URUGUAY
El Poder Judicial salió al cruce del Gobierno y expresó su rechazo a la propuesta oficial para solucionar el conflicto salarial. La Corte discrepó con la propuesta de aumento, con el "desenganche" y rechazó la idea de pagar fallos con sus fondos.
PABLO MELENDREZ
PABLO MELENDREZ
jue dic 18 2014
La Suprema Corte de Justicia (SCJ), ante la distorsión en el servicio causada por los paros resueltos por los actuarios y por los funcionarios judiciales (que están de paro hasta el próximo miércoles 24, día en que comenzará la Feria Judicial Mayor) resolvió que "a partir del 16 de diciembre no funcionan las oficinas del Poder Judicial, y hasta el 24 de diciembre del corriente inclusive, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos". Esa disposición, en los hechos, adelantó una semana el inicio del receso judicial.
Pero ya lejos de un conflicto salarial con los gremios judiciales que distorsiona el servicio, el diferendo pasó a la órbita institucional en un directo y claro enfrentamiento entre la SCJ y el Poder Ejecutivo, que el año pasado tuvieron varios choques por leyes declaradas inconstitucionales y por el traslado de la jueza Mariana Mota.
Los gremios del Poder Judicial (jueces, actuarios, funcionarios y defensores de oficio) reclaman un aumento del 26% basándose en un artículo de la ley de Presupuesto de 2011. El Gobierno, en cambio, envió al Parlamento un proyecto de ley que otorga un aumento del 8%, acota el pago por retroactividad a tres salarios y propone el "desenganche" de funcionarios y actuarios, que desde 2005 ganan una proporción del salario de los ministros de la SCJ.
La Corporación, en un comunicado que emitió ayer, indicó que el Poder Judicial "ha garantizado la continuidad del servicio, aún frente a reformas legislativas que demandaron más recursos humanos y materiales de un sistema ya resentido por la escasez de recursos".
La SCJ agregó que los montos de aumento planteados por el Gobierno en el proyecto de ley que el Senado aprobó el martes con los votos del oficialismo y que será tratado el lunes en Diputados, "no pueden ser interpretados" en función de toda la información contable que la SCJ "oportunamente" remitió al Gobierno.
Además, el máximo organismo judicial remarcó que "en ninguna" de las reuniones mantenidas en los últimos meses con el presidente José Mujica y con el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, los ministros de la SCJ manifestaron "opinión alguna" a favor de aprobar el "desenganche" salarial en el Poder Judicial.
Rechazo.
El comunicado de la SCJ, firmado por los ministros Jorge Larrieux, Jorge Chediak, Jorge Ruibal Pino y Ricardo Pérez Manrique, "rechaza" la propuesta de modificación del artículo 400 del Código General del Proceso (CGP), cosa que se plantea en el último artículo del proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo.
Esa modificación al CGP implica que el Poder Judicial dejará de contar con fondos de Rentas Generales para pagar fallos y laudos arbitrales en su contra, sino que deberá afrontar esas erogaciones con sus propias asignaciones presupuestales.
El Poder Judicial "no tiene autonomía presupuestal como los otros poderes del Estado", por lo que "la norma propuesta limita y condiciona el funcionamiento de este poder del Estado, trasladando a su ya escasa disponibilidad presupuestal la carga de asumir dichos créditos". Y en esa misma línea, la Corporación subrayó que de aprobarse la modificación al CGP que pretende el Gobierno podría "afectar severamente" el funcionamiento del Poder Judicial al tener que destinar presupuesto "al pago de créditos que son objeto de litigio".
La Suprema Corte de Justicia (SCJ), ante la distorsión en el servicio causada por los paros resueltos por los actuarios y por los funcionarios judiciales (que están de paro hasta el próximo miércoles 24, día en que comenzará la Feria Judicial Mayor) resolvió que "a partir del 16 de diciembre no funcionan las oficinas del Poder Judicial, y hasta el 24 de diciembre del corriente inclusive, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos". Esa disposición, en los hechos, adelantó una semana el inicio del receso judicial.
Pero ya lejos de un conflicto salarial con los gremios judiciales que distorsiona el servicio, el diferendo pasó a la órbita institucional en un directo y claro enfrentamiento entre la SCJ y el Poder Ejecutivo, que el año pasado tuvieron varios choques por leyes declaradas inconstitucionales y por el traslado de la jueza Mariana Mota.
Los gremios del Poder Judicial (jueces, actuarios, funcionarios y defensores de oficio) reclaman un aumento del 26% basándose en un artículo de la ley de Presupuesto de 2011. El Gobierno, en cambio, envió al Parlamento un proyecto de ley que otorga un aumento del 8%, acota el pago por retroactividad a tres salarios y propone el "desenganche" de funcionarios y actuarios, que desde 2005 ganan una proporción del salario de los ministros de la SCJ.
La Corporación, en un comunicado que emitió ayer, indicó que el Poder Judicial "ha garantizado la continuidad del servicio, aún frente a reformas legislativas que demandaron más recursos humanos y materiales de un sistema ya resentido por la escasez de recursos".
La SCJ agregó que los montos de aumento planteados por el Gobierno en el proyecto de ley que el Senado aprobó el martes con los votos del oficialismo y que será tratado el lunes en Diputados, "no pueden ser interpretados" en función de toda la información contable que la SCJ "oportunamente" remitió al Gobierno.
Además, el máximo organismo judicial remarcó que "en ninguna" de las reuniones mantenidas en los últimos meses con el presidente José Mujica y con el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, los ministros de la SCJ manifestaron "opinión alguna" a favor de aprobar el "desenganche" salarial en el Poder Judicial.
Rechazo.
El comunicado de la SCJ, firmado por los ministros Jorge Larrieux, Jorge Chediak, Jorge Ruibal Pino y Ricardo Pérez Manrique, "rechaza" la propuesta de modificación del artículo 400 del Código General del Proceso (CGP), cosa que se plantea en el último artículo del proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo.
Esa modificación al CGP implica que el Poder Judicial dejará de contar con fondos de Rentas Generales para pagar fallos y laudos arbitrales en su contra, sino que deberá afrontar esas erogaciones con sus propias asignaciones presupuestales.
El Poder Judicial "no tiene autonomía presupuestal como los otros poderes del Estado", por lo que "la norma propuesta limita y condiciona el funcionamiento de este poder del Estado, trasladando a su ya escasa disponibilidad presupuestal la carga de asumir dichos créditos". Y en esa misma línea, la Corporación subrayó que de aprobarse la modificación al CGP que pretende el Gobierno podría "afectar severamente" el funcionamiento del Poder Judicial al tener que destinar presupuesto "al pago de créditos que son objeto de litigio".
Sin acto.
Por otro lado, la Corporación exhortó a los actores implicados en el diferendo salarial a "encontrar soluciones a la situación conflictiva en aplicación de la Constitución y de la ley y en el marco de prudencia y actitud constructiva que la situación requiere".
Sin embargo, la SCJ suspendió el acto por el Día del Poder Judicial que estaba previsto celebrarse mañana viernes 19, en un evento protocolar en el que se entregarían medallas conmemorativas a los funcionarios que tienen 30 y 50 años de labor. "La situación y el ánimo de todos no da lugar para un festejo", reconoció una fuente de la Corporación.
Por otro lado, la Corporación exhortó a los actores implicados en el diferendo salarial a "encontrar soluciones a la situación conflictiva en aplicación de la Constitución y de la ley y en el marco de prudencia y actitud constructiva que la situación requiere".
Sin embargo, la SCJ suspendió el acto por el Día del Poder Judicial que estaba previsto celebrarse mañana viernes 19, en un evento protocolar en el que se entregarían medallas conmemorativas a los funcionarios que tienen 30 y 50 años de labor. "La situación y el ánimo de todos no da lugar para un festejo", reconoció una fuente de la Corporación.
Movilización.
Luego de cuatro horas de asamblea, la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) resolvió ayer iniciar un paro nacional sin guardia gremial hasta el próximo miércoles 24, día en que formalmente comenzará la Feria Judicial Mayor.
La asamblea de funcionarios, que se realizó en el gimnasio del club Aguada y en la que se escucharon exposiciones muy críticas sobre cómo manejó el conflicto la Comisión Directiva del sindicato, terminó aprobando una moción en la que expresó "enérgicamente" su rechazo al proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo y también manifestó su "repudio" a "la actitud" del secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, quien fue el negociador designado por el Gobierno.
El gremio también exigirá que la Cámara de Diputados rechace el próximo lunes el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, que fue aprobado el martes por el Senado al considerar que atenta el enganche salarial, una "conquista histórica" del sindicato. En caso contrario, la AFJU decidió que en forma inmediata iniciará acciones de inconstitucionalidad contra la norma, para lo cual contará con el asesoramiento del abogado Carlos Delpiazzo.
"Pensaron (en el Gobierno) que esto se podía resolver metiéndole la pesada a los trabajadores y no entendieron que estamos dispuestos a defender no sólo el salario sino también las cuestiones del Poder Judicial y la Justicia en este país. Ya lo hicimos cuando el movimiento sindical salió a defender las instituciones en la dictadura y hoy capaz que le toca a los judiciales defender a la institución Poder Judicial, que es mucho más que un aumento salarial", declaró tras la asamblea el dirigente de la AFJU Gustavo Signorelle, integrante de la Mesa Representativa del Pit-Cnt.
Al finalizar la asamblea, los funcionarios marcharon hacia el Palacio Legislativo, donde a media tarde cortaron el tránsito y realizaron cánticos. "Hijos de puta, hijos de puta", gritaban los manifestantes, que mantuvieron entredichos con varios conductores que se molestaron por el bloqueo intermitente de la Avenida de las Leyes.
Además de insultos contra el presidente José Mujica y el vicepresidente Danilo Astori, quien fue objeto de los epítetos de varios de los presentes fue el senador y futuro canciller Rodolfo Nin Novoa, quien casualmente en ese momento ingresaba al Palacio Legislativo.
Luego de cuatro horas de asamblea, la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) resolvió ayer iniciar un paro nacional sin guardia gremial hasta el próximo miércoles 24, día en que formalmente comenzará la Feria Judicial Mayor.
La asamblea de funcionarios, que se realizó en el gimnasio del club Aguada y en la que se escucharon exposiciones muy críticas sobre cómo manejó el conflicto la Comisión Directiva del sindicato, terminó aprobando una moción en la que expresó "enérgicamente" su rechazo al proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo y también manifestó su "repudio" a "la actitud" del secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, quien fue el negociador designado por el Gobierno.
El gremio también exigirá que la Cámara de Diputados rechace el próximo lunes el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, que fue aprobado el martes por el Senado al considerar que atenta el enganche salarial, una "conquista histórica" del sindicato. En caso contrario, la AFJU decidió que en forma inmediata iniciará acciones de inconstitucionalidad contra la norma, para lo cual contará con el asesoramiento del abogado Carlos Delpiazzo.
"Pensaron (en el Gobierno) que esto se podía resolver metiéndole la pesada a los trabajadores y no entendieron que estamos dispuestos a defender no sólo el salario sino también las cuestiones del Poder Judicial y la Justicia en este país. Ya lo hicimos cuando el movimiento sindical salió a defender las instituciones en la dictadura y hoy capaz que le toca a los judiciales defender a la institución Poder Judicial, que es mucho más que un aumento salarial", declaró tras la asamblea el dirigente de la AFJU Gustavo Signorelle, integrante de la Mesa Representativa del Pit-Cnt.
Al finalizar la asamblea, los funcionarios marcharon hacia el Palacio Legislativo, donde a media tarde cortaron el tránsito y realizaron cánticos. "Hijos de puta, hijos de puta", gritaban los manifestantes, que mantuvieron entredichos con varios conductores que se molestaron por el bloqueo intermitente de la Avenida de las Leyes.
Además de insultos contra el presidente José Mujica y el vicepresidente Danilo Astori, quien fue objeto de los epítetos de varios de los presentes fue el senador y futuro canciller Rodolfo Nin Novoa, quien casualmente en ese momento ingresaba al Palacio Legislativo.
En Dirección de Registros cesan medidas por "gesto" de Ehrlich
Los funcionarios de la Dirección General de Registros decidieron ayer levantar las medidas gremiales distorsivas del servicio que venían llevando a cabo desde el 6 de octubre. De todos modos, en señal de "repudio" por el contenido del proyecto de ley promovido por el Gobierno, hoy jueves realizarán un paro de 24 horas, por lo que la actividad normal se retomará mañana viernes, informó a El País el presidente del sindicato, Homero Hernández.
La decisión de cesar las acciones sindicales es un "gesto" hacia el ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich, quien se comprometió "ayudar" a los registrales en su reclamo. "No nos dijo que nos va a dar nada porque no depende de él, pero sí nos dijo que va a tratar de ayudarnos", indicó Hernández sobre el secretario de Estado.
Desde mañana y hasta el 26 de diciembre los usuarios podrán ingresar hasta seis certificados de la Dirección General de Registros y retirar la misma cantidad, al tiempo que tendrán la posibilidad de ingresar seis documentos y retirar diez. Ese tope no obedece a una medida gremial sino que es por seguridad y capacidad del Edificio del Notariado, dijo Hernández.
La no emisión de certificados registrales ha trabado cerca de 7.000 negocios inmobiliarios y automotores, según ha denunciado en las últimas semanas la Asociación de Escribanos.
Los funcionarios de la Dirección General de Registros decidieron ayer levantar las medidas gremiales distorsivas del servicio que venían llevando a cabo desde el 6 de octubre. De todos modos, en señal de "repudio" por el contenido del proyecto de ley promovido por el Gobierno, hoy jueves realizarán un paro de 24 horas, por lo que la actividad normal se retomará mañana viernes, informó a El País el presidente del sindicato, Homero Hernández.
La decisión de cesar las acciones sindicales es un "gesto" hacia el ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich, quien se comprometió "ayudar" a los registrales en su reclamo. "No nos dijo que nos va a dar nada porque no depende de él, pero sí nos dijo que va a tratar de ayudarnos", indicó Hernández sobre el secretario de Estado.
Desde mañana y hasta el 26 de diciembre los usuarios podrán ingresar hasta seis certificados de la Dirección General de Registros y retirar la misma cantidad, al tiempo que tendrán la posibilidad de ingresar seis documentos y retirar diez. Ese tope no obedece a una medida gremial sino que es por seguridad y capacidad del Edificio del Notariado, dijo Hernández.
La no emisión de certificados registrales ha trabado cerca de 7.000 negocios inmobiliarios y automotores, según ha denunciado en las últimas semanas la Asociación de Escribanos.
Abogados: "Esto es deuna enorme gravedad"
El presidente del Colegio de Abogados del Uruguay (CAU), Eugenio Xavier de Mello, expresó su preocupación y la de la gremial que encabeza por la situación de conflicto en el Poder Judicial, que llevó a que la Suprema Corte de Justicia resolviera ayer declarar que las dependencias judiciales dejen de funcionar una semana antes del inicio de la Feria Judicial Mayor.
"Si los tribunales no funcionan no se pueden ejercer los derechos, por lo que el propio Estado de Derecho está en juego cuando la Justicia no funciona. Por eso es que esta situación tiene una enorme gravedad", dijo Xavier de Mello al ser consultado ayer por El País.
Agregó que el CAU analizará la situación en los próximos días. "La preocupación es real", reconoció.
Además, Xavier de Mello dijo que el CAU evaluará el artículo incluido en el proyecto de ley enviado por el Gobierno al Parlamento que cambia el sistema de pago de sentencias contra el Poder Judicial, que dejarán de ser cubiertas por Rentas Generales. Xavier de Mello alertó que "se pueden afectar las posibilidades presupuestales del Poder Judicial".
El presidente del Colegio de Abogados del Uruguay (CAU), Eugenio Xavier de Mello, expresó su preocupación y la de la gremial que encabeza por la situación de conflicto en el Poder Judicial, que llevó a que la Suprema Corte de Justicia resolviera ayer declarar que las dependencias judiciales dejen de funcionar una semana antes del inicio de la Feria Judicial Mayor.
"Si los tribunales no funcionan no se pueden ejercer los derechos, por lo que el propio Estado de Derecho está en juego cuando la Justicia no funciona. Por eso es que esta situación tiene una enorme gravedad", dijo Xavier de Mello al ser consultado ayer por El País.
Agregó que el CAU analizará la situación en los próximos días. "La preocupación es real", reconoció.
Además, Xavier de Mello dijo que el CAU evaluará el artículo incluido en el proyecto de ley enviado por el Gobierno al Parlamento que cambia el sistema de pago de sentencias contra el Poder Judicial, que dejarán de ser cubiertas por Rentas Generales. Xavier de Mello alertó que "se pueden afectar las posibilidades presupuestales del Poder Judicial".
Solicitan reagendar las bodas canceladas
Luego de no haber celebrado los casamientos previstos para ayer y para el martes, los funcionarios del Registro Civil resolverán hoy en asamblea los pasos a seguir en el marco del conflicto con el Poder Ejecutivo.
En la presente jornada, a pesar de la asamblea, se realizarán los casamientos previstos para hoy, aunque seguramente se celebrarán con cierto retraso en el horario, según señaló a El País el vocero del gremio de funcionarios del Registro Civil, Eduardo Murias.
El sindicalista indicó que las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura solicitó "reprogramar" los 70 casamientos que se suspendieron en Montevideo y en el área metropolitana entre ayer y el martes.
Los funcionarios del Registro Civil quieren continuar con las medidas gremiales, pero en el gremio Hay visiones divididas sobre todo luego de que ayer cesaran las acciones gremiales en la Dirección de Registros.
Luego de no haber celebrado los casamientos previstos para ayer y para el martes, los funcionarios del Registro Civil resolverán hoy en asamblea los pasos a seguir en el marco del conflicto con el Poder Ejecutivo.
En la presente jornada, a pesar de la asamblea, se realizarán los casamientos previstos para hoy, aunque seguramente se celebrarán con cierto retraso en el horario, según señaló a El País el vocero del gremio de funcionarios del Registro Civil, Eduardo Murias.
El sindicalista indicó que las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura solicitó "reprogramar" los 70 casamientos que se suspendieron en Montevideo y en el área metropolitana entre ayer y el martes.
Los funcionarios del Registro Civil quieren continuar con las medidas gremiales, pero en el gremio Hay visiones divididas sobre todo luego de que ayer cesaran las acciones gremiales en la Dirección de Registros.
