20 nov 2014

La otra punta de la macroeconomía

Por Eduardo Camín

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El mito del capitalismo globalizado y la economía de mercado se han transformado en fuente de engaño, fantasía, irrealidad y desequilibrios políticos y por ello originador de desencantos, violencias, pesimismo y nostalgias.
Todos los días, el mundo pierde una cantidad asombrosa de niños. El triste destino de todos esos niños exige mucho más que la débil respuesta que hasta ahora se ha ofrecido por parte de los gobiernos. Pero por desgarradoras y carentes de sentido que sean estas muertes, hoy no hablamos de ellas, sino de los millones de niños perdidos entre los que siguen viviendo; transformados en virtualmente invisibles por la pobreza más extrema, no registrados al nacer, carentes del reconocimiento oficial y de la protección de sus derechos, y que siguen soportando su triste destino en profunda oscuridad.
Los niños perdidos como destacan algunos informes de UNICEF, son los más explotados, los más pobres entre los pobres; niños soldados, niñas en prostíbulos, jóvenes trabajadores en condiciones de cautiverio en fábricas, talleres, campos, y hogares de nuestro “prospero” planeta. Se roba a los niños su salud, su crecimiento, su educación; y con frecuencia incluso sus vidas.
Pero estos niños a los que hace referencia UNICEF, son también nuestros niños, niños perdidos de barrios alejados, los más pobres de entre los pobres son los hijos de nuestro continente latinoamericano, que baldados sus cuerpos y anquilosadas sus mentes, menoscaban su crecimiento y acortan sus vidas.
Tal vez si tal abominación fuera visible y concentrada en un solo lugar, en un solo semáforo de vida, o en un solo contenedor de basura, nadie podría tolerarla.
No obstante seguimos tolerándola en su forma oculta y dispersa, para nuestra vergüenza y nuestro riesgo. La vida de esos niños perdidos está en situación de riesgo desde su nacimiento debido a la desnutrición, las frecuentes enfermedades y los entornos antihigiénicos. Todos ellos son hijos de pobres, con planes de emergencia o si en ellos, pero que subsisten con menos de un dólar diario.
El panorama es poco alentador cuando se constata que la pobreza y la indigencia de los niños y adolescentes permanecen casi en los mismos niveles que hace quince años.
Es cierto que parte de este hecho se asocia a la crisis económica de la globalización y que está no ha hecho más que empeorar un proceso que viene de muchos años.
Pero, pese a las alharacas de la macroeconomía y luego de años seguidos de crecimiento de la economía, de un incremento sostenido del PBI en la región,  la macro pobreza entre nuestros niños y adolescentes siguió aumentando.
En efecto, el denotado aumento de la pobreza y la indigencia infantil se produjo a pesar de que hubo un crecimiento de la economía, una reducción de la tasa de desempleo total y del desempleo de los jefes y cónyuges de estos hogares con niños.
La pregunta que queda planteada es ¿cuál ha sido el tipo de inserción laboral de estas familias?, que, aun consiguiendo empleo, no son capaces de generar ingresos suficientes para salir de la pobreza o la indigencia.
El incremento de la pobreza y la indigencia operó conjuntamente con el proceso de concentración geográfica de la población más vulnerable. La explosión de los asentamientos irregulares, fenómeno impensado en algunos países latinoamericanos hasta hace veinte años, completa un círculo vicioso que se hace difícil romper.
A pesar de la dialéctica discursiva de cambio, algunos de estos cambios ya están al alcance de nuestras desilusiones, socavando principios – entre otros– los cimientos sobre los que se asienta la cúpula de protección a la infancia.
Un principio que consiste en conceder prioridad a la protección de la vida y el desarrollo normal de la infancia en el orden de preocupaciones sociales. Un compromiso a favor de la infancia que debe mantenerse en la fortuna y en la adversidad, en tiempos normales y en tiempos de emergencias.
En la práctica esto supone que la protección de la vida y el desarrollo de la infancia no tienen que depender de los caprichos de la sociedad adulta, ni de la herencias malditas, ni de si la economía está bien o mal administrada, ni de si se ha pagado o renegociado la deuda externa, ni si han subido o bajado los precios de las exportaciones ni ningún otro altibajo en las interminables oscilaciones de la vida política y económica de los modernos estados nacionales.
Nada demuestra con tanta claridad esa necesidad de corregir el rumbo como el impacto de la crisis de endeudamiento y la consiguiente aplicación de programas de ajuste económico determinados por los organismos financieros internacionales, entonces la pregunta es: ¿debemos dejar morir nuestros niños de hambre y en la indigencia para pagar nuestras deudas?

Jóvenes sostienen resistencia civil en México


imagen del contenido Jóvenes sostienen resistencia civil en México
Marcha en el Ángel, DF. Foto: Xinhua

ALQUIMIA DE PODER


18.11.2014

MÉXICO (Uypress/Ruby Soriano*) - Envuelto en movilizaciones, caravanas, tomas de oficinas, balaceras y el inminente riesgo de una reacción social que arrecia y arremete contra todo lo que significa instituciones, gobierno y Estado, México se mantiene en vilo ante todo lo que está por venir.

Quien se resista a reconocer la fuerza y empuje de quienes hoy decidieron tomar la batuta para protestar en este México ofendido, lastimado y agraviado, corre el riesgo de llevarse sorpresas con efectos irreversibles, si se insiste en minimizar lo que puede representar un ejército de 21.5 millones de jóvenes de entre 15 y 24 años que hoy en diferentes bloques y segmentos de la población, se están movilizando y armando en un frente que ¡cuidado! Debe encender la alerta para Gobierno e instituciones que hoy están debilitadas por la poca credibilidad que poseen frente a la ciudadanía.
México está en una situación de riesgo que insisten en ignorar gobierno e instituciones. Las protestas en las calles alentadas sí, por jóvenes, donde también han surgido los excesos, son la mejor muestra del desorden que hoy impera en diferentes zonas del país.
Distintas escenas ocupan el presente inmediato en un México de contrastes, donde el denominador común, sigue siendo la exigencia de justicia.
Como un mantra, la sociedad civil invoca a Ayotzinapa como la palabra mágica que logró movilizar a miles de ciudadanos, quienes no se han cansado de gritar su enojo y exhibir la impunidad de una nación.
Mientras esto sucede, los incidentes entre jóvenes y policías representan un bomba de tiempo que puede derivar en una nueva tragedia, ante las provocaciones y las nulas acciones que el Gobierno de la República ha emprendido para establecer un diálogo abierto y frontal no sólo con los agraviados de Ayotzinapa, sino con una sociedad civil que ni más ni menos, no ha dejado de exigir la renuncia del Presidente Enrique Peña Nieto.
La balacera en Ciudad Universitaria que dejó herido a un estudiante presuntamente por un policía del Distrito Federal, la caravana de los padres de normalistas en su arribo a Chiapas para reunirse con zapatistas y emprender camino a la capital del país, la quema de oficinas del PRI en Guerrero, la inauguración de los Juegos Centroamericanos en Veracruz y el abucheo para los gobernantes, son las señales inequívocas de actos reales y contundentes de una protesta emanada de la sociedad civil.
El regreso a México del Presidente Enrique Peña Nieto y su gastado discurso de hechos aislados, el llamado a la no violencia y el exhorto al diálogo, le quedan debiendo a una sociedad inquieta, enojada, movilizada y sensible ante los brotes de violencia que lamentablemente después de Ayotzinapa, se siguen presentando en el país.
El telón cae y con él parecen desvanecerse los argumentos de los dos hombres fuertes del Presidente: El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y el Procurador General de la República Jesús Murillo Karam.
Mientras el Gobierno Federal siga evadiendo las respuestas al esclarecimiento de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y a eludir el reconocimiento en la participación del delito de policías e incluso la omisión de militares, el país sigue e incrementa su riesgo de una confrontación social.
El escándalo de corrupción que alcanzó al Presidente Enrique Peña Nieto con la llamada "Casa Blanca" propiedad de su esposa, provocó una caída libre en el nivel de aceptación hacia la figura del mandatario.
El desgaste del resto de los partidos y actores políticos, agrava la crisis de credibilidad, debido a que hoy, la sociedad no finca su confianza en las instituciones, está empujando acciones y reacciones provenientes de una sociedad civil fuertemente movilizada.
(*) @rubysoriano. Periodista mexicana, consultora política. http://mediatikos.wordpress.com/

China quiere reemplazar a Estados Unidos



El Confidencial


Fareed Zakaria






© AP Xi Jinping recibe a Obama en Pekín. (EFE)

Moscú continúa enviando tropas a Ucrania y parece evidente que la Rusia deVladimir Putin plantea un desafío frontal a Estados Unidos y al mundo occidental. Pero, a largo plazo, el mayor desafío no es un ataque militar ruso, sino los movimientos pacientes, constantes y no militares de China. Rusia es un gran poder en declive. Su economía solamente equivale al 3,4 por ciento del PIB mundial. Mientras, y de acuerdo al Banco Mundial, la de China se estima en casi un 16 por ciento y es ya casi cuatro veces el tamaño de Japón y cinco veces el de Alemania.

Los presidentes Obama y Xi Jinping merecen los elogios que están recibiendo por su acuerdo histórico sobre el cambio climático, que sugiere que los Estados Unidos y China avanzan hacia una relación nueva y productiva. Aunque resulta que, incluso mientras este acuerdo se está negociando, el gobierno de Xi ha estado realizando planes para una política exterior muy diferente, una política que busca reemplazar el sistema estadounidense internacional construido luego de 1945 por uno propio. Si China continúa por este camino, constituiría el cambio más significativo y peligroso en la política internacional que haya tenido lugar en los últimos 25 años.

Se ha reconocido abiertamente que Xi dirigió el aumento de la retórica nacionalista en los últimos años, retórica que en gran parte fue antiestadounidense. En realidad, dicha retórica nunca había desaparecido. Incluso en los años mucho más apacibles de Hu Jintao, se percibió un incremento en libros como The China Dream: Great Power Thinking and Strategic Posture in the Post-American Era, que explícitamente apelaba a Pekín a buscar la supremacía mundial, reemplazando la de los Estados Unidos, y así ofrecer al mundo un liderazgo más inteligente y benevolente.

Aunque la retórica nacionalista ha estado circulando en China durante mucho tiempo, su intensidad parece haber aumentado bruscamente. En un recuento realizado por el periódico internacional Christian Science Monitor, se encontró que el número de polémicas anti-occidentales publicadas en el periódico People's Daily en el año 2014, se ha triplicado en comparación con el mismo período del año pasado. Tal vez resulta aún más importante que China ha dado comienzo a una campaña paciente, discreta pero persistente, para proponer alternativas a los acuerdos internacionales en Asia y más allá. Hay algunos en Pekín que desean pasar de ser antiestadounidenses a post-estadounidenses.

El verano pasado, China encabezó un acuerdo con Brasil, Rusia, India y Sudáfrica (el resto de países que conforman el club BRICS) para crear una organización financiera que presentaría un desafío al Fondo Monetario Internacional. En octubre, Pekín creó un Banco Asiático de Inversión para infraestructura, de 50 mil millones, específicamente como una alternativa al Banco Mundial. Y la semana pasada, Xi declaró que China invertiría 40 mil millones para “restablecer” la antigua ruta comercial de la Ruta de la Seda para fomentar el desarrollo en la región. “Mientras crezca la fuerza nacional” dijo Xi, “China se encontrará más preparada y dispuesta para proporcionar más bienes de interés público para la región de Asia y del Pacífico y del mundo entero”.

Sería un gran paso adelante si China produjese una mayor cantidad de “bienes de interés público” (en referencia a las cosas que las personas necesitamos y disfrutamos pero no pagamos, como por ejemplo, parques nacionales o el aire limpio). Pero, aparentemente Pekín quiere financiar bienes de una manera que reemplaza el sistema internacional existente, en vez de reforzarlo. En los últimos años, China ha realizado serios esfuerzos para excluir a una nación en particular de todos sus planes: los Estados Unidos.

Fue defensora de una “Cumbre del Asia Oriental”, un foro asiático que estaría libre de la influencia estadounidense y que no funcionó. Xi dio un importante discurso en mayo acerca de la seguridad asiática, en la conferencia sobre la interacción y las medidas de fomento de la confianza en Asia, un grupo poco conocido del cual Pekín es devoto y cuyo mayor mérito parece ser la ausencia de la participación norteamericana. Xi dijo en este discurso: “Los pueblos de Asia tienen la responsabilidad de ocuparse de los asuntos de Asia... y de defender la seguridad en Asia”. Obviamente, hay solo un país fuera de Asia que claramente juega un rol central en el mantenimiento de la seguridad de la región.

Que China encaje en un sistema existente, va en contra de sus tradiciones históricas más profundas. En su reciente libro World Order, Henry Kissinger menta que China nunca ha estado a gusto con la idea de un sistema global con estados igualitarios. “[Históricamente] China se consideraba a sí misma, de alguna manera, el único gobierno soberano del mundo... La diplomacia no era un proceso de negociación entre múltiples intereses soberanos, sino una serie de ceremonias ideadas cuidadosamente, en las cuales se otorgaba la oportunidad a las sociedades extranjeras de afirmar su lugar asignado en la jerarquía mundial”. Aquella en la que China ocupaba el primer lugar.

Estos son indicios preocupantes, no porque haya indicios de que los esfuerzos de Pekín vayan a triunfar. Tal vez no lo hagan. Muchos de sus planes han despertado oposición. Sin embargo, si China utiliza su creciente influencia para continuar pidiendo a los países que elijan entre los acuerdos existentes o los nuevos, se podrían crear las condiciones para un nuevo tipo de Guerra Fría en Asia. Ciertamente ayudará a socavar y destruir el orden internacional actual, que había sido una base sobre la cual la paz y prosperidad han avanzado en Asia durante siete décadas.

© 2014, The Washington Post Writers Group

Megaminería y transparencia: BORRANDO CON EL CODO LO ESCRITO CON LA MANO

Violentando leyes de transparencia de la función pública, acceso a la información y participación de la sociedad - incluyendo la propia Leyde Minería de Gran Porte -, la Dirección Nacional de Minería yGeología (Dinamige) adoptó el criterio de la empresa Aratirí ydeclaró confidencial toda la información del proyecto minero.

El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) no se hizo cargodirectamente de esta decisión, pero la defiende de hecho, lo quecondujo a una acción ante la Justicia por la Ley de derecho de Accesoa la Información Pública (N°18.381) que le ordenó entregar la
información requerida.

Víctor L. Bacchetta

Tuvimos una sorpresa, en junio de este año, cuando nos entregaron elexpediente de Aratirí en la Dinamige, al que habíamos accedido otr asveces, y encontramos que se le había retirado toda la informacióntécnica del proyecto.
Si estaban, y habían aumentado visiblemente,los recursos de decenas de productores rurales contra las notificaciones de la concesión para explotar las minas y de las servidumbres de paso del mineroducto en dirección a la terminal portuaria. Éstos y otros documentos permitieron, no obstante, conocer el trasfondo de lo que había sucedido.

En los recursos de los productores era una constante el reclamo de información sobre el proyecto minero para poder evaluar el impacto sobre los campos. Esto iba acompañado de una descripción de la actividad presente en los mismos que sería afectada y que justificaba el rechazo. La réplica de Aratirí presente en el expediente consistió, simplemente, en plantear que la información técnica del proyecto tiene carácter confidencial y que la supremacía de la actividad minera sobre las otras debe ser resuelta por la aplicación del artículo 65 del Código de Minería vigente (1)

Aratirí alegó ante Dinamige que los aspectos técnicos debían ser"confidenciales y reservados por formar parte del know how de la empresa" y que los mismos no deberían ser accesibles por sus competidores, "ni por el público en general".
Para justificarlo,agregó que su proyecto era "de una entidad y características totalmente distinto a los existentes hasta ahora" (sic). Basándose en la evidente exageración de esta frase, Aratirí atribuye a todos los datos técnicos del proyecto el mismo valor que las informaciones del patrimonio personal o el secreto comercial

El artículo 10 de la Ley 18.381 define como confidenciales las informaciones sobre "el patrimonio de la persona" y aquella que"comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos a una persona física o jurídica, que pudiera ser útil para un competidor". Nadie cuestiona que estos aspectos sean preservados, pero no abarcan necesariamente todos los datos técnicos del proyecto
Además, la calificación no debe ser realizada por la empresa sino por la Administración y los casos deben ser "de interpretación estricta", no gen&ea cute;rica

El Director de la Dinamige, Pier Rossi, adoptó una resolución, el 15 de mayo de 2013, en la cual sostuvo que "toda la documentación aportada contiene información del patrimonio, hechos o actos de carácter económico, contables jurídicos y administrativos (...) que pudieran resultar útiles para un competidor" e, invocando el mencionado artículo 10, declaró como confidencial "la totalidad de lainformación contenida en este Asunto relativa a los informes técnicos presentados por MINERA ARATIRÍ S.A." O sea que aceptó sin más el criterio propuesto por la empresa

Sin respaldo técnico ni jurídico

En el mismo expediente de la Dinamige encontramos elementos que cuestionan la validez actual de tal resolución. En una nota del 8 demayo de 2014, la Asesoría Jurídica del MIEM, señalaba que según lo establecido por la Ley de Minería de Gran Porte (N°19.126), "la declaración de confidencialidad solicitada (por Aratirí) no compete aDINAMIGE sino al Ministerio de Industria, Energía y Minería"
La nota referida planteaba "que la Superioridad convalide la resolución" y, además, que se agregara "el informe en el que (Dinamige) arriba adicha conclusión".

La División Minería respondió el 10 de junio diciendo, simplemente,que "ha entendido pertinente el planteo realizado por la empresa" y enumeró los elementos incluidos en la información técnica referida por la resolución, a saber: "descripción e interpretación geológicade los yacimientos, metodologías de diseño de mallas de perforación,obtención y preparación de muestras, métodos analíticos, controles decalidad de la base de datos, separación de dominios estadísticos,geoestadísticos y estructurales, estadísticas, detalle de las metodologías de determinación de recursos y reservas, dimensiones y etapas de desarrollo de las minas, selección de las leyes de corte,criterios y metodología de selección de maquinaria y equipos industriales, operativa de cada mina, procesos de beneficiación, cronogramas de ejecución, volúmenes de producción de mineral y concentrado, instalaciones auxiliares, dimensionamiento de pilas de estéril, represas de relaves y de agua fresca, dimensionamiento de plataf ormas de mineral de alta y baja ley, sistema de transporte dentro y fuera del complejo, mineroducto, terminal de recepción de concentrado, informes de auditoría, bases de datos en formato digital y certificados de análisis, mapas de aerogeofísica, hidrología e hidrogeología, plan de cierre y todos los elementos que no estén descritos en este listado pero que conforman un proyecto minero desarrollado a partir del momento del descubrimiento geológico y laconsecuente cuantificación de reservas" (sic)

La simple transcripción de esta lista, con la aclaración final para eliminar cualquier duda, revela el carácter arbitrario de la confidencialidad solicitada por Aratirí y concedida por la Dinamige
De aceptarse este criterio, será reclamado por otras empresas y toda la información sobre cualquier proyecto minero pasaría a ser secreta


Es más aún, la Dinamige también pretende considerar confidenciales "los informes realizados por la Unidad de Evaluación, Control yGestión de Proyectos Mineros de est a Dirección Nacional, elaboradosen respuesta o con posterioridad al análisis de información técnicasuministrada por la empresa y haciendo referencia a la misma". Estosería la consagración del contubernio empresa-estado en perjuicio dela transparencia de los actos de la Administración, el acceso de losciudadanos a la información pública y la participación socialestablecidos en la propia Ley 19.126.

El camino de la Ley 18.381

Dada la gravedad de la resolución de la Dinamige y que la Asesoría Jurídica del MIEM señalaba correctamente que se requería la decisiónde la Superioridad, efectuamos una nueva solicitud, el 30 de junio,de acceso al expediente técnico de Aratirí. El 28 de julio, nosdieron vista de una nota de la Asesoría Jurídica del MIEM que,haciendo referencia a la resolución de la Dinamige y, de acuerdo conella, concluía que no es posible acceder a la petición.
Evidentemente, la Asesoría Jurídica se contradecía, porque seguía sinhaber decisión del titular del ministerio.

Dejamos sentada, en nota del 5 de agosto, nuestra discrepancia con larespuesta de la Asesoría Jur&ia cute;dica y la resolución de la Dinamige, porno cumplir con el artículo 16 (sobre Competencia para decidir) de laLey 18.381, que dice:
"El acto que resuelva sobre la petición deberáemanar del jerarca máximo del organismo o quien ejerza facultadesdelegadas y deberá franquear o negar el acceso a la información queobrare en su poder relativa a la solicitud en forma fundada". Luegosupimos que, desde el 13 de agosto, la solicitud estaba aconsideración del ministro.

El jerarca del MIEM no tomó una decisión, pero tampoco nos dieron elacceso pedido. Habiendo superado todos los plazos legales, seconfiguró de esta manera el "silencio positivo" previsto por la ley18.381.
Bajo este título, el artículo 18 establece que "Vencido el plazo de veinte días hábiles desde la presentación de la solicitud,si no ha mediado prórroga o vencida la misma sin que existaresolución expresa notificada al interesado, éste podrá acceder a lainformación respectiva, considerándose falta grave la negativa decualquier funcionario a proveérsela".

Con el apoyo jurídico de Martín Prats, abogado integrante de CAinfo,ONG especializada en el derecho de acceso a la información pública,iniciamos el 4 de noviembre último una acción de acceso contra elMIEM ante lo Contencioso Administrativo.
El juez encargado delTribunal de Primera Instancia, Alejandro Martínez de las Heras, convocó a la primera audiencia el viernes 7.

Poniendo en evidencia que el organismo se sujetó simplemente a la petición de la empresa, la representación legal del MIEM justificó la negativa a la entrega de la información en base a la resolución original de la Dinamige y solicitó que se convocara a Aratirí con el fin de fundamentar la alegada confidencialidad.
A todas luces, era una propuesta improcedente por ser una información en poder de un organismo del estado y ser éste el obligado por la ley a definir qué es y qué no es confidencial. El juez rechazó rápidamente en la mismaaudiencia esta solicitud.

Insinuando conflicto de poderes

Descartada la convocatoria de Aratirí, la defensa del MIEM apuntó a separar el trámite de solicitud de acceso a la información, de la declaración de confidencialidad realizada por la Dinamige
Era unaseparación artificial e infundada, porque, al ser definido por el gobierno como un proyecto de minería de gran porte, la declaracióndel carácter confidencial de sus datos debe guiarse por la Ley19.126. Como mostramos anteriormente, la misma Asesoría Jurídica del MIEM había sostenido que la Dinamige no es el organismo competentepara hacerlo.

No obstante, la representación ministerial insistió en suargumentación, al punto que adjudicó a nuestra acción la pretensiónde que "que sea ahora el Poder Judicial quien se pronuncie sobre unextremo que es de resorte de la Administración, lo cual podría determinar que se produjera un apartamiento del principio deseparación de poderes constitucionalmente establecido" (sic). El juez se limitó a solicitar que la demandada aclarara si había o no decisión sobre la solicitud de acceso a la información, a lo quetuvieron que reiterar que no había resolución firmada.

En nombre de la parte actora, Martín Prats expresó que el tipo de información solicitada es una información que refiere a asuntos vinc ulados directamente con los derechos humanos, derechos ambientales y el deber de transparencia que el Estado está obligado acumplir no solamente por las disposiciones de la Ley 18.381, sinotambién por Convenciones Internacionales de Derechos Humanos quefueron citadas en la demanda, así como disposiciones constitucionalesy la propia Ley de Minería de Gran Porte relacionada específicamentecon este caso.

En la siguiente audiencia, el lunes 10, Martínez de las Heras fallóordenando al MIEM brindar la información requerida en un plazo de 15días ininterrumpidos desde esa fecha. El juez estableció como limitación de la información a entregar aquella "exclusivamente relacionada con aspectos vinculados al "secreto industrial o comercial" de la empresa respectiva, información que debe ser objeto de reserva por parte de la Administración". Esta restricción surge dela ley 16.466 sobre Protección del Medio Ambiente y es análoga a laantes referida de la Ley 18.381.

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(1) Para eliminar los obstáculos en el terreno, Aratirí recurre alArtículo 65 del Código de Minería que dice: "Las labores mineras nopodrán pr acticarse en terrenos cultivados, a una distancia menor a 40 metros de un edificio o de una vía férrea o de un camino público, a 70 metros de cursos de agua, abrevaderos o cualquier clase devertientes.
Si las labores mineras en dichas zonas fueran indispensables, la Dirección Nacional de Minería y Geología podrá otorgar una autorización especial a ese fin, prescribiendo las medidas de seguridad que correspondan".
La simple lectura del texto de la ley muestra que el proyecto deAratirí viola los límites del Código de Minería cuando la explotación se propone ocupar las cuencas de tres arroyos (Valentines, Las Palmasy Las Conchas) y desviar el río Yí para dar lugar a los cráteres y elembalse de relaves.
Pero, además, para atravesar con el mineroductolas zonas de actividad agrícola y forestal, así como los cursos deagua, pretende que la Dinamige declare que son labores"indispensables" y otorgue la "autorización especial" prevista parasituaciones excepcionales.
Víctor Bacchetta 098935317

URUGUAY LIBRE de megaminería


postaporteñ@ 1285 - 2014-11-18 

19 nov 2014

EE.UU: Congreso da carta blanca al espionaje de sus agencias como denunció Wikileaks

DEMÓCRATAS Y REPUBLICANOS

Los votos republicanos frenaron en el Congreso de Estados Unidos, la llamada “Ley de la Libertad”, que procuraba evitar que las agencias de seguridad tuvieran acceso a todos los registros telefónicos de ciudadanos estadounidenses que no son sospechosos de delitos.

Congreso en Estados Unidos da carta blanca al espionaje de sus agencias
Por 58 votos a favor y 42 en contra, el Partido Republicano logró frenar en la cámara alta del Congreso, los 60 votos mínimos necesarios para que el proyecto de ley siguiera avanzando y frenara las potestades que algunas agencias –como la NSA- se han atribuido en función de la guerra antiterrorista que afirman llevan a cabo en la interna norteamericana, y que ha sido denunciada también en varios países “amigos” de Washington.
La práctica de recolección masiva de datos telefónicos –y también las escuchas no reconocidas-fueron denunciadas por el contratista de los servicios de espionaje Edward Snowden, en el caso conocido como “Wikileaks” y que abrió no solo la polémica, sino una línea divisoria entre los que aceptan la intrusión de los servicios en cualquier actividad y sin razón aparente, y los que consideran el hecho una violación de sus derechos constitucionales.

Inusual coalición demócrata-republicana consiguió los votos

Los “análisis de inteligencia” que excedan la justificación de cualquier orden judicial,carecerán en más de inconvenientes, e incluso permitirán acopiar conexiones y almacenar en su propia base de datos, tantos como crea necesarios, en su lucha contra el terrorismo.
La ley Patriot Act, producto de los atentados del 11 de diciembre de 2001, se fue ampliando a niveles sin precedentes, pasando por encima de derechos consagrados en la Constitución –según entiende buena parte de la ciudadanía estadounidense- y ahora queda consolidada gracias a la coalición demócrata-republicana que en el Congreso frenó condicionamientos.
La iniciativa de los republicanos, apuntó que limitar la recolección de datos, “beneficia a los enemigos del país” y dijeron que si bien el tema de las Torres Gemelas parece haber quedado atrás, ahora es el Estado Islámico, el que se beneficiaría con esas limitaciones a los servicios de Washington.
El presidente Barack Obama había sido el impulsor de la legislación ahora rechazada, con el ánimo que existiera una legislación adecuada que evitara el espionaje indiscriminado de las agencias a cualquier nivel.