Como era de esperar, la SCJ ha fallado en contra de la pretendida
reforma de democratizacion de la justicia en Argentina, asi como en
Uruguay a contrapelo de organismos internacionales, se avalaron leyes de
impunidad en delitos claramente de lesa humanidad invocando en
ambos casos defectos formales y de fondo en base a jurisprudencia.
Aun sin ser letrado y desconociendo el funcionamiento de dicha institucion
del Estado moderno, es evidente que la mayoria de los ciudadanos
considera que su funcionamiento dista mucho de ejercer una justicia
equitativa y esta lejos de considerar que sus fallos son independientes.
Este descredito se acentua en la medida que los beneficiarios de dichos
fallos siempre son las corporaciones y los grandes grupos economicos,
mientras las carceles se llenan de pobres, marginados y delincuentes
comunes, la mayoria, fruto de las desigualdades que las leyes eternizan.
Quizas la responsabilidad de quienes interpretan las normas sea limitada,
pero ello no es impedimento para que la modernizacion sea promovida
por aquellos que ven a diario una realidad para lo cual, la normativa actual
no solo esta desactualizada, sino que recuerda por su espiritu de cuerpo
las anquilosadas estructuras de las monarquias europeas, tan propias de
los nombramientos a dedo, o de aquellos que representan a determinados
sectores privados en claro detrimento de los intereses publicos, siempre
en nombre de una libertad que no existe o de unas garantias de la que disfrutan
unicamente aquellos que evaden o se enriquecen espontaneamente, por cuya
honestidad, bregan cuerpos de abogados en carrera para ocupar los mas
altos cargos de las magistraturas.
Pero claro, ello no seria posible sin la cobertura mediatica que ejercen los
grupos economicos a traves de una amplia red de desinformacion, por la cual
la opinion publica ve como positivo aquello que no solo no la beneficia , sino
que fortalece una vision de sociedad basada en las desigualdades como algo
natural, a los ilicitos como norma y a quienes fomentan los cambios como
totalitarios que intentan acallar las disidencias que tanto pregona la SIP.
Y si bien es cierto que no todo el poder judicial tiene esta caracteristica, es
evidente que la inmensa mayoria se abroquela detras de los fallos de la Corte
cuando de modificar estructuras se trata, o cuando se los intima a abonar los
impuestos que todos pagamos y ellos se niegan autoregulandose, o hacer publica
su declaracion patrimonial por poner solo algunos ejemplos.
Las innumerables denuncias sobre corrupcion, enriquecimiento ilicito que rodea
a varios integrantes del actual gobierno y a muchos de sus allegados, no deberia
hacernos perder de vista todo aquello que se ha avanzado en materia social,
derechos humanos, politicas de inclusion y de vivienda , por citar algunos.
Los que hoy se alarman con el "avasallamiento" de la justicia son los mismos
que se vienen beneficiando desde la epoca del proceso con leyes que estatizaron
la frondosa e ilegal deuda de la que se hizo cargo la sociedad y se enriquecieron
unos pocos, resurgieron en los noventa con privatizaciones, flexibilidad laboral y
entrega de todo lo publico que culmino en la catastrofe del 2001 en la que volvieron
a salir inmunes dejando a la sociedad sumida en la miseria y desesperacion.
Y desde la 1050 en adelante fueron todos constitucionales, decretos, leyes,
sin urgencia, de necesidad y urgencia, pero con una sola caracteristica: siempre
a favor de los lobbys empresarios, agropecuarios o financieros.
Como resumen y vista la responsabilidad que tiene el Poder Judicial como
institucion les cabe en primer lugar, hacer una severa autocritica de su gestion
en las ultimas decadas, asi como revisar su funcionamiento para ponerlo al
servicio de toda la sociedad y al menos aunque sea una vez, hacer alguna
propuesta para sanear un funcionamiento que esta lejos de ser imparcial.
