“Esperamos que se regulen como crímenes internacionales los delitos al medioambiente y la especulación financiera, que ponen en riesgo la vida de millones de personas”, dijo el juez español Baltasar Garzón en la apertura del Congreso Internacional sobre Jurisdicción Universal. El evento, que contó con una serie de expertos en derecho internacional y personalidades destacadas de la defensa de los derechos humanos, aspira a alentar cambios en el concepto de jurisdicción universal para que los graves crímenes ambientales y económicos cuya repercusión suponga una violación general y sistemática de los derechos básicos sean considerados de lesa humanidad y puedan ser perseguidos judicialmente en todos los países del mundo con independencia de dónde fueron cometidos, la nacionalidad de las víctimas o de los responsables. “Hay que terminar con los fondos que especulan y se van de un lugar a otro cuando encuentran presión de las leyes nacionales”, dijo Garzón durante su presentación.
Este congreso es el punto culminante de un trabajo impulsado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (Fibgar) que se inició en mayo de 2014 en Madrid, donde un grupo de especialistas elaboró un documento para la proposición de nuevos mecanismos para la lucha contra la impunidad en el mundo. Luego se organizaron sesiones de trabajo de carácter regional, en Puerto Rico, Asunción, Johannesburgo, La Haya, Ammán, la localidad española de Alfaz del Pi y Camboya. Ayer, en un teatro Cervantes repleto, comenzó el debate final sobre el tema.
En la apertura del evento estuvieron el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Remo Carlotto, el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, Paulo Abrao, presidente del Instituto de Políticas públicas en derechos humanos del Mercosur y el propio Garzón. Varios de los expositores señalaron que no era casual que el Congreso se realizara en la Argentina debido a los avances que en los últimos años se registraron en términos de lucha contra la impunidad. “De esto sabe mucho este país, de la sociedad civil organizada, de organismos de derechos humanos que desde la dictadura vienen peleando para que las respuestas desde el Derecho se impongan antes que los quebrantos del mismo.”
Durante su exposición, el jurista español citó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner: “El lenguaje común de toda la humanidad es el de los derechos humanos. Esa afirmación de ‘la patria es el otro’ es real, hay que ponerse en el lugar del otro, el esfuerzo tiene que ir hacia aquellos que desconocen estos derechos. Tenemos que hacer mucho más, tenemos la teoría, no inventamos nada nuevo, quizás nos animamos a hablar de una manera diferente”, dijo sobre la propuesta de incluir los delitos ambientales y económicos en el marco de la jurisdicción universal.
Durante la jornada se hizo un repaso de los logros de la jurisdicción universal y la Justicia Penal Internacional y se habló de la experiencia argentina, desde la resistencia durante la dictadura hasta la reapertura de los juicios contra los represores. Carlotto fue el más enfático en vincular las medidas económicas pasadas y presentes con las investigaciones sobre el terrorismo de Estado. “Esta lucha internacional contra la impunidad que tiene como desafío poder analizar los crímenes de lesa humanidad en relación al sistema financiero es de vital importancia”, afirmó el diputado y explicó que la Argentina está inmersa en un proceso en el que se busca esclarecer cómo la última dictadura estuvo asociada a intereses económicos nacionales y trasnacionales. “Sin el apoyo de la estructura económica financiera es improbable que se puedan llevar a cabo estas acciones. Junto con la desaparición de personas, la Argentina sufrió consecuencias en un proceso inédito de contracción de la distribución del ingreso y crecimiento del endeudamiento que ha tenido y tiene consecuencias para nuestro pueblo”, dijo Carlotto y unió ese hecho a que actualmente, por impulso del Gobierno y como consecuencia del accionar de los fondos buitre, se está intentando en Naciones Unidas cambiar las reglas para las reestructuraciones de las deudas soberanas. “¿Qué hubiera sido de la Argentina sin la reestructuración y el pago de la deuda respecto a las políticas públicas? Vemos lo que está sucediendo a nivel internacional y en materia migratoria: esa es la pulseada que tenemos a nivel global”, señaló el diputado.
A su turno, Fresneda dijo que “los logros obtenidos desde la refundación del estado democrático que significó incorporar los valores de Memoria, Verdad y Justicia tiene que ver con que el modelo del Gobierno no es sólo económico sino también cultural” y envió un mensaje respecto de la campaña que un sector de la Iglesia y el diario La Nación están realizando para poner freno a los juicios contra los represores con miras al recambio de gobierno. “Los derechos humanos en la Argentina vinieron para quedarse, el desafío de los nuevos tiempos es la humanización de los estados. No vamos a caer en la mentira de aquellos que siempre pensaron que la impunidad y el perdón eran la salida. No vamos a caer en esa falsa reconciliación. Queremos aportar nuestra experiencia para que el Nunca Más argentino sea el Nunca Más en el mundo.”
El tema del regreso del lobby represor también se mencionó en un panel del que participaron el periodista de Página/12 y presidente del CELS, Horacio Verbitsky, el fiscal Jorge Auat, la jueza María Laura Garrigós, Yudith Rolon, de la dirección de Verdad, Justicia y Reparación de Paraguay y el juez federal Daniel Rafecas.
“Cuando empezamos con este tema había una decisión de no investigar estos crímenes. Con el gobierno de Néstor Kirchner pensamos que estaban dadas las condiciones para avanzar, pero nos encontramos con otros cepos, cepos que estaban dentro del aparato judicial. No anduvimos tanto para ver de que se trataba... hay algunos (jueces y fiscales) que hoy están sentados y juzgados. No hemos terminado con la impunidad, de hecho todavía hay foros trasnochados que creen que es posible volver a la impunidad de una forma u otra”, señaló Auat.
Garrigós habló del compromiso de los tres poderes del Estado en la persecución de crímenes de lesa humanidad y resaltó las garantías que tienen los acusados en estos procesos, realizados sin tribunales ad hoc ni comisiones especiales. “En general actúan defensores oficiales con una excelente calidad de trabajo. Y los tribunales mantuvieron el nivel de exigencia probatoria que tienen para todos los casos, no ha habido varas diferentes”, señaló la jueza y se refirió a la existencia de un diez por ciento de absoluciones en los juicios orales.
Verbitsky retomó este argumento y explicó que si se tenían en cuenta los sobreseimientos que se dieron en la etapa de instrucción o antes de que las causas llegaran a juicio las absoluciones rondan el 30 por ciento de los casos. “Cada absolución es un dolor para la víctima que representamos, pero también sabemos que muestran que estos juicios son transparentes, que se respetan los derechos. Porque nadie entra a ellos condenado, lo que sí está condenado es el método de la desaparición forzada de personas, pero cada imputado tiene garantizado su derecho de defensa”, señaló.
El presidente del CELS hizo un repaso de las estrategias utilizadas para luchar contra la impunidad en la Argentina y mencionó la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante la dictadura, el Juicio a las juntas, los juicios por la Verdad y los procesos abiertos en el exterior, entre ellos, el español, que se fundó en el principio de jurisdicción universal y que lo tuvo como protagonista, ya que fue él quien logró la primera confesión del marino Adolfo Scilingo, que fue condenado en Madrid.
“La lucha contra la impunidad en la Argentina se sustenta en que un debate como este tenga una asistencia multitudinaria como la que hay aquí –sostuvo Verbitsky señalando el auditorio del teatro–. No sé en qué lugar del mundo sería posible juntar tanta gente durante tantas horas para escuchar estos paneles. Muestra todo lo que hemos avanzado desde que solo un puñado de personas pedían justicia por los crímenes de la dictadura. Sin ustedes nada de esto hubiera sido posible. Las leyes están escritas pero si no hay participación, militancia, ingenio, esto no hubiera avanzado. Ahora se escuchan voces que plantean frenar los juicios. Se plantea la idealización del modelo sudafricano y una falsa dicotomía entre justicia y verdad. Hay que denunciar las operaciones que hay detrás de eso, pero en tanto haya una sociedad alerta como hay en la Argentina esas tentativas volverán a fracasar y los juicios avanzarán hasta su culminación con el debido proceso.”
Por Elena Llorente