Soja, petróleo, pasteras y megaminería son pilares del modelo extractivista que rige la economía de nuestro país: la provisión de dólares, energía e inversión extranjera resultan un objetivo fundamental para cualquier Gobierno. Al mismo tiempo, grandes corporaciones y poderosas empresas gozan del beneplácito estatal para alzarse con ganancias ilimitadas.
Resumen Latinoamericano/Emmanuel Gentile/Infobae,
Resumen Latinoamericano/Emmanuel Gentile/Infobae,
1 de abril de 2015 -
Como contracara, poblaciones enteras son víctimas del despojo de sus territorios y la destrucción del medio ambiente. Comunidades rurales e indígenas se enfrentan día a día a un real envenenamiento de su aire, su agua y su suelo, que se traduce en problemas alimenticios, graves enfermedades, malformaciones, abortos espontáneos y muerte.
Pero las voces que se alzan para denunciar lo que sucede no encuentran eco en la clase dirigente ni en los medios masivos de comunicación. Tampoco en las clases medias urbanas, que no perciben riesgo alguno, a no ser que un contáiner con agroquímicos reviente en el puerto de Buenos Aires y expanda una nube tóxica en el ambiente.
Darío Aranda es periodista, colaborador de Página/12 y autor del libro Argentina Originaria. Trabaja desde hace 10 años en comunidades campesinas e indígenas, y en su segundo trabajo editorial, Tierra Arrasada (Sudamericana), realizó un exhaustivo mapa del extractivismo local, en el que da cuenta de las consecuencias de un modelo que se inició en el menemismo y que el kirchnerismo ha profundizado de manera exponencial en los 12 años que lleva en el poder.
-¿Quién gana y quién pierde con el sistema extractivista?
-Hay varios ganadores. En primer lugar las corporaciones como Monsanto, Barrick Gold, Chevron, Panamerican Silver, Alto Paraná y muchas otras infinitamente más grandes que Clarín, y contra las cuales el gobierno no ha dado ninguna batalla. En segundo lugar, los gobiernos, que lo ven como una caja a través de las retenciones. Y en bastante menor medida los productores, aunque habría que hacer una gran distinción según el tamaño. No es lo mismo un pool de siembra que un pequeño productor que tiene 100, 200 o 300 hectáreas. Parte de los medios de comunicación aliados a los agronegocios también se ven beneficiados, y por eso son estos sectores los que más prensa tienen. Los afectados son infinitamente más, pero siempre sectores populares: campesinos, indígenas, pequeños pueblos. Hay que ir al campo para ver la cantidad de enfermedades que hay, que antes no existían.
-¿Cuál es el grado de responsabilidad del Gobierno?
-Estos temas involucran al Gobierno nacional y a sus aliados provinciales. Claro que también hay una fuerte pata empresaria en este modelo. Pero todas las leyes, la ingeniería legal que permite la avanzada petrolera; la explotación forestal; la forma de aprobación de transgénicos fue sancionada en los 90 y profundizada en la última década, en la que se aplicó el extractivismo a rajatabla: en el 2003 había 40 proyectos mineros en estudio, en la actualidad, hay 600. Cuando llegó el kirchnerismo había 12 millones de hectáreas con soja, hoy hay casi 22.
-¿Cómo opera el Estado a la hora de controlar la contaminación que causan las empresas?
-El modelo extractivo tiene la particularidad de contar con la complicidad, la asistencia y el andar en el mismo camino de poderes ejecutivos, legislativos y judiciales. Si el poder judicial hiciera cumplir la ley, el modelo no podría avanzar. La Argentina tiene frondosa legislación, sobre todo de protección indígena, que obliga a consultar y obtener el consentimiento de las comunidades. En Vaca Muerta, debería haber habido, pero no lo hubo. Y ahí tiene mucho que ver el poder judicial. Es muy curioso también que los que se oponen a que el pueblo decida son los propios poderes del Estado que llegaron por el voto popular. La lucha contra el extractivismo no es solamente una lucha ambiental, es social, política y económica. Y al mismo tiempo pone en evidencia los límites de la democracia actual, que termina siendo selectiva y conservadora.
-Esto no lo plantea ningún partido o candidato opositor de peso o con chances de acceder al poder.
-Cualquier candidato que pueda llegar a un cargo ejecutivo nacional o provincial se va a basar en el mismo modelo extractivo, porque todos lo visualizan como una caja de recursos. A todas las consecuencias sociales, sanitarias o ambientales las ven como daños colaterales. Hay que remarcar que todos los Gobiernos de la región actúan igual, sean de derecha, de centro o de izquierda. Correa o Evo Morales, quizás con matices, terminan haciendo lo mismo.
-¿Quién lo cambia entonces?
-Creo que los cambios van de abajo hacia arriba, nunca vienen desde los Gobiernos. Muchas comunidades han logrado frenar las actividades extractivas votando en plebiscitos y proponiendo otro modelo. En Malvinas Argentinas, Córdoba, han logrado frenar a Monsanto. Vienen periodistas e investigadores de todo el mundo a ver cómo es el caso de esa pequeña localidad que pudo frenar al monstruo. Ahí está el gobierno nacional, de un signo político, el provincial de (José) De la Sota, de otro, y la intendencia, que es radical. Los tres se oponen a que la población vote.
-¿Qué implicaría para el campo frenar el uso de transgénicos y agrotóxicos?
-El modelo sojero tiene sus consecuencias ambientales, sociales, sanitarias y también económicas, porque ha generado una enorme desocupación. Hace casi 20 años, cuando se aprobó en la Argentina la primera soja transgénica, uno de los grandes discursos era que llevaría a usar cada vez menos agroquímicos. Esa fue una gran mentira. Está comprobado por estudios de las propias cámaras empresarias que cada vez se usan más y peores agroquímicos para controlar lo que ellos llaman malezas. Hay trabajos del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) que demuestran que se puede producir sin agroquímicos, teniendo igual producción y mayor margen de ganancias. Sin embargo el Estado, las universidades y los medios adoptaron el discurso empresario de que sin transgénicos y sin agroquímicos no se puede producir. Detrás de eso obviamente hay un gran negocio que le quita autonomía a los productores. No hay un solo estudio independiente de Monsanto que pruebe que es más productiva.
-El problema es que hoy hay toda una economía basada en un modelo agroexportador, cuyo sostén más significativo es la soja.
-Nadie pide que de un día para el otro se deje de producir soja o se dejen de usar agroquímicos. Pero sí que haya distintas etapas de transición hacia otro modelo que produzca alimentos de calidad y sanos para la población. ¿Cuántos de nosotros comen soja? Nuestro país produce alimentos para aves y chanchos de Asia y de Europa, y eso es toda una definición para mí
-¿Por qué pensás que los medios masivos y muchos periodistas callan lo que vos contás?
-Hay un fuerte componente empresarial de los grandes medios ligado al modelo agropecuario. Al mismo tiempo, en medios alineados con el Gobierno nunca vas a ver críticas al fracking, o a la contaminación en Vaca Muerta. Creo que falta también una reflexión crítica sobre los periodistas. No podemos alegar obediencia debida para ocultar lo que pasa. En mi caso, lo que no puedo publicar en el diario lo publico en medios alternativos o populares.
-En el libro hablás de la indiferencia de las clases medias urbanas a los efectos que causa el extractivismo no sólo en la tierra, sino sobre todo en comunidades campesinas y aborígenes. ¿Esto lo adjudicás a un desinterés de clase y geografía o más bien a la desinformación?
-Hay múltiples factores. Yo lo simplifico con el ejemplo del día que explotó el contáiner con agroquímicos en el puerto de Buenos Aires. Hace mucho tiempo que en la Argentina se fumigan escuelas rurales, con chicos en clase. Imaginemos que eso suceda en un colegio de Caballito, Palermo, Recoleta, el escándalo que sería. Creo que hay un poco de mirarse el ombligo de las grandes ciudades. El famoso “Dios atiende de la General Paz para adentro”, que se repite con la misma lógica en otras grandes ciudades como Córdoba, Santa Fe o Rosario. Por otro lado, pienso que hay un componente de clase, incluso racista me animo a decir, de juzgar distinto el sufrimiento del otro.
-Cuando las comunidades se organizan para frenar la megaminería siempre hay voces en el interior que priman el empleo por sobre la cuestión ambiental. ¿Cómo se rebate esa postura?
-He visto y escuchado a las propias comunidades que resisten en los lugares. Andalgalá, en el oeste catamarqueño es una de las primeras ciudades donde se instaló la minera multinacional La Alumbrera. Hace falta ir a Andalgalá para ver que en estos 20 años no tuvo nada de lo que le habían prometido, ni desarrollo económico, ni fuentes de empleo. Hoy en día trabajan menos de 40 personas de la zona, y todos en lugares de bajos salarios, como limpieza o mantenimiento. El resto proviene de Buenos Aires o del exterior, y no compran ni la lechuga para la ensalada, traen todo de afuera. El pueblo sigue siendo enormemente pobre. No hay una localidad en Latinoamerica con megaminería metalífera que no sea pobre. Por eso, cuando se pide un ejemplo de desarrollo, las mineras no saben qué decir. Son políticas de enclave, lo mismo sucede con las ciudades petroleras. De ahí la pregunta que surge en todas las asambleas populares, ¿progreso para quién?
Pero las voces que se alzan para denunciar lo que sucede no encuentran eco en la clase dirigente ni en los medios masivos de comunicación. Tampoco en las clases medias urbanas, que no perciben riesgo alguno, a no ser que un contáiner con agroquímicos reviente en el puerto de Buenos Aires y expanda una nube tóxica en el ambiente.
Darío Aranda es periodista, colaborador de Página/12 y autor del libro Argentina Originaria. Trabaja desde hace 10 años en comunidades campesinas e indígenas, y en su segundo trabajo editorial, Tierra Arrasada (Sudamericana), realizó un exhaustivo mapa del extractivismo local, en el que da cuenta de las consecuencias de un modelo que se inició en el menemismo y que el kirchnerismo ha profundizado de manera exponencial en los 12 años que lleva en el poder.
-¿Quién gana y quién pierde con el sistema extractivista?
-Hay varios ganadores. En primer lugar las corporaciones como Monsanto, Barrick Gold, Chevron, Panamerican Silver, Alto Paraná y muchas otras infinitamente más grandes que Clarín, y contra las cuales el gobierno no ha dado ninguna batalla. En segundo lugar, los gobiernos, que lo ven como una caja a través de las retenciones. Y en bastante menor medida los productores, aunque habría que hacer una gran distinción según el tamaño. No es lo mismo un pool de siembra que un pequeño productor que tiene 100, 200 o 300 hectáreas. Parte de los medios de comunicación aliados a los agronegocios también se ven beneficiados, y por eso son estos sectores los que más prensa tienen. Los afectados son infinitamente más, pero siempre sectores populares: campesinos, indígenas, pequeños pueblos. Hay que ir al campo para ver la cantidad de enfermedades que hay, que antes no existían.
-¿Cuál es el grado de responsabilidad del Gobierno?
-Estos temas involucran al Gobierno nacional y a sus aliados provinciales. Claro que también hay una fuerte pata empresaria en este modelo. Pero todas las leyes, la ingeniería legal que permite la avanzada petrolera; la explotación forestal; la forma de aprobación de transgénicos fue sancionada en los 90 y profundizada en la última década, en la que se aplicó el extractivismo a rajatabla: en el 2003 había 40 proyectos mineros en estudio, en la actualidad, hay 600. Cuando llegó el kirchnerismo había 12 millones de hectáreas con soja, hoy hay casi 22.
-¿Cómo opera el Estado a la hora de controlar la contaminación que causan las empresas?
-El modelo extractivo tiene la particularidad de contar con la complicidad, la asistencia y el andar en el mismo camino de poderes ejecutivos, legislativos y judiciales. Si el poder judicial hiciera cumplir la ley, el modelo no podría avanzar. La Argentina tiene frondosa legislación, sobre todo de protección indígena, que obliga a consultar y obtener el consentimiento de las comunidades. En Vaca Muerta, debería haber habido, pero no lo hubo. Y ahí tiene mucho que ver el poder judicial. Es muy curioso también que los que se oponen a que el pueblo decida son los propios poderes del Estado que llegaron por el voto popular. La lucha contra el extractivismo no es solamente una lucha ambiental, es social, política y económica. Y al mismo tiempo pone en evidencia los límites de la democracia actual, que termina siendo selectiva y conservadora.
-Esto no lo plantea ningún partido o candidato opositor de peso o con chances de acceder al poder.
-Cualquier candidato que pueda llegar a un cargo ejecutivo nacional o provincial se va a basar en el mismo modelo extractivo, porque todos lo visualizan como una caja de recursos. A todas las consecuencias sociales, sanitarias o ambientales las ven como daños colaterales. Hay que remarcar que todos los Gobiernos de la región actúan igual, sean de derecha, de centro o de izquierda. Correa o Evo Morales, quizás con matices, terminan haciendo lo mismo.
-¿Quién lo cambia entonces?
-Creo que los cambios van de abajo hacia arriba, nunca vienen desde los Gobiernos. Muchas comunidades han logrado frenar las actividades extractivas votando en plebiscitos y proponiendo otro modelo. En Malvinas Argentinas, Córdoba, han logrado frenar a Monsanto. Vienen periodistas e investigadores de todo el mundo a ver cómo es el caso de esa pequeña localidad que pudo frenar al monstruo. Ahí está el gobierno nacional, de un signo político, el provincial de (José) De la Sota, de otro, y la intendencia, que es radical. Los tres se oponen a que la población vote.
-¿Qué implicaría para el campo frenar el uso de transgénicos y agrotóxicos?
-El modelo sojero tiene sus consecuencias ambientales, sociales, sanitarias y también económicas, porque ha generado una enorme desocupación. Hace casi 20 años, cuando se aprobó en la Argentina la primera soja transgénica, uno de los grandes discursos era que llevaría a usar cada vez menos agroquímicos. Esa fue una gran mentira. Está comprobado por estudios de las propias cámaras empresarias que cada vez se usan más y peores agroquímicos para controlar lo que ellos llaman malezas. Hay trabajos del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) que demuestran que se puede producir sin agroquímicos, teniendo igual producción y mayor margen de ganancias. Sin embargo el Estado, las universidades y los medios adoptaron el discurso empresario de que sin transgénicos y sin agroquímicos no se puede producir. Detrás de eso obviamente hay un gran negocio que le quita autonomía a los productores. No hay un solo estudio independiente de Monsanto que pruebe que es más productiva.
-El problema es que hoy hay toda una economía basada en un modelo agroexportador, cuyo sostén más significativo es la soja.
-Nadie pide que de un día para el otro se deje de producir soja o se dejen de usar agroquímicos. Pero sí que haya distintas etapas de transición hacia otro modelo que produzca alimentos de calidad y sanos para la población. ¿Cuántos de nosotros comen soja? Nuestro país produce alimentos para aves y chanchos de Asia y de Europa, y eso es toda una definición para mí
-¿Por qué pensás que los medios masivos y muchos periodistas callan lo que vos contás?
-Hay un fuerte componente empresarial de los grandes medios ligado al modelo agropecuario. Al mismo tiempo, en medios alineados con el Gobierno nunca vas a ver críticas al fracking, o a la contaminación en Vaca Muerta. Creo que falta también una reflexión crítica sobre los periodistas. No podemos alegar obediencia debida para ocultar lo que pasa. En mi caso, lo que no puedo publicar en el diario lo publico en medios alternativos o populares.
-En el libro hablás de la indiferencia de las clases medias urbanas a los efectos que causa el extractivismo no sólo en la tierra, sino sobre todo en comunidades campesinas y aborígenes. ¿Esto lo adjudicás a un desinterés de clase y geografía o más bien a la desinformación?
-Hay múltiples factores. Yo lo simplifico con el ejemplo del día que explotó el contáiner con agroquímicos en el puerto de Buenos Aires. Hace mucho tiempo que en la Argentina se fumigan escuelas rurales, con chicos en clase. Imaginemos que eso suceda en un colegio de Caballito, Palermo, Recoleta, el escándalo que sería. Creo que hay un poco de mirarse el ombligo de las grandes ciudades. El famoso “Dios atiende de la General Paz para adentro”, que se repite con la misma lógica en otras grandes ciudades como Córdoba, Santa Fe o Rosario. Por otro lado, pienso que hay un componente de clase, incluso racista me animo a decir, de juzgar distinto el sufrimiento del otro.
-Cuando las comunidades se organizan para frenar la megaminería siempre hay voces en el interior que priman el empleo por sobre la cuestión ambiental. ¿Cómo se rebate esa postura?
-He visto y escuchado a las propias comunidades que resisten en los lugares. Andalgalá, en el oeste catamarqueño es una de las primeras ciudades donde se instaló la minera multinacional La Alumbrera. Hace falta ir a Andalgalá para ver que en estos 20 años no tuvo nada de lo que le habían prometido, ni desarrollo económico, ni fuentes de empleo. Hoy en día trabajan menos de 40 personas de la zona, y todos en lugares de bajos salarios, como limpieza o mantenimiento. El resto proviene de Buenos Aires o del exterior, y no compran ni la lechuga para la ensalada, traen todo de afuera. El pueblo sigue siendo enormemente pobre. No hay una localidad en Latinoamerica con megaminería metalífera que no sea pobre. Por eso, cuando se pide un ejemplo de desarrollo, las mineras no saben qué decir. Son políticas de enclave, lo mismo sucede con las ciudades petroleras. De ahí la pregunta que surge en todas las asambleas populares, ¿progreso para quién?
http://www.resumenlatinoamericano.org/
