Iván Weigandi (*)
Sobran alusiones mediáticas a la lista de cuentas bancarias divulgadas por el francoitaliano Hervé Falciani, pero más allá del evento que le pone nombre y apellido a una pequeña parte de todos los recursos que la Argentina perdió bajo estas maniobras ilegales, la evasión fiscal, el lavado de dinero y la inestabilidad financiera son temas en la agenda internacional en el último lustro.
Si bien en 1998 la OCDE publicó un informe donde enmarcaba las características de un Paraíso Fiscal, y las respectivas sanciones que deberían tener estos, en el corto plazo la iniciativa quedo en sólo eso. En 2009, uno de los años más duros de la crisis internacional y bajo escandalosas investigaciones alemanas, francesas y estadounidenses sobre la evasión en Liechtenstein y Suiza, el G20 se pronunció a favor de la transparencia y las sanciones, y la OCDE afirmó que "la era del secreto bancario esta(ba) acabada". A pocos días del anuncio, las listas negras ya estaban vacías. Suiza, Austria y Luxemburgo anunciaron una relajación de sus leyes de secreto bancario. Al mismo tiempo, se desarrolló el 5to Foro Global sobre "Transparencia e Intercambio de Información Tributaria" (de la OCDE), que convocó a más países a participar en acuerdos de transparencia y prometía agilizar las actividades al respecto.
En octubre de este año, el foro tuvo su 8vo encuentro, donde se aprobó un nuevo sistema de intercambio de información automática (el AEOI para los desarrollados, y el EOIR para los en vías de desarrollo), similar al FATCA, ya firmado entre la UE y los Estados Unidos. A partir de 2015, 18 países europeos iniciarán el intercambio automático de información, luego en 2017 se sumaran 30 países más, y por último en 2018 se llegará a las 50 naciones. Estados Unidos no será parte de este esquema.
Un problema para los desarrollados
Las medidas tomadas por el gobierno estadounidense parecen sorprender a primera vista. La exhaustiva investigación del Senado, "Vulnerabilidades frente al lavado de dinero, y el financiamiento de drogas y terrorismo en Estados Unidos: historia del caso HSBC", que desembocó en una multa de u$s 1.920 millones, o más recientemente la suma de u$s 8.830 millones que el banco francés BNP Paribas deberá pagar (aunque esta sanción sea menos del 30% de las transacciones ilegales que realizó) parecen golpes duros a las maniobras ilícitas del capital financiero. Pero en ambos casos, la razón que pareciera movilizar las sanciones es geopolítica: realizar transacciones con países como Irán, Cuba, Sudán, Corea del Norte, Siria, y Arabia Saudita. Después de los efectos aun persistentes de la crisis subprime, muchos esperaban cambios radicales en el sistema financiero. Pero las medidas más drásticas contra el sistema financiero no parecen tomarse desde el Departamento del Tesoro, sino desde la Secretaria de Estado.
En cambio, la Eurozona tiene otras razones para impulsar la transparencia. Es conocida la relación entre actividad y recaudación, actualmente la profunda recesión de la actividad económica merma los ingresos fiscales. Los menores recursos, sumados a la renuncia de política monetaria que significa tener una moneda común (no tener un Banco Central propio que financie políticas fiscales anticíclicas), dejaron como última opción el endeudamiento. Pero en este esquema, los despectivamente llamados PIIGS, alcanzaron un sobreendeudamiento bajo una moneda que no es extranjera pero tampoco les es propia. Sin esta última opción (ni la real intención de cambios radicales), recurrieron al ajuste fiscal, deprimiendo aun más la actividad y profundizando el déficit inicial. ¿Qué mejor momento para aumentar la recaudación, persiguiendo la evasión?
Un problema más complejo para el resto
James Henry de Tax Justice Network estima que en el mundo existen 21 y 32 billones de dólares fuera del control de las autoridades tributarias. Una tercera parte ese dinero viene de países en desarrollo. Para muchos de estos, no sólo significa una pérdida en lo fiscal, sino que, al no tener una moneda de uso internacional, es también un perjuicio en las cuentas externas. Este mismo economista estima que el stock de divisas fugado en Argentina, desde la última dictadura militar, supera los 400 mil millones de dólares, más del doble que la deuda externa.
Está claro que las propuestas del G20 y la OCDE son de por sí festejables, pero mientras la dirección de éstas esté impregnada de la política del poder mundial, seguirán siendo a su conveniencia, que no es la de todos. La lista negra puede haberse vaciado, no así la lista gris y los parámetros para entrar o salir de ésta. El control de la evasión no será completo en tanto existan lugares como Delaware (Estados Unidos) donde no menos de 285,000 empresas extranjeras, no residentes y que no operan en el país, están eximidas de tributos. O España, donde la figura de entidades de tenencia de valores extranjeros, creada en 1995, absuelve de pago a la entrada y la salida de capitales, dividendos y beneficios al mismo tipo de empresas. Los ejemplos sobrepasan el espacio disponible aquí.
La investigación sobre las cuatro mil cuentas de argentinos en Suiza no es un hecho aislado. Con el avance de los acuerdos internacionales se fortalecerán los controles fiscales, y otras miles saldrán a luz. Pero para que los paraísos pasen al olvido, la agenda de los foros internacionales debe ser multipolar. Argentina logró incorporar las reestructuraciones de deuda soberana a estos foros, y nada impide que vuelva a sentar precedentes en la lucha contra la evasión.
(*) Integrante del Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular (GEENaP)
