ANTE UNA FALSEDAD HISTORICA
por Leon Lev - 5 de Julio de 2013
Estimado Sr.Director
de BUSQUEDA
Por la presente solicito el derecho de respuesta a la nota recuadrada, en vuestro ejemplar del 27 de Junio
" Arismendi y una señal a las Fuerzas Armadas " bajo el titulo “ Ante una falsedad historica “
Quiero desmentir enfatica y tajantemente la afirmaciòn, atribuida a un exiliado en Mejico, de que Rodney Arismendi habrìa comunicado a su padre" de proceder al levantamiento de la huelga en el transporte" durante la Huelga General en respuesta al Golpe de Estado, " como señal a las Fuerzas Armadas "
Primer error , su padre, el entrañable Alberto Altesor " no tenìa responsabilidades en el àrea sindical del PCU ".
Sus atribuciones eran en el Frente de Organizaciòn del PCU y toda su actitud de rechazo a la dictadura fue transparente.. Quiero destacar , que la lìnea del PCU en la resistencia fue " no darle un minuto de tregua a la dictadura ". Y la cumpliò al pie de la letra. ! Doy fe. !
El odio de los mandos militares de la Dictadura buscò emponzoñar la figura de Arismendi con falsedades y difamaciones. Jamàs tuvo una actitud de blandenguerìa frente al despotismo militar. Por eso nunca le perdonaron su firmeza y consecuencia.
Alberto, operado del corazòn en la Clìnica Favaloro, Buenos Aires, volviò clandestinamente al Uruguay para seguir luchando junto al resto de los compañeros y al conjunto de la sociedad democratica uruguaya. Sufriò maltratos y años de reclusiòn en el Penal de Libertad, con total entereza y dignidad singular.
Tambièn quiero rescatar , en honor al apellido familiar, a su hijo Hector, quien fallece en los combates finales que llevaron a la derrota de la siniestra dictadura de Somoza en Nicaragua.
Afirmar que " Arismendi dio la orden de levantar la huelga de transporte como señal a las FFAA" es un desvarìo o un delirio.
No soy sicoanalista ni siquiatra, pero afirmo radicalmente ESA AFIRMACION ES FALSA y no tiene ningùn viso de seriedad.
El movimiento sindical , la CNT, Convenciòn Nacional de Trabajadores, tenìa su estructura directriz y nadie daba ordenes por encima de su organizaciòn.
Sòlo quien no conoce al movimiento sindical puede afirmar que el Partido podìa dar " òrdenes " salteàndose los organismos sindicales. Eso es una ofensa a la autonomìa del movimiento sindical uruguayo.
Dejar pasar este dislate, no es sòlo una canallada contra Arismendi, sino una infamia contra el movimiento sindical y su autodeterminaciòn.
Por el contrario y como afirma la nota, al final : " El transporte fue sometido a fuertes presiones durante la huelga y motivo de discusiones durante y luego del levantamiento d e las medidas de lucha. Incluso derivò en una sanciòn partidaria al principal de los dirigentes comunistas del gremio, por no haber estado " a la altura de las circunstancias ".
! Esto sì es verdad.!
Cuando conmemoramos los 40 años del Golpe de Estado y de inicio de la Huelga General de Resistencia al Golpe, reivindico la ejemplaridad y limpidez del movimiento sindical( Convenciòn Nacional de Trabajadores ) y su autonomìa orgànica para adoptar decisiones. Tanto para resolver la aplicaciòn de la Resoluciòn de " Huelga General y ocupaciòn de fàbricas y centros de trabajo " adoptada desde 1964 , a la sombra de las tentaciones golpistas emanadas de la dictadura brasileña, como la decisiòn de levantamiento, con una declaraciòn que harìa bien vuestro semanario en publicar.
Fueron quince dìas que conmovieron al Uruguay y al mundo, tanto es asì que un corresponsal de la BBC de Londres , afirmò en una nota, que Montevideo se parecìa a Londres en la resistencia a los bombardeos nazis.
La figura de Rodney Arismendi, a 23 años de su desapariciòn, no puede ser empalidecida ni por tergiversaciones ni por falsedades.
Recuerdo, con emociòn, el homenaje que el Senado de la Repùblica, recientemente, con motivo del centesimo aniversario de su nacimiento en Marzo de 1913, le tributò.
Oradores de los tres partidos politicos, en conceptuosas palabras, recordaron , a quien fue luchador ejemplar contra la dictadura y enjundioso parlamentario, que enalteciò y honrò al parlamento uruguayo.
A su vez, la democracia uruguaya al recordar los 40 años, debe tributar un reconocimiento a los trabajadores y en especial a su Presidente de Honor Josè D·Elìa, por su noble y sacrificada resistencia a la dictadura.
Leòn Lev
9 jul 2013
7 jul 2013
EVO:O COMO AMOLDAR LO ESTABLECIDO
Lejos de ser un simple incidente diplomatico entre naciones, el caso
Evo Morales plantea una serie de razones de peso para considerar
que lo que esta en juego es mucho mas que el destino de un "desertor".
Como primera leccion este caso demuestra sin lugar a dudas la ferrea
voluntad del primer mundo de aglutinarse en una causa comun cuando
de defender sus intereses se trata.No es solo EE. UU. quien cierra filas,
sino tambien la comunidad europea -quien se ha visto de alguna manera
vigilada- pero que puesta en la balanza la modificacion del status quo
ante el riesgo de subvertir el orden establecido, optan por esta ultima
en funcion de imperio o hegemonia validando como logicas las operaciones
secretas que realizan sus socios americanos en funcion de lograr sin
importar los medios, la perpetuidad de una situacion en la que el tercer
mundo con sus millones de pobres subvenciona los deficits que banqueros
y especuladores de todo calibre, esquilman los magros recursos del planeta.
Para ello, su muy bien aceitado sistema financiero, genera dia a dia infinitos
intereses que sojuzgan pueblos y voluntades, tumban gobiernos(EGIPTO)
o condenan a generaciones de seres humanos al hambre y la miseria, todo
en nombre del progreso, la libertad y la libre competencia, valores por lo
que arman guerras y destruyen el planeta, sin importarles las consecuencias
que sus actos generan y cuyo desvergonzado cinismo define como daños
colaterales.
Lo de EVO tiene muy poco de incidente diplomatico.Si hubiese sido un
presidente afin al modelo -que hay bastantes-, no hubiera tenido inconvenientes.
Pero era justo UN GOBIERNO que le esta dando batalla al sistema establecido
y ha osado establecer en su pais, normas que ven al mundo de otra manera,
poniendo con sentido social, lo que antes eran dividendos...y eso no se perdona.
En eso el primer mundo es monolitico.No importan las fechorias americanas si
lo que esta en juego es la perdida de los privilegios largamente establecidos
por la colonizacion primero y el sojuzgamiento economico despues.
La brecha tecnologica agranda la dependencia, que el tercer mundo paga en
especies sin valor agregado, llenando sus grandes ciudades de pobres de pobreza
cuyo destino no esta lejos de la delincuencia y la marginalidad, verdaderos
sintomas modernos de que algo no va bien.
La perorata simbolica de la UNASUR no es mas que un lamento y poner
las barbas en remojo, ya que carece de algun efecto de presion o cambio
y en este caso, al darle asilo al espia americano se le estaria dando al imperio
y sus socios europeos la oportunudad que estaban esperando para el desembarco
en gran escala en las noveles democracias americanas, que luchan por cambiar
un estado de cosas que saque a su poblacion de la miseria.
Si Putin y el imperio sovietico miran para otro lado estando en su territorio
el supuesto transgresor, -para evitar consecuencias desagrables a sus intereses-
no es logico embarcarse en una aventura que se sabe como empieza pero no
como termina.La solidaridad latinoamericana esta largamente probada y esta
fuera de discusion , lo que si es claro que mientras no los jodamos nos van a
dejar hacer todo lo que no los afecte. El dia que queramos hacer algo en serio
nos va a pasar lo que a SNOWDEN, en pelotas y en la calle.
Evo Morales plantea una serie de razones de peso para considerar
que lo que esta en juego es mucho mas que el destino de un "desertor".
Como primera leccion este caso demuestra sin lugar a dudas la ferrea
voluntad del primer mundo de aglutinarse en una causa comun cuando
de defender sus intereses se trata.No es solo EE. UU. quien cierra filas,
sino tambien la comunidad europea -quien se ha visto de alguna manera
vigilada- pero que puesta en la balanza la modificacion del status quo
ante el riesgo de subvertir el orden establecido, optan por esta ultima
en funcion de imperio o hegemonia validando como logicas las operaciones
secretas que realizan sus socios americanos en funcion de lograr sin
importar los medios, la perpetuidad de una situacion en la que el tercer
mundo con sus millones de pobres subvenciona los deficits que banqueros
y especuladores de todo calibre, esquilman los magros recursos del planeta.
Para ello, su muy bien aceitado sistema financiero, genera dia a dia infinitos
intereses que sojuzgan pueblos y voluntades, tumban gobiernos(EGIPTO)
o condenan a generaciones de seres humanos al hambre y la miseria, todo
en nombre del progreso, la libertad y la libre competencia, valores por lo
que arman guerras y destruyen el planeta, sin importarles las consecuencias
que sus actos generan y cuyo desvergonzado cinismo define como daños
colaterales.
Lo de EVO tiene muy poco de incidente diplomatico.Si hubiese sido un
presidente afin al modelo -que hay bastantes-, no hubiera tenido inconvenientes.
Pero era justo UN GOBIERNO que le esta dando batalla al sistema establecido
y ha osado establecer en su pais, normas que ven al mundo de otra manera,
poniendo con sentido social, lo que antes eran dividendos...y eso no se perdona.
En eso el primer mundo es monolitico.No importan las fechorias americanas si
lo que esta en juego es la perdida de los privilegios largamente establecidos
por la colonizacion primero y el sojuzgamiento economico despues.
La brecha tecnologica agranda la dependencia, que el tercer mundo paga en
especies sin valor agregado, llenando sus grandes ciudades de pobres de pobreza
cuyo destino no esta lejos de la delincuencia y la marginalidad, verdaderos
sintomas modernos de que algo no va bien.
La perorata simbolica de la UNASUR no es mas que un lamento y poner
las barbas en remojo, ya que carece de algun efecto de presion o cambio
y en este caso, al darle asilo al espia americano se le estaria dando al imperio
y sus socios europeos la oportunudad que estaban esperando para el desembarco
en gran escala en las noveles democracias americanas, que luchan por cambiar
un estado de cosas que saque a su poblacion de la miseria.
Si Putin y el imperio sovietico miran para otro lado estando en su territorio
el supuesto transgresor, -para evitar consecuencias desagrables a sus intereses-
no es logico embarcarse en una aventura que se sabe como empieza pero no
como termina.La solidaridad latinoamericana esta largamente probada y esta
fuera de discusion , lo que si es claro que mientras no los jodamos nos van a
dejar hacer todo lo que no los afecte. El dia que queramos hacer algo en serio
nos va a pasar lo que a SNOWDEN, en pelotas y en la calle.
RE-LECTURA:La verdadera víctima del golpe militar en Egipto
La verdadera víctima del golpe militar en Egipto
05.07.2013
BERKELEY
(IPS/Emad Mekay) - Después de que la junta militar de Egipto, armada, equipada y
financiada por Estados Unidos, llevó a cabo su golpe de Estado contra el primer
gobierno libremente elegido en la historia del país, habrá muchas víctimas
Pero las principales no serán el derrocado
presidente Mohammad Morsi ni los islamistas, que son buenos sobrevivientes por
naturaleza. Serán la democracia y la fe popular en ella en todo el mundo. La
víctima será la única oportunidad que tuvieron los egipcios de ser parte de este
mundo en sus más de 5.000 años de historia
En varias rondas de elecciones, los egipcios,
jóvenes y viejos, habían mostrado al mundo su deseo de cambio y su esperanza,
mientras hacían fila bajo el calor del desierto durante horas para intentar
depositar sus votos y tener injerencia, por primera vez, en el futuro de su
país
Mientras cubría la Primavera
Árabe, vi mujeres jóvenes vestidas a la moda occidental, esperando para
votar junto a otras cubiertas de pies a cabeza por el "neqab", prenda
tradicional de las musulmanas.
El mensaje era: "Queremos democracia, no el
régimen militar que nos controló durante 60 años". La ciudadanía votó una
Constitución, un parlamento y un presidente, mientras el mundo observaba con
sorpresa y admiración.
Luciendo su pobre vestimenta, el portero de mi
edificio hizo fila junto a ricos propietarios del barrio. Un valor universal de
igualdad, libertad y esperanza se percibía en el aire.
Morsi fue el presidente que llegó al gobierno con
mucho menos que el usual y sospechoso 90 por ciento de los votos que suelen
recibir tantos gobernantes árabes.
Pero en la noche del miércoles 3 vi cómo vehículos Humvee
suministrados por Estados Unidos eran usados por las "fuerzas especiales" de
Egipto mientras disparaban a civiles que protestaban contra el golpe militar en
la plaza Nahda, fuera de la Universidad de El Cairo, donde hace unos años el
presidente Barack Obama ofreció al mundo musulmán un discurso sobre la paz y el
fin del terrorismo.
Los videos muestran a varios heridos, sangre y
gente muriendo mientras dicen sus últimas palabras en pro de la libertad. Los
militares respaldados por Estados Unidos intentaban dispersar a los partidarios
de Morsi antes de lanzar una declaración formal del golpe de Estado.
En otro punto donde se congregaron partidarios de
la democracia, Rabaa Al-Adawia, en el distrito cairota de Ciudad Nasr, los
militares impusieron un estado de sitio que bloqueó incluso el paso de alimentos
u otros suministros, obligando a sus habitantes a salir para obtenerlos,
mientras francotiradores montaban guardia desde las azoteas, con la gente en la
mira.
Mientras el general del ejército Abdel Fatah
Al-Sissi, entrenado por Estados Unidos, prometía transparencia y libertad en su
discurso del miércoles 3, en el que declaró el golpe, varios civiles
sentados junto a él mostraban su apoyo a un régimen militar.
Pero, a medida que Al-Sissi hablaba, todos los
canales de televisión que habían apoyado las elecciones y a Morsi eran
clausurados simultáneamente, y varios de sus trabajadores arrestados, humillados
y obligados a desfilar entre columnas de opositores alegres y de otros
trabajadores de medios privados que apoyaron el golpe.
Las comunicaciones telefónicas se cortaron en el
área donde estaban congregados los partidarios de Morsi, señal de qué clase de
libertades esperan a Egipto.
Este fue el final trágico de la naciente
democracia del país, y un pantallazo del futuro que tiene por delante bajo el
mando de unas Fuerzas Armadas respaldadas por Occidente.
Pero, ¿quién quiere un regreso a un régimen
militar brutal?
Bueno, mucha gente: civiles que esperan sacar
provecho de un mandato militar y que están dispuestos a sacrificar la democracia
y a darle un rostro civil al golpe en su propio beneficio.
Obviamente, los militares, que gozan de enormes
beneficios financieros y de la libre propiedad de vastas y costosas tierras, de
clubes sociales exclusivos y de descuentos en casi cada compra.
Ellos no quieren inspecciones a los sobornos que
reciben por las exhorbitantes compras de armamentos. Ellos sacaron a sus
partidarios a las calles.
La Iglesia Copta de Egipto, cada vez más
militante, que controla a los cinco millones de cristianos del país y que a su
vez poseen importantes intereses económicos, también quiere un regreso al
gobierno militar. Y empujó a sus seguidores, en masa, a las calles.
Morsi y los islamistas habían introducido la idea
de legislar para imponer controles sobre las finanzas de la Iglesia, medida que
se topó con la fuerte oposición del clero cristiano. Al nuevo y controvertido
papa copto Teodoro II le resultó muy fácil enviar a cientos de miles de sus
feligreses a las calles para pedir el derrocamiento de Morsi y mezclar el
reclamo con las quejas sobre la seguridad.
Hay también una conspiración de exmiembros del
régimen de Hosni Mubarak (1981-2011) que no tienen estómago para un sistema de
frenos y equilibrios. Además, la fuerza policial, que prosperó en base a
asesinatos y que disfrutó de los beneficios del régimen, nunca se sintió cómoda
con un cambio de régimen y una democracia.
Después de todo, a muchos de sus integrantes les
aguardaban juicios por abusos a los derechos humanos.
Todos ellos protestaban contra Morsi, sin
paciencia para esperar un cambio democrático.
Ciertamente hay otros pilares del régimen de
Mubarak, como el gran imán de la mezquita Al-Azher, jeque Ahmed el-Tayeb,
bastión del Islam sunita, cuyo rol fue siempre blanquear los abusos de
dictadores como hechos justificables mediante la religión, a través de una serie
de controvertidas "fatuas" (edictos religiosos). Él enfrentaba el fantasma de
una eventual destitución bajo el gobierno de Morsi.
Otros que querían el regreso del régimen militar
bajo una delgada máscara civil son los salafistas, que cuentan con respaldo de
Arabia Saudita.
Este grupo religioso profesa la idea de "nunca
disputar al gobernante en su gobierno" y se adhiere al lado conservador del
Islam, de un modo muy similar al sistema religioso saudita, que da más
importancia a la vestimenta que a la forma de gobierno de los musulmanes, y en
colisión directa con la ideología de la Hermandad Musulmana, que promueve la
participación política.
Todos ellos encontraron su punto de confluencia
en un general del ejército ambicioso, pero poco conocido, que puso su mira en el
gobierno de Egipto y planificó erradicar la Constitución, la legitimidad y las
elecciones según su capricho.
Sin duda, Morsi y los islamistas cometieron
muchos errores. El mandatario lo admitió en sus últimos discursos y prometió
correcciones en su calidad de presidente democráticamente elegido.
La forma de resolver esos problemas debió haber
sido a través de las urnas, y no mediante un golpe que ya es sangriento. Ahora,
la democracia se desangra.
3 jul 2013
LOS CIVILES DE LA DICTADURA
Los civiles de la dictadura
Es un error común calificar al golpe de Estado y a la dictadura como militares. A la cuestión obvia de que el golpe lo dio, un civil, electo además por el Partido Colorado, Juan María Bordaberry, se suma que hubo cientos de civiles que apoyaron la dictadura, fueron su sustento técnico e ideológico y permitieron que el Estado fascista funcionara.
Cuando se habla de dictadura fascista, se hace justamente para categorizar con justeza lo que ocurrió en este país. Fue un golpe y un régimen sustentado por la oligarquía nacional, en especial por los representantes del capital financiero, el latifundio, los grandes capitales trasnacionales y los más retrógrados de los profesionales e intelectuales.
Eso se expresó en el apoyo al golpe de la Asociación Rural, la Asociación de Bancos, una parte no menor de las gremiales empresariales, por supuesto que la embajada de EEUU y los sectores más conservadores del Partido Colorado y el Partido Nacional.
EL POPULAR publica un listado, incompleto por cierto, de 421 civiles que ocuparon cargos de confianza durante la dictadura: 74 en el Poder Ejecutivo, 113 del Consejo de Estado, 24 en el Poder Judicial, 16 en las Intendencias, 6 en la Corte Electoral, 35 en los Entes y los Servicios, 16 en los Bancos Estatales, 13 en la Enseñanza, 49 en la Universidad, 28 en el Cuerpo Diplomático y 47 en otras áreas del Estado.
Se reproduce casi textualmente un informe publicado en LA REPUBLICA el 28 de junio de 2000, que recogía a su vez, datos de investigaciones de Brecha, Zeta y Jaque.
Cabe señalar que, mediante la lucha de nuestro pueblo, la acción de la Justicia y la política desplegada por los dos gobiernos del Frente Amplio, hoy hay presos varios militares acusados de violaciones a los DDHH. Sin embargo, solo dos civiles fueron presos, por su participación en la dictadura: Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco. Solamente el Sindicato Médico del Uruguay y la Udelar, realizaron cuestionamientos éticos y una depuración interna de los cuadros de la dictadura.
La mayoría de los civiles que se citan a continuación pertenecían o al Partido Colorado o al Partido Nacional, en ningún caso fueron expulsados de estas colectividades.
Son sintomáticos los casos de Etchegoyen, miembro del Directorio del Partido Nacional que pasó a presidir el primer Consejo de Estado de la Dictadura. O de Narancio, referente del diario El País, que pasó a ser el interventor de la Universidad. O de Danilo Arbilla, ex director de Búsqueda y hoy paladín de la libertad de prensa en nombre de las patronales de medios y de la SIP que fue director de información de la dictadura.
Nos pareció trascendente recordar o dar a conocer, para muchas uruguayos y uruguayos, estamos seguros que así será, la cara civil de la dictadura. De los que actuaron por convicción ideológica golpista y antidemocrática y de los oportunistas y arribistas, que nunca hubieran llegado por concurso a los cargos que detentaron, por el único mérito de ser serviles a una dictadura.
El Poder Ejecutivo
La dictadura tuvo cuatro presidentes: Juan María Bordaberry entre el 27 de junio de 1973 y el 12 de junio de 1976; Alberto Demicheli, entre el 12 de junio de 1976 y el 10 de setiembre de 1976; Aparicio Méndez, entre el 1 de octubre de 1976 y el 1 de setiembre de 1981 y Gregorio Alvarez entre el 1 de setiembre de 1981 y el 15 de febrero de 1985.
También hubo un presidente de transición, Rafael Adiego Bruno, que ocupó la primera magistratura durante los últimos 15 días de la dictadura. Ocuparon la Secretaria de la Presidencia: Alvaro Pacheco Seré, Luis Vargas Garmendia y Angel María Scelza.
Un primer escalón de colaboradores civiles con la dictadura fueron los ministros. Aquí va una lista secretaria de Estado por secretaria de Estado.
El Ministerio del Interior, tuvo a su frente militares durante los 11 años y medio de dictadura, la militarización de la Policía, su integración a las Fuerzas Conjuntas y la utilización de esta como una fuerza de represión contra su propio pueblo, era un postulado central de la Doctrina de Seguridad Nacional y así se actuó. Los militares que ocuparon el cargo de Ministro del Interior fueron: Néstor Bolentini, Hugo Linares Brum, Manuel Núñez y Yamandú Trinidad.
Los titulares de Defensa Nacional fueron: Walter Ravenna y Justo M. Alonso. Los de Relaciones Exteriores: Juan Carlos Blanco, Alejandro Rovira, Adolfo Folle Martínez, Estanislao Valdés Otero y Carlos Maeso.
En Economía y Finanzas estuvieron: Moisés Cohen, Raúl Pazos, Alejandro Vegh Villegas, Valentín Arismendi, Walter Lusiardo, y nuevamente, Alejandro Vegh Villegas.
Los ministros de Ganadería y Agricultura fueron: Benito Medero, Héctor Albuquerque, Julio Aznárez, Estanislao Valdés Otero, Juan Carlos Cassou, Félix Zubillaga y Carlos Mattos Moglia.
En Trabajo y Seguridad Social estuvieron: José Enrique Etcheverry Stirling, Marcial Bugallo, Carlos Maeso y Luis Alberto Crisci (además del coronel Néstor Bolentini).
En Educación y Cultura: Edmundo Narancio, Daniel Darracq, Raquel Lombardo de Debetolazza, Juan Bautista Schroeder y Armando López Scavino.
En Industria y Energía: Luis Meyer, Adolfo Cardozo Guani, Francisco Tourreilles, Juan Chiarino Rossi y Felisberto Ginzo Gil.
En Salud Pública: Juan Bruno Iruleguy, Justo M. Alonso, Antonio Cañellas y Luis Givogre.
En Transporte y Comunicaciones y Turismo: Francisco Mario Ubillos (este ministerio se suprimió).
En Transporte y Obras Públicas: Eduardo Crispo Ayala y Eduardo Sampson. En el Ministerio de Justicia, creado por la dictadura, estuvo como ministro inaugural Fernando Bayardo Bengoa y lo siguieron Julio César Espínola y César Frigerio.
Un segundo nivel de importancia de los cuadros civiles de la dictadura en el Poder Ejecutivo fueron las subsecretarias es decir los números dos políticos de cada ministerio. Esta lista, vale reiterarlo, no es completa, es la que se pudo rescatar y habrá que seguirla completando.
En el Ministerio del Interior: Roberto Augusto Neri, Luis Vargas Garmendia, y Jorge Amondarain Mendoza. En Defensa Nacional: Armando Chiarino Agurrire. En Relaciones Exteriores: Guido Michelin Salomón, Enrique Delfante, Julio César Lupinacci, Felisberto Ginzo Gil y Heber Arbouet. En Economía y Finanzas: Ernesto Rosso y Valentín Arismendi. En Ganadería y Agricultura: Lazar Gurevich, Juan Carlos Cassou y Tydeo Larre Borges. En Trabajo y Seguridad Social: Alfredo Baeza y Ramón Malvasio. En Educación y Cultura: Carlos Alberto Roca, Héctor Mario Artucio, Luis Antonio Menafra y Martín C. Martínez. En Industria y Energía: Elías Pérez. En Salud Pública: Mario Arcos Pérez, Jorge Nin Vivó y Luis Nicoletti Torchelo. En Justicia: José Calatayud Bosch, Heber Arbouet, Juan Pablo Shcroeder y Dante Barrios.
El Parlamento decorativo
En sustitución del Parlamento la dictadura nombró, como supuesto órgano legislativo, al Consejo de Estado. El primer Consejo de Estado fue designado por el dictador Juan María Bordaberry y entró en funciones el 19 de noviembre de 1973.
Luego y mediante un acta institucional, se creó el Consejo de la Nación, que integraban los 25 Consejeros de Estado y los 21 oficiales generales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Este órgano, emblemático de la nueva institucionalidad creada por la dictadura por su integración de civiles y militares, tenía entre sus cometidos designar a los Consejeros de Estado y ocupar las vacantes que se fueran produciendo.
El primer Consejo de Estado, el designado por el dictador Bordaberry, tuvo la siguiente integración: doctor Martín Recaredo Etchegoyen (presidente), doctora Aurora Alvarez de Silva Ledesma, Gladys Freire de Addiego, María Luisa Coolighan Sanguinetti, doctor Alberto Demichelli, doctor Aparicio Méndez, doctor Hamlet Reyes, doctor Emilio Siemens Amaro, doctor Julio César Espínola, José Antonio Varela, Jesús Rubio, doctor Daniel Rodríguez Larreta, Juan Rodríguez López, doctor Mario Arcos Pérez, Rodolfo Saccone, doctor Alfredo Lamaison, doctor Mario Gaggero, arquitecto Raúl Clerc, doctor José Francisco Franca, doctor Osvaldo Soriano, doctor Enrique Viana Reyes, Alfredo Cardoso Arrarte, ingeniero Eduardo Praderi, ingeniero Mario Jorge Coppetti y Jorge Spangenberg.
El 1º de setiembre de 1976 se procesó la primera renovación importante del Consejo de Estado y quedó así: doctor Hamlet Reyes (presidente), doctora Aurora Alvarez de Silva Ledesma, doctor Mario Arcos Pérez, ingeniero Mario Jorge Coppetti, doctor Julio César Espínola, doctor José Francisco Franca, doctor Mario Gaggero, ingeniero Eduardo Praderi, doctor Daniel Rodríguez Larreta, doctor Osvaldo Soriano, doctor Enrique Viana Reyes, doctor Jorge Laborde Bercianos, doctor Martín C. Martínez, doctor Willy Patocchi, profe- sora Blanca Amorós De León de Dutra, profesor José Carlos Brun Cardoso, doc- tor Marcial Bugallo, ingeniero Eduardo Crispo Ayala, doctor José Enrique Etcheverry Stirling, ingeniero químico Bertrand Gruss, doctor Rafael Ravera Giuria, contador Pedro P. Rivero, contador Alberto Rodríguez Marghieri, ingeniero agrónomo Jorge Seré del Campo e ingeniero Alejandro Vegh Villegas. Quienes figuran en los primeros 11 lugares de la lista integraban el Consejo de Estado desde su creación y permanecieron en esta segunda versión; los 3 siguientes se habían incorporado
antes de noviembre de 1976 y fueron avalados, los 11 restantes fueron designados en esa fecha. El Consejo de la Nación debía designar 5 suplentes, pero sólo logro acuerdo para designar a 3, que fueron: el profesor José Luis Vadora Rozier, Edgardo Héctor Abell y el doctor Buenaventura Caviglia Cámpora.
Un año después, en 1977, dejaron sus cargos Mario Gaggero, Blanca Amorós de León de Dutra, Osvaldo Soriano y José Etheverry Stirling. Ocuparon esas plazas: José Luis Vadora Rozier, Buenaventura Caviglia Cámpora y el arquitecto Gustavo Nicolich.
El Consejo de la Nación designó 5 suplentes, esta vez se pusieron de acuerdo, y fueron distinguidos con el cargo: el profesor Batutista Etcheverry Baggio y los doctores Francisco Paternó, Carlos Maeso, Orlando Benia Comas y Raimundo Abella.
Cuando el teniente general Gregorio Alvarez asume como dictador se vuelve a renovar el Consejo de Estado. A través del acta institucional 11, del 28 de julio de 1981, se aumentó el número de 25 a 35. De la integración inicial de 8 años antes solo quedaron Hamlet Reyes y Eduardo Praderi. Mantuvieron sus cargos en la institucionalidad fascista Marcial Bugallo y Federico García Capurro. Todos los demás, que acompañaron el ascenso al poder de Gregorio Alvarez, eran nuevos: la nueva camada de colaboracionistas de la represión y el terrorismo de Estado.
Entre los nuevos había intendentes de la dictadura, pertenecientes al Partido Colorado y el Partido Nacional, como Belvisi, Benachín, González y Gutiérrez; otros eran militares retirados, como Bolentini y Bendahan e incluso había algunos que habían sido parlamentarios antes del Golpe, como Craviotto y Cérsosimo, ambos del Partido Colorado. La nómina completa del Consejo de Estado que acompañó a Gregorio Alvarez es la siguiente: Hamlet Reyes (presidente), doctor Marcial Bugallo, doctor Federico García Capurro, ingeniero Eduardo Praderi, arquitecto Walter Belvisi, Norberto Bernachín, Gervasio González, ingeniero agrónomo Adolfo Gutiérrez, coronel Néstor Bolentini, escribano Pedro W. Cersósimo, profesor Wilson Craviotto, brigadier general Raúl Bendahan, Alberto Aguiar, Hugo Amondarain, Fernando Assucao, Bernardo Barrán, Daniel Barreiro, Domingo Burgueño Miguel, Juan J. Burgos, Eduardo Carrera Hughes, Rodolfo Ciganda, Luis A. Crisci, Waldemar Cuadri, Alfredo De Castro, Milton de los Santos, doctor Eduardo Esteva, doctor Juan Santana Etcheverrito, Antonio Gabito Barrios, escribano Manuel Gastelumendi, doctor Carlos A. Gelpi, Alfonso Greissing, Irma Lamana, profesor Ricardo Milessi, Genaro Perinetti García y Ruben Riani. En total fueron Consejeros de Estado de la dictadura 113 hombres y mujeres. En la etapa final de la dictadura ingresaron al Consejo de Estado en diferentes momentos: el doctor Jorge Amondarain Mendoza, la doctora María Ruth Andrade de Ochoa, el doctor Enrique Arocena Olivera, el doctor Dardo Casas del Río, Alberto del Pino Borrallo, Luis O. Dini, Juan P. Ferreira, profesor Werther Martínez, doctor Miguel Pereira Serra, doctor Cesalino Silveira, Armando Barhaburu Bagalciague, Jorge Borlandelli, Gilver Cagnone, Francisco Cantou, Eduardo Galagorri Bruche, contralmirante ® Víctor González Ibargoyen, Antonio Guerra, Hugo Manini Ríos, Julio César Michelli, Pablo Millor, Daniel Ordoñez, Víctor Otriz, Miguel Peirano, doctor Ricardo Reily Salaverry, Emilio Sader, Nelson Simonetti, Atanasildo Viera y Ariel Villar.
La Justicia secuestrada
Con el acta institucional Nº 8 se creó el Ministerio de Justicia y se suprimió, por completo, la independencia del Poder Judicial. Esta ya se había recortado y vulnerado al darle potestad a los Tribunales Militares para juzgar a civiles en el marco de la represión, durante los gobiernos de Partido Colorado, encabezados por Jorge Pacheco Areco y Juan María Bordaberry.
Para entender algunas cosas del presente y la importancia que le dio la dictadura a la penetración al sistema de Justicia baste recordar las declaraciones de quien fuera Ministro de Justicia de la dictadura, Rafael Addiego Bruno, quién dijo luego de recuperada la democracia, que “de los 190 jueces, de paz, penales y de los tribunales de apelaciones, 180 fueron designados o ascendieron durante el régimen de facto” (Revista Jaque, 26 de junio de 1985).
Durante la dictadura los jueces, al asumir, debían jurar respeto a las Actas Institucionales y no sólo a la Constitución.
En una lista obligatoriamente parcial, que debe hacerse más exhaustiva, cabe recordar que de los actuales 5 miembros de la Suprema Corte de Justicia 4 ingresaron al Poder Judicial durante la dictadura, publicamos los nombres de la Corte de Justicia de la dictadura y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
En la Corte de Justicia (la dictadura le sacó el nombre de Suprema) estuvieron en 1977: Francisco Jas Marcora, Rómulo Vago, Carlos H. Dubra, José Pedro Gatto de Souza y Sabino Dante Sabini. En 1984 sus integrantes eran: Rafael Addiego Bruno, José Pedro Gatto de Souza, Ramiro López Rivas Sara Fons de Genta y Juan José Silva Delgado. Integraron en otros momentos de la dictadura la Corte Suprema de Justicia: Eric Colombo y Enrique V. Frigerio.
En 1977 integraban el Tribunal de lo Contecioso Administrativo: Miguel Fernández Viqueira, César Canessa Etcheverr y, Alberto Reyes Terra, Ramiro López Rivas y Victor Maestro Toletti. En 1984 estaba compuesto por: Víctor Maestro Toletti, Orlando Olmedo, Francisco D´Angelo, Héctor Clavijo y José Julio Folle. También lo integró en otros momentos Hilda Moltedo de Espíndola.
Los intendentes de la dictadura
La dictadura reservó para sus coroneles el preciado botín de las intendencias intervenidas. Pero los civiles colaboradores también obtuvieron participación y más de 15 fueron designados para este codiciado cargo, que permitía acceso a recursos y manejo de cuotas de poder.
Todos los civiles que se desempeñaron como intendentes de la dictadura fueron blancos y colorados. En Montevideo estuvieron los doctores Víctor Rachetti y Juan Carlos Paysée. En Artigas, Basilio Bargato; en Canelones, Gervasio González; en Cerro Largo, Juan José Burgos; en Flores, Pedro Ramos Mañé; en Lavalleja, Juan Salaberry Olascoaga y Oribe Pereyra Parada; en Paysandú, Walter Belvisi; en Rivera, Ariel Pereyra y Adolfo Gutiérrez; en Rocha, Milton de los Santos; en Salto, Néstor Minutti; en San José; Juan Chiruchi; en Tacuarembó, Norberto Bernachín y en Treinta y Tres, Ruben Silveira Zuolaga.
Corte Electoral, ¿para qué?
Una Corte Electoral en una dictadura no es un organismo con mucho uso, salvo para controlar y por supuesto, para beneficiarse de un cargo, un sueldo y las prebendas de ser funcionarios del régimen. En la Corte Electoral estuvieron: Nicolás Storace Arrosa (presidente interventor), Camilo Pereyra Urueña y Nelson Vicens Alegre y Ricardo Cerro. La jefa de abogados fue la doctora Cristina Maeso y el secretario letrado, que luego siguió por años en democracia, Mario Cataldi.
Los banqueros de la dictadura
Los contadores José Gil Díaz, José María Puppo y Juan Carlos Protassi se sucedieron en la presidencia del Banco Central. Integraron también el directorio del Banco Central, Carlos Koncke, Luis Romero Diana y Julio César Pacchioti.
En el Banco República estuvieron Moisés Cohen, Raúl Ferraro y Bolívar Castro. El Banco Hipotecario estuvo presidido durante casi toda la dictadura por Julio César Luongo, En el BHU hubo una presencia hegemónica de oficiales de la Fuerza Aérea, pero también actuaron civiles: Ernesto Llovet, Alberto Romaniello y Angel María Scelza.
En el Banco de Seguros, actuaron: Federico Baum González, Osorio de Salterain, Osvaldo Sánchez Márquez y Carlos Ravenna.
Los diplomáticos del terror
Fueron embajadores de la dictadura, entre otros, Jorge Pacheco Areco (en España, Suiza y EEUU), Adolfo Folle Martínez (en Argentina), Carlos Manini Ríos (en Brasil), José Enrique Etcheverry Stirling (en Francia), Edgardo Abella (en el Reino Unido y España), Raúl Soriano Mesía (en el Reino Unido), Fernando Gómez Fyn (en Colombia), Osvaldo Soriano (en Guatemala), Francisco Mario Ubillos (en Portugal), Raquel Lombardo de Debetolaza (en El Vaticano), Francisco Bustillo del Campo (en Bolivia), Buenaventura Caviglia Cámpora (en China), Alvaro Alvarez (en los Países Bajos), Gastón Sciara Rebollo (en Egipto), Carlos Duarte (en Grecia), Raúl Benavidez (en Canadá) y Adolfo Silva Delgado (en Corea).
Sin duda un papel especial de defensa de la dictadura, sobre todo ante las denuncias internacionales por las violaciones a los DDHH, jugaron Carlos Alberto Roca y Carlos Giambruno, que fueron representantes permanentes ante la ONU; Martín C. Martínez ante la UNESCO; Mateo Márquez Seré, Carlos Alberto Roca y Francisco Bustillo ante la OEA.
Muy especial fue el papel de quienes defendieron la dictadura ante Comisión de DDHH de la ONU. En los años 1979 y 1980 integraron esas delegaciones Carlos Giambruno, Juan José Real, Zulma Guelman, Luis A. Carrese, Carlos Nadal, Carlos Barros Oreiro, Alvaro Moerzinger, José Catalayud Bosch, Ruben Díaz Porto y Graziella Dubra.
Entes y Servicios
En los Entes y Servicios Descentralizados, particularmente en los primeros, la presencia militar fue la tónica. En algunos de ellos no aparecen civiles encabezándolos, al menos no surgen de las investigaciones periodísticas, como los casos de PLUNA, ANP y AFE. En los restantes entes la preponderancia militar fue notoria, incluso hubo una repartición entre las tres armas de los entes del Estado, aunque en algunos colaboraron las tres. Igualmente hubo presencia civil en los directorios.
En OSE estuvieron: Juan Carlos Payseé, Ricardo Bengoa Rodríguez, los ingenieros Nicolás Goloubintseff, Pedro Echeverrigaray, Horacio Paullier Puig y Alberto Barragu Fassoli, también el contador Nelson Russo.
En ANTEL actuaron los ingenieros Norberto Faroppa, Edison García Regueiro e Isidro Vila, los contadores Hugo Federico Aguiar y Carlos Corti Moreno y el doctor Antonio Stella.
En ANCAP: el ingeniero químico Bertrand Gruss Dassain y los contadores Enrique Víctor Conde, Raúl Manuel Pazos y Alberto Carlevari.
En UTE: el arquitecto Juan José Castro y la ingeniera Marta Casabó.
En el SODRE se desempeñaron el arquitecto Emilio Massabrio, el doctor Eric Simon, Jorge Rodríguez Deluchi e Imazul Fernández.
En el Consejo del Niño actuaron: los doctores Mario Cantón y Juan Antonio Baglivi, las educacionistas María Teresita Farías de Pastorell y Nelly Vioeta Sarasúa de Siqueira.
En el Banco de Previsión Social se desempeñaron los doctores Juan Buccino Clérico, Ricardo Arguello Bellini, Alfredo Lamaison y Jaime Bonsignore. Fueron directores generales de la seguridad social Alfredo Ruiz Popelka y el contador Juan Femenías Iglesias, y subdirector, el contador Luis Givogre, quien también estuvo al frente, junto con el doctor Ruben Gayol, de Asignaciones Familiares.
En el Tribunal de Cuentas estuvieron el contador Julio V. Canessa, Roberto Lasale, Washington Fernández, Humberto Balleto, Juan José Fraschini, Ulises Morassi y Lliri Pedro Sassi.
En el Instituto Nacional de Colonización actuaron Walter Arias, Tydeo Larre Borges (hijo), Oscar Aguirre y Carlos Zita.
En el Consejo Nacional de Turismo estuvieron el agrimensor Adolfo Agorio, el arquitecto Jorge Fagel Figari, Julio Jorge Núñez Queiros y Victor Paullier Martínez.
También tuvieron cargos de confianza durante la dictadura las siguientes personas: Danilo Arbilla, director de Difusión e Informaciones de la Presidencia de la República; Barret Puig, prosecretario de Difusión e Informciones de la Presidencia de la República; José A. Barrio y Ruben Gayol, inspectores generales de Trabajo, el contador Romeo Maeso Sueiro, director de Aduanas; Ernesto Castaldi, director de Migraciones; los contadores Jorge Ponce de León Previtali y Mi- guel Angel Loureiro, directores de la Contaduría General de la Nación; el contador José María Michietti, director de SEPLACODI; el ingeniero agrónomo Eduardo Peile, director del INAC; el contador David Manuel Cukierman, Tesorero General de la Nación; el ingeniero Manuel Berger, director nacional de Energía; el doctor Héctor Volpe, presidente de la Junta de Vecinos de Montevideo; el contador Horacio Parodi, director general de Estadística y Censos; los ingenieros César Esperanza y Remigio Dante Gabín Pirotti, directores nacionales de Industria; el ingeniero agrónomo Julio Aznárez, presidente del Plan Agropecuario; los doctores Mario Tissoni y Daniel Gamarra, director y sub director, de la Oficina de Servicio Civil; Sarandí J. Silveira, director de Dinacoprin; el doctor Osvaldo Sánchez Márquez, director de Coprin, el contador Raúl Xavier, director de la Dirección General Impositiva; Jorge Sienra y Santiago Acuña, directores de Comer- cio Exterior y Angela Chiola de Píriz, Directora Nacional de Trabajo.
La enseñanza copada
El CONAE gobernaba la enseñanza primaria, secundaria y técnica, fueron sus rectores: el arquitecto Elzeario Boix Larriera, el ingeniero Daniel Ferreira y el profesor Ramiro Mata.
También ocuparon cargos de alta responsabilidad en el CONAE, como director general, el inspector Mario Roldós Puis y como secretario general, el inspector Eleuterio González.
Enseñanza Primaria estuvo a cargo del doctor Pedro Freire y del maestro Miguel Ribolla; Secundaria del doctor Fernando Bosch y de los profesores Carlos Pascual y Juan Carlos Laborde; la enseñanza técnica fue dirigida por Enrique Kliche y el profesor Miguel Curbelo Platero.
La intervención de la Universidad
La Universidad fue un blanco explícito de la dictadura. Fue intervenida en noviembre de 1973 tras fracasar el intento, en setiembre, de unas elecciones donde se desplazara a las autoridades legítimas, esas elecciones fueron ganadas por la FEUU y los gremios a pesar de la represión y el miedo. Desde esa fecha los rectores fueron designados directamente por el Poder Ejecutivo golpista. El primer rector interventor de la dictadura fue el doctor Edmundo Narancio, redactor del diario El País. Luego lo siguieron el arquitecto Gustavo Nicolich, el contador Jorge Anselmi, el doctor Enrique Viana Reyes, la doctora Raquel Lombardo de Debetolazza, el doctor Luis Antonio Menafra y el doctor Gonzalo Lapido Díaz.
En los decanatos de las facultades estuvieron aproximadamente 40 profesionales. En Derecho y Ciencias Sociales: Raúl Abraham, Valentín Sánchez, Luis Sayagués Laso, Manuel Adolfo Vieira, Blas Rossi Masella y Manuel Orlando López. En Medicina: los doctores Gonzalo Fernández (que no tiene nada que ver con el catedrático en derecho penal y luego secretario general del la presidencia y canciller en el gobierno del FA), Eduardo Anavitarte, Gonzalo Lapido Díaz y Carlos Oenhinger.
En Ciencias Económicas: los contadores Jorge Anselmi y Nilo Berchesi. En Agronomía: los ingenieros agrónomos Adolfo Berro, Daniel Faggi y Armando Rabufetti. En Odontología: los doctores Hugo Amorín, Miguel Banchieri, Walter Lieber Belli y José B. Costas.
En Humanidades y Ciencias: el licenciado Miguel Klappenbach y el doctor Rodolfo Gori Carrara. En Arquitectura, los arquitectos Gustavo Nicolich, Reclus Amenedo y Juan José Casal Rocco. En Química: los doctores José Delfino Lema, Raquel Lombardo de Debetolazza, Luis Menafra y Firvalier Bassagoda. En Ingeniería: los ingenieros Alfredo de Santiago, Juan Carlos Paletta Queirolo, Norberto Faroppa y Héctor Ibarlucca. En Veterinaria: los doctores Carlos Olave Castro, Gustavo Cristi, Héctor Lazanco, Oscar Latourrette, Mario Aragunde y Carlos Muniz.
En la dirección de la Escuela de Servicio Social estuvieron: Alberto Leizagoyen y José Botta Roccatagliatta. En la entonces Escuela de Psicología estuvo el doctor Mario Saiz. En el Conservatorio de Música, el doctor Pedro Ipuche Riva. En el Instituto de Economía, el contador Alberto Bensión y en el de Estudios Sociales, el doctor Ulises Graseras.
Especial tarea cumplió la División de Sumarios de la Universidad, que encabezó la caza de brujas contra docentes y funcionarios. Cientos de sumarios y destituciones, amparadas en el Acta Institucional Nº 7. El responsable entre 1974 y 1981 fue el doctor Roberto Falchetti y trabajaron cercanos a él, y operaron en esos procedimientos: José María Traibel, Mario Artecona, Juan José Calanchini y el escribano Juan Antonio Trocoli.
El SMU también
Fue intervenido el Sindicato Médico del Uruguay, al principio esta intervención fue ejercida por un colectivo integrado por: el doctor Eustaquio Montero, el escribano Mauricio Lionel Vidal, el doctor Roberto Falchetti, el contador Raúl Bartesaghi y el doctor Mario Artecona. Después paso a hacer unipersonal y la asumió el doctor Juan Tarrasa y a partir de 1976, recayó en el doctor Mario Genta.
Es un error común calificar al golpe de Estado y a la dictadura como militares. A la cuestión obvia de que el golpe lo dio, un civil, electo además por el Partido Colorado, Juan María Bordaberry, se suma que hubo cientos de civiles que apoyaron la dictadura, fueron su sustento técnico e ideológico y permitieron que el Estado fascista funcionara.
Cuando se habla de dictadura fascista, se hace justamente para categorizar con justeza lo que ocurrió en este país. Fue un golpe y un régimen sustentado por la oligarquía nacional, en especial por los representantes del capital financiero, el latifundio, los grandes capitales trasnacionales y los más retrógrados de los profesionales e intelectuales.
Eso se expresó en el apoyo al golpe de la Asociación Rural, la Asociación de Bancos, una parte no menor de las gremiales empresariales, por supuesto que la embajada de EEUU y los sectores más conservadores del Partido Colorado y el Partido Nacional.
EL POPULAR publica un listado, incompleto por cierto, de 421 civiles que ocuparon cargos de confianza durante la dictadura: 74 en el Poder Ejecutivo, 113 del Consejo de Estado, 24 en el Poder Judicial, 16 en las Intendencias, 6 en la Corte Electoral, 35 en los Entes y los Servicios, 16 en los Bancos Estatales, 13 en la Enseñanza, 49 en la Universidad, 28 en el Cuerpo Diplomático y 47 en otras áreas del Estado.
Se reproduce casi textualmente un informe publicado en LA REPUBLICA el 28 de junio de 2000, que recogía a su vez, datos de investigaciones de Brecha, Zeta y Jaque.
Cabe señalar que, mediante la lucha de nuestro pueblo, la acción de la Justicia y la política desplegada por los dos gobiernos del Frente Amplio, hoy hay presos varios militares acusados de violaciones a los DDHH. Sin embargo, solo dos civiles fueron presos, por su participación en la dictadura: Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco. Solamente el Sindicato Médico del Uruguay y la Udelar, realizaron cuestionamientos éticos y una depuración interna de los cuadros de la dictadura.
La mayoría de los civiles que se citan a continuación pertenecían o al Partido Colorado o al Partido Nacional, en ningún caso fueron expulsados de estas colectividades.
Son sintomáticos los casos de Etchegoyen, miembro del Directorio del Partido Nacional que pasó a presidir el primer Consejo de Estado de la Dictadura. O de Narancio, referente del diario El País, que pasó a ser el interventor de la Universidad. O de Danilo Arbilla, ex director de Búsqueda y hoy paladín de la libertad de prensa en nombre de las patronales de medios y de la SIP que fue director de información de la dictadura.
Nos pareció trascendente recordar o dar a conocer, para muchas uruguayos y uruguayos, estamos seguros que así será, la cara civil de la dictadura. De los que actuaron por convicción ideológica golpista y antidemocrática y de los oportunistas y arribistas, que nunca hubieran llegado por concurso a los cargos que detentaron, por el único mérito de ser serviles a una dictadura.
El Poder Ejecutivo
La dictadura tuvo cuatro presidentes: Juan María Bordaberry entre el 27 de junio de 1973 y el 12 de junio de 1976; Alberto Demicheli, entre el 12 de junio de 1976 y el 10 de setiembre de 1976; Aparicio Méndez, entre el 1 de octubre de 1976 y el 1 de setiembre de 1981 y Gregorio Alvarez entre el 1 de setiembre de 1981 y el 15 de febrero de 1985.
También hubo un presidente de transición, Rafael Adiego Bruno, que ocupó la primera magistratura durante los últimos 15 días de la dictadura. Ocuparon la Secretaria de la Presidencia: Alvaro Pacheco Seré, Luis Vargas Garmendia y Angel María Scelza.
Un primer escalón de colaboradores civiles con la dictadura fueron los ministros. Aquí va una lista secretaria de Estado por secretaria de Estado.
El Ministerio del Interior, tuvo a su frente militares durante los 11 años y medio de dictadura, la militarización de la Policía, su integración a las Fuerzas Conjuntas y la utilización de esta como una fuerza de represión contra su propio pueblo, era un postulado central de la Doctrina de Seguridad Nacional y así se actuó. Los militares que ocuparon el cargo de Ministro del Interior fueron: Néstor Bolentini, Hugo Linares Brum, Manuel Núñez y Yamandú Trinidad.
Los titulares de Defensa Nacional fueron: Walter Ravenna y Justo M. Alonso. Los de Relaciones Exteriores: Juan Carlos Blanco, Alejandro Rovira, Adolfo Folle Martínez, Estanislao Valdés Otero y Carlos Maeso.
En Economía y Finanzas estuvieron: Moisés Cohen, Raúl Pazos, Alejandro Vegh Villegas, Valentín Arismendi, Walter Lusiardo, y nuevamente, Alejandro Vegh Villegas.
Los ministros de Ganadería y Agricultura fueron: Benito Medero, Héctor Albuquerque, Julio Aznárez, Estanislao Valdés Otero, Juan Carlos Cassou, Félix Zubillaga y Carlos Mattos Moglia.
En Trabajo y Seguridad Social estuvieron: José Enrique Etcheverry Stirling, Marcial Bugallo, Carlos Maeso y Luis Alberto Crisci (además del coronel Néstor Bolentini).
En Educación y Cultura: Edmundo Narancio, Daniel Darracq, Raquel Lombardo de Debetolazza, Juan Bautista Schroeder y Armando López Scavino.
En Industria y Energía: Luis Meyer, Adolfo Cardozo Guani, Francisco Tourreilles, Juan Chiarino Rossi y Felisberto Ginzo Gil.
En Salud Pública: Juan Bruno Iruleguy, Justo M. Alonso, Antonio Cañellas y Luis Givogre.
En Transporte y Comunicaciones y Turismo: Francisco Mario Ubillos (este ministerio se suprimió).
En Transporte y Obras Públicas: Eduardo Crispo Ayala y Eduardo Sampson. En el Ministerio de Justicia, creado por la dictadura, estuvo como ministro inaugural Fernando Bayardo Bengoa y lo siguieron Julio César Espínola y César Frigerio.
Un segundo nivel de importancia de los cuadros civiles de la dictadura en el Poder Ejecutivo fueron las subsecretarias es decir los números dos políticos de cada ministerio. Esta lista, vale reiterarlo, no es completa, es la que se pudo rescatar y habrá que seguirla completando.
En el Ministerio del Interior: Roberto Augusto Neri, Luis Vargas Garmendia, y Jorge Amondarain Mendoza. En Defensa Nacional: Armando Chiarino Agurrire. En Relaciones Exteriores: Guido Michelin Salomón, Enrique Delfante, Julio César Lupinacci, Felisberto Ginzo Gil y Heber Arbouet. En Economía y Finanzas: Ernesto Rosso y Valentín Arismendi. En Ganadería y Agricultura: Lazar Gurevich, Juan Carlos Cassou y Tydeo Larre Borges. En Trabajo y Seguridad Social: Alfredo Baeza y Ramón Malvasio. En Educación y Cultura: Carlos Alberto Roca, Héctor Mario Artucio, Luis Antonio Menafra y Martín C. Martínez. En Industria y Energía: Elías Pérez. En Salud Pública: Mario Arcos Pérez, Jorge Nin Vivó y Luis Nicoletti Torchelo. En Justicia: José Calatayud Bosch, Heber Arbouet, Juan Pablo Shcroeder y Dante Barrios.
El Parlamento decorativo
En sustitución del Parlamento la dictadura nombró, como supuesto órgano legislativo, al Consejo de Estado. El primer Consejo de Estado fue designado por el dictador Juan María Bordaberry y entró en funciones el 19 de noviembre de 1973.
Luego y mediante un acta institucional, se creó el Consejo de la Nación, que integraban los 25 Consejeros de Estado y los 21 oficiales generales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Este órgano, emblemático de la nueva institucionalidad creada por la dictadura por su integración de civiles y militares, tenía entre sus cometidos designar a los Consejeros de Estado y ocupar las vacantes que se fueran produciendo.
El primer Consejo de Estado, el designado por el dictador Bordaberry, tuvo la siguiente integración: doctor Martín Recaredo Etchegoyen (presidente), doctora Aurora Alvarez de Silva Ledesma, Gladys Freire de Addiego, María Luisa Coolighan Sanguinetti, doctor Alberto Demichelli, doctor Aparicio Méndez, doctor Hamlet Reyes, doctor Emilio Siemens Amaro, doctor Julio César Espínola, José Antonio Varela, Jesús Rubio, doctor Daniel Rodríguez Larreta, Juan Rodríguez López, doctor Mario Arcos Pérez, Rodolfo Saccone, doctor Alfredo Lamaison, doctor Mario Gaggero, arquitecto Raúl Clerc, doctor José Francisco Franca, doctor Osvaldo Soriano, doctor Enrique Viana Reyes, Alfredo Cardoso Arrarte, ingeniero Eduardo Praderi, ingeniero Mario Jorge Coppetti y Jorge Spangenberg.
El 1º de setiembre de 1976 se procesó la primera renovación importante del Consejo de Estado y quedó así: doctor Hamlet Reyes (presidente), doctora Aurora Alvarez de Silva Ledesma, doctor Mario Arcos Pérez, ingeniero Mario Jorge Coppetti, doctor Julio César Espínola, doctor José Francisco Franca, doctor Mario Gaggero, ingeniero Eduardo Praderi, doctor Daniel Rodríguez Larreta, doctor Osvaldo Soriano, doctor Enrique Viana Reyes, doctor Jorge Laborde Bercianos, doctor Martín C. Martínez, doctor Willy Patocchi, profe- sora Blanca Amorós De León de Dutra, profesor José Carlos Brun Cardoso, doc- tor Marcial Bugallo, ingeniero Eduardo Crispo Ayala, doctor José Enrique Etcheverry Stirling, ingeniero químico Bertrand Gruss, doctor Rafael Ravera Giuria, contador Pedro P. Rivero, contador Alberto Rodríguez Marghieri, ingeniero agrónomo Jorge Seré del Campo e ingeniero Alejandro Vegh Villegas. Quienes figuran en los primeros 11 lugares de la lista integraban el Consejo de Estado desde su creación y permanecieron en esta segunda versión; los 3 siguientes se habían incorporado
antes de noviembre de 1976 y fueron avalados, los 11 restantes fueron designados en esa fecha. El Consejo de la Nación debía designar 5 suplentes, pero sólo logro acuerdo para designar a 3, que fueron: el profesor José Luis Vadora Rozier, Edgardo Héctor Abell y el doctor Buenaventura Caviglia Cámpora.
Un año después, en 1977, dejaron sus cargos Mario Gaggero, Blanca Amorós de León de Dutra, Osvaldo Soriano y José Etheverry Stirling. Ocuparon esas plazas: José Luis Vadora Rozier, Buenaventura Caviglia Cámpora y el arquitecto Gustavo Nicolich.
El Consejo de la Nación designó 5 suplentes, esta vez se pusieron de acuerdo, y fueron distinguidos con el cargo: el profesor Batutista Etcheverry Baggio y los doctores Francisco Paternó, Carlos Maeso, Orlando Benia Comas y Raimundo Abella.
Cuando el teniente general Gregorio Alvarez asume como dictador se vuelve a renovar el Consejo de Estado. A través del acta institucional 11, del 28 de julio de 1981, se aumentó el número de 25 a 35. De la integración inicial de 8 años antes solo quedaron Hamlet Reyes y Eduardo Praderi. Mantuvieron sus cargos en la institucionalidad fascista Marcial Bugallo y Federico García Capurro. Todos los demás, que acompañaron el ascenso al poder de Gregorio Alvarez, eran nuevos: la nueva camada de colaboracionistas de la represión y el terrorismo de Estado.
Entre los nuevos había intendentes de la dictadura, pertenecientes al Partido Colorado y el Partido Nacional, como Belvisi, Benachín, González y Gutiérrez; otros eran militares retirados, como Bolentini y Bendahan e incluso había algunos que habían sido parlamentarios antes del Golpe, como Craviotto y Cérsosimo, ambos del Partido Colorado. La nómina completa del Consejo de Estado que acompañó a Gregorio Alvarez es la siguiente: Hamlet Reyes (presidente), doctor Marcial Bugallo, doctor Federico García Capurro, ingeniero Eduardo Praderi, arquitecto Walter Belvisi, Norberto Bernachín, Gervasio González, ingeniero agrónomo Adolfo Gutiérrez, coronel Néstor Bolentini, escribano Pedro W. Cersósimo, profesor Wilson Craviotto, brigadier general Raúl Bendahan, Alberto Aguiar, Hugo Amondarain, Fernando Assucao, Bernardo Barrán, Daniel Barreiro, Domingo Burgueño Miguel, Juan J. Burgos, Eduardo Carrera Hughes, Rodolfo Ciganda, Luis A. Crisci, Waldemar Cuadri, Alfredo De Castro, Milton de los Santos, doctor Eduardo Esteva, doctor Juan Santana Etcheverrito, Antonio Gabito Barrios, escribano Manuel Gastelumendi, doctor Carlos A. Gelpi, Alfonso Greissing, Irma Lamana, profesor Ricardo Milessi, Genaro Perinetti García y Ruben Riani. En total fueron Consejeros de Estado de la dictadura 113 hombres y mujeres. En la etapa final de la dictadura ingresaron al Consejo de Estado en diferentes momentos: el doctor Jorge Amondarain Mendoza, la doctora María Ruth Andrade de Ochoa, el doctor Enrique Arocena Olivera, el doctor Dardo Casas del Río, Alberto del Pino Borrallo, Luis O. Dini, Juan P. Ferreira, profesor Werther Martínez, doctor Miguel Pereira Serra, doctor Cesalino Silveira, Armando Barhaburu Bagalciague, Jorge Borlandelli, Gilver Cagnone, Francisco Cantou, Eduardo Galagorri Bruche, contralmirante ® Víctor González Ibargoyen, Antonio Guerra, Hugo Manini Ríos, Julio César Michelli, Pablo Millor, Daniel Ordoñez, Víctor Otriz, Miguel Peirano, doctor Ricardo Reily Salaverry, Emilio Sader, Nelson Simonetti, Atanasildo Viera y Ariel Villar.
La Justicia secuestrada
Con el acta institucional Nº 8 se creó el Ministerio de Justicia y se suprimió, por completo, la independencia del Poder Judicial. Esta ya se había recortado y vulnerado al darle potestad a los Tribunales Militares para juzgar a civiles en el marco de la represión, durante los gobiernos de Partido Colorado, encabezados por Jorge Pacheco Areco y Juan María Bordaberry.
Para entender algunas cosas del presente y la importancia que le dio la dictadura a la penetración al sistema de Justicia baste recordar las declaraciones de quien fuera Ministro de Justicia de la dictadura, Rafael Addiego Bruno, quién dijo luego de recuperada la democracia, que “de los 190 jueces, de paz, penales y de los tribunales de apelaciones, 180 fueron designados o ascendieron durante el régimen de facto” (Revista Jaque, 26 de junio de 1985).
Durante la dictadura los jueces, al asumir, debían jurar respeto a las Actas Institucionales y no sólo a la Constitución.
En una lista obligatoriamente parcial, que debe hacerse más exhaustiva, cabe recordar que de los actuales 5 miembros de la Suprema Corte de Justicia 4 ingresaron al Poder Judicial durante la dictadura, publicamos los nombres de la Corte de Justicia de la dictadura y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
En la Corte de Justicia (la dictadura le sacó el nombre de Suprema) estuvieron en 1977: Francisco Jas Marcora, Rómulo Vago, Carlos H. Dubra, José Pedro Gatto de Souza y Sabino Dante Sabini. En 1984 sus integrantes eran: Rafael Addiego Bruno, José Pedro Gatto de Souza, Ramiro López Rivas Sara Fons de Genta y Juan José Silva Delgado. Integraron en otros momentos de la dictadura la Corte Suprema de Justicia: Eric Colombo y Enrique V. Frigerio.
En 1977 integraban el Tribunal de lo Contecioso Administrativo: Miguel Fernández Viqueira, César Canessa Etcheverr y, Alberto Reyes Terra, Ramiro López Rivas y Victor Maestro Toletti. En 1984 estaba compuesto por: Víctor Maestro Toletti, Orlando Olmedo, Francisco D´Angelo, Héctor Clavijo y José Julio Folle. También lo integró en otros momentos Hilda Moltedo de Espíndola.
Los intendentes de la dictadura
La dictadura reservó para sus coroneles el preciado botín de las intendencias intervenidas. Pero los civiles colaboradores también obtuvieron participación y más de 15 fueron designados para este codiciado cargo, que permitía acceso a recursos y manejo de cuotas de poder.
Todos los civiles que se desempeñaron como intendentes de la dictadura fueron blancos y colorados. En Montevideo estuvieron los doctores Víctor Rachetti y Juan Carlos Paysée. En Artigas, Basilio Bargato; en Canelones, Gervasio González; en Cerro Largo, Juan José Burgos; en Flores, Pedro Ramos Mañé; en Lavalleja, Juan Salaberry Olascoaga y Oribe Pereyra Parada; en Paysandú, Walter Belvisi; en Rivera, Ariel Pereyra y Adolfo Gutiérrez; en Rocha, Milton de los Santos; en Salto, Néstor Minutti; en San José; Juan Chiruchi; en Tacuarembó, Norberto Bernachín y en Treinta y Tres, Ruben Silveira Zuolaga.
Corte Electoral, ¿para qué?
Una Corte Electoral en una dictadura no es un organismo con mucho uso, salvo para controlar y por supuesto, para beneficiarse de un cargo, un sueldo y las prebendas de ser funcionarios del régimen. En la Corte Electoral estuvieron: Nicolás Storace Arrosa (presidente interventor), Camilo Pereyra Urueña y Nelson Vicens Alegre y Ricardo Cerro. La jefa de abogados fue la doctora Cristina Maeso y el secretario letrado, que luego siguió por años en democracia, Mario Cataldi.
Los banqueros de la dictadura
Los contadores José Gil Díaz, José María Puppo y Juan Carlos Protassi se sucedieron en la presidencia del Banco Central. Integraron también el directorio del Banco Central, Carlos Koncke, Luis Romero Diana y Julio César Pacchioti.
En el Banco República estuvieron Moisés Cohen, Raúl Ferraro y Bolívar Castro. El Banco Hipotecario estuvo presidido durante casi toda la dictadura por Julio César Luongo, En el BHU hubo una presencia hegemónica de oficiales de la Fuerza Aérea, pero también actuaron civiles: Ernesto Llovet, Alberto Romaniello y Angel María Scelza.
En el Banco de Seguros, actuaron: Federico Baum González, Osorio de Salterain, Osvaldo Sánchez Márquez y Carlos Ravenna.
Los diplomáticos del terror
Fueron embajadores de la dictadura, entre otros, Jorge Pacheco Areco (en España, Suiza y EEUU), Adolfo Folle Martínez (en Argentina), Carlos Manini Ríos (en Brasil), José Enrique Etcheverry Stirling (en Francia), Edgardo Abella (en el Reino Unido y España), Raúl Soriano Mesía (en el Reino Unido), Fernando Gómez Fyn (en Colombia), Osvaldo Soriano (en Guatemala), Francisco Mario Ubillos (en Portugal), Raquel Lombardo de Debetolaza (en El Vaticano), Francisco Bustillo del Campo (en Bolivia), Buenaventura Caviglia Cámpora (en China), Alvaro Alvarez (en los Países Bajos), Gastón Sciara Rebollo (en Egipto), Carlos Duarte (en Grecia), Raúl Benavidez (en Canadá) y Adolfo Silva Delgado (en Corea).
Sin duda un papel especial de defensa de la dictadura, sobre todo ante las denuncias internacionales por las violaciones a los DDHH, jugaron Carlos Alberto Roca y Carlos Giambruno, que fueron representantes permanentes ante la ONU; Martín C. Martínez ante la UNESCO; Mateo Márquez Seré, Carlos Alberto Roca y Francisco Bustillo ante la OEA.
Muy especial fue el papel de quienes defendieron la dictadura ante Comisión de DDHH de la ONU. En los años 1979 y 1980 integraron esas delegaciones Carlos Giambruno, Juan José Real, Zulma Guelman, Luis A. Carrese, Carlos Nadal, Carlos Barros Oreiro, Alvaro Moerzinger, José Catalayud Bosch, Ruben Díaz Porto y Graziella Dubra.
Entes y Servicios
En los Entes y Servicios Descentralizados, particularmente en los primeros, la presencia militar fue la tónica. En algunos de ellos no aparecen civiles encabezándolos, al menos no surgen de las investigaciones periodísticas, como los casos de PLUNA, ANP y AFE. En los restantes entes la preponderancia militar fue notoria, incluso hubo una repartición entre las tres armas de los entes del Estado, aunque en algunos colaboraron las tres. Igualmente hubo presencia civil en los directorios.
En OSE estuvieron: Juan Carlos Payseé, Ricardo Bengoa Rodríguez, los ingenieros Nicolás Goloubintseff, Pedro Echeverrigaray, Horacio Paullier Puig y Alberto Barragu Fassoli, también el contador Nelson Russo.
En ANTEL actuaron los ingenieros Norberto Faroppa, Edison García Regueiro e Isidro Vila, los contadores Hugo Federico Aguiar y Carlos Corti Moreno y el doctor Antonio Stella.
En ANCAP: el ingeniero químico Bertrand Gruss Dassain y los contadores Enrique Víctor Conde, Raúl Manuel Pazos y Alberto Carlevari.
En UTE: el arquitecto Juan José Castro y la ingeniera Marta Casabó.
En el SODRE se desempeñaron el arquitecto Emilio Massabrio, el doctor Eric Simon, Jorge Rodríguez Deluchi e Imazul Fernández.
En el Consejo del Niño actuaron: los doctores Mario Cantón y Juan Antonio Baglivi, las educacionistas María Teresita Farías de Pastorell y Nelly Vioeta Sarasúa de Siqueira.
En el Banco de Previsión Social se desempeñaron los doctores Juan Buccino Clérico, Ricardo Arguello Bellini, Alfredo Lamaison y Jaime Bonsignore. Fueron directores generales de la seguridad social Alfredo Ruiz Popelka y el contador Juan Femenías Iglesias, y subdirector, el contador Luis Givogre, quien también estuvo al frente, junto con el doctor Ruben Gayol, de Asignaciones Familiares.
En el Tribunal de Cuentas estuvieron el contador Julio V. Canessa, Roberto Lasale, Washington Fernández, Humberto Balleto, Juan José Fraschini, Ulises Morassi y Lliri Pedro Sassi.
En el Instituto Nacional de Colonización actuaron Walter Arias, Tydeo Larre Borges (hijo), Oscar Aguirre y Carlos Zita.
En el Consejo Nacional de Turismo estuvieron el agrimensor Adolfo Agorio, el arquitecto Jorge Fagel Figari, Julio Jorge Núñez Queiros y Victor Paullier Martínez.
También tuvieron cargos de confianza durante la dictadura las siguientes personas: Danilo Arbilla, director de Difusión e Informaciones de la Presidencia de la República; Barret Puig, prosecretario de Difusión e Informciones de la Presidencia de la República; José A. Barrio y Ruben Gayol, inspectores generales de Trabajo, el contador Romeo Maeso Sueiro, director de Aduanas; Ernesto Castaldi, director de Migraciones; los contadores Jorge Ponce de León Previtali y Mi- guel Angel Loureiro, directores de la Contaduría General de la Nación; el contador José María Michietti, director de SEPLACODI; el ingeniero agrónomo Eduardo Peile, director del INAC; el contador David Manuel Cukierman, Tesorero General de la Nación; el ingeniero Manuel Berger, director nacional de Energía; el doctor Héctor Volpe, presidente de la Junta de Vecinos de Montevideo; el contador Horacio Parodi, director general de Estadística y Censos; los ingenieros César Esperanza y Remigio Dante Gabín Pirotti, directores nacionales de Industria; el ingeniero agrónomo Julio Aznárez, presidente del Plan Agropecuario; los doctores Mario Tissoni y Daniel Gamarra, director y sub director, de la Oficina de Servicio Civil; Sarandí J. Silveira, director de Dinacoprin; el doctor Osvaldo Sánchez Márquez, director de Coprin, el contador Raúl Xavier, director de la Dirección General Impositiva; Jorge Sienra y Santiago Acuña, directores de Comer- cio Exterior y Angela Chiola de Píriz, Directora Nacional de Trabajo.
La enseñanza copada
El CONAE gobernaba la enseñanza primaria, secundaria y técnica, fueron sus rectores: el arquitecto Elzeario Boix Larriera, el ingeniero Daniel Ferreira y el profesor Ramiro Mata.
También ocuparon cargos de alta responsabilidad en el CONAE, como director general, el inspector Mario Roldós Puis y como secretario general, el inspector Eleuterio González.
Enseñanza Primaria estuvo a cargo del doctor Pedro Freire y del maestro Miguel Ribolla; Secundaria del doctor Fernando Bosch y de los profesores Carlos Pascual y Juan Carlos Laborde; la enseñanza técnica fue dirigida por Enrique Kliche y el profesor Miguel Curbelo Platero.
La intervención de la Universidad
La Universidad fue un blanco explícito de la dictadura. Fue intervenida en noviembre de 1973 tras fracasar el intento, en setiembre, de unas elecciones donde se desplazara a las autoridades legítimas, esas elecciones fueron ganadas por la FEUU y los gremios a pesar de la represión y el miedo. Desde esa fecha los rectores fueron designados directamente por el Poder Ejecutivo golpista. El primer rector interventor de la dictadura fue el doctor Edmundo Narancio, redactor del diario El País. Luego lo siguieron el arquitecto Gustavo Nicolich, el contador Jorge Anselmi, el doctor Enrique Viana Reyes, la doctora Raquel Lombardo de Debetolazza, el doctor Luis Antonio Menafra y el doctor Gonzalo Lapido Díaz.
En los decanatos de las facultades estuvieron aproximadamente 40 profesionales. En Derecho y Ciencias Sociales: Raúl Abraham, Valentín Sánchez, Luis Sayagués Laso, Manuel Adolfo Vieira, Blas Rossi Masella y Manuel Orlando López. En Medicina: los doctores Gonzalo Fernández (que no tiene nada que ver con el catedrático en derecho penal y luego secretario general del la presidencia y canciller en el gobierno del FA), Eduardo Anavitarte, Gonzalo Lapido Díaz y Carlos Oenhinger.
En Ciencias Económicas: los contadores Jorge Anselmi y Nilo Berchesi. En Agronomía: los ingenieros agrónomos Adolfo Berro, Daniel Faggi y Armando Rabufetti. En Odontología: los doctores Hugo Amorín, Miguel Banchieri, Walter Lieber Belli y José B. Costas.
En Humanidades y Ciencias: el licenciado Miguel Klappenbach y el doctor Rodolfo Gori Carrara. En Arquitectura, los arquitectos Gustavo Nicolich, Reclus Amenedo y Juan José Casal Rocco. En Química: los doctores José Delfino Lema, Raquel Lombardo de Debetolazza, Luis Menafra y Firvalier Bassagoda. En Ingeniería: los ingenieros Alfredo de Santiago, Juan Carlos Paletta Queirolo, Norberto Faroppa y Héctor Ibarlucca. En Veterinaria: los doctores Carlos Olave Castro, Gustavo Cristi, Héctor Lazanco, Oscar Latourrette, Mario Aragunde y Carlos Muniz.
En la dirección de la Escuela de Servicio Social estuvieron: Alberto Leizagoyen y José Botta Roccatagliatta. En la entonces Escuela de Psicología estuvo el doctor Mario Saiz. En el Conservatorio de Música, el doctor Pedro Ipuche Riva. En el Instituto de Economía, el contador Alberto Bensión y en el de Estudios Sociales, el doctor Ulises Graseras.
Especial tarea cumplió la División de Sumarios de la Universidad, que encabezó la caza de brujas contra docentes y funcionarios. Cientos de sumarios y destituciones, amparadas en el Acta Institucional Nº 7. El responsable entre 1974 y 1981 fue el doctor Roberto Falchetti y trabajaron cercanos a él, y operaron en esos procedimientos: José María Traibel, Mario Artecona, Juan José Calanchini y el escribano Juan Antonio Trocoli.
El SMU también
Fue intervenido el Sindicato Médico del Uruguay, al principio esta intervención fue ejercida por un colectivo integrado por: el doctor Eustaquio Montero, el escribano Mauricio Lionel Vidal, el doctor Roberto Falchetti, el contador Raúl Bartesaghi y el doctor Mario Artecona. Después paso a hacer unipersonal y la asumió el doctor Juan Tarrasa y a partir de 1976, recayó en el doctor Mario Genta.
Europa y Estados Unidos hablan sobre espionaje
Europa y Estados Unidos hablan sobre espionaje
(Tomado de Europa Press)
La Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la
Unión Europea,
Catherine Ashton, ha reiterado la gran preocupación de los países europeos por
el espionaje de Estados Unidos a
instalaciones del bloque en una “larga” conservación por teléfono que mantuvo
anoche con la asesora de Seguridad Nacional de la Administración de Barack
Obama, Susan Rice.“La alta representante habló por teléfono con Susan Rice anoche, la nueva asesora de Seguridad Nacional. Reiteró nuestra gran preocupacion sobre esta cuestion. Fue una larga consersacion y dejó las cosas muy claras”, han explicado fuentes europeas. Ashton habló también este lunes con el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, para trasladar la preocupación por el caso.
Rice a su vez subrayó a Ashton “que las relaciones con la UE y sus Estados miembros es extremadamente importante” aunque según fuentes europeas no se comprometió con un plazo para remitir las aclaraciones del caso que ha exigido la UE.
Francia ha dejado claro que la UE no puede negociar un acuerdo comercial con Estados Unidos si no tiene garantías de que Washington no espía a sus socios, aunque desde el Servicio Europeo de Acción Exterior que dirige Ashton defienden separar ambas cuestiones, según han explicado fuentes europeas.
El número dos del Servicio Europeo de Acción Exterior, Piere Vimont, contactó por teléfono con el embajador estadouidense ante la UE, William Kennard, el pasado domingo tras conocerse la nueva información publicada por el semanario alemán ‘Der Spiegel’ sobre el presunto espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional a las instalaciones de la UE en Bruselas y Washington. Vimont recibió ayer a Kennard para abordar el caso, según fuentes europeas que no han podido dar detalles del contenido de la cita.
Los embajadores de los Veintiocho ante el Comité Político y de Seguridad de la UE discutirán este martes el caso de espionaje en una reunión en Bruselas y los embajadores permanentes ante la UE también discutirán el caso el próximo jueves, según han avanzado fuentes europeas.
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, también abordará el caso del espionaje con el resto de comisarios este martes en el marco de la reunión semanal del Colegio de Comisarios, según ha confirmado el portavoz, Olivier Bailly. “El presidente informará a sus colegas sobre la situación cómo la Comisión ve que la situación se desarrolla”, ha precisado.
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, y el del Consejo, Herman Van Rompuy, se han declarado este martes “muy preocupados” por las noticias del espionaje de Estados Unidos a sedes de la UE y han pedido explicaciones a las autoridades norteamericanas.
Pero los dos mandatarios han eludido pronunciarse sobre el impacto de estas noticias en las negociaciones comerciales entre Bruselas y Washington que está previsto que empiecen la semana que viene. Algunos países como Francia y algunos eurodiputados han sugerido que se suspendan hasta aclarar el asunto.
“Si estas noticias se demuestran ciertas, serían muy inquietantes y plantearían preocupaciones graves y muy importantes”, ha dicho Barroso en una comparecencia ante la Eurocámara. “Hemos pedido a Estados Unidos una aclaración completa e inmediata del asunto”, ha explicado.
“Estoy muy preocupado por las noticias de prensa sobre vigilancia por parte de EEUU de las sedes de la UE en el extranjero y en Bruselas”, ha señalado por su parte Van Rompuy, quien ayer tomó “nota” del “compromiso” del presidente estadounidense, Barack Obama, de dar “toda la información” sobre el caso.
“La UE ha pedido y espera explicaciones completas y urgentes por parte de EEUU sobre estas alegaciones”, ha agregado, al tiempo que celebraba el compromiso del presidente Barack Obama de aportar información a sus aliados.
El pleno de la Eurocámara también debatirá este miércoles en Estrasburgo el espionaje de Estados Unidos a ciudadanos europeos e instituciones de la UE.
2 jul 2013
Testimonios a 40 años : FASANO
HOY HACE 40 AÑOS EN LA MADRUGADA DEL GOLPE
FEDERICO FASANO MERTENS
La madrugada donde parió la dictadura más infame de la historia uruguaya, yo no me encontraba en nuestro hollado solar. Condenado a muerte por el tenebroso ‘’Escuadrón de la Muerte’’, cuya sentencia sobre mi vida fue difundida por el semanario ‘’Azul y Blanco’’ y obligado a presentarme todas las semanas ante la Justicia militar por el frustrado putsch de diciembre de 1972, mi hermano Carlos me obligó a huir a Buenos Aires, 72 horas antes del golpe. Así me lo habían aconsejado el propio Seregni y Wilson Ferreira, los mismos que me pidieron investigar el caso Amodio Pérez, visto el deterioro día a día de las condiciones objetivas y subjetivas para enfrentar el golpe y el alarmante cariz que iba tomando la coyuntura.
Me llevaron casi a rastras a una ‘’corta lejanía’’ que finalmente duró 12 años. Yo quedé en Buenos Aires, mientras mi hermano Carlos volvía a continuar la lucha en territorio ocupado y cayó prisionero durante 6 dramáticos años, hasta que la solidaridad internacional lo rescató de las entrañas del Leviatán.
Ni imaginábamos la dimensión del terror que impondrían en la sociedad, este conjunto de motineros armados, que compraron el discurso de la oligarquía financiera, temerosa del ascenso de la lucha de masas que amenazaba su dominación.
En Buenos Aires me encontré a Enrique Erro y a Zelmar Michelini instalados muy cerca uno de otro en dos hoteles de la Avda. Corrientes, el Roy y el Liberty, cuyo dueño después desaparecido por la dictadura fue entrañablemente solidario con Zelmar.
Nos encontrábamos, río mediante, lejos del monóxido de la represión, en esas tierras donde se respiraba una ráfaga histórica de aire fresco al culminar 18 años de tutela militar en la Argentina, con el ascenso del peronista Héctor Cámpora a la primera magistratura del país.
El día del golpe el hotel Liberty era una romería. Un solo estado de ánimo: tristeza e incredulidad. El país más civilista de América Latina, junto con Chile, cerraba 83 años de gobiernos constitucionales (con el intervalo del golpe blando terrista y baldomirista) y retrocedía al día anterior de aquel mediodía de 1890 cuando el General Máximo Tajes le entregaba la banda presidencial al civil Julio Herrera y Obes. A la tristeza y la depresión que campeaba en el Liberty le siguió una unánime ingenuidad: ‘’el golpe no tiene destino en Uruguay, dura muy poco”.
Esa noche mi suegro murió de un infarto, mi casa fue ocupada, mis hijos fueron repartidos en residencias de familiares y amigos, mi esposa comenzó a preparar su exilio, mi hermano y su mujer pasaron a la clandestinidad.
Ese día cambió mi vida y la de millones de uruguayos.
Ese mismo día comenzó la resistencia que no se detuvo sino hasta la caída de la abominable tiranía. Y que no terminará hasta que no se haga justicia plena para que la sangre de nuestros mártires no haya sido derramada en vano.
FEDERICO FASANO MERTENS
La madrugada donde parió la dictadura más infame de la historia uruguaya, yo no me encontraba en nuestro hollado solar. Condenado a muerte por el tenebroso ‘’Escuadrón de la Muerte’’, cuya sentencia sobre mi vida fue difundida por el semanario ‘’Azul y Blanco’’ y obligado a presentarme todas las semanas ante la Justicia militar por el frustrado putsch de diciembre de 1972, mi hermano Carlos me obligó a huir a Buenos Aires, 72 horas antes del golpe. Así me lo habían aconsejado el propio Seregni y Wilson Ferreira, los mismos que me pidieron investigar el caso Amodio Pérez, visto el deterioro día a día de las condiciones objetivas y subjetivas para enfrentar el golpe y el alarmante cariz que iba tomando la coyuntura.
Me llevaron casi a rastras a una ‘’corta lejanía’’ que finalmente duró 12 años. Yo quedé en Buenos Aires, mientras mi hermano Carlos volvía a continuar la lucha en territorio ocupado y cayó prisionero durante 6 dramáticos años, hasta que la solidaridad internacional lo rescató de las entrañas del Leviatán.
Ni imaginábamos la dimensión del terror que impondrían en la sociedad, este conjunto de motineros armados, que compraron el discurso de la oligarquía financiera, temerosa del ascenso de la lucha de masas que amenazaba su dominación.
En Buenos Aires me encontré a Enrique Erro y a Zelmar Michelini instalados muy cerca uno de otro en dos hoteles de la Avda. Corrientes, el Roy y el Liberty, cuyo dueño después desaparecido por la dictadura fue entrañablemente solidario con Zelmar.
Nos encontrábamos, río mediante, lejos del monóxido de la represión, en esas tierras donde se respiraba una ráfaga histórica de aire fresco al culminar 18 años de tutela militar en la Argentina, con el ascenso del peronista Héctor Cámpora a la primera magistratura del país.
El día del golpe el hotel Liberty era una romería. Un solo estado de ánimo: tristeza e incredulidad. El país más civilista de América Latina, junto con Chile, cerraba 83 años de gobiernos constitucionales (con el intervalo del golpe blando terrista y baldomirista) y retrocedía al día anterior de aquel mediodía de 1890 cuando el General Máximo Tajes le entregaba la banda presidencial al civil Julio Herrera y Obes. A la tristeza y la depresión que campeaba en el Liberty le siguió una unánime ingenuidad: ‘’el golpe no tiene destino en Uruguay, dura muy poco”.
Esa noche mi suegro murió de un infarto, mi casa fue ocupada, mis hijos fueron repartidos en residencias de familiares y amigos, mi esposa comenzó a preparar su exilio, mi hermano y su mujer pasaron a la clandestinidad.
Ese día cambió mi vida y la de millones de uruguayos.
Ese mismo día comenzó la resistencia que no se detuvo sino hasta la caída de la abominable tiranía. Y que no terminará hasta que no se haga justicia plena para que la sangre de nuestros mártires no haya sido derramada en vano.
29 jun 2013
Amnistía Internacional: a 40 años del golpe
27 de junio de 2013
Las autoridades de Uruguay deben adoptar con urgencia medidas para poner fin a los obstáculos que impiden investigar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el país durante el gobierno civil y militar entre 1973 y 1985, aseguró Amnistía Internacional.
“A pesar de algunos avances, es preocupante que, a 40 años del golpe, muchas de las víctimas y sus familiares sigan siendo privadas de su derecho a la justicia, la verdad y la reparación”, dijo Guadalupe Marengo, Directora del Programa Regional para América.
La organización considera que el mayor obstáculo que enfrentan las víctimas es la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (ley 15.848) de 1986. Dicha Ley impide investigar o procesar a funcionarios de la policía o las fuerzas armadas por delitos cometidos con anterioridad a marzo de 1985.
Aunque la Ley de Caducidad fue declarada sin efecto por la Ley 18.831 de 2011, una decisión de la Corte Suprema de Uruguay de febrero de 2013 abrió nuevamente la puerta a la impunidad al desconocer que los crímenes de derecho internacional cometidos durante el régimen civil y militar de aquél entonces son delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, sujetos a prescripción.
“El fallo dictado por la Suprema Corte de Justicia revive en la práctica los efectos de la Ley de Caducidad. El fallo es errado jurídicamente y debe ser revisado prontamente por el tribunal, pues no se halla en consonancia con las obligaciones de Uruguay bajo el derecho internacional, que también obliga claro está al Poder Judicial en su conjunto”, ha manifestado Guadalupe Marengo.
Además, la decisión de la Suprema Corte se desentiende de dar cumplimiento al fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIADH) sobre casos de desapariciones forzosas. De acuerdo con la sentencia del tribunal interamericano en el caso Gelman donde sostuvo que ninguna norma, incluyendo la prescripción, puede ser alegada cuando se trata de la investigación y persecución de crímenes de derecho internacional.
El fallo de la Corte Suprema también viola expresamente la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, en la que Uruguay es un estado parte desde 2001.
“Uruguay tiene obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que no pueden ser soslayadas. Pero, más importante aún, 40 años después del golpe de Estado, el país tiene una deuda con su sociedad y con las víctimas y familiares de víctimas de conductas criminales cometidas de manera generalizada y sistemática por el Estado entre 1973 y 1985”.
Información de contexto
El 27 de junio de 1973 el entonces presidente uruguayo Juan María Bordaberry disolvió las Cámaras de Senadores y Representantes con el apoyo de las Fuerzas Armadas y anunció la creación de un Consejo de Estado con funciones legislativas, dando inicio a un régimen autoritario que gobernaría el país hasta 1985.
Durante los años de gobierno militar y civil hasta 1985, miembros de la Policía y el Ejército de Uruguay cometieron violaciones graves de derechos humanos tales como tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. En su momento culminante, se calcula que había recluidos unos 7.000 presos políticos, la mayoría de los cuales afirmaron haber sufrido tortura.
La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (ley 15.848), propuesta por el gobierno presidido por Julio María Sanguinetti y aprobada por el Parlamento uruguayo en diciembre de 1986 establecía la amnistía de hecho para los presuntos responsables de dichos crímenes.
Sendas consultas populares sobre la norma realizadas en 1989 y 2009 mantuvieron vigente la Ley de Caducidad, pero el alcance de la misma ha sido cuestionado por varias resoluciones judiciales y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay de febrero de 2013 que declara inconstitucionales algunos artículos de la ley 18.831 de 2011 mantiene formalmente abierta la posibilidad de que los jueces penales puedan investigar y, de haber elementos de convicción suficientes, castiguen a los responsables de violaciones a derechos humanos al mantener vigente la pretensión punitiva del Estado.
Sin embargo, basándose en una errónea interpretación del principio de irretroactividad de la ley penal, declara inconstitucionales los artículos 2 y 3 de la Ley 18.813, que establecían el carácter imprescriptible de los crímenes de lesa humanidad. Por ello, toda investigación penal sobre los crímenes cometidos hasta marzo de 1985 parece condenada al fracaso, pues el fallo en cuestión desconoce su carácter de delitos de lesa humanidad y determina que se encuentran sujetos a prescripción.
Amnistía Internacional: a 40 años del golpe “crímenes del pasado siguen impunes”
“Las autoridades de Uruguay deben adoptar con urgencia medidas para poner fin a los obstáculos que impiden investigar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el país durante el gobierno civil y militar entre 1973 y 1985”, puntualizó Amnistía Internacional, a través de su Directora de Programa Regional para América. Guadalupe Marengo, dijo que “a pesar de algunos avances, es preocupante que, a 40 años del golpe, muchas de las víctimas y sus familiares sigan siendo privadas de su derecho a la justicia, la verdad y la reparación”.
Uruguay: A 40 años del golpe de Estado, los crímenes del pasado siguen impunes.Las autoridades de Uruguay deben adoptar con urgencia medidas para poner fin a los obstáculos que impiden investigar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el país durante el gobierno civil y militar entre 1973 y 1985, aseguró Amnistía Internacional.
“A pesar de algunos avances, es preocupante que, a 40 años del golpe, muchas de las víctimas y sus familiares sigan siendo privadas de su derecho a la justicia, la verdad y la reparación”, dijo Guadalupe Marengo, Directora del Programa Regional para América.
La organización considera que el mayor obstáculo que enfrentan las víctimas es la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (ley 15.848) de 1986. Dicha Ley impide investigar o procesar a funcionarios de la policía o las fuerzas armadas por delitos cometidos con anterioridad a marzo de 1985.
Aunque la Ley de Caducidad fue declarada sin efecto por la Ley 18.831 de 2011, una decisión de la Corte Suprema de Uruguay de febrero de 2013 abrió nuevamente la puerta a la impunidad al desconocer que los crímenes de derecho internacional cometidos durante el régimen civil y militar de aquél entonces son delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, sujetos a prescripción.
“El fallo dictado por la Suprema Corte de Justicia revive en la práctica los efectos de la Ley de Caducidad. El fallo es errado jurídicamente y debe ser revisado prontamente por el tribunal, pues no se halla en consonancia con las obligaciones de Uruguay bajo el derecho internacional, que también obliga claro está al Poder Judicial en su conjunto”, ha manifestado Guadalupe Marengo.
Además, la decisión de la Suprema Corte se desentiende de dar cumplimiento al fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIADH) sobre casos de desapariciones forzosas. De acuerdo con la sentencia del tribunal interamericano en el caso Gelman donde sostuvo que ninguna norma, incluyendo la prescripción, puede ser alegada cuando se trata de la investigación y persecución de crímenes de derecho internacional.
El fallo de la Corte Suprema también viola expresamente la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, en la que Uruguay es un estado parte desde 2001.
“Uruguay tiene obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que no pueden ser soslayadas. Pero, más importante aún, 40 años después del golpe de Estado, el país tiene una deuda con su sociedad y con las víctimas y familiares de víctimas de conductas criminales cometidas de manera generalizada y sistemática por el Estado entre 1973 y 1985”.
Información de contexto
El 27 de junio de 1973 el entonces presidente uruguayo Juan María Bordaberry disolvió las Cámaras de Senadores y Representantes con el apoyo de las Fuerzas Armadas y anunció la creación de un Consejo de Estado con funciones legislativas, dando inicio a un régimen autoritario que gobernaría el país hasta 1985.
Durante los años de gobierno militar y civil hasta 1985, miembros de la Policía y el Ejército de Uruguay cometieron violaciones graves de derechos humanos tales como tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. En su momento culminante, se calcula que había recluidos unos 7.000 presos políticos, la mayoría de los cuales afirmaron haber sufrido tortura.
La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (ley 15.848), propuesta por el gobierno presidido por Julio María Sanguinetti y aprobada por el Parlamento uruguayo en diciembre de 1986 establecía la amnistía de hecho para los presuntos responsables de dichos crímenes.
Sendas consultas populares sobre la norma realizadas en 1989 y 2009 mantuvieron vigente la Ley de Caducidad, pero el alcance de la misma ha sido cuestionado por varias resoluciones judiciales y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay de febrero de 2013 que declara inconstitucionales algunos artículos de la ley 18.831 de 2011 mantiene formalmente abierta la posibilidad de que los jueces penales puedan investigar y, de haber elementos de convicción suficientes, castiguen a los responsables de violaciones a derechos humanos al mantener vigente la pretensión punitiva del Estado.
Sin embargo, basándose en una errónea interpretación del principio de irretroactividad de la ley penal, declara inconstitucionales los artículos 2 y 3 de la Ley 18.813, que establecían el carácter imprescriptible de los crímenes de lesa humanidad. Por ello, toda investigación penal sobre los crímenes cometidos hasta marzo de 1985 parece condenada al fracaso, pues el fallo en cuestión desconoce su carácter de delitos de lesa humanidad y determina que se encuentran sujetos a prescripción.
28 jun 2013
LOS PUNTOS SOBRE LAS ÍES
ARTICULO TOMADO DE WWW.POSTAPORTENIA.COM.AR
Pensaba escribir unas líneas recordando a Elena Quinteros, como todos los años en la fecha de su secuestro. Pero las noticias de estos días me obligan a mucho más... se han divulgado cosas que duelen y que irritan.
Duele conocer el ínfimo porcentaje de jóvenes que sabe lo que
ocurrió en nuestro país durante la pre–dictadura y el gobierno de facto. Duele
escuchar a la mayoría decir ante cámaras que "no tiene idea".
Irrita oír las respuestas prefabricadas de los cadetes militares,
todos con la misma expresión almidonada, afirmando que "no tienen conocimiento".
Irrita leer las declaraciones del represor y torturador Nino Gavazzo
en la página de Internet de sus adeptos, ultrajando la memoria de María
Almeida de Quinteros, una mujer que dedicó su vida a la lucha por desenmascarar
las acciones aberrantes de él y tantos de sus pares. Irrita la atención
mediática que se le otorga a las falsedades hipócritas.
Entonces ?dolorida e irritada? revuelvo mis archivos, rescato
información fehaciente y aquí la vierto. Para que se enteren los que la ignoran.
Para que recuerden los olvidadizos. Para que se traguen la lengua los
difamantes. Para que la memoria desplace al olvido. Para que nuestra historia
reciente se despoje de falsedad:
RECORDEMOS LOS HECHOS, ACTUALMENTE DEMOSTRADOS
28 de junio de 1976. La maestra Elena
Quinteros ?prisionera política militante del partido Por la Victoria
del Pueblo? logra escapar de su custodia y entra al predio de la embajada de
Venezuela en Montevideo pidiendo protección (asilo político). Las fuerzas
represivas uruguayas irrumpen en los jardines de la embajada (territorio
venezolano) y se la llevan por la fuerza.
28 de junio de 1976. El embajador venezolano se
presenta en la cancillería uruguaya.
28 de junio de 1976. La cancillería venezolana
informa del incidente al embajador uruguayo en Venezuela Dr. Julio César
Lupinacci, quien llama por teléfono al ministro Dr. Juan Carlos
Blanco y se entera que investigan el hecho los ministerios del Interior
y de Defensa Nacional
29 de junio de 1976. El embajador de Venezuela,
Dr. Julio Ramos, dirige al ministro de Relaciones Exteriores
Dr. Juan Carlos Blanco, la nota que expresa:
"Tengo a honra dirigirme a Vuestra Excelencia con ocasión de
manifestarle que ayer 28 de junio (de 1976) me presenté ante esa Cancillería, en
donde fui recibido de inmediato por el señor Vice Ministro, doctor Guido
Michelín Salomón, con el objeto de elevar ante Vuestro Ilustrado Gobierno mi
protesta porque acababa de ser violada la Sede de la Misión que represento, a la
cual penetró un agente de seguridad civil, para por la fuerza, atrapándola por
los cabellos, sacar a una dama que venía a solicitar asilo diplomático.
Tal actitud no pudo ser impedida por ninguno de los
funcionarios Diplomáticos de esta Embajada debido a la violenta acción del
agente mencionado y de otros que se presentaron en el automóvil VW Nº 714,
siendo tan salvaje su actuación que incluso maltrataron de un codazo al
Consejero Frank Becerra.
Tan flagrante violación de nuestra soberanía no tiene para mi
Gobierno otra reparación que la inmediata entrega de la mencionada
señora
Al expresar a vuestra Excelencia las seguridades de mi más
alta y distinguida consideración, apreciaré urgente respuesta a la presente
comunicación." (firma el embajador Julio Ramos)
1 de julio de 1976.Nuestra cancillería emite al
embajador de Venezuela la nota respuesta firmada por el subsecretario Dr. Guido
Michelín Salomón que expresa:
"...Tanto en la visita que el suscrito en su calidad de
Subsecretario de Relaciones Exteriores y el Director para Asuntos de Política
Exterior, Embajador Doctor Álvaro Álvarez tuvimos oportunidad de hacerle en su
residencia el 29 de junio por la tarde, como en la que vuestra Excelencia tuvo a
bien realizar al Señor Ministro de Relaciones Exteriores Doctor Juan Carlos
Blanco en su despacho en la mañana de ayer correspondiendo a la invitación de
que fuimos portadores; mi gobierno puso en conocimiento de vuestra Excelencia
por nuestro intermedio el resultado de las diligencias practicadas por las
autoridades competentes, al que me acabo de referir, y nuestra mejor disposición
para continuar las mismas a fin de obtener resultados concretos.
Mi país ?respetuoso del ordenamiento jurídico internacional
al que presta pleno acatamiento? ha puesto y pone un especial celo en el
estricto cumplimiento de las disposiciones internacionales vinculatorias
relativas a un instituto tan humanitario cual es el del asilo, que nuestra
doctrina jurídica nacional reafirmada por la inalterable e invariable posición
de mi gobierno, considera por sobre todo un derecho de la persona
humana.
Antecedentes tan claros y conocidos, de la doctrina y de la
acción de mi país en la materia, no desmentidos jamás en los hechos, deben ser
elementos de juicio suficiente para alejar del ánimo de vuestra Excelencia toda
sospecha o duda en cuanto a que mi gobierno pudiera asumir la actitud que se
describe para impedir el ejercicio del derecho de asilo.
Por último, deseo expresar a vuestra Excelencia el pesar de mi
Gobierno por sucesos tan lamentables, así como su firme propósito de no ahorrar
esfuerzos para obtener cuanto antes el esclarecimiento de los mismos que han
motivado la nota a la que tengo el honor de dar respuesta
Hago propicia la oportunidad para reiterar a vuestra
Excelencia las seguridades de mi más alta consideración."(firma el
subsecretario Guido Michelín Salomón)
1 de julio de 1976. El embajador Julio César
Lupinacci, arriba a nuestro país en horas de la mañana, como surge del télex
remitido por nuestra Cancillería a nuestra Embajada en Venezuela el mismo 1 de
julio.
2 de julio de 1976. El embajador de Venezuela
Julio Ramos entrega a nuestra cancillería la nueva nota dirigida al ministro Dr.
Juan Carlos Blanco, que se transcribe:
"Señor Ministro: Tengo a honra dirigirme a Vuestra Excelencia
con ocasión de notificarle que el Gobierno de mi país en el deseo de cooperar
con vuestro ilustrado Gobierno en la localización inmediata de las personas que
motivaron el incidente ocurrido el día lunes 28 de junio en la sede de la Misión
Diplomática que represento, me ha instruido para solicitar de Vuestra Excelencia
que a la mayor brevedad gestione de las autoridades competentes la
identificación de la señora Elena Quinteros de Díaz, de 31 años de edad, de
profesión Maestra de escuela y de la cual ?según información obtenida por esta
Embajada? su familia reside en la calle Los Yockys(sic), Urbanización
El Hipódromo.
Igualmente apreciaría que un señor apodado Cacho, quien
?según confirmación del señor Comisario, Jefe de la Dirección Nacional de
Información e Inteligencia, Pablo O. Fontana Zunino, es funcionario del Servicio
de Información e Inteligencia?, se presente a esta Misión a fin de aclarar,
ante cualquier duda, acerca de la identidad, tanto de la dama sacada del jardín
de la sede de mi Embajada, como de la persona que cometió tal tropelía.
Al anticiparle las gracias a Vuestra Excelencia por la
atención inmediata que dé a la presente comunicación, hago propicia la
oportunidad para reiterarle las seguridades de mi más alta y distinguida
consideración."(firma el embajador Julio Ramos)
2 de julio de 1976. El memorando secreto El
Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Juan Carlos Blanco, ordena al director de
Política Exterior (Asuntos Políticos) embajador Álvaro Álvarez, al vicecanciller
Dr. Guido Michelín Salomón y al embajador en Venezuela Dr. Julio César
Lupinacci; la confección de un "memorando" (rotulado como "Secreto") sobre la
"conducta a seguir frente al 'caso Venezuela' desde el punto de vista de las
relaciones internacionales".
Se resuelve elevar el memorando al Consejo de Seguridad Nacional
(COSENA) ?que el ministro integra? para que dicho órgano de facto decida sobre
el "caso Venezuela", y las alternativas de "entregar o no entregar
a la mujer"
Así se decidió la suerte de la maestra Elena Quinteros y la
consiguiente ruptura de relaciones entre Uruguay y Venezuela, por lo que resulta
primordial conocer las partes más salientes del referido memorando:
"a) No entregar a la mujer.
No puede persistirse en la posición de alegar que la acusación
venezolana carece de elementos de juicio ante las determinaciones concretas de
datos contenidos en la última nota de Venezuela.
Este género de alternativas, si bien tiene la ventaja de no
entregar la prueba de un acto ilícito y de evitar cualquier tipo de declaración
de la misma en nuestra contra, tiene las siguientes desventajas:
1) determinaría seguramente el rompimiento de relaciones
diplomáticas con Venezuela, a estar a las declaraciones públicas del Presidente
Carlos Andrés Pérez, con las consecuencias diplomáticas, políticas y económicas
consiguientes previsibles e imprevisibles a corto, mediano y largo
plazo.
2) Deterioraría aun más la imagen del país lesionada por la
campaña internacional que es de conocimiento determinando pronunciada mengua de
nuestra 'credibilidad' como país serio.
3) Se nos presentaría como violadores de instrumentos
internacionales vigentes, sobre todo en institutos tan universalmente sensibles
como la inmunidad e inviolabilidad de las Misiones Diplomáticas y tan caras a
América como el asilo.
4) Determinaría la apertura de una brecha en nuestra posición
internacional frente a los esfuerzos para el aislamiento de nuestro país con
seguras consecuencias en el campo político y económico.
5) Traería de otros países una actitud cuando no hostil,
reticente con consecuencias imprevisibles en los diferentes campos de las
relaciones internacionales, con especial incidencia en los países
occidentales.
6) Daría políticamente la razón a la campaña internacional que
soportamos.
7) todo lo antedicho repercutiría necesariamente en los
Organismos Internacionales de que somos parte, predisponiéndolos para una acción
concreta en contra nuestra".
"b) entregar a la mujer.
Tendría las siguientes ventajas:
1) evitar el rompimiento de relaciones diplomáticas con
Venezuela y todas las consecuencias y problemas conexos.
2) Ratificaría nuestra posición de cumplidores fieles de
nuestros compromisos internacionales, y sería una consecuencia natural de lo
expresado en nuestra nota.
3) Constituirá una posición explotable internacionalmente a
nuestro favor".
Pero a su vez las siguientes desventajas:
1) Apareceríamos haciendo la entrega bajo presión de
Venezuela.
2) Reconoceríamos la comisión de un acto ilícito y tendría que
afirmarse la sanción de los responsables.
3) La mujer podría hacer declaraciones en nuestra
contra.
4) Los elementos anteriores podrían ser explotados contra
nosotros".
Después de tan "cristianas" reflexiones, Blanco señala
que:
"A)Las señaladas desventajas serán relativas, ya que
sus efectos podrían ser neutralizados en gran parte mediante un acuerdo con
Venezuela sobre la base de la entrega de la mujer, especialmente enfatizando el
hecho de que el acto ilícito fue cometido por funcionarios de jerarquía
menor.
B)El acto de entrega de por sí, en la explotación
pública de imágenes, constituye en todos los campos un elemento altamente
positivo".Y concluye, "En base a lo expuesto, nos inclinamos por el
género de alternativa basado en la entrega". (fechado el 2/7/976)
Y así el documento pasó al Consejo de Seguridad Nacional (COSENA),
con las "sugerencias" de los firmantes (es regla protocolar que al superior no
se les indica ni se le advierte, solamente se le sugiere)
Entonces, con la colaboración invalorable de los firmantes de ese
memorando brutal, el COSENA decidió el destino de Elena Quinteros. Resolvió
declarar personas no gratas a los diplomáticos venezolanos "por intromisión
en nuestros asuntos internos", agraviar al gobierno de ese país y provocar
la ruptura de relaciones diplomáticas.
6 de julio de 1976. La nota de agravio
enviada por nuestra Cancillería: "Tengo el honor de dirigirme al
Señor Embajador para poner en su conocimiento que mi Gobierno ha decidido
declarar personas no gratas a Ud. y al Consejero de esa Misión Diplomática Señor
Francisco Ricardo Becerra, acordándoles el plazo de 72 horas a partir de la hora
9 a.m. del día de la fecha para hacer abandono del territorio nacional. Las
razones que motivan esta decisión de mi Gobierno se encuentran desarrolladas in
extenso en la nota No. 64/76 del día de la fecha que en forma simultánea se
entrega al Señor Embajador y de la que surge claramente que tanto Ud. como el
referido funcionario han violado flagrantemente la soberanía nacional y
lesionado gravemente la dignidad del pueblo y Gobierno uruguayo."
6 de julio de 1976.El gobierno venezolano, entonces, rompe
relaciones. "...mi Gobierno me ha ordenado participar al Uruguay, por el
alto conducto de Vuestra Excelencia, su decisión de suspender las relaciones
diplomáticas entre ambos Gobiernos, a partir de la presente fecha." "...El
Gobierno de la hermana República de Colombia ha aceptado hacerse cargo de los
intereses venezolanos en el Uruguay y de los cinco asilados que actualmente se
encuentran en esta Embajada de Venezuela." (firma el embajador Julio
Ramos)
LA LUCHA DE TOTA
Desde el día de la desaparición de Elena, su madre María Almeida
de Quinteros, apodada "Tota", nunca descansó en su búsqueda. Su vida cambió.
Jamás se había imaginado la lucha que iba a emprender para saber dónde estaba su
hija.
Pero el 7 de enero de 2001, esta incansable activista de los
desaparecidos que también fue Presidenta de la Junta Departamental de
Montevideo, falleció a los 82 años de edad.
Tota murió sin tener noticias de Elena. Su hija tenía 31 años y
era maestra titulada, aunque no ejercía por habérselo impedido las autoridades
dictatoriales.
Así escribió Kintto Lucas su Adiós a Tota
Quinteros:
"¿Dónde está el olvido? ¿Quién habla de esperas? / Que aquí yo
la busco sea como sea / adiós al cansancio, adiós a los años / adiós las
mentiras, adiós los engaños"
Los versos de Rubén entran por sus oídos, por su mente, por su
piel, andan por todos los rincones de la casa, por todas las esquinas del
barrio, por todos los barrios de su Montevideo, por cada lugarcito de un país
que espera... Los versos entran como hace tiempo, se pasean por su pensamiento,
y se hacen amigos de los recuerdos que, son como imágenes en la mirada, son
gorriones que quieren volar
Ella piensa en la vida caminada, que es como pensar en Elena, que
es como pensar en la bruma que invadió el país, que es como pensar en tantas
sonrisas que se marcharon, tantos corazones, tantas miradas
Y piensa cuando la guerra civil española, cuando París fue
bombardeada, cuando el mundial del 50, cuando su casamiento, cuando Elena se
hace maestra, cuando las marchas, cuando los enfrentamientos con la policía,
cuando el país comienza a caerse, cuando llegan los uniformes
Y piensa cuando corría 1976 ?tiempo del no se puede decir, no se
puede reunir en las esquinas, no se puede... ? cuando Elena queda tras los
fierros, cuando ya nadie da razón de su paradero...
Y piensa cuando empezó a caminamundear por su hija, que en
realidad era por todos los hijos... Cuando crece, cuando florece, cuando remonta
de sus cacerolas, cuando se hace madre de muchos...
Y piensa, cuando la huelga de hambre por la amnistía general...
cuando cada viernes, junto a las otras madres, en la Plaza Libertad, mantiene la
foto de Elena. Cuando otros versos se hacen mundo en el aire Montevideano:
"Volverá la alegría / a enredarse con tu voz. / A medirse en
tus manos / y a apoyarse en tu sudor. / Borrará duras muecas pintadas / sobre un
frágil cartón de silencio / y en aliento de murga saldrá: / a redoblar, a
redoblar, a redoblar muchachos la esperanza / que su latido insista en nuestra
sangre para que esta nunca olvide su rumbo. / Porque el corazón no quiere
entonar más retiradas".
Y piensa, sigue pensando... como quien no quiere dejar de lado los
pedacitos de recuerdos que lleva a cuesta, y se acostumbra a quererlos y
derramarlos una y otra vez entre la gente... La vida y la memoria siguen
caminado juntas...
María Almeida de Quinteros. Más conocida como Tota, nació en 1918,
en un barrio de Montevideo de origen obrero. Se casó a los 26 años y tuvo una
hija a la que dio el nombre de Elena.
A pesar de la humildad del hogar, con el apoyo de sus padres Elena
siguió los estudios de maestra. Allí comenzó su pelea por una educación mejor,
pero un régimen autoritario se iba imponiendo, y llegó la dictadura...
En 1976 Elena Quinteros fue detenida y torturada. Intentando
escapar argumentó un supuesto contacto con un compañero en un lugar cercano a la
embajada de Venezuela. Hasta allí la condujo el personal de inteligencia. Elena
saltó el pequeño muro y se introdujo en la embajada. Sus custodias corrieron
atrás. Los funcionarios de la embajada pelearon para que no la sacaran de
territorio venezolano, los policías forcejearon y se la llevaron. Después nadie
dio razón de su paradero.
Allí comenzó el trajinar de Tota en busca de su hija. Luego de un
intenso caminar denunciando la realidad que vivía el país durante la dictadura,
regresó a Uruguay en 1984. Pero el autoritarismo todavía no se terminaba. Junto
a otras madres de desaparecidos formó el Comité de Familiares de Desaparecidos,
y realizó (a pesar de sus 66 años) una huelga de hambre pidiendo la amnistía
para los presos políticos y el regreso a la democracia.
En 1989 se eligió concejal de Montevideo, y allí comenzó otra
lucha, caminando barrio por barrio, juntándose a los que no tienen casa, a los
desocupados, saliendo a las calles con la gente, siempre dispuesta a recibir el
reclamo de los habitantes de la ciudad y brindarles ayuda.
Hoy sigue buscando a Elena, todos la seguimos buscando.
Kintto Lucas
EL RESARCIMIENTO
El tiempo ha pasado. Tota ya no está y aun se oculta el lugar
donde fue sepultada Elena. Pero la Justicia se hizo cargo de Nino Gavazzo, de
Juan Carlos Blanco y otros más... hasta que poco a poco, irán cayendo todos
QUIÉN ES QUIÉN
El Ministerio de Relaciones Exteriores ?como todas las
instituciones durante la dictadura? tuvo los mandos civiles bajo órdenes
castrenses. Los funcionarios con cargos de autoridad que no lo aceptaron ¡se
fueron!, dejando atrás sus redituables veleidades cortesanas en pro de una
discreta paz interior.
Juan Carlos Blanco
Era subsecretario de José A. Mora Otero y al fallecer éste,
asumió como ministro en 1972. Fue un títere más del autoritarismo militar...
pero eso no le quita culpa. Estuvo en conocimiento total de los hechos y los
aceptó. Ni se le pasó por la cabeza renunciar a su cargo y es más... Parece
estar convencido todavía ?y hasta orgulloso? de haber cumplido con su deber.
¿Ante quién?, está por verse. Sólo me constan dos modelos que orientan su vida:
el catolicismo y la masonería.
Julio César Lupinacci
Sin defender al ministro Blanco, digo lo que sabemos perfectamente
todos los que estuvimos en Cancillería en tiempos de dictadura: el civil que
daba las cartas era él... sin estampar firmas incriminatorias.
Y continuó su carrera ascendente en el Servicio Exterior uruguayo
a la vuelta de la democracia. El presidente Lacalle lo designó embajador ante
Chile, el presidente Sanguinetti lo designó embajador ante Argentina y el
presidente Batlle lo designó embajador ante el Vaticano.
Y allá le dieron "una buena acogida" (parafraseando al
Arzobispo uruguayo Nicolás Cotugno), proponiéndole "un buen acuerdo"
entre Uruguay y el Vaticano para "defender con rigor y promover con
constancia aquellos valores que dignifican la existencia humana".
No le pesó al Papa el historial de represor, ni el fervor
ultraderechista, ni le molestó que fuera masón... ni otras cosas... Vio un
católico recalcitrante y fanático... y no hubo mejor credencial.
Después, como broche de oro, Julio César Lupinacci se jubiló por
límite de edad y fue asesor del ministro de Relaciones Exteriores Didier
Opertti sobre temas del Tribunal Penal Internacional
En el interrogatorio de marzo de 2002 negó ser uno de los verdugos
de Elena Quinteros responsabilizando totalmente al ministro Blanco. Es curioso
que no realizara acción judicial alguna por difamación o injurias, ante la
divulgación de su nombre como violador de los derechos humanos.
Álvaro Álvarez. Autoritario, soberbio y
despreciativo
Ultraderechista nato, durante la dictadura se movió más cómodo que
nunca. Ignoro si pudo haber favorecido a alguien más que a sí mismo y no sé de
nadie que lo apreciara.
Cuando declaró en el juicio le cargó el fardo al ministro Blanco
?al igual que Lupinacci? y negó la responsabilidad que indiscutiblemente
también tenía.
El 19 de abril de 2005 murió sin pagar sus deudas a los 74 años.
Hubo una única y escueta participación en la página de obituarios del diario El
País... todo dicho.
Guido Michelín Salomón
De perfil bajo y poca resonancia en su accionar, como la mayoría
de los viceministros de Cancillería. Llega "de afuera" (cargo de confianza) al
asumir J. C. Blanco en 1972. A fines del 76 ?cuando mandan a Alejandro
Rovira de la cartera del Interior a "poner orden" por todo este asunto
y otras cosas? Michelín desaparece de escena, tan
discretamente como había llegado.
Poco hay para decir sobre él, salvo su apoyo incondicional al
ministro Blanco y la conocida "plana mayor" de aquella época. Así lo demuestra
su actitud con el embajador venezolano y su aporte para la confección del
memorando.
Hay sin embargo un hecho jugoso, poco conocido para la gente ajena
al Palacio Santos. Fue el año del golpe, cuando el Goyo Álvarez pisaba fuerte
desde el cuartel. Tal vez por desconocimiento del ambiente en que estaba
inmerso, Michelín no tuvo en cuenta que allá las paredes oyen, y lo que recogen
se esparce como reguero de pólvora, por lo que llamamos "radio pasillo".
Así fue que emitió un comentario sobre la virilidad de don
Gregorio, que si bien se comentaba por ahí, dicho por un jerarca tomaba otro
cuerpo y forma. Y el Goyo se enteró... el alcance de "radio pasillo" le daría
envidia a cualquier emisora real.
Fue así que una tarde, paró una camioneta del ejército en el
repecho de Cuareim, y por esa puerta entró el Goyo fusta en mano, secundado por
dos milicos armados. Atravesó el patio empedrado y subiendo la escalera,
irrumpió en el primer despacho del "patio del angelito": la Subsecretaría.
Adentro, arremetió a fustazos contra Michelín, a la vez que lo
insultaba a voz en cuello. Según cuentan los que presenciaron todo, a pesar de
protegerse agachándose detrás de su escritorio, unos cuantos fustazos se llevó.
Descargada su ira, el Goyo "se despidió" de su víctima con una frase que los
funcionarios usamos jocosamente durante mucho tiempo:
"Y no se te ocurra mandarte a mudar. Acá te quedás, porque es acá donde yo te necesito". Y aunque con ganas de irse, se tuvo que quedar, nomás.
En su declaración subraya la negativa de las fuerzas armadas y
policiales de tener implicancia en el incidente, diciendo: "no dudábamos de
lo que la embajada venezolana nos transmitía, pero chocábamos contra una pared,
una negativa total".
Hoy pertenece a la gobernación del Rotary, como Instructor
Distrital. Su responsabilidad en los hechos también quedó demostrada, pero hasta
ahora y por este caso, el único recluso sigue siendo el ministro Blanco.
EL JUICIO AL CANCILLER Y EL FALLO DEL JUEZ CAVALLI:
Los vistos y considerando del fallo comienzan señalando que
"De autos surgen elementos de convicción suficientes para entender que el
Sr. Juan Carlos Blanco Estradé está incurso como coautor, en un delito de
Privación de Libertad muy especialmente agravado pues el hecho obedece a móviles
políticos o ideológicos.
La participación del indagado fue la de coautor pues hubo una
cooperación directa en el período de la consumación. Como se dijo antes, se
trató de una cooperación material, al llevar adelante, como cabeza de la
Cancillería, un plan para distorsionar los hechos, negando la realidad"
Luego menciona el expediente administrativo de la Cancillería, el
interrogatorio de Blanco y la prueba testimonial aportada al caso, y la reunión
que Blanco mantuvo en el Ministerio de Relaciones Exteriores con el
subsecretario Guido Michelín Salomón, el asesor de la Cancillería Álvaro
Álvarez, y el embajador de Uruguay en Venezuela, Julio César Lupinacci.
"En esa reunión, se dispone por el canciller la realización de
un memorando a presentar a autoridades del gobierno analizando las ventajas o
desventajas de la entrega de quien identifican como 'la mujer'. Luego de
detallar cada una de ellas, culminan por recomendar la entrega y sugieren la
explotación publicitaria de ese acto"
"Debe decirse que existe semiplena prueba de estos hechos, en
el sentido que el Sr. Blanco, como canciller de la República, estaba por demás
enterado de la denuncia de secuestros, detenciones y desaparición de personas en
el Uruguay
El entonces canciller, sabía perfectamente la discordancia
entre las afirmaciones de quienes ejercían el mando y lo que se denunciaba en el
mundo, más precisamente, en una serie de naciones de fuerte tradición
democrática
En otras palabras, sabía por fuentes que van más allá de la
ola de rumores que sacudió Montevideo en aquellos días sobre el terrible destino
de la Sra. Quinteros (hecho notorio), que el mundo entero sostenía la verdad que
a lo largo de los años se fue confirmando, hasta ser ratificada por el propio
Sr. Blanco en esta indagatoria: la desaparición forzada por los órganos de
represión de la Sra. Quinteros"
"A pesar de las manifestaciones del indagado en el sentido que
ni sospechaba que la Sra. Elena Quinteros hubiera sido detenida por funcionarios
uruguayos, si se aprecia el texto del memorando, se verá que de ningún modo
pensó de esa forma"
Efectivamente, en el mismo se decía: "No puede persistirse en
la posición de alegar que la acusación venezolana carece de elementos de juicio
ante las determinaciones concretas de datos contenidos en la última nota de
Venezuela"
Cavalli hace referencia a la actitud que tomó y la que debió tomar
el ex canciller, lo que parece trasladable al resto de concurrentes a la reunión
donde se decidió sobre el destino de Elena Quinteros:
"Se considera que la realidad que asumió, la que puede asumir
hoy y la que debió asumir siempre (Blanco), es que los mandos de la
época habían procedido a la detención de la maestra y para ocultar el error
debían negar que la tenían y hacer desaparecer cualquier rastro de
ella"
"Dos vías tuvo el Sr. Blanco para elegir. La que optó fue
cooperar a propagar la verdad formal que se le decía, colaborar con los captores
e instruir al cuerpo diplomático para que salieran al mundo a decir que quienes
mentían eran los funcionarios extranjeros"
En ese sentido Cavalli agrega que"otro acto que supuso la
colaboración con las personas que privaban la libertad de la Sra. Elena
Quinteros lo constituye el libramiento de un comunicado de prensa el 6 de julio
de 1976, por el cual el Ministerio de Relaciones Exteriores a su cargo,
desvirtuaba hechos y atribuía responsabilidad en el episodio al embajador
venezolano Ramos
Lo más relevante para el caso desde el punto de vista penal,
es que la colaboración antes detallada, practicada en el Uruguay de 1976,
suponía además, echar la suerte de la Sra. Elena Quinteros hacia un final
presumiblemente trágico".
El Juez Cavalli dictó sentencia... y fue tratado de
"caballo" y de "burro" en el editorial del matutino El País:
"Esta desdichada sentencia jamás hubiera sido dictada por
Armando Tomassino, por su tío Julio César de Gregorio, por Álvaro Macedo, por
Francisco Gamarra, por Julio Guani ni por Pablo de María. Pero sí fue dictada
por Eduardo Cavalli. Un juez cuyo apellido nos hace recordar la célebre anécdota
parlamentaria de Emilio Frugoni, cuando le dijo al diputado Carvalho que le
sobraba la 'r' que le faltaba a su colega Buranelli...".
El extenso documento en que se basó el juez Cavalli para
sentenciar a Juan Carlos Blanco, contenía también un análisis de la
responsabilidad penal de Álvaro Alvarez, Julio César Lupinacci y Guido Michelín
Salomón; demostrando su colaboración con el procesado.
Pero esa será otra historia, si es que se registra en hechos, y en
vida de los tres que quedan. Porque todos estos personajes ?no sólo el ex
canciller? incurrieron en "crimen de escritorio", decidiendo quién vive y quién
muere desde un elegante y cómodo sillón, sabiendo perfectamente que Elena
Quinteros estaba en poder de las fuerzas represoras
La desaparición forzada es un delito de lesa humanidad. No
proscribe. Sólo hace falta tiempo para que todos y cada uno de los responsables
por Elena y por todos los torturados, muertos y desaparecidos; salden su deuda
con la sociedad
Es curioso el vuelco que tienen ciertos acontecimientos con el
transcurrir del tiempo. Los mismos mentores del Plan Cóndor son los que hoy
desclasifican sus archivos y aportan datos esenciales para la inculpación de sus
antiguos protegidos
¿Quién lo hubiera dicho...? Más bien que es algo lógico; es el
histórico proceder del gran hermano del norte: primero te ayuda, después te usa
y por último te escupe.
Dicen que la mentira tiene patas cortas... pero no tanto, si es
capaz de dar zancadas de más de treinta años. Y que la justicia es ciega... pero
esta buena señora tiene ojos, aunque los use para mirar para otro lado cada vez
que puede... y mientras nadie la acorrale
Por Elena, por Tota, y para todos quienes no sabían de ellas más
que lo que fue ?y es? "conveniente" divulgar; quise expresar aquí todas las
certezas que conozco ?las recabadas y las propias? y, como homenaje a su
memoria, poner los puntos sobre las íes.
Elizabeth Oliver de Abalos
Con información de archivos del PIT/CNT, El País, La
República, Correo Socialista, Equipo Nizkor y Associated Press.
ARTICULO TOMADO DE WWW.POSTAPORTENIA.COM.ARWWW.POSTAPORTENIA.COM.AR
eliza@montevideo.com.uy
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26 jun 2013
Un nuevo comienzo
OPINION
Un nuevo comienzo
Por Atilio A. Boron *
Las grandes manifestaciones populares de
protesta en Brasil demolieron en la práctica una premisa cultivada por la
derecha, y asumida también por diversas formaciones de izquierda, comenzando por
el PT y siguiendo por sus aliados. Si se garantizaba “pan y circo”, el pueblo
–desorganizado, despolitizado, desmoralizado– aceptaría mansamente que la
alianza entre las viejas y las nuevas oligarquías prosiguieran gobernando el
país sin mayores sobresaltos. La continuidad y eficacia del programa Bolsa
Familia aseguraba el pan, y la Copa del Mundo y su preludio, la Copa
Confederaciones, y luego los Juegos Olímpicos, aportarían el circo necesario
para consolidar la pasividad política de los brasileños. Esta visión, no sólo
equivocada sino profundamente reaccionaria (y casi siempre racista), quedó hecha
añicos esta semana, lo que revela la corta memoria histórica de la clase
dominante y sus representantes, a los que se les olvidaron las grandes
movilizaciones populares exigiendo la elección directa del presidente a
comienzos de los ochenta; las que precipitaron la renuncia de Collor de Mello en
1992; y la ola ascendente de luchas populares que hicieron posible el triunfo de
Lula en el 2002. Del olvido brota la sorpresa, que enmudeció a una dirigencia
política de discurso fácil y efectista, que no podía comprender –y mucho menos
contener– el tsunami político que irrumpía nada menos que en los fastos
futboleros de la Copa Confederaciones. Fue notable la falta de respuesta
gubernamental, desde las intendencias municipales hasta los gobiernos estaduales
y el propio gobierno federal.
Opinólogos y analistas adscriptos al gobierno insisten ahora en colocar bajo
la lupa estas manifestaciones, señalando su carácter caótico, su falta de
liderazgo, la ausencia de un proyecto político de recambio. Harían mejor en
dirigir su mirada hacia los déficit de la gestión gubernativa en todos sus
niveles, desde el municipio hasta Brasilia. Plantear que todo esto tiene que ver
con el aumento de 20 centavos de real en el transporte público de San Pablo es
lo mismo que, salvando las distancias, suponer que la Revolución Francesa se
produjo porque algunas panaderías de la zona de la Bastilla habían aumentado en
unos centavos el precio del pan. Confunden el detonante con las causas profundas
de la rebelión popular, que dicen relacionar con la enorme deuda social de la
democracia brasileña, apenas atenuada en los últimos años del gobierno de Lula.
Temas tales como la pésima situación de los servicios de salud pública; el sesgo
clasista del acceso a la educación; la corrupción gubernamental (un indicador:
la presidenta Dilma Rousseff ha echado a varios ministros por esta causa); la
ferocidad represiva impropia de un Estado que se reclama como democrático; y la
arrogancia tecnocrática de los gobernantes, en todos sus niveles, ante las
demandas populares. ¿Cómo exigirles claridad ideológica y política a los
manifestantes (hasta hace poco llamados “¡vándalos!”) cuando tal cosa brilla por
su ausencia en el partido gobernante?, se preguntaba días atrás el analista
Carlos Eduardo Martins. Y seguía: ¿qué pasó con la reforma agraria, congelada
por la alianza con el agronegocio?; ¿por qué no se escuchan los reclamos de los
pueblos originarios?; ¿qué se está haciendo ante la bomba de tiempo de la deuda
pública, para cuyo pago se sacrifican las políticas sociales que deberían ser la
seña de identidad de un Estado realmente democrático? Martins afirma con razón
que mal podría el pueblo brasileño deslumbrarse ante los 20.000 millones de
reales del programa Bolsa Familia cuando el pago de sólo los intereses de la
deuda pública asciende 240.000 millones de reales. No se trata de disminuir la
importancia del primero, sino de poner fin a la sangría originada por una deuda
pública –ilegítima hasta la médula– que ha hecho de los banqueros y
especuladores financieros los principales beneficiarios de la democracia
brasileña o, más precisamente, de la plutocracia reinante en el Brasil.Es imposible prever cual será el futuro de estas manifestaciones, pero de algo estamos seguros. El “¡que se vayan todos!” de la Argentina del 2001-2002 no pudo constituirse como una alternativa de poder, pero por lo menos señaló los límites que ningún gobierno podría volver a traspasar. Más aún, como ocurrió con las grandes movilizaciones populares en Bolivia y Ecuador, demostró que sus flaquezas y su inorganicidad, como las que hoy hay en Brasil, no les impedían tumbar a gobernantes que sólo gobernaban para los ricos. Las masas que salieron a la calle en más de cien ciudades brasileñas pueden tal vez no saber adónde van, pero en su marcha pueden acabar con un gobierno que claramente eligió ponerse al servicio del capital. Brasilia haría muy bien en mirar lo ocurrido en los países vecinos y tomar nota de esta lección. Porque, tal vez, un nuevo ciclo de ascenso de las luchas populares esté dando comienzo en el gigante sudamericano. Si así fuera, sería una gran noticia para la causa de la emancipación de nuestra América.
* Director del PLED, Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.
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