Claudio della Croce
On Jun 12, 2025
Sin dudas, la condena de cárcel y proscripción política contra la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner es una página más del lawfare desatado en la región contra los líderes populares. La Corte Suprema de Justicia argentina confirmó la condena a la exmandataria en la conocida “causa Vialidad”, con las firmas de sus tres jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Es el más grave ataque al Estado de Derecho desde la recuperación democrática, un ataque convalidado nada menos que por el vértice del único poder vitalicio de la República, la casta judicial.
Desde la Casa Rosada intentan a toda costa bajar el tono de la discusión pública y desmarcarse del debate para decir que se trata, simplemente, «de una cuestión judicial» y no política. Lo cierto es que, si bien la semana pasada –tras el anuncio de que ella sería candidata a legisladora bonaerense por la tercera sección electoral– en La Libertad Avanza estaban desesperados en busca de un candidato para poner en frente de la expresidenta, con la confirmación que hizo la Corte Suprema del fallo, el escenario mutó drásticamente.
Mientra, José Luis Espert, diputado nacional de la ultraderechista La Libertad Avanza, dijo que Florencia Kirchner es «hija de una gran puta», en referencia a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y fue repudiado por el público presente durante un Congreso de Comunicación Política en la Universidad Católica Argentina.
La defensa de la presidenta del Partido Justicialista (PJ), Cristina Kirchner, despliega su estrategia en organismos internacionales para denunciar la proscripción de la líder del peronismo en manos de la Corte Suprema de Justicia argentina, tras la confirmación de la condena en la causa Vialidad. Aspira a que un dictamen internacional obligue a revisar la condena de Cristina antes de 2027
El abogado defensor de la exmandataria, Gregorio Dalbón, detalló las irregularidades de las 12 causas penales iniciadas en contra de la expresidenta y fue tajante al definirlas como una «persecución por motivos políticos» que busca «anular su capacidad de representación política mediante mecanismos judiciales». Además, resaltó las características de violencia política de género que tienen como denominador común los ataques contra Cristina Kirchner. Acaso el hecho más destacado, la invisibilización institucional del intento de magnicidio ocurrido en 2022.
«Consideramos que el fallo es un fallo ilegal, ilegítimo, inconstitucional, y que además también es abusivo de los derechos humanos de Cristina Fernández de Kirchner. En este caso se hace luego de que la sentencia quede firme, y uno tiene seis meses para recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humano, señaló Dalbón.
A contrapelo de lo que muchos esperaban, la reacción del establishment ante el fallo de la Corte Suprema contra Cristina Fernández, fue escasamente celebratoria y contuvo una mezcla de cautela, silencios y preocupaciones hacia adelante. Estas últimas, vinculadas a dos cosas: la primera, que la posibilidad de que CFK lidere desde la domiciliaria un peronismo forzado a la unidad, dadas las circunstancias. Una postal hasta ahora inédita en la escena política. La segunda, que la efervescencia potencial posterior al fallo sume tensiones a una economía, la de Javier Milei, en constante ajuste y con debilidades estructurales que se empiezan a hacer visibles.
}También se suman a los 20.000 millones extra que logró del FMI ahora en el equipo de Milei, a 12.000 millones que obtuvo del Banco Mundial; a los 10.000 millones del BID; a 2.000 millones con Bancos extranjeros; y a 1.000 millones de fondos privados a los que les otorgó una tasa sideral de casi 30% anual.
Tras conocerse la condena de seis años y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, Fernández expresó: “Esta Argentina en la que estamos viviendo no deja de sorprendernos. Al cepo del salario que ha puesto el gobierno de Javier Milei, ahora el partido judicial le agrega el cepo al voto popular”.Apuntando directamente a los tres jueces que integran la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dijo que «este cepo no lo pone este triunvirato de impresentables. Son tres monigotes que responden a mandos naturales muy por arriba de ellos. Es el poder económico concentrado de la República Argentina”.
Sin dudas, la condena de cárcel y proscripción política contra la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner es una página más del lawfare desatado en la región contra los líderes populares. La Corte Suprema de Justicia argentina confirmó la condena a la exmandataria en la conocida “causa Vialidad”, con las firmas de sus tres jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Es el más grave ataque al Estado de Derecho desde la recuperación democrática, un ataque convalidado nada menos que por el vértice del único poder vitalicio de la República, la casta judicial.
El libertario presidente Javier Milei, luego de ofrecer un discurso ante el Parlamento israelí y rechazar todas las denuncias de los crímenes contra palestinos en Gaza, señaló que la Justicia «obró acorde a la República». También resaltó que fue «todo mérito del Poder Judicial, de la Corte Suprema. «No tengo ningún mérito en que la Justicia definitivamente haya obrado acorde a la república. Todo mérito del Poder Judicial, de la Corte Suprema. He sido consistente con mi visión republicana, dejé que los jueces actuaran libremente», dijo Milei durante un discurso en el aula magna de la Universidad Hebrea de Jerusalén.
Hoy, la dos veces presidenta por elección popular, espera la confirmación de su prisión domiciliaria, En la causa judicial se investigaron delitos de corrupción pero no se probó la participación directa de la expresidenta. Este juicio fue señalado ya por presentar serias irregularidades y vulneraciones al debido proceso. Una decisión de este tipo profundiza la crisis de credibilidad del Poder Judicial que debe investigar con imparcialidad, seriedad y solvencia hechos institucionales graves para la vida democrática.
Como sucediera con Juan Domingo Perón décadas atrás, hoy vuelve a repetirse la proscripción de la principal líder opositora y es una gran torpeza que quienes proscriben se olviden de la historia, que no consideren el principio de acción y reacción, que no tengan en cuenta los demonios que se pueden desatar.
Hoy, la dos veces presidenta por elección popular, espera la confirmación de su prisión domiciliaria, En la causa judicial se investigaron delitos de corrupción pero no se probó la participación directa de la expresidenta. Este juicio fue señalado ya por presentar serias irregularidades y vulneraciones al debido proceso. Una decisión de este tipo profundiza la crisis de credibilidad del Poder Judicial que debe investigar con imparcialidad, seriedad y solvencia hechos institucionales graves para la vida democrática.
Como sucediera con Juan Domingo Perón décadas atrás, hoy vuelve a repetirse la proscripción de la principal líder opositora y es una gran torpeza que quienes proscriben se olviden de la historia, que no consideren el principio de acción y reacción, que no tengan en cuenta los demonios que se pueden desatar.
Varios analistas han insistido últimamente en que Argentina ha llegado al fin de una etapa de la democracia, que el consenso democrático finalmente se ha roto, ante este gobierno por decreto de Javier Milei, al aval —explícito o implícito— al negacionismo y la fractura del acuerdo básico sobre memoria, verdad y justicia.
Pero también puede leerse en el desprecio absoluto por el periodismo, en la deslegitimación del Estado como garante de derechos, en la glorificación del evasor como héroe y en la instalación del darwinismo social, la crueldad y el desprecio por los más vulnerables como discurso oficial. O en la normalización de los discursos de odio y la criminalización del disenso como parte del lenguaje político cotidiano, señala Jorge Orovitz en Jacobin.
El fallo convalida la interferencia del poder judicial en las dinámicas de la política y deteriora la institucionalidad democrática., Las consecuencias de esta decisión implican la imposibilidad de que la referenta más importante de la oposición se presente como candidata. La maniobra de proscribir a referentes en el marco de las contiendas electorales es parte de una historia -que atravesó a la región y a la Argentina y reedita el desprecio por las instituciones y la participación popular, señaló el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Asimismo, convalida un proceso judicial que interfiere en las dinámicas de la política y da de lleno contra la institucionalidad democrática, añade. Mientras, trabajadores, estudiantes y ciudadanos en general, fijaron su brújula frente a su casa de la expresidenta en el bario capitalino de Constitución, hacia donde se movilizan durante todo el día para refrendar su solidaridad.
Pero también puede leerse en el desprecio absoluto por el periodismo, en la deslegitimación del Estado como garante de derechos, en la glorificación del evasor como héroe y en la instalación del darwinismo social, la crueldad y el desprecio por los más vulnerables como discurso oficial. O en la normalización de los discursos de odio y la criminalización del disenso como parte del lenguaje político cotidiano, señala Jorge Orovitz en Jacobin.
El fallo convalida la interferencia del poder judicial en las dinámicas de la política y deteriora la institucionalidad democrática., Las consecuencias de esta decisión implican la imposibilidad de que la referenta más importante de la oposición se presente como candidata. La maniobra de proscribir a referentes en el marco de las contiendas electorales es parte de una historia -que atravesó a la región y a la Argentina y reedita el desprecio por las instituciones y la participación popular, señaló el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Asimismo, convalida un proceso judicial que interfiere en las dinámicas de la política y da de lleno contra la institucionalidad democrática, añade. Mientras, trabajadores, estudiantes y ciudadanos en general, fijaron su brújula frente a su casa de la expresidenta en el bario capitalino de Constitución, hacia donde se movilizan durante todo el día para refrendar su solidaridad.
A contrapelo de lo que muchos esperaban, la reacción del establishment ante el fallo de la Corte Suprema contra Cristina Fernández, fue escasamente celebratoria y contuvo una mezcla de cautela, silencios y preocupaciones hacia adelante. Temen de que CFK lidere desde la domiciliaria un peronismo forzado a la unidad, dadas las circunstancias., lo que significa una postal hasta ahora inédita en la escena política y, además, que la efervescencia potencial posterior al fallo sume tensiones a una economía, la de Javier Milei, en constante ajuste y con debilidades estructurales que se empiezan a hacer visibles.
Se debe comprender definitivamente que se está combatiendo una nueva realidad que exige conocer muy bien los dispositivos de poder y de producción de subjetividad de los nuevos neofascismos, señala el sicoanalista y escritor Jorge Alemán. Existe una gran inercia social a raíz de las distintas intervenciones de la tecnología que vienen a contrariar el deseo de militancia; un gran campo social reaccionario poblado de nubes ideológicas indescifrables e inconsistentes conducen a una desafección de la política.
Relativizar la condición neofascista del actual gobierno argentino puede ser un error político muy serio en la medida que se desconozca la complicidad que mantiene con él un vasto sector de la sociedad.
Nunca el poder, el verdadero poder, se mostró tan descaradamente desnudo. Desde el surgimiento del peronismo, la obsesión de las elites fue su negación. Bombardeo de la Plaza de Mayo, golpes de Estado, exilios, resistencia, guerrillas, regreso tardío del viejo líder cuando ya se habían desatado todas las furias y demonios, desaparición forzada de personas con ensañamiento en la militancia de base y sindical.
Se debe comprender definitivamente que se está combatiendo una nueva realidad que exige conocer muy bien los dispositivos de poder y de producción de subjetividad de los nuevos neofascismos, señala el sicoanalista y escritor Jorge Alemán. Existe una gran inercia social a raíz de las distintas intervenciones de la tecnología que vienen a contrariar el deseo de militancia; un gran campo social reaccionario poblado de nubes ideológicas indescifrables e inconsistentes conducen a una desafección de la política.
Relativizar la condición neofascista del actual gobierno argentino puede ser un error político muy serio en la medida que se desconozca la complicidad que mantiene con él un vasto sector de la sociedad.
Nunca el poder, el verdadero poder, se mostró tan descaradamente desnudo. Desde el surgimiento del peronismo, la obsesión de las elites fue su negación. Bombardeo de la Plaza de Mayo, golpes de Estado, exilios, resistencia, guerrillas, regreso tardío del viejo líder cuando ya se habían desatado todas las furias y demonios, desaparición forzada de personas con ensañamiento en la militancia de base y sindical.
De nuevo, unas elites obsesionadas con la negación de la existencia del otro hasta el paroxismo de matar, con bombas sobre la población civil, con desaparecidos que algo habrán hecho o gatillando el disparo lumpen que no salió.
Desde la Casa Rosada intentan a toda costa bajar el tono de la discusión pública y desmarcarse del debate para decir que se trata, simplemente, «de una cuestión judicial» y no política. Lo cierto es que, si bien la semana pasada –tras el anuncio de que ella sería candidata a legisladora bonaerense por la tercera sección electoral– en La Libertad Avanza estaban desesperados en busca de un candidato para poner en frente de la expresidenta, con la confirmación que hizo la Corte Suprema del fallo, el escenario mutó drásticamente.
Mientra, José Luis Espert, diputado nacional de la ultraderechista La Libertad Avanza, dijo que Florencia Kirchner es «hija de una gran puta», en referencia a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y fue repudiado por el público presente durante un Congreso de Comunicación Política en la Universidad Católica Argentina.
La defensa de la presidenta del Partido Justicialista (PJ), Cristina Kirchner, despliega su estrategia en organismos internacionales para denunciar la proscripción de la líder del peronismo en manos de la Corte Suprema de Justicia argentina, tras la confirmación de la condena en la causa Vialidad. Aspira a que un dictamen internacional obligue a revisar la condena de Cristina antes de 2027
El abogado defensor de la exmandataria, Gregorio Dalbón, detalló las irregularidades de las 12 causas penales iniciadas en contra de la expresidenta y fue tajante al definirlas como una «persecución por motivos políticos» que busca «anular su capacidad de representación política mediante mecanismos judiciales». Además, resaltó las características de violencia política de género que tienen como denominador común los ataques contra Cristina Kirchner. Acaso el hecho más destacado, la invisibilización institucional del intento de magnicidio ocurrido en 2022.
«Consideramos que el fallo es un fallo ilegal, ilegítimo, inconstitucional, y que además también es abusivo de los derechos humanos de Cristina Fernández de Kirchner. En este caso se hace luego de que la sentencia quede firme, y uno tiene seis meses para recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humano, señaló Dalbón.
A contrapelo de lo que muchos esperaban, la reacción del establishment ante el fallo de la Corte Suprema contra Cristina Fernández, fue escasamente celebratoria y contuvo una mezcla de cautela, silencios y preocupaciones hacia adelante. Estas últimas, vinculadas a dos cosas: la primera, que la posibilidad de que CFK lidere desde la domiciliaria un peronismo forzado a la unidad, dadas las circunstancias. Una postal hasta ahora inédita en la escena política. La segunda, que la efervescencia potencial posterior al fallo sume tensiones a una economía, la de Javier Milei, en constante ajuste y con debilidades estructurales que se empiezan a hacer visibles.
Jefes de Estado, dirigentes de primera línea y organizaciones del Cono Sur y de Europa se solidarizaron con Cristina Fernández de Kirchner por su detención y repudiaron la proscripción de la titular del Partido Justicialista resuelta por la Corte Suprema: desde «Lula» da Silva en Brasil, Claudia Sheinbaum de México, Rafael Correa en Ecuador, Gustavo Petro en Colombia, Luis Arce en Bolivia y Xiomara Castro de Zelaya en Honduras hasta Podemos en España y Jean-Luc Mélenchon en Francia. En los mensajes, denunciaron la persecución política contra la expresidenta y alertaron sobre el ataque que representa para la democracia argentina.
“Después de 30 años, cuando se abandonó el camino de las dictaduras y guerras revolucionarias, la primavera democrática de América Latina está en peligro”, advirtió el colombiano Gustavo Petro. “Estamos en tiempos difíciles. Presidentes como Lula, Pedro Castillo, Cristina Kirchner, Rafael Correa, Dilma Rousseff, Zelaya, Manuel López Obrador, Evo Morales, todos progresistas, el progresismo es diverso, han pasado por golpes de Estado, procesos injustos y cárcel por años”, recordó.
**Economista y docente argentino, investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
A Cristina no lograron matarla físicamente, lo hicieron políticamente
“Después de 30 años, cuando se abandonó el camino de las dictaduras y guerras revolucionarias, la primavera democrática de América Latina está en peligro”, advirtió el colombiano Gustavo Petro. “Estamos en tiempos difíciles. Presidentes como Lula, Pedro Castillo, Cristina Kirchner, Rafael Correa, Dilma Rousseff, Zelaya, Manuel López Obrador, Evo Morales, todos progresistas, el progresismo es diverso, han pasado por golpes de Estado, procesos injustos y cárcel por años”, recordó.
**Economista y docente argentino, investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
A Cristina no lograron matarla físicamente, lo hicieron políticamente
Álvaro Verzi Rangel
El máximo tribunal de justicia argentino no sólo proscribió a la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al confirma su condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua en la amañada causa «Vialidad», sino que también lo hizo con la urgencia que le pedía el gobierno libertario, el poder económico y sus medios hegemónicos de comunicación .
El máximo tribunal de justicia argentino no sólo proscribió a la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al confirma su condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua en la amañada causa «Vialidad», sino que también lo hizo con la urgencia que le pedía el gobierno libertario, el poder económico y sus medios hegemónicos de comunicación .
La reacción de la prensa internacional sobre la sentencia a Cristina
Ya habían querido asesinarla físicamente. Ahora lo hicieron políticamente, o por lo menos así lo planearon, desviando la atención de la criptoestafa del presidente Javier Milei y la crisis generalizada. En un mensaje publicado en su cuenta de X, Milei expresó desde Israel, a donde fue a expresar su solidaridad con el genocidio: “Justicia. Fin. La República funciona y todos los periodistas corruptos, cómplices de políticos mentirosos, han quedado expuestos en sus operetas sobre el supuesto pacto de impunidad”.
El fallo de la Corte debe leerse en clave económica. Todo el tránsito de este y otros tantos expedientes contra CFK en los tribunales no tienen justificación jurídica alguna.El lawfare es económico, no judicial. Es más: el lawfare no se reduce ni por asomo a las causas armadas contrae ella u otros exfuncionarios.
El lawfare significa la imposición de políticas económicas y de decisiones sobre la vida cotidiana de millones de argentinos por un medio que no son los votos. La táctica son las causas, las condenas, las proscripciones; la estrategia apunta a abultar los balances de las corporaciones que controlan lo que cuestan los alimentos, la luz, el gas, los medicamentos, el alquiler, señala Alí Lijalad.
Mientras, el ministro de Economía Luis Caputo anunció , tras conocerse la resolución del C orte, que endeudará al país en 7.000 millones de dólares de acá a fin de año, cifra que se suma a los 45.000 millones de dólares de deuda que tomó de forma ilegal con el FMI en 2018, cuando era funcionario del expresidente neoliberal Mauricio Macri, caso plagado de pruebas pero que descansa en un cajón de los tribunales Comodoro Py.
El fallo de la Corte debe leerse en clave económica. Todo el tránsito de este y otros tantos expedientes contra CFK en los tribunales no tienen justificación jurídica alguna.El lawfare es económico, no judicial. Es más: el lawfare no se reduce ni por asomo a las causas armadas contrae ella u otros exfuncionarios.
El lawfare significa la imposición de políticas económicas y de decisiones sobre la vida cotidiana de millones de argentinos por un medio que no son los votos. La táctica son las causas, las condenas, las proscripciones; la estrategia apunta a abultar los balances de las corporaciones que controlan lo que cuestan los alimentos, la luz, el gas, los medicamentos, el alquiler, señala Alí Lijalad.
Mientras, el ministro de Economía Luis Caputo anunció , tras conocerse la resolución del C orte, que endeudará al país en 7.000 millones de dólares de acá a fin de año, cifra que se suma a los 45.000 millones de dólares de deuda que tomó de forma ilegal con el FMI en 2018, cuando era funcionario del expresidente neoliberal Mauricio Macri, caso plagado de pruebas pero que descansa en un cajón de los tribunales Comodoro Py.
}También se suman a los 20.000 millones extra que logró del FMI ahora en el equipo de Milei, a 12.000 millones que obtuvo del Banco Mundial; a los 10.000 millones del BID; a 2.000 millones con Bancos extranjeros; y a 1.000 millones de fondos privados a los que les otorgó una tasa sideral de casi 30% anual.
Tras conocerse la condena de seis años y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, Fernández expresó: “Esta Argentina en la que estamos viviendo no deja de sorprendernos. Al cepo del salario que ha puesto el gobierno de Javier Milei, ahora el partido judicial le agrega el cepo al voto popular”.Apuntando directamente a los tres jueces que integran la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dijo que «este cepo no lo pone este triunvirato de impresentables. Son tres monigotes que responden a mandos naturales muy por arriba de ellos. Es el poder económico concentrado de la República Argentina”.
Una Corte arrodillada ante el poder real
La exmandataria había estado esperando el fallo en el local partidario acompañada de muchos dirigentes, de representantes de organizaciones sindicales y sociales y de simpatizantes que se acercaron hasta el lugar.
En paralelo, aun antes de conocerse el fallo que dejará a la expresidenta sin la posibilidad de competir en las elecciones en la provincia de Buenos Aires que se realizarán en setiembre, militantes kirchneristas cortaron la ruta Panamericana y otras vías de entrada y salida a Buenos Aires.
Hablando de su condena, Fernández declaró que mientras “los Macri y los Caputo puedan caminar sin que nadie les diga nada, estar presa es un certificado de dignidad histórica”. Por eso, agregó la dirigente, “cuando fui a declarar dije que la sentencia ya estaba escrita, y no me equivoqué”. “Como siempre, pondremos el cuerpo, porque los peronistas no nos profugamos; eso lo hace la derecha, nosotros no somos mafiosos”, añadió la exmandataria.
“Esta Argentina en la que estamos viviendo no deja de sorprendernos. Al cepo del salario que ha puesto el gobierno de Javier Milei, ahora el partido judicial le agrega el cepo al voto popula. Este cepo no lo pone este triunvirato de impresentables. Son tres monigotes que responden a mandos naturales muy por arriba de ellos. Es el poder económico concentrado de la República Argentina”.
En el cierre de su discurso, Cistina Fernández hizo un llamado a los militantes peronistas. “A militar, a organizarse, a estar junto a la gente que los necesita. Hay que estar con los colectivos sociales. Es fundamental tener una dirigencia que esté con la gente y no con los problemas que tienen los dirigentes entre sí. Hay que ayudar a los que necesitan ser organizados y ayudados”, sentenció.
Declaró que mientras “los Macri y los Caputo puedan caminar sin que nadie les diga nada, estar presa es un certificado de dignidad histórica”. Por eso, agregó, “cuando fui a declarar dije que la sentencia ya estaba escrita, y no me equivoqué”.
La exmandataria había estado esperando el fallo en el local partidario acompañada de muchos dirigentes, de representantes de organizaciones sindicales y sociales y de simpatizantes que se acercaron hasta el lugar.
En paralelo, aun antes de conocerse el fallo que dejará a la expresidenta sin la posibilidad de competir en las elecciones en la provincia de Buenos Aires que se realizarán en setiembre, militantes kirchneristas cortaron la ruta Panamericana y otras vías de entrada y salida a Buenos Aires.
Hablando de su condena, Fernández declaró que mientras “los Macri y los Caputo puedan caminar sin que nadie les diga nada, estar presa es un certificado de dignidad histórica”. Por eso, agregó la dirigente, “cuando fui a declarar dije que la sentencia ya estaba escrita, y no me equivoqué”. “Como siempre, pondremos el cuerpo, porque los peronistas no nos profugamos; eso lo hace la derecha, nosotros no somos mafiosos”, añadió la exmandataria.
“Esta Argentina en la que estamos viviendo no deja de sorprendernos. Al cepo del salario que ha puesto el gobierno de Javier Milei, ahora el partido judicial le agrega el cepo al voto popula. Este cepo no lo pone este triunvirato de impresentables. Son tres monigotes que responden a mandos naturales muy por arriba de ellos. Es el poder económico concentrado de la República Argentina”.
En el cierre de su discurso, Cistina Fernández hizo un llamado a los militantes peronistas. “A militar, a organizarse, a estar junto a la gente que los necesita. Hay que estar con los colectivos sociales. Es fundamental tener una dirigencia que esté con la gente y no con los problemas que tienen los dirigentes entre sí. Hay que ayudar a los que necesitan ser organizados y ayudados”, sentenció.
Declaró que mientras “los Macri y los Caputo puedan caminar sin que nadie les diga nada, estar presa es un certificado de dignidad histórica”. Por eso, agregó, “cuando fui a declarar dije que la sentencia ya estaba escrita, y no me equivoqué”.
“Esto no es contra Cristina, esto es contra la democracia. Se está acabando una forma de vivir desde 1983. No le están poniendo el clavo al ataúd del kirchnerismo (como dijo el presidente), le están poniendo el clavo al ataúd de la democracia”, advirtió Gregorio Dalbón, abogado de la expresidenta, quien reservó ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya un recurso para denunciar las arbitrariedades del proceso judicial que condenó a Cristina Fernández de Kirchner. La apelación a los tribunales internacionales es el camino que iniciará la defensa de la exmandataria.
«Quizás ocurra que los sectores dominantes comprobarán haberse disparado a los pies, por aquello de despertar al gigante dormido. Cristina proscripta es una invitación al fervor popular porque es mucha la gente que la adora. Esa pasión es capaz de ser contagiosa cuando, además y aunque la coyuntura parezca sugerir lo contrario, este modelo salvaje se encamina tarde o temprano hacia su ocaso irreversible. No hay espacio en Argentina para eso que se llama “peruanizar”. O no, al menos, sin una resistencia creciente de este país que de eso sabe mucho», señala el analista Eduardo Aliverti.
«Quizás ocurra que los sectores dominantes comprobarán haberse disparado a los pies, por aquello de despertar al gigante dormido. Cristina proscripta es una invitación al fervor popular porque es mucha la gente que la adora. Esa pasión es capaz de ser contagiosa cuando, además y aunque la coyuntura parezca sugerir lo contrario, este modelo salvaje se encamina tarde o temprano hacia su ocaso irreversible. No hay espacio en Argentina para eso que se llama “peruanizar”. O no, al menos, sin una resistencia creciente de este país que de eso sabe mucho», señala el analista Eduardo Aliverti.
Fallaron el muerte física. Ahora sueñan con su muerte política
Desde la izquierda también denunciaron el lawfare contra Cristina: «Hay que derrotar este ataque. Es urgente que la dirigencia peronista convoque a movilizaciones masivas en todo el país. Hay que copar las calles de CABA y las grandes ciudades como parte de esa gran pelea. Además, la CGT y los sindicatos tienen que romper la escandalosa tregua que vienen llevando adelante y convocar a asambleas, paro nacional activo y plan de lucha. Es necesario desarrollar una amplia lucha en las universidades de todo el país, apelando a asambleas, clases públicas, tomas de facultades y movilizaciones», señala laizquierdadiario.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2, que fue el que llevó adelante el juicio por la causa Vialidad, le dio cinco días hábiles a la expresidenta para presentarse en la sede del Palacio de Tribunales, ubicado en la calle Comodoro Py, para hacer efectiva su detención y comenzar a cumplir con su condena de seis años de prisión. Por ser mayor de 70 años cumplirá su condena bajo arresto domiciliario, seguramente en su apartamento en la ciudad de Buenos Aires, ya que, de acuerdo a lo que le manifestó a su entorno, quiere estar cerca de su hija y de su nieta.
Los fallos de la Corte Suprema son inapelables, por lo que dentro de la Justicia argentina el equipo legal de la mandataria no tiene más recursos que presentar. De todas maneras, Fernández ya había expresado su deseo de llevar su caso a tribunales internacionales para denunciar que su condena está basada en intencionalidad política. En este caso, podría apelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que debería analizar la causa y determinar si le da intervención a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
*Sociólogo y analista internacional, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y analista seniordel Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Desde la izquierda también denunciaron el lawfare contra Cristina: «Hay que derrotar este ataque. Es urgente que la dirigencia peronista convoque a movilizaciones masivas en todo el país. Hay que copar las calles de CABA y las grandes ciudades como parte de esa gran pelea. Además, la CGT y los sindicatos tienen que romper la escandalosa tregua que vienen llevando adelante y convocar a asambleas, paro nacional activo y plan de lucha. Es necesario desarrollar una amplia lucha en las universidades de todo el país, apelando a asambleas, clases públicas, tomas de facultades y movilizaciones», señala laizquierdadiario.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2, que fue el que llevó adelante el juicio por la causa Vialidad, le dio cinco días hábiles a la expresidenta para presentarse en la sede del Palacio de Tribunales, ubicado en la calle Comodoro Py, para hacer efectiva su detención y comenzar a cumplir con su condena de seis años de prisión. Por ser mayor de 70 años cumplirá su condena bajo arresto domiciliario, seguramente en su apartamento en la ciudad de Buenos Aires, ya que, de acuerdo a lo que le manifestó a su entorno, quiere estar cerca de su hija y de su nieta.
Los fallos de la Corte Suprema son inapelables, por lo que dentro de la Justicia argentina el equipo legal de la mandataria no tiene más recursos que presentar. De todas maneras, Fernández ya había expresado su deseo de llevar su caso a tribunales internacionales para denunciar que su condena está basada en intencionalidad política. En este caso, podría apelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que debería analizar la causa y determinar si le da intervención a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
*Sociólogo y analista internacional, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y analista seniordel Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
