28 de Diciembre de 2014
CONSTANZA MOREIRA
Las declaraciones públicas del Ministro de Defensa Nacional causaron indignación en varios sectores del Frente Amplio (FA). Algunos lo expresaron públicamente. No es para menos. Serpaj es una institución reconocida por su lucha por la verdad y la justicia y merece reconocimiento. Responder a sus reclamos por información con ironías que aluden a la tortura como método es, como mínimo, una perversión del orden original de las cosas. Es como si el actual Ministro considerara que la única manera de obtener información es la tortura. O como si considerara que hacer presión sobre los mandos de las Fuerzas Armadas (FFAA) para obtener información fuera literalmente imposible.
Es desconocer que la información que se tiene ha sido proporcionada por testigos directos o indirectos, familiares, investigadores, periodistas, historiadores. Y sin duda, es desconocer el rol de la Justicia y de algunos jueces en particular, como Mariana Mota, y de algunas fiscales en particular, como Mirtha Guianze. Y el innegable rol que en esto cumplieron las organizaciones que, como Serpaj, trabajan en la causa de los derechos humanos, y a las cuales el Ministro denosta un día sí y otro también. Los militares no han aportado casi nada de información y la búsqueda de los restos de los desaparecidos, treinta años después, sin informaciones precisas, es como arar en el mar.
El FA ha colocado a la causa de los derechos humanos en un primer lugar en el orden de prioridades. Y en función de ello se ha desactivado la Ley de Caducidad (con la ayuda de la declaración de inconstitucionalidad de la Justicia) y los actos administrativos de los gobiernos anteriores. El Ministro Fernández Huidobro fue un firme defensor de no anular la Ley de Caducidad en 2003, cuando en una intensa discusión en el Congreso del FA con Hugo Cores, triunfó la idea de “no hacer olas” con este tema, porque el Frente Amplio no estaba suficientemente preparado para esta lucha.
Ocho años más tarde, cuando en 2011 el FA se disponía a anular la Ley de Caducidad con una ley “interpretativa” -ya bastante más firme y preparado que en el gobierno “de estreno”-, el entonces senador Fernández Huidobro decidió renunciar a su banca en forma intempestiva, desviando, por un segundo, la atención de la importante ley que votábamos, para su propia peripecia personal.
Eppur si muove. Años después, la causa de los derechos humanos sigue viva. Y el Frente Amplio la ratifica una y otra vez, aunque sean magros los hallazgos y pobres los resultados. El Ministerio de Defensa Nacional tiene la obligación de colaborar con la justicia. Y tiene la obligación, no sólo de no obstaculizar la búsqueda de información, sino de asumir el compromiso de colaborar activamente con ello, en línea con la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio del Interior.
Y si no se está a la altura de las circunstancias, se debe admitirlo humildemente, resaltar las dificultades que se tienen y no irrumpir con declaraciones destempladas contra quienes luchan por estas causas justas, devolviendo a la sociedad el falso espejo, una y otra vez, de que aquí hubo una guerra (en defensa de Fernández Huidobro, integrantes del denominado Foro Libertad y Concordia ratifican la idea de “la guerra” que todo lo excusa) (1).
El iceberg
Pero esta es sólo la punta del iceberg. La curiosa confirmación de Fernández Huidobro al frente de la cartera tampoco está en sintonía con los logros y el espíritu del FA, ni honra uno de sus emblemas principales: la lucha por verdad y justicia como una causa ética, universal y de principios.
El politólogo e historiador Gerardo Caetano ha señalado que la designación de Fernández Huidobro obedece al respaldo militar. En efecto, al menos desde que el actual Ministro se opusiera a la extradición de los militares involucrados en el llamado “caso Berríos”, su defensa de la corporación ha sido consistente, sistemática, y por cierto, muy poco alineada con principios rectores del FA, que reclaman transparencia, verdad, y acceso a la información para todos los ciudadanos. Por si faltara algo, allí está el apoyo explícito de los militares del Foro Libertad y Concordia al actual Ministro.
A lo largo de estos cinco años, el desempeño de la cartera de Defensa Nacional ha fortalecido a la corporación militar y sus privilegios. Y no hablamos de los miserables sueldos de personal de tropa y bajo rango que recibían durante los gobiernos blanqui-colorados, aumentados, por cierto, como el de tantos trabajadores que, esos sí, tuvieron que luchar palmo a palmo por sus mejores salarios.
En primer lugar, terminamos este período de gobierno con un número de efectivos de 28.000 en el Ministerio de Defensa Nacional. Si se piensa que hay 31.000 policías, entenderemos lo que esto significa para un país que desde hace un siglo no enfrenta ningún conflicto armado. El número de efectivos per cápita es de los más altos del mundo.
No sólo no se ha reducido el número de efectivos sino que el presupuesto se ha incrementado en términos absolutos y el Ministro ha sido consistente en las solicitudes de refuerzos de rubros presupuestales en varias áreas (2).
El Frente Amplio ha retrocedido varias casillas y la lucha dada en su último Congreso y en la Unidad Temática sobre temas de defensa para retomar algunas de las ideas del Congreso de 2008 (pasaje de la aviación civil a la órbita civil, modificación de la ley orgánica de las FFAA, eliminación de la justicia militar, modificación del sistema educativo militar), ha fracasado. Y el programa del FA ya ni siquiera recoge algunas de esas ideas cardinales.
La Ley Orgánica de las FFAA sigue sin modificarse, aunque figuraba entre uno de los principales objetivos en el año 2006, cuando se inició el denominado “Debate Nacional sobre Defensa”, del cual surgirían un conjunto de leyes, como la Ley de Defensa, con miras a comenzar la transformación de las FFAA. Al no producirse tal modificación, el sistema de retiros y pensiones militares, sigue siendo de absoluto privilegio respecto del resto de los funcionarios del Estado. Los militares pueden jubilarse a edades más tempranas que el resto de la población y con el 100% de su sueldo (a lo que se agregan, cuando han sido docentes, beneficios adicionales). Ni siquiera en Estados Unidos los militares cobran el 100% de la jubilación, aún cuando creen ser el ejército del mundo. Los demás mortales en Uruguay, apenas cobramos el 48% del sueldo de nuestros diez mejores años, y después de cumplir los 60 años de edad.
Seguimos manteniendo una Justicia Militar anacrónica, que ya es virtualmente “derogada” con la aprobación del nuevo Código del Proceso Penal, y aprobando aumentos en las rendiciones de cuentas para los “jueces militares”.
La inacción que hemos experimentado en estos años respecto del recorte de los privilegios por un lado, y del anacronismo jurídico que significa la mantención de la Justicia Militar por el otro, son indicativos de una “no-política” con respecto a las FFAA que es toda una definición política. En un país donde el Frente Amplio fue capaz de realizar profundas transformaciones, las FFAA han quedado cómodamente sostenidas por un conjunto de actores (el actual Ministro es sólo uno de ellos pero hay todo un sistema en torno a él que sigue estos lineamientos) que responden a la fuerza de la corporación.
En el Congreso del FA de 2008 se tomaban otras iniciativas que urge atender en el próximo período. La aviación civil en Uruguay, más allá de la creación de la Junta Nacional Aeronáutica, sigue bajo tutela militar y es otra variante que suma dinero constante y sonante a las arcas militares. Muy escasos países quedan con sistemas como este, lo que va contra todas las recomendaciones internacionales. Sobre la base de negociaciones varias con los distintos operadores del sistema, el gobierno ha conseguido mantener la situación incambiada. Perodebe cambiar, y al igual que con Meteorología, se debe iniciar un proceso tendiente a tomar el tema de la aviación civil como un tema de Estado, y no como un tema de las FFAA (es mucho lo recaudado por esta vía, por lo cual la corporación defiende sus atribuciones en este campo con uñas y dientes).
También el Sistema de Educación Militar, consagrado en una ley aprobada en este período sin mayores discusiones, es algo que contradice la lógica del FA de promocionar una educación militar conectada con el resto del sistema de educación pública y no un compartimento estanco tendiente a fortalecer el carácter aislacionista de la corporación militar.
Finalmente, la prórroga de las Misiones en Haití, es simplemente inaceptable. Mientras el gobierno de Michel Martelly va hacia una deriva que lo transformará prontamente en un gobierno ilegítimo (el Presidente se niega a convocar elecciones para la renovación del Senado haitiano con lo cual el mismo quedará absolutamente inoperante en los próximos meses), el Uruguay sigue con sus tropas –aunque reducidas de acuerdo al proyecto que se vota mañana en el Parlamento-, validando, de hecho, la situación ilegítima de un gobierno autoritario.
No son solo palabras
La indignación actual contra Fernández Huidobro y su falta casi absoluta de apoyo popular no obedecen sólo a sus declaraciones poco felices sobre Serpaj y muchos otros temas, sino a su posición en relación a las Fuerzas Armadas. Una posición que le ha valido al país atrasarse cinco años en una discusión que comenzó promisoria, allá en el 2006.
Reforzamos el sistema de educación militar, mantuvimos intocado el sistema de jubilaciones y pensiones militares (oneroso para la sociedad toda), consolidamos la existencia de una justicia militar autónoma, fortalecimos a la corporación con sus misiones de “paz”, y año a año incrementamos el presupuesto militar en “operaciones” que distan de tener algún asidero con la realidad de un país que no ha tenido un conflicto militar en los últimos cien años (y nos los ha tenido, por cierto, por su diplomacia, no por las FFAA).
Más importante aún; cualquiera que ha opinado en estos temas, es considerado por el Ministro un “inepto”, un “estúpido”, un “ignorante”, ignorando él, por cierto, que el FA ha decidido desarrollar inteligencia civil y ciudadana en relación a los temas de la Defensa, porque quiere que la “inteligencia militar” esté absolutamente subordinada al poder civil. Y el poder civil es, por definición, el poder de los ciudadanos.
Por consiguiente, desestimar todos y cualquier análisis que se hagan desde la propia izquierda sobre las FFAA. es reclamar para sí y los suyos, el único saber y la única posición autorizada que existe sobre el tema. Refuerza esto la idea de que los “civiles” son ineptos y que quienes integran las FFAA son “los que saben”.
No, el actual Ministro no es el dueño del tema. Y si pretendiera serlo, le diríamos un rotundo no, porque su posición no representa a la masa frenteamplista.
(1) Ver las recientes declaraciones del Coronel retirado José Carlos Araújo en Montevideo Portal. Disponible en:http://www.montevideo.com.uy/auc.aspx?256703,3,1391
(2) Escribí al respecto dos años atrás; ver la columna “El peso de las Fuerzas Armadas en el Estado uruguayo”, publicada en el semanario Brecha, el 16/11/2012.
