Detrás de “incursiones aéreas de Venezuela” en Colombia hay compras de F-16

Con una operación de compra-venta de bombarderos F-16 podría estar relacionada la denuncia de las autoridades de Colombia, sobre la incursión de aeronaves de combate venezolanas en el espacio aéreo colombiano la noche del pasado domingo.

Publicado el 9/17/15 

Se trata de doce aviones F-16 A/B Netz pertenecientes a Israel y que fueron puestos a disposición de Colombia a mediados del mes de julio, a través de un listados con datos como los números de matrículas, informó el portal especializado www.infodefensa.com.

Esto ocurrió en el contexto de una negociación que se inició en junio de este año, cuando la embajada de Colombia en Tel Aviv le solicitud información a Israel sobre la disponibilidad de un lote de aviones adquiridos hace 30 años, y cuyo uso supera las 7 mil horas.

La respuesta entregada hace referencia a 10 equipos F-16A monoplaza, identificados con los números 100, 107, 117, 124, 131, 220, 243, 258, 281 y 760, y a dos F-16B biplaza, con los números 017 y 996.

El reporte sobre la supuesta incursión aérea fue “filtrado” a tempranas horas de ayer a través de “fuentes oficiales” y medios como el diario La Opinión, de Cúcuta, aseguraron que “Dos aviones F-16 de la Fuerza Aérea Nacional Bolivariana de Venezuela violaron el espacio aéreo colombiano en el sureño departamento de Vichada”.

Posteriormente el comandante de la Fuerza Aérea de Colombia (FAC), general Carlos Eduardo Bueno, confirmó que en la noche del domingo a las 21:59 se registró una nueva incursión de aeronaves militares venezolanas en el espacio aéreo nacional, esta vez por el departamento del Vichada.

Esta nueva violación a la soberanía colombiana se dio en la zona conocida como La Venturosa y Nueva Antioquia. Según explicó el general Bueno, cuando el radar detectó las 2 aeronaves venezolanas, al ver la cercanía con la frontera se avisa al vecino país, quien informó a través de la capitán Ramírez de la Fuerza Aérea de Venezuela, que las aeronaves se vieron obligadas a traspasar la frontera debido a las malas condiciones meteorológicas.

Bueno no precisó las características de las dos aeronaves, pero lo que quedó sobrentendido por omisión era que se trataba de los poderosos bombarderos estadounidense adquiridos por Venezuela en los años 80.

Esta es la segunda violación al espacio aéreo denunciada por el gobierno colombiano en un lapso de 36 horas, y la tercera desde que se inició una operación especial para controlar el contrabando de gasolina y alimentos, las maniobras cambiarias para devaluar el bolívar. así como la violencia paramilitar que afecta a regiones como los estados Táchira y Zulia, en el occidente de Venezuela

El primer señalamiento colombiano sobre violaciones a su espacio aéreo fue el sábado 31 de agosto, en horas del mediodía, cuando un helicóptero Superpuma. Con el vicepresidente Jorge Arreaza a bordo, sobrevoló la población colombiana de Puerto Samtander, durante algunos minutos.

Mientras que el segundo fue el sábado en la tarde, cuando “dos aeronaves militares venezolanas ingresaron 2.9 kilómetros dentro del espacio aéreo colombiano, sobrevolando la zona de Majayura; perdiéndose rápidamente en dirección hacia Castilletes”, según un comunicado oficial, divulgado el domingo pasado

El gobierno venezolano ha negado en cada caso que sus aviones hayan ingresado a Colombia y ha atribuido los reportes neogranadinos a un intento de continuar con la producción de un “falso positivo” contra Venezuela y así “criminalizar” las acciones que impulsa el mandatario suramericano, Nicolás Maduro, para construir una “nueva frontera de paz”.

Las “incursiones” del fin de semana han permitido que muchos colombianos recuerden que su país no cuenta propiamente con una fuerza aérea capaz de resguardar el territorio, ya que casi todo el equipamiento está enfocado en el combate contrainsurgente. Y de ese modo se ha generado cierto apoyo (al menos en redes sociales) a la opción de comprar aviones de combate usados, que serían los únicos factibles de adquirir por el limitado presupuesto colombiano.

Sin embargo los F-16 en negociación tienen al menos 35 años y un desempeño que supera las 7 mil horas de vuelo. Por lo tanto deben ser modernizados y adaptados, según se negocie y acuerde, para lo cual Israel ha ofrecido hacerlo en un lapso de 12 a 24 meses. En ese período se entrenarían las tripulaciones y el personal técnico para la operación y mantenimiento.

Por lo tanto, los reportes de violaciones al espacio aéreo sin duda van a incidir en el proceso de adquisición de la dotación, ante la inminente “amenaza” que para la integridad de Colombia representa una Venezuela con dos sistemas de aviones de combate, a saber F-16 y Sukhoi.

Sin poder de combate aéreo
Colombia no tiene sistemas de combate aéreo. Sus aviones más poderosos son los israelíes Kfir, de caza y ataque a superficie.
Por eso los informes de supuestas acciones aéreas venezolanas tienen un impacto enorme, pues carecen de mecanismos para darles respuestas.
La compra Israel sería muy probable (aunque oficialmente lo niegan) por los nexos políticos y económicos y porque hay una significativa dependencia del estado de Israel.
De hecho, uno de los elementos a considerar es la posibilidad de transferir a los aviones F-16 el equipamiento de los Kfir.
Colombia tiene, entoces, una policía de contrainsurgencia con recursos como los aviones Embraer Tucano, fabricados en Brasil, con los que bombardean a las FARC, pero que no pueden enfrentarse con un F-16 o un Sukhoi.
Para eso están las siete bases gringas y la “protección intervencionista” de los poderes globales.
Por eso los generales en sus ratos libres se dedican a negociar con traficantes y con vendedores de armas.

LA IGUANA.TV / La-tabla.blogspot.com

VOTO DE URUGUAY A FAVOR DE COLOMBIA

DECLARACIÓN SOBRE EL CONFLICTO ENTRE VENEZUELA Y COLOMBIA

 

El gobierno de Colombia acusó a Venezuela por supuesta violación de los derechos humanos de algo más de un millar de sus ciudadanos que habitaban el estado de Táchira, en la franja fronteriza entre ambas naciones. Esta acusación se fincó en organismos internacionales y se amplificó mediante la campaña montada por los grandes medios de comunicación que responden a los intereses del imperio, transnacionales y sectores de derecha de los países, lo cual se suma a la sistemática agresión desestabilizadora contra la revolución bolivariana que comenzó desde que asumió el presidente Hugo Chávez en 1998, la que incluyó el intento de golpe de estado de 2002.

El 12 de septiembre Bogotá sumó a la tensión reinante la denuncia de violación de su espacio aéreo por aeronaves militares venezolanas, hecho que es negado por el gobierno de Venezuela.​

El primer organismo que atendió la actual situación fue la OEA, donde el pasado 1°de septiembre el pleno de representantes no aceptó la petición colombiana de convocar una Reunión de Consulta de los Ministros de Asuntos Exteriores. En esa sesión Colombia obtuvo 17 votos a favor, 5 en contra, 11 abstenciones y hubo una ausencia, por lo que la moción fue derrotada. 

El embajador de Venezuela ante el organismo, Roy Chaderton, expresó que el gobierno de su país  ”no es partidario de discutir este tema en la OEA por su lamentable historial” y sostuvo que lo más indicado sería en la UNASUR,  ya que éste ha sido el adecuado para resolver conflictos en los últimos años. La reunión se iba a llevar a cabo el  8 de septiembre, pero, lamentablemente, el gobierno de Colombia se negó a concurrir a esa instancia regional.

Hay que señalar que llaman la atención los votos de El Salvador y Uruguay en la OEA a favor de Colombia. En el caso de Uruguay recordamos que al inicio del segundo gobierno de Tabaré Vázquez, el canciller Rodolfo Nin Novoa, desafortunadamente, comparó el tema de derechos humanos en Venezuela -por la detención de Leopoldo López y Antonio Ledezma, ambos con antecedentes como partícipes activos en el fracasado golpe 2002, - con lo acontecido durante la pasada dictadura en su país, algo que se cuestiona por no equiparable y de distinta naturaleza.

 

Bogotá resolvió presentar el conflicto como un simple problema de desplazamiento de colombianos, lo que difiere sustancialmente de la realidad de los hechos.  La repatriación de un número limitado de colombianos se debe a que  -de una u otra forma-, se vinculaban con acciones ilegales, desde diversas escalas de contrabando hasta la utilización de construcciones y viviendas como refugio y base de operaciones criminales.  Entre los edificios señalados para demolición hay refugios de secuestradores y sitios en que los ahora repatriados acumulaban alimentos y bienes a precios reducidos que luego eran vendidos en Colombia.

 

Lo paradójico es que la repatriación de ese limitado número de colombianos relacionados con la delincuencia- los que en otros países hubieran sido juzgados y encarcelados- contrasta con la presencia de cinco millones y medio de sus connacionales residentes en Venezuela, quienes han sido acogidos con generosidad, poseen plenos derechos políticos y gozan de todos los programas sociales bolivarianos, incluyendo educación gratuita, asistencia sanitaria,  alimentos subsidiados, así como vivienda. Se estima que un promedio de 150 mil colombianos emigran a Venezuela cada año. En ese número se contabilizan 110 mil desplazados por el conflicto bélico en Colombia, según el informe de 2015 del órgano de la ONU para los refugiados (ACNUR).

 

Por lo tanto, es evidente que el conflicto no puede enfocarse en uno de sus efectos, sino que merece una explicación más profunda basada en causas comprobables por la comunidad latinoamericana.

 

Debido a la situación, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó el Estado de Excepción en específicos municipios del estado Táchira y el cierre provisional de la frontera, luego que tres miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fueran baleados y heridos.

 

Esta decisión se tomó con la finalidad de enfrentar la eventual embestida de paramilitares, lograr la desarticulación de atentados socioeconómicos, frenar el contrabando de alimentos, medicinas y otros bienes, así como evitar la desestabilización de la moneda venezolana, ya que los contrabandistas aprovechan ilegalmente su cotización para la adquisición de bienes esenciales a muy bajo costo -subvencionados por el gobierno venezolano con el fin de garantizar la alimentación y el bienestar de su pueblo-. El caso del contrabando de gasolina a gran escala es un negocio ilegal de lo más rentable por sus bajísimos precios en Venezuela en relación con los de Colombia. El argumento del gobierno bolivariano para estas y otras medidas es la defensa de la soberanía territorial y los derechos humanos de la población venezolana.

 

Con base en lo expuesto, ofrecemos nuestro apoyo al gobierno constitucional de Venezuela, en una coyuntura que el imperio y la ultraderecha pretenden utilizar el conflicto para dividir a dos pueblos de Nuestra América, sumando desde aquí el rechazo al intento  de confundir y desplazar el foco de atención por parte del  gobierno de Colombia que procura ocultar su responsabilidad en el conflicto.

 

Asimismo, consideramos que la única vía de solución para evitar la confrontación entre estos países hermanos, es el diálogo que permita acceder a una solución en los términos que lo ha reiterado el presidente Maduro en Caracas este 9 de septiembre:  “….yo propongo que se trabaje desde las cancillerías,  para que el presidente  Santos y yo firmemos un pacto de paz, de convivencia y coexistencia de modelos políticos, económicos y humanos entre Colombia y Venezuela..." Esta propuesta estuvo sobre la mesa el 12 de septiembre en la reunión en Ecuador de las dos cancilleres que declararon que seguirán tratando de llegar a acuerdos que posibiliten el encuentro de sus presidentes.

GRUPO DE FRENTEAMPLISTAS DE URUGUAY EN MÉXICO POR LA IZQUIERDA

FRENTE PARA LA VICTORIA DE ARGENTINA EN MÉXICO

Ayotzinapa : Identifican a un estudiante

 ES EL SEGUNDO ANALISIS POSITIVO DE LOS 43 DESAPARECIDOS EN MEXICO

La validación científica del Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck fue resistida por los padres de los estudiantes, que sostienen que sus hijos están vivos y en poder de una banda dedicada a la trata de personas.

El Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck (Austria) confirmó la identificación de los restos del segundo de los 43 estudiantes desaparecidos en México hace casi un año. Sin embargo, la validación científica fue resistida por los padres de los estudiantes de Ayotzinapa, que sostienen que sus hijos están vivos y en poder de una banda dedicada a la trata de personas. Entretanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó que enviará una delegación al país, la cual se reunirá con autoridades del gobierno del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, y familiares de los desaparecidos.

En un comunicado titulado “Exitoso análisis de ADN en restos de desaparecidos mexicanos” y difundido por la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), el instituto austríaco explicó que se aplicó tecnología de punta para la identificación de ADN en los restos de los cuerpos, conocida como Primera Extensión de Captura Masiva Paralelamente de Secuencia (PEC MPS). “Se trata de un método que ha sido adaptado para cumplir con las estrictas normas de calidad requeridas en genética forense cuando ya no se puede utilizar el análisis convencional”, señala el boletín. Innsbruck recibió, en noviembre de 2014, de México, 17 muestras con quemaduras graves del basural de Cocula, donde según la versión oficial fueron incinerados los jóvenes, y del río San Juan, al que presuntamente arrojaron residuos calcinados en una bolsa. “Una de las muestras, que se obtuvo mediante la tecnología del ADN convencional, se identificó como perteneciente a un estudiante mexicano extraviado, de nombre Alexander Mora Venacio, de 21 años”. Las 16 muestras restantes no dieron resultados de ADN utilizando ese método, pero con el procedimiento PEC MPS los investigadores fueron capaces de generar perfiles genéticos para cada una de ellas. “En dos muestras se encontraron ADN mitocondrial humano específico. Una muestra coincidió con los restos del estudiante anteriormente, y la otra coincidió con el ADN de la familia de otro estudiante mexicano desaparecido”, en este caso, de Jhosivani Guerrero de la Cruz, de 19 años. “Los dos perfiles de ADN mitocondriales son únicos en las referencias familiares proporcionadas al instituto y ninguna otra muestra correspondía a ninguno de los dos estudiantes”.

La identificación de Guerrero fue anticipada el miércoles por la fiscal general, Arley Gómez, quien dijo que había indicios de que uno de los materiales analizados correspondería a ese joven. “Existen indicios que establecen una posible relación entre uno de los restos y el ADN de la madre de Guerrero de la Cruz”, señaló la titular de la PGR.

Por su parte, Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los estudiantes desaparecidos, dijo que no confía en la identificación de los restos. “No le creemos, porque a nosotros nos explicaron los forenses argentinos la realidad de los códigos, y de lo que dice el informe en Innsbruck, que hay indicios nada más de que pudiera ser Jhosivani, no hay la seguridad al cien por cien”, señaló. Asimismo, explicó que la identificación de Mora se dio con 1,201 punto, y la de Jhosivani con sólo 72, por lo que consideró que no existe certeza de que se trate de él. Por su parte, Bernabé Abrajan Gaspar, padre de Adán Abrajan de la Cruz, otro de los desaparecidos, afirmó que el anuncio lo tomó por sorpresa. “La verdad, nos sentimos mal con lo que nos informaron. Nos sorprendió porque es algo que muchos no esperamos”, dijo. “Seguimos insistiendo en que la procuraduría vuelve a mentir porque la diferencia de los resultados de Alexander Mora y la de Jhosivani es tremenda”, afirmó.

Por otro lado, la misión de la CIDH será encabezada por la presidenta de la entidad, Rose-Marie Belle Antonie. “La visita tiene por objetivo una observación en terreno sobre la situación de los derechos humanos en el país, con particular énfasis en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura”, señaló el órgano a través de un comunicado. El grupo estará en México desde el 28 de septiembre al 2 de octubre. La agenda contempla una reunión con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la CIDH con el acuerdo del gobierno mexicano, para investigar la desaparición de los 43 estudiantes. Las autoridades de la Comisión, un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), también se concentrarán en la inseguridad ciudadana, el acceso a la justicia, así como la situación de periodistas afectados por el contexto de violencia en México.

Belle Antoine visitará el Distrito Federal y varias regiones afectadas por la violencia del narcotráfico.

Según la versión oficial, el 26 de septiembre de 2014, un grupo de policías dispararon en Iguala (Guerrero) contra decenas de alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, por orden del entonces alcalde de esa ciudad, José Luis Abarca, con un saldo de seis muertos y 25 heridos. Los policías, que estaban al servicio del cartel Guerreros Unidos, capturaron a 43 jóvenes y los entregaron al grupo criminal, que los asesinó e incineró en Cocula.

Con China, pesos y yuanes

ARGENTINA : LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR NO NECESITARAN PASAR POR EL DOLAR

El Banco Central y el Banco Popular de China firmaron un memorando de entendimiento para establecer un sistema de intercambio comercial e inversiones que evite el uso del dólar.

 Por Cristian Carrillo

El Banco Central suscribió ayer con el Banco Popular de China un memorando de entendimiento para establecer mecanismos de compensación de operaciones de comercio exterior e inversión en yuanes (o renmimbis). De esa manera, el exportador argentino que venda a China recibirá yuanes, que luego podrá pasar a pesos, mientras que para la operación inversa el importador pagará en pesos, que se podrán convertir en yuanes, sin pasar por el dólar. El acuerdo establece la designación de un banco compensador (clearing bank) que facilitará la liquidación de las divisas en cada uno de los países por la operación. En una primera instancia, el encargado de hacer este traspaso será el banco chino ICBC y los exportadores e importadores argentinos deberán tener una cuenta en la entidad para que se realice el cambio a pesos. La iniciativa permitirá abaratar y agilizar los costos transaccionales.

Se trata de un mecanismo previo al que se utiliza con Brasil, denominado Sistema de Monedas Locales (SML), que permite abonar las operaciones de comercio exterior con sus respectivas monedas (pesos y reales). En el segundo trimestre de este año se registraron aproximadamente 2900 operaciones de 215 empresas a través del SML por el equivalente a 215 millones de dólares, mostrando este último una disminución de 20 por ciento respecto de valores registrados en el mismo lapso del 2014. La industria automotriz representó el 56 por ciento de esas operaciones. El objetivo con China es el mismo, llegar a pagar las importaciones en pesos y recibir pesos por las exportaciones.

El memorando con el banco central chino se inscribe en el acuerdo de swap (intercambio) de monedas que rubricó el BCRA y del que ya se utilizaron 7000 millones de yuanes de los 11.000 millones previstos. Esto, junto con la instalación de un banco chino en el país, son condiciones necesarias para que puedan compensarse las diferencias de la actividad comercial. La Argentina exporta a China unos 30.000 millones de renmimbis (5000 millones de dólares) e importa 60.000 millones de renmimbis (10.000 millones de dólares), según detallaron fuentes oficiales. La posibilidad de evitar los costos asociados a la adquisición de los dólares en medio de la operación entre ambos países tiene un alto potencial de aplicación, aunque será de carácter voluntario. En la actualidad quienes exportan a China reciben yuanes, que luego deben ser cambiados a dólares para más tarde ser comprados por el BCRA y otorgar pesos al exportador. Se intenta de esta manera anular el uso del dólar como moneda intermedia, explicaron desde el ente monetario.

Como parte del proceso de internacionalización del renmimbi, China está designando desde hace un tiempo a bancos chinos para que actúen en distintas jurisdicciones como facilitadores de la liquidación de cobros y pagos denominados en su moneda desde y hacia China. El objetivo es ampliar el uso internacional del renmimbi o yuan como moneda internacional de pago. El primer banco de clearing de renmimbis fue designado en la plaza de Hong Kong, lo que permitió el rápido desarrollo de la misma como principal centro offshore. Desde entonces se han designado a los principales bancos chinos como “RMB clearing banks” en un total de 17 jurisdicciones. Argentina es el primer país de Sudamérica en firmar este entendimiento.

Las otras jurisdicciones son Macao, Taiwán, Singapur, Reino Unido, Alemania, Corea, Francia, Luxemburgo, Qatar, Canadá, Australia, Malasia, Tailandia, Hungría y Sudáfrica. Para la designación de un “RMB clearing bank” los bancos centrales suscriben un Memorando de Entendimiento y luego se designa el banco que actuará como compensador. Siendo el único banco chino en el país, el ICBC será el que cumpla con ese rol, en donde los interesados deberán abrir una caja de ahorro en yuanes (o renmimbis). El RMB clearing bank designado acuerda con cada banco central los servicios que ofrecerá a sus clientes en cada plaza, sujeto a la normativa vigente en cada país. La medida implica una profundización de la relación entre Argentina y el gigante asiático.

JULIO LOPEZ, A NUEVE AÑOS DE SU SEGUNDA DESAPARICION

La pista de las huellas y el entregador

Los investigadores utilizarán un “sistema de fichas dactiloscópicas”, similar al que permitió identificar a Luciano Arruga. También buscan a una persona conocida de López que habría logrado engañarlo para que saliera de su casa aquel 18 de septiembre de 2006.

 Por Adriana Meyer

Ahora van a buscar a Jorge Julio López por sus huellas digitales y entre los centenares de cuerpos NN aparecidos en los últimos años en todo el país. Así lo aseguró a Página/12 una alta fuente de la investigación, quien precisó que utilizarán un “sistema de fichas dactiloscópicas” similar al método con el cual pudo ser identificado otro desaparecido en democracia, Luciano Arruga. Durante los nueve años que transcurrieron desde la última vez que fue visto López –sobreviviente de la dictadura y testigo en el juicio que condenó al genocida Miguel Etchecolatz– no pocas veces fue requerida la extracción de ADN a sus familiares cada vez que algún juez tomaba la iniciativa de esclarecer un caso en el que había un cuerpo sin identificar. Pero ahora los investigadores intentarían encontrarlo haciendo un uso sistemático de los libros de ingresos de dactiloscopía de las policías, tal como hizo el Equipo Argentino de Antropología Forense para los años de dictadura. Además, consultados sobre las líneas activas de investigación mencionaron que están tras la pista de quien habría sido el “entregador” de López, es decir, de alguien conocido por él que habría logrado engañarlo para que salga de su casa para nunca más volver. En tanto, la querella reclama por medidas importantes que siguen pendientes, como los cruces telefónicos.

A partir de nuevos testimonios obtenidos en la causa, que tramita en el juzgado federal 1 de La Plata pero fue delegada en la fiscalía que encabeza Marcelo Molina, surgieron “algunos teléfonos interesantes” que, precisamente, tendrían que ver con el presunto “entregador” de López. “A pesar de que lo pedimos hace un año y medio, no hay ninguna fuerza que se haga cargo de hacer el cruce con las demás llamadas entrantes y salientes que hay en el expediente, está todo trabado, se trata de un aporte mínimo de tecnología”, se quejó el abogado querellante Aníbal Hnatiuk. Ante esto, las fuentes de la causa respondieron que “no hay actitud de rechazar el pedido”, y confirmaron que la medida “se va a hacer”, pero aún no habrían solucionado un problema surgido en el sistema I2 que se venía utilizando.

En un principio, la investigación se había enfocado en un sobreviviente del circuito represivo Camps que estuvo detenido con López y luego se hizo policía. Pero no fue el único sospechoso de haber sido quien le tocó la puerta a López, aquel 18 de septiembre. En su barrio, Los Hornos, vivían varios ex policías y ex agentes del servicio penitenciario a quienes el testigo conocía y saludaba al pasar, como buen vecino. Tal como denunció ayer en el Congreso una de sus abogadas, Myriam Bregman, las fuerzas de seguridad mantuvieron “expedientes paralelos”. De hecho, a siete meses de desaparecido López, Hnatiuk y la abogada Guadalupe Godoy, también representante del testigo en el juicio contra Etchecolatz, detectaron que la Policía Federal tenía 600 declaraciones que no estaban en el expediente: eran 2 mil páginas de testimonios de vecinos y pesquisas que hasta ese momento nadie había visto, según plasmaron los periodistas Werner Pertot y Luciana Rosende en Los días sin López.

Hace un año, los investigadores centraban sus esperanzas en la llamada “pista del karateca”, que los llevó a hurgar, de nuevo, en el entorno más cercano a López y sus familiares. Aunque no fue descartada, nada sustantivo salió de allí. Ahora el foco está puesto en la persona que logró que López saliera de su casa en forma voluntaria, tras lo cual desapareció. Pero ese pajar en que quedó transformado el expediente hace muy improbable el hallazgo de al menos una aguja.