiscal Zubía dice UNA verdad

El Fiscal Zubía dice UNA verdad

Una Verdad - “Uno observa que los contenidos racionales son pocos y las actitudes meramente violentas están a la luz de todos nosotros (.) parecería que estamos en la Alemania de 1938”, añadió en declaraciones a Subrayado.


Efectivamente. Es cierto, una gran verdad dicha por el Fiscal, una al fin!. Es precisamente lo que el movimiento popular viene sosteniendo, es la situación sobre la cual las organizaciones defensoras de los DD.HH. están alertando, y es - por desgracia - la triste realidad que viven millares de uruguayos no bien se les ocurre hacer uso de sus inalienables derechos garantizados en la Constitución y por si faltaran basamentos, en la Declaración de los Derechos Humanos de las Nacionaes Unidas. Muy cierto lo que dice el Fiscal:"parecería que estamos en la Alemania de 1938”. Así es y hacia allí se está yendo si no hay orientales valientes que ya hoy mismo le hacen frente al avance del fascismo amparado, hoy en Uruguay como ayer en Alemania en 1938 en el aparato del estado, los cuerpos policiales y militares, los políticos corruptos o mudos, los instigadores a sueldo en la prensa y demas medios, y, naturalmente, tal cual sucedió en 1938 en Alemania y en adelante, el concurso febril de Fiscales, Jueces y Suprema Corte que competían en cual dictaba mayor cantidad y más duras penas contra los trabajadores sindicalizados que hacían huelgas, los manifestantes demócratas, la gente de izquierda y de ahi en más los religiosos disidentes, los liberales críticos, los periodistas no vendidos al mejor postor y todos los ciudadanos decentes.

Para ver estos ejemplos el Fiscal no hubiera necesitado trasladarse al tiempo de la Alemania de 1938, le hubiera alcanzado con Uruguay desde 1967 en adelante, dado que las características fueron las mismas y los resultados para
el pueblo sufriente fueron similares, salvando las dimensiones. En Uruguay de 1967 en adelante así como en Alemania de 1938 en adelante, las cosas se fueron desarrollando tal cual lo vienen haciendo en Uruguay en la actualidad. Los trabajadores reclaman un salario digno y son estigmatizados, acusados de cuasi terrorismo y de tomarse de rehenes sea a todos los montevideanos, sea a los alumnos escolares o aún a los enfermos mentales, el esquema es el mismo. Así tambien lo hicieron en 1938 como bien lo expresa el Fiscal. Como también sacaron blindados a la calle, escopetas y dispararon munición letal contra quienes protestaban, o les infiltraban las marchas hoy con encapuchados ayer con camisas pardas, o les cerraban las radios como La Kandela, asaltaban comunidades como La Solidaria, levantaban en la calle a jovenes sin ningún fundamento ni orden judicial alguna, los maltrataban, y amenazaban con torturas y violaciones.

Todo eso se vió en Alemania en 1938. Viéndose también paralelos similares en el tratamiento a los Jueces que no sentenciaban como el poder del estado lo exigía en función de sus interreses, se los purgaba y demonizaba y sí por acaso a algunos demócratas y liberales alemanes de aquél entonces se les ocurría homenajear a esos valientes jueces, por ejemplo aplaudiéndolos, estos automáticamente eran catalogados como terroristas, vándalos, ocupantes, promotores de asonadas y de andar asustando a los apacibles miembros de alguna Corte de Justicia. Eso sucedió. En 1938. Y sucede hoy, aquí, en el 2013. Detenciones ilegales, cuasi secuestro de jóvenes, grupos de choques y comandos especiales contra las manifestaciones sean éstas por gabinetes higiénicos en un Liceo o de vecinos contra el depredador puerto maderero en La Paloma. Mucha razón lleva el Fiscal Zubía al decir que se viene viviendo este proceso. Proceso que no es nuevo en Uruguay. Los Zubías militares protagonizaron uno similar al de Alemania de 1938, salvando las obvias dimensiones, lo cual no es ningún consuelo para las víctimas.

En Alemania en 1938 las fuerzas represivas anunciaban con afiches las ejecuciones. En el Uruguay de la dictadura todavía el Estado no ha respondido sobre la suerte qué han corrido centenares de ciudadanos que fueron detenidos por las fuerzas represivas del Estado, No se sabe nada, ni que sucedió con ellos, ni donde están, si vivos o muertos, no se sabe quienes los detuvieron ni como se llamaban los mandos, no se conoce quién o quienes dieron las órdenes, y más tarde decidieron sobre su suerte, se desconoce - en caso de haber sido asesinados - que pasó con sus restos, adonde están enterrados o si fueron quemados como en Chile o arrojados al mar como en Argentina, o dinamitados sus cuerpos como tambien sucedió en Argentina, en suma: no se sabe nada.Esa es una diferencia con la Alemania de 1938. Los nazis uruguayos del periodo del terrorismo de estado han profundizado las técnicas macabras de la tortura. Ya no se trata solamente de torturar a un prisionero y después fusilarlo luego de parodias de juicios sumarios con Fiscales y Jueces vestidos con negras batas y sedientos de sangre que les aseguraba ascensos, ahora se trata de ejercer una tortura masiva sobre toda la sociedad, comenzando por la familia y círculos cercanos de la víctima y prolongar esa tortura por decenios, sosteniéndola como la bandera del terror por secula seculorum.

Es la razón por la cual la interpretación internacionalmente aceptada y refrendada en la Convención Internacional de las Naciones Unidos sobre la Desaparición Forzada de personas, Convención ratificada por Uruguay, que interpreta que el delito de la desaparición de personas se renueva cada día en tanto esta persona no ha aparecido ni se han aportado pruebas fehacientes sobre lo que ha sucedido con ella. De lo que surje - en consecuencia- que el delito de la desaparición de los cientos de uruguayos deviene - hoy mismo - en un nuevo delito con punto de partida en el hoy y, por consiguiente, no prescribió ni prescribe y por más que hubiesen Supremas Cortes amparadoras de los criminales de lesa humanidad nunca podrán decretar el que han prescripto en tanto se renuevan diariamente como se ha explicado. Como en el Uruguay de hoy esto no es así, y además de violarse convenciones internacionales refrendadas por Uruguay se violenta la praxis internacional en la materia amparando de esa manera al terrorismo de estado y protegiendo a los criminales de lesa humanidad otorgándoles inmunidad e impunidad.

Resulta pues una contradicción el constatar que el fascismo el Uruguay está a la ofensiva y se viene manifestando con mayor agresividad, estimulado desde los órganos del estado y desde la supuestamente impoluta Suprema Corte la qué estimula el fascismo en tanto cobijadora de los criminales de lesa humanidad mundialmente condenados, y en lugar de apuntar sus baterías para juzgar los crímenes de ese fascismo , el de hoy qué es el mismo qué el de ayer, ni siquiera reciclado, en lugar de eso, el Fiscal Zubía apunta contra militantes populares los más de ellos víctimas sobrevivientes de los métodos de ese fascismo, tal cual bien lo describió Jorge Zabalza cuando relató que el padre del Fiscal Zubía, el General Zubía lo torturó personalmente y lo encerró junto con otros ocho rehenes en pozos y aljibes en condiciones inhumanas similares a la de los campos de exterminio, sin las cámaras porque habían manifestado la intención de enloquecer a los prisioneros. Es paradojal que quién toma al nazismo como referencia, como lo hace el Fiscal Zubía, sea quién "selecciona" a siete rehenes de entre una multitud cuya acción de "corte terrorista" fue aplaudir en un acto público.

Paradójica es, también, la interpretación que da el Fiscal para motivar esa elección basada no en hechos concretos porque no los hubo, sino en el pasado,trayectoria y opiniones políticas o sociales de los siete, con el agravante de usar esto como motivación de peligrosidad y de "atentado" así como usarla a cuenta de eventuales futuros hechos, aún no sucedidos, pero que según el Fiscal Zubía están en la cabeza de los siete, dados sus "antecedentes". Aún así se atreve a afirmar que su selección de víctimas no es politica. Dadas las dimensiones que va tomando esta tremenda violación de los derechos humanos que ya ha rebotado en el exterior y está poniendo en marcha muchas alarmas, ahora el Fiscal pretende "mejorarlo" agregándole - a último momento - nuevas víctimas de este atropello de corte fascista sea 1938, 1973 o 2013 y ya está prometiendo un nuevo cargamento de culpables del tremendo delito de haber aplaudido.

De todas maneras quedan sin fundamentarse las razones de no haber levantado acusación contra los dos periodistas que fueron indagados y contra el dirigente del Sindicato de los Judiciales, en lo que ha sido una clara eleccion política midiendo friamente las consecuencias y repercusiones. En esto se han equivocado. Han subestimado - a Dios gracias - las reservas morales y democráticas del pueblo uruguayo olvidándose que casi el 50% votó la rosada para enjuiciar a los criminales de lesa humanidad que la Suprema Corte absolvió sin siquiera juzgarlos, así, al barrer, a todos, en un borrón y cuenta nueva masivo. Han subestimado la sensibilidad internacional ante este tipo de crímenes y ante los atropellos de Supremas Cortes que le abren las puertas al fascismo y al golpismo, como ha sido en Honduras y en Paraguay.
Han subestimado la comprensión de la gente acerca de que la Jueza Mota representaba en el ámbito judicial la dignidad de todo un pueblo, Han subestimado - al echarla por pedido de Mujica - y por lo tanto no han sabido como reaccionar ante la enorme solidaridad desplegada. El Fiscal considera que aplaudir es "sabotear" una ceremonia del estado, pero cuando elije a siete de entre cientos, se "olvida" de todos los otros que aplaudían y de apludidores como Eduardo Galeno y Daniel Viglietti que estaban hasta con carteles alusivos a la Suprema Corte fotos que han salido en todos los medios. Se los olvida, y al resto también. Elije el Fiscal a siete referentes sociales que son críticos al gobierno, y después intenta decir que no son rehenes.

Como todos los rehenes, son siempre un mensaje al resto, "si ustedes protestan les va a pasar como a estos". Práctica de Alemania 1938 por cierto. En suma, el Fiscal Zubía no es capaz ni siquiera de fundamentar sus actos que han sido cometidos en el ambiente de la impunidad, la suya también, y por eso nunca creyó que precisamente estos ataques a los derechos democráticos son los que generan, han generado en el pasado y generarán en adelante, reacciones populares, solidaridad, resistencia, repudio a los vendidos, repudio a los cómplices de los criminales de lesa humanidad. Autores de los crímenes, a no olvidarlo,que siguen renovándose día a día por más que el responsable de la expulsión de la Jueza Mota, Mujica, diga que esto se termina cuando nos muramos todos. El Fiscal Zubía es un ejemplo claro de que Mujica solo dice estupideces. Ahí está este Fiscal prosiguiendo con la labor familiar de perseguir al pueblo, y ahi están y estarán también los hijos, nietos y bisnietos de los desaparecidos para marcar a fuego a los asesinos y a sus cómplices y encubridores.

Colectivo del Blog Noticias Uruguayas

EL PESO DE UN APELLIDO

EL PESO DE UN APELLIDO


por Hugo bruschi



Que esta semana que se fue, ha sido rica en acontecimientos, nadie se atrevería a dudarlo. Entre juicios, declaraciones, portadas de los diarios, comentarios en las redes sociales, etc. hemos tenido material abundante para entretenernos. Por un instante pudimos los uruguayos, reencontrarnos con el pasado, presente y futuro, pero fundamentalmente con la hipocresía reinante en las esferas estatales.
Un grupo de ministros de la SJC nos revela que estuvo secuestrado y privado claro está de su Libertad. Bueno, menos mal que fue un secuestro corto y pudieron volver a la vida por un momento amenazada. Tuvieron de todos modos más suerte que otros uruguayos, que sí fueron secuestrados en serio y todavía nada sabemos de ellos. Y curiosamente estos mismos ministros que hoy denuncian, son los mismos que le niegan a los familiares saber donde están sus hijos, hermanos, padres secuestrados. Y además sancionan con un traslado, a una jueza que pretendía arrojar luz para el esclarecimiento de estas desapariciones.

Cómo podríamos llamarle a estos comportamientos?
Qué elementos de juicio, que peso podrán tener las declaraciones de estos personajes, cuando la Jueza Merialdo deba tomar una decision? Sólo ella y su conciencia lo saben, pero si de algo estamos seguros es que no le será fácil. Y tendrá que elegir entre su carrera - para no correr la suerte de Mota - y la justicia. Entre la ética y quienes se sienten por encima del derecho y lo ejercen a su gusto y necesidades. Pasaron muchos años para que la justicia norteamericana reconociera, que había cometido un crimen en nombre de esa justicia. Nos referimos a Sacco y Vanzetti. Ud. todavía está a tiempo Dra. Merialdo y no se olvide - por si le sirve de apoyo - que la justicia uruguaya está en estado de observación permanente, por los organismos internacionales con los que el estado uruguayo ha suscrito compromisos. No le agregue una mancha más a su ya deteriorada imagen. Y si tiene tiempo, le recomendaría la lectura de algunas cartas enviadas por una madre desesperada, al padre del fiscal que hoy acusa, entre otros. Eran tiempos del desprecio por la vida humana, por el dolor de la gente sin importar que muchos de ellos, eran niños que querían besar a su padre o madre. Seguramente podrá entender entonces, el porqué de tanta indignación ante la impunidad, que esa misma justicia que Ud. representa, hoy trata de sancionar para que nadie se atreva a cuestionarla. Si le hubieran desaparecido a su padre o madre, hubiera estado Ud. en la sede de la SCJ para manifestar su protesta ante el traslado de alguien que le inspiraba confianza?

La hipocresía también se hizo presente una vez más, cuando el propio presidente del Uruguay, recomendó alejar la política de los juzgados. Nadie diría que unos meses antes, esta misma persona pedía a gritos sanciones para la Jueza Mota. Para esa persona que dificultaba el cumplimiento de algunos pactos.

También en esta ronda de declaraciones, no faltaron las del Fiscal Zubía. Dice que le faltaron el respeto a su familia, algunos de cuyos miembros están fallecidos. Yo no sé exactamente de que los acusaron o de que modo le faltaron el respeto. Pero yo quiero antes de terminar, arrimarle una reflexión que tal vez le pueda servir, a la hora de las acusaciones. No cometa el error de su padre que nos dejó una imagen de verdugo. Aprenda de las lecciones de la vida y de la historia y en tal sentido especialmente le recomiendo a Ud., leer las cartas que aquella madre dispuesta a morir si fuera menester, le enviaba entre otros distinatarios, a su padre que por entonces decidía sobre la vida de las personas. Hoy aquella madre Sr. Fiscal Zubía tampoco está entre nosotros y descansa en Paz. Pero esa Paz Sr. Fiscal, tiene una sonrisa a flor de labios porque al fin los derrotó, totalmente desarmada, sólo con su amor de madre y con lo que le enseñó a sus hijos. Qué valores les habrá inculcado Sr. Fiscal, que hoy uno de ellos - al que no pudieron destruir - está considerado uno de los mejores científicos del Mundo. Sí Sr. Fiscal, del Mundo. En cambio Ud. tendrá que llevar a cuestas de por vida, el peso de su apellido. Esas son las diferencias, entre aquella madre y su familia.

La ley de los canallas

La ley de los canallas




Por Serge Halimi, director de Le Monde diplomatique.





Resulta inevitable no pensar en una de las célebres escenas de la película de Michael Curtiz Casablanca (1942). Rodeado de algunos de sus hombres, el capitán Renault, jefe de la policía local, llega para cerrar el café de Rick (Humphrey Bogart) exclamando: “¡Qué escándalo! ¡He descubierto que aquí se juega!”. Al instante, un crupier le entrega al agente un fajo de billetes con un: “Sus ganancias, señor”. El capitán agradece con disimulo, se guarda el dinero y ordena: “¡Todo el mundo fuera inmediatamente!”.



En el escándalo financiero relativo al establecimiento fraudulento de una tasa interbancaria británica –la London Interbank Offered Rate (Libor)–, también se quiere identificar al policía corrupto, cosa que no resulta fácil dado el gran número de candidatos al papel. Cada día, una veintena de grandes entidades financieras (Barclays, Deutsche Bank, HSBC, Bank of America, etc.) fijan el valor del Libor. Y éste sirve de referencia a unas transacciones que alcanzan una cuantía total de 800 billones de dólares (no, no es un error de impresión), en particular en el mercado de productos derivados (1). Las cifras en cuestión son tan faraónicas que conducen a la prensa no financiera a centrar su atención en la peccata minuta, más conforme a la escala humana: padres que se gastan las prestaciones familiares sin garantizar la presencia de sus hijos en la escuela, empleados griegos que completan su humilde día a día trabajando y cobrando en negro. A ellos les está reservada la ira de los gobernantes y del Banco Central Europeo.



Si bien la manipulación del Libor pudiera parecer complicada, es tan clarificadora como la escena de Casablanca. Preocupados por adornar su estado de salud y así poder ­obtener fondos a mejor precio, los grandes bancos, cuya palabra era dogma de fe, subestimaron durante años la tasa a la que pedían prestado. Una vez esta tasa estaba declarada, determinaba seguidamente la del Libor, y por tanto la de sus futuros préstamos... Cayendo “físicamente enfermo” por el “descubrimiento” del fraude cometido por su banco, el jefe de Barclays dimitió el 3 de julio. El gobernador del Banco de Inglaterra pretendía también hacer creer que se había enterado de la estafa en cuestión tan sólo unas semanas atrás (2).



¿“Verdaderamente escandalizado al descubrir” el pastel? Debe ser que Barclays y el Banco de Inglaterra no leen la prensa financiera, ya que, el 16 de abril de 2008, el Wall Street Journal había publicado un artículo titulado “Banqueros ponen en duda una tasa clave”. El primer párrafo rezaba: “Uno de los barómetros más importantes de la salud financiera mundial podría estar mandando señales erróneas”...



Así pues, nuestro mundo está infestado de datos arbitrarios o adulterados (Libor, “regla de oro”, nivel de la deuda o déficits públicos que cabe no superar...) en nombre de los cuales se martiriza a pueblos enteros, como en España. Quienes infligen tales castigos con la mayor crueldad permanecen aureolados de respeto, bien presidan un banco central o una agencia de calificación. No obstante, cuatro años después del desencadenamiento de una de las mayores crisis de la historia, la cuestión de su utilidad social está zanjada.




(1) Léase Ibahim Warde, “La dérive des nouveaux produits financiers”, Le Monde diplomatique, París, julio de 1994.

(2) Cf. “Missteps on Libor Doomed Top Executives at Barclays”, The Wall Street Journal, Nueva York, 15 de julio de 2012.