Etchecolatz: "Por mi cargo y jerarquía, me tocó matar pero no sé cuánta gente"
En el marco del juicio que investiga la participación de 15 militares y un exfuncionario civil en el secuestro y tortura de 128 detenidos alojados en el centro clandestino La Cacha, ubicado en las afueras de La Plata, quien fuera la mano derecha del jefe de la Policía bonaerense, Ramón Camps, aseguró que "yo no salía a matar a alguien para quitarle la vida; era porque había llamados denuncias de vecinos, que veían algo raro en el lugar, le mandaba patrullas y ahí estaba la vida de uno u otro".
El represor, condenado a prisión perpetúa por crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura, sostuvo que "esos enfrentamientos son objeto y encuadre de una situación de guerra, dicha por los mismos terroristas. Acá no era por una cuestión de antipatía, estábamos exponiendo nuestras vidas". Al exponer ante el Tribunal Oral Federal Nº 1, presidido por Carlos Rozanski e integrado por Pablo Jantus y Pablo Vega, Miguel Etchecolatz dijo que "la policía de la Provincia tuvo que ofrecer más de 160 muertos", y preguntó a los magistrados presentes: "¿No conocen esa situación tan cruenta? ¿Por qué se oculta?".
"Yo no sé los años que me quedan de vida para mí, pero creo que el talonario se me va acortando, no me importan cuánto hagan de mi persona porque estoy más allá de mi persona, pero sí me importa que se respeten la Constitución y las leyes". Imputado como coautor de dos homicidios ocurridos en el barrio platense de Tolosa, el 9 de noviembre de 1976, Etchecolatz afirmó que "detrás mío hay una figura de un señor (Jorge Julio) López, desaparecido después de haber prestado declaración. El señor López mintió, como consta en varios lugares, cuando dice que vio que yo mandé a fusilar, ese día estuve internado".
Por su parte, Jaime Lamont Smart, el único civil que está siendo juzgado por las torturas y desapariciones de la dictadura, se desvinculó de las acusaciones y sostuvo que "(Marcelo) Bettini tomó una pastilla, y por ello murió". "La fiscalía me imputa homicidio porque equipara el suicidio de ettini con el de un campo de concentración", dijo el exministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Cuestionó que "Bettini era un montonero, llevaba una pastilla de cianuro que fue extendida a la militancia montonera porque la cúpula se había ido del país y ellos recomendaban tomarse la pastilla de cianuro".
Entre los casos que se investigan están los de Laura Carlotto, hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y la privación ilegítima de la libertad de Antonio Bautista Bettini, padre de Carlos Bettini, actual embajador argentino en España. Además, se juzga la sustracción de Matías y Gonzalo Reggiardo Tolosa y de Natalia Suárez Nelson, nacidos mientras sus madres estaban cautivas en La Cacha, tras lo cual fueron apropiados.
En el banquillo de los acusados están sentados Carlos Hidalgo Garzón; Jorge Di Pasquale; Gustavo Cacivio, Ricardo Fernández; Luis Perea; Roberto Balmaceda; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Romero Pavón y Anselmo Palavezzati, todos militares. También, se juzgará a Juan Carlos Herzberg, Raúl Espinoza, Claudio Grande, Héctor Acuña, Rufino Batalla, Isaac Crespín Miranda, todos exmilitares o exintegrantes del Servicio Penitenciario bonaerense.
El centro clandestino de La Cacha estaba ubicado entre las calles 191, 196, 47 y 52 de La Plata, contiguo al penal de Olmos y en las antiguas instalaciones de Radio Provincia. Funcionó como centro clandestino desde 1976 a 1978 y además operó como una maternidad clandestina para las detenidas- desaparecidas
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-239217-2014-02-05.html
5 feb 2014
Iron Mountain :Una empresa con antecedentes en "siniestros"
Una empresa con antecedentes en "siniestros"
Iron Mountain, la multinacional dedicada a la protección y almacenamiento de documentos de empresas, y propietaria del galpón que se incendió en Barracas, tiene antecedentes de cuatro siniestros en sus depósitos. Dos de ellos ocurrieron en julio de 2006, en Canadá y Gran Bretaña. Los otros dos fueron con dos días de diferencia, en marzo de 1997, en Estados Unidos, y se los investigó como presuntamente "intencionales".
En 1997, el New York Times habló de un "misterioso incendio" que destruyó un "depósito de documentos corporativos" en Nueva Jersey, dos días después de otro incendió en un depósito cercano, ambos pertenecientes a Iron Mountain. En la nota, el jefe de bomberos Robert Davidson dijo que "seguro que el primero de los incendios se había producido intencionalmente" y que era "probable" que el segundo también.
Otro de los "siniestros" fue en Londres. Un informe de la BBC, del 13 de julio de 2006, habló de "un gran incendio arrasó un depósito de almacenamiento de papel de seis pisos" en la capital británica, en el que debieron intervenir "cerca de 100 bomberos". Una semana antes se había incendiado otro depósito de Iron Mountain en Ottawa, Canadá, con miles de cajas de registros en su interior.
La empresa que desembarcó en Argentina en 2000, luego de la compra de CADA Storage y posteriormente Box Security, pertenece a la multinacional Iron Mountain Corporation, fundada en 1951 y con sede en Estados Unidos. En Argentina tiene sus oficinas centrales en Amancio Alcorta al 2400, en el barrio porteño Parque de los Patricios, además de contar con dependencias en La Boca, Lugano y Barracas, donde se produjo el siniestro.
En su sitio en internet sostiene que ofrece "servicios integrales de gestión de archivos, protección de datos y destrucción de la información". "Durante 60 años Iron Mountain ha sido un confiable socio de trabajo para más de 150 mil compañías en más de 35 países, brindando soluciones de administración, protección y almacenaje de información".
Un video institucional de la compañía destaca que sus depósitos tienen "total protección contra incendios", "red hidratante", "sprinklers" y "control estricto de humedad", además de un "sistema de detección temprana de incendios".
Iron Mountain habló de "evento trágico"
La empresa propietaria del galpón que se incendió en Barracas, lo que ocasionó la muerte de nueve bomberos, aseguró a través de un comunicado que el edificio "estaba equipado con detectores de incendios y sistema de rociadores", garantizó que va a "investigar la causa del fuego" y a trabajar "en estrecha colaboración con los investigadores locales, la policía y las autoridades de bomberos para entender lo que pasó".
En un parte publicado en su página www.ironmountain.com, la firma que administra, gestiona y custodia documentos y archivos de distintos rubros aseguró que todos sus empleados "están a salvo" y "fueron contabilizados", y afirmó que se encuentran "profundamente entristecidos por la muerte de los valientes socorristas que se apresuraron a salvar a nuestras instalaciones".
"Nuestros pensamientos están también con aquellos que han sido hospitalizados, y les deseamos una recuperación rápida y completa", dice el documento. "El edificio estaba equipado con sistema de detección de incendios y un sistema de rociadores. Reconocemos que nuestros clientes tienen preocupaciones y preguntas, y estamos en el proceso de contactar a las personas que han sido afectadas", precisaron.
Iron Mountain afirmó además que proporcionarán información "a medida que esté disponible" y agradecieron por la "paciencia y comprensión en este período crítico".
Iron Mountain, la multinacional dedicada a la protección y almacenamiento de documentos de empresas, y propietaria del galpón que se incendió en Barracas, tiene antecedentes de cuatro siniestros en sus depósitos. Dos de ellos ocurrieron en julio de 2006, en Canadá y Gran Bretaña. Los otros dos fueron con dos días de diferencia, en marzo de 1997, en Estados Unidos, y se los investigó como presuntamente "intencionales".
En 1997, el New York Times habló de un "misterioso incendio" que destruyó un "depósito de documentos corporativos" en Nueva Jersey, dos días después de otro incendió en un depósito cercano, ambos pertenecientes a Iron Mountain. En la nota, el jefe de bomberos Robert Davidson dijo que "seguro que el primero de los incendios se había producido intencionalmente" y que era "probable" que el segundo también.
Otro de los "siniestros" fue en Londres. Un informe de la BBC, del 13 de julio de 2006, habló de "un gran incendio arrasó un depósito de almacenamiento de papel de seis pisos" en la capital británica, en el que debieron intervenir "cerca de 100 bomberos". Una semana antes se había incendiado otro depósito de Iron Mountain en Ottawa, Canadá, con miles de cajas de registros en su interior.
La empresa que desembarcó en Argentina en 2000, luego de la compra de CADA Storage y posteriormente Box Security, pertenece a la multinacional Iron Mountain Corporation, fundada en 1951 y con sede en Estados Unidos. En Argentina tiene sus oficinas centrales en Amancio Alcorta al 2400, en el barrio porteño Parque de los Patricios, además de contar con dependencias en La Boca, Lugano y Barracas, donde se produjo el siniestro.
En su sitio en internet sostiene que ofrece "servicios integrales de gestión de archivos, protección de datos y destrucción de la información". "Durante 60 años Iron Mountain ha sido un confiable socio de trabajo para más de 150 mil compañías en más de 35 países, brindando soluciones de administración, protección y almacenaje de información".
Un video institucional de la compañía destaca que sus depósitos tienen "total protección contra incendios", "red hidratante", "sprinklers" y "control estricto de humedad", además de un "sistema de detección temprana de incendios".
Iron Mountain habló de "evento trágico"
La empresa propietaria del galpón que se incendió en Barracas, lo que ocasionó la muerte de nueve bomberos, aseguró a través de un comunicado que el edificio "estaba equipado con detectores de incendios y sistema de rociadores", garantizó que va a "investigar la causa del fuego" y a trabajar "en estrecha colaboración con los investigadores locales, la policía y las autoridades de bomberos para entender lo que pasó".
En un parte publicado en su página www.ironmountain.com, la firma que administra, gestiona y custodia documentos y archivos de distintos rubros aseguró que todos sus empleados "están a salvo" y "fueron contabilizados", y afirmó que se encuentran "profundamente entristecidos por la muerte de los valientes socorristas que se apresuraron a salvar a nuestras instalaciones".
"Nuestros pensamientos están también con aquellos que han sido hospitalizados, y les deseamos una recuperación rápida y completa", dice el documento. "El edificio estaba equipado con sistema de detección de incendios y un sistema de rociadores. Reconocemos que nuestros clientes tienen preocupaciones y preguntas, y estamos en el proceso de contactar a las personas que han sido afectadas", precisaron.
Iron Mountain afirmó además que proporcionarán información "a medida que esté disponible" y agradecieron por la "paciencia y comprensión en este período crítico".
Colombia: relevan al jefe de inteligencia del Ejército por escándalo de espionaje a funcionarios
Colombia: relevan al jefe de inteligencia del Ejército por escándalo de espionaje a funcionarios
5 febrero, 2014 Colombia
Tras su reunión con el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, anunció cuatro medidas para afrontar el caso de las ‘chuzadas’ ilegales a los negociadores del gobierno en la mesa de diálogos con las FARC en La Habana, denunciadas por Semana.com.
Ese paquete de decisiones implica la salida del jefe de inteligencia del Ejército, brigadier general Mauricio Ricardo Zúñiga, y al director de la Central de Inteligencia Técnica de esa misma institución brigadier general Jorge Zuluaga.
“Esto, mientras avanzan las investigaciones y esto buscando mayor transparencia y mayor claridad”, dijo el ministro en la rueda de prensa. La decisión de la salida de los altos militares la tomaron de común acuerdo y en consenso con el comandante de las Fuerzas Militares, Leonardo Barrero, y el comandante del Ejército Nacional, Juan Pablo Rodríguez.
Dentro de las medidas estará el inicio de una investigación disciplinaria en las que los encargados deberán rendir un informe antes de que termine la próxima semana. A esto se suma una investigación de la Justicia Penal Militar, que ya abrió unas indagaciones preliminares, y la Fiscalía también hará lo propio.
El ministro aseguró que los colombianos pueden estar tranquilos de que ni el presidente Juan Manuel Santos, el ministro o comandantes de las fuerzas, “han dado instrucción alguna en el sentido de utilizar las herramientas de inteligencia para fines de establecidos en la Constitución y la leyes”.
Respecto a lo sucedido el ministro indicó que siempre lo que se ha querido es implementar un comportamiento ético a acorde a la labor que cada miembro de la Fuerza Pública desempeña, por lo que aseguró que este tipo de hechos no se pueden tolerar porque son violatorios de la ley.
Fiscal general Eduardo Montealegre aseguró que las labores de inteligencia son amparadas por la Corte Constitucional, pero cuando estas tienden a proteger la seguridad nacional y no para violar derechos fundamentales como el de la intimidad.
Fiscalía
El fiscal general Eduardo, Montealegre anunció que se adelantará una investigación para determinar si existió una extralimitación de funciones por parte de los miembros de inteligencia del Ejército que podrían estar vinculados con el tema de ‘chuzadas’.
“La Fiscalía ya tiene en su poder varios elementos producto del allanamiento que se hizo el 24 de enero de este año por orden de un fiscal y contamos con la autorización de un juez de control de garantías para hacer un examen minucioso de más de los 20 computadores, elementos y memorias que fueron incautados el días del allanamiento”, dijo.
Montealegre fue enfático que con los elementos incautados se va a verificar si las labores de inteligencia se limitaron a proteger la seguridad Nacional o si se desviaron a actividades prohibidas por la Constitución.
http://www.semana.com/nacion/articulo/chuzadas-relevan-jefe-de-inteligencia-del-ejercito/376155-3
‘Andrómeda’, la sala de inteligencia que enreda al Ejército
El escándalo por la interceptación ilegal de comunicaciones privadas por parte de las Fuerzas Militares se reeditó ayer con un nuevo capítulo que presuntamente involucra a personal del Ejército y ya cobró las cabezas de dos generales. Súbitamente, la revista Semana divulgó que desde un local comercial ubicado en el barrio Galerías de Bogotá estaba operando una central de chuzadas ilegales que, además de los blancos tradicionales de la oposición, esta vez rastreaba a los negociadores del Gobierno en los diálogos de paz con las Farc en La Habana, Cuba.
Según la información, la central de interceptaciones del Ejército, llamada por los militares ‘Andrómeda’, funcionaba en un local de dos pisos. En el primero como un restaurante y el segundo como un sitio de servicios de internet, con oferta de cursos para creación de páginas web y seguridad informática. La fachada ‘Andrómeda’ contaba con la participación de militares activos y civiles hackers. Estos últimos, según Semana, habían sido reclutados en algunas ferias de tecnología y trabajaban bajo el principio de la compartimentación.
Tras una reunión entre el fiscal Eduardo Montealegre y el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, este último anunció que el jefe de Inteligencia del Ejército y el director de la Central de Inteligencia Militar (Citec), generales Mauricio Ricardo Zúñiga y Jorge Zuluaga (ver página 4), respectivamente, fueron relevados de sus cargos mientras avanza la investigación. Al mismo tiempo, se determinó iniciar una indagación disciplinaria por parte de la Inspección General del Ejército y apoyar a la Fiscalía en sus pesquisas.
El pasado 30 de octubre, al detectar que la Fiscalía estaba a punto de allanar el lugar, tras una reunión de coordinación entre integrantes de la Citec, se ordenó hacer un borrado seguro de la información recaudada y empezar a desarmar los equipos de ‘Andrómeda’. El allanamiento se produjo el pasado martes, es decir, tres meses después, y los investigadores sólo encontraron 26 computadores, entre ellos 10 que estaban escondidos tras una puerta falsa. El fiscal Montealegre anunció que en estos momentos se analiza el contenido de sus discos duros para determinar si el Ejército se extralimitó en sus funciones.
Según le dijo a Semana un sargento primero del Ejército que pertenecía a ‘Andrómeda’, no se estaba haciendo control de voces, sino de datos, en especial de correos y conversaciones de chat. El objetivo eran varias ONG de derechos humanos, la excongresista Piedad Córdoba, el representante Iván Cepeda y algunos de los plenipotenciarios y asistentes a las negociaciones del Gobierno y las Farc en Cuba como Humberto de la Calle, Alejandro Éder y Sergio Jaramillo. El propósito de las chuzadas ilegales habría sido conseguir la mayor cantidad de información sobre el avance de los diálogos de paz.
Los hallazgos del ente investigador reportados por el periodismo tienen un antecedente igual de grave. El 1º de agosto de 2013, por orden directa del fiscal general, se determinó cerrar y trasladar al búnker de la entidad los equipos de una sala de interceptación de comunicaciones del Ejército conocida como la ‘Sala Gris’. Dicho centro de escuchas funcionaba en una oficina ubicada en la calle 100 con carrera 8ª, en el norte de Bogotá, y hacía parte del sistema Esperanza, matriz de interceptaciones legales de la Fiscalía.
A pesar de que el fiscal Montealegre le dijo a Semana que en ese momento y ante las versiones sobre las irregularidades en la ‘Sala Gris’ decidió trasladar los equipos al búnker para ejercer mayores controles, no está claro si personal del CTI sabía lo que estaba sucediendo en la 100 con 8ª. Según conoció El Espectador, esta última circunstancia ha generado discusiones entre la Fiscalía y el Ministerio de Defensa. Una versión dice que a la cartera de Defensa le molestó la decisión, pero otra afirma que altos funcionarios del CTI de la época participaban en las chuzadas.
Lo cierto es que después de lo sucedido el 1º de agosto se produjeron dos hechos que, según fuentes consultadas, pueden responder al súbito traslado de la ‘Sala Gris’ a la Fiscalía, donde se probó que la interceptación de al menos 100 líneas carecía de soportes legales adecuados. Una semana después del traslado de los equipos, el presidente Juan Manuel Santos dispuso el cambio de toda la cúpula militar. Ayer se especuló si algo tuvo que ver con lo sucedido. El pasado 14 de enero se produjo también un inesperado relevo en la dirección general del CTI.
El escándalo apenas comienza. Ayer el presidente Santos pidió investigar a fondo todo lo sucedido y anunció que dio instrucciones precisas al Ministerio de Defensa para que aclare el tema, porque “no es aceptable, bajo ningún punto de vista, que la inteligencia se haga contra los ciudadanos, la oposición política o funcionarios del mismo Estado”. De manera simultánea, en los diversos movimientos políticos hubo todo tipo de reacciones sobre la información, y quedó al descubierto que la célula legislativa encargada de pedirles cuentas a estas agencias de inteligencia jamás ha ejercido control alguno (ver pág. 6). Por lo pronto, lo que se busca esclarecer es quiénes ordenaron y eran los destinatarios principales de la información recaudada ilegalmente.
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/andromeda-sala-de-inteligencia-enreda-al-ejercito-articulo-472918
5 febrero, 2014 Colombia
Tras su reunión con el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, anunció cuatro medidas para afrontar el caso de las ‘chuzadas’ ilegales a los negociadores del gobierno en la mesa de diálogos con las FARC en La Habana, denunciadas por Semana.com.
Ese paquete de decisiones implica la salida del jefe de inteligencia del Ejército, brigadier general Mauricio Ricardo Zúñiga, y al director de la Central de Inteligencia Técnica de esa misma institución brigadier general Jorge Zuluaga.
“Esto, mientras avanzan las investigaciones y esto buscando mayor transparencia y mayor claridad”, dijo el ministro en la rueda de prensa. La decisión de la salida de los altos militares la tomaron de común acuerdo y en consenso con el comandante de las Fuerzas Militares, Leonardo Barrero, y el comandante del Ejército Nacional, Juan Pablo Rodríguez.
Dentro de las medidas estará el inicio de una investigación disciplinaria en las que los encargados deberán rendir un informe antes de que termine la próxima semana. A esto se suma una investigación de la Justicia Penal Militar, que ya abrió unas indagaciones preliminares, y la Fiscalía también hará lo propio.
El ministro aseguró que los colombianos pueden estar tranquilos de que ni el presidente Juan Manuel Santos, el ministro o comandantes de las fuerzas, “han dado instrucción alguna en el sentido de utilizar las herramientas de inteligencia para fines de establecidos en la Constitución y la leyes”.
Respecto a lo sucedido el ministro indicó que siempre lo que se ha querido es implementar un comportamiento ético a acorde a la labor que cada miembro de la Fuerza Pública desempeña, por lo que aseguró que este tipo de hechos no se pueden tolerar porque son violatorios de la ley.
Fiscal general Eduardo Montealegre aseguró que las labores de inteligencia son amparadas por la Corte Constitucional, pero cuando estas tienden a proteger la seguridad nacional y no para violar derechos fundamentales como el de la intimidad.
Fiscalía
El fiscal general Eduardo, Montealegre anunció que se adelantará una investigación para determinar si existió una extralimitación de funciones por parte de los miembros de inteligencia del Ejército que podrían estar vinculados con el tema de ‘chuzadas’.
“La Fiscalía ya tiene en su poder varios elementos producto del allanamiento que se hizo el 24 de enero de este año por orden de un fiscal y contamos con la autorización de un juez de control de garantías para hacer un examen minucioso de más de los 20 computadores, elementos y memorias que fueron incautados el días del allanamiento”, dijo.
Montealegre fue enfático que con los elementos incautados se va a verificar si las labores de inteligencia se limitaron a proteger la seguridad Nacional o si se desviaron a actividades prohibidas por la Constitución.
http://www.semana.com/nacion/articulo/chuzadas-relevan-jefe-de-inteligencia-del-ejercito/376155-3
‘Andrómeda’, la sala de inteligencia que enreda al Ejército
El escándalo por la interceptación ilegal de comunicaciones privadas por parte de las Fuerzas Militares se reeditó ayer con un nuevo capítulo que presuntamente involucra a personal del Ejército y ya cobró las cabezas de dos generales. Súbitamente, la revista Semana divulgó que desde un local comercial ubicado en el barrio Galerías de Bogotá estaba operando una central de chuzadas ilegales que, además de los blancos tradicionales de la oposición, esta vez rastreaba a los negociadores del Gobierno en los diálogos de paz con las Farc en La Habana, Cuba.
Según la información, la central de interceptaciones del Ejército, llamada por los militares ‘Andrómeda’, funcionaba en un local de dos pisos. En el primero como un restaurante y el segundo como un sitio de servicios de internet, con oferta de cursos para creación de páginas web y seguridad informática. La fachada ‘Andrómeda’ contaba con la participación de militares activos y civiles hackers. Estos últimos, según Semana, habían sido reclutados en algunas ferias de tecnología y trabajaban bajo el principio de la compartimentación.
Tras una reunión entre el fiscal Eduardo Montealegre y el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, este último anunció que el jefe de Inteligencia del Ejército y el director de la Central de Inteligencia Militar (Citec), generales Mauricio Ricardo Zúñiga y Jorge Zuluaga (ver página 4), respectivamente, fueron relevados de sus cargos mientras avanza la investigación. Al mismo tiempo, se determinó iniciar una indagación disciplinaria por parte de la Inspección General del Ejército y apoyar a la Fiscalía en sus pesquisas.
El pasado 30 de octubre, al detectar que la Fiscalía estaba a punto de allanar el lugar, tras una reunión de coordinación entre integrantes de la Citec, se ordenó hacer un borrado seguro de la información recaudada y empezar a desarmar los equipos de ‘Andrómeda’. El allanamiento se produjo el pasado martes, es decir, tres meses después, y los investigadores sólo encontraron 26 computadores, entre ellos 10 que estaban escondidos tras una puerta falsa. El fiscal Montealegre anunció que en estos momentos se analiza el contenido de sus discos duros para determinar si el Ejército se extralimitó en sus funciones.
Según le dijo a Semana un sargento primero del Ejército que pertenecía a ‘Andrómeda’, no se estaba haciendo control de voces, sino de datos, en especial de correos y conversaciones de chat. El objetivo eran varias ONG de derechos humanos, la excongresista Piedad Córdoba, el representante Iván Cepeda y algunos de los plenipotenciarios y asistentes a las negociaciones del Gobierno y las Farc en Cuba como Humberto de la Calle, Alejandro Éder y Sergio Jaramillo. El propósito de las chuzadas ilegales habría sido conseguir la mayor cantidad de información sobre el avance de los diálogos de paz.
Los hallazgos del ente investigador reportados por el periodismo tienen un antecedente igual de grave. El 1º de agosto de 2013, por orden directa del fiscal general, se determinó cerrar y trasladar al búnker de la entidad los equipos de una sala de interceptación de comunicaciones del Ejército conocida como la ‘Sala Gris’. Dicho centro de escuchas funcionaba en una oficina ubicada en la calle 100 con carrera 8ª, en el norte de Bogotá, y hacía parte del sistema Esperanza, matriz de interceptaciones legales de la Fiscalía.
A pesar de que el fiscal Montealegre le dijo a Semana que en ese momento y ante las versiones sobre las irregularidades en la ‘Sala Gris’ decidió trasladar los equipos al búnker para ejercer mayores controles, no está claro si personal del CTI sabía lo que estaba sucediendo en la 100 con 8ª. Según conoció El Espectador, esta última circunstancia ha generado discusiones entre la Fiscalía y el Ministerio de Defensa. Una versión dice que a la cartera de Defensa le molestó la decisión, pero otra afirma que altos funcionarios del CTI de la época participaban en las chuzadas.
Lo cierto es que después de lo sucedido el 1º de agosto se produjeron dos hechos que, según fuentes consultadas, pueden responder al súbito traslado de la ‘Sala Gris’ a la Fiscalía, donde se probó que la interceptación de al menos 100 líneas carecía de soportes legales adecuados. Una semana después del traslado de los equipos, el presidente Juan Manuel Santos dispuso el cambio de toda la cúpula militar. Ayer se especuló si algo tuvo que ver con lo sucedido. El pasado 14 de enero se produjo también un inesperado relevo en la dirección general del CTI.
El escándalo apenas comienza. Ayer el presidente Santos pidió investigar a fondo todo lo sucedido y anunció que dio instrucciones precisas al Ministerio de Defensa para que aclare el tema, porque “no es aceptable, bajo ningún punto de vista, que la inteligencia se haga contra los ciudadanos, la oposición política o funcionarios del mismo Estado”. De manera simultánea, en los diversos movimientos políticos hubo todo tipo de reacciones sobre la información, y quedó al descubierto que la célula legislativa encargada de pedirles cuentas a estas agencias de inteligencia jamás ha ejercido control alguno (ver pág. 6). Por lo pronto, lo que se busca esclarecer es quiénes ordenaron y eran los destinatarios principales de la información recaudada ilegalmente.
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/andromeda-sala-de-inteligencia-enreda-al-ejercito-articulo-472918
Celac: una integración emancipatoria
STELLA CALLONI / Celac: una integración emancipatoria
Publicado el 1/29/14
La cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que inicia este martes en La Habana, Cuba, y a la que concurren 33 jefes de Estado y de gobierno, enfrentó en los últimos tiempos una verdadera guerra sicológica en el intento de separar a los países hermanos con una serie de informaciones falsas e insidiosas y para tratar de impedir su desarrollo en la isla caribeña, maniobra que fue derrotada por la voluntad de integración, como la única posibilidad de avanzar hacia un futuro cada vez más independiente y soberano.
Esta cumbre que se plantea la consolidación de logros alcanzados, la decisión de encontrar caminos urgentes hacia las soluciones sociales que permitan dejar atrás la tragedia de la pobreza estructural, y la nueva, ambas consecuencia de la intervención, injerencia y dominación, con su esquema de explotación y de los nuevos pobres arrojados a los inmensos arrabales de nuestro continente en la marea neoliberal de los años 90. Pero también consolidar la integración real, creando una zona de paz y desarrollo integral, sin injerencia externa.
Una propuesta concreta de Cuba, que ejerce la presidencia protémpore, lo que se decidió en la Primera Reunión en Santiago, Chile, el 27 y 28 de enero de 2013, estará en la mesa de la Celac para llegar a concretar la creación de un territorio de paz en toda la región.
El presidente de Cuba, Raúl Castro, estuvo al frente de un sólido trabajo de preparación, análisis, propuestas. Para lograr la creación de un territorio de paz en la región deberá debatirse el papel de la Organización del Atlántico Norte (OTAN) en su actual tarea de llevar adelante la política de guerras coloniales del imperialismo y sus asociados, que se aplica en países de Medio Oriente, África, y Asia y que llevó a militarizar el Atlántico Sur.
La invasión y ocupación de países como Afganistán, Irak, Libia, ahora Siria y otros estados está destinada al escandaloso robo de recursos naturales, como se está demostrando en esas regiones devastadas.
Por todo esto es tan importante esta reunión en lo que significa el compromiso de llevar a la práctica los acuerdos de profundizar la recuperación social, cultura, ambiental, los proyectos económicos conjuntos y otros como la forma activa de defender unidos los recursos de la región, entre otros temas.
Es el momento de las grandes decisiones para elegir entre un desarrollo y crecimiento soberano para el bienestar de los pueblos, y la defensa de todos los derechos de éstos, entre ellos el de una información veraz y en función de los proyectos de paz y lo que intenta imponer el poder hegemónico, que apoyando otros tipos de Alianzas en la región, totalmente supeditados a sus intereses, introduce obligatoriamente los Tratados de Libre Comercio, en función de un proceso recolonizador, que las poblaciones rechazan.
Ahora se agrega como defensa soberana, después de las revelaciones sobre el espionaje mundial de Estados Unidos y el uso de Internet para la vigilancia, espionaje global, control de recursos, guerras coloniales tardías, pero de una violencia fascista que creímos superadas. Debemos elegir entre el sometimiento a estos proyectos destructivos que dejan tierra arrasada y millones de víctimas como objetivo final y la acción conjunta de nuestros países contra todas las actividades de una Guerra Cibernética que se nos aplica solapadamente.
Se trata de una verdadera puja entre la dictadura mediática mundial que se nos ha impuesto y el proyecto liberador de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), para independizarnos de Estados Unidos en materia comunicacional, para lo cual varios países han avanzado con cables submarinos (caso Venezuela-Cuba ) o los satélites como el recientemente lanzado al espacio por Bolivia, o el Simón Bolívar en Venezuela y los trabajos que se están realizando en Brasil junto con Argentina, como se decidió recientemente en una reunión de los ministros de Defensa de ambos países para asegurar la independencia que propone una integración emancipatoria y la verdadera defensa nacional. Hay muchos temas claves para el futuro de la región.
Caso Malvinas y la paz
Sin embargo, habría que detenerse en la decisión de convertir a la región en una extensa y ejemplar zona de paz. En esta cuestión es necesario evaluar todo lo que se ha hecho a nivel de las organizaciones integracionistas regionales, en apoyo del derecho de Argentina a recuperar las islas Malvinas, situadas a poco más de 400 kilómetros de la costa marítima de este país y a más de 14 mil de la nación ocupante en este caso Gran Bretaña (desde 1833 hasta la fecha) que no está dispuesto a cumplir con las resoluciones de la Organización Naciones Unidas (ONU) sobre descolonización.
Lo más grave es la instalación a mediados de los años 80 de la base militar británica Mount Pleassant en la isla Soledad de ese archipiélago, y que figura ahora en los mapas extendido que tiene la OTAN, ilegalmente. Además Gran Bretaña ha continuado adelante con la llegada de empresas y plataformas para exploraciones petroleras y otras a pesar de la resolución de la ONU que ordena no avanzar en este caso sobre la región y dirimir el conflicto en negociaciones para la definitiva descolonización.
No sólo maniobras militares amenazantes realiza el Reino Unido, sino que hay que destacar informes de medios especializados de Estados Unidos que mencionan que la empresa estadunidense Devon Energy Corporation, que lidera la extracción de gas esquito se unió a la británica Falkland Island Oil Co. para trabajar conjuntamente en la exploración de hidrocarburos en las Malvinas, lo que se iniciaría en 2015 con la primeras perforaciones.
Esto pondrá Argentina ante dificultades ya que recientemente firmó un acuerdo con la empresa Chevron por 300 millones de dólares para trabajar en los yacimientos de Vaca Muerta en el sur. A su vez, tanto el Departamento de Estado estadunidense como las ONG de esa nacionalidad Resources for the Future y Environmental Defense Fund aparentemente defensoras del medio ambiente están impulsando la extracción de gas esquisto y agua en Argentina.
Esto viola leyes del propio Congreso argentino que ha aprobado una ley que penaliza a todos aquellos países o empresas que participen en asociación con las empresas británicas en emprendimientos en Malvinas, o que intenten invertir directamente en el archipiélago argentino, bajo ocupación británica.
Si todo esto no fuera de hecho grave, en algunos círculos mediáticos londinenses se comentó que durante la última visita a Londres del secretario de Estado estadunidense, John Kerry, en sus intercambios con el primer Ministro David Cameron y el canciller del Reino Unido, William Hague, se habría acordado que Washington no se pronunciara “públicamente” en apoyo a la ocupación británica de las islas pero en cambio trabajaría para bloquear cualquier acción de Argentina ante organismos internacionales. De la misma manera debe proceder Washington secretamente para detener cualquier demanda en favor de Buenos Aires o que intenten la aprobación de resoluciones contrarias a los intereses de Londres.
La propuesta de Kerry a su vez tiene que ver con el incremento de acciones conjuntas con Gran Bretaña en las islas, como maniobras militares “disuasivas”, inversiones como las anteriormente mencionadas y visitas de funcionarios, especialmente militares a las islas. Es un tema que también se deberá investigar en función de una zona de paz, así como la existencia de bases militares de Estados Unidos, centros operativos y oficinas de inteligencia, así como tropas de Estados Unidos que están en la región. De la misma manera se debe actuar contra cualquier tipo de injerencia externa que amenace la paz.
Fuente: La Jornada
Publicado el 1/29/14
La cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que inicia este martes en La Habana, Cuba, y a la que concurren 33 jefes de Estado y de gobierno, enfrentó en los últimos tiempos una verdadera guerra sicológica en el intento de separar a los países hermanos con una serie de informaciones falsas e insidiosas y para tratar de impedir su desarrollo en la isla caribeña, maniobra que fue derrotada por la voluntad de integración, como la única posibilidad de avanzar hacia un futuro cada vez más independiente y soberano.
Esta cumbre que se plantea la consolidación de logros alcanzados, la decisión de encontrar caminos urgentes hacia las soluciones sociales que permitan dejar atrás la tragedia de la pobreza estructural, y la nueva, ambas consecuencia de la intervención, injerencia y dominación, con su esquema de explotación y de los nuevos pobres arrojados a los inmensos arrabales de nuestro continente en la marea neoliberal de los años 90. Pero también consolidar la integración real, creando una zona de paz y desarrollo integral, sin injerencia externa.
Una propuesta concreta de Cuba, que ejerce la presidencia protémpore, lo que se decidió en la Primera Reunión en Santiago, Chile, el 27 y 28 de enero de 2013, estará en la mesa de la Celac para llegar a concretar la creación de un territorio de paz en toda la región.
El presidente de Cuba, Raúl Castro, estuvo al frente de un sólido trabajo de preparación, análisis, propuestas. Para lograr la creación de un territorio de paz en la región deberá debatirse el papel de la Organización del Atlántico Norte (OTAN) en su actual tarea de llevar adelante la política de guerras coloniales del imperialismo y sus asociados, que se aplica en países de Medio Oriente, África, y Asia y que llevó a militarizar el Atlántico Sur.
La invasión y ocupación de países como Afganistán, Irak, Libia, ahora Siria y otros estados está destinada al escandaloso robo de recursos naturales, como se está demostrando en esas regiones devastadas.
Por todo esto es tan importante esta reunión en lo que significa el compromiso de llevar a la práctica los acuerdos de profundizar la recuperación social, cultura, ambiental, los proyectos económicos conjuntos y otros como la forma activa de defender unidos los recursos de la región, entre otros temas.
Es el momento de las grandes decisiones para elegir entre un desarrollo y crecimiento soberano para el bienestar de los pueblos, y la defensa de todos los derechos de éstos, entre ellos el de una información veraz y en función de los proyectos de paz y lo que intenta imponer el poder hegemónico, que apoyando otros tipos de Alianzas en la región, totalmente supeditados a sus intereses, introduce obligatoriamente los Tratados de Libre Comercio, en función de un proceso recolonizador, que las poblaciones rechazan.
Ahora se agrega como defensa soberana, después de las revelaciones sobre el espionaje mundial de Estados Unidos y el uso de Internet para la vigilancia, espionaje global, control de recursos, guerras coloniales tardías, pero de una violencia fascista que creímos superadas. Debemos elegir entre el sometimiento a estos proyectos destructivos que dejan tierra arrasada y millones de víctimas como objetivo final y la acción conjunta de nuestros países contra todas las actividades de una Guerra Cibernética que se nos aplica solapadamente.
Se trata de una verdadera puja entre la dictadura mediática mundial que se nos ha impuesto y el proyecto liberador de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), para independizarnos de Estados Unidos en materia comunicacional, para lo cual varios países han avanzado con cables submarinos (caso Venezuela-Cuba ) o los satélites como el recientemente lanzado al espacio por Bolivia, o el Simón Bolívar en Venezuela y los trabajos que se están realizando en Brasil junto con Argentina, como se decidió recientemente en una reunión de los ministros de Defensa de ambos países para asegurar la independencia que propone una integración emancipatoria y la verdadera defensa nacional. Hay muchos temas claves para el futuro de la región.
Caso Malvinas y la paz
Sin embargo, habría que detenerse en la decisión de convertir a la región en una extensa y ejemplar zona de paz. En esta cuestión es necesario evaluar todo lo que se ha hecho a nivel de las organizaciones integracionistas regionales, en apoyo del derecho de Argentina a recuperar las islas Malvinas, situadas a poco más de 400 kilómetros de la costa marítima de este país y a más de 14 mil de la nación ocupante en este caso Gran Bretaña (desde 1833 hasta la fecha) que no está dispuesto a cumplir con las resoluciones de la Organización Naciones Unidas (ONU) sobre descolonización.
Lo más grave es la instalación a mediados de los años 80 de la base militar británica Mount Pleassant en la isla Soledad de ese archipiélago, y que figura ahora en los mapas extendido que tiene la OTAN, ilegalmente. Además Gran Bretaña ha continuado adelante con la llegada de empresas y plataformas para exploraciones petroleras y otras a pesar de la resolución de la ONU que ordena no avanzar en este caso sobre la región y dirimir el conflicto en negociaciones para la definitiva descolonización.
No sólo maniobras militares amenazantes realiza el Reino Unido, sino que hay que destacar informes de medios especializados de Estados Unidos que mencionan que la empresa estadunidense Devon Energy Corporation, que lidera la extracción de gas esquito se unió a la británica Falkland Island Oil Co. para trabajar conjuntamente en la exploración de hidrocarburos en las Malvinas, lo que se iniciaría en 2015 con la primeras perforaciones.
Esto pondrá Argentina ante dificultades ya que recientemente firmó un acuerdo con la empresa Chevron por 300 millones de dólares para trabajar en los yacimientos de Vaca Muerta en el sur. A su vez, tanto el Departamento de Estado estadunidense como las ONG de esa nacionalidad Resources for the Future y Environmental Defense Fund aparentemente defensoras del medio ambiente están impulsando la extracción de gas esquisto y agua en Argentina.
Esto viola leyes del propio Congreso argentino que ha aprobado una ley que penaliza a todos aquellos países o empresas que participen en asociación con las empresas británicas en emprendimientos en Malvinas, o que intenten invertir directamente en el archipiélago argentino, bajo ocupación británica.
Si todo esto no fuera de hecho grave, en algunos círculos mediáticos londinenses se comentó que durante la última visita a Londres del secretario de Estado estadunidense, John Kerry, en sus intercambios con el primer Ministro David Cameron y el canciller del Reino Unido, William Hague, se habría acordado que Washington no se pronunciara “públicamente” en apoyo a la ocupación británica de las islas pero en cambio trabajaría para bloquear cualquier acción de Argentina ante organismos internacionales. De la misma manera debe proceder Washington secretamente para detener cualquier demanda en favor de Buenos Aires o que intenten la aprobación de resoluciones contrarias a los intereses de Londres.
La propuesta de Kerry a su vez tiene que ver con el incremento de acciones conjuntas con Gran Bretaña en las islas, como maniobras militares “disuasivas”, inversiones como las anteriormente mencionadas y visitas de funcionarios, especialmente militares a las islas. Es un tema que también se deberá investigar en función de una zona de paz, así como la existencia de bases militares de Estados Unidos, centros operativos y oficinas de inteligencia, así como tropas de Estados Unidos que están en la región. De la misma manera se debe actuar contra cualquier tipo de injerencia externa que amenace la paz.
Fuente: La Jornada
El capitalismo extractivo y las diferencias en el bando latinoamericano progresista
El capitalismo extractivo y las diferencias en el bando latinoamericano progresista
James Petras
Rebelión
Traducido para Rebelión por Ricardo García Pérez.
Introducción
Los principales países exportadores en el sector agro-minero, entre los que se encuentran los más implicados con las principales multinacionales energéticas y de la minería del mundo, son también los que se caracterizan por ejercer las políticas más independientes y progresistas. En apariencia, la primacía de las economías basadas en el «capitalismo extractivo» y la exportación de bienes, ya no guardan correlación con gobiernos «neocoloniales».
Se puede argumentar que las concesiones a las multinacionales del sector extractivo y las clases «dirigentes» locales garantizan estabilidad e ingresos constantes y financian los crecientes gastos sociales que permiten la reelección de gobiernos de centro-izquierda. Dicho de otro modo: el fundamento no declarado de los éxitos electorales del centro-izquierda es una alianza de facto entre «la cúpula» y «la base» de la estructura de clases, a pesar de la creciente divergencia política entre los gobiernos y algunos sectores de los movimientos sociales.
El bando progresista
Existe consenso generalizado acerca de que hay siete gobiernos de siete países de América Latina que constituyen lo que se podría denominar el «bando progresista»: Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil, Uruguay, Perú y Venezuela.
Algunos rasgos definitorios que se suelen atribuir a los gobiernos de estos países son: 1) la trayectoria política anterior: la mayoría están encabezados por dirigentes y activistas de movimientos sociales, sindicatos o grupos guerrilleros, 2) las declaraciones relativamente independientes que hacen en el ámbito de la política exterior, en especial en lo referente a la intervención y las medidas sancionadoras estadounidenses, 3) la retórica ideológica que rechaza el liderazgo estadounidense en organismos regionales y favorece a organizaciones centradas en América Latina, 4) los programas electorales populistas acerca de la igualdad social, el ecologismo y los derechos humanos, 5) el rechazo vehemente del «neoliberalismo» y de las personalidades, partidos y privatizaciones neoliberales tradicionales, 6) la perspectiva estratégica que concibe un proceso prolongado de transformación social que subraya un calendario compuesto de modernización, prioridades desarrollistas y altos niveles de inversión orientada a los mercados globales y, 7) la permanencia política en el tiempo basada en reformas constitucionales que les permiten ser reelegidos amparándose en la necesidad de completar esa concepción transformadora.
El bando progresista tiene de sí mismo una imagen, que se proyecta hacia su electorado, según la cual representa una ruptura o quiebra «histórica» con el pasado; en primer lugar, en lo relacionado con la oligarquía neoliberal tradicional y, en segunda instancia, con la izquierda «estatalista». En los casos de Bolivia, Ecuador y Venezuela, suelen recurrir a una retórica alusiva al «socialismo del siglo XXI». La potencia del llamamiento a la originalidad radical tiene un alcance temporal limitado que depende del grado con el que los gobiernos desarrollan políticas discrepantes con el gobierno neoliberal predecesor.
La «división entre izquierda y derecha» tal como la representa el Bando Progresista (BP)
Las percepciones de la divergencia objetiva y subjetiva entre el bando progresista y la derecha varían en función de si emanan de fuentes oficiales o de una investigación empírica crítica. Según los ideólogos del BP, hay al menos cinco ámbitos políticos importantes que reflejan la ruptura radical con la derecha neoliberal tradicional:
(1) Nacionalismo: a) mediante la renegociación de contratos con las multinacionales del sector extractivo, el BP garantiza una elevada tasa de recaudación de impuestos e incrementa los ingresos para las arcas públicas; b) mediante el aumento de la inversión estatal, convierte empresas de titularidad íntegramente privada en iniciativas conjuntas del sector público y privado; c) mediante el incremento del pago de regalías suaviza la «explotación extranjera»; y d) mediante una mayor presencia de «tecnócratas locales» acrecienta el control nacional de decisiones estratégicas.
(2) Política exterior: El bando progresista ha desarrollado una política exterior independiente, cuando no explícitamente antiimperialista. Para evitar deliberadamente la presencia de países imperiales norteamericanos y europeos, el bando progresista ha consolidado varias organizaciones regionales latinoamericanas y caribeñas, como ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) y UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas). El BP ha rechazado las sanciones contra Cuba, Irán, Siria y Gaza y se ha opuesto a la guerra estadounidense contra Libia respaldada por la OTAN. Criticaron la posición estadounidense en la reunión de la Cumbre de las Américas celebrada en abril de 2012 en, al menos, tres cuestiones importantes: la inclusión de Cuba, la oposición al control británico de las Malvinas y la despenalización de las drogas. El BP ha manifestado su oposición a la hegemonía estadounidense, a las «reformas estructurales» del FMI y al control euro-estadounidense de las principales instituciones de crédito. Con la excepción de Venezuela, el BP ha diversificado sus mercados de exportación. Brasil, por ejemplo, exporta a Estados Unidos solo el 12,5 por ciento de sus bienes y servicios; Argentina, el 6,9 por ciento; y Bolivia, el 8,2 por ciento..
(3) Política social: El BP ha incrementado el gasto social, en especial en lo relacionado con la reducción de la pobreza en zonas rurales; ha elevado el salario mínimo; ha aprobado incrementos salariales. En unos cuantos países ofrecen créditos y financiación asequible para pequeñas y medianas empresas, han concedido títulos de propiedad legal a ocupantes de tierras y han distribuido parcelas de terreno público sin cultivar al modo de pequeña «reforma agraria».
(4) Regulación: Con un grado de coherencia dispar, el BP ha impuesto controles al sector financiero y ha regulado el flujo de capital especulativo y la volatilidad de los mercados financieros. En lo que se refiere a las normativas que rigen el sector extractivo, se han suavizado para favorecer la afluencia a gran escala de capital y para que las empresas agrarias puedan utilizar de forma generalizada productos químicos tóxicos y semillas transgénica. Han autorizado la expansión de la minería, la agricultura y la industria maderera en reservas indígenas y naturales. Han financiado proyectos de infraestructura a gran escala que vinculan a empresas del sector extractivo con mercados exportadores, invadiendo hábitats naturales protegidos anteriormente protegidos. La normativa se ha justificado aduciendo que pretende facilitar el desarrollismo extractivo «productivo» y limitar la «financiarización» de la economía.
(5) Política laboral: Se ha basado en un «modelo corporativista» de negociación y conciliación empresa-Estado-sindicato (tripartito) para limitar las huelgas y los paros patronales y para mantener el crecimiento, las exportaciones y los flujos de ingresos. La política laboral ha quedado condicionada a la de limitar los déficits presupuestarios a la tasa de inflación mediante la fijación de los incrementos salariales. En sintonía con las medidas fiscales ortodoxas, las pensiones de los trabajadores del sector público se han congelado o reducido, en especial entre los funcionarios de rango medio y alto. Las garantías laborales tradicionales se han mantenido intactas y la indemnización por despido no se ha aumentado. Las huelgas de trabajadores del sector público, sobre todo de profesores, personal sanitario y trabajadores sociales, han sido frecuentes y han desembocado en conquistas menores a través de la mediación gubernamental. La política gubernamental se ha orientado a la protección de las prerrogativas de la dirección, al tiempo que se respetaba la situación legal y los derechos de negociación colectiva de los sindicatos. En las empresas nacionalizadas gobiernan directivos nombrados por el Estado y no hay movimientos hacia la autogestión obrera o la «co-gestión», salvo en casos muy concretos de Venezuela. La estructura de las relaciones laborales sigue el modelo jerárquico de la empresa privada. La mano de obra, en el mejor de los casos, desempeña un papel consultivo en lo referente a la salud y la seguridad, pero no ejerce influencia determinante, ni invierte en el interior de este marco empresarial. Ha sido necesaria la presión sindical a través de la huelga y las protestas, a menudo aliada con grupos comunitarios, para corregir las violaciones más atroces de la normativa sanitaria o de seguridad por parte de las empresas. Aunque los gobiernos progresistas evitan públicamente las medidas neoliberales de «flexibilidad laboral», han hecho muy poco para ampliar y profundizar en las prerrogativas laborales sobre la mano de obra y el proceso de producción.
La principal diferencia de política laboral entre los gobiernos progresistas y la derecha tradicional es la «puerta abierta» a los dirigentes sindicales, su disposición a mediar y garantizar el incremento de los salarios, en especial el salario mínimo y, por lo general, la disminución de la represión brutal y violenta.
Continuidades y semejanzas entre los gobiernos neoliberales del pasado y los progresistas actuales
Los autores, profesores universitarios y periodistas de derecha y centro-izquierda subrayan la diferencia entre los gobiernos progresistas y los gobiernos neoliberales del pasado, sin reparar en que hay semejanzas estructurales políticas y económicas a gran escala. Un análisis más matizado y equilibrado requiere tener en cuenta las continuidades porque desempeñan un papel fundamental en el análisis de las limitaciones y los conflictos emergentes y la crisis que espera a los gobiernos progresistas. Además, estas limitaciones, fundadas en las continuidades, resaltan la importancia de los modelos de desarrollo alternativos propuestos por los movimientos sociales populares.
El modelo de exportación agro-mineral ha hecho gala de deficiencias estratégicas profundas en su propia estructura y rendimiento. El fomento de las exportaciones agro-minerales ha venido acompañado de la entrada a gran escala y largo plazo de capital extranjero, lo que a su vez determina la tasa de inversión, las fuentes de incorporación de maquinaria, tecnología y conocimiento, así como el control del procesamiento y la comercialización de materias primas. Los «socios» multinacionales de los gobiernos progresistas han condicionado su participación sobre la base de (a) la desregulación en la protección del medio ambiente, (b) el cese del control de precios y la introducción de «precios internacionales» para la venta en el mercado interior y (c) la libertad para gestionar las ganancias del comercio interior y transferirlas al extranjero.
También controlan las decisiones relacionadas con la explotación de las reservas mineras. La expansión de la producción se rite por criterios multinacionales propios y no por las necesidades del país «anfitrión». En consecuencia, a pesar de la «renegociación» de contratos que los gobiernos progresistas celebran como «avance gigantesco» hacia la «nacionalización», la pérdida acumulativa de los ingresos y el reequilibrio de la economía son sustanciales. Si se observa más allá del entorno agro-minero, el impacto negativo para el desarrollo posterior es importante. El muy limitado impacto que el modelo agro-minero ejerce sobre el conjunto de la economía ha desembocado en abril de 2012 en un conflicto concreto entre la empresa nominalmente española Repsol y el gobierno argentino de Cristina Fernández. La conducta de Repsol ilustra los escollos que presenta la colaboración con empresas extranjeras del sector extractivo. Repsol se negó a aumentar las inversiones aduciendo que la regulación local de los precios reducía sus márgenes de beneficio. En consecuencia, entre 2010 y 2011 la factura energética de Argentina se multiplicó por tres pasando de los 3.000 millones a los 9.000. Además, Repsol repatriaba sus beneficios, pagaba elevados dividendos a los accionistas del exterior y, por tanto, influía muy poco en la creación de industrias en el interior que supusieran aportaciones al proceso o refinerías para procesar el petróleo. La tentativa del fallecido presidente Kirchner de acrecentar las «propiedades nacionales» incorporando a un capitalista local (el grupo Peterson) no tuvo ningún impacto positivo, sino la mera consolidación del control de Repsol. Cuando Fernández se apropió de la mayoría de las acciones con el fin de establecer un control público e incrementar la producción local, la totalidad de los dirigentes de la Eurozona encabezada por el gobierno español y la prensa económica occidental lanzó una campaña furibunda, amenazó con litigar y auguró catástrofes económicas. El problema de «invitar» a multinacionales extranjeras a invertir es que resulta difícil retirarles la invitación. Una vez que entran en un país, al margen de lo defectuosa que sea su actuación, es difícil rectificar o corregir el perjuicio y pasar a un nuevo modelo de desarrollo centrado en lo público.
Todos los gobiernos progresistas, con la posible excepción de Venezuela, han firmado contratos de larga duración y a gran escala con multinacionales extranjeras importantes del sector extractivo. Aparte del incremento de las regalías, los acuerdos no difieren demasiado de los contratos firmados por los gobiernos neoliberales de derechas que les precedieron.
Evo Morales firmó un contrato de explotación a gran escala con Jindal, una multinacional india, para explotar la mina de hierro Mutun, importando prácticamente todas las aportaciones (maquinaria, transporte, etc.) y con un grado de «industrialización» muy limitada de la mena de hierro (en su mayoría, simples «pepitas» de hierro). La gran mayoría del gas y el petróleo de Bolivia la explotan «iniciativas conjuntas» del sector público y el multinacional y se envía al extranjero, lo que deja a más del 60 por ciento de los hogares rurales sin gas canalizado y significa que Bolivia tenga que importar casi todo su gasoil.
El Ecuador de Correa, otro presidente progresista destacado, firmó dos contratos importantes con grupos petroleros extranjeros en febrero de 2012, a pesar de la oposición de la mayoría de las organizaciones indígenas, entre ellas CONAI. En Ecuador, igual que en Bolivia, si bien las grandes empresas del sector petrolero y del gas plantean objeciones a una renegociación de contratos que supone incrementar del pago de regalías y una mayor presencia de autoridades públicas, conservan una posición privilegiada en decisiones fundamentales relacionadas con la gestión, la comercialización, la tecnología y la inversión. A pesar de que se afirme lo contrario, los dirigentes de los gobiernos progresistas y de las multinacionales no son muy diferentes de lo que se sabía que sucedía bajo gobiernos «neoliberales» anteriores. Además, tanto en Ecuador como en Bolivia, muchos de los «tecnócratas» y administradores que trabajaron con gobiernos neoliberales anteriores desempeñan un papel destacado en la dirección de las iniciativas mixtas.
Si bien los gobiernos progresistas han puesto en marcha programas contra la pobreza y han registrado algunos éxitos en la reducción de los niveles de pobreza, lo hacen como consecuencia del crecimiento de la economía, no a través de la redistribución de la riqueza. De hecho, los gobiernos progresistas no han implantado políticas redistributivas: la concentración de rentas y de tierras, con elevados niveles de desigualdad, continúa intacta. En realidad, la jerarquía de la estructura de clases no se ha alterado y, en la mayoría de los casos, se ha visto reforzada por la inclusión de nuevos candidatos a la clase media y alta. Entre ellos se encuentran muchos antiguos dirigentes y activistas de la clase media y trabajadora que han ingresado en el gobierno, así como «nuevos capitalistas» que se benefician de los contratos estatales del gobierno progresista.
El sistema financiero se ha mantenido intacto y ha prosperado bajo los gobiernos progresistas, sobre todo porque esos gobiernos endurecen las políticas fiscales, acumulan reservas extranjeras, controlan el gasto público y reducen la tasa de inflación. Los beneficios del sector financiero son especialmente elevados en Brasil, Uruguay, Perú, Bolivia y Ecuador. Brasil, concretamente, ha atraído grandes flujos de capital especulativo de Wall Street y la City londinense debido a sus elevados tipos de interés en relación con los de América del Norte y Europa.
Junto con la concentración de la propiedad en los sectores extractivo y financiero, los gobiernos progresistas no han introducido impuestos progresivos para reducir las diferencias de riqueza. La renta de las élites del sector agrario en Bolivia, Argentina, Uruguay, Brasil y Ecuador es varios cientos de veces más alta que la de la inmensa mayoría de los granjeros, campesinos y jornaleros dedicados a la agricultura de subsistencia. Muchos de estos últimos siguen sometidos a unas condiciones de vida y laborales atroces. En muchos casos, los gobiernos progresistas han hecho muy poco por fortalecer la normativa laboral y sanitaria en las gigantescas plantaciones agrarias mientras los trabajadores quedan expuestos a la fumigación de productos químicos tóxicos no regulados.
Si la configuración de la propiedad y la riqueza sigue relativamente inalterada desde el pasado neoliberal, los gobiernos progresistas han acentuado la tendencia a la especialización en la exportación. Con los gobiernos progresistas, las economías se han diversificado menos y dependen más de la exportación del sector agro-mineral y energético, y su crecimiento depende de la inversión extranjera a largo plazo y gran escala. Los ingresos del Estado y el crecimiento dependen más de la exportación de productos primarios.
Las políticas de libre mercado de los gobiernos progresistas exportadores de productos del sector agro-minero han estimulado el crecimiento de la actividad comercial a gran escala. El sector comercial está cada vez más influido por la entrada masiva de multinacionales de titularidad extranjera, como Wal-Mart, cuyos productos tienen origen en el exterior, lo que perjudica a los pequeños productores locales y a los minoristas.
La apreciación de la moneda ha afectado negativamente al sector manufacturero tradicional y a la industria del transporte, lo que ha supuesto una destrucción de empleo significativa, sobre todo, en el sector textil, del calzado y automovilístico de Brasil, Bolivia, Perú y Ecuador. Además, las medidas de apoyo para favorecer a los exportadores mayoristas del sector agro-mineral han venido acompañadas por una restricción del crédito a los pequeños empresarios locales, en especial a los abastecedores de mercados locales, que han recibido un duro golpe con la importación de bienes de consumo baratos (procedentes de Asia). Los agricultores que producen alimento para los mercados locales han visto reducido su impulso expansivo para ampliar la producción de cultivos de exportación como la soja.
En resumen, los gobiernos progresistas han mantenido un doble discurso de múltiples caras: una retórica antiimperialista, nacionalista y populista de consumo interno, al mismo tiempo que ponían en práctica una política de fomento y expansión del papel del capital extractivo extranjero en iniciativas conjuntas con el Estado y una creciente burguesía nacional nueva. Los gobiernos progresistas articulan una narración de socialismo y democracia participativa pero, en la práctica, desarrollan políticas que vinculan el desarrollo a la concentración y centralización del capital y el poder ejecutivo.
Los gobiernos progresistas predican una doctrina de justicia social y equidad y desarrollan una práctica de cooptación de dirigentes sociales y de clientelismo mediante los programas contra la pobreza para los sectores más depauperados de la sociedad.
Los gobiernos progresistas han combinado medidas de aumento de las rentas con cambios estructurales a gran escala que benefician al sector primario extractivo. La estabilidad del BP depende abiertamente del aumento de la demanda de materias primas, del elevado precio de los bienes y de la apertura de los mercados. Los gobiernos progresistas han logrado vincular a sectores sindicales y del movimiento campesino con el Estado y han socavado o debilitado a organizaciones de clase independientes y las han sustituido por estructuras corporativas tripartitas.
Los progresistas han conseguido «reformar» o sustituir las políticas caóticas, desreguladas, conflictivas y racistas de sus predecesores y han institucionalizado el «capitalismo normal». Han introducido reglas y procedimientos para favorecer la estabilidad institucional, la disciplina fiscal y el incremento de beneficios, pero desigual. En otras palabras: los «parámetros del neoliberalismo» se administran ahora de forma eficiente y se legitiman mediante un falso nacionalismo basado en una mayor autonomía política y diversificación mercantil. La toma de decisiones ejecutivas centralizadas basada en unos acuerdos que requieren que las multinacionales del sector extractivo inviertan y desarrollen las fuerzas productivas se legitima mediante un marco electoral y una coalición política entre muchas clases sociales.
Las políticas interior y exterior de los gobiernos progresistas extractivos reflejan dos experiencias contradictorias: sus orígenes radicales en las campañas para tomar el poder y la posterior adopción de una estrategia de exportación agro-mineral desarrollista, propugnada por tecnócratas neoliberales. La «síntesis» de estas dos experiencias aparentemente «contradictorias» encuentra expresión, por una parte, en la adopción de una posición política independiente y crítica hacia el militarismo y el intervencionismo imperialista y, por otra, en la colaboración económica con los agentes del imperialismo económico, a saber: la firma de contratos a gran escala y largo plazo con multinacionales del sector energético y agro-minero estadounidenses, europeas y canadienses. Dicho de otro modo: los gobiernos progresistas extractivos han «redefinido» o reducido el significado del imperialismo a sus estructuras y políticas estatales, y no a sus elementos económicos (las multinacionales) dedicados a la extracción de materias primas y la explotación de la mano de obra. Del mismo modo, redefinen el significado de «antiimperialismo» equiparándolo al de oposición a las intervenciones político-militares y a la «justa distribución» de los beneficios entre el gobierno y su «socio» multinacional. Esta redefinición permite a los gobiernos progresistas reclamar legitimidad popular sobre la base de la crítica regular a las políticas y prácticas del Estado imperial, mientras que la colaboración y los acuerdos con las multinacionales permiten a los gobiernos progresistas conservar los apoyos de los intereses empresariales del interior y el extranjero. Cuando un gobierno progresista, como en el caso de la Argentina gobernada por Cristina Fernández, decide «nacionalizar» o, dicho con más precisión, obtener la mayoría de las acciones de Repsol, la multinacional petrolera de titularidad nominal española, toda la prensa económica, la Unión Europea y Washington denuncian la medida y amenazan con represalias. En otras palabras: el pacto tácito entre el bando progresista y los gobiernos imperiales consiste en que las diferencias políticas son tolerables, pero las medidas económicas nacionalistas no son aceptables. La renegociación de los contratos para aumentar los ingresos del Estado puede producir la suspensión temporal de nuevas inversiones, pero no una confrontación política. Sin embargo, la apropiación pública de una empresa extranjera del sector extractivo hace pensar en una hostilidad previsible y en represalias de los Estados imperiales. La suscripción por parte del gobierno progresista de Argentina a una medida de nacionalismo económico estuvo limitada, no obstante, a una empresa y un sector. El gobierno de Fernández no tenía y no tiene planes para expropiar en el futuro otras empresas del sector extractivo, ni la medida formó parte de una estrategia nacionalista general para avanzar hacia una mayor cuota de propiedad de titularidad pública. Más bien, la negativa de Repsol a aumentar las inversiones y la producción acrecentaba la dependencia de Argentina de la importación de petróleo, lo que estaba deteriorando su balanza de pagos y sus reservas de moneda extranjera. La negativa de Repsol a obedecer la agenda desarrollista de Argentina se basaba en la política de Fernández de mantener el precio del petróleo de consumo para el mercado interior por debajo del precio internacional. El descenso de la producción de Repsol era una forma de presionar al gobierno para que eliminara el control sobre los precios. De todos modos, el aumento del precio del petróleo tendría un impacto negativo sobre los consumidores industriales y locales, elevando los costes y reduciendo la competitividad de los exportadores y productores argentinos. En realidad, la intransigencia de Repsol amenazaba con debilitar el equilibrio de fuerzas social y político entre mano de obra y capital y entre exportadores del sector extractivo y consumidores populares, que sustenta la coalición mayoritaria del gobierno. En resumen, la medida tenía forma nacionalista pero contenido capitalista desarrollista.
Aún así, la medida ha polarizado la economía mundial entre el Occidente imperial y la izquierda latinoamericana, en la que los sátrapas latinoamericanos de siempre (Calderón, de México, y Santos, de Colombia) han apoyado a Repsol.
Las divisiones entre los gobiernos progresistas y los movimientos sociales
Antes de acceder al poder mediante procesos electorales, los dirigentes progresistas mantuvieron lazos estrechos y apoyaron y participaron activamente con la «acción callejera» y la lucha de masas de los movimientos sociales. Esgrimieron las banderas del nacionalismo económico, la conservación del medio ambiente y el respeto a las reservas naturales de las comunidades indígenas, la igualdad social y la revisión de la deuda externa incluyendo el rechazo de las «deudas ilegales».
Los movimientos sociales desempeñaron un papel importante en la politización y la movilización de las clases trabajadora y campesina para elegir a los presidentes progresistas. Esa convergencia duró poco. Una vez en el poder, los gobiernos progresistas nombraron ministros económicos ortodoxos para que dirigieran la economía. Adoptaron la estrategia extractiva, abandonaron una economía nacionalista del sector público, concebida para diversificarse, y se pasaron a una «economía mixta» basada en empresas participadas con capital extranjero del sector extractivo. Primero, las comunidades indígenas de Perú, Ecuador y algunos sectores de Bolivia pasaron a la oposición aduciendo que no se tenían en cuenta sus intereses y que no se les consultaba. Luego, sectores de la clase trabajadora y el funcionariado se arrancaron a demandar salarios más altos y un incremento en el gasto público. Los pequeños campesinos y productores reclamaron estímulos económicos para las explotaciones familiares y las industrias locales, en lugar de subsidios para las multinacionales agro-minerales, ortodoxia fiscal y estrategias de explotación basadas en la reducción de los costes laborales y el abandono del mercado interior.
Los campesinos radicales sindicados y los dirigentes indígenas de los movimientos sociales pusieron en duda la estrategia extractiva agro-mineral en su conjunto, la distribución y la administración de ingresos y gastos del Estado. Reafirmaron su apoyo a un programa social defendiendo la reforma agraria, incluida la expropiación de grandes plantaciones y la redistribución de tierras a campesinos desposeídos. Los dirigentes laborales reclamaban una política industrial que procesara «materias primas» con el fin de crear puestos de trabajo en el sector manufacturero. Algunos sindicalistas reclamaron la nacionalización de bancos e industrias estratégicas. Sin embargo, a pesar de algunas protestas importantes, la gran masa de seguidores de los movimientos sociales y la mayoría de sus líderes abandonaron muy pronto el rechazo radical del modelo extractivo y empezaron a reclamar una parte mayor de los ingresos. Los gobiernos progresistas atrajeron a la gran masa de los dirigentes sociales a mesas de conciliación tripartitas para negociar y garantizar cambios progresivos. Los gobiernos progresistas resaltaron su oposición al «neoliberalismo». Lo redefinieron para calificarlo de capitalismo no regulado y basado en regalías bajas y financiación insuficiente de programas sociales. Los gobiernos progresistas consiguieron dividir a los movimientos sociales entre opositores radicales «utópicos» y reformistas progresistas. En época de luchas sociales, los gobiernos progresistas aludían a una «alianza de izquierda y derecha» y acusaban a quienes les criticaban de actuar en nombre del imperialismo, ignorando que ellos mismos colaboraban con multinacionales con fundamento imperial. Los llamamientos presidenciales, un discurso populista nacionalista y el incremento de los ingresos con los que se financiaba el creciente gasto social debilitó a la oposición de izquierda. Los aumentos moderados pero sostenidos de los programas contra la pobreza y el salario mínimo neutralizaron los llamamientos de los dirigentes radicales de los movimientos sociales. A pesar de la ruptura de los gobiernos progresistas con sus «raíces igualitarias radicales», fueron sobradamente capaces de obtener apoyo electoral masivo basándose en el crecimiento dinámico general de la economía y el crecimiento sostenido de la renta. Ambos fueron apuntalados durante largos periodos por un precio elevado de las mercancías.
Los presidentes extractivistas populares ganaron elecciones una y otra vez por mayorías sustanciales y fueron capaces de movilizar a sectores de los movimientos sociales moderados para que contrarrestaran los movimientos sociales contrarios al extractivismo. El elevado precio de las mercancías y las múltiples oportunidades para la explotación de recursos atrajo a inversores extranjeros, a pesar del cada vez más elevado precio de las regalías. Los inversores extranjeros se sintieron atraídos por la estabilidad social que garantizaban los gobiernos progresistas, a diferencia de la inestabilidad de los gobiernos neoliberales anteriores. Los gobiernos progresistas han prosperado a base de lazos económicos con las multinacionales y de una alianza electoral con las clases bajas.
Estudio de casos del capitalismo extractivo y el bando progresista
Aunque los siete gobiernos del «bando progresista» comparten una estrategia común de desarrollo basada en la exportación de bienes primarios, hay diferencias significativas en el grado de diversificación de sus economías, en la naturaleza y características de los bienes que exportan, en la intensidad de la polarización y cohesión sociales y en la envergadura y el alcance de la oposición. En consonancia con estas diferencias, también hay diferencias sustanciales en el grado de sostenibilidad del «modelo progresista y extractivo», o en la medida en que pueden verse sometidos a contestación o regresión.
En el bando progresista se pueden realizar distinciones siguiendo muchos criterios: entre los gobiernos basados en dirigentes carismáticos y que tienen una dependencia extrema de la exportación de bienes primarios (Bolivia, Perú, Ecuador y Venezuela) y quienes cuentan con sectores industriales y una dirección política más «institucionalizada» (Brasil, Argentina y Uruguay). También hay diferencias significativas en el grado de conflictos de clase y étnicos: Perú, Bolivia y Ecuador atraviesan por una etapa de resistencia generalizada importante por parte de las comunidades indígenas relevantes, mientras que en Brasil, Argentina y Uruguay, donde la población indígena es escasa, solo hay oposición aislada. En términos de lucha de clases, Bolivia ha vivido una generalización de las protestas por asuntos relacionados con la sanidad, la educación, la minería y los obreros fabriles. Venezuela ha tenido que hacer frente a cierres patronales y boicots organizados por la élite económica («lucha de clases desde arriba»). Ecuador encontró protestas generalizadas por parte de la policía. Casi todos los demás países (Brasil, Argentina y Uruguay) padecieron huelgas limitadas, en buena medida, por cuestiones salariales. Con la excepción de Bolivia, las principales confederaciones sindicales trabajan estrechamente y colaboran con los gobiernos progresistas; en cambio, los movimientos campesinos y de trabajadores rurales de Brasil, Ecuador y Perú han conservado mayor grado de independencia y militancia, sobre todo porque han sido los más perjudicados por las estrategias de exportación agro-mineral. En Venezuela y Brasil, los ejércitos privados de los terratenientes han desempeñado un papel fundamental en la lucha relativamente impune contra los beneficiarios de la reforma agraria.
La degradación medioambiental y más persistente se ha producido en Brasil, donde durante la década de gobierno del Partido de los Trabajadores se han «desbrozado» millones de hectáreas de bosque tropical. La explotación agrícola mediante productos químicos es contundente en la mayor parte de los países, en especial en Brasil, Argentina y Uruguay, donde la soja se ha convertido en el cultivo de producción preponderante. Todos los principales exportadores agro-industriales (Brasil, Argentina y Uruguay) recurren a productos químicos tóxicos y semillas transgénicas que desencadenan infinidad de casos de perjuicios nocivos para los indígenas y sus hábitats naturales. La cuestión de la toxicidad y la degradación del medio ambiente derivada de las gigantescas empresas mineras y madereras está bien documentada en Perú, Ecuador y Uruguay. En general, cuanto más numerosa es la población urbana y cuanto más dispersas están las comunidades rurales afectadas negativamente, menor es la protesta ecológica y la probabilidad de que las ONG ecologistas desempeñen un papel importante en la protesta.
Como las industrias del sector extractivo están en las afueras de los principales núcleos urbanos; como la mayoría de las confederaciones sindicales colaboran con los gobiernos progresistas y consiguen incrementos salariales progresivos; y como la economía en general ha estado creciendo y el desempleo ha disminuido, los desequilibrios macroeconómicos, la dependencia de los bienes y las vulnerabilidades estructurales conexas no se han traducido en confrontaciones importantes entre capital y mano de obra. Los conflictos más discutidos que se han producido se han dado entre las élites neoliberales ortodoxas respaldadas por Estados Unidos y las potencias europeas y los gobiernos progresistas. Nos vienen a la memoria varios ejemplos.
El 12 de abril de 2001 y entre los meses de diciembre de 2002 y febrero de 2003, la clase capitalista venezolana apoyada por Estados Unidos y España organizó un golpe de estado fallido que fue contenido y un cierre patronal en el sector petrolero que fue derrotado. En el año 2011, un levantamiento encabezado por la policía de Ecuador y un golpe de estado abortado en Bolivia fueron desbaratados con éxito antes de que adquirieran empuje. En el año 2008, una protesta agraria empresarial a gran escala en Argentina paralizó el sector de exportaciones agrarias que se movilizaba contra una tasa impuesta a la exportación y acabó con concesiones del gobierno.
En buena medida, estas «luchas de clases desde arriba» operaron a favor de los gobiernos progresistas porque les permitió plantear la cuestión de forma unificada como si se tratara de una lucha entre un gobierno democrático popular y una oligarquía autoritaria y retrógrada. En consecuencia, los gobiernos progresistas consiguieron neutralizar, al menos temporaleente, las críticas internas procedentes de la izquierda. La derrota de «la derecha» pulió las credenciales del bando progresista y elevó su popularidad.
Aunque el apoyo popular era importante para el sostenimiento de los gobiernos progresistas frente a las campañas de desestabilización más derechistas respaldadas por Estados Unidos y la Unión Europea, tuvo igual o mayor importancia el respaldo del ejército, de algunos sectores de la élite empresarial y de los capitalistas del sector extractivo. Los progresistas, adoptando «políticas moderadas» (entre las que se encontraban los subsidios empresariales y una generosa subida de sueldos al ejército) consiguieron dividir a la élite, conservar el apoyo del ejército y aislar a la oposición de derechas. La derecha ha seguido siendo marginal desde el punto de vista electoral y ha supuesto un límite muy estrecho para la capacidad de injerencia e influencia de Estados Unidos y la Unión Europea sobre el programa progresista.
El grado de «progresismo» en el seno del bando capitalista extractivo progresista varía de manera muy importante.
El gobierno de Chavez ha presentado un programa antiimperialista y socialista que supone el rechazo de los golpes de estado, las guerras y el bloqueo de Estados independientes por parte de Estados Unidos: ha apoyado la re-renacionalización del petróleo, el aluminio y otras materias primas, la minería y las fuentes de energía. Su reforma agraria generalizada, que ha beneficiado a 300.000 familias, tiene por objetivo la autosuficiencia alimentaria. La salud pública y la educación superior universal y gratuita, el subsidio de los precios de alimentos básicos a través de supermercados de propiedad pública y la vivienda pública de bajo coste y a gran escala para los pobres, junto con las campañas de alfabetización y la formación de miles de consejos de barrio para arbitrar y resolver asuntos locales han profundizado y ampliado el proceso de socialización.
A menor escala, Bolivia, Ecuador y Argentina han desarrollado políticas exteriores independientes. Sus nacionalizaciones parciales y selectivas están pensadas para incrementar los ingresos, más que producirse en el marco de una estrategia de transformación a gran escala y largo plazo. No han seguido los pasos de Chavez sobre la reforma agraria y un mayor refuerzo del gasto social en salud, vivienda y educación superior. Presentan como «reforma de las tierras» la gestión de tierras lejanas, públicas y de dudosa calidad. Han sido defensores de los cambios progresivos en lo relacionado con los salarios y prestaciones sociales para hacerlos acordes con el aumento de los ingresos derivados de la exportación de bienes y en sintonía con la tasa de inflación; Bolivia y Ecuador han desalojado a ocupantes de tierras y defendido a los principales titulares de terrenos del sector agrario. Los gobiernos menos «reformistas» y con las credenciales «progresistas» más dudosas son los de Brasil, Uruguay y Perú (bajo el gobierno de Humala), que han adoptado un programa de libre mercado; fomentan activamente la gran afluencia de inversiones extranjeras no reguladas, rebajan la categoría de millones de hectáreas de bosques tropicales (en especial, Brasil), promueven el sector agrario empresarial y se oponen a la reforma agraria en todas sus modalidades y han recurrido a la dispersión de campesinos y personas sin tierra a las ciudades grandes y pequeñas, donde ejercen de reserva de mano de obra para el capital o se suman al sector informal mal remunerado. Estos gobiernos progresistas «moderados» han firmado acuerdos militares con Estados Unidos y adoptan un perfil bajo de oposición a las medidas imperiales estadounidenses en Oriente Próximo. Su «progresismo» se ve en el apoyo que prestan a la integración regional, en su oposición a la hegemonía estadounidense en el continente (oponiéndose al golpe de estado de Estados Unidos en Honduras, al bloqueo de Cuba y a las injerencias en Venezuela) y en la diversificación de los mercados exteriores. Brasil encabeza la marcha en la asistencia a los especuladores de Wall Street y en el gasto público contra la pobreza con unas cestas de alimentos básicas. La reducción de la pobreza queda igualada por el espectacular aumento del número de millonarios vinculados a los sectores financiero y de la exportación de productos agro-minerales. Los progresistas «moderados» tienen el historial más imponente (y bien documentado) de degradación medioambiental en curso. En Perú, Humala ha dado luz verde a una explotación minera que amenaza al medio de vida de millares de campesinos y empresarios locales de Cajamarca; los presidentes Lula da Silva y Dilma Rouseff, del Partido de los Trabajadores, han fomentado en una década la destrucción de millones de hectáreas de bosque tropical amazónico y el desplazamiento de montones de comunidades indígenas. En Uruguay, los presidentes Tabaré Vazquez y Mújica, del Frente Amplio, favorecieron que la fábrica de celulosa Botina, muy tóxica, contaminara el río Paraná a pesar de las protestas masivas.
En resumen, es difícil generalizar acerca de la actuación del bando progresista, dadas las divergencias de política social y económica. Pero se puede esbozar una especie de «tarjeta resumen».
Todos los gobiernos han reducido los niveles de pobreza e incrementado la dependencia con respecto a las exportaciones e inversiones del sector agro-mineral. Todas han firmado y/o renegociado contratos con multinacionales del sector extractivo; muy pocos han diversificado su economía. Los que cuentan con un tejido industrial relevante (Argentina, Brasil y Perú) han sufrido un declive importante en su sector manufacturero debido a la apreciación de las monedas y la pérdida de competitividad derivada de la subida de los precios de los bienes de exportación. Los acuerdos de aumento progresivo de salarios han desembocado en un menor nivel de conflicto social en las ciudades (con la excepción de Bolivia), pero el desplazamiento de campesinos y la degradación han intensificado conflictos en el interior entre las comunidades rurales y las multinacionales, lo que ha dado lugar a represión del Estado (Perú).
El impacto social de los gobiernos progresistas tiene un abanico de variaciones muy amplio, donde Venezuela registra los cambios estructurales de mayor alcance y el resto carece de visión o proyección a largo plazo para redistribuir la riqueza, las rentas o la tierra. Su apoyo común a la integración regional va aparejado de divergencias importantes en el acomodo a la política militar estadounidense. Venezuela, Ecuador y Bolivia, miembros del ALBA, rechazan los tratados militares, mientras que Brasil, Uruguay y Perú han firmado acuerdos militares con el Pentágono.
El rendimiento económico general es desigual. La economía de Brasil, en especial su sector manufacturero, se está estancando en un crecimiento cero o negativo en los años 2011 y 2012; Venezuela se está recuperando pero con una tasa de inflación del 20 por ciento, mientras que el resto del BP está experimentando un crecimiento sostenido pero una creciente dependencia de la exportación de bienes al mercado asiático (China).
Las alternativas a las economías extractivas vigentes varían enormemente. En Venezuela, el gobierno ha convertido la diversificación en una alta prioridad; los gobiernos brasileño y argentino están adoptando medidas proteccionistas para fomentar la industria con un éxito limitado, sobre todo porque sus políticas vienen contrarrestadas por la expansión real de la extensión de tierras dedicada a la producción de soja y bienes de exportación. Uruguay, Perú, Ecuador y Bolivia hablan de diversificación, pero han evitado tomar medidas para pasarse a la producción de alimentos y la agricultura familiar y todavía tienen que adoptar medidas concretas para estimular la industria local mediante una política de industrialización con financiación pública.
James Petras
Rebelión
Traducido para Rebelión por Ricardo García Pérez.
Introducción
Los principales países exportadores en el sector agro-minero, entre los que se encuentran los más implicados con las principales multinacionales energéticas y de la minería del mundo, son también los que se caracterizan por ejercer las políticas más independientes y progresistas. En apariencia, la primacía de las economías basadas en el «capitalismo extractivo» y la exportación de bienes, ya no guardan correlación con gobiernos «neocoloniales».
Se puede argumentar que las concesiones a las multinacionales del sector extractivo y las clases «dirigentes» locales garantizan estabilidad e ingresos constantes y financian los crecientes gastos sociales que permiten la reelección de gobiernos de centro-izquierda. Dicho de otro modo: el fundamento no declarado de los éxitos electorales del centro-izquierda es una alianza de facto entre «la cúpula» y «la base» de la estructura de clases, a pesar de la creciente divergencia política entre los gobiernos y algunos sectores de los movimientos sociales.
El bando progresista
Existe consenso generalizado acerca de que hay siete gobiernos de siete países de América Latina que constituyen lo que se podría denominar el «bando progresista»: Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil, Uruguay, Perú y Venezuela.
Algunos rasgos definitorios que se suelen atribuir a los gobiernos de estos países son: 1) la trayectoria política anterior: la mayoría están encabezados por dirigentes y activistas de movimientos sociales, sindicatos o grupos guerrilleros, 2) las declaraciones relativamente independientes que hacen en el ámbito de la política exterior, en especial en lo referente a la intervención y las medidas sancionadoras estadounidenses, 3) la retórica ideológica que rechaza el liderazgo estadounidense en organismos regionales y favorece a organizaciones centradas en América Latina, 4) los programas electorales populistas acerca de la igualdad social, el ecologismo y los derechos humanos, 5) el rechazo vehemente del «neoliberalismo» y de las personalidades, partidos y privatizaciones neoliberales tradicionales, 6) la perspectiva estratégica que concibe un proceso prolongado de transformación social que subraya un calendario compuesto de modernización, prioridades desarrollistas y altos niveles de inversión orientada a los mercados globales y, 7) la permanencia política en el tiempo basada en reformas constitucionales que les permiten ser reelegidos amparándose en la necesidad de completar esa concepción transformadora.
El bando progresista tiene de sí mismo una imagen, que se proyecta hacia su electorado, según la cual representa una ruptura o quiebra «histórica» con el pasado; en primer lugar, en lo relacionado con la oligarquía neoliberal tradicional y, en segunda instancia, con la izquierda «estatalista». En los casos de Bolivia, Ecuador y Venezuela, suelen recurrir a una retórica alusiva al «socialismo del siglo XXI». La potencia del llamamiento a la originalidad radical tiene un alcance temporal limitado que depende del grado con el que los gobiernos desarrollan políticas discrepantes con el gobierno neoliberal predecesor.
La «división entre izquierda y derecha» tal como la representa el Bando Progresista (BP)
Las percepciones de la divergencia objetiva y subjetiva entre el bando progresista y la derecha varían en función de si emanan de fuentes oficiales o de una investigación empírica crítica. Según los ideólogos del BP, hay al menos cinco ámbitos políticos importantes que reflejan la ruptura radical con la derecha neoliberal tradicional:
(1) Nacionalismo: a) mediante la renegociación de contratos con las multinacionales del sector extractivo, el BP garantiza una elevada tasa de recaudación de impuestos e incrementa los ingresos para las arcas públicas; b) mediante el aumento de la inversión estatal, convierte empresas de titularidad íntegramente privada en iniciativas conjuntas del sector público y privado; c) mediante el incremento del pago de regalías suaviza la «explotación extranjera»; y d) mediante una mayor presencia de «tecnócratas locales» acrecienta el control nacional de decisiones estratégicas.
(2) Política exterior: El bando progresista ha desarrollado una política exterior independiente, cuando no explícitamente antiimperialista. Para evitar deliberadamente la presencia de países imperiales norteamericanos y europeos, el bando progresista ha consolidado varias organizaciones regionales latinoamericanas y caribeñas, como ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) y UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas). El BP ha rechazado las sanciones contra Cuba, Irán, Siria y Gaza y se ha opuesto a la guerra estadounidense contra Libia respaldada por la OTAN. Criticaron la posición estadounidense en la reunión de la Cumbre de las Américas celebrada en abril de 2012 en, al menos, tres cuestiones importantes: la inclusión de Cuba, la oposición al control británico de las Malvinas y la despenalización de las drogas. El BP ha manifestado su oposición a la hegemonía estadounidense, a las «reformas estructurales» del FMI y al control euro-estadounidense de las principales instituciones de crédito. Con la excepción de Venezuela, el BP ha diversificado sus mercados de exportación. Brasil, por ejemplo, exporta a Estados Unidos solo el 12,5 por ciento de sus bienes y servicios; Argentina, el 6,9 por ciento; y Bolivia, el 8,2 por ciento..
(3) Política social: El BP ha incrementado el gasto social, en especial en lo relacionado con la reducción de la pobreza en zonas rurales; ha elevado el salario mínimo; ha aprobado incrementos salariales. En unos cuantos países ofrecen créditos y financiación asequible para pequeñas y medianas empresas, han concedido títulos de propiedad legal a ocupantes de tierras y han distribuido parcelas de terreno público sin cultivar al modo de pequeña «reforma agraria».
(4) Regulación: Con un grado de coherencia dispar, el BP ha impuesto controles al sector financiero y ha regulado el flujo de capital especulativo y la volatilidad de los mercados financieros. En lo que se refiere a las normativas que rigen el sector extractivo, se han suavizado para favorecer la afluencia a gran escala de capital y para que las empresas agrarias puedan utilizar de forma generalizada productos químicos tóxicos y semillas transgénica. Han autorizado la expansión de la minería, la agricultura y la industria maderera en reservas indígenas y naturales. Han financiado proyectos de infraestructura a gran escala que vinculan a empresas del sector extractivo con mercados exportadores, invadiendo hábitats naturales protegidos anteriormente protegidos. La normativa se ha justificado aduciendo que pretende facilitar el desarrollismo extractivo «productivo» y limitar la «financiarización» de la economía.
(5) Política laboral: Se ha basado en un «modelo corporativista» de negociación y conciliación empresa-Estado-sindicato (tripartito) para limitar las huelgas y los paros patronales y para mantener el crecimiento, las exportaciones y los flujos de ingresos. La política laboral ha quedado condicionada a la de limitar los déficits presupuestarios a la tasa de inflación mediante la fijación de los incrementos salariales. En sintonía con las medidas fiscales ortodoxas, las pensiones de los trabajadores del sector público se han congelado o reducido, en especial entre los funcionarios de rango medio y alto. Las garantías laborales tradicionales se han mantenido intactas y la indemnización por despido no se ha aumentado. Las huelgas de trabajadores del sector público, sobre todo de profesores, personal sanitario y trabajadores sociales, han sido frecuentes y han desembocado en conquistas menores a través de la mediación gubernamental. La política gubernamental se ha orientado a la protección de las prerrogativas de la dirección, al tiempo que se respetaba la situación legal y los derechos de negociación colectiva de los sindicatos. En las empresas nacionalizadas gobiernan directivos nombrados por el Estado y no hay movimientos hacia la autogestión obrera o la «co-gestión», salvo en casos muy concretos de Venezuela. La estructura de las relaciones laborales sigue el modelo jerárquico de la empresa privada. La mano de obra, en el mejor de los casos, desempeña un papel consultivo en lo referente a la salud y la seguridad, pero no ejerce influencia determinante, ni invierte en el interior de este marco empresarial. Ha sido necesaria la presión sindical a través de la huelga y las protestas, a menudo aliada con grupos comunitarios, para corregir las violaciones más atroces de la normativa sanitaria o de seguridad por parte de las empresas. Aunque los gobiernos progresistas evitan públicamente las medidas neoliberales de «flexibilidad laboral», han hecho muy poco para ampliar y profundizar en las prerrogativas laborales sobre la mano de obra y el proceso de producción.
La principal diferencia de política laboral entre los gobiernos progresistas y la derecha tradicional es la «puerta abierta» a los dirigentes sindicales, su disposición a mediar y garantizar el incremento de los salarios, en especial el salario mínimo y, por lo general, la disminución de la represión brutal y violenta.
Continuidades y semejanzas entre los gobiernos neoliberales del pasado y los progresistas actuales
Los autores, profesores universitarios y periodistas de derecha y centro-izquierda subrayan la diferencia entre los gobiernos progresistas y los gobiernos neoliberales del pasado, sin reparar en que hay semejanzas estructurales políticas y económicas a gran escala. Un análisis más matizado y equilibrado requiere tener en cuenta las continuidades porque desempeñan un papel fundamental en el análisis de las limitaciones y los conflictos emergentes y la crisis que espera a los gobiernos progresistas. Además, estas limitaciones, fundadas en las continuidades, resaltan la importancia de los modelos de desarrollo alternativos propuestos por los movimientos sociales populares.
El modelo de exportación agro-mineral ha hecho gala de deficiencias estratégicas profundas en su propia estructura y rendimiento. El fomento de las exportaciones agro-minerales ha venido acompañado de la entrada a gran escala y largo plazo de capital extranjero, lo que a su vez determina la tasa de inversión, las fuentes de incorporación de maquinaria, tecnología y conocimiento, así como el control del procesamiento y la comercialización de materias primas. Los «socios» multinacionales de los gobiernos progresistas han condicionado su participación sobre la base de (a) la desregulación en la protección del medio ambiente, (b) el cese del control de precios y la introducción de «precios internacionales» para la venta en el mercado interior y (c) la libertad para gestionar las ganancias del comercio interior y transferirlas al extranjero.
También controlan las decisiones relacionadas con la explotación de las reservas mineras. La expansión de la producción se rite por criterios multinacionales propios y no por las necesidades del país «anfitrión». En consecuencia, a pesar de la «renegociación» de contratos que los gobiernos progresistas celebran como «avance gigantesco» hacia la «nacionalización», la pérdida acumulativa de los ingresos y el reequilibrio de la economía son sustanciales. Si se observa más allá del entorno agro-minero, el impacto negativo para el desarrollo posterior es importante. El muy limitado impacto que el modelo agro-minero ejerce sobre el conjunto de la economía ha desembocado en abril de 2012 en un conflicto concreto entre la empresa nominalmente española Repsol y el gobierno argentino de Cristina Fernández. La conducta de Repsol ilustra los escollos que presenta la colaboración con empresas extranjeras del sector extractivo. Repsol se negó a aumentar las inversiones aduciendo que la regulación local de los precios reducía sus márgenes de beneficio. En consecuencia, entre 2010 y 2011 la factura energética de Argentina se multiplicó por tres pasando de los 3.000 millones a los 9.000. Además, Repsol repatriaba sus beneficios, pagaba elevados dividendos a los accionistas del exterior y, por tanto, influía muy poco en la creación de industrias en el interior que supusieran aportaciones al proceso o refinerías para procesar el petróleo. La tentativa del fallecido presidente Kirchner de acrecentar las «propiedades nacionales» incorporando a un capitalista local (el grupo Peterson) no tuvo ningún impacto positivo, sino la mera consolidación del control de Repsol. Cuando Fernández se apropió de la mayoría de las acciones con el fin de establecer un control público e incrementar la producción local, la totalidad de los dirigentes de la Eurozona encabezada por el gobierno español y la prensa económica occidental lanzó una campaña furibunda, amenazó con litigar y auguró catástrofes económicas. El problema de «invitar» a multinacionales extranjeras a invertir es que resulta difícil retirarles la invitación. Una vez que entran en un país, al margen de lo defectuosa que sea su actuación, es difícil rectificar o corregir el perjuicio y pasar a un nuevo modelo de desarrollo centrado en lo público.
Todos los gobiernos progresistas, con la posible excepción de Venezuela, han firmado contratos de larga duración y a gran escala con multinacionales extranjeras importantes del sector extractivo. Aparte del incremento de las regalías, los acuerdos no difieren demasiado de los contratos firmados por los gobiernos neoliberales de derechas que les precedieron.
Evo Morales firmó un contrato de explotación a gran escala con Jindal, una multinacional india, para explotar la mina de hierro Mutun, importando prácticamente todas las aportaciones (maquinaria, transporte, etc.) y con un grado de «industrialización» muy limitada de la mena de hierro (en su mayoría, simples «pepitas» de hierro). La gran mayoría del gas y el petróleo de Bolivia la explotan «iniciativas conjuntas» del sector público y el multinacional y se envía al extranjero, lo que deja a más del 60 por ciento de los hogares rurales sin gas canalizado y significa que Bolivia tenga que importar casi todo su gasoil.
El Ecuador de Correa, otro presidente progresista destacado, firmó dos contratos importantes con grupos petroleros extranjeros en febrero de 2012, a pesar de la oposición de la mayoría de las organizaciones indígenas, entre ellas CONAI. En Ecuador, igual que en Bolivia, si bien las grandes empresas del sector petrolero y del gas plantean objeciones a una renegociación de contratos que supone incrementar del pago de regalías y una mayor presencia de autoridades públicas, conservan una posición privilegiada en decisiones fundamentales relacionadas con la gestión, la comercialización, la tecnología y la inversión. A pesar de que se afirme lo contrario, los dirigentes de los gobiernos progresistas y de las multinacionales no son muy diferentes de lo que se sabía que sucedía bajo gobiernos «neoliberales» anteriores. Además, tanto en Ecuador como en Bolivia, muchos de los «tecnócratas» y administradores que trabajaron con gobiernos neoliberales anteriores desempeñan un papel destacado en la dirección de las iniciativas mixtas.
Si bien los gobiernos progresistas han puesto en marcha programas contra la pobreza y han registrado algunos éxitos en la reducción de los niveles de pobreza, lo hacen como consecuencia del crecimiento de la economía, no a través de la redistribución de la riqueza. De hecho, los gobiernos progresistas no han implantado políticas redistributivas: la concentración de rentas y de tierras, con elevados niveles de desigualdad, continúa intacta. En realidad, la jerarquía de la estructura de clases no se ha alterado y, en la mayoría de los casos, se ha visto reforzada por la inclusión de nuevos candidatos a la clase media y alta. Entre ellos se encuentran muchos antiguos dirigentes y activistas de la clase media y trabajadora que han ingresado en el gobierno, así como «nuevos capitalistas» que se benefician de los contratos estatales del gobierno progresista.
El sistema financiero se ha mantenido intacto y ha prosperado bajo los gobiernos progresistas, sobre todo porque esos gobiernos endurecen las políticas fiscales, acumulan reservas extranjeras, controlan el gasto público y reducen la tasa de inflación. Los beneficios del sector financiero son especialmente elevados en Brasil, Uruguay, Perú, Bolivia y Ecuador. Brasil, concretamente, ha atraído grandes flujos de capital especulativo de Wall Street y la City londinense debido a sus elevados tipos de interés en relación con los de América del Norte y Europa.
Junto con la concentración de la propiedad en los sectores extractivo y financiero, los gobiernos progresistas no han introducido impuestos progresivos para reducir las diferencias de riqueza. La renta de las élites del sector agrario en Bolivia, Argentina, Uruguay, Brasil y Ecuador es varios cientos de veces más alta que la de la inmensa mayoría de los granjeros, campesinos y jornaleros dedicados a la agricultura de subsistencia. Muchos de estos últimos siguen sometidos a unas condiciones de vida y laborales atroces. En muchos casos, los gobiernos progresistas han hecho muy poco por fortalecer la normativa laboral y sanitaria en las gigantescas plantaciones agrarias mientras los trabajadores quedan expuestos a la fumigación de productos químicos tóxicos no regulados.
Si la configuración de la propiedad y la riqueza sigue relativamente inalterada desde el pasado neoliberal, los gobiernos progresistas han acentuado la tendencia a la especialización en la exportación. Con los gobiernos progresistas, las economías se han diversificado menos y dependen más de la exportación del sector agro-mineral y energético, y su crecimiento depende de la inversión extranjera a largo plazo y gran escala. Los ingresos del Estado y el crecimiento dependen más de la exportación de productos primarios.
Las políticas de libre mercado de los gobiernos progresistas exportadores de productos del sector agro-minero han estimulado el crecimiento de la actividad comercial a gran escala. El sector comercial está cada vez más influido por la entrada masiva de multinacionales de titularidad extranjera, como Wal-Mart, cuyos productos tienen origen en el exterior, lo que perjudica a los pequeños productores locales y a los minoristas.
La apreciación de la moneda ha afectado negativamente al sector manufacturero tradicional y a la industria del transporte, lo que ha supuesto una destrucción de empleo significativa, sobre todo, en el sector textil, del calzado y automovilístico de Brasil, Bolivia, Perú y Ecuador. Además, las medidas de apoyo para favorecer a los exportadores mayoristas del sector agro-mineral han venido acompañadas por una restricción del crédito a los pequeños empresarios locales, en especial a los abastecedores de mercados locales, que han recibido un duro golpe con la importación de bienes de consumo baratos (procedentes de Asia). Los agricultores que producen alimento para los mercados locales han visto reducido su impulso expansivo para ampliar la producción de cultivos de exportación como la soja.
En resumen, los gobiernos progresistas han mantenido un doble discurso de múltiples caras: una retórica antiimperialista, nacionalista y populista de consumo interno, al mismo tiempo que ponían en práctica una política de fomento y expansión del papel del capital extractivo extranjero en iniciativas conjuntas con el Estado y una creciente burguesía nacional nueva. Los gobiernos progresistas articulan una narración de socialismo y democracia participativa pero, en la práctica, desarrollan políticas que vinculan el desarrollo a la concentración y centralización del capital y el poder ejecutivo.
Los gobiernos progresistas predican una doctrina de justicia social y equidad y desarrollan una práctica de cooptación de dirigentes sociales y de clientelismo mediante los programas contra la pobreza para los sectores más depauperados de la sociedad.
Los gobiernos progresistas han combinado medidas de aumento de las rentas con cambios estructurales a gran escala que benefician al sector primario extractivo. La estabilidad del BP depende abiertamente del aumento de la demanda de materias primas, del elevado precio de los bienes y de la apertura de los mercados. Los gobiernos progresistas han logrado vincular a sectores sindicales y del movimiento campesino con el Estado y han socavado o debilitado a organizaciones de clase independientes y las han sustituido por estructuras corporativas tripartitas.
Los progresistas han conseguido «reformar» o sustituir las políticas caóticas, desreguladas, conflictivas y racistas de sus predecesores y han institucionalizado el «capitalismo normal». Han introducido reglas y procedimientos para favorecer la estabilidad institucional, la disciplina fiscal y el incremento de beneficios, pero desigual. En otras palabras: los «parámetros del neoliberalismo» se administran ahora de forma eficiente y se legitiman mediante un falso nacionalismo basado en una mayor autonomía política y diversificación mercantil. La toma de decisiones ejecutivas centralizadas basada en unos acuerdos que requieren que las multinacionales del sector extractivo inviertan y desarrollen las fuerzas productivas se legitima mediante un marco electoral y una coalición política entre muchas clases sociales.
Las políticas interior y exterior de los gobiernos progresistas extractivos reflejan dos experiencias contradictorias: sus orígenes radicales en las campañas para tomar el poder y la posterior adopción de una estrategia de exportación agro-mineral desarrollista, propugnada por tecnócratas neoliberales. La «síntesis» de estas dos experiencias aparentemente «contradictorias» encuentra expresión, por una parte, en la adopción de una posición política independiente y crítica hacia el militarismo y el intervencionismo imperialista y, por otra, en la colaboración económica con los agentes del imperialismo económico, a saber: la firma de contratos a gran escala y largo plazo con multinacionales del sector energético y agro-minero estadounidenses, europeas y canadienses. Dicho de otro modo: los gobiernos progresistas extractivos han «redefinido» o reducido el significado del imperialismo a sus estructuras y políticas estatales, y no a sus elementos económicos (las multinacionales) dedicados a la extracción de materias primas y la explotación de la mano de obra. Del mismo modo, redefinen el significado de «antiimperialismo» equiparándolo al de oposición a las intervenciones político-militares y a la «justa distribución» de los beneficios entre el gobierno y su «socio» multinacional. Esta redefinición permite a los gobiernos progresistas reclamar legitimidad popular sobre la base de la crítica regular a las políticas y prácticas del Estado imperial, mientras que la colaboración y los acuerdos con las multinacionales permiten a los gobiernos progresistas conservar los apoyos de los intereses empresariales del interior y el extranjero. Cuando un gobierno progresista, como en el caso de la Argentina gobernada por Cristina Fernández, decide «nacionalizar» o, dicho con más precisión, obtener la mayoría de las acciones de Repsol, la multinacional petrolera de titularidad nominal española, toda la prensa económica, la Unión Europea y Washington denuncian la medida y amenazan con represalias. En otras palabras: el pacto tácito entre el bando progresista y los gobiernos imperiales consiste en que las diferencias políticas son tolerables, pero las medidas económicas nacionalistas no son aceptables. La renegociación de los contratos para aumentar los ingresos del Estado puede producir la suspensión temporal de nuevas inversiones, pero no una confrontación política. Sin embargo, la apropiación pública de una empresa extranjera del sector extractivo hace pensar en una hostilidad previsible y en represalias de los Estados imperiales. La suscripción por parte del gobierno progresista de Argentina a una medida de nacionalismo económico estuvo limitada, no obstante, a una empresa y un sector. El gobierno de Fernández no tenía y no tiene planes para expropiar en el futuro otras empresas del sector extractivo, ni la medida formó parte de una estrategia nacionalista general para avanzar hacia una mayor cuota de propiedad de titularidad pública. Más bien, la negativa de Repsol a aumentar las inversiones y la producción acrecentaba la dependencia de Argentina de la importación de petróleo, lo que estaba deteriorando su balanza de pagos y sus reservas de moneda extranjera. La negativa de Repsol a obedecer la agenda desarrollista de Argentina se basaba en la política de Fernández de mantener el precio del petróleo de consumo para el mercado interior por debajo del precio internacional. El descenso de la producción de Repsol era una forma de presionar al gobierno para que eliminara el control sobre los precios. De todos modos, el aumento del precio del petróleo tendría un impacto negativo sobre los consumidores industriales y locales, elevando los costes y reduciendo la competitividad de los exportadores y productores argentinos. En realidad, la intransigencia de Repsol amenazaba con debilitar el equilibrio de fuerzas social y político entre mano de obra y capital y entre exportadores del sector extractivo y consumidores populares, que sustenta la coalición mayoritaria del gobierno. En resumen, la medida tenía forma nacionalista pero contenido capitalista desarrollista.
Aún así, la medida ha polarizado la economía mundial entre el Occidente imperial y la izquierda latinoamericana, en la que los sátrapas latinoamericanos de siempre (Calderón, de México, y Santos, de Colombia) han apoyado a Repsol.
Las divisiones entre los gobiernos progresistas y los movimientos sociales
Antes de acceder al poder mediante procesos electorales, los dirigentes progresistas mantuvieron lazos estrechos y apoyaron y participaron activamente con la «acción callejera» y la lucha de masas de los movimientos sociales. Esgrimieron las banderas del nacionalismo económico, la conservación del medio ambiente y el respeto a las reservas naturales de las comunidades indígenas, la igualdad social y la revisión de la deuda externa incluyendo el rechazo de las «deudas ilegales».
Los movimientos sociales desempeñaron un papel importante en la politización y la movilización de las clases trabajadora y campesina para elegir a los presidentes progresistas. Esa convergencia duró poco. Una vez en el poder, los gobiernos progresistas nombraron ministros económicos ortodoxos para que dirigieran la economía. Adoptaron la estrategia extractiva, abandonaron una economía nacionalista del sector público, concebida para diversificarse, y se pasaron a una «economía mixta» basada en empresas participadas con capital extranjero del sector extractivo. Primero, las comunidades indígenas de Perú, Ecuador y algunos sectores de Bolivia pasaron a la oposición aduciendo que no se tenían en cuenta sus intereses y que no se les consultaba. Luego, sectores de la clase trabajadora y el funcionariado se arrancaron a demandar salarios más altos y un incremento en el gasto público. Los pequeños campesinos y productores reclamaron estímulos económicos para las explotaciones familiares y las industrias locales, en lugar de subsidios para las multinacionales agro-minerales, ortodoxia fiscal y estrategias de explotación basadas en la reducción de los costes laborales y el abandono del mercado interior.
Los campesinos radicales sindicados y los dirigentes indígenas de los movimientos sociales pusieron en duda la estrategia extractiva agro-mineral en su conjunto, la distribución y la administración de ingresos y gastos del Estado. Reafirmaron su apoyo a un programa social defendiendo la reforma agraria, incluida la expropiación de grandes plantaciones y la redistribución de tierras a campesinos desposeídos. Los dirigentes laborales reclamaban una política industrial que procesara «materias primas» con el fin de crear puestos de trabajo en el sector manufacturero. Algunos sindicalistas reclamaron la nacionalización de bancos e industrias estratégicas. Sin embargo, a pesar de algunas protestas importantes, la gran masa de seguidores de los movimientos sociales y la mayoría de sus líderes abandonaron muy pronto el rechazo radical del modelo extractivo y empezaron a reclamar una parte mayor de los ingresos. Los gobiernos progresistas atrajeron a la gran masa de los dirigentes sociales a mesas de conciliación tripartitas para negociar y garantizar cambios progresivos. Los gobiernos progresistas resaltaron su oposición al «neoliberalismo». Lo redefinieron para calificarlo de capitalismo no regulado y basado en regalías bajas y financiación insuficiente de programas sociales. Los gobiernos progresistas consiguieron dividir a los movimientos sociales entre opositores radicales «utópicos» y reformistas progresistas. En época de luchas sociales, los gobiernos progresistas aludían a una «alianza de izquierda y derecha» y acusaban a quienes les criticaban de actuar en nombre del imperialismo, ignorando que ellos mismos colaboraban con multinacionales con fundamento imperial. Los llamamientos presidenciales, un discurso populista nacionalista y el incremento de los ingresos con los que se financiaba el creciente gasto social debilitó a la oposición de izquierda. Los aumentos moderados pero sostenidos de los programas contra la pobreza y el salario mínimo neutralizaron los llamamientos de los dirigentes radicales de los movimientos sociales. A pesar de la ruptura de los gobiernos progresistas con sus «raíces igualitarias radicales», fueron sobradamente capaces de obtener apoyo electoral masivo basándose en el crecimiento dinámico general de la economía y el crecimiento sostenido de la renta. Ambos fueron apuntalados durante largos periodos por un precio elevado de las mercancías.
Los presidentes extractivistas populares ganaron elecciones una y otra vez por mayorías sustanciales y fueron capaces de movilizar a sectores de los movimientos sociales moderados para que contrarrestaran los movimientos sociales contrarios al extractivismo. El elevado precio de las mercancías y las múltiples oportunidades para la explotación de recursos atrajo a inversores extranjeros, a pesar del cada vez más elevado precio de las regalías. Los inversores extranjeros se sintieron atraídos por la estabilidad social que garantizaban los gobiernos progresistas, a diferencia de la inestabilidad de los gobiernos neoliberales anteriores. Los gobiernos progresistas han prosperado a base de lazos económicos con las multinacionales y de una alianza electoral con las clases bajas.
Estudio de casos del capitalismo extractivo y el bando progresista
Aunque los siete gobiernos del «bando progresista» comparten una estrategia común de desarrollo basada en la exportación de bienes primarios, hay diferencias significativas en el grado de diversificación de sus economías, en la naturaleza y características de los bienes que exportan, en la intensidad de la polarización y cohesión sociales y en la envergadura y el alcance de la oposición. En consonancia con estas diferencias, también hay diferencias sustanciales en el grado de sostenibilidad del «modelo progresista y extractivo», o en la medida en que pueden verse sometidos a contestación o regresión.
En el bando progresista se pueden realizar distinciones siguiendo muchos criterios: entre los gobiernos basados en dirigentes carismáticos y que tienen una dependencia extrema de la exportación de bienes primarios (Bolivia, Perú, Ecuador y Venezuela) y quienes cuentan con sectores industriales y una dirección política más «institucionalizada» (Brasil, Argentina y Uruguay). También hay diferencias significativas en el grado de conflictos de clase y étnicos: Perú, Bolivia y Ecuador atraviesan por una etapa de resistencia generalizada importante por parte de las comunidades indígenas relevantes, mientras que en Brasil, Argentina y Uruguay, donde la población indígena es escasa, solo hay oposición aislada. En términos de lucha de clases, Bolivia ha vivido una generalización de las protestas por asuntos relacionados con la sanidad, la educación, la minería y los obreros fabriles. Venezuela ha tenido que hacer frente a cierres patronales y boicots organizados por la élite económica («lucha de clases desde arriba»). Ecuador encontró protestas generalizadas por parte de la policía. Casi todos los demás países (Brasil, Argentina y Uruguay) padecieron huelgas limitadas, en buena medida, por cuestiones salariales. Con la excepción de Bolivia, las principales confederaciones sindicales trabajan estrechamente y colaboran con los gobiernos progresistas; en cambio, los movimientos campesinos y de trabajadores rurales de Brasil, Ecuador y Perú han conservado mayor grado de independencia y militancia, sobre todo porque han sido los más perjudicados por las estrategias de exportación agro-mineral. En Venezuela y Brasil, los ejércitos privados de los terratenientes han desempeñado un papel fundamental en la lucha relativamente impune contra los beneficiarios de la reforma agraria.
La degradación medioambiental y más persistente se ha producido en Brasil, donde durante la década de gobierno del Partido de los Trabajadores se han «desbrozado» millones de hectáreas de bosque tropical. La explotación agrícola mediante productos químicos es contundente en la mayor parte de los países, en especial en Brasil, Argentina y Uruguay, donde la soja se ha convertido en el cultivo de producción preponderante. Todos los principales exportadores agro-industriales (Brasil, Argentina y Uruguay) recurren a productos químicos tóxicos y semillas transgénicas que desencadenan infinidad de casos de perjuicios nocivos para los indígenas y sus hábitats naturales. La cuestión de la toxicidad y la degradación del medio ambiente derivada de las gigantescas empresas mineras y madereras está bien documentada en Perú, Ecuador y Uruguay. En general, cuanto más numerosa es la población urbana y cuanto más dispersas están las comunidades rurales afectadas negativamente, menor es la protesta ecológica y la probabilidad de que las ONG ecologistas desempeñen un papel importante en la protesta.
Como las industrias del sector extractivo están en las afueras de los principales núcleos urbanos; como la mayoría de las confederaciones sindicales colaboran con los gobiernos progresistas y consiguen incrementos salariales progresivos; y como la economía en general ha estado creciendo y el desempleo ha disminuido, los desequilibrios macroeconómicos, la dependencia de los bienes y las vulnerabilidades estructurales conexas no se han traducido en confrontaciones importantes entre capital y mano de obra. Los conflictos más discutidos que se han producido se han dado entre las élites neoliberales ortodoxas respaldadas por Estados Unidos y las potencias europeas y los gobiernos progresistas. Nos vienen a la memoria varios ejemplos.
El 12 de abril de 2001 y entre los meses de diciembre de 2002 y febrero de 2003, la clase capitalista venezolana apoyada por Estados Unidos y España organizó un golpe de estado fallido que fue contenido y un cierre patronal en el sector petrolero que fue derrotado. En el año 2011, un levantamiento encabezado por la policía de Ecuador y un golpe de estado abortado en Bolivia fueron desbaratados con éxito antes de que adquirieran empuje. En el año 2008, una protesta agraria empresarial a gran escala en Argentina paralizó el sector de exportaciones agrarias que se movilizaba contra una tasa impuesta a la exportación y acabó con concesiones del gobierno.
En buena medida, estas «luchas de clases desde arriba» operaron a favor de los gobiernos progresistas porque les permitió plantear la cuestión de forma unificada como si se tratara de una lucha entre un gobierno democrático popular y una oligarquía autoritaria y retrógrada. En consecuencia, los gobiernos progresistas consiguieron neutralizar, al menos temporaleente, las críticas internas procedentes de la izquierda. La derrota de «la derecha» pulió las credenciales del bando progresista y elevó su popularidad.
Aunque el apoyo popular era importante para el sostenimiento de los gobiernos progresistas frente a las campañas de desestabilización más derechistas respaldadas por Estados Unidos y la Unión Europea, tuvo igual o mayor importancia el respaldo del ejército, de algunos sectores de la élite empresarial y de los capitalistas del sector extractivo. Los progresistas, adoptando «políticas moderadas» (entre las que se encontraban los subsidios empresariales y una generosa subida de sueldos al ejército) consiguieron dividir a la élite, conservar el apoyo del ejército y aislar a la oposición de derechas. La derecha ha seguido siendo marginal desde el punto de vista electoral y ha supuesto un límite muy estrecho para la capacidad de injerencia e influencia de Estados Unidos y la Unión Europea sobre el programa progresista.
El grado de «progresismo» en el seno del bando capitalista extractivo progresista varía de manera muy importante.
El gobierno de Chavez ha presentado un programa antiimperialista y socialista que supone el rechazo de los golpes de estado, las guerras y el bloqueo de Estados independientes por parte de Estados Unidos: ha apoyado la re-renacionalización del petróleo, el aluminio y otras materias primas, la minería y las fuentes de energía. Su reforma agraria generalizada, que ha beneficiado a 300.000 familias, tiene por objetivo la autosuficiencia alimentaria. La salud pública y la educación superior universal y gratuita, el subsidio de los precios de alimentos básicos a través de supermercados de propiedad pública y la vivienda pública de bajo coste y a gran escala para los pobres, junto con las campañas de alfabetización y la formación de miles de consejos de barrio para arbitrar y resolver asuntos locales han profundizado y ampliado el proceso de socialización.
A menor escala, Bolivia, Ecuador y Argentina han desarrollado políticas exteriores independientes. Sus nacionalizaciones parciales y selectivas están pensadas para incrementar los ingresos, más que producirse en el marco de una estrategia de transformación a gran escala y largo plazo. No han seguido los pasos de Chavez sobre la reforma agraria y un mayor refuerzo del gasto social en salud, vivienda y educación superior. Presentan como «reforma de las tierras» la gestión de tierras lejanas, públicas y de dudosa calidad. Han sido defensores de los cambios progresivos en lo relacionado con los salarios y prestaciones sociales para hacerlos acordes con el aumento de los ingresos derivados de la exportación de bienes y en sintonía con la tasa de inflación; Bolivia y Ecuador han desalojado a ocupantes de tierras y defendido a los principales titulares de terrenos del sector agrario. Los gobiernos menos «reformistas» y con las credenciales «progresistas» más dudosas son los de Brasil, Uruguay y Perú (bajo el gobierno de Humala), que han adoptado un programa de libre mercado; fomentan activamente la gran afluencia de inversiones extranjeras no reguladas, rebajan la categoría de millones de hectáreas de bosques tropicales (en especial, Brasil), promueven el sector agrario empresarial y se oponen a la reforma agraria en todas sus modalidades y han recurrido a la dispersión de campesinos y personas sin tierra a las ciudades grandes y pequeñas, donde ejercen de reserva de mano de obra para el capital o se suman al sector informal mal remunerado. Estos gobiernos progresistas «moderados» han firmado acuerdos militares con Estados Unidos y adoptan un perfil bajo de oposición a las medidas imperiales estadounidenses en Oriente Próximo. Su «progresismo» se ve en el apoyo que prestan a la integración regional, en su oposición a la hegemonía estadounidense en el continente (oponiéndose al golpe de estado de Estados Unidos en Honduras, al bloqueo de Cuba y a las injerencias en Venezuela) y en la diversificación de los mercados exteriores. Brasil encabeza la marcha en la asistencia a los especuladores de Wall Street y en el gasto público contra la pobreza con unas cestas de alimentos básicas. La reducción de la pobreza queda igualada por el espectacular aumento del número de millonarios vinculados a los sectores financiero y de la exportación de productos agro-minerales. Los progresistas «moderados» tienen el historial más imponente (y bien documentado) de degradación medioambiental en curso. En Perú, Humala ha dado luz verde a una explotación minera que amenaza al medio de vida de millares de campesinos y empresarios locales de Cajamarca; los presidentes Lula da Silva y Dilma Rouseff, del Partido de los Trabajadores, han fomentado en una década la destrucción de millones de hectáreas de bosque tropical amazónico y el desplazamiento de montones de comunidades indígenas. En Uruguay, los presidentes Tabaré Vazquez y Mújica, del Frente Amplio, favorecieron que la fábrica de celulosa Botina, muy tóxica, contaminara el río Paraná a pesar de las protestas masivas.
En resumen, es difícil generalizar acerca de la actuación del bando progresista, dadas las divergencias de política social y económica. Pero se puede esbozar una especie de «tarjeta resumen».
Todos los gobiernos han reducido los niveles de pobreza e incrementado la dependencia con respecto a las exportaciones e inversiones del sector agro-mineral. Todas han firmado y/o renegociado contratos con multinacionales del sector extractivo; muy pocos han diversificado su economía. Los que cuentan con un tejido industrial relevante (Argentina, Brasil y Perú) han sufrido un declive importante en su sector manufacturero debido a la apreciación de las monedas y la pérdida de competitividad derivada de la subida de los precios de los bienes de exportación. Los acuerdos de aumento progresivo de salarios han desembocado en un menor nivel de conflicto social en las ciudades (con la excepción de Bolivia), pero el desplazamiento de campesinos y la degradación han intensificado conflictos en el interior entre las comunidades rurales y las multinacionales, lo que ha dado lugar a represión del Estado (Perú).
El impacto social de los gobiernos progresistas tiene un abanico de variaciones muy amplio, donde Venezuela registra los cambios estructurales de mayor alcance y el resto carece de visión o proyección a largo plazo para redistribuir la riqueza, las rentas o la tierra. Su apoyo común a la integración regional va aparejado de divergencias importantes en el acomodo a la política militar estadounidense. Venezuela, Ecuador y Bolivia, miembros del ALBA, rechazan los tratados militares, mientras que Brasil, Uruguay y Perú han firmado acuerdos militares con el Pentágono.
El rendimiento económico general es desigual. La economía de Brasil, en especial su sector manufacturero, se está estancando en un crecimiento cero o negativo en los años 2011 y 2012; Venezuela se está recuperando pero con una tasa de inflación del 20 por ciento, mientras que el resto del BP está experimentando un crecimiento sostenido pero una creciente dependencia de la exportación de bienes al mercado asiático (China).
Las alternativas a las economías extractivas vigentes varían enormemente. En Venezuela, el gobierno ha convertido la diversificación en una alta prioridad; los gobiernos brasileño y argentino están adoptando medidas proteccionistas para fomentar la industria con un éxito limitado, sobre todo porque sus políticas vienen contrarrestadas por la expansión real de la extensión de tierras dedicada a la producción de soja y bienes de exportación. Uruguay, Perú, Ecuador y Bolivia hablan de diversificación, pero han evitado tomar medidas para pasarse a la producción de alimentos y la agricultura familiar y todavía tienen que adoptar medidas concretas para estimular la industria local mediante una política de industrialización con financiación pública.
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