Los grandes bancos que provocaron la crisis siguen en la impunidad
14 septiembre 2013
Hace cinco años de la bancarrota del gigante financiero Lehman Brothers, y aún persiste el debate sobre cuánto deben costarles las decisiones fallidas a los presidentes de los grandes bancos. La posibilidad de sanciones legales para altos cargos del sector se mantiene como una amenaza lejana.
Incluso aunque las leyes han evolucionado – en Reino Unido, el gobierno quiere penalizar la imprudencia bancaria – una repetición de la crisis financiera y el caso colapso mundial de 2008 no llevaría aún hoy necesariamente a demasiadas imputaciones, según algunos abogados.
El problema radica en la dificultad de culpar a una persona por la toma de riesgos y decisiones en toda la cadena de mano de una entidad, lo que se convierte en uno de los mayores obstáculos para iniciar un proceso.
“Se trata de las confusas líneas que separan la responsabilidad y el asumir las consecuencias”, dijo Judith Seddon, directora del departamento de regulación y delitos bancarios en el bufete de abogados Clifford Chance’s de Londres.
“Cuando se persigue a una sola persona, si ha delegado responsabilidades (…) Es mucho más difícil hacerlo en una gran organización”, añadió.
Los reguladores en todo el mundo aumentaron su escrutinio a los bancos y actuaron contra los delitos financieros ante la ira de sus ciudadanos por los costosos rescates públicos y sus consecuente escándalos. Pero todo ello apenas ha resultado en unos pocos intentos de presentar cargos contra aquellos que se encuentran en lo más alto del escalafón bancario.
En Estados Unidos, sede de Lehman Brothers, ningún alto cargo en todo Wall Street o la banca comercial ha sido condenado en relación a la crisis bancaria de 2008.
En territorio europeo, la implosión del sector financiero de Islandia hace cinco años ha finalizado con algunas de las sentencias más importantes, incluida la del expresidente de la entidad bancaria Glitnir, que fue condenado a prisión.
En Alemania y Países Bajos también se han producido, de manera aislada, condenas de directivos, y algunos casos relevantes pudieron materializarse. La cúpula ejecutiva al completo del banco alemán HSH Nordbank está siendo juzgada por las decisiones tomadas en el transcurso de la crisis.
Pero en Reino Unido, donde Royal Bank of Scotland y Lloyds fueron rescatados con un coste de 66.000 millones de libras (78.500 euros), ningún alto cargo bancario ha sido acusado de delito alguno.
Tres ejecutivos de la entidad irlandesa Anglo Irish Bank serán juzgados en 2014, cinco años después de que la investigación al banco comenzara, mientras que en España, unas 100 personas están siendo investigadas por los tribunales por dejar las entidades arruinadas tras la explosión de la burbuja inmobiliaria, aunque ninguna ha sido procesado aún.
¿BANQUEROS IMPRUDENTES?
El hecho de que se produzcan tan pocas condenas se origina en parte en que, en algunos países, las leyes que podrían haberse aplicado contra tales delitos simplemente no existen.
El ministro de Finanzas de Reino Unido, George Osbore, dijo en julio que adoptaría las recomendaciones realizadas por un influyente grupo de parlamentarios de que los banqueros deberían afrontar la pena de cárcel por un nuevo delito de “conducta imprudente en la gestión de un banco”.
“El regulador debería considerar responsable a la gente de manera personal por sus decisiones. Tienen que tener miedo al regulador, lo que desde luego no ocurrió en el pasado”, dijo Mark Garnier, un diputado conservador de la Comisión Parlamentaria de Normas Bancarias.
En Estados Unidos, los fiscales siguen buscando nuevas estrategias para incriminar a banqueros de Wall Street que concedieron las hipotecas basura que iniciaron la crisis financiera, incluyendo el uso de una vieja ley que pretende castigar a aquellas personas de defraudar en banca minorista.
La tentativa de Reino Unido de crear una ley “anti-imprudencias” permitiría, en teoría, castigar a grandes banqueros por tomar decisiones fallidas. Pero demostrar que esas decisiones fueron imprudentes entonces podría ser difícil.
“Las reuniones de los consejos (de administración) se registran cuidadosamente y por tanto podría haber pruebas detalladas, pero por muy imprudente que parezca alguien a toro pasado, ¿puede esto mantenerse en un juzgado?”, dijo Gregg Beechey, socio londinense del bufete SJ Berwin. “No llevarías a todo el consejo a votar una adquisición si esta no fuera razonablemente convincente en ese momento”.
El enfoque de los reguladores estadounidenses desde la crisis ha reflejado parte de estos desafíos. Aunque el supervisor bursátil Securities and Exchange Commission (SEC) ha acusado a más de 150 firmas e individuos en relación con la crisis financiera, los detractores señalan que no ha perseguido los suficiente a los ejecutivos bancarios de mayor rango.
“Vamos hacia donde nos llevan las pruebas”, dijo en el pasado el exdirector del departamento que vela por el cumplimiento de la ley en la SEC, Robert Khuzami, explicando que no se puede presentar cargos contra alguien simplemente por un “mal juicio”.
Lo que se percibe como una falta de voluntad política en algunos países para ir tras empresas y banqueros también podría empañar casos futuros.
A pesar del alto coste de los rescates, en España, por ejemplo, los políticos de los principales partidos han evitado pedir investigaciones sobre distintos bancos fallidos, como ocurrió en Reino Unido después de que el Gobierno británico se viese ante una fuerte presión pública con motivo de la crisis.
“(En España) es más la ausencia de voluntad de llevar estos casos que la falta de instrumentos, ya que algunos casos podría probarse sin gran dificultad”, dijo Juan Torres, profesor de Economía en la Universidad de Sevilla, quien agregó que algunos estaban relacionados con claros ejemplos de fraude.
En su defecto, las demandas de clientes y grupos de activistas han llevado a la Audiencia Nacional a investigar varios colapsos bancarios como el de Bankia, que fue rescatada en 2012 menos de un año después de salir a bolsa.
La frustración por el lento avance de los procesos probatorios en España está llevando a algunos grupos activistas a considerar hacer lobby en Naciones Unidas para conseguir que incluyan los delitos económicos como crímenes contra la humanidad, aunque admiten que conseguirlo sería muy difícil.
En los últimos cinco años, el foco de las persecuciones legales a grandes banqueros aún no ha aumentado. Sin embargo, algunos discuten que la vida de los altos cargos es mucho más difícil de lo que era, en parte, porque ciertos países persiguen otras líneas de acción.
“Los instrumentos regulatorios pueden ser más poderosos que las leyes penales, aunque otro asunto es si esto es lo que la gente quiere”, dijo Beechey de SJ Berwin.
“Existe la sensación de que los reguladores pueden hacer algo sin determinar la carga de la prueba y desde luego están esforzándose cada vez más en perseguir a altos gestores”.
(Con información de Reuters)
