El gobierno de Estados Unidos dijo que busca cerrar el centro de torturas instalado en Guantánamo, pero que no pretende devolver a Cuba el territorio, ocupado militarmente desde finales del siglo XIX.
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3 feb 2015
Lo pendiente, la retirada de Guantánamo
Las razones son insostenibles: dicen que la base militar en Guantánamo es importante para Estados Unidos. Más allá de que la base no tiene ninguna importancia militar -salvo el centro de torturas-, ello no le da a Washington ningún derecho a mantener la ocupación de una parte del territorio cubano, como si las necesidades de EE.UU. se pudieran imponer por encima de la soberanía de Cuba.
La venta de la Rural va a juicio oral
EL JUEZ TORRES ELEVARA LA CAUSA POR LA TRANSFERENCIA DEL PREDIO DE PALERMO EN 1991
Los principales acusados por haber vendido las tierras “a precio vil” son el ex presidente Carlos Menem y el ex ministro Domingo Cavallo. Si hubiera un fallo condenatorio de la operación, el Estado podría insistir con la recuperación del terreno.
Por Sebastián Premici
La causa penal por la venta del Predio Ferial de Palermo a la Sociedad Rural durante el menemismo será enviada a juicio oral en los próximos días. El juzgado de Sergio Torres ya cerró la instrucción y sólo resta que sea enviado a sorteo el tribunal que deberá llevar adelante el juicio oral. En este tramo de la causa hay doce imputados, entre ellos el ex presidente Carlos Menem y el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, acusados de ser los principales artífices de una planificación para la “malversación de caudales públicos” (artículo 261 del Código Penal). También están imputados el ex presidente de la SRA, Eduardo de Zavalía, y el ex secretario de la entidad, Juan Alberto Ravagnan, sumados a varios funcionarios del área dedicada a la venta de tierras del Estado y los tasadores del Banco Ciudad y el Hipotecario. El predio fue entregado a la SRA en 1991 por 30 millones de dólares, cuando existía desde un año antes una tasación oficial por 943 millones de dólares, tomando en cuenta posibles usos comerciales. En 2006, una tasación de la Corte Suprema de Justicia determinó que su valor era de 131 millones de dólares.
La instrucción estuvo a cargo del fiscal Carlos Stornelli. En su dictamen de agosto del año pasado, en el que solicitó la elevación a juicio, sostuvo que en la venta del predio “se aplicaron normas que no se ajustaban al caso, se omitieron mecanismos de control y dictámenes previos, se soslayaron tasaciones anteriores (expediente 200.706/90 foja 81) y se desconocieron actos legítimos de la misma administración”.
“El más grave incumplimiento y la mayor gravedad que sigue al despojo del patrimonio público e histórico acontecido en manos de un ex presidente (Carlos Menem) y de uno de sus colaboradores más cercanos (Domingo Cavallo) es que se ha observado un claro desprecio a la manda constitucional”, sostuvo Stornelli en su último dictamen.
El Predio Ferial de Palermo fue cedido a la Sociedad Rural en agosto de 1875. Las 12 hectáreas de este terreno formaban parte del Parque Tres de Febrero, que hasta 1852 habían pertenecido a Juan Manuel de Rosas. En diciembre de 1880 se firmó un acuerdo por el cual el gobierno de la provincia de Buenos Aires entregó formalmente dicho parque al gobierno nacional. Desde 1905 en adelante, el Congreso nacional fue el responsable de prorrogarle a la Sociedad Rural el usufructo del predio. Esto resulta relevante, ya que desde aquellos años se consideró al predio como un bien de dominio público. Según la Constitución Nacional, la enajenación de los bienes de dominio público debe realizarse a través del Congreso.
En el dictamen de elevación a juicio se deja constancia de la existencia de un decreto firmado por Antonio Erman González y José Dromi en febrero de 1990, en el que se prorrogaba por 35 años el usufructo del predio en favor de la SRA. Es decir, el Estado continuaba realizando el procedimiento aplicado desde 1905, al considerar al predio como un bien de dominio público. Sin embargo, dicho decreto nunca fue ratificado por el Congreso.
Entre las declaraciones testimoniales y los escritos presentados en el expediente existen contrapuntos con relación a quién fue el primero en manifestar la idea de una operación de compraventa. Desde la SRA sostienen que fue una propuesta de los funcionarios del Estado. Sin embargo, el imputado Matías Ordóñez, ex presidente de la Comisión de Venta de Inmuebles estatales, rechazó tal afirmación, aunque reconoció la existencia de reuniones informales para analizar el tema.
En el expediente administrativo 25.587/88 existe una nota del 14 de noviembre de 1991 en la que la SRA manifiesta por primera vez su intención de comprar el predio de manera directa al considerarlo un bien de dominio privado. Cuatro días después, la Comisión de Venta de Inmuebles envió una comunicación a los bancos Ciudad e Hipotecario para realizar una tasación del predio en cuestión.
El 29 de noviembre de 1991, los bancos dictaminaron al unísono que el predio valía 30 millones de dólares. El boleto de compraventa fue firmado el 20 de diciembre de ese año, a través del decreto 2699/91. Para justificar que existió una posible defraudación al Estado, en la elevación a juicio consta, por ejemplo, que las impugnaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas de la Nación y el contador fiscal fueron incorporadas en el expediente recién en 1992, con los hechos ya consumados.
Hacia fines de 2012, el gobierno nacional dictó el decreto 2552 para revocar la venta del predio en poder la SRA, por considerar que la transferencia se había realizado a “precio vil”. La decisión fue frenada a través de una medida cautelar. La resolución del juicio apunta a dirimir la cuestión de fondo, por lo que, una vez resuelta la cuestión judicial, el predio podría regresar al Estado nacional como bien de dominio público.
Drástico cambio en los intereses de Estados Unidos en el Levante
Thierry Meyssan
A pesar de que la guerra contra Siria es resultado de una decisión tomada en 2001 para quebrar el «Eje de la Resistencia», apoderarse de las reservas sirias de gas y rediseñar el «Medio Oriente ampliado», las prioridades de Washington han cambiado drásticamente. El nuevo objetivo es detener el contagio que todos los Estados implicados están alimentando y que ninguno logra ya controlar. El complejo militaro-industrial, los notables de Washington y los grandes medios de difusión ahora ponen sus esperanzas en la victoria de la Siria de Bachar al-Assad.
RED VOLTAIRE | DAMASCO (SIRIA) | 3 DE FEBRERO DE 2015
Cuando acaban de desarrollarse, en Moscú y bajo la presidencia de Serguei Lavrov, dos días de consultas entre el gobierno sirio y 32 responsables de la oposición, en Washington casi todos desean una victoria de Bachar al-Assad. Sólo los partidos sirios que apoyen el principio de lucha contra los yihadistas podrán participar en un futuro gobierno de unión nacional.La situación en el Levante pudiera evolucionar rápidamente gracias a la crisis de autoridad en Washington y también al ascenso del príncipe Salman al trono de Arabia Saudita. Un posible traspaso del poder en Israel facilitaría esa evolución.
En primer lugar, la crisis de autoridad que paraliza a Estados Unidos sigue movilizando a la clase dirigente de ese país. Después del llamado del presidente honorario del Council on Foreign Relations (CFR) exhortando al presidente Obama a que se rodee de personalidades experimentadas de ambos partidos [1], el New York Timesdedicó un editorial [2] a un informe publicado en octubre por la Rand Corporation [3].
En un año, el principal tanque pensante dedicado a los temas militares ha dado un giro de 180 grados. Según ese instituto, la victoria de la República Árabe Siria es ahora «la opción más conveniente» para Estados Unidos mientras que su caída sería «el peor de los desenlaces». Los grupos armados han perdido todo apoyo entre la población urbana, las deserciones cesaron desde hace más de un año y el Ejército Árabe Sirio prosigue la liberación del territorio nacional.
En todo caso, prosigue la Rand Corporation, la victoria de Siria no beneficiará a Irán mientras el Emirato Islámico siga presente en Irak. También pronostica que los países que hasta ahora habían estado alimentando a los yihadistas van a dejar de hacerlo. En efecto, esos países ya no pueden seguir abrigando esperanzas de vencer a Siria por esa vía y ahora temen que los yihadistas se vuelvan contra ellos. Por consiguiente, concluye la Rand Corporation, no habrá solución negociada con los países que apadrinaron la agresión yihadista sino una clara victoria del «régimen», victoria a la que Estados Unidos debería tratar de asociarse.
Obsérvese el cambio radical de posición del complejo militaro-industrial. Hace un año, la Rand Corporation aconsejaba bombardear Siria, como se hizo en Libia, y emprender una acción terrestre con carácter limitado para crear zonas protegidas, administradas por los «revolucionarios» . Pero ahora reconoce implícitamente que nunca hubo revolución en Siria y que, luego de un largo momento de vacilación sobre su futuro, la mayoria sunnita apoya nuevamente la República laica.
El ambiente que hoy reina en Washington se parece al de inicios de 2006, cuando las fuerzas terrestres de Estados Unidos estaban empantanadas en Afganistán y en Irak y Donald Rumsfeld trataba de esconder la derrota. En aquel momento, el Congreso creó la Comisión Baker-Hamilton. Al cabo de 8 meses de trabajo, esa Comisión concluyó que las fuerzas estadounidenses no lograrían estabilizar los países que estaban ocupando si no contaban con la ayuda de Irán y Siria. El panorama de la situación militar que la Comisión describía era tan escalofriante que los estadounidenses castigaron a George W. Bush en las elecciones de mediano término. El presidente sacrificó entonces a Rumsfeld y lo sustituyó por un miembro de la Comisión, Robert Gates. El nuevo secretario de Defensa concluyó acuerdos de terreno con Teherán y Damasco, compró a los principales grupos de la resistencia iraquí (la zanahoria) y reforzó el numero de tropas en el terreno (el garrote) hasta estabilizar la situación.
En segundo lugar, en Arabia Saudita, el nuevo rey Salman trató primeramente de deshacerse de todos los antiguos partidarios de su predecesor, llegando incluso a despedir al príncipe Miteb y al secretario de palacio 2 horas después de la muerte del rey Abdallah. Pero luego dio marcha atrás a esas decisiones, después de reunirse con su amo estadounidense. Finalmente, Miteb será el único sobreviviente de la era anterior, mientras que el príncipe Bandar ha sido descartado. Es que Bandar alimentaba el Emirato Islámico, con ayuda de la CIA, para mantener al rey Abdallah bajo presión a favor de los intereses del clan de los Sudairis.
La marginalización del príncipe Bandar, exigida por el presidente Obama, constituye probablemente el fin del predominio saudita sobre el terrorismo internacional. Comúnmente se dice que «a la tercera va la vencida», pero parece que en el caso de Bandar será a la cuarta:
en 2010, Bandar fue expulsado por haber tratado de organizar un golpe de Estado pero la guerra contra Siria favoreció su retorno; en 2012 fue víctima de un atentado en respuesta al asesinato de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional de Siria pero sobrevivió y volvió a la palestra un año después, considerablemente debilitado y paranoico; en 2014 John Kerry exigía nuevamente la expulsión de Bandar, pero este logró volver otra vez a escena durante la crisis egipcia y ahora su propio clan opta por sacrificarlo, lo cual no le deja perspectivas de regreso a corto o mediano plazo.En tercer lugar, el ataque de Israel contra el Hezbollah, seguido de la respuesta del Hezbollah contra el ejército israelí, paradójicamente pone de relieve la debilidad de Benyamin Netanyahu en pleno periodo electoral. El primer ministro saliente creía que la resistencia libanesa sería incapaz de responder a la agresión y que este enfrentamiento favorecería su propia posición con vista a las elecciones. Este error de cálculo puede costarle el puesto, lo cual provocará gran satisfacción en la Casa Blanca, que hace tiempo ha dejado de disimular la exasperación que le inspira el fanatismo de Netanyahu.
Con cambios concretos en Washington, en Riad y posiblemente en Tel Aviv, es posible concluir razonablemente que en los próximos meses Estados Unidos concentrará sus esfuerzos en sacar al Emirato Islámico del Levante y proyectarlo fuera de su zona de influencia, contra Rusia y China.
Por su parte, Arabia Saudita tratará de salvar su propia autoridad en los países vecinos, en Bahréin y Yemen, y de ayudar al mismo tiempo al gran perdedor de la guerra contra Siria, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, cuya caída Estados Unidos quiere provocar. Esa evolución pudiera ser más o menos prolongada, en función de los resultados que se registren en Tel Aviv. A pesar de que los yihadistas se han convertido en una amenaza para la estabilidad de todos los Estados del Levante, incluyendo el propio Israel, Netanyahu podría seguir poniendo la aviación y los hospitales israelíes a la disposición de esos elementos. Aunque parece difícil que persista en esa actitud cuando todos los Estados de las regiones estén combatiéndolos. Pero si Netanyahu perdiera las elecciones, su sucesor se pondría inmediatamente a la disposición de Estados Unidos contra los yihadistas.
Una vez más, Damasco, la ciudad habitada más antigua del mundo, habrá sobrevivido a los barbaros que pretendían destruirla.
Thierry Meyssan
[1] «Washington se rebela contra Obama», por Thierry Meyssan,Red Voltaire, 26 de enero de 2015.
[2] “Shifting Realities in Syria”, The Editorial Board, The New York Times Sunday Review, 24 de enero de 2015.
[3] Alternative Futures for Syria. Regional Implications and Challenges for the United States, Andrew M. Liepman, Brian Nichiporuk, Jason Killmeyer, Rand Corporation, 22 de octubre de 2014.
Chile: Condenan a 78 exagentes de Pinochet por Operación Colombo
El juez chileno Hernán Crisosto condenó hoy a penas de prisión a 78 exagentes de la Policía Secreta del dictador Augusto Pinochet (1973-1990) por el secuestro calificado de Miguel Acuña, detenido y desaparecido en 1974 y considerado una de las víctimas de la llamada Operación Colombo.
Juez chileno Hernán Crisosto.
En el juicio por la desaparición de Acuña, el juez de la Corte de Apelaciones de Santiago dictaminópenas de 13, 10 y 4 años para los 78 exagentes de la temible Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), informaron fuentes judiciales.
Entre los condenados a 13 años de cárcel están Manuel Contreras, César Manríquez Bravo, Pedro Espinoza, Marcelo Moren Brito, Miguel Krassnoff y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann.
Contreras, exjefe de la DINA, acumula penas por 467 años de prisión, tras ser condenado en decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos.
De hecho, el pasado 8 de enero, Contreras fue condenado en el marco de la misma operación a otros 13 años por la muerte y desaparición de Bernardo de Castro, militante del Partido Socialista de Chile.
En tanto, Krasnoff, quien fue brigadier del Ejército, y Moren Brito, que ejerció como coronel, acumulan condenas por cerca de 300 años de cárcel.
Los demás involucrados como autores y cómplices de la desaparición de Acuña Castillo, que apareció en listas de víctimas tanto en Chile como en Argentina, tendrán penas de 10 y 4 años.
En la sentencia del juez especial de este caso de violación a los derechos humanos, se señala que mientras Miguel Acuña era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) fue detenido por agentes de Pinochet.
Los miembros de la DINA lo secuestraron en una camioneta y lo trasladaron a Londres 38, un recinto clandestino de detención, tortura y desaparición.
“Durante la estadía de Miguel Acuña en el cuartel de Londres 38, permaneció sin contacto con el exterior, vendado y amarrado, siendo continuamente sometido a interrogatorios bajo tortura por agentes de la Dina que operaban en dicho cuartel con el propósito de obtener información relativa a los integrantes del MIR, para proceder a la detención de los miembros de esa organización”, señaló el dictamen del juez.
En julio de 1975, apareció un listado de 119 chilenos fallecidos en el extranjero, en supuestos enfrentamientos con fuerzas de seguridad o por rencillas entre ellos mismos.
Los 119 nombres, que incluyen a Miguel Acuña, corresponden a las víctimas de la Operación Colombo, un montaje de la dictadura para encubrir sus desapariciones, que contó con la colaboración de las dictaduras militares de Argentina y Brasil, donde se publicaron ediciones únicas de dos periódicos “Lea” y “O Novo Día” en los que se afirmaba que las víctimas murieron en luchas entre facciones internas del MIR.
La Operación Colombo es considerada el primer episodio de la Operación Cóndor, que fue una coordinación entre las dictaduras militares de los países del Cono Sur para eliminar opositores.
“Las publicaciones que dieron por muerto a Acuña Castillo tuvieron su origen en maniobras de desinformación efectuada por agentes de la DINA en el exterior”, explica el documento de la Corte de Apelaciones.
Durante la dictadura de Pinochet, según cifras oficiales, unas 3 mil 200 personas murieron a manos de agentes del Estado, de las cuales mil 192 figuran aún como desaparecidas, y más de 33 mil como secuestrados, torturados y encarcelados por causas políticas.
(Con información de EFE)
Discuten gobierno colombiano y FARC-EP cese bilateral del fuego
Representantes de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y del gobierno de ese país retomarán hoy en La Habana los diálogos que mantienen desde noviembre de 2012 para poner fin a más de medio siglo de conflicto armado.
Por: Ismael Francisco
Foto: Ismael Francisco / Cubadebate.
Este ciclo de conversaciones de paz -el primero de 2015- se iniciará en el contexto del cese el fuego unilateral indefinido decretado por la organización guerrillera el pasado 17 de diciembre con el objetivo de crear un ambiente propicio para el logro de consensos.
Se prevé que las partes continúen el análisis de los derechos de las víctimas, para lo cual recibirán, en fecha aún no determinada, la relatoría de la Comisión histórica del conflicto y sus víctimas, creada en agosto pasado para investigar el origen y las causas de la guerra.
También adelantarán el análisis del punto relacionado con el fin de la confrontación armada, para lo cual se apoyarán en el trabajo de una subcomisión técnica, integrada por altos mandos militares de ambas partes.
Este equipo examina lo relacionado con el cese definitivo de hostilidades, que implica la dejación de armas, y definir la situación de los combatientes presos, así como las garantías de seguridad de los guerrilleros desmovilizados.
Pese a la complejidad de los debates y del escenario político colombiano, los diálogos de paz ya posibilitaron acuerdos parciales en 2013 en los temas de reforma rural y participación política, y en mayo de 2014 en el relacionado con los cultivos ilícitos y el narcotráfico.
Además de los puntos sobre las víctimas y el fin del conflicto, quedan por definir los mecanismos de implementación, verificación y refrendación de un acuerdo final.
Una etapa compleja
Con el reinicio hoy de los diálogos entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, comienza una de las etapas más complejas del proceso pacificador, con una agenda de temas precisa, pero sin certeza aún sobre su desenlace y duración.
Las pláticas en La Habana demorarán el tiempo necesario para analizar las causas que dieron origen al conflicto interno y perfilar las bases de un nuevo país, aseguró el comandante Pastor Alape, uno de los líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), en declaraciones al semanario local Voz.
A través de varios mensajes los dirigentes de ese movimiento manifestaron su rechazo a cualquier presión para disminuir a toda costa el tiempo de las negociaciones.
En tanto el presidente Juan Manuel Santos, quien confía en que 2015 será el año decisivo para el logro de la paz, reconoció también lo delicado de las discusiones enfocadas en la reparación a las víctimas de la guerra y el fin de la confrontación, que incluye la dejación de las armas, desmovilización y reintegración a la sociedad de los guerrilleros.
Lo que falta es lo más difícil, advirtió el mandatario al referirse a las reuniones que transcurrirán desde este lunes en la capital cubana, las cuales deberán hallar un punto de equilibrio en cada tópico, tras lograr acuerdos en cuestiones como reforma rural integral, participación política y drogas ilícitas.
Rodrigo Londoño, jefe máximo de las FARC-EP, advirtió que no aceptarían un doble rasero para tratar la justicia transicional, al denunciar intentos por conceder privilegios a los militares en detrimento de los insurgentes.
La opción del cese el fuego bilateral centrará también las conversaciones entre ambas partes beligerantes, según anuncios del jefe de Estado.
Desde el pasado 20 de diciembre las FARC-EP decretaron una suspensión unilateral y por tiempo indefinido de sus acciones bélicas, medida cumplida hasta el momento -según veedores nacionales- no obstante la negativa de la administración de Santos para detener las ofensivas del Ejército y silenciar todas las armas.
Se trata de uno de los debates decisorios dirigidos a minimizar la victimización de la población civil y avanzar hacia el fin de la conflagración, la única del continente prolongada durante más de medio siglo.
Tales ciclos de encuentros constituyen un paso crucial para terminar el período bélico, pero no el único.
Resta ahora establecer una mesa de concertación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuyos diálogos con el Ejecutivo estuvieron limitados hasta el momento a aproximaciones exploratorias.
Para alcanzar una paz duradera y completa es necesaria la convergencia de todas las fuerzas beligerantes, afirman analistas.
Pese a los pronunciamientos del Gobierno y el ELN a favor de las pláticas, la fecha de comienzo de tales reuniones sigue siendo una incógnita, al igual que la manera en que transcurrirán.
Representantes del gobernante Partido Social de Unidad Nacional (U) abogan por aprovechar los temas discutidos y los pactos sellados con las FARC-EP en las venideras conversaciones con el ELN.
En este instante las expectativas giran alrededor de la nueva cita habanera, a la que asisten el equipo encabezado por el abogado Humberto de la Calle y los voceros de las FARC-EP.
Trabajamos con mucha dedicación en busca de un acuerdo final, el respaldo de las mayorías nacionales es trascendental para que el bloque de poder dominante reconozca que se trata de un proceso de solución política, no de sometimiento y judicialización, subrayó Alape.
El conflicto armado ha ocasionado la muerte a unos 230 mil colombianos, según cifras oficiales.
Joaquín Gómez, de la delegación de las FARC-EP. Foto: Ismael Francisco / Cubadebate.
Delegación de las FARC-EP. Foto: Ismael Francisco / Cubadebate.
(Con información de Prensa Latina)
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