Con el potente motor de la obra pública en jaque por el escándalo de corrupción en torno a la estatal Petrobras, y grandes constructoras ocupadas en sacar a sus principales ejecutivos de la cárcel, en el Gobierno prevén que contratos de hasta 130.000 millones de reales (unos 49.000 millones de dólares) entre empresa petroleras y sus contratistas podrían paralizarse, generando una cadena de cuentas impagas y quiebras.
29 DE DICIEMBRE DE 2014
Hay temor por un eventual colapso en el sector de petróleo y gas, que se extendería a toda la infraestructura, es decir sectores responsables de hasta 12% del PBI. "Tenemos que acabar con esta historia de romper todo", dijo la presidente Dilma Rousseff el martes 23 de diciembre, en su última declaración pública antes de iniciar un breve período de descanso que terminará este lunes.
Hay temor por un eventual colapso en el sector de petróleo y gas, que se extendería a toda la infraestructura, es decir sectores responsables de hasta 12% del PBI.
"Tenemos que acabar con esta historia de romper todo", dijo la presidente Dilma Rousseff el martes 23 de diciembre, en su última declaración pública antes de iniciar un breve período de descanso que terminará este lunes.
Se refería, sin nombrarlo, al conflicto desatado por la investigación de pagos de sobornos en Petrobras. En el Gobierno existen fuertes temores de que una eventual cesación de pagos por parte de las constructoras investigadas en el esquema desmantelado por la Operación Lava Jato genere un frenazo en el sector energético, responsable del 12% del PIB brasileño.
Sumados, todos los contratos vigentes entre nueve constructoras investigadas y la estatal Petrobras superan los 130.000 millones de reales, según cálculos que manejan asesores presidenciales. Bancos públicos y privados también sufrirían pérdidas con un eventual corte de la cadena de pagos por parte de empresas que por estas horas están ocupadas tratando de sacar a sus accionistas o ejecutivos de la cárcel.
Si las empresas son halladas culpables de corrupción por la Justicia, se les prohibirá celebrar contratos con el Estado; a su vez la mayoría de ellas depende de créditos estatales para participar en grandes obras. El sector de infraestructura sufriría una parálisis, y el empleo se vería afectado con el corte de la cadena de pagos.
Atenta al cuadro, Dilma insiste en mantener en su cargo a la presidente de Petrobras, Graca Foster, a pesar de las peticiones para que sea sustituida. La mandataria quiere evitar suspensiones abruptas de contratos entre Petrobras y contratistas, que a su vez están entre las mayores empleadoras del país.
"Los corruptos deben ser castigados, pero las empresas deben ser preservadas", sentenció la mandataria, como una advertencia de cuál será su actuación de ahora en adelante, cuando las acciones judiciales derivadas del caso Petrobras tienden a acelerarse.
