La sojización de Uruguay
La tierrita de los orientales
Angela Garofali Patrón
Rebelión
Durante los últimos diez años el precio internacional de la soja viene siendo favorable para aquellos países productores del grano, debido principalmente a la demanda de China por materias primas. Existieron también otros factores como la preparación de raciones para ganadería intensiva (en el caso europeo, debido al virus de la vaca loca se sustituyó la proteína animal por la vegetal, proveniente de la soja) y la producción de agro-combustibles.
El precio de la oleaginosa ha crecido 2,5 veces en 10 años. En marzo de 2003 era de 210 U$S/ton (en promedio) y en febrero de 2013 se ubicó en 536 U$S/ton (en promedio). Esta realidad no escapa al Uruguay, donde los productores apuestan cada vez más a la soja y, consecuentemente, le asignan más hectáreas a su cultivo, el cual pasó de ocupar 10.000 ha en la zafra 2002/03 a 865.000 ha en la zafra 2010/11.
Las exportaciones uruguayas de soja en el 2001 eran insignificantes: representaban apenas un 0,1% del total. Posteriormente se van tornando más importantes: en 2005 significan el 3% del total de las exportaciones, en 2008 el 5,5% y en 2010 el 10,5%. Ya para 2012 las exportaciones de soja representaron el 16% del total, alcanzando en ese año a las tradicionales exportaciones de carne bovina (y aquí se considera la suma de carne bovina congelada y carne bovina fresca o refrigerada), que también representó un 16%.
Podemos alegar entonces que la soja se afirma como principal producto de exportación, desplazando a la carne bovina a un segundo lugar. En 2005 la suma de las exportaciones de carne bovina (congelada y fresca) representó un 21,8% del total, en 2008 cayó para un 20% y en 2012 para un 16%. Es decir, la producción de carne cae -relativamente- en detrimento de la soja.
El principal destino de estos dos productos “uruguayos” de exportación es China, que representa el 42% de las compras de soja y el 47% de las de carne bovina. Y pongo uruguayos entre comillas porque si bien son producidos en territorio nacional, sabemos en ambos casos que la propiedad de las empresas productoras no son necesariamente orientales (lo cual implica la consecuente remesa de lucros a las casas matrices). En el caso de las carnes es evidente la propiedad de algunos frigoríficos en manos de brasileros y en el caso de la soja la presencia de varios productores argentinos, que utilizan nuestro territorio como extensión de los suyos.
También existen otros datos que incomodan. Veamos.
En 2012 se importaron U$S 12.5 millones de soja para siembra, U$S 31.2 millones en herbicida a base de glifosato (entiéndase agrotóxico), U$S 25.8 millones de otros herbicidas, U$S 21.1 millones de urea y U$S 14.8 millones de otros abonos minerales nitrogenados. Pues bien, acá sumamos unos U$S 105.4 millones... Un número relevante para una economía como la uruguaya.
Pero eso no es lo más sorprendente. Lo que sí es sorprendente son los valores de las importaciones de aceite de soja, sea en bruto o refinado. En 2012 se importaron U$S 11 millones de aceite de soja en bruto (en 2011 fue de U$S 13.3 millones y en 2010 de U$S 8.9 millones), sumado a U$S 12 millones de aceite de soja refinado (que en 2011 sumaron U$S 13.6 millones, y en 2010 U$S 10.7 millones).
A que quiero llegar con todo esto? A que da la impresión de que se está apostando a un modelo de re-primarización de la economía, donde el peso de los productos primarios como la soja, la carne y el arroz es considerable. Evidentemente la semejante producción de soja no está abasteciendo al mercado interno, ya que se gastan varios millones de divisas en comprar el aceite de soja desde los países vecinos, en particular Brasil (que también es gran productor sojero). Y para colmo, importamos además la semilla de la oleaginosa, porque como es bien conocido, de las cosechas no se “recicla” nada, a excepción de algunas veces que son destinadas a la “investigación” a centros de pesquisa norteamericanos. Queda claro que un modelo como el sojero solo genera dependencia de casi todos los insumos para el proceso productivo (semillas, herbicidas, maquinaria), además de provocar daños irreversibles sobre la sociedad y el medio ambiente.
Entre los 10 primeros
El ISAAA (Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agro-Biotecnológicas) es una organización internacional sin fines de lucro creada en la década de los 90 que promueve el uso de transgénicos, principalmente en países pobres. Esta organización publicó un relatorio que recoge datos sobre la evolución del área sembrada con cultivos genéticamente modificados durante el año 2012.
Ese informe destaca que de 28 países que plantaron cultivos transgénicos, 20 son periféricos. En la lista de países con mayor cantidad de hectáreas sembradas con cultivos transgénicos, Uruguay se ubicó en el décimo puesto, con una superficie total de 1,4 millones de hectáreas de soja y maíz. Pensemos sobre la magnitud del problema, teniendo en cuenta el pequeño territorio agrícola del Uruguay...
Pues bien, esa lista del top ten incluye también a países como Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia. Estos datos son un tanto alarmantes, porque al estudiarlos junto a otras variables podrían reflejar la cara de los tradicionales problemas de nuestro continente. Por ejemplo: concentración y extranjerización de la tierra, concentración de la producción, mal uso del recurso tierra, escaso aporte tributario, deterioro de suelos, contaminación del agua por abuso de agrotóxicos, pérdida de soberanía sobre los recursos naturales, expulsión de productores familiares y el consecuente desempleo en el campo, la dependencia de precios de commodities, penetración del capital en la agricultura, reprimarización de la economía, entre otros.
Concentración y extranjerización de la tierra
Es considerable la concentración de la tierra en los países del Cono Sur. Las empresas transnacionales dedicadas al cultivo de commodities, producción forestal y explotación de recursos minerales son las grandes compradoras de superficies de tierras.
En Uruguay el 9% de las explotaciones agropecuarias acumulan más de 60% de la superficie, mientras que 56% de las explotaciones ocupan 5% del territorio.
Un estudio presentado por Gabriel Oyhantçabal e Ignacio Narbondo demuestra varios datos interesantes. Veamos apenas dos: 1) El aumento del precio promedio de la tierra en operaciones de compraventa entre los años 2000 y 2010, pasó de US$ 450/ha a US$ 2600/ha respectivamente; y 2) El surgimiento del “rentista”, productor que, atraído por los altos precios, decide colocar sus tierras en arrendamiento para que sean explotadas por las grandes empresas sojeras.
Este nuevo modelo económico de producción no provoca apenas concentración y extranjerización de la tierra, sino que provoca ese fenómeno en las tres fases productivas. En la primer fase de provisión de insumos, se observa la creciente concentración de producción de semillas y biocidas por empresas como Monsanto, BASF y Syngenta. En la segunda fase, la etapa productiva, vemos el proceso de concentración y transnacionalización de los grupos empresariales. Y en la tercer fase, la industrial, se percibe la concentración de la capacidad instalada de plantas industrializadoras, como ADM, Cargill y Bunge.
Hace un tiempo que el INIA firmó un convenio con la Monsanto para desarrollar un evento transgénico adaptado a las condiciones climáticas de Uruguay, dado que el rendimiento por hectárea es estable y no se observan mejoras. Mario García, ex vicepresidente del INIA, que participó en la firma del convenio explicó “Partiendo de la base de que la tecnología de transgénicos está impuesta, nos guste o no nos guste, se buscó poner a disposición de los productores uruguayos materiales adaptados a las condiciones de Uruguay”. Es decir, en lugar de combatir un modelo impuesto por las transnacionales, asumimos la lógica “porque está dada”, sin considerar los impactos que se tienen en el mediano plazo sobre el resto de los productores rurales que sí se ven afectados por la contaminación que sus vecinos generan por el uso de estos “paquetes” de transgénicos y agrotóxicos.
Además, hay que tener coraje para firmar un convenio con la Monsanto, empresa que se encargó de la fabricación del famoso agente naranja, aquel herbicida utilizado durante la Guerra de Vietnam, que además de dejar serios problemas de salud en los propios soldados, destrozó parte del territorio de los Vietcong. Pues bien, esa empresa está ahora al servicio de los productores rurales uruguayos... Congratulations!
¿Y el papel del Estado?
Con el debate puesto en la mesa, en diciembre de 2011 se votó la ley 18.876, que regula el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), ley que recibió oposición de los partidos de derecha y de las patronales rurales. Esa ley contiene un nuevo impuesto y la modificación de otros ya vigentes.
El ICIR obligaba a los propietarios de más de 2000 hectáreas CONEAT 100 (índice que mide la productividad media de los suelos del Uruguay) a pagar una tasa progresiva por hectárea. Dos observaciones al respecto: primero, que es un impuesto que pagarán los terratenientes, y segundo, que afecta a menos del 3% de los casi 45 mil productores agropecuarios que registró el último censo (2011). Se buscó entonces, mediante esta tributación a los grandes propietarios de tierra, financiar una mejora en la caminería rural, lo cual no dio cierto.
El ICIR fue declarado en febrero de 2013 inconstitucional por la Suprema Corte de (in) Justicia, por entender que no se puede gravar dos veces el mismo bien (dado que ya existe la Contribución Rural). Por otro lado, se restableció el impuesto al Patrimonio, eliminado en los tiempos del ex-presidente colorado Jorge Batlle. Si bien se pretende compensar la recaudación tributaria, no se están ejecutando medidas que desestimulen la concentración de la tierra.
El gobierno debería priorizar aquel proyecto de distribución de la riqueza que alguna vez prometió, y lo más viable por el momento es vía impuesto. Se debe romper con el continuismo de gobiernos anteriores y combatir el modelo concentrador y excluyente que reina en el campo (el cual arrastra Uruguay prácticamente desde que se constituyó como nación y más profundamente desde la década del 60).
El Impuesto al Patrimonio se propone gravar a los 1.200 propietarios de tierras con más de 2.000 hectáreas. La recaudación del nuevo tributo será parecida a la del ICIR, que rondaría los US$ 60 millones por año. El destino sería el mismo: invertir en obra vial en el interior del país. Los productores rurales que tengan un patrimonio anual equivalente a U$S 1,57 millones o superior deberán pagar este impuesto. Quienes tengan un patrimonio como el estipulado deberán abonar apenas el 1,5% al año. Posteriormente, pagarán la tasa que le corresponda según la franja en la cual se ubican sus modestas propiedades, donde el tope también es pequeño: 1,5%. Es decir, lo máximo que podrán pagar los grandes señores de tierras del Uruguay es un 3% anual de su patrimonio. Es decir, nada.
Contaminación
Han sido muchas las denuncias por contaminación del agua y del aire por el uso de agrotóxicos. Algunos casos han sido reflejo de las consecuencias del modelo, como el que ocurrió hace varios años en el arroyo Guaviyú, donde miles de peces aparecieron muertos, luego de haber lavado maquinaria aplicadora con el insecticida endosulfán a orillas del arroyo. Más recientemente, está el caso de contaminación en la Cuenca del Río Santa Lucía con residuos de herbicidas. También son frecuentes las denuncias de las escuelas rurales ya que las avionetas fumigadoras no respetan el área de fumigación, poniendo en riesgo la vida de niños y maestros.
El uso irresponsable de agrotóxicos es evidente y pareciera ser cada vez mayor. Sin embargo, gran parte de las denuncias son sordas ante la elite gobernante que ha promovido durante los últimos diez años las inversiones en el país para la producción de soja (que por ser uno de los cultivos con mayor grado de industrialización dentro de la agricultura resulta atractivo al capital extranjero).
Aunque resulte obvia la siguiente afirmación no debemos dejar de hacerla: es incompatible un modo de organización de producción familiar con el modelo sojero. Y en ese sentido también han sido varias las denuncias de pequeños productores que están rodeados por los cultivos de soja, por ejemplo apicultores que encuentran la miel contaminada y las abejas muertas, arrojando pérdidas que para la pequeña escala significan y mucho.
Esquema tributario
El esquema tributario de un país es el modo de reflejar cómo se distribuye la riqueza en una sociedad. Quién paga qué, cuánto y porqué.
El ICIR seguramente iba a obtener menos fondos de lo que se recauda por concepto de Contribución Rural, pero no se trata apenas de eso, es una decisión de carácter político, de determinar las líneas de tributación, en este caso al latifundio. Por su parte, el Impuesto al Patrimonio resulta, con esas tasas ridículas, más simbólico que otra cosa.
La tierra es una de las principales riquezas de nuestro país y como tal debe cumplir una función social, además de la necesidad y casi que obligación de que sea protegida por el Estado. Es necesario repensar la matriz productiva, combatir el latifundio y el monocultivo. Debemos pensar y alcanzar una tierra productiva que responda a las necesidades de la mayoría de los orientales (los de acá) y no volcada a la demanda de commodities de los otros orientales (los de allá).
Angela Garofali Patrón, Estudiante de Economía, Integración y Desarrollo de UNILA (Universidad Federal de Integración Latinoamericana, Foz do Iguazú, Brasil)
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