11 dic 2014

La venas siguen abiertas

Descubren vuelos secretos de tráfico de oro desde Bolivia hacia Miami

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ojo-publico.com – Eran los primeros días del verano pasado cuando la noticia se propagó desde la zona de carga del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima. Los aduaneros habían revisado los manifiestos de las aerolíneas que aterrizaban en la capital y observaron un material poco frecuente en los cargamentos de los vuelos procedentes de Bolivia. Pese a todo, los casos se mantuvieron en secreto hasta que los efectivos descubrieron el contenido de la mercadería en calidad de transbordo: kilos de oro en barras. Tras la sorpresa inicial, la información fue remitida confidencialmente a la sede de Aduanas en el Callao y su oficina de inteligencia empezó a analizar las cifras de exportaciones de metal entre Lima y La Paz en los últimos años.
Fue entonces que las alarmas se encendieron.
La etapa final de una investigación periodística –iniciada el 2012 para descubrir la cadena de extracción, comercialización y exportación de oro ilegal peruano a Estados Unidos, Europa y Asia- descubre hoy el ‘puente aéreo’ creado por exportadoras de Bolivia para transportar toneladas de metal de origen sospechoso al nuevo destino comercial del metal sudamericano: las refinerías de Miami. El oro, ingresado como contrabando y acopiado por las compañías de La Paz, fue extraído de los centros de la minería ilegal de Madre de Dios, Puno y otras regiones del sur en los últimos meses.
OjoPúblico estableció que un grupo de aerolíneas provenientes de Bolivia ingresó un cargamento de 35 toneladas de oro, en barras de presunto origen ilícito, por el aeropuerto Jorge Chávez. Los informes aduaneros del caso confirman que estos envíos –valorizados en cientos de millones de dólares en el mercado internacional– arribaron como transbordo oficial dentro de las decenas de vuelos comerciales que partieron desde el terminal aéreo de El Alto (La Paz).
La historia secreta de estos vuelos empezó en febrero del 2014 cuando los agentes que operan en el Jorge Chávez, acostumbrados a detectar el ingreso clandestino de cocaína o de millones de dólares en efectivo, centraron su atención en la trayectoria de las aerolíneas bolivianas que aterrizaban en Lima. Al efectuar las revisiones de rutina, los efectivos descubrieron decenas de barras de oro en sacos de yute y cajas de cartón y plástico consignados en los documentos de bodega de los vuelos que llegaban desde el principal aeropuerto de Bolivia.
Entre el 2011 y el 2013 apenas habían registrado una tonelada de metal procedente de ese país, de paso por Lima. Sin embargo, entre febrero y octubre de este año, contabilizaron la cifra récord de 35 toneladas de oro ingresadas de esta forma al Perú, un volumen equivalente a la producción de Bolivia en los últimos cuatro años. Solo en julio los vuelos alcanzaron el pico con 5,2 toneladas en barras. Pese a las sospechas que despertaba la carga, los agentes no pudieron intervenirla porque las mercancías en régimen de transbordo no están sujetas a reconocimiento físico.
COMPAÑÍAS FANTASMAS
¿Pero quiénes estaban detrás de estos envíos? OjoPúblico ha identificado al grupo de 21 compañías bolivianas dueñas de las 35 toneladas de oro enviadas a Lima. Las exportadoras con sede en La Paz que encabezan esta lista de perfil de riesgo son: Royal Gold (envió 6,8 toneladas en calidad de transbordo), Sthepany Ribera Herrera (5,9 toneladas), Auribol (3.8 toneladas), Yellow Tree (2,6 toneladas), Ronal Saavedra Orosco (1.8 toneladas), Orbol (1.5), Doral Manufactur Import Expor (1,3 toneladas) y BRG Export Import (1 tonelada), entre otras. Los nombres propios de esta lista corresponden a la forma en que dichas empresas han sido registradas.
Estos millonarios cargamentos, luego de su escala en Lima,  fueron despachados a las refinerías estadounidenses Atomic Gold Inc, Republic Metals Corporation, World Precious Metals, NTR Metals y Kaloti Metals & Logistics. Las operaciones de algunas de estas compañías están en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Sunat y además figuran en los expedientes de la Procuraduría de Lavado de Dinero por sus negocios con los comercializadores de metal ilegal de Madre de Dios y Puno.
Las autoridades de La Paz –según información entregada a Aduanas de Lima- iniciaron investigaciones contra casi todas las exportadoras bolivianas por defraudación tributaria y por no pagar las regalías correspondientes por la extracción de oro. Las pesquisas también surgieron porque varias de estas firmas habían declarado datos falsos al servicio de comercialización minera de dicho país.
Algunas de ellas, por ejemplo, habían sido inscritas en los registros tributarios como empresas de venta y reparación de autos. Además, son consideradas compañías fantasmas por declarar direcciones inexactas y porque de la noche a la mañana pasaron a exportar toneladas de metal pese a haber sido creadas por personas naturales sin vínculo conocido con el negocio aurífero.
En la lista de compañías que han realizado estos transbordos en Lima también figura una de las principales joyerías industriales de Bolivia y de Sudamérica, Exportadores Bolivianos (Exbol), que en los últimos tres años multiplicó sus envíos a Estados Unidos. Este es un caso especial ya que Exbol despachó solo este año más de 6 toneladas de oro. Sin embargo, ellos no enviaron barras de metal, como ocurre con el resto de empresas sospechosas, sino joyas de oro. Aduanas de Sunat ya solicitó información a su par boliviana para establecer la procedencia exacta del metal en poder de estas exportadoras.
La historia inédita del ‘puente aéreo’ del oro fue reportado en los últimos meses al departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, a la Agencia Antidrogas de dicho país (DEA) y a la Aduana Nacional de Bolivia. El llamado Homeland Security norteamericano ya había mostrado gran interés en las visitas a Lima de los directores de las mayores refinerías de Miami: Awni Kaloti, director de Kaloti Metals & Logistics, y Samer Barrage, vicepresidente de ventas para Latinoamérica y el Caribe de NTR Metals. Ambos llegaron a inicios de este año para recuperar el oro intervenido por Aduanas a un grupo de exportadoras limeñas que no lograron justificar la procedencia legal del metal, pero a las que les habían pagado por adelantado.
La DEA –que sigue la pista de la cocaína que recogen avionetas bolivianas en la selva peruana- se ha mostrado interesada en identificar a los acopiadores de La Paz que vienen pagando millonarias sumas de dinero en efectivo por el oro extraído en la Amazonía, el altiplano y la costa. OjoPúblico, con el objetivo de confirmar esta ruta, analizó los reportes migratorios de los nacionales detenidos en los últimos dos años mientras transportaban dinero clandestino por los aeropuertos de Lima, Juliaca y Puerto Maldonado y halló que casi todos -dueños de concesiones mineras o acopiadores de metal- se desplazan frecuentemente a Bolivia ya sea por la frontera terrestre o por vía aérea.
CONEXIÓN EN LA PAZ
El origen de esta versión aurífera del ‘puente aéreo’ de la cocaína entre Perú y Bolivia se remonta a febrero pasado, poco después de que agentes aduaneros ejecutaran una operación sin precedentes en la empresa Talma del Callao para incautar una tonelada de oro. Esta valiosa carga iba a ser enviada a Estados Unidos y Europa por un grupo de compañías de fachada vinculadas a acopiadores de la minería ilegal. Las autoridades estiman que luego de este decomiso y de los juicios por lavado de dinero que se originaron en Lima, los comercializadores nacionales de metal sospechoso empezaron a desviar sus cargamentos a Bolivia.
Aquella confiscación aduanera remeció el mercado internacional del metal en Sudamérica. Inteligencia policial estableció meses después que el oro extraído del sur del Perú empezó a salir como contrabando por la frontera de Puno (Desaguadero y Tilali, cerca del lago Titicaca, y la localidad minera de La Rinconada y Suches) y Madre de Dios (en la ruta que lleva a la ciudad de Cobija, en la Amazonía boliviana). En un primer tramo era transportado por vía terrestre hasta la capital de ese país, y luego exportado por vía aérea hasta Miami. Al mismo tiempo se detectó un intenso tráfico de dinero en efectivo en La Paz a cargo de comercializadores de oro llegados de Cusco, Juliaca y Puerto Maldonado.
El desvío del metal a Bolivia coincidió con el fin de la época de bonanza de las compañías fantasmas creadas en Lima hasta el 2013 para enviar oro a refinerías de Suiza, Estados Unidos, Italia, India y Emiratos Árabes Unidos. OjoPúblicoconfirmó que actualmente hay 22 exportadoras investigadas por lavado de activos de la minería ilegal que repentinamente han desaparecido del mapa. En la mayoría de casos se ha detectado que los propietarios de estas compañías solo eran testaferros de ejecutivos extranjeros, abogados de compañías registradas en paraísos fiscales o representantes de refinerías estadounidenses en proceso de identificación.
La misma suerte han corrido Universal Metal Trading, que tenía como directivo a un ex alto funcionario del Ministerio de Energía y Minas del Perú; E&M Company, gerenciada por el contador de la otrora mayor productora de oro de Huepetuhe, Gregoria Casas; AS Perú, Oro Fino, Los Poderosos y Royal Gold, investigadas por sus millonarias operaciones en Madre de Dios; Minerales Rivero y Minerals Gold MPP, allegadas al polémico empresario Peter Ferrari y asesoradas en su momento por la mafia de Rodolfo Orellana; y el grupo Darsahn, Axbridge Gold y Oxford Gold, relacionadas a un paraíso fiscal del Reino Unido en el Caribe, entre otras.
Todas ellas controlaron el mercado peruano de exportación de oro sospechoso en el último lustro. Hoy el dominio parece estar en manos de las compañías de La Paz gracias al ‘puente aéreo’ con la refinerías de Estados Unidos. Las 35 toneladas de oro enviadas este año a través de Lima representan nada menos que 37 mil veces la cantidad que siguió esta misma ruta en el 2013. También equivalen a cinco veces la exportación de este metal de Bolivia al año y la tercera parte de la producción total de Brasil. “Hemos inundado de oro La Paz”, dice un alto funcionario de la Sunat. “Casi literalmente”.
eju.tv

Serpaj presentó el informe “Derechos Humanos en el Uruguay”

EL ESTADO (PUNITIVO) DE LA CUESTIÓN


10.12.2014

MONTEVIDEO (Uypress) — El Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) presentó este miércoles 10 su informe “Derechos Humanos en el Uruguay” que abarca el período 2013-2014. Sus integrantes destacaron avances y retrocesos en estos diez años de gobierno progresista y enfatizaron la necesidad de “consolidar la agenda de derechos”.

Como cada año -con excepción de 2013-, Serpaj presentó su informe sobre la situación de los derechos humanos en Uruguay, en coincidencia con el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Este volumen (N°25) cuenta con fotografías del colectivo RebelArte y está compuesto por dos grandes capítulos: Derechos civiles y políticos y Derechos económicos, sociales y culturales, sumado a un Anexo Legislativo. El primero está dividido, a su vez, por los ítems: Memoria y lucha contra la impunidad; Institucionalidad del Estado; Seguridad y sistema carcelario.
La presentación estuvo a cargo de Mauro Tomasini y Madelón Aguerre, de Serpaj; la periodista Carolina Porley y la militante feminista Lilián Abracinskas.
Ésta última remarcó que en los últimos diez años "se ha reconocido 'algo' en materia de derechos sexuales y reproductivos" y puntualizó como hechos emblemáticos la Ley de Salud Sexual y reproductiva -"más conocida como aquella que vetó Tabaré Vázquez", ironizó-, la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y el reconocimiento de derechos para las personas con diversidad sexual, en especial de las trans, de quienes recalcó: "Por fin les reconocen que tienen más necesidades en salud que simplemente el control de que no contagien infecciones de transmisión sexual".
A pesar de estos avances, Abrascinskas subrayó que todavía hay "debes", en la medida en que "se siga aprobando legislación que tutela a las mujeres sobre sus decisiones reproductivas" y por ello consideró que "la democracia sigue estando en deuda con los derechos de las mujeres". Por último, instó "a no bajar los brazos" pues faltan "atender las causas que generan la desigualdad social"; así como incorporar la figura defeminicidio a la legislación, además de abordar resoluciones no violentas de conflictos entre varones y mujeres, que producen decenas de muertes de quienes conforman el 52% de la población uruguaya.

Profundización del estado punitivo

Por su parte, Mauro Tomasini presentó el capítulo del informe que aborda la seguridad ciudadana y el sistema carcelario, con un fuerte énfasis en destacar que, si bien en las últimas elecciones nacionales se votó contra la reforma constitucional que pretendía bajar la edad de imputabilidad, esa propuesta es una "variación del castigo" que, sin embargo, se da en otras acciones estatales como "las torturas en el Sirpa, o las 23 horas de encierro [en hogares del INAU], la ley de procedimientos policiales, la internación compulsiva".
"Al decir 'No a la Baja' la sociedad uruguaya dijo 'hastá acá; así no se puede seguir'", consideró Tomasini quien resaltó la postura del Serpaj y otras organizaciones sociales que han salido a manifestar su intolerancia ante hechos de "tortura en democracia" y exhortó a los distintos organismos y a la ciudadanía a "denunciar el dolor y la violencia". "Si no denunciamos las torturas del presente, no podemos analizar el pasado reciente del país", expresó y advirtió sobre la construcción de un "consenso coercitivo" a nivel social que habilita que malos tratos hayan sido posibles en el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente.
En este sentido, el integrante de Serpaj cuestionó que la cárcel siga siendo una "respuesta imaginaria" para "tapar los problemas sociales" y funcione como "respuesta al delito" por parte del Estado, teniendo en cuenta que en los últimos 40 años la población privada de libertad creció un 700% y que, "de sostenerse la política criminal actual", esta población seguirá creciendo a razón de 1.7 personas por día.
Este y otros datos figuran en el capítulo "La tergiversación de la seguridad y la profundización del estado punitivo" del informe, donde Gianni Di Palma y Ana Juanche destacan que en las últimas décadas se registró "un sensible aumento de la utilización del sistema penal" en Uruguay.
Allí señalan que "los diversos sectores políticos desarrollan una retórica dominada por los conceptos de inseguridad, violencia y criminalidad, que los medios recogen y amplifican, retroalimentando así la sensación social del miedo al delito. Esta ecuación deriva en respuestas que convierten problemas de orden social, en sobreactuación policial y prácticas judiciales de uso exacerbado de la privación de libertad. Se trata pues, del más puro pragmatismo penal orientado a medidas 'efectivas' y 'tranquilizadoras' que operan en el plano simbólico más que en el núcleo duro del fenómeno, constituido por un conjunto de conflictos sociales no dirimidos y de naturaleza compleja".

"Inmoral" y "obsceno"

Estos dos adjetivos usó Madelón Aguerre para adjetivar los avances (o la falta de éstos) en las causas que investigan violaciones a los derechos humanos en el país. Consideró que desde el actual gobierno hay un "deseo explícito de no querer abordar estas causas" y señaló que, tanto el presidente José Mujica como el ministro Eleuterio Fernández Huidobro "han tomado esto como una resolución personal, bajo una lógica marcial, lo que resulta inmoral y obsceno".
Indicó que, de la mano del trabajo del Observatorio Luz Ibarburu, puede comprobarse una "impunidad fáctica" y destacó que "si no revisamos el pasado, no vamos a poder construir ningún futuro sólido".
"Uruguay se merece una historia oficial acorde a lo que pasó" y "haber nombrado a Huidobro como ministro de Defensa fue avalar el silencio", sentenció Aguerre. "La impunidad no es sólo lo que hicimos, sino lo que no queremos hacer sobre lo que ocurrió", concluyó.

Todos a las aulas

Para cerrar, Carolina Porley señaló que en referencia a las políticas educativas que se vienen deberían establecerse prioridades y políticas que incluyan la participación de todos los actores sociales, a través de medidas como un Plan Nacional de Educación "a largo plazo".
Además, advirtió sobre los diagnósticos cercenados que se efectúan sobre las problemáticas en la ANEP; así como la necesidad de que se valore el encuentro de distintos sectores sociales en la educación pública, en lugar de reforzar la selectividad, propia de la educación privada.

Prisionero 329: "Brindaremos solo buena voluntad"


"NO TENGO PALABRAS PARA EXPRESAR LO AGRADECIDO QUE ESTOY", ESCRIBIÓ


Abdelhadi Omar Faraj, uno de los presos de Guantánamo que llegó a Uruguay, envió una carta a El País en la que se compromete junto a sus otros cinco compañeros a brindar "solo buena voluntad" durante su estadía.





En la carta, enviada a través de su abogado en Nueva York, Ramzi Kassem, Faraj (39) cuenta sus orígenes en Siria, su viaje a Irán en busca de trabajo y luego a Afganistán, su huida a Pakistán, su arresto y entrega a militares de Estados Unidos y su traslado a Guantánamo el 8 de junio de 2002.

Al final de la carta Faraj agradece al presidente José Mujica su "acto noble de solidaridad" y por su "compromiso de tratarnos como seres humanos plenos, en vez de actuar como otro carcelero". También agradece las gestiones de la embajadora de Estados Unidos en Uruguay, Julissa Reynoso.

En el último párrafo de la carta, Faraj se revela hincha de la selección de fútbol uruguaya: "He seguido durante mucho tiempo a la Celeste y tenía la esperanza de echarle porras desde Uruguay durante la última Copa Mundial. Aunque esto no resultó posible, ¡espero poder seguir sus logros con el pueblo uruguayo en la próxima Copa América!".

Lo que sigue es el texto completo de la carta de este preso, identificado con el número 329 en Guantánamo.

"Mi nombre es Abdelhadi Omar Faraj. Por los últimos 12 años también he sido conocido como prisionero número 329 en Guantánamo. Y soy uno de los hombres recién llegados como refugiados en Uruguay desde esa horrible prisión.

Estoy seguro que muchos uruguayos sienten curiosidad por mí y por los otros hombres, así que quiero dirigir esta carta directamente al pueblo de Uruguay, en el espíritu de apertura y de la amistad que nos han mostrado.


Yo nací en Siria en una familia grande, con un hermano y cinco hermanas. Aunque éramos de recursos modestos, yo recuerdo una niñez feliz, pasando días nadando en el río cerca de mi hogar.

Deje la escuela después del sexto grado para trabajar, primero como mecánico y después como carnicero. Cuando tenía 19 años viajé a Irán en busca de trabajo y para evitar el servicio militar obligatorio de dos años en Siria.

Trabajé en una carnicería en Teherán por alrededor de dos meses, pero no me gustó Irán. Fue entonces que yo me fui para Afganistán donde me dijeron que encontraría empleo y un mayor sentido de comunidad. Mientras estuve en Afganistán, trabajé en una tienda local de comestibles.

Cuando la guerra en Afganistán estalló a fines de 2001, yo temía que una de las partes beligerantes, la Alianza del Norte, me mataría por ser árabe. Huí por tierra a Pakistán.

Cuando llegué a la frontera con Pakistán, fui detenido por soldados paquistaníes. Dentro de un día me entregaron a miembros del ejército estadounidense a cambio de una recompensa. Por un período de seis meses, los americanos me encarcelaron en Kandahar, Afganistán, en condiciones infrahumanas. Fui interrogado sin cesar, severamente, y no me permitieron bañarme.

Luego, el 8 de junio de 2002, guardias estadounidenses me vistieron en un overol de color naranjado y zapatos naranjados, guantes gruesos para quitar cualquier sentido de tacto, orejeras a prueba de sonido, gafas opacas y una máscara quirúrgica, y me encadenaron dentro de un avión. Una vez a bordo, ellos me dieron una inyección sin mi consentimiento, que me durmió y me mantuvo letárgico y mareado por muchos días. Ese avión aterrizó en la Bahía de Guantánamo, Cuba.

Por 12 años los Estados Unidos me encarcelaron en Cuba frecuentemente en condiciones crueles, sin cargos, juicio o proceso justo. En 2009, un equipo de gobierno de los Estados Unidos incluyendo a representantes de los militares, el FBI y la CIA revisó mi expediente y determinó de forma unánime que yo debería ser liberado de Guantánamo. Sin embargo, yo permanecí 5 años más en esa prisión desesperante ya que mi propio país, Siria, se hundía en una sangrienta guerra civil, haciendo que mi repatriación allí fuera imposible.

Si no hubiera sido por Uruguay, hoy aún estaría en ese agujero negro en Cuba. No tengo palabras para expresar lo agradecido que estoy por la confianza inmensa que ustedes, el pueblo uruguayo, han puesto en mi y en los otros prisioneros en abrirnos las puertas a su país. No podemos agradecerles lo suficiente por recibirnos en su país.

También deseo agradecer personalmente al Presidente José Mujica por su acto noble de solidaridad con nosotros y por su compromiso a tratarnos como seres humanos plenos, en vez de actuar como otro carcelero.

En cuanto a mí y los otros prisioneros, deseo asegurarle a todos los uruguayos, incluyendo el gobierno uruguayo, que brindaremos solo buena voluntad y contribuciones positivas a Uruguay mientras aprendemos Español y rehacemos nuestras vidas aquí.

Yo también aprecio profundamente la iniciativa humanitaria emprendida por la Embajadora de los Estados Unidos en Uruguay, Julissa Reynoso, en hacer nuestro reasentamiento aquí posible.

He seguido durante mucho tiempo a la Celeste y tenia la esperanza de echarle porras desde Uruguay durante esta última Copa Mundial. Aunque esto no resultó posible, ¡espero poder seguir sus logros con el pueblo uruguayo en la próxima Copa América!

(Carta de Abdelhadi Omar Faraj, según dictado a su abogado, Ramzi Kassem).

Sumario a la fiscal Tellechea : otro paso hacia la impunidad

POLÉMICA INSTALADA EN LA FISCALÍA
Personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos alertan que se utilice esta situación como un argumento para disponer su traslado a otra Fiscalía.
 Tellechea tiene a su cargo gran parte de las investigaciones penales por crímenes cometidos durante la dictadura.




La Fiscalía de Corte inició una investigación administrativa contra la fiscal Ana María Tellechea. La misma refiere a una diferencia jurídica que expresó con una jueza, en el marco de la tramitación de un proceso penal.


Martes 9 de diciembre, 2014

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, dispuso el inicio de una investigación administrativa contra la fiscal Ana María Tellechea, tras recibir una “denuncia” por parte de la jueza Fanny Canessa, en relación a discrepancias en al tramitación de un proceso. La magistrada elevó los antecedentes ante el fiscal de Corte, que resolvió iniciar el proceso para confirmar los hechos.

La decisión de la Fiscalía de Corte puso en “alerta” a personas vinculadas con la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, en virtud de que este hecho sea utilizado en un futuro como argumento para disponer el traslado de la fiscal Tellechea a otra materia. Tellechea tiene a su cargo gran parte de las investigaciones penales por crímenes cometidos durante la dictadura.
Esto vinculado con el reciente traslado de la fiscal Diana Salvo a una Fiscalía Civil. Salvo estaba a cargo de la indagatoria penal por la denuncia colectiva por torturas y delitos sexuales presentada por un grupo de ex presas políticas, en octubre de 2011, y se aprestaba a emitir su dictamen en torno a la situación procesal del capitán (r) Asencio Lucero, quien reconoció ante la Justicia, la aplicación de torturas (plantones, submarino seco y húmedo, picana y tortura psicológica) contra los presos políticos, durante la última dictadura.

El fiscal de Corte justificó, en diálogo con Caras y Caretas Portal,el traslado de Salvo forma parte de un conjunto de movimientos que se realizaron en la órbita de las Fiscalías, que tienen como trasfondo la aplicación del futuro Código del Proceso Penal (CPP), por el cual se consagra un sistema acusatorio oral y público, donde la investigación de los ilícitos penales estará a cargo de los representantes del Ministerio Público. Díaz valoró que “por razones de edad” Salvo trabajaría sólo dos años con el futuro CPP, por lo que se decidió priorizar la “capacitación” de fiscales que estarán varios años en su cargo, como es el caso de Estela Llorente, quien la sustituirá al frente de la Fiscalía.

En diálogo con el programa “Cría Cuervos” de CX 30 Radio Nacional, el periodista Roger Rodríguez valoró que el traslado de Salvo supone un retroceso en la investigación judicial por la denuncia colectiva presentada por las ex presas políticas, y afirmó que su sustituta, por más que sea una “excelentísima” fiscal “no va a sentir de su boca esa primera vez que, después de muchísimos años, se animaron estas mujeres a hablar”.

Rodríguez dijo que el traslado, por más que esté ajustado a derecho, implica sacar del expediente a una persona “que finalmente que captó el tema y está a punto de pronunciarse”, tras obtener la confesión de un militar. “La sacan de un día para el otro por decisión de la Fiscalía de Corte, justificada en el CPP, en la ley del orsai, en los que ustedes quieran, (pero) la realidad verdadera es que la fiscal Diana Salvo que había avanzado en estos temas, que había estado, hoy es sacada como se hizo con Mariana Mota”, valoró Rodríguez.

El periodista informó, además, durante su intervención el inicio de la investigación administrativa a la fiscal Tellechea y estimó que el resultado de la misma puede ser un argumento para disponer su traslado a otra materia, como también lo es su edad. “Si el argumento de Jorge Díaz (para trasladar a Salvo) es la edad para la aplicación del CPP, Ana Tellechea entra dentro de esa categoría y es un buen mecanismo para sacarla”, dijo.

Recordó que Tellechea “sigue teniendo en sus manos los 20 casos (que investigan violaciones a los derechos humanos) por los que sacaron a Mariana Mota”, y que uno de ellos refiere a la muerte por torturas de Aldo Perrini, por el cual se solicitó el procesamiento del general (r) Pedro Barneix. “La única persona que puede acusar a Barneix, que ya lo ha acusasdo y que ha pedido su procesamiento es Tellechea. La persona que (Rubén) Eguiluz (abogado de Barneix) y la Suprema Corte se quieren sacar ‘de encima’ es Tellechea”, valoró Rodríguez.

Bar en Pocitos: no dejaron entrar a una mujer negra y se armó lío diplomático

En lo poco que estamos de acuerdo

La embajada en Uruguay envió el caso al Departamento de Estado de Estados Unidos

El pasado fin de semana una funcionaria de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay intentó ingresar al restaurante Circus, ubicado en Luis Alberto de Herrera y 26 de Marzo, en el Pocitos. Allí, la persona encargada de ubicar a los comensales en las mesas le respondió que no podía entrar. Ante su sorpresa, la representante diplomática preguntó por qué no se le permitía el ingreso, a lo que la persona en la puerta le respondió que no estaba en la lista de reservas. Ella le retrucó que sus compañeros tampoco lo estaban, y que en cambio sí les permitieron el ingreso de cualquier modo. Luego el funcionario adujo que la vestimenta de la funcionaria no era la apropiada, lo que fue nuevamente cuestionado por el grupo de diplómaticos, según relataron fuentes diplomáticas a El Observador.
Además, según supo El Observador, la Embajada de Estados Unidos en Uruguay envió a su país el caso para que sea analizado por el Departamento de Estado. Allí, abogados de la institución analizan las posibles acciones jurídicas que la representación diplomática puede tomar ante el episodio de disciminación en Uruguay.
Una persona con conocimiento del caso aseguró a El Observador que es imposible que la diplomática discriminada haya estado mal vestida, ya que por norma los diplomáticos se visten de forma apropiada para toda ocasión. 
Luego de la insistencia del grupo de personas de la Embajada de Estados Unidos, el funcionario del restaurante reconoció que la verdadera razón de la negativa al ingreso respondía al color de piel de la funcionaria diplomática. La mujer es de raza negra.
Ante esto, la embabaja envió una consulta al Departamento de Estado para analizar la posibilidad de iniciar acciones legales contra el local.
Estudiando los pasos
Consultada al respecto, la embajadora de Estados Unidos en Uruguay, Julissa Reynoso, reconoció que está “evaluando” con sus colegas qué tipo de acción tomar respecto al lugar. Dijo estar “sorprendida con el nivel de ignorancia” del restaurante, dado que no se corresponde con la cultura uruguaya y las normas del país”. Además, afirmó que “es seguro” que el personal de la embajada “no pisará ese lugar en el futuro”. “Estamos tomando acciones internas para esto”, añadió la embajadora de Estados Unidos en Uruguay. 
Disciminación en Uruguay
El presunto caso no es el primero ni el único en Uruguay. En diciembre de 2011, a solo unas cuadras de donde hoy se ubica Circus, en el boliche Tres Perros del Buceo, a un joven se le prohibió el ingreso por su color de piel, algo que fue denunciado por la diputada de Asamblea Uruguay, Daniela Payseé.
En junio de ese mismo año, un guardia de seguridad nigeriano recibió una golpiza en el local bailable Kalú por parte de la seguridad, lo que provocó protestas en denuncia de discriminación racial en Uruguay.
Según datos de la Comisión Honoraria contra el Racismo y la Xenofobia, en 2013 hubo 84 denuncias por discriminación racial en Uruguay. Este tipo de discriminación representa el 47% del total de denuncias por discriminación .