Por Héctor Riveros Serrato
En 03/06/2023
En 03/06/2023
Cualquiera que siga el debate público que está abierto alrededor de las tres reformas más importantes que ha propuesto el gobierno del Presidente Petro debe estar muy sorprendido porque pareciera que van dirigidas a producir daño y no a generar beneficios. Están claro los eventuales “perjuicios” pero en, cambio, no se habla de los que pueden quedar mejor si se aprobaran.
Hoy, por ejemplo, el diario El Tiempo tiene una nota que tituló “Conozca los cambios que traería la reforma pensional de Petro: así podrían afectarlo”, como quien anuncia una sequía que hay que enfrentar. Seguramente el titular también podría terminar con el anuncio de: “así podrían beneficiarlo” y en efecto, el artículo tendría más lectores si el título terminara así, porque en términos cuantitativos la reforma pensional beneficia a más personas de las que eventualmente se verían afectadas.
Hay varios millones de personas que hoy no tienen expectativa de recibir ningún ingreso durante la vejez porque no están vinculadas al régimen contributivo en el sistema de seguridad social en pensiones, o porque a pesar de estarlo no van a cumplir los requisitos para obtener una pensión. Esas personas, sustancialmente más que las que tendrían una expectativa de una pensión menor, se van a beneficiar y en forma importante si la reforma se aprueba, pero el titular prefiere escribirle a la minoría como si quisiera tener menos lectores.
Una sensación similar quedó con el debate que se hizo entorno a un pronunciamiento del comité de la regla fiscal que llamaba la atención sobre los mayores costos en la garantía del servicio de salud y no, en cambio, sobre las ventajas que hay de eliminar los subsidios a las pensiones altas que ha sido un punto sobre el que muchos expertos han llamado la atención desde hace varios años.
En cuanto a que el Estado va a invertir más recursos en salud que lo que hace ahora, la pregunta es si esa es una buena o una mala noticia. En épocas de campaña no dudo que el público aplaudiría a un candidato que prometa que va a aumentar el presupuesto de la salud para tener un mejor servicio. ¿Qué tanto? Pues esa es una decisión puramente política, así como se decide invertir para fortalecer la fuerza pública o para mejorar las carreteras o comprar tierras para campesinos. El sentido común diría: si el servicio de salud se debe mejorar seguramente habrá que invertirle más recursos y, por tanto, que uno confundido cuando se presenta como una alarma indeseada la eventual decisión de aumentar ese rubro presupuestal.
La tapa fue el debate sobre un artículo del proyecto que supuestamente impone a los médicos unas obligaciones imposibles de cumplir dirigidas, en esa absurda interpretación, a exigirles que el paciente se cura. Un artículo innecesario porque ya hoy el ordenamiento jurídico le impone a los médicos y a todos los demás profesionales un deber de diligencia y una disposición de conocimientos aplicados en forma idónea para procurar la cura del paciente. El artículo no agrega nada a lo que hoy está vigente. Sin embargo, para aportar al desprestigio de la reforma, las propias asociaciones médicas y quienes se resisten a las reformas gubernamentales, propagaron la idea de que la reforma conducía prácticamente a que los médicos terminaran todos en la cárcel, consecuencia que no había como derivar del texto aprobado.
Con la reforma laboral es parecido. Se ha hecho especial énfasis en los empleos que hipotéticamente se perderían si se aprueba el texto planteado por el gobierno. Es cierto que con esa reforma los eventuales beneficiados son menos que los que puedan mejorar su situación si se aprueban las reformas de pensiones y salud, pero también debe haber ganadores, hasta ahora no se ha oído de quienes, ni cómo, pero debe haber.
Las políticas públicas, supone uno, buscan mejorar la situación de todas las personas, éstas teóricamente más, porque encajarían dentro de ese grupo que se pueden denominar “reformas sociales” pero extrañamente se cubren como quien cubre una tragedia. Si algunos de los proyectos avanzan en el Congreso, la sensación que queda es que la tragedia es cada vez más inminente. La expectativa de una persona de 70 años que hoy no tiene ningún ingreso de llegar a recibir alguno no parece importante, ni parece que deba sopesarse con las pérdidas de los eventuales afectados.
Claro, las fórmulas que finalmente se adopten, en ocasiones -pocas para decir la verdad- producen los resultados prometidos y en otras no los logran o incluso empeoran la situación. Así siempre pasa y se hace necesario entonces, un tiempo después, adoptar correctivos y enmiendas.
De la reducción de costos laborales decidida hace dos décadas se decía que iba a facilitar la generación de empleo y eso no pasó, en cambio quedaron algunos centenares de miles de personas con sus derechos recortados. En la evaluación inicial se suponía que era mejor sacrificarlos a ellos para beneficiar a la mayoría. El cálculo no resultó, en este caso algunos de los efectos esperados no se cumplirán y otros sí.
La crispación de la discusión no debería hacernos perder de vista que en efecto:
1. La mayoría de las personas en edad de jubilación no reciben nada,
2. La mayoría de las personas que trabajan no tienen expectativa real de recibir una pensión de jubilación en el futuro,
3. Las personas que reciben pensiones muy por encima del promedio reciben un subsidio estatal injustificado,
4. Muchos trabajadores tienen condiciones laborales precarias,
5. Muchas empresas usan recursos como la tercerización para abaratar los costos laborales y hacerle un esguince al régimen laboral,
6. El sistema de salud es de difícil acceso y de deficiente calidad para un porcentaje importante de la población,
7. No pocos actores privados del sistema de salud han abusado de su condición y han incurrido en actos de corrupción,
8. Las personas del sector rural no tienen condiciones formales de trabajo, no tienen expectativa de acceder a pensión y las barreras de acceso al servicios de salud les resultan prácticamente infranqueables. La lista podría ser bastante más larga.
La pregunta es si las propuestas oficiales van dirigidas a resolver esos y otros problemas, o si es que creemos que los problemas no existen.
Lo cierto es que con las actuales reglas en materias laboral, pensional y de salud se crearon o profundizaron esos problemas, seguramente se resolvieron otro muchos u muy grandes como la baja cobertura de antes de los años 90. El afán de derrotar a Petro no nos puede llevar a la idea de que vivimos en el paraíso.
La Silla Vacía
Hoy, por ejemplo, el diario El Tiempo tiene una nota que tituló “Conozca los cambios que traería la reforma pensional de Petro: así podrían afectarlo”, como quien anuncia una sequía que hay que enfrentar. Seguramente el titular también podría terminar con el anuncio de: “así podrían beneficiarlo” y en efecto, el artículo tendría más lectores si el título terminara así, porque en términos cuantitativos la reforma pensional beneficia a más personas de las que eventualmente se verían afectadas.
Hay varios millones de personas que hoy no tienen expectativa de recibir ningún ingreso durante la vejez porque no están vinculadas al régimen contributivo en el sistema de seguridad social en pensiones, o porque a pesar de estarlo no van a cumplir los requisitos para obtener una pensión. Esas personas, sustancialmente más que las que tendrían una expectativa de una pensión menor, se van a beneficiar y en forma importante si la reforma se aprueba, pero el titular prefiere escribirle a la minoría como si quisiera tener menos lectores.
Una sensación similar quedó con el debate que se hizo entorno a un pronunciamiento del comité de la regla fiscal que llamaba la atención sobre los mayores costos en la garantía del servicio de salud y no, en cambio, sobre las ventajas que hay de eliminar los subsidios a las pensiones altas que ha sido un punto sobre el que muchos expertos han llamado la atención desde hace varios años.
En cuanto a que el Estado va a invertir más recursos en salud que lo que hace ahora, la pregunta es si esa es una buena o una mala noticia. En épocas de campaña no dudo que el público aplaudiría a un candidato que prometa que va a aumentar el presupuesto de la salud para tener un mejor servicio. ¿Qué tanto? Pues esa es una decisión puramente política, así como se decide invertir para fortalecer la fuerza pública o para mejorar las carreteras o comprar tierras para campesinos. El sentido común diría: si el servicio de salud se debe mejorar seguramente habrá que invertirle más recursos y, por tanto, que uno confundido cuando se presenta como una alarma indeseada la eventual decisión de aumentar ese rubro presupuestal.
La tapa fue el debate sobre un artículo del proyecto que supuestamente impone a los médicos unas obligaciones imposibles de cumplir dirigidas, en esa absurda interpretación, a exigirles que el paciente se cura. Un artículo innecesario porque ya hoy el ordenamiento jurídico le impone a los médicos y a todos los demás profesionales un deber de diligencia y una disposición de conocimientos aplicados en forma idónea para procurar la cura del paciente. El artículo no agrega nada a lo que hoy está vigente. Sin embargo, para aportar al desprestigio de la reforma, las propias asociaciones médicas y quienes se resisten a las reformas gubernamentales, propagaron la idea de que la reforma conducía prácticamente a que los médicos terminaran todos en la cárcel, consecuencia que no había como derivar del texto aprobado.
Con la reforma laboral es parecido. Se ha hecho especial énfasis en los empleos que hipotéticamente se perderían si se aprueba el texto planteado por el gobierno. Es cierto que con esa reforma los eventuales beneficiados son menos que los que puedan mejorar su situación si se aprueban las reformas de pensiones y salud, pero también debe haber ganadores, hasta ahora no se ha oído de quienes, ni cómo, pero debe haber.
Las políticas públicas, supone uno, buscan mejorar la situación de todas las personas, éstas teóricamente más, porque encajarían dentro de ese grupo que se pueden denominar “reformas sociales” pero extrañamente se cubren como quien cubre una tragedia. Si algunos de los proyectos avanzan en el Congreso, la sensación que queda es que la tragedia es cada vez más inminente. La expectativa de una persona de 70 años que hoy no tiene ningún ingreso de llegar a recibir alguno no parece importante, ni parece que deba sopesarse con las pérdidas de los eventuales afectados.
Claro, las fórmulas que finalmente se adopten, en ocasiones -pocas para decir la verdad- producen los resultados prometidos y en otras no los logran o incluso empeoran la situación. Así siempre pasa y se hace necesario entonces, un tiempo después, adoptar correctivos y enmiendas.
De la reducción de costos laborales decidida hace dos décadas se decía que iba a facilitar la generación de empleo y eso no pasó, en cambio quedaron algunos centenares de miles de personas con sus derechos recortados. En la evaluación inicial se suponía que era mejor sacrificarlos a ellos para beneficiar a la mayoría. El cálculo no resultó, en este caso algunos de los efectos esperados no se cumplirán y otros sí.
La crispación de la discusión no debería hacernos perder de vista que en efecto:
1. La mayoría de las personas en edad de jubilación no reciben nada,
2. La mayoría de las personas que trabajan no tienen expectativa real de recibir una pensión de jubilación en el futuro,
3. Las personas que reciben pensiones muy por encima del promedio reciben un subsidio estatal injustificado,
4. Muchos trabajadores tienen condiciones laborales precarias,
5. Muchas empresas usan recursos como la tercerización para abaratar los costos laborales y hacerle un esguince al régimen laboral,
6. El sistema de salud es de difícil acceso y de deficiente calidad para un porcentaje importante de la población,
7. No pocos actores privados del sistema de salud han abusado de su condición y han incurrido en actos de corrupción,
8. Las personas del sector rural no tienen condiciones formales de trabajo, no tienen expectativa de acceder a pensión y las barreras de acceso al servicios de salud les resultan prácticamente infranqueables. La lista podría ser bastante más larga.
La pregunta es si las propuestas oficiales van dirigidas a resolver esos y otros problemas, o si es que creemos que los problemas no existen.
Lo cierto es que con las actuales reglas en materias laboral, pensional y de salud se crearon o profundizaron esos problemas, seguramente se resolvieron otro muchos u muy grandes como la baja cobertura de antes de los años 90. El afán de derrotar a Petro no nos puede llevar a la idea de que vivimos en el paraíso.
La Silla Vacía
