La “defensiva” militar
La “ofensiva psicopolítica” de 2011 fracasó. Los militares retirados planifican ahora una “acción defensiva” para lograr algún arresto domiciliario y evitar nuevos procesamientos. Sus abogados preparan su alegato contra la ley que impidió las prescripciones, pero la norma no es utilizada por los jueces en sus fallos. Nuevas sentencias se aguardan, mientras desde el gobierno se analiza si no corresponde someter a los condenados a tribunales de honor.
ROGER RODRÍGUEZ
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Treinta y nueve años después de aquel 9 de febrero en que el presidente Juan María Bordaberry admitió la creación del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), los militares que protagonizaron el golpe de Estado de 1973 y gobernaron durante más de una década de dictadura en Uruguay se disponen a lanzar una operación “defensiva” con el propósito de evitar nuevos encarcelamientos y, de ser posible, lograr la liberación o el arresto domiciliario de algunos de sus camaradas presos por violar los derechos humanos.
Hace un año, estos militares –en su mayoría coroneles retirados– lanzaron una “ofensiva psicopolítica” por la que pretendieron colocar sus argumentos en la prensa para incidir ante la opinión pública, presionar al gobierno, el Parlamento y la Justicia, y lograr la liberación de los oficiales procesados con prisión, cuando era evidente que una nueva tanda de encarcelamientos surgiría de las causas que se estaban indagando en el ámbito judicial, en particular en el expediente que había llevado a la condena del dictador Bordaberry.
La “ofensiva” de 2011 se debilitó cuando trascendió que el grupo tenía conexiones con organizaciones nazis locales e internacionales y en la medida en que las nuevas generaciones de oficiales no se plegaron al reclamo de ‘los viejos’, cuya incidencia quedó reducida a la última generación de egresados de la Escuela de las Américas (SOA) en 1975, quienes en su mayoría ya comenzaron a pasar a retiro o alcanzaron el generalato, un grado que les otorga poder pero les exige responsabilidad en sus decisiones.
Aquel plan de acción del autodenominado Foro de Libertad y Concordia (que se organizó desde tandas de egresados en “secciones” que incluían un área de “inteligencia” y otra de “operaciones”), no logró impedir –como pretendía– que la Justicia enviara a prisión al coronel (r) Tranquilino Machado por el homicidio del estudiante Ramón Peré en 1973. Machado obtuvo la solidaridad de mandos en actividad, pero terminó tras las rejas junto a un general en actividad, Miguel Ángel Dalmao, ya preso por el homicidio de Nibia Sabalsagaray en 1974.
COORDINACIÓN DEFENSIVA
El grupo de oficiales retirados que dirige la planificación de esta acción defensiva (o autodefensiva, ya que la mayoría de ellos son ‘indagables’ por su participación en la represión de la dictadura) ha propiciado el trabajo conjunto y la coordinación de los estudios de abogados que defienden a los militares presos. No siempre lo han logrado, porque existen rencillas entre algunos de los ex militares procesados y condenados en la cárcel de Domingo Arena, con quienes tampoco quieren aliarse los presos en la Guardia de Granaderos.
Con la asesoría de grupos de abogados argentinos (que se dedican a defender a los militares presos en ese país), se planifica interponer recursos de todo tipo contra todo nuevo fallo judicial. Esperan alguna alusión a la ley aprobada a fines de octubre en el Parlamento por la que se decidió que no rige la prescripción en los delitos cometidos por la dictadura, según establecen las normas y convenios internacionales suscritos por Uruguay y de acuerdo al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman.
Mientras los abogados de los militares presos analizan fórmulas para generar nuevas ‘chicanas’ jurídicas y profundizan con el asesoramiento del ex vicepresidente Gonzalo Aguirre Ramírez su alegato de inconstitucionalidad contra la ley que eliminó las prescripciones, el ex capitán de navío Juan Carlos Larcebeau, auspiciado por el abogado Pablo Galán (quien en Alemania estudió el tema Justicia de Transición), se propone plantear su caso ante la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La estrategia de los abogados no descarta internacionalizar otros casos propiciando la victimización de los violadores de los derechos humanos y recurrir a medios de prensa internacionales cuyos titulares “golpeen” al gobierno del presidente José Mujica, cuando el oficialista partido Frente Amplio se aboca a disputar hasta el mes de mayo una tensa interna en la que definirá líneas políticas, autoridades, alianzas y correlación de fuerzas, que determinarán las futuras candidaturas de la coalición de izquierda.
PRESCRIPCIÓN SIN LA LEY
Los abogados de los militares creyeron lograr su propósito en tres causas que indaga la jueza penal de 7º turno, Mariana Mota. Pero en los tres casos la magistrada no hizo en sus pronunciamientos alusión alguna a la nueva ley aprobada por el Parlamento y alegó otros motivos para establecer que no habían prescripto los fusilamientos de Soca en 1974, el homicidio de Aldo Perrini el mismo año y la desaparición de Horacio Gelós Bonilla en 1976. Mota basó su decisión en convenios internacionales y en la sentencia por el caso Gelman.
El recurso contra la causa por el fusilamiento de los uruguayos Floreal García, Mirtha Hernández, Héctor Brum, Ángeles Corbo y Graciela Stefanell había sido presentado por el ex coronel Jorge Pajarito Silveira en noviembre pasado. La decisión de Mota explica que Silveira no puede alegar la prescripción en la medida en que está condenado por otros crímenes que determinan la interrupción de los plazos según el Código Penal. Mota derivó a tribunales de apelaciones los casos recusados por los defensores.
Otro tanto promete ocurrir con un esperado pronunciamiento del juez penal de primer turno, Juan Carlos Fernández Lecchini, quien se referiría al tema prescripciones antes de fin de mes, cuando seguramente alegue la continuación de las actuaciones en la causa por el maestro y periodista Julio Castro, desaparecido en 1978, cuyos restos fueron finalmente encontrados el año pasado en un campo de entrenamiento militar frente al Batallón de Paracaidistas Nº 14 de Toledo.
En tanto continúan instruyéndose los casos de los 19 muertos por tortura (varios procesamientos podrían surgir de las actuaciones realizadas) y las denuncias de torturas en distintas unidades militares, en el propio gobierno se analiza si algunos de los militares ya condenados son pasibles de enfrentar tribunales de honor que podrían modificar en forma significativa su condición castrense y los beneficios que siguen recibiendo por haber sido represores durante la dictadura.
