EL ESTADO (PUNITIVO) DE LA CUESTIÓN
10.12.2014
MONTEVIDEO (Uypress) — El Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) presentó este miércoles 10 su informe “Derechos Humanos en el Uruguay” que abarca el período 2013-2014. Sus integrantes destacaron avances y retrocesos en estos diez años de gobierno progresista y enfatizaron la necesidad de “consolidar la agenda de derechos”.
Como cada año -con excepción de 2013-, Serpaj presentó su informe sobre la situación de los derechos humanos en Uruguay, en coincidencia con el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Este volumen (N°25) cuenta con fotografías del colectivo RebelArte y está compuesto por dos grandes capítulos: Derechos civiles y políticos y Derechos económicos, sociales y culturales, sumado a un Anexo Legislativo. El primero está dividido, a su vez, por los ítems: Memoria y lucha contra la impunidad; Institucionalidad del Estado; Seguridad y sistema carcelario.
La presentación estuvo a cargo de Mauro Tomasini y Madelón Aguerre, de Serpaj; la periodista Carolina Porley y la militante feminista Lilián Abracinskas.
Ésta última remarcó que en los últimos diez años "se ha reconocido 'algo' en materia de derechos sexuales y reproductivos" y puntualizó como hechos emblemáticos la Ley de Salud Sexual y reproductiva -"más conocida como aquella que vetó Tabaré Vázquez", ironizó-, la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y el reconocimiento de derechos para las personas con diversidad sexual, en especial de las trans, de quienes recalcó: "Por fin les reconocen que tienen más necesidades en salud que simplemente el control de que no contagien infecciones de transmisión sexual".
A pesar de estos avances, Abrascinskas subrayó que todavía hay "debes", en la medida en que "se siga aprobando legislación que tutela a las mujeres sobre sus decisiones reproductivas" y por ello consideró que "la democracia sigue estando en deuda con los derechos de las mujeres". Por último, instó "a no bajar los brazos" pues faltan "atender las causas que generan la desigualdad social"; así como incorporar la figura defeminicidio a la legislación, además de abordar resoluciones no violentas de conflictos entre varones y mujeres, que producen decenas de muertes de quienes conforman el 52% de la población uruguaya.
Profundización del estado punitivo
Por su parte, Mauro Tomasini presentó el capítulo del informe que aborda la seguridad ciudadana y el sistema carcelario, con un fuerte énfasis en destacar que, si bien en las últimas elecciones nacionales se votó contra la reforma constitucional que pretendía bajar la edad de imputabilidad, esa propuesta es una "variación del castigo" que, sin embargo, se da en otras acciones estatales como "las torturas en el Sirpa, o las 23 horas de encierro [en hogares del INAU], la ley de procedimientos policiales, la internación compulsiva".
"Al decir 'No a la Baja' la sociedad uruguaya dijo 'hastá acá; así no se puede seguir'", consideró Tomasini quien resaltó la postura del Serpaj y otras organizaciones sociales que han salido a manifestar su intolerancia ante hechos de "tortura en democracia" y exhortó a los distintos organismos y a la ciudadanía a "denunciar el dolor y la violencia". "Si no denunciamos las torturas del presente, no podemos analizar el pasado reciente del país", expresó y advirtió sobre la construcción de un "consenso coercitivo" a nivel social que habilita que malos tratos hayan sido posibles en el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente.
En este sentido, el integrante de Serpaj cuestionó que la cárcel siga siendo una "respuesta imaginaria" para "tapar los problemas sociales" y funcione como "respuesta al delito" por parte del Estado, teniendo en cuenta que en los últimos 40 años la población privada de libertad creció un 700% y que, "de sostenerse la política criminal actual", esta población seguirá creciendo a razón de 1.7 personas por día.
Este y otros datos figuran en el capítulo "La tergiversación de la seguridad y la profundización del estado punitivo" del informe, donde Gianni Di Palma y Ana Juanche destacan que en las últimas décadas se registró "un sensible aumento de la utilización del sistema penal" en Uruguay.
Allí señalan que "los diversos sectores políticos desarrollan una retórica dominada por los conceptos de inseguridad, violencia y criminalidad, que los medios recogen y amplifican, retroalimentando así la sensación social del miedo al delito. Esta ecuación deriva en respuestas que convierten problemas de orden social, en sobreactuación policial y prácticas judiciales de uso exacerbado de la privación de libertad. Se trata pues, del más puro pragmatismo penal orientado a medidas 'efectivas' y 'tranquilizadoras' que operan en el plano simbólico más que en el núcleo duro del fenómeno, constituido por un conjunto de conflictos sociales no dirimidos y de naturaleza compleja".
"Inmoral" y "obsceno"
Estos dos adjetivos usó Madelón Aguerre para adjetivar los avances (o la falta de éstos) en las causas que investigan violaciones a los derechos humanos en el país. Consideró que desde el actual gobierno hay un "deseo explícito de no querer abordar estas causas" y señaló que, tanto el presidente José Mujica como el ministro Eleuterio Fernández Huidobro "han tomado esto como una resolución personal, bajo una lógica marcial, lo que resulta inmoral y obsceno".
Indicó que, de la mano del trabajo del Observatorio Luz Ibarburu, puede comprobarse una "impunidad fáctica" y destacó que "si no revisamos el pasado, no vamos a poder construir ningún futuro sólido".
"Uruguay se merece una historia oficial acorde a lo que pasó" y "haber nombrado a Huidobro como ministro de Defensa fue avalar el silencio", sentenció Aguerre. "La impunidad no es sólo lo que hicimos, sino lo que no queremos hacer sobre lo que ocurrió", concluyó.
Todos a las aulas
Para cerrar, Carolina Porley señaló que en referencia a las políticas educativas que se vienen deberían establecerse prioridades y políticas que incluyan la participación de todos los actores sociales, a través de medidas como un Plan Nacional de Educación "a largo plazo".
Además, advirtió sobre los diagnósticos cercenados que se efectúan sobre las problemáticas en la ANEP; así como la necesidad de que se valore el encuentro de distintos sectores sociales en la educación pública, en lugar de reforzar la selectividad, propia de la educación privada.
